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Tasas en Córdoba y Provincia – Subidas (Pagan los Ciudadanos sin Recibir lo Justo)

Un grupo amplio de lectores me preguntan por la fiscalidad del Ayuntamiento de Córdoba, de los Ayuntamientos de la Provincia y de la Diputación Provincial, pues dicen que los impuestos y tasas de las Corporaciones locales (municipales y provinciales) han subido desproporcionadamente en relación con los servicios que reciben tanto en calidad como en cantidad cualificada.

La verdad es que la imposición fiscal en las Corporaciones Locales viene creciendo año tras año, sube el IBI por  el aumento del valor catastral, suben las tasas, como las del agua y la basura, sin que los ciudadanos vean mejorar los servicios, en cambio es un hecho indiscutible, que suben los gastos de personal y los gastos corrientes improductivos de las mismas, a la vez, que crecen como setas las empresas, asociaciones y chiringuitos municipales y provinciales y, además, se cubren a fondo perdido las pérdidas inexplicadas del dichos entes, algunos de ellos, fantasmas, pues nadie sabe realmente que hacen, cuanto empleados tienen, como han sido contratados y sin que nunca rindan cuentas debidamente controladas y auditadas por órganos competentes e independientes.

Así, que intentaré dar una explicación razonable empezando por las tasas municipales y provinciales, así que, es este artículo analizo las principales tasas, su incremento, las justificaciones oficiales y las críticas, ofreciendo una visión crítica, y, propuestas para los cordobeses.

Los ciudadanos de Córdoba, tanto en la capital como en la provincia, expresan su preocupación por el aumento constante de las tasas municipales y provinciales, que consideran desproporcionadas frente a la calidad y cantidad de los servicios recibidos.

<<Contexto General>>

**Aumento de Tasas y Falta de Retorno.

Las tasas municipales y provinciales, como agua y basura, han subido de forma sostenida, mientras los servicios públicos correspondientes no mejoran visiblemente.

Así mismo, los ciudadanos perciben que los incrementos financian gastos improductivos, como empresas municipales opacas o pérdidas no justificadas, en lugar de servicios proporcionales al bien común.

La falta de auditorías independientes y la percepción de mala gestión o corrupción refuerzan esta desconfianza.

<<Tasas en la Ciudad de Córdoba>>

**Tasa de Basuras (Sadeco): Subió un 10% en 2025, tras un 35% en 2024, acumulando un 45% en dos años. El coste medio por vivienda aumenta 24,51 euros anuales. Sadeco justifica el alza por la reducción de ingresos de Ecoembes y la Ley 7/2022, que exige financiar el 100% del servicio con tasas. Sin embargo, la oposición (PSOE, IU, Podemos) y los ciudadanos critican la falta de mejoras en la recogida y reciclaje, comparando la tasa (100-120 euros/vivienda) con ciudades como Málaga (28 euros).

**Tasa de Agua (Emacsa): Incremento del 10% en 2025, tras un 5% en 2024, sumando un 15% en dos años. El coste medio sube 15-20 euros anuales por vivienda. Emacsa cita la inflación, la sequía y la modernización de infraestructuras como causas, pero los ciudadanos critican la ausencia de bonificaciones para colectivos vulnerables y el peso de la cuota fija en un contexto de menor consumo.

**Otras Tasas: La limpieza viaria no registra subidas significativas, mientras que el ICIO y las tasas de actividades bajan un 2%. Las tarifas de taxis suben un 3,6%, y las de ocupación de vía pública se mantienen congeladas.

**Medidas Compensatorias: El Ayuntamiento (PP) ha reducido el IBI rústico (-13,93%), el IVTM (-13,21%) y la plusvalía (-8,27%) desde 2019, además de congelar tarifas de transporte público (Aucorsa) hasta julio de 2025. Sin embargo, estas medidas no compensan la percepción ciudadana de presión fiscal.

<<Tasas en la Provincia de Córdoba>>

**Tasa de Basuras (Epremasa): La Diputación propuso un aumento del 10% para 2025, pero fue rechazado, manteniendo los valores de 2024 (60-80 euros/vivienda). Epremasa justifica los costes por combustible, personal y la Ley 7/2022, pero la oposición señala que perjudicaría a municipios pequeños. La falta de reciclaje avanzado en áreas rurales alimenta críticas sobre la calidad del servicio.

