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II. Una sociedad justa y democrática (seguridad jurídica, proyectos ejecutables y previsibilidad)

Es un hecho esencial comprender que el papel las leyes es buscar el bien común, pero en la práctica, la gestión organizacional eficaz de la libertad y la prosperidad es lo que marca la diferencia para el ciudadano de a pie, de forma, que el proceso de organizar, planificar y controlar los recursos a todos los niveles del Estado persigue alcanzar sus objetivos de manera óptima y eficiente.

Aquí exponemos una reflexión analítica sobre esa “entelequia” del centrismo y la realidad del tablero político en España, porque parece que esa idea de que el centro político existe se sitúa entre un espacio irreal y un espejismo electoral, formando un bucle en movimiento constante y sin salida.

Históricamente, el centro en España ha sido más un refugio de votos indecisos, que un proyecto ideológico sólido de continuidad con proyectos, realidades e ideas concretas de libertades y derechos, porque hasta la fecha desde la UCD hasta Ciudadanos, los proyectos que han intentado ocupar ese espacio imaginario han terminado absorbidos por la polarización o si se quiere ver de otra forma, por proyectos políticos con claridad de ideas realidades de gobierno.

<-La absorción de los bloques es una realidad, porque en el sistema español actual, el “centro” parece haber quedado reducido a un mero terreno de disputa, de forma, que cuando la política se vuelve identitaria o de “bloques”, la tonalidad cambiante e imprecisa se pierde, así que, lo que muchos ciudadanos buscan de verdad, desesperadamente en España es un “proyecto políticamente armado de ideología clara y transparente”, o lo que es lo mismo,  “seguridad jurídica, proyectos ejecutables y previsibilidad”, frente a la improvisación que a veces se percibe en las propuestas de la izquierda radical”, o ni siquiera se ve realizada, cuando gobierna una derecha vacilante y acomodaticia.

<-La eficacia vs. la utopía: La izquierda radical está produciendo con truenos un sentimiento de fatiga institucional, porque, la diferencia entre garantizar derechos (que requieren una base económica sólida) y prometer deseos (que pueden generar deuda y desigualdad) es la clave del debate sobre la libertad real.

<<El ciudadano – (Resultados vr. promesas)>>

Es España los partidos de listas cerradas y controlados por sus cúpulas de poder están ensimismados en sus propias inquietudes internas, y, para el ciudadano -y especialmente para quienes trabajan día a día respetando la ley-, lo importante no es la retórica política altisonante, sino los resultados tangibles:

1.- Que exista libertad económica, ya que, sin una gestión que genere riqueza, los derechos sociales se convierten en papel mojado. La “pobreza real” que aparece a simple vista en España surge porque el Estado crece a costa de asfixiar la iniciativa privada.

2.- Que exista calidad institucional, ya que, el ciudadano sufre cuando las instituciones se politizan y entran en parálisis. Un proyecto claro de país debería centrarse en despolitizar la justicia y agilizar la administración, algo que a menudo se sacrifica en favor de la agenda ideológica del momento.

3.- Que exista seguridad y respeto a la propiedad, porque son los pilares del bien común,  de manera, que si se debilitan por proyectos <-irrealizables->, afectan directamente a la convivencia y al progreso.

<<El camino>>

Si el centrismo es una entelequia, lo que queda es una pugna de modelos políticos de gestión, de forma, que el reto para cualquier opción garante de los derechos y libertades de los ciudadanos que aspire a gobernar no es solo “no ser la izquierda”, sino demostrar que su defensa de las libertades individuales y la propiedad privada se traduce en una mejora directa de la calidad de vida del “pueblo soberano constitucional”.

En España, la sensación de que el político vive en una realidad paralela a la del profesional (como tú, que lidias con la realidad jurídica cada día) es muy real. La verdadera “libertad” no es solo votar cada cuatro años, sino tener un marco legal y económico que te permita desarrollar tu vida sin que el Estado sea un obstáculo constante.

