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Pensiones consensuadas al estilo Escrivá (rajonismo puro y duro)

Leo que el Sr. Rajoy – Expresidente del Gobierno ha sido “mediador” entre el Presidente del P.P. Sr. Feijóo y el Sr. Conde Pumpido Presidente del Tribunal Constitucional, y, que A. N. F. no ha aceptado dicha mediación, lo que sin duda es prueba de que el P. P. está ahora en manos prudentes.

Lo anterior viene a cuento, porque las acciones y omisiones del Presidente Rajoy son como para ponerse a rezar con llanto incluido, de modo, que sólo como ejemplo a título enunciativo abierto de lo que no puede ni debe ser:

*Cogió un Partido con mayoría absoluta y lo dejó donde estamos.

*Aprobó una amnistía fiscal de nefasto recuerdo y peores resultados, donde sigilosamente se acogieron todos los defraudadores habidos y por haber, de la que, además, no se ha vuelto a saber.

*Eligió y acogió con su demostrada inanidad al Sr. Escrivá, a la Sñrª. Calviño, al Sr. Simón de la epidemia del coronavirus, y, así un largo etc. de personas entregadas a la defensa de los valores y principios democráticos del centro y de la derecha. El resultado está a la vista.

*Lo expuesto exime de mayores comentarios.

Los Empresarios (CEOE, ATA, etc.) dicen, a la vista de la reforma consensuada al estilo Escrivá, que todo es un disparate contra las empresas y que no puede ser, olvidando el extraordinario pasteleo que han tenido y vienen teniendo con el Gobierno del Presidente Sánchez, cuando deberían recordar sus acuerdos varios con el Gobierno, tal como ocurrió, por ejemplo, con la Reforma Laboral,  que tan justos y perturbadores resultados está dando con el empleo y el paro.

Ha llegado el momento, no de quejarse, sino de hacer propuestas serias y sensatas sobre las pensiones y su reforma, teniendo en cuenta la realidad social y económica de España, de manera, que eso es lo que se espera del resto de Partidos Políticos que no son el Gobierno y sus afines, así como, de cualquier parte interesada como son los Empresarios.

N.B. La Reforma anunciada del Ministro Escrivá puede ser buena o mala, pero, lo que no se puede negar, es, que es una propuesta.

Los empresarios y el resto de partidos políticos deben poner sobre la mesa y a la vista informada de los españoles su propuesta sobre las pensiones, pues ha llegado el momento de ofrecer algo concreto y dejar de llorar.

Que la anunciada es una reforma de las pensiones de pan para hoy y hambre segura para mañana, la mayoría de los expertos en S. S. lo sabemos. Quejarse sólo no sirve ya.

No estaría mal, empezar a explicar a los españoles la realidad en la que estamos, y, frente la reforma del Ministro Sr. Escrivá, exponer una reforma concreta, que, además, de ser respetuosa y justa para los pensionistas ofrezca medidas y soluciones viables acordes con nuestra situación económica y social.

Con 3.500.000 parados oficiales, con un empleo en regresión en cantidad y en calidad, con una productividad en descenso por hora trabajada, con una deuda pública disparada, con un crecimiento económico en declive, con un gasto publico en ascenso continuado, etc. etc. es necesaria otra propuesta que no sea la del Gobierno-Escrivá, todo los demás son distracciones electorales dirigidas al Pueblo Español, al que muchos políticos y empresarios consideran incapaz de pensar y decidir en libertad. Inanidad rajonista.

Pronto habrá que escoger y votar, pero los ciudadanos, pensionistas o no, necesitan tener información veraz y seguridad en saber lo que hay y lo que no hay, lo que es posible y lo que es imposible, y, por lo tanto, una verdad o un engaño.

Córdoba, a 11 de marzo de 2023

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Gasto público insensato y/o imprudente (la impunidad como norma)

Se suele decir (con mucha sorna) alegremente, con ánimo de no cumplirlo, en la actividad diaria de algunos políticos, que se creen impunes (aunque quizás, realmente, lo son), que el dinero público hay que cuidarlo más que el propio por la sencilla razón de que pertenece al Pueblo Soberano.

Digo alegremente, porque proliferan en España casos donde se gasta inútilmente y sin control el dinero publico en cosas suntuosas, obscuras o/y sospechosas, que se presentan  como llenas de imaginación, pero que en realidad conllevan un despilfarro inútil y con resultado cero para el bien común de los ciudadanos.

