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Inconstitucionalidad del art. 848 de la L. E Crim. – Autos de sobreseimiento libre del Juzgado de Instrucción (Denuncia del exceso de poder legal del Juez Instructor)

Casi a diario ocurre, que un Juez de Instrucción dicta un Auto de sobreseimiento libre al considerar que los hechos no son constitutivos de delito y la causa penal termina sin posibilidad de recurso alguno.

La casación es, difícilmente, planteable, ya que, el art. 848 de la L. de E. Crim. dice literalmente:

“Podrán ser recurridos en casación únicamente por infracción de ley, los autos para los que la ley autorice dicho recurso de modo expreso y los autos definitivos dictados en primera instancia y en apelación por las Audiencias Provinciales o por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuando supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre y la causa se haya dirigido contra el encausado mediante una resolución judicial que suponga una imputación fundada“.

*El R. de Queja intentado ante el T. S. naufragará por Ley.

*El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, ratificado por España en 1977, es una norma supranacional, que no se puede obviar.

Por otro lado, se puede decir lo que quiera, pero el Auto de Sobreseimiento Libre confirmado en apelación (con más o menos razón) es la prueba fehaciente de un poder que se puede considerar omnímodo e inexpugnable, cuando se fundamenta en la falta de imputación fundada.

Es cierto, que las Audiencias Provinciales, a veces, aunque pocas, revocan el auto de sobreseimiento libre ordenando seguir el procedimiento o la apertura del juicio oral.

También es cierto, que las revocaciones de esos autos son infrecuentes, máxime, cuando se utilizan por el Juez de Instrucción todos los lugares comunes inhabilitantes para cualquier defensa, como pueden ser, *la apelación al principio de la intervención mínima del derecho penal, *la aplicación desmesurada del principio de presunción del inocencia basada en la intervención directa del Juez Instructor en las diligencias de investigación, sobre todo, las de carácter personal o pericial, sin excluir documentales sujetas, si o si, a varias interpretaciones, que haberlas ahílas, solo por citar los escollos más comunes, aunque la relación en la práctica judicial puede ser inacabable.

Por lo dicho, no cabe duda, que el art. 848 de la L. E. Crim. reproducido puede ser inconstitucional y/o contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos por falta de un recurso “efectivo” aceptable y, sin duda, legítimo en estos casos.

{Incluso, la simple duda del Juzgador de Instrucción carente de un fundamente fáctico y/o jurídico suficiente no puede ser bastante, ya que, como ha dicho el T. S. en varias sentencias: “El Juzgado de Instrucción incumple su deber de explicitar las razones de lo decidido, porque al tratarse de un Auto de sobreseimiento y archivo, resulta imprescindible, un discurso justificativo en el que se precisen las razones fácticas y jurídicas que descartan la hipótesis de la pretensión penal de la parte”.

Dicho de otra forma, los jueces no disponen de una libertad sin reglas para descartar los hechos de la acusación. En resumen, el fallo del Auto recurrido no puede descansar exclusivamente en razonamientos jurídicos, que se basan  exclusivamente en la simple convicción personal del Juez Instructor sin otro fundamento probatorio que su voluntad, un valor basado en la arbitrariedad, incluso aunque se esté en fase de instrucción o investigación, teniendo por todo ello, el auto recurrido en apelación falta de motivación, vulnerando los arts. 9 (prohibición de la arbitrariedad), 24  y 120 (exigencia de motivación y tutela judicial efectiva) de la C. E.}

Especial importancia y significación tiene el asunto, cuando se trata de un ciudadano de a pie, que litiga contra una Administración Pública en la que se dictan por sus autoridades y funcionarios resoluciones posiblemente prevaricadoras, y, donde el Juez Instructor dicta auto de sobreseimiento libre sin más, al entender con más o menos razones (fácticas y/o jurídicas) o sin ninguna de ellas, basándose solo en su convicción personal, que no existen indicios de ilícito penal.

