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Recuperación – seguridad jurídica (confianza – igualdad – legalidad = libertad)

Dejando a un lado otras cuestiones políticas, económicas y sociales, como pueden ser:-la recepción y distribución justa de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia U. E.-, -los desequilibrios entre CC. AA.-, -la división de poderes del Estado-, -la independencia efectiva del poder judicial-, y, otros asuntos de enorme interés para los españoles; sin duda, la recuperación económica y social exige un ordenamiento jurídico estable y trasparente, que proteja a las empresas, inversores y ciudadanos contra cualquier despropósito legal o desafuero del poder político.

La ruptura de la seguridad jurídica origina incertidumbre y promueve inestabilidad. Sin embargo, no hay que confundirse, ya que, existen una serie de principios que nunca se deben superar buscando seguridad, porque cualquier sociedad que renuncie a una libertad esencial para ganar un poco de seguridad, no merece ni libertad ni seguridad -B. Franklin-.

En España la seguridad jurídica debe partir de la C. E., que en su artículo 9.3 garantiza la misma, significando la unión de certeza y legalidad, jerarquía normativa, irretroactividad de lo no favorable e interdicción de la arbitrariedad, sumando equilibradamente todos estos principios.

La superioridad de la seguridad jurídica es la base de nuestro Estado de Derecho, alcanzando a todos los poderes del Estado, incluido el poder legislativo, lo que implica, si o si, que, -el legislador debe perseguir la claridad, debe procurar que todos los ciudadanos sepan sin error, que ley es aplicable, y, debe eliminar cualquier posible embrollo y/o ambigüedad en las leyes.

Dicho lo anterior, es evidente, que ninguna recuperación será posible sin que exista seguridad jurídica, que confiera confianza a los españoles y a todas aquellas personas físicas o jurídicas que quieran intervenir o instalarse en España.

Desgraciadamente en España, actualmente, reinan la desconfianza y la incertidumbre provocadas por la falta de seguridad jurídica, hecho que se está extendiendo como una mancha siniestra por el interior del País, y, por la esfera exterior, sin barreras de contención de tipo alguno. (Lo que está ocurriendo ahora en Europa con España y su justicia, es un ejemplo claro de lo que no debe ser)

Las políticas del Gobierno de España son el paradigma de la incertidumbre jurídica y de la inestabilidad normativa, de manera, que, si se quiere una recuperación social y económica sostenida, lo primero debe ser restaurar la seguridad jurídica, erradicando la arbitrariedad y la inestabilidad de la ley, sin olvidar, que hay que eliminar cualquier acto de los poderes públicos, que suponga una falta del respeto a la ley,

Si los poderes públicos no cumplen la Ley, empezando por el Gobierno de la Nación, de forma, que –se ataca al poder judicial-, –se legisla a golpe de R. D. L.-, –se hacen normas de hoy para mañana- (véase el asunto de las mascarillas), –se adoptan resoluciones contra ley y contra el poder judicial- (como los R. D. sobre los indultos a los independentistas catalanes, basados en una utilidad pública unilateral casi incomprensible); es evidente, que la desconfianza nacida de la incertidumbre derivada de una inseguridad jurídica manifiesta, se expandirá como una plaga maligna por el interior y por el exterior de España, llevándonos a una situación límite, que impedirá una recuperación acertada.

Es un hecho cierto, que en España los inversores -propios o ajenos- asisten: *a un estruendo político con elevación exponencial, *a unas noticias de cambios normativos inexplicadas, *a variaciones impositivas inconcretas pero ciertas, *a desequilibrios fiscales por territorios, *etc., y, sin duda, lo último que quiere un inversor o una empresa son sorpresas e inseguridades normativas, ya que, su planificación no es política sino económica; lo último para todos ellos, por ejemplo, es una sorpresa fiscal o una reforma laboral a la contra.

Sin seguridad jurídica no será posible una recuperación sostenida y viable en España.