Citaré tres casos emblemáticos de gasto público improductivo, inútil y lleno de incógnitas para el bien común:

1.- Tranvía de la Ciudad de Jaén.

2.- Trenes chapuceros (mal-medidos) que sobrepasan los túneles en Cantabria.

3.- Recogida de basuras neumática en Córdoba.

Ante la realidad bochornosa solo existe una solución aceptable, arreglar el desaguisado y reestructurar el gasto público hacia la inversión y la productividad reales, realizando todos los ajustes que sean necesarios, pero siempre con respeto a nuestros derechos y libertades constitucionales, con igualdad social y sin que exista discriminación en ningún ciudadano.

Quedaría una consecuencia lógica, que casi nadie cumple, dimisión inmediata, una vez solucionado el desastre de un gasto desnortado, de todos los responsables.

Lo llamativo en todos estos casos es la impunidad de sus autores y responsables, aunque siempre aparezca un currito de segunda fila que asume las responsabilidades, quedando el que “manda” libre de polvo y paja.

Si el gasto público va dirigido o debe ir dirigido a satisfacer necesidades públicas, es algo patente, que cuando el gasto público supone un despilfarro y de ninguna forma cubre esas necesidades, sino que las pervierte, alguien es responsable, de manera, que los insensatos del gasto perverso y dañino al interés común, cuando menos, deberían ser señalados como irresponsables y asumir su desidia cainita en la administración de los caudales públicos, que se le han  confiado dimitiendo, no sin antes reparar el daño causado.

N.B.  Cuando el gasto público resulta insensato y/o imprudente, siendo, además, la impunidad de sus responsables la norma, algo malo está pasado al interés general de los ciudadanos.

La Constitución dice en su artículo  1., “que la soberanía reside en el Pueblo”. Pues, ESO.

Córdoba, a 10 de febrero de 2023

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Autodefensa – libertad individual (libertad colectiva desde el poder – imposición)

Un párrafo de la Declaración de Independencia de los EE. UU. de América dice:

“Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad.

Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y establecer nuevos resguardos para su futura seguridad”.

La Constitución Española en su artículo 9 establece:

{1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

Respeto a la ley.

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones igualdad para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

Libertad e igualdad.

3.  La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Garantías jurídicas. }

En España el respeto a la Ley está en completo retroceso, muchas veces, quizás, demasiadas, ni el Gobierno, ni las Comunidades Autónomas, ni las Corporaciones Locales, ni lo jueces, ni la Fiscalía del Estado, etc. etc. cumplen la ley, o mejor, solo la cumplen cuando quieren.

Que un Juez decida aplicar la ley basándose en su reconstrucción personal y solo “en su voluntad su sin reglas”, es decir, haciendo solo lo que le pide el cuerpo, es algo perverso para nuestro estado de derecho y nuestras libertades, pues bien, eso es lo que está ocurriendo ahora en algunos muchos casos, de forma, que hasta miembro/as del Tribunal Constitucional se jactan públicamente de reconstruir la ley y que para eso están.

El principio de legalidad que aprobamos con la Constitución de 1978 una gran mayoría de españoles, creando nuestro Estado Social y Democrático de Derecho ha pasado al nivel de la aplicación subjetiva de la ley, sobre todo, sirva de ejemplo, cuando desde el Gobierno de la Nación se les dice a los jueces, que su ley, si o si, no se debe aplicar.

Ocurre, que cuando esto pasa, la democracia fundada en el estado de derecho desaparece, de forma, que todos nuestro derechos y libertades fundamentales quedan anulado/as.

Desgraciadamente, eso es lo que está pasando en España, de manera, que ha llegado la hora de la autodefensa para reclamar nuestra libertad individual que desde el frente de la libertad colectiva el poder establecido nos pretende imponer.

No quiero decir, de ninguna manera, que los jueces no puedan interpretar la ley, sino que, toda aplicación de la ley nunca puede sobrepasar la letra y el espíritu de la propia ley.

Si alguien quiere cambiar la ley, que lo diga y a ello, pues nada es permanente ni invariable.

El Código Civil, en relación con a la *aplicación de las normas jurídicas” establece:

[ Artículo 3.   

1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas.

2. La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los Tribunales sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita. ]

Los jueces y tribunales, como está ocurrido ahora, -si o si-, aplican la ley, aunque ocurre con demasiada frecuencia, que algunos jueces -quizás, demasiados- aplican la ley reconstruyéndola siguiendo “su voluntad sin reglas”, es decir, ningunean la ley y aplican su criterio absolutamente subjetivo, buscando su justicia no la -JUSTICIA-.