Es cierto, así mismo, que se puede acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional, aunque, dado su funcionamiento extremadamente lento y de criterios restrictivos, el ciudadano está en malísima posición para ejercitar una defensa eficaz.

CONCLUSIÓN:

Por todo lo expuesto, el artículo 848 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige una revisión legal acorde a nuestra Constitución y a nuestro Estado Social y de Derecho que la misma consagra, pues, se vea como se vea, es una norma restrictiva de derechos y libertades fundamentales del ciudadano español.

N.B. La posible inconstitucionalidad del art. 848 de la L. E. Crim., cuando se trata de Autos de sobreseimiento libre de los Juzgados de Instrucción no es algo sin importancia, ya que, evidencia la existencia de un exceso de poder legal del Juez Instructor.

Es un hecho patente y ocurre casi a diario, que un Juez de Instrucción dicta un Auto de sobreseimiento libre al considerar que los hechos no son constitutivos de delito y la causa penal termina sin posibilidad de recurso “efectivo” alguno.

La cuestión planteada no es menor, sino que tiene un componente esencial en la aplicación justa de la ley y de la confianza en la justicia, de manera, que el español que acude al poder judicial, debe tener siempre un derecho legítimo a disponer de un “recurso efectivo”, que siempre debería quedar en manos del Tribunal Supremo, ya que, aunque sea objeto de críticas de excesiva e injustificada dureza, lo cierto es, que en Él están los mejores jueces, aunque desgraciadamente por su numero cerrado no sean todos, y, para los ciudadanos particulares, españoles de a pie, sería una garantía inestimable, haciéndose realidad la eficacia suprema de la Constitución, que dice que los tres poderes del estado proceden del Pueblo.

Córdoba, a 20 de junio de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Resoluciones judiciales – Hechos probados (Motivación fáctica y jurídica)

Se observa, cada vez más, que algunas resoluciones judiciales, quizás, demasiadas, pasan de ofrecer una justificación fáctica de su contenido, careciendo de hechos probados, por lo que se limitan en la fundamentación jurídica a ofrecer una suerte de conclusión más normativa que fáctica y completamente subjetiva, por la que descartan las pretensiones de alguna de las partes, pero no precisan ni las premisas internas ni externas de las mismas, careciendo de un relato fáctico determinante de su contenido jurídico. En resumen, no se sabe cuales son los hechos probados, que han llevado al juzgador a dictar su resolución, siendo todo una conclusión subjetiva injustificada sin hechos que le sirvan de soporte.

Los jueces no pueden disponer de una libertad sin reglas, ya que, toda resolución, sea favorable o adversa a las partes, exige un deber de análisis de todos los elementos aportados al proceso, de racionalidad sustancial valorativa y normativa y de exteriorización.

El deber de justificación de las razones fácticas y jurídicas de cualquier resolución judicial es ineludible siempre, de forma, que su omisión constituye una corruptela judicial, que impide a la parte interesada interponer un recurso fundado y al tribunal superior realizar un examen completo y riguroso de dichas resoluciones.

Ocurre, sin embargo, que en ocasiones algunas-demasiadas resoluciones carecen de fundamente fáctico, realizándose después en los fundamentos de derecho razonamientos fácticos infundados y de carácter subjetivo.

Lo único cierto es que los hechos clara y precisamente determinados constituyen el punto de partida de todo razonamiento decisorio, siendo el primer y fundamental elemento de la pre -comprensión necesaria para la identificación e interpretación de la norma aplicable al caso.

De ahí, la trascendencia de la claridad y de la precisión en el relato fáctico, pues es la única fuente de la que el juez o tribunal puede suministrarse información para la construcción de su inferencia normativa.

Sin embargo, ocurre en la práctica diaria judicial, que el fundamento fáctico de las resoluciones es prácticamente inexistente, tal como sucede, por ejemplo, abierto, con autos penales de sobreseimiento y con sentencias no recurribles (por la cuantía o cualquier otra causa) en los órdenes social y/o contencioso administrativo.