N.B.  La seguridad jurídica genera confianza, que es la base de cualquier recuperación en libertad y armonía dentro de la Ley, que debe ser respetada por todos, especialmente, por los poderes públicos.

Todos los españoles queremos mayor libertad e independencia, pero para todos igual como dice la C. E. en su art. 14, porque, lo que es inadmisible, es que un andaluz tenga menos derechos y libertades que un catalán, por el simple hecho del uso de la fuerza contra la ley, de manera, que, si ese argumento perverso funciona a favor de los que infringen la norma de todos, el desajuste acabará en desastre.

La arbitrariedad en el ejercicio del poder es lo contrario al estado de derecho en una democracia plena, ya que, en ella solo cabe exigir el cumplimiento de la Ley.

Cuando el poder gobernante viola el principio de legalidad, la seguridad jurídica desaparece, y, se producen efectos malévolos en nuestras libertades fundamentales, de forma, que el orden político y la paz social consagrados en la C. E. de deshacen.

Córdoba, a 25 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Varas y embudos (ley – engaños – ancho, por un lado – doble por otro)

La doble vara de medir y la ley del embudo es lo mismo, consiste en aplicar a los que no están de acuerdo contigo tu verdad o tu mentira, según te convenga en cada caso.

En España la vara de medir en el respeto a la Ley, que es la base de la democracia y de estado de derecho, ha pasado a mejor vida, pues, por lo que se ve diario la ley solo se aplica en una dirección, a la vez, que nuestro tribunal Constitucional dormido y en espera, inane en su inutilidad.

En Alemania, por ejemplo, unos ciudadanos interesados plantean a su órgano Constitucional un asunto, como el de los Fondos de la U. E. y la legitimidad del endeudamiento de Alemania para conseguir esos fondos Europa y, curiosamente, en escasos meses el asunto esta resuelto y desbloqueada la paralización de los fondos.

En España ahora el Tribunal Constitucional empieza a discutir, si el primer estado de alarma en su contenido excesivo vulneró derechos fundamentales de los españoles, sobrepasando el contenido constitucional previsto para esta medida legal.

Diga lo que diga el T. C., una vez terminado el estado de alarma, no servirá para nada, salvo para demostrar, que deberían haber dimitido por inacción legal todos sus miembros hundidos en el -stand by-.

La Ley constitucional se ha vulnerado a la vista de todos los españoles, pero lógicamente no pasa nada, pues hay una -doble vara de medir-; es decir, se aplica con impunidad absoluta la ley del embudo, y, además, no pasa nada, porque la inseguridad jurídica, la arbitrariedad y la falta de respeto a la ley de los poderes públicos forma ya parte de nuestra vida diaria, reinando la incertidumbre, la desconfianza de los ciudadanos y la desesperanza.

Ahora nos abruman con los indultos como único tema posible de discusión, con varas de medir embudadas, pero, de verdad alguien cree, ¿que en España alguien respeta la ley?, o por en contrario, ¿se actúa por todos los poderes públicos a la contra con doble vara de medir y aplicando siempre la norma del embudo?

Los indultos no son sino la culminación de una serie de despropósitos legales, llevados a cabo por poderes públicos una y otra vez desde hace tiempo, al amparo de silencios de casi todos, donde participa el resto de los poderes del Estado -legislativo y judicial-, ya que, ninguno de ellos se ha preocupado de otra cosa, que no sean ellos mismos.

A pesar de ello, los ciudadanos han sido y son compelidos al cumplimiento de la ley estricto y severo bajo pena de los mayores males para ellos, de forma, que, por citar algunos casos de -doble vara de medir, claramente embudada hasta extremos increíbles-, señalaré algunos: *La policía parece que solo tiene una vara de medir contra los ciudadanos, de la que están excluidos los políticos, que solo aplican la vara de la falta de ejemplaridad y autenticidad, bajo el lema perverso –del tu más-; *los jueces y tribunales se parapetan de los ciudadanos con miles de obstáculos formales aplicados al límite, que impiden a los españoles pasar una barrera cortante de inadmisiones por variados motivos, como los llamados interés casacional o constitucional; *las Instituciones del Estado están tomadas al asalto, como por ejemplo, la Fiscalía General (pues eso), la Abogacía del Estado, la CNMV, las grandes Empresas públicas, y, así, un larguísimo etc. interminable.