**Tasa de Agua (Emproacsa): Subió un 22% en 2024, sin cambios en 2025, con un coste medio de 100-150 euros/vivienda. La sequía, los costes energéticos y la modernización de infraestructuras son las razones oficiales. Sin embargo, la inyección de 50 millones de euros por la Diputación para salvar a Emproacsa, sin exigir responsabilidades por mala gestión, genera indignación.

**Otras Tasas: Alcantarillado y depuración también subieron un 22% en 2024. Tasas viales y de servicios culturales o cementerios varían por municipio, pero no registran incrementos significativos en 2025.

<<Comparación: Ciudad vs. Provincia>>

**Ciudad: Tasas más altas (basura: 100-120 euros; agua: 150-200 euros) debido a costes urbanos, con subidas más pronunciadas (45% basura, 15% agua), pero con reducciones en otros impuestos. Sadeco y Emacsa ofrecen cierta capacidad para bonificaciones.

**Provincia: Tasas más bajas (basura: 60-80 euros; agua: 100-150 euros), pero con menos bonificaciones y autonomía limitada por la dependencia de Epremasa y Emproacsa. La subida del agua (22%) impacta más en municipios rurales.

<<Propuestas para los Ciudadanos>>

1.-Consultar bonificaciones en la Oficina Virtual Tributaria (tributos.cordoba.es) o Ayuntamientos locales.

2.-Reducir el consumo de agua y mejorar la separación de residuos para minimizar cuotas variables.

3.-Aprovechar fraccionamientos o descuentos por pago anticipado (ej. 5% en el IBI).

4.-Exigir auditorías transparentes sobre el uso de las tasas.

5.-Presionar por tarifas progresivas y sistemas de pago por generación de residuos.

<<Conclusión>>

Las tasas de basura y agua en Córdoba han subido significativamente (45% y 15% en la capital; 22% en agua en la provincia), impulsadas por la Ley 7/2022, la sequía y la inflación.

Sin embargo, la falta de mejoras visibles en los servicios y la opacidad en la gestión de empresas como Emproacsa generan una percepción de injusticia.

Los ciudadanos deben exigir transparencia y optimizar consumos mientras se implementan medidas compensatorias insuficientes.

N.B. Los ciudadanos perciben que las tasas que pagan son excesivas y que en compensación no reciben lo justo.

Sienten, además, opacidad, mala gestión y sensación de injusticia.

Córdoba, a 29 de agosto de 2025.

Enrique García Montoya,

Abogado ICA Córdoba, Inspector de Trabajo y S.S.

Asociación Córdoba Abierta ACOA – Presidente.

La Doble Vara de Medir del Partido Popular en el Proyecto BLET

El pasado 8 de agosto de 2025, el Diario Digital El Día de Córdoba informó sobre la firma de un Protocolo entre la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba, participando el Ayuntamiento de Córdoba y la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO).

Este acuerdo, rubricado en el Palacio de la Merced, impulsa un proyecto formativo singular vinculado a la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), un iniciativa que, según la consejera Rocío Blanco, posicionará a Córdoba como “referente nacional en transformación tecnológica, modernización logística y empleo de calidad”.

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, destacó el compromiso de adaptar los itinerarios formativos a las necesidades de este proyecto, presentado como un pilar del futuro de la provincia.

A primera vista, todo suena prometedor. Sin embargo, la realidad es menos brillante cuando se examina con lupa. El Partido Popular (PP), que lidera este proyecto en Córdoba, se encuentra atrapado en una contradicción que pone en entredicho su coherencia y credibilidad.

Recientemente, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, exigió al portavoz del PSOE, Patxi López, que acreditara los “estudios de ingeniería industrial” que figuran en su perfil oficial, cuestionando su veracidad.

Es una demanda legítima: la transparencia y la verdad en la vida pública no son negociables. Pero esta exigencia debe aplicarse con el mismo rigor a todos, sin excepciones, incluidos los propios cargos del PP.