Es verdad, que el exceso de asuntos a resolver constituye un obstáculo a veces insalvable, pero, es más cierto, que los ciudadanos que acuden a la justicia, en muchas ocasiones obligados por resoluciones administrativas injustas, si o si, deben ser resarcidos en su objetivo de pedir justicia ante el poder judicial y, sin duda, uno de esos resarcimientos es el derecho a obtener una resolución judicial bien fundada en sus hechos y fundamentos de derecho, de forma, que aunque la resolución del juez o tribunal no se pueda recurrir, el ciudadano tiene un derecho legítimo a conocer los fundamentos fácticos y jurídicos por los que su pretensión ha sido desestimada, no siendo esta  una cuestión menor, pues lo que está en juego es la confianza del pueblo en su justicia y la seguridad y fe de que nuestro Estado Social y Democrático de Derecho  funciona.

N.B. Es cierto, que ocurre, que algunas resoluciones judiciales carecen de hechos probados y de motivación fáctica, siendo en los fundamentos de derecho donde el juez o tribunal realiza una inferencia fáctica, que necesariamente es subjetiva y solo jurídica, pareciendo que los mismos disponen de una libertad sin reglas, lo que, desde luego, no es conforme con el respeto a la Ley, que  consagran los arts. 9, 10, 24,103 y cc. de la Constitución vigente de 1978, que ha establecido en España un Estado Social y Democrático de Derecho.

La cuestión planteada no es menor, sino que tiene un componente esencial en la aplicación justa de la ley y de la confianza en la justicia, de manera, que el español que acude al poder judicial, tiene un derecho legítimo a conocer los fundamentos fácticos y jurídicos por los que su pretensión ha sido desestimada, pues la Constitución dice que los tres poderes del estado proceden del Pueblo.

Córdoba, a 25 de mayo de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Representatividad real y oficial – verdad y mentira (Pueblo Soberano – Gobierno – Sindicatos – CEOE – Partidos políticos)

Las preguntas de estos días son ¿quién tiene representatividad real? y ¿quién oficialmente no representa a nadie?

La dicotomía es abrumadora, así que conviene examinar y comprobar la realidad:

1.- La Ministra de Transportes Raquel Sánchez llama radicales de ultraderecha, violentos e ilegales (sus compañeros de Gobierno también) a los transportistas que han paralizado España, mientras negocia con otros transportistas que se dicen representativos, aunque da la impresión de que solo se representan a sí mismos.

2.- Los llamados sindicato de clase se manifiestan y reúnen una multitud de quinientas personas, mientras los trabajadores españoles parece que va por otro lado, razón por la que parce que esos sindicatos solo se representan a ellos y solo defienden sus propios intereses subvencionados.

3.- La CEOE con el Sr. Garamendi al frente pacta con  el Gobierno asuntos varios, como la reforma laboral, etc., pero parece que la mayoría de las empresas españolas van por otro lado, de manera, que su representatividad de la mayoría de los empresarios es claramente incierta y constituye un bluff (un farol) manifiestamente irreal, ya que, la realidad es que solo se representan a sí mismos y a sus intereses. El caso de la exministra Sñrª. Báñez, asesora bien pagada de la CEOE, es un claro ejemplo de esa representatividad vacía interesada.

4.- En el Congreso los dos partidos hegemónicos pactan el T. C., el T. de Cuentas,  y otros apaños, aunque a veces, alguien alza la voz y se produce el milagro, como la oferta rechazada por el T. Supremo de renovar la cúpula de la A. E. P. D., aunque volvemos a lo mismo, ¿esos diputados realmente representan al Pueblo que los eligió?, por no hablar del Diputado Sr. Casero votando -equivocadamente- la reforma laboral (¿un paripé?).

La respuesta de los españoles de a pie solo hay que verla en la calle, es decir, que esos diputados votados en listas cerradas no están representando al Pueblo, sino a unos intereses desconocidos alejados del interés general nacional.