Ante la evidencia, los españoles, como se ha visto en Madrid, solo piden que los dejen votar en unas elecciones libres cuanto antes mejor, aunque una cosa debe quedar clara, que los denostados por los indultos y otras muchas distorsiones legales, no engañan a nadie, que no se haya querido dejar engañar.

El Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en la Constitución de 1978, que pretenden demoler unos pocos muchos, instituyó una división de poderes y una democracia plena, de forma, que ahora, solo falta que funcione esa división de poderes, aunque debe aceptarse por todos, que la libertad y el resto de nuestros derechos fundamentales no se defienden solos, sino que hay que luchar para defenderlos, ya que, eliminar la libertad, como se ha podido comprobar en estos dos años desgraciados para el respeto a la ley, es relativamente fácil, desde un poder público ejercido autoritariamente, bajo el paraguas fraudulento de un estado de alarma inconstitucional, y, un T. Constitucional en el mundo de los sueños y desactivado.

Si no se respeta la legalidad (arts. 9 y 10 C. E.) por todos, y, se sigue aplicando la ley de la doble vara de medir, la posible solución aparece muy lejana, ya que, solo por poner un ejemplo:

¿Existe respeto real a las minorías por los poderes públicos?, como decía un personaje ilustre –pues eso-.

Frente a la falta de respeto a la legalidad por los poderes públicos (todos sin exclusión), los particulares afectados por normas contra ley, solo les queda asistir mudos al desaguisado legal, ya que, según interpretan el T. Constitucional y el T. Supremo los ciudadanos nunca están legitimados para solicitarles amparo; de manera, que así nos va, aunque desde luego ellos los primeros, si visualizamos y comprobamos lo que está pasando en Europa con España, que sin duda, la concesión de los indultos de corazón y concordia ha terminado de arruinar.

El principio de igualdad de los españoles del art. 14 y el respeto a la Ley por todos del art. 10 de la C. E. han quedado eliminados en agua de borrajas, siendo lo peor, que, destruida la confianza interior y exterior en el estado de derecho, solo queda incertidumbre, inseguridad jurídica y desigualdad para todos, incluso para los autores del dislate legal.

Recuperar la reputación, dentro y fuera de España, en nuestro Estado de Derecho, en la división de poderes y en el respeto a la ley por todos los poderes públicos, sin duda, va a ser una tarea continuada de muchos años y harto difícil.

A partir de ahora la colaboración de Europa con la Justicia española será algo casi imposible. El Consejo de Europa ya ha advertido, que en España no se garantizan los derechos fundamentales y que se han dictado resoluciones injustas, no garantistas y contrarias a la ley.

¿Cómo va Europa creer en el Poder Judicial de España, si el Gobierno dice que los indultos existen para equilibrar a ese poder del Estado?

N.B.  Las varas de doble medida y las leyes del embudo significan siempre engaño a los ciudadanos, pues conllevan desigualdad e injusticia.

Contra la arbitrariedad y las resoluciones contra ley de los poderes públicos, solo cabe exigir el cumplimiento de la Ley, dejando claro, también, que ningún responsable debe quedar impune.

Las resoluciones injustas que violan el principio de legalidad,  vulneran la Constitución, produciendo efectos perversos en nuestras libertades fundamentales, pues el respeto a la ley por todos es el fundamento del orden político y de la paz social, según consagra el art. 10 de la C. E.