Aquí entra en escena Salvador Fuentes Lopera, presidente de la Diputación de Córdoba, cuya firma representa a la institución en el Protocolo del BLET. En su currículum oficial, Fuentes figura con “estudios de Derecho”, sin aclarar si posee o no el título correspondiente.

Esta ambigüedad es idéntica a la que el PP critica en Patxi López, por la que incluso ha pedido su dimisión.

La pregunta es inevitable:

¿por qué el PP exige responsabilidades a sus adversarios políticos, pero eleva a los altares a sus propios cargos en situaciones idénticas?

Si la verdad es un principio innegociable, el PP debería actuar con coherencia.

¿No hay en Córdoba un representante del PP con un currículum intachable para liderar un proyecto tan crucial como el BLET?

El alcalde de Córdoba, José María Bellido Roche, también presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), podría ser una opción más adecuada, sin las sombras que empañan la trayectoria de Fuentes.

La mancha en el currículum del Presidente de la Diputación no solo le afecta a él, sino que contamina la credibilidad de un proyecto que se presenta como transformador para la provincia.

La doble vara de medir del PP es evidente: exige dimisiones selectivas a sus rivales mientras protege a sus propios cargos.

Esta incoherencia no solo cuestiona la integridad del partido, sino que siembra dudas sobre la legitimidad de iniciativas como el BLET, que nace bajo la sombra de un engaño curricular.

Los cordobeses merecen una explicación clara.

Invitamos a Ester Muñoz a venir a Córdoba y aclarar ante la ciudadanía qué criterios aplica el PP para juzgar casos idénticos con resultados tan dispares.

La injusticia, si no se corrige con transparencia y celeridad, sigue siendo injusticia, lo diga quien lo diga.

Un proyecto que promete empleo de calidad y modernización logística no puede construirse sobre cimientos de incoherencia y falta de rigor.

Córdoba merece más.

N.B.  La Doble Vara de Medir del Partido Popular en el Proyecto BLET detallada es insostenible y carece de pudor, y, es algo inaceptable e injustificable.

Por si faltara algo en la incalificable vara de medir del P. P., el Presidente Fuentes falsamente curriculado ha dicho: (ABC-Córdoba – 08/08/2025 a las 13:28h.)Que la presencia aquí de Rocío Blanco evidencia la implicación de su Consejería y el compromiso del presidente Juanma Moreno con la reindustrializacion de Córdoba con un proyecto tractor de desarrollo de distritos industriales potenciales ubicados en la provincia llamados a aprovechar el desarrollo e implantación de productos industriales con técnicas nuevas o aprendizaje de maquinaria que origine más y mejores empresas.

Los cordobeses precisamos muchas explicaciones de la doble vara de medir del P.P., que aparece cuando menos injusta y contraria al principio de igualdad garantizado en la C. E. de 1978.

Córdoba, 9 de agosto de 2025

Enrique García Montoya

Abogado – ICA Córdoba. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

El “Cupo Catalán” (Desigualdad – insolidaridad – ilegalidad)

“El “cupo catalán” es una propuesta que otorgaría a Cataluña una autonomía fiscal casi total, permitiendo a la Agencia Tributaria Catalana gestionar el 100% de los impuestos recaudados en la región, incluyendo el IRPF, en lugar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

La iniciativa, surgida en julio de 2025 en negociaciones con partidos independentistas como ERC, se inspira en el concierto económico del País Vasco y Navarra, pero su posible admisión está generado un rechazo mayoritario por su falta de viabilidad, de legalidad y de compatibilidad con los principios constitucionales de igualdad y solidaridad.

**Opinión crítica.

Desde un punto de vista jurídico, el cupo catalán es, sin la menor duda, inconstitucional, ya que vulnera artículos de la Constitución Española de 1978, como el 2. (unidad y solidaridad), el 14. (igualdad ante la ley), el 31. (ciudadanos y sistema tributario justo),  y el 138.2. (prohibición de privilegios económicos entre regiones).

La mayoría de los expertos son críticos con el cupo catalán, argumentando que esta propuesta crea un trato privilegiado para Cataluña, violando los principios de igualdad y solidaridad, y, además, que el sistema sería inconstitucional porque el régimen económico de una comunidad autónoma no puede implicar ventajas sobre las demás.