Se podría seguir enumerando casos de representatividad real y de representatividad oficial vacía de contenido, aunque, lo expuesto, es más que suficiente para entender la dicotomía entre lo real y lo irreal, cuando se habla de solucionar asuntos y problemas que afectan a la mayoría de los españoles.

Si los poderes públicos, aunque hayan sido válidamente elegidos por el Pueblo, se apartan del sentir y padecer de la gran mayoría y no pasa nada, ni nadie asume responsabilidades, es evidente, que nuestra de democracia ha entrado en un bucle auto destructivo, que necesariamente derivará en algo malo para los españoles, pues no pude ser, que unos pocos muchos se impongan por la fuerza a unos muchos -muchos-, es decir, a la gran mayoría de los españoles y sus intereses.

Las manifestaciones multitudinarias de estos días, de toda clase de colectivos, que oficialmente se dice, que no representan a nadie, son un ejemplo de separación y ruptura entre la España Oficial y la España Real de los ciudadanos.

El Estado Social y Democrático de Derecho que la Constitución consagra con todos sus derechos y libertades fundamentales garantizados a los españoles, queda en el vacío de la nada, de forma, que se toman medidas consensuadas de verdad o la destrucción de nuestra democracia será inevitable.

N.B.  La representatividad real (El Pueblo) y la representatividad oficial  de Gobierno, partidos políticos, sindicatos, CEOE, etc., no tienen otra opción que combinarse para encontrar soluciones a los problemas verdaderos del Pueblo (desempleo, inflación, impuestos, gasto público, división de poderes, mercado laboral, derechos y libertades, etc.), ya que, de otra forma, el proclamado Estado Social y Democrático de Derecho proclamado en la Constitución de 1978 dejará de existir y entraremos en un proceso de auto destrucción colectiva.

Es lo que hay. Como dijo el Presidente Sánchez: ¿La Fiscalía de quien depende? – Del Gobierno, pues, ESO.

Es una realidad de desesperanza, pero si la actividad pública del Gobierno y demás colectivos oficialistas se dirigen cumplir sus propios intereses, limitando, además, derechos y libertades, en lugar de buscar razonablemente soluciones eficaces para la España real. seguiremos como estamos en la ruina y sin libertad.

Córdoba, a 27 de marzo de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Elecciones – Andalucía – desempleo (desequilibrios territoriales – colectivos marginados y falta de propuestas)

*El paro en uno de los problemas más acuciantes y graves de España, aunque en Andalucía el desempleo es un drama agravado, además,  por sus desequilibrios territoriales y por los colectivos sobre los que se ceba: *mujeres, *jóvenes y *mayores de 50 años.

Llama poderosamente a la atención, que en periodo preelectoral en que estamos, solo se habla de las listas de los partidos políticos, del número de escaños de cada uno, etc., quedando olvidados los verdaderos problemas de Andalucía, como es, sin duda, entre ellos el paro insostenible que soportamos.

¿Algún partido político está realizando propuestas sobre el paro y el empleo en Andalucía?

Como se dice ahora en España y que todos entienden: Pues, ESO.

Es publico y notorio, que Linares (32,8), La Línea de la Concepción (29,9), Córdoba (28,5), Alcalá de Guadaíra (27,2) y Huelva (26,3) encabezan la lista de ciudades con mayor tasa de paro de España, entre un 30,7 y un 26,4 por ciento de la población activa (Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística).

*Por otro lado, la U.E. en su informe sobre condiciones de vida de la ciudades, señala, asimismo que otras cinco ciudades andaluzas destacan entre las quince con más desempleo. Se trata de Jerez de la Frontera (26,1), Sanlúcar de Barrameda (25,4) Granada (24,9) Dos Hermanas (24,6) y Chiclana de la Frontera (24,4).