Córdoba, a 23 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Contratos temporales – trabajadores indefinidos – fijos discontinuos (realidad y ficción legal)

Preguntan algunos lectores, como siempre, por el paro, aunque ahora ha aparecido un asunto nuevo en sus preguntas, que reside en la existencia o no, en la necesidad o no, de los contratos temporales en cualquiera de sus formas en el mercado de trabajo en España.

El tema planteado exige aclarar algunas cuestiones previas, que determinaran la conveniencia o no de la contratación temporal en nuestro tejido productivo, así que, señalaré algunas de esas demandas, que se quiera reconocer o no, están en la calle y en todos los círculos donde se habla de la realidad del mercado de trabajo, así, que con ánimo abierto vamos a ello:

a). – La ley que regule el tema, tiene que ser flexible y aplicable a la realidad, de forma, que, si no es así, la norma resultará inservible para sus propios fines, ya que, se percibe claramente como inaplicable. Ejemplo de lo que no puede ser, por ser imposible, son las leyes aprobadas y publicadas sobre el Teletrabajo y los Riders, que se quiera admitir o negar por el Ministerio de Trabajo y por el Gobierno, no están fructificando en resultados positivos.

b). – El desempleo existente en España que sobrepasa negativamente toda estimación, imposibilita que se adopten normas, que de cualquier forma conlleven un aumento del mismo y/o impidan su reducción y la creación de empleo, máxime, en colectivos victimizados por el paro, como jóvenes, mujeres, mayores de 50 años y trabajadores de baja cualificación y/o incapacitados, por no hablar de los inactivos llamados incapacitados permanentes sociales, que están fuera del mercado de trabajo.

c). – Las medidas que afecten al mercado laboral, deben ser de desarrollo sostenido progresivo por sectores productivos y consensuadas, ya que, toda medida radical unilateral, como puede ser la declaración por ley de la nulidad de los despidos en la mayoría de los contratos temporales (como los llamados de obra o servicio determinado), llevará al fracaso de la norma en algunos sectores, como pueden ser construcción, hostelería, agricultura, etc., que destacan por la especialidad y modalidad de sus tiempos productivos muy aleatorios.

Por no hablar de la extremada litigiosidad, a la que una regulación inflexible y alejada de la realidad dará lugar, colapsando los juzgados de lo social, ya de por si muy agobiados de trabajo, dejando claro, que la coyuntura económica actual impide más medios personales y materiales para esos órganos judiciales.

Solo apuntar una causa, que reside en que si el despido es nulo por ley (cosa discutible pues será inconstitucional y la ley resultará de improbable aplicación), el trabajador despedido se irá a los Juzgados a reclamar, no solo el despido, sino, también, por los salarios de tramitación, lo que implica multitud de demandas en los juzgados de lo social y gastos públicos y privados de todo tipo, aunque como se ha dicho la norma resultará inaplicable, se mire como se mire.

d). – Toda norma que pretenda reformar el mercado laboral, necesita, con carácter imprescindible, un plan adecuado a la estructura real del tejido productivo, y, además, una dotación económica adjunta al mismo, que posibilite su realización concreta y verdadera; ya que, sin poder ejecutar con medios materiales y personales el plan, toda la propaganda fantasiosa quedará sin remedio en el mundo de los sueños, adueñándose, sin remedio, de todo una pretendida facultad ilusionante de los sentidos, alejada de la solución práctica del problema.

*** Es indiscutible, que los contratos temporales por si mismos no son un mal, lo descartable es su falta de regulación justa en todos los sentidos, así que, no puede ser, que un trabajador temporal tenga una retribución inferior, ni que carezca de formación e información en materia de prevención de riesgos laborales, ni que el tiempo de preaviso en la terminación de su contrato sea insuficiente según el sector en el que presta servicios, ni que su indemnización sea inferior proporcionalmente a un trabajador fijo, en definitiva, que sus condiciones de trabajo sean inferiores a un trabajador indefinido por el hecho de ser temporal.