(Nota: La polarización actual ha convertido el “centro” en un campo de batalla vacío, obligando a los ciudadanos a elegir entre modelos de gestión radicalmente opuestos en su concepción de la libertad.)

<<Seguridad jurídica – (La base de las libertades>>

La inseguridad jurídica es, posiblemente, el “impuesto invisible” más caro que paga una sociedad, pero, qué nadie de llame a engaño, ya que, no es solo un concepto teórico, sino que es el barro con el que los profesionales del derecho lidiamos cada día cuando alguien nos pregunta “¿qué va a pasar?”, siendo nuestra respuesta técnica, al día de hoy, más honesta un <-quizás>>, porque dependerá de la interpretación del juez o del decreto-ley que saquen el próximo día.

En estos momentos España se encuentra en una encrucijada, donde la calidad y el ámbito de la norma parece haber sido sacrificadas en el altar de la cantidad y la urgencia política real o impostada.

<<Análisis. – (Las grietas del sistema>>

1.- La hiperregulación, inflación y exigencia legislativa- (Asfixia normativa).

Estamos viviendo lo que muchos juristas definen ya como un escenario de estrés normativo,  porque la producción constante de Reales Decretos-Leyes (herramienta que debería ser excepcional) para regular desde el mercado del alquiler hasta la inteligencia artificial, está generando un ecosistema, donde la norma nace ya con fecha de caducidad o con una redacción ambigua.

La consecuencia nefasta de esa regulación desmedida es que las empresas y ciudadanos no pueden planificar, pues si las reglas del juego cambian a mitad del partido (retroactividad encubierta o cambios fiscales súbitos), el capital huye a otros mercados más seguros y fiables y la iniciativa privada se paraliza.

2.- El colapso institucional y judicial.

La parálisis en la renovación de órganos fundamentales del estado de derecho, como el CGPJ y el colapso de los juzgados (que en 2026 siguen operando bajo una “lógica de resistencia”) dilata la resolución de conflictos, porque, como todo el mundo sabe, una justicia tardía no es justicia, ya que, un sistema donde una sentencia firme tarda años en llegar es, de facto, un sistema que desprotege al ciudadano frente a los abusos, ya sean del Estado, de grandes corporaciones, etc. etc.

3.- Coste social. – (Desigualdad y pérdida de libertad).

**Aquí es donde se conecta con nuestra preocupación por el “pueblo”, ya que, la inseguridad jurídica no afecta a todos por igual, así:

*Existe una brecha de defensa, pues el ciudadano medio o la pequeña empresa no tienen los recursos para sostener litigios eternos o para contratar ejércitos de consultores que les expliquen la última reforma laboral.

*Se acrecienta la vulnerabilidad, ya que, sin reglas claras, la arbitrariedad de la administración crece día a día y en todos sus niveles de poder público, lo que genera una sociedad menos libre, donde los derechos dependen más de la voluntad del gobernante de turno que de un marco legal estable e igualitario.

<<Consecuencias directas en la España de 2026>>

FactorImpacto Real
Inversión ExtranjeraDesvío de capitales hacia países con marcos más estables (Portugal, Grecia o el norte de Europa).
ViviendaLa intervención de precios y la inseguridad en los desahucios reducen la oferta, perjudicando a quien se quería ayudar.
Seguridad JurídicaPercepción de <-riesgo país-> que encarece la financiación y frena la creación de empleo de calidad.

(Nota. “La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie”, pero esta máxima de Montesquieu se desvanece cuando la norma se vuelve confusa, pues entonces solo protege a quien puede permitirse navegar en su ambigüedad.)

Es un hecho patente, que la verdadera solidaridad no nace de la promesa de derechos sin respaldo, sino de un sistema que garantiza, que nadie -ni siquiera el Estado- está por encima de una ley clara, previsible y justa.