A diferencia del modelo vasco y navarro, respaldado por derechos históricos, Cataluña carece de una base legal equivalente.

Además, juristas de todos los niveles y líderes autonómicos, como Emiliano García-Page (PSOE) y el Partido Popular, advierten, que este sistema crearía desigualdades, la cohesión nacional desaparece y significa realmente llevarse por las bravas el dinero para otras regiones, afectando servicios esenciales como pensiones o gasto social.

También se señala el riesgo de un aumento del fraude fiscal por una menor supervisión de la AEAT.

**Argumentos a favor.

Los defensores del cupo argumentan que Cataluña, como región rica, aporta más al sistema fiscal nacional de lo que recibe, y, que un modelo singular reflejaría mejor sus necesidades económicas.

Sin embargo, esta postura es cuestionada por su impacto en la solidaridad interterritorial y la viabilidad práctica, ya que, Cataluña seguiría dependiendo de transferencias estatales para ciertos servicios.

**Impacto negativo.

La implementación del cupo catalán genera tensiones políticas, exacerba el discurso separatista y crea percepciones de privilegio.

**Conclusión.

El cupo catalán plantea retos graves a la igualdad y a la cohesión nacional, siendo considerado ilegal por violar la Constitución Española.

N.B. El “Cupo Catalán” es una fuente de desigualdad y de falta de solidaridad, siendo ilegal por violar la Constitución Española de 1978.

España se rompe por los que no representan ni al 10% de los españoles y contra la voluntad del 90% de los mismos, lo que es, elijan Uds., un despropósito, una insensatez, una atrocidad, un disparate, pero sobre todo una injusticia.

Se trata de una propuesta inviable e inaplicable, así que esperemos que nunca sea una realidad.

Córdoba, 16 de julio de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

ABUSOS DE PODER – LA CARCOMA AVANZA EN TODO LOS NIVELES DE LO PÚBLICO (aforamientos, contratos jésicos, hermanos y parientes)

La realidad al día de hoy es, que en España una gran parte de los poderes públicos en cualquiera de sus niveles han perdido el respeto a la ley, de forma, que una carcoma perversa está devorando, sin pausa ni control, la aplicación del valor justicia que la C. E. consagra en su art. 1.1., y, los abusos de poder como el aforamiento exprés en Badajoz, las colocaciones y contratos arbitrarios porque “me da la gana y puedo”, a lo largo y ancho de la piel de toro se ha convertido en el pan de cada día para los partidos políticos.

Ya no cuenta la capacidad, el mérito o la preparación, las colocaciones públicas se hacen a dedo entre amigos políticos, parientes, amigos y señoritas, da igual que sea el Estado Central y todas sus empresas, entes y demás, chiringuitos, pues a todos los niveles de los poderes públicos (CC. AA., Ayuntamientos, Provincias y con todas sus empresa y  entes) está pasando, de forma, que no hay más que mirar alrededor para verlo. Solo la Justicia, a duras penas, resiste y trata de poner las cosas a nivel de la ley, pero siempre los juzgados de se atreven a imponer la ley son maltratados, denunciados y vilipendiados.

Por si faltara algo para que la injustica sea impuesta sin responsabilidad, están los aforamientos, las amenazas veladas de los palmeros, los letrados y abogados pagados por el poder abusón, y, los ataques a cualquiera que denuncie una situación de abuso del poder público.

¿ Quién no conoce algún caso de nombramiento, colocaciones y contratos a nivel público comilitones, parientes amigos, señoritas, etc. donde el abuso de poder y la discriminación  han asentado sus reales a vista de todo el mundo, en la creencia real de son inimputables y que están por encima de la ley ?

(Nota. Se puede discutir los que digo, pero lo único cierto es que el abuso de poder saltándose la ley a la torera se ha instalado en todos los niveles de los poderes públicos (Estado, CC. AA., Provincias y Ayuntamientos).

La C. E. de 1978 parece que es de otro mundo, ya que, es un hecho, que parece que nadie hace lo que ella consagra, como la igualdad ante la ley, aunque fue aprobada por una mayoría abrumadora de españoles.

Conclusión.