A la vez, es posible, arbitrar medidas de equidad que posibiliten que el productor temporal, al mismo tiempo que trabaja, vaya mejorando su cualificación profesional, de manera, que, reciclándose de forma permanente, nunca sea un activo laboral que constituya un lastre para sí mismo y para la sociedad a la que pertenece.

Las nuevas realidades del mercado de trabajo exigen una renovada cualificación de los trabajadores permanente, lo que no impide que el productor supere su propia cualificación, accediendo a otra superior, que le posibilitaría alcanzar un puesto de trabajo de nueva creación derivado de los avances tecnológicos.

Por otro lado, el mercado de trabajo y todas sus realidades no pueden estar dominados por ideologías extremas, que solo miran en una dirección, incapaces de pensar en otras posibilidades, diferentes a las suyas, lo que impide reformar el tejido productivo en sus medios personales y materiales.

Por poner un ejemplo: La robotización de los medios productivos y los avances digitales, no se pueden contemplar como una posibilidad de destruir puestos de trabajo, sino, como una oportunidad, de crear otros empleos más productivos y de mejor calidad en todos los sentidos, que conllevarán retribuciones superiores y condiciones de trabajo mejores, en -descansos-, -vacaciones-, -formación-, -conciliación de la vida laboral y familiar-, y, -alcanzar una absoluta igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres-, pues, ya no será la fuerza el factor determinante del trabajo, sino la capacidad personal de adaptación a la nueva realidad laboral, la cualificación renovada de forma permanente, la habilidad y el resto de facultades individuales, que no descansan estrictamente en la fuerza física.

Es cierto, que se puede ir en la dirección opuesta, aunque la realidad histórica demuestra, que los sistemas cerrados, que solo admiten su propia ideología excluyente, están abocados al fracaso y a la pobreza, mientras los sistemas abiertos, que no excluyen a nadie, progresan y permiten crear empleo de todas clases, publico y privado, permitiendo a las personas realizarse según sus capacidades y su esfuerzo.

Me dirán, que siempre quedarán atrás algunas personas, pero eso, simplemente, aunque es verdad, siempre alcanzará a una minoría, que se puede proteger por cualquier estado próspero y creador de riqueza, creando servicios sociales suficientes en cantidad y calidad que cubrirán esas necesidades.

Lo que no es verdad, lo diga quien lo diga, es que solo desde lo público, aplicando ideas colectivistas excluyentes a base de un mamporrazo legal, no se podrá crear el empleo suficiente para absorber todo el paro existente, garantizar las pensiones y asegurar a las nuevas generaciones empleos dignos, idóneos y bastantes.

Así mismo, si resulta verdadera la prohibición normativa de contratos temporales y se lleva a la práctica tamaño despropósito, las empresas, especialmente las pymes, se van a encontrar en situación límite, ya que, además de no poder contratar, tampoco podrán despedir, siendo los despidos nulos si se hacen, lo que dicho mal y pronto, será un desastre para el empleo, suponiendo un aumento de paro de proporciones insospechadas y perversas.

También entiendo, que se estará cometiendo por ley en algunos casos un fraude, acudiendo a la contratación a través de la figura de fijos discontinuos, ya que, se convertirán trabajadores temporales en falsos indefinidos, además, de otras consideraciones negativas, que se acentúan en sectores como la agricultura, la hostelería o la construcción, donde es una realidad, que existen trabajando extranjeros, que serán fijos discontinuos y a los que habrá que llamar por el orden establecido, vamos un dislate irresponsable.

N.B. Contraponer desde la unilateralidad contratos temporales y trabajadores indefinidos, distinguiendo así, sin ninguna aclaración, entre lo malo y lo bueno (-entre lo que no se quiere reconocer que existe y lo que solo se quiere regular por ley extrema-), supone defender una ensoñación, ya que, los sueños, sueños, son, y, de ninguna manera, será aplicable en la realidad diaria una ley restrictiva de derechos y libertades.