N.B. La defensa de una sociedad justa y democrática se basa en el hecho esencial  de que el papel las leyes es buscar el bien común, pero en la práctica, la gestión de la libertad y la prosperidad es lo que marca la diferencia para el ciudadano de a pie, y, en España al día de hoy las opciones políticas están varadas en mirarse a sí mismas y en colocarse todos sus componentes y comparsas al abrigo del Estado, sea como sea.

La elecciones en Aragón han puesto de manifiesto para el partido, que lo quiera ver, que hacer “políticas socialistas” desde el poder de unos votos que no se confiaron por el pueblo votante para eso, llevan a la desesperanza de los partidos que incumplen sus promesas electorales en aras de la tranquilidad de sus políticos, de forma, que ya está muy claro, los ciudadanos, como hemos dicho, quieren <-seguridad jurídica, proyectos ejecutables y previsibilidad->, que es lo que ahora no existe en España y que es algo que hay que cambiar de principio a fin, empezando por cumplir promesas electorales a los ciudadanos, que para eso votaron a esos partidos, pues lo contrario genera desconfianza del pueblo en esos partidos políticos con las consecuencias que se han visto en estas elecciones regionales.

Córdoba, 10 de febrero de 2026

Por: Enrique García Montoya,

Abogado del ICA-Córdoba.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA)

Córdoba y Séneca (Paseos y recuerdos romanos)

Continuamos nuestros recorridos por Córdoba con mis nietos Gonzalo y Ángela. Tras evocar las citas de la Plaza del Jardín de los Patos, hoy nos proponemos rastrear la huella de Lucio Anneo Séneca. Aunque su carrera política y filosófica alcanzó la cumbre en la Roma imperial, su nacimiento en la Corduba del año 4 a.C. marcó una identidad que siempre reivindicó con orgullo. Perteneciente a la influyente familia de los Annaea, Séneca heredó de su padre -el famoso retórico Séneca el Viejo- una rectitud y una austeridad hispanas que contrastarían siempre con la corrupción de Roma y de la corte de Nerón.

<<Un itinerario entre la piedra y el pensamiento>>

Nuestra ruta, de unos 4 kilómetros, comienza en el Puente Romano. Sus cimientos, por donde cruzaba la Vía Augusta, representan el cordón umbilical de la ciudad con el Imperio. Subiendo hacia la zona alta, el Museo Arqueológico nos revela la ciudad subterránea: mosaicos y bustos de la Corduba patricia que Séneca conoció. En sus sótanos, el Teatro Romano (el más grande de Hispania) atestigua la magnificencia de su época.

A pocos pasos, el Pasaje de Junio Galión rinde tributo al hermano del filósofo, procónsul en Acaya, y nos conduce a la Plaza de Séneca. Este rincón, cercano a la posible residencia de los Annaea, invita a la reflexión antes de visitar el Templo Romano de la calle Claudio Marcelo, símbolo del culto imperial que Séneca conoció de primera mano.

Avanzamos hacia los Mausoleos de la Puerta de Gallegos. Estas estructuras circulares recordaban a los viajeros que la vida es transitoria, una idea nuclear en el estoicismo. Desde allí, llegamos al Jardín de los Patos, cuya plaza dedicada al filósofo alberga 32 azulejos de Talavera con sus sentencias. Pese al paso del tiempo, sus palabras siguen siendo brújulas de sabiduría.

El paseo culmina ante la icónica Estatua de Séneca en la Puerta de Almodóvar. La obra de Ruiz Olmos le presenta sereno, con la túnica y el papiro, custodiando la entrada a la Judería. Finalmente, en el Palacio de la Merced y en los Llanos del Pretorio, contemplamos su faceta de maestro ante el grupo escultórico «La educación de Nerón», recordándonos la compleja relación entre el poder y la ética.

<<El Senequismo (El carácter de un pueblo)>>

Más allá de los monumentos, Séneca sobrevive en lo que llamamos «senequismo cordobés»: “Un carácter definido por la resignación ante la adversidad, la austeridad elegante, el sentido común pegado a la tierra y esa distancia escéptica e irónica frente a la vida.