*El respeto a la ley por parte de los poderes públicos en España está respaldado por un marco constitucional sólido y un sistema democrático funcional, pero una cosa es la teoría y otra la práctica diaria que se ve y se siente.

*La politización de la mayoría de las instituciones, la percepción de corrupción y las tensiones entre poderes generan dudas sobre la plena efectividad del Estado de derecho, porque España cada día parece más una autocracia. Aunque constitucionalmente España sigue siendo un país con un nivel elevado de garantías legales, la confianza ciudadana y la ejemplaridad de los poderes públicos son áreas que requieren atención para fortalecer el respeto a la ley.

N.B.  Si no controlamos todos los abusos de poder, la carcoma que se come nuestras libertades y la igualdad de los españoles con aforamientos exprés, contratos jésicos, hermanos y parientes al lema de todos colocados, acabarán con la democracia, la libertad y la igualdad.

Que nadie se engañe y esconda la cabeza, lo que hay es lo que se ve y lo que se siente, concretamente, que el respeto a la Ley en España está bajo mínimos, de manera, que nuestro estado de derecho y nuestra democracia están en serio peligro.

El silencio y la sumisión ante la injusticia es complicidad con los que abusan del poder público en su beneficio desviándolo del interés general.

Córdoba, a 26 de mayo de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Mayorías absolutas – Ayuntamientos – Respeto a las minorías (principio de legalidad y derechos fundamentales)

Unos lectores me hacen una pregunta sobre los efectos de la mayorías absolutas y su abuso por los políticos que gobiernan con ellas, pues en su ayuntamiento gobernado por mayoría absoluta por un partido solo se cumple la ley cuando beneficia a la mayoría que gobierna, existiendo un claro abuso contra las minorías.

Trataré de dar una opinión lo más clara posible, así, que comenzaré centrando el tema por abajo.

Me explico, en estos días solo se habla del Presidente Trump, de Europa, de La Otan, de Ucrania y de cosas gordas, aunque por otro lado es lógico, pero en esos asuntos salvo no estar de acuerdo con el empleo de la fuerza como argumento único, poco se puede hacer a nivel de calle; sin embargo, hay asuntos en la puerta de nuestras casas de abusos del uso de las mayorías absolutas en los Ayuntamientos, Diputaciones y CC.AA. que precisan atención inmediata, si queremos que nuestra vida diaria se desarrolle en democracia y libertad.

Es un hecho más que frecuente, que Ayuntamientos gobernados por mayorías absolutas están abusando de su poder realizando actos contra ley y sometiendo sin pudor a las minorías con el único argumentos de que votando siempre llevan razón.

Desgraciadamente, esa forma de gobernar atrabiliaria la tenemos a la vuelta de la esquina y con demasiada frecuencia se viene tolerando, quizás, porque es más fácil ponerse de perfil ante una injustica, que, equivocadamente, se suele considerar menor.

Si en un Ayuntamiento se viola día a día el principio de legalidad y se bendice después con una votación a favor por mayoría absoluta, parece que todo es legal y que no pasa nada porque se adopten acuerdos fuera de la ley, sobre todo, cuando solo existe un secretario/a accidental irregular por llevar demasiados años en ese puesto.

La realidad es perversa, pues no hay nada peor que permitir que la carcoma de la injusticia se introduzca en los niveles más bajos de nuestra administración.

Cuando un Alcalde abusa de su poder con el pretexto de que tiene mayoría absoluta, con las debidas proporciones, es lo mismo que está haciendo el Presidente Trump y/o el Presidente Putín, que no es otra cosa que bendecir la injusticia y el sometimiento de la libertad por el uso de la fuerza.

Por otro lado, observo, que los jueces y tribunales en algunos-muchos casos pasan por encima de la ley aplicable considerando que estos casos menores no merecen enfocarlos en la dirección del valor justicia, de forma, que se consolida el abuso ilegal, pues es difícil, costoso y arriesgado para el ciudadano de a pie hacer frente a una injusticia, que viene validada por el marchamo de un acuerdo por mayoría absoluta.

En estos desgraciados casos, solo queda acudir a la vía penal judicial con todas la pegas que ese movimiento de defensa tiene para el particular que ejercita su derecho de defensa por ese camino, que es el único que le han dejado seguir.