*Si nos fijamos en el indicador de la renta media anual, la situación de Andalucía  nos lleva a la desesperanza, así: Entre los 50 municipios con peores datos hay 35 andaluces, de forma, que la lista  de los pueblos con menor renta anual por habitante la encabezan Níjar (6.755 euros), Los Palacios y Villafranca, Vícar, Alhaurín de la Torre y Barbate (7.200 euros). En ese tramo de la lista, también están: Isla cristina, Sanlúcar de Barrameda, Arcos de la Frontera, Adra, Lebrija, El Ejido, Lepe, Coria del Río, Almonte, Coín, Mijas, Lucena, Almuñécar, Ayamonte, Loja, La Línea de la Concepción, Conil de la Frontera, Écija, Cártama, Priego de Córdoba, Palma del Río, San Juan de Aznalfarache, Chiclana de la Frontera, Puente Genil, Utrera, Andújar, La Rinconada, Carmona, Nerja.

*Finalmente, el desempleo en Andalucía se distribuye con grandes desequilibrios por todo el territorio andaluz, de manera, que existen grandes desigualdades según donde de viva o trabaje.

Lo expuesto solo son algunos indicadores de cómo está la situación en Andalucía, qué si nos fijamos en colectivos marginados, como mujeres, jóvenes (la cifra de paro de mujeres jóvenes achicharra) y mayores de 50 años, el asunto se encona, sin olvidar el aumento de los inactivos y de los incapacitados permanentes sociales.

Ante esta situación dolorosa en extremo, cuando toda Andalucía debería estar empujando en una misma dirección y adoptándose medidas conjuntas de todos para solucionar o, al menos, atemperar el problema con urgencia, solo se oye hablar de los escaños del PP-A., del PSOE-A, de VOX, de Cs., de Podemos, etc., en definitiva, una pena para todos los andaluces.

Ahora, con la guerra, la economía en deflación y caida, los precios disparados, la política desgarrada, etc. la situación de Andalucía está bajo mínimos, pero olvidar los problemas, es un hecho patente, que no los solucionan.

N.B.  En Andalucía el paro es uno de los grandes problemas irresueltos, porque, al parecer, ningún poder público de España ni de Andalucía ha tomado o toma medidas urgentes para paliar el este asunto tan tremendo del desempleo, aunque nos bombardean a los andaluces con elecciones, escaños y cosas de extraordinaria importancia para todos nosotros.

La postura inane de tancredismo rajoliano conduce a Andalucía a la desesperanza, aumentando la inactividad de todos, -si es posible que la falta de actividad y estímulos aumente aún más-.

El todos a la inactividad no es una opción.

Todo ello, supone, además, una falta de -información veraz- al respecto preocupante en extremo, pues no solo se trata de demasiados parados e inactivos, sino que, se ignora la realidad de nuestro mercado de trabajo, de manera, que no se adoptan medidas urgentes para corregir el problema, medidas, además, que mejoren la productividad y creen empleo estable, duradero y de calidad en todos los sentidos (crece un poco el empleo y bajan las horas trabajadas, de forma, que algo no funciona).

El abandono del problema del paro por los poderes públicos andaluces es uno de los extremos más deplorables de la falta de inactividad real en la búsqueda de soluciones, siendo el desempleo actual en Andalucía, sin duda, una vergüenza social y política.

Los partidos políticos democráticos según la Constitución Española son esenciales para la democracia, pero si olvidan las necesidades del Pueblo donde reside la soberanía y del que emanan los poderes del Estado, su existencia deriva hacia el vacío de la nada, así que, como pronto habrá elecciones en Andalucía, que cada palo que aguante su vela y los andaluces a votar en libertad.

Córdoba, a 8 de marzo de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

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Verdades y mentiras (Andalucía – Estado de Derecho)

Hoy es el día de Andalucía y para muchos andaluces una ilusión compartida, que hace falta, que fructifique en realidades y en esperanzas verdaderas y donde las mentiras queden escombradas.

**Empezaré con ciertas verdades, así:

1ª.- Antes que después habrá elecciones en Andalucía y por lo que se ve esto a va a ser cosa de dos entre los votantes andaluces: De un lado, el Sr. Moreno Bonilla y de otro, la Sr.ª. Olona. La verdad  es que tienen el mismo nicho de votantes y los dos son mucho más que sus partidos, además, se quiera admitir o no son las opciones de libertad, frente a las que estarán todos los demás.