Séneca fue obligado al suicidio por Nerón, enfrentando su final con la entereza que predicó. Nos enseñó que «la vida es como una leyenda: no importa que sea larga, sino que esté bien narrada». Gonzalo y Ángela, aunque cansados, regresan a casa comprendiendo que el tiempo no se nos da corto, sino que -como dijo su paisano- a menudo somos nosotros quienes lo perdemos.

N.B. Hoy mis dos nietos han visto y comprendido un poco más a Córdoba y a Séneca, de forma, que  nuestros paseos seguirán, pues Córdoba siempre tiene una historia más que contar.

Córdoba, 23 de diciembre de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

 Presidente de Córdoba Abierta (ACOA)

Llamamiento de la Presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ en defensa de los jueces (Ataques políticos a jueces en municipios). Artículo (II)

<<Ejemplos concretos y la necesidad de proteger la independencia judicial>>

El llamamiento de la presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, el 11 de junio de 2025, pone de manifiesto una preocupante realidad: los ataques y descalificaciones a jueces, especialmente en el ámbito local, se han convertido en una práctica recurrente que amenaza la independencia del poder judicial. Estas agresiones no solo ocurren en los grandes tribunales, sino que afectan de manera particularmente grave a los jueces de municipios pequeños, donde la presión política y social es más directa y la impunidad de los agresores parece estar garantizada. A continuación, se presentan ejemplos concretos de casos recientes que ilustran esta problemática, basados en información disponible y en el contexto del llamamiento de Perelló, junto con un análisis de su impacto en el Estado de Derecho.

**Ejemplos locales de ataques políticos a jueces:

  • Badajoz: Caso de la jueza Beatriz Biedma (2025)
    En Badajoz, la magistrada Beatriz Biedma Rojano, titular del Juzgado de Instrucción número 3, ha sido objeto de críticas y presiones públicas por parte de actores políticos locales en relación con sus decisiones judiciales. Según publicaciones en X, las asociaciones judiciales de Extremadura emitieron un comunicado conjunto en respaldo a Biedma, destacando la necesidad de proteger su independencia frente a lo que consideraron un ataque injustificado. Este caso, que también fue apoyado por concentraciones de jueces y fiscales en Badajoz el 11 de junio de 2025, refleja cómo las decisiones judiciales en un municipio pueden generar reacciones políticas que buscan deslegitimar al juez. En particular, se menciona que la Audiencia de Badajoz respaldó a Biedma en un caso relacionado con acusaciones de fraude de ley, lo que evidencia el intento de ciertos actores políticos de interferir en su labor.
  • Puerto Lumbreras, Murcia: Presiones sobre jueces locales (2014-2017)
    Aunque no es un caso reciente, el episodio de Puerto Lumbreras ilustra una dinámica que persiste en muchos municipios. En 2014, una investigación sobre irregularidades en la construcción de un auditorio, liderada por el entonces alcalde Pedro Antonio Sánchez, fue trasladada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia debido a su condición de aforado. Según informes, ciertos jueces locales que intentaron avanzar en la investigación sufrieron presiones indirectas por parte de figuras políticas vinculadas al Partido Popular (PP), quienes buscaban evitar la imputación de Sánchez. Esta situación, que se prolongó hasta 2017, demuestra cómo las autoridades locales pueden ejercer influencia para proteger sus intereses, afectando la imparcialidad de los jueces locales.
  • Casos genéricos en pequeños municipios españoles.