En una democracia regida por los principios de igualdad y libertad, no se debe relegar a nadie, dejando fuera de lugar a un grupo de personas o colectivos, que piensan de forma diferente, sobre todo, cuando ni siquiera se tienen en cuenta sus opiniones ni sus ideas, porque son contrarias a una ideología dominante de carácter excluyente.

Lo que hay que conseguir, es arbitrar una norma, que permita igualar en sus condiciones de trabajo a productores temporales e indefinidos, cosa que se puede lograr con un sistema flexible de contratación, equitativo y justo, que respete la igualdad que proclama el art. 14 de la C. E., sin necesidad de aniquilar todo lo demás.

En este asunto de la temporalidad, es necesario, sin excusas ni pretextos, una actuación consensuada del Gobierno, de todos los poderes públicos y de la sociedad civil en defensa de un sistema abierto de contratación justa, lo contrario, sería abjurar de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en la Constitución Española de 1978.

Córdoba, a 13 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Respeto a la Ley – la trampa (la segunda vez es culpa de todos nosotros)

La C. E. de 1978 dice en sus arts. 9 y 10, que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico” y que “el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.

Ocurre, que desde hace tiempo parece, qué, en España, han desaparecido el respeto a la ley y el principio de legalidad por algunos poderes públicos, cuando, además, unos pocos partidos políticos y sus dirigentes quieren demoler la Constitución.

Puesto de relieve ese hecho, viene a colación la frase, de que “es prudente, no fiarse por entero de quienes nos han engañado una vez”, dicho popular que, en las actuales circunstancias, viene como anillo al dedo, a todo lo que está sucediendo en España.

El Gobierno del Presidente Sánchez utiliza la trampa del señuelo una y otra vez sin mesura, de manera, que podemos aplicar otra frase popular: “la primera vez que me engañes, será culpa tuya; la segunda vez, la culpa será mía”.

La falta de los que nos enredan no está en la trampa, sino en que acrecientan nuestra desconfianza en que nos volverán a engañar si los dejamos, aunque es evidente, que –se puede engañar a todo el mundo algún tiempo y se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo-, sin embargo, ellos persisten con sus señuelos envenenados, al estar convencidos de que somos necios o ineptos y, además, con mala memoria, aunque creo que se equivocan, al juzgar al pueblo como un conjunto bobalicón, indeciso y fácil de convencer.

Veamos una trampa de las muchas que poderes públicos prepotentes usan desde su superioridad moral autocomplaciente, así:

La Ministra de Sanidad Carolina Darias ha puesto el señuelo trampa, del acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud, que ha sido contestado con vehemencia por las CC. AA. de Madrid, Andalucía, Cataluña, Galicia, Murcia y País Vasco, mientras otras se han abstenido por ahora.

(Ver. Resolución de 4 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud sobre la declaración de actuaciones coordinadas frente a la
COVID-19 – -Boe. 05-06-21).

Habrá que ver, si el engaño funciona y todos se concentran en la trampa del Consejo Interterritorial de Salud (que no es cosa baladí), olvidando todo lo demás, como los indultos, Marruecos, impuestos por doquier, etc. etc., aunque da la impresión que no va a funcionar el señuelo engañoso de nuevo, pues el personal está más que harto de que le tomen el pelo.

La Ley 16/2003 establece, que los acuerdos del Consejo Interterritorial de Salud deben adoptarse -por consenso, lo que implica diálogo, acuerdo y respeto a ley; dicho de otra forma, que las CC. AA. saben lo que dice la ley y que ha faltado el consenso, así como, que se ha producido una invasión ilegal de sus competencias, todo adobado por una falta de respeto a la Ley tremenda y perversa, que socaba nuestra Carta Magna.