Es simple, pero es verdad.

2ª.- En Europa hay una guerra declarada matónamente por un liberticida, mientras la U.E. y Europa defendían valientemente el Estado de Derecho contra Polonia y Hungría, y, en cambio, ahora se retraen cobardonamente olvidando sus valores y su Estado de Derecho, aunque, es algo patente, que el agresor de Europa y del mundo libre no solo los ignora, sino que le importan una higa.

La verdad es muy simple, si la U. E., Europa y el llamado mundo libre occidental no dan la cara en Ucrania, poniendo en su apoyo todos sus medios disponibles, no solo sanciones financieras y cosas parecidas, -como pueden ser envío masivo de medios de combate materiales y humanos-, el Estado de Derecho, que garantiza la libertad, estará pronto bajo la bota de un autócrata de ambición interminable.

La esperanza de acciones verdaderas de defensa se diluye en Eurovisión, aunque los resultados serán peligrosísimos para las libertades y derechos fundamentales del mundo occidental, por ahora libre, aunque en situación de emergencia.

España en la actual situación y con el Gobierno que detenta el poder está fuera de juego, por mucho que el Presidente Sr. Sánchez presuma de la OTAN, pues la verdad es que nada de nada, al estar los amigos del genocida de Ucrania sosteniéndolo desde su poder gubernamental.

3ª.- La economía en España se encuentra en situación de emergencia en completa y declarada estanflación, ya que, la recuperación se ha detenido en seco, a la vez, que la inflación, el empleo y el paro ofrecen datos negativos, que llevan a la desesperanza.

La verdad es la que es, aunque, además, siguen engordando: *el gasto público improductivo y *la recaudación fiscal dopada sin remedio por la inflación, mientras *aumenta la pobreza de los españoles día a día.

4ª.- La situación política en España está bajo mínimos con su estado de derecho eliminado en su división de poderes, mientras unos partidos políticos cerrados y antidemocráticos en su funcionamiento se deshacen en la mediocridad de sus dirigentes, mientras olvidan al Pueblo llano, que según la Constitución tiene la soberanía de la que emanan los poderes del Estado.

De nuevo, la verdad es la que es, esperando los españoles que les dejen votar cuanto antes en libertad, a ser posible con listas abiertas y por distritos.

**Seguiré con ciertas mentiras, así:

1ª.- La U. E., Europa y el mundo libre occidental están apoyando a Ucrania frente el sátrapa ruso.

La negativa eurovisiva ha llenado de miedo a Putin, de forma, que está ordenando a sus huestes genocidas la retirada inmediata .

2ª.- En la U. E. rige el Estado de Derecho y todos sus miembros está dispuestos a defenderlo capa y espada con convicción y hasta donde haga falta, pues más vale morir de pie que vivir de rodillas.

Que es mentira, por supuesto, pero es lo que hay.

3ª.- Que la OTAN es el escudo de Europa y del mundo libre.

Parece, que es otra mentira más, de manera, que como se dice ahora en España: Pues, ESO.

El que suscribe es andaluz confeso y militante, todo lo demás, me parece de segunda fila, aunque Andalucía necesita elecciones con urgencia y si es posible en completa libertad.

N.B. Las verdades y mentiras expuestas exigen un Estado de Derecho efectivo, razón que conlleva, que en Andalucía habrá pronto elecciones y será cosa de dos en uno:  De un lado, el Sr. Moreno Bonilla y de otro, la Sr.ª. Olona.

Los partidos de ambos dos estarán en segundo plano, así que sus personalidades políticas serán determinantes en las elecciones andaluzas.

La verdad es Andalucía, de forma, que todo lo que no beneficie a los andaluces, sin discriminaciones ni desigualdes, será rechazado, así que, ya veremos por donde va cada uno de estos dos, que son realmente solo uno.

Córdoba, a 28 de febrero de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.