Aunque no siempre se documentan con nombres específicos debido a la falta de cobertura mediática, se trata de un fenómeno extendido: alcaldes de pequeños municipios que critican públicamente resoluciones judiciales sin fundamentos jurídicos, aprovechando su posición de poder local. Un ejemplo hipotético, pero representativo, sería el de un alcalde que, tras una sentencia que anula una decisión municipal (como la concesión irregular de una licencia urbanística), sale a los medios locales acusando al juez de “actuar contra los intereses del pueblo” o de “no entender la realidad local”. Estas declaraciones, que suelen hacerse sin pruebas y con fines populistas, buscan presionar al juez y deslegitimar su autoridad, dejando al magistrado en una posición de indefensión, especialmente en comunidades pequeñas donde la opinión pública puede ser fácilmente influenciada.

<<La gravedad de los ataques en el ámbito local>>

Los ejemplos anteriores ilustran varios puntos clave:

  • Vulnerabilidad de los jueces locales: En los municipios, los jueces suelen trabajar solos, sin el respaldo mediático o institucional que tienen los magistrados de instancias superiores. Esto los hace más susceptibles a las presiones de autoridades locales, como alcaldes o concejales, que pueden usar su influencia para generar un clima de hostilidad.
  • Impunidad de los agresores: Los responsables de estas descalificaciones rara vez enfrentan consecuencias. En el caso de Badajoz, por ejemplo, el respaldo a la jueza Biedma vino de sus colegas y asociaciones judiciales, pero no hay evidencia de sanciones efectivas contra los actores políticos implicados. Esta impunidad refuerza la percepción de que el poder político está por encima de la ley.
  • Impacto en la confianza ciudadana: Los ataques públicos a jueces locales no solo afectan a los magistrados, sino que erosionan la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. Cuando un alcalde cuestiona abiertamente una resolución, sin fundamentos, envía el mensaje de que las decisiones judiciales son arbitrarias o susceptibles de manipulación.

<<La necesidad de actuar: Propuestas para proteger a los jueces locales>>

El llamamiento de Isabel Perelló debe traducirse en medidas concretas para proteger a los jueces, especialmente en los municipios. Algunas propuestas inspiradas  en el contexto actual, incluyen:

  • Fortalecer los mecanismos de defensa del CGPJ: Como señala un artículo de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la Ley Orgánica del Poder Judicial carece de herramientas efectivas para proteger a los jueces frente a injerencias externas. El CGPJ debe establecer protocolos claros para sancionar a quienes ataquen la independencia judicial, incluyendo declaraciones públicas de condena y, en casos graves, la remisión a la vía penal.
  • Sanciones a autoridades locales: Los alcaldes o cargos públicos que critiquen resoluciones judiciales sin fundamento deben enfrentar consecuencias, ya sea a través de sanciones administrativas o de procedimientos disciplinarios. Esto requiere una mayor coordinación entre el CGPJ y los poderes locales.
  • Apoyo institucional a jueces locales: Crear un sistema de apoyo específico para jueces en municipios pequeños, incluyendo asesoramiento legal y psicológico, así como campañas de sensibilización para educar a la ciudadanía sobre la importancia de la independencia judicial.
  • Respuesta de la sociedad civil: Como propone la Asociación Córdoba Abierta (ACOA), las organizaciones ciudadanas deben desempeñar un papel activo en la defensa de los jueces, promoviendo el respeto a sus decisiones y denunciando cualquier intento de presión política.

<<Conclusión>>

Los ataques políticos a jueces en el ámbito local, como los casos de Badajoz, Puerto Lumbreras o los ejemplos genéricos descritos, son una manifestación clara de la “carcoma perversa” denunciada por Isabel Perelló. Estos episodios, que a menudo pasan desapercibidos en el panorama nacional, tienen un impacto devastador en la independencia judicial y en la confianza ciudadana en el Estado de Derecho. Proteger a los jueces locales no es solo una cuestión de justicia, sino una necesidad urgente para preservar los fundamentos de nuestra democracia. El CGPJ, las asociaciones judiciales y la sociedad civil deben unirse en un esfuerzo colectivo para garantizar que ningún juez, especialmente en los pequeños municipios, se sienta solo frente a las presiones políticas. Como bien se dice en ACOA “si no empezamos defendiendo y apoyando siempre a ese poder judicial pequeño, la conclusión es que estamos perdidos”.