Así mismo, el Tribunal Supremo ha determinado, que las leyes sanitarias vigentes no permiten a las comunidades anular derechos y libertades fundamentales de nuestro Estado de Derecho, ni limitar, por ejemplo, las reuniones de la población con el pretexto de controlar la pandemia, prohibiendo confinamientos nocturnos y la limitación de personas en reuniones sociales.

Sencillamente, Constitución dice claramente que las CC. AA. no pueden imponer vulneración de derechos fundamentales a los españoles, pero, tampoco, lo puede hacer el Gobierno, como pretende hacer, con la trampa del Consejo Interterritorial de Salud, pues, afortunadamente, ya no estamos en el inconstitucional estado alarmante de duración excesiva, que los españoles hemos padecido con todas sus consecuencias malignas.  

Se ve, que esta vez, el señuelo engañoso, trasmutado en trampa troyana, no va a funcionar, ya que, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dicho que no aplicará las medidas restrictivas para la hostelería, pero, también, el lehendakari, Iñigo Urkullu, cree que el Gobierno central -ha roto la lealtad y las normas-. En estas circunstancias, donde domina la arbitrariedad y la sinrazón, las declaraciones de la ministra de Sanidad, Carolina Darias sobre que los acuerdos aprobados en el Consejo Interterritorial son de -obligado cumplimiento-, reiterando, desde su superioridad moral inasumible por cualquier persona prudente, que las restricciones -si no cumplen, el Gobierno hará que cumplan-, se asemejan mucho a un brindis al sol.

Porque, sin duda, el Gobierno de D. Pedro Sánchez ha entrado en competencias que son de las CC. AA. sin acuerdo, y, por otro lado, ha decidido romper por su cuenta la ley acordada, encontrándose con el rechazo contundente de las mismas.

En resumen, se suele decir con razón, que la injusticia mayor es la justicia aparente-, porque se incurre en fraude de ley y en una -simple fachada de legalidad- contra el espíritu de la ley, y, en esas condiciones ninguna ley ni ningún acuerdo se podrá aplicar, lo diga Agamenón o su porquero.

A pesar de todo, la trampa está puesta para que todos se entren en ella, olvidando lo obvio, que es lo verdaderamente crucial para todos los españoles, cuando, además, el acuerdo engañoso no sirve a los españoles, porque hay otros asuntos que nos tienen preocupados en grado sumo, como pueden ser, la destrucción de la unidad de España, la demolición de la Constitución de 1978 y/o la perdida de las libertades.

Visto lo expuesto, es evidente, que por algún sitio habrá que empezar, y, salvo otras posibles propuestas, presento el cumplimiento de todos, poderes públicos y ciudadanos, del “respeto a la ley” dentro del mayor grado de consenso, que posibilite la concordia y la confluencia política en el bien común de la sociedad española.

N.B.  El respeto a la Ley por todos, eliminando las trampas engañosas deliberadas, es la única forma clara de empezar a trabajar por la recuperación de España en democracia plena.

Si el poder público y sus representantes se separan de la ley, permitiendo actuaciones fraudulentas a través de señuelos tramposos, con la finalidad de crear una apariencia de legalidad asaltando nuestra democracia, los principios que sostienen el Estado de Derecho desaparecerán y con ellos nuestros derechos y libertades fundamentales.

Córdoba, a 5 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Control de la Administración II – empleados públicos – faltas y sanciones (democracia = legalidad)

El control de la actuación legal de la Administración (interno y externo) es algo imprescindible, que no se puede dejar de llevar a cabo en ningún momento, de forma constante y eficaz sin excusa ni pretexto, pues no va en ello nuestros derechos y libertades fundamentales constitucionales.

La Constitución regula las normas y principios por los que se erige España como un Estado Social y Democrático de Derecho, y, nadie puede actuar al margen de los límites constitucionales, máxime, cuando se trata de poderes públicos, como puede ser la Administración y sus autoridades y empleados.

La C. E. impide el uso arbitrario y personal del Ordenamiento Jurídico y obliga a respetar el principio de legalidad.