Afortunadamente, hay casos y jueces/as que deciden con grave riesgo para sus personas hacer frente a la injustica y abren diligencias penales de investigación, que como se está demostrando en España es casi una temeridad para el órgano judicial competente, ya que, lo primero que hacen esos políticos autoritarios bajo la tutela de sus mayorías absolutas es cargar con el Juez/Jueza que se ha atrevido a contradecir su proceder autoritario y conta ley, acusándoles de estar equivocados, de no conocer la ley, de aplicarle por ideología política y todas las demás barbaridades que se están viendo en el día a día en España.

La única razón que lanzan contra todos los que no están de acuerdo es que ellos son el pueblo y están por encima de la ley, todo ello, adobado por bulos personales, políticos y sociales contra todos los que se atreven a discrepar.

En estos días de inseguridad jurídica conviene realizar una defensa del respeto a la ley en todos los niveles del poder político, algo esencial en cualquier estado social y democrático de derecho, como es el nuestro según la C. E.

Sin respeto a la Ley no existe el estado de derecho, pero es lo cierto, que ese deber de respeto es exigible al máximo, cuando se trata de poderes públicos de menor nivel (véase Ayuntamientos), ya que, mientras los ciudadanos tienen un deber general negativo de abstenerse de cualquier actuación que vulnere el cumplimiento de la Ley, los titulares de los poderes públicos tienen, además, un deber general positivo de realizar sus funciones de acuerdo con la Ley.

** La Constitución Española establece lo siguiente:

<< – Artículo 9: 1.  Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 3.  La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

* Artículo 10: 1.  …   …, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.>>

Además, en España la justicia se apoya en el respeto a la ley, como fundamento del orden político y de la paz social, para avalar la obligación de respetar el ordenamiento jurídico.

En España se están produciendo a diario dislates tremendos de falta de respeto a la Ley en los niveles inferiores del poder público, así que señalaré un supuesto claro de falta de respeto a la ley, que es un ejemplo de perversión de la ley, pero que es como el lago de los muertos o piélago, que lo inunda todo en algunos municipios, así:

 * Abuso en algunos muchos municipios gobernados por mayorías absolutas, donde solo se hace lo que dice el partido que gobierna por mayoría absoluta con razón o sin ella, con la ley o contra ella.

(Nota: Los particulares avasallados por la mayoría absoluta está muy claro, que son necios, gilipo…, y unos irresponsables absolutos, porque ellos son el poder legítimo del pueblo).

A pesar de todo, siempre queda un halo de esperanza y algunas cosas están más claras:

.- España se desangra por un uso abusivo de mayorías absolutas con unos poderes públicos dominantes y sus dirigentes que juegan a la ruleta rusa con los españoles, de manera, que ellos a lo suyo y vale todo, aunque, pronto habrá elecciones y ya todos sabemos lo que hay.

2º.- Solo queda creer en la justicia y en la división de poderes, esperando que los jueces, apliquen la Ley sin condicionamientos ideológicos, y, siempre en favor del pueblo dónde reside la soberanía, y, del que nace, crece y se sostiene la justicia en las democracias constitucionales.

N. B.   La mayorías absolutas sin respeto a la Ley ni respeto a las minorías violan los derechos fundamentales de los ciudadanos, cualquiera que sea su nivel, pero cuando el abuso de las mayorías se hunde al nivel más bajo como son los ayuntamientos, lo que está en peligro es la libertad de las personas que viven en esos municipios dominados por unos gobernantes mayoritarios, que se creen por encima del bien y del mal y, además, impunes.

**Sin respeto a la Ley por todos y, especialmente, por los poderes públicos no existe el Estado de Derecho Constitucional.

**Sin ejemplaridad de los poderes públicos en el cumplimiento de la ley, es una ofensa a los españoles, que se les pida su cumplimiento.

Sin embargo, lo peor es, que actúan así contra la ley algunos muchos, quizás demasiados, porque se sienten impunes, de forma, que les da igual, aunque puede ser cierto, que los culpables son los ciudadanos por su mala memoria.

No se puede poner en duda, que las cosas están muy claras, luego que nadie se queje.

Córdoba, a 3 de marzo de 2025

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.