Por otro lado, nada garantiza mejor la democracia y el estado de derecho que una verdadera y real división de los poderes del estado, aunque ello conlleva que la sociedad civil (el Pueblo) debe estar siempre preparado para defender su libertad individual y, sin duda, no hay momento más a que unas elecciones libres a cualquier nivel.

Que cada uno haga lo que quiera, pero que no se llame a engaño, lo que hay es lo que hay.

N.B. Es la hora de la autodefensa compartida para proteger la libertad individual frente a la libertad colectiva impuesta desde el poder público.

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea dice en su artículo 54 sobre la prohibición del abuso de derecho:  “Ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá ser interpretada en el sentido de que implique un derecho cualquiera a dedicarse a una actividad o a realizar un acto tendente a la destrucción de los derechos o libertades reconocidos en la presente Carta o a limitaciones más amplias de estos derechos y libertades que las previstas en la presente Carta”.

El respeto a la Ley es la base de la democracia y sin ella no pueden existir derechos y libertades reales.

Córdoba, a 19 de enero de 2023

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Elecciones municipales – Jueces – independencia – ideología (división de poderes)

Preguntan algunos lectores sobre ¿cómo está la justicia?, siendo la respuesta fácil en esta ocasión: “Como la política”.

Que cada cual saque sus conclusiones, pero está claro, que su deterioro es evidente, de manera, que en España la división de poderes, base de toda democracia, esta en claro retroceso, por no decir, en extinción.

Dicho de otro modo, los ciudadanos sienten que la justicia se diluye entre ideologías políticas y jueces que parecen incapaces de proclamar su independencia y su imparcialidad, confundiéndose como parte de la Administración -poder ejecutivo-, cuando deberían ser poder judicial independiente, real y constitucional base de nuestro Estado de Derecho.

La Constitución Española en su TÍTULO VI, gira con el nombre de  -Del poder judicial-  y en su artículo 117 dice, en sus números 1., 2., y 3., que: << **La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. ** Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley. **El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.>>

Está muy claro para el Pueblo: “La Justicia “como la política”; y eso para nuestra democracia es algo muy malo, de forma, que en las elecciones municipales próximas se puede y hay que poner pies en pared para que todo no siga igual”.

El espectáculo al que hemos asistido de partidos políticos usurpando el poder del Pueblo soberano y mangoneando sin mesura la justicia a su antojo, no se puede aceptar en ninguna democracia que se respete en sus libertades fundamentales, de manera, que ahora a votar en libertad y sin complejos ni miedos de clase alguna.

No se puede confiar en jueces ideologizados y está muy claro para casi todos los españoles, que los jueces metidos a políticos no pueden vestir toga.

Se dice que la justicia es ciega, aunque mejor sería decir, que era ciega, pues ahora algunos-muchos jueces tramitan causas y dictan resoluciones encamadas en su ideología personal excluyente, consiguiendo algo perverso, que residen en que se pueda pensar que todos los jueces son iguales, lo que, simplemente, es una burda mentira, no ayudando desde luego el silencio persistente y soterrado de los miembros del poder judicial tanto individual como colectivo, a través de sus organizaciones judiciales que por sus propios nombres se definen: conservadores, progresistas, del medio centro e incluso independientes (que es el no va más).

A pesar de todo, se puede comprobar un gran colectivo de jueces y magistrados del día a día en los juzgados y tribunales, que, sin más, están indignados por lo que está cayendo sobre “todos ellos” sin distinción.

Sin embargo, admitiendo ese hecho de que no son todos, ni mucho menos, lo cierto es que, lo que se oye, es el murmullo turbio de las voces atrabiliarias que rezuman ideología contra ley, de forma, que como en todo lo que está pasando en España en todos los niveles, el silencio callado y oprobioso conlleva asentimiento contra la división de poderes base de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho Constitucional.

Se dice, que el que calla otorga, y, ha llegado el momento de demostrar que la mayoría de jueces son personas libres, imparciales e independientes y que se rigen por la ley y los principios de la Ética Judicial.

Por otro lado, debe quedar aún más claro, que este asunto de la independencia del poder judicial no es solo de los jueces, sino que afecta a todos los españoles, lo acepten o no, de manera, que habría que pedir a las asociaciones de juristas, colegios de abogados y procuradores, catedráticos y juristas de prestigio, diputados, senadores, corporaciones de derecho, ayuntamientos, comunidades autónomas, diputaciones, etc. etc., tanto a nivel colectivo como personal, que levanten la voz, pues un espectáculo tan “obsceno” como el que está viendo y soportando, día tras día, nos lleva a una democracia autocrática y de segunda.