N. B. Hacemos nuestro el llamamiento de la Presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ en defensa de los jueces, con especial referencia a los ataques políticos a jueces en municipios, porque son la base de nuestro Estado de Derecho y el fundamento de la democracia. Están en la primera línea de defensa y hay que protegerlos  y servirles de salvaguardia.

Córdoba, 17 de junio de 2025

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Mayorías absolutas – Ayuntamientos – Respeto a las minorías (principio de legalidad y derechos fundamentales)

Unos lectores me hacen una pregunta sobre los efectos de la mayorías absolutas y su abuso por los políticos que gobiernan con ellas, pues en su ayuntamiento gobernado por mayoría absoluta por un partido solo se cumple la ley cuando beneficia a la mayoría que gobierna, existiendo un claro abuso contra las minorías.

Trataré de dar una opinión lo más clara posible, así, que comenzaré centrando el tema por abajo.

Me explico, en estos días solo se habla del Presidente Trump, de Europa, de La Otan, de Ucrania y de cosas gordas, aunque por otro lado es lógico, pero en esos asuntos salvo no estar de acuerdo con el empleo de la fuerza como argumento único, poco se puede hacer a nivel de calle; sin embargo, hay asuntos en la puerta de nuestras casas de abusos del uso de las mayorías absolutas en los Ayuntamientos, Diputaciones y CC.AA. que precisan atención inmediata, si queremos que nuestra vida diaria se desarrolle en democracia y libertad.

Es un hecho más que frecuente, que Ayuntamientos gobernados por mayorías absolutas están abusando de su poder realizando actos contra ley y sometiendo sin pudor a las minorías con el único argumentos de que votando siempre llevan razón.

Desgraciadamente, esa forma de gobernar atrabiliaria la tenemos a la vuelta de la esquina y con demasiada frecuencia se viene tolerando, quizás, porque es más fácil ponerse de perfil ante una injustica, que, equivocadamente, se suele considerar menor.

Si en un Ayuntamiento se viola día a día el principio de legalidad y se bendice después con una votación a favor por mayoría absoluta, parece que todo es legal y que no pasa nada porque se adopten acuerdos fuera de la ley, sobre todo, cuando solo existe un secretario/a accidental irregular por llevar demasiados años en ese puesto.

La realidad es perversa, pues no hay nada peor que permitir que la carcoma de la injusticia se introduzca en los niveles más bajos de nuestra administración.

Cuando un Alcalde abusa de su poder con el pretexto de que tiene mayoría absoluta, con las debidas proporciones, es lo mismo que está haciendo el Presidente Trump y/o el Presidente Putín, que no es otra cosa que bendecir la injusticia y el sometimiento de la libertad por el uso de la fuerza.

Por otro lado, observo, que los jueces y tribunales en algunos-muchos casos pasan por encima de la ley aplicable considerando que estos casos menores no merecen enfocarlos en la dirección del valor justicia, de forma, que se consolida el abuso ilegal, pues es difícil, costoso y arriesgado para el ciudadano de a pie hacer frente a una injusticia, que viene validada por el marchamo de un acuerdo por mayoría absoluta.

En estos desgraciados casos, solo queda acudir a la vía penal judicial con todas la pegas que ese movimiento de defensa tiene para el particular que ejercita su derecho de defensa por ese camino, que es el único que le han dejado seguir.

Afortunadamente, hay casos y jueces/as que deciden con grave riesgo para sus personas hacer frente a la injustica y abren diligencias penales de investigación, que como se está demostrando en España es casi una temeridad para el órgano judicial competente, ya que, lo primero que hacen esos políticos autoritarios bajo la tutela de sus mayorías absolutas es cargar con el Juez/Jueza que se ha atrevido a contradecir su proceder autoritario y conta ley, acusándoles de estar equivocados, de no conocer la ley, de aplicarle por ideología política y todas las demás barbaridades que se están viendo en el día a día en España.