Se podría empezar, además de protestar sin fin, exigir que, el juez que quiso legítimamente un día cambiar su toga “imparcial y ciega” para entrar en un partido político (en la política) asuma, que en un  tiempo prudencial no podrá devolver a su partido la afiliación y sentarse de nuevo con su toga de justicia, pensando que está libre de polvo y paja y que su traje judicial está impoluto de todo el camino recorrido, exigiendo, así mismo, a ese juez  de ida y vuelta, que se someta a un proceso de selección para su nuevo puesto, aunque se le reserve el derecho de permanecer en su ciudad de origen,

La norma debe ser para todos por igual, sea cual sea su formación política o su ideología, pues, de ninguna forma, el haber estado en política puede ser un trampolín para mejorar en el poder judicial por encima del resto de jueces (mayoría), que han seguido impartiendo justicia con mayor o menor acierto.

El estar en política y servir al pueblo de por si es un privilegio, de manera, que seguir disfrutando de ese privilegio volviendo a vestir la toga sin pausa ni tiempo intermedio es pura y simplemente un ejemplo de máxima estulticia para al Pueblo, de donde, como dice la Constitución, nacen los poderes del Estado.

El espectáculo obsceno al venimos asistiendo, que continúa sin tregua ni descanso, debe terminar, si queremos vivir en una democracia con derechos y libertades fundamentales, siendo lo peor, que todo se pega, sobre todo los malos ejemplos, irradiándose como un flujo maligno por la sociedad civil y corrompiendo a muchas- algunas personas.

N.B. El poder judicial independiente formado por jueces imparciales, libres y cumplidores de la ley es la base de nuestra democracia y de nuestro estado de derecho, siendo las elecciones municipales un buen momento para empujar en esa dirección, así que, a votar en libertad.  

Si no podemos confiar en la justicia y en que tenemos jueces independientes e imparciales, apaga y vámonos.

El espectáculo de los partidos políticos comprando y vendiendo jueces públicamente no dice nada bueno de nuestra democracia real, ya que, sin verdadera división de poderes la libertad no existe.

 La seguridad jurídica ¿existe en España? – Pues, ESO.

Córdoba, a 8 de noviembre de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Ayuntamiento de Córdoba – III – Una propuesta para las elecciones (quitar el Impuesto de Plusvalía)

El impuesto municipal que grava el incremento del valor de los terrenos, también conocido como Plusvalía Municipal, es un gravamen injusto y discriminatorio, de manera, que hay que reducirlo a la nada o eliminarlo de raíz.

Saldrán, sin duda, los defensores de los ciudadanos de a pie (esos que pagan la Plusvalía) saldrán desde sus tribunas públicas diciendo que hay que defender los servicios públicos sin dar jamás un paso atrás, pues no hay nada más sagrado que el pago de impuestos aunque sea a costa de machacar al Pueblo Soberano, pues hay que costear esos servicios sean los que sean y cuesten lo que cuesten.

La premisa inicial señalada, en si misma, es un sin sentido, si no se ponen límites y condiciones a ese gasto público, por la simple razón de que todo gasto realizado por una Administración Pública, sea la que sea, debe ser dirigido a servir al Pueblo, de forma, que el gasto público innecesario, dilapidador e improductivo debe quedar erradicado, máxime, cuando, además, nadie explica a los ciudadanos el origen del dinero que se destina a ese gasto público superfluo y suntuario, especialmente, ahora, que la inflación descontrolada y el crecimiento de la pobreza se están apoderando del ciudadano de a pie.

Como hablamos del Impuesto de Plusvalía Municipal, pondré sobre la mesa de la discusión un caso conocido por todos y paradigma de todo los malo de un gasto público: “El tranvía de Jaén”.

Que hay muchos más casos, por supuesto, pero con el señalado es más que suficiente para explicar a pie de calle, lo que es un gasto inadmisible, mientras los ciudadanos pagan a sus ayuntamientos impuestos duplicados y discriminatorios, que rompen la igualdad y penalizan a los ahorradores.

Solo con las viviendas poner de relieve que se pagan impuestos sin cesar y sin explicación alguna, así se grava al ciudadano:

*Cuando compra.

*Cuando mantiene su propiedad con el IBI, el acceso a su cochera, el Impuesto de Patrimonio.