La única razón que lanzan contra todos los que no están de acuerdo es que ellos son el pueblo y están por encima de la ley, todo ello, adobado por bulos personales, políticos y sociales contra todos los que se atreven a discrepar.

En estos días de inseguridad jurídica conviene realizar una defensa del respeto a la ley en todos los niveles del poder político, algo esencial en cualquier estado social y democrático de derecho, como es el nuestro según la C. E.

Sin respeto a la Ley no existe el estado de derecho, pero es lo cierto, que ese deber de respeto es exigible al máximo, cuando se trata de poderes públicos de menor nivel (véase Ayuntamientos), ya que, mientras los ciudadanos tienen un deber general negativo de abstenerse de cualquier actuación que vulnere el cumplimiento de la Ley, los titulares de los poderes públicos tienen, además, un deber general positivo de realizar sus funciones de acuerdo con la Ley.

** La Constitución Española establece lo siguiente:

<< – Artículo 9: 1.  Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 3.  La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

* Artículo 10: 1.  …   …, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.>>

Además, en España la justicia se apoya en el respeto a la ley, como fundamento del orden político y de la paz social, para avalar la obligación de respetar el ordenamiento jurídico.

En España se están produciendo a diario dislates tremendos de falta de respeto a la Ley en los niveles inferiores del poder público, así que señalaré un supuesto claro de falta de respeto a la ley, que es un ejemplo de perversión de la ley, pero que es como el lago de los muertos o piélago, que lo inunda todo en algunos municipios, así:

 * Abuso en algunos muchos municipios gobernados por mayorías absolutas, donde solo se hace lo que dice el partido que gobierna por mayoría absoluta con razón o sin ella, con la ley o contra ella.

(Nota: Los particulares avasallados por la mayoría absoluta está muy claro, que son necios, gilipo…, y unos irresponsables absolutos, porque ellos son el poder legítimo del pueblo).

A pesar de todo, siempre queda un halo de esperanza y algunas cosas están más claras:

1º.- España se desangra por un uso abusivo de mayorías absolutas con unos poderes públicos dominantes y sus dirigentes que juegan a la ruleta rusa con los españoles, de manera, que ellos a lo suyo y vale todo, aunque, pronto habrá elecciones y ya todos sabemos lo que hay.

2º.- Solo queda creer en la justicia y en la división de poderes, esperando que los jueces, apliquen la Ley sin condicionamientos ideológicos, y, siempre en favor del pueblo dónde reside la soberanía, y, del que nace, crece y se sostiene la justicia en las democracias constitucionales.

N. B.   La mayorías absolutas sin respeto a la Ley ni respeto a las minorías violan los derechos fundamentales de los ciudadanos, cualquiera que sea su nivel, pero cuando el abuso de las mayorías se hunde al nivel más bajo como son los ayuntamientos, lo que está en peligro es la libertad de las personas que viven en esos municipios dominados por unos gobernantes mayoritarios, que se creen por encima del bien y del mal y, además, impunes.

**Sin respeto a la Ley por todos y, especialmente, por los poderes públicos no existe el Estado de Derecho Constitucional.

**Sin ejemplaridad de los poderes públicos en el cumplimiento de la ley, es una ofensa a los españoles, que se les pida su cumplimiento.

Sin embargo, lo peor es, que actúan así contra la ley algunos muchos, quizás demasiados, porque se sienten impunes, de forma, que les da igual, aunque puede ser cierto, que los culpables son los ciudadanos por su mala memoria.

No se puede poner en duda, que las cosas están muy claras, luego que nadie se queje.

Córdoba, a 3 de marzo de 2025

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Estamos “condenados” – (EE. UU. – Rusia – China)

Es un hecho al descubierto, que en el mundo se ha impuesto el autoritarismo y la fuerza como la única razón verdadera.

No es nada nuevo, pero con Ucrania lo que siempre se sospechaba se ha convertido en altavoces de una realidad perversa, pues ahora resulta que Ucrania ha invadido Rusia y le ha declarado la guerra al Presidente Putin.

Europa y el resto del mundo silentes y de perfil hasta que ya no quede ni un pedazo de tierra libre y donde se pueda decir lo que se quiera con verdadera libertad de expresión.

Lo peor del autoritarismo reinante es que no solo está en la cima de los máximos poderes, sino que como una carcoma maligna se ha introducido en todos los niveles del poder, pues no hay más que mirar alrededor y se verá, que autoritarismo es un ayuntamiento con mayoría absoluta, una comunidad autónoma si contrapoder verdadero, un Congreso que se dice foro de las leyes donde la ley ha desaparecido, un Senado con mayoría absoluta inerme y rendido al poder despótico, un Tribunal Constitucional preso de un poder autoritario, un Fiscal General pasado a la fuerza oscura, y, una parte del poder judicial que se ha pasado con armas y bagajes al mundo de las sombras, donde algunos juzgados y tribunales pasan por encima de la ley imponiendo su fuerza sin razón ni derecho.

Se podrá discutir si lo que digo es cierto y creo que esas fuerzas contrarias están en su derecho de hacerlo, pero, lo que hay, lo que se ve y lo que se siente es la fuerza oscura del autoritarismo, de forma, que ya solo caben dos posturas, *o se está con la libertad, *o se está con las fuerzas autoritarias que exigen sin rubor la rendición de todos sometiéndonos cautivos a la esclavitud.

Como se dice ahora y que todos entendemos, pues ESO.

La única verdad es que los ciudadanos estamos perdidos en un laberinto de políticas donde la libertad ha sido sometida, que, además, se traduce en políticas públicas woke dominadas por lo superfluo y lo innecesario, y, ahora, por políticas autoritarias que quieren doblegar nuestra libertad, así que hemos caído de la “sartén al fuego”, que llevan a que los indicadores clave de las libertades se sitúan fuera del bien común, pues, ya no importa la libertad en cualquiera de sus versiones, sino el poder de la fuerza que se muestra impúdico, soberbio y prepotente.

La C. E. de 1978 dice (art. 1.1), “que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Visto lo visto, está clarísimo que estamos al otro lado de la carretera, y, que lo que dice la Constitución a salimos a defenderlo o nos sometemos cautivos, de manera, que cada uno vaya a donde quiera, pero el que suscribe está en los terrenos de la libertad y, según parece, otros muchos también.

La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender la libertad de los ciudadanos y la justicia, lo que significa, que basta ya de distracciones vacías de contenido, ya que nos defendemos o nos someten cautivos y silentes.

La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender a Andalucía y Córdoba, de forma, que para empezar decir la verdad es lo único que puede salvarnos de los políticos populistas y arrieros de la mentira.

En eso estamos en ACOA.

N.B.  Estamos “jodidos”, pues la trilateral de una fuerza perversa EE. UU. – Rusia – China nos han declarado la guerra a todos los que creemos en la libertad y en Estado de Derecho donde impera la ley y la justicia.

Un poder autoritario dirigido por pretendidos líderes del Pueblo ha tomado por la fuerza de las armas todos los espacios de libertad, de forma, que ahora solo cabe defenderse, pues ya no se trata de escoger entre la paz y la guerra, al tener la guerra ya, razón por lo que solo cabe la autodefensa compartida antes de que al mirar atrás solo quedemos nosotros sin nadie nos defienda.

La igualdad ante la ley de los ciudadanos, la democracia, el Estado de Derecho y todos nuestros derechos y libertades apoyan lo que digo, aunque, quizás, la propaganda, el relato y la demagogia parece que se imponen a la verdad y a la justicia social real.

Córdoba, a 23 de febrero de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.