*El valor catastral base del impuesto de fija arbitrariamente por el Catastro Urbano en un alarde de trilerismo político, económico y financiero, que nace de una imposición dura e inapelable.

Dicho de otra forma, hay que pagar el correspondiente IBI en base a un valor catastral que pertenece al mundo de la materia oscura del universo, hay que pagar después por aparcar el coche en el garaje, pues hay que pagar el derecho de acceso a la plaza de cochera, sufre continuas subidas del valor de su vivienda o local al albur de unos criterios desconocidos por el Catastro, pero siempre en aumento, además, sin explicaciones de los gobernantes sobre cómo se gastan el dinero público.

*Cuando vende paga de nuevo por duplicado: Plusvalía Municipal e incremento del valor de la vivienda en el IRPF.

(Tanto en un caso como en otro, además, el sistema de cálculo es arbitrario y se basa en pretendidos aumentos de valor nacidos de la ficción y de un afán recaudador discriminatorio e injusto).

Es solidario contribuir al coste de los servicios públicos necesarios, pero una cosa es eso y otra esquilmar al ciudadano que se esfuerza y ahorra para sufragar gasto público superfluo e innecesario, que gobernantes irresponsables dilapidan sin control y total impunidad, pues en último caso siempre está el indulto, al aceptarse por los justificantes de cualquier gasto público, “que en sí mismo todo él es pura justicia distributiva”, que nadie puede discutir.

Aceptado sin discusión alguna, que es necesario en una sociedad civilizada y democrática nacida de un Estado Social y Democrático de Derecho, que es justo pagar impuestos para crear y mantener servicios públicos necesarios, en base a la Constitución, “se puede defender, que los impuestos deben ser justos y deben ir dirigidos a mantener servicios públicos necesarios dignos y de la máxima calidad posible”, de manera, que nunca los gobernantes acometan gastos superfluos, innecesarios e injustificados.

**Hablando de la plusvalía municipal la realidad es que se trata de un impuesto injusto, confiscatorio y discriminatorio, que borra de un plumazo el art. 14 de la C. E. que garantiza la igualdad de todos los españoles.

La traca final viene cuando venden la finca y el ciudadano pagador se ve abocado a abonar una doble plusvalía a la Hacienda Nacional y Local.

Lo peor de todo, es que no se puede discutir con la Administración Tributaria la existencia del impuesto, sino todo lo más su cálculo la mayoría de las veces fijado de forma arbitraria, pues la regla es simple: “paga y después recurre contra las Haciendas Públicas preñadas de abogados, que pagamos todos los ciudadanos y que nunca jamás dan razón ni clemencia algún a al ciudadano recurrente”. En resumen, una alegría enorme, que seguramente conllevará, además, costas judiciales.

El Tribunal Constitucional en una conocida Sentencia de Pleno ha declarado inconstitucionales y nulos determinados artículos de la L. H.H. Locales que regulan la forma de cálculo de las plusvalías municipales, sin embargo, el Pueblo Soberano del que emanan los poderes del Estado se ha llevado una alegría efímera e irreal, la realidad injusta es tan disparatada, que todos los poderes públicos sin exclusión han llegado a la conclusión de que no se devuelva nada, admitiéndose que una ley nula de pleno derecho (contra todo respeto a la ley conocida y principios aceptados por cualquier Estado de Derecho) sigua produciendo efectos, que según la C. E. no ha tenido nunca.

N.B. Propongo eliminar completamente el impuesto de plusvalía municipal por injusto y discriminatorio, procediendo a la vez, a eliminar todo tipo de gasto innecesario y prescindible para cuadrar las cuentas municipales, como pueden los siguientes gastos: Subvenciones a los Grupos Políticos del Ayuntamiento, salarios y sueldos de asesores, gastos y dietas de viajes que no sean absolutamente necesarios, eliminar cualquier contratación que pueda ser realizada por el personal del Ayuntamiento sea laboral o funcionario, reducir la estructura de espacios y tiempos a lo estrictamente necesario, aumentar la productividad personal y material del Ayuntamiento, etc. etc. y, así, hasta conseguir una Corporación Local con el mínimo coste personal y material.

Hay que defender los impuestos justos y que van dirigidos a mantener servicios públicos necesarios dignos y de la máxima calidad posible”, sin embargo, nunca los gobernantes deben acometer con esos impuestos gastos superfluos, innecesarios e injustificados, ya que, cualquier gasto público perteneciente a la ficción y alejado de la realidad del pueblo que lo paga es una tropelía.

Córdoba, a 13 de septiembre de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.