Ignorar la ley aplicándola torticeramente a sabiendas y conscientemente, basada solo en la voluntad del empleado público responsable de cualquier resolución, encausándola, a mayor inri, en la Constitución o/y en cualquier norma legal, no puede ser un error o un desencuentro fortuito, sino que es una burla descarnada a todos los españoles, que queremos, que el Texto Constitucional y el resto del ordenamiento jurídico en España se respeten, ya que, no hay democracia sin respeto a la ley.

Se debe acudir al texto de la Constitución, porque hay que sancionar a los empleados públicos, que burlan la ley, y, anteponen su voluntad y su interés personal a la letra y espíritu de la misma, así:

** Artículo 1: 1. “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Dejando claro en su nº. 2., que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.

**Artículos 9 y 10: “La Constitución garantiza el principio de legalidad y el respeto a la ley”.

Si todos los poderes públicos y todos los españoles han de respetar la Constitución, no parece admisible, que cualquier Administración a través de resoluciones injustas y contra ley (-dictadas a sabiendas por algunas de sus autoridades y/o empleados públicos-), lleve a cabo actos que supongan vulnerar la misma y el resto de las leyes, perjudicando y agraviando, además, a particulares afectados directamente y al resto de la sociedad española (al pueblo soberano).

Es reprobable constitucionalmente, permitir el incumplimiento de la Ley para hacer realidad la sola voluntad personal de un empleado público, que no solo no respeta los requisitos legales, sino que, además, los utiliza torticeramente de forma fraudulenta para conseguir su objetivo injusto –con plena conciencia y falta de equidad.

Si el hecho arbitrario contra ley de un empleado público se produce, la Administración, sin escusa ni pretexto alguno, debe proceder contra el empleado público responsable, a la vez, que debe restituir y compensar al ciudadano perjudicado de todos los daños y perjuicios derivados de la resolución injusta. Los jueces y tribunales de los distintos órdenes jurisdiccionales son la última opción, antes, de oficio, por actos arbitrarios e injustos de sus empleados públicos las administraciones deben actuar en cumplimiento del mandato constitucional del respeto a la ley y al principio de legalidad, restaurando la equidad y la justicia frente a resoluciones desviadas de poder.

En estos supuestos no cabe exoneración alguna, pues se vulneran la Constitución Española de principio a fin y el resto de nuestro ordenamiento jurídico, de forma, que solo es aceptable una solución, sancionar al empleado público arbitrario responsable, y, a la vez, compensar al particular agraviado en todos sus perjuicios, todo, además, de oficio por la propia Administración.

Aquí no cabe de ninguna forma admitir o permitir el refrán de que siempre hay un roto para un descosido, ya que, no se puede aceptar, que el empleado público con su actuación contra ley se sienta bien o de seguirle la corriente, sino de respetar, si o si, la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico vigente en España, si se quiere, que tenga existencia real nuestro Estado de Derecho, que se basa en el respeto al principio de legalidad.

En una democracia plena nacida de un Estado social y democrático de Derecho como la española, el respeto a la Ley es la esencia de sus libertades y derechos fundamentales, aunque es bien sabido, que en la realidad muchas veces, quizás, demasiadas, el respeto a la ley parece desaparecido, produciéndose distorsiones, que vulneran la Constitución y nuestro ordenamiento jurídico, de manera, que, hay que rechazar (queen uso arbitrario de un poder que se le ha delgado por el pueblo), empleados públicos se convierten en verdugos de sus propios ciudadanos (dejando a un lado el respeto a la ley), actuando arbitrariamente en su perjuicio.

Sin embargo, lo peor está, en el hecho de que algunas administraciones renuncian a su propio autocontrol (-con una dejación de funciones consciente o culposa-), que impide toda reacción positiva de dar solución a hechos injustos, cargando, además, sobre los ciudadanos su propia responsabilidad negligente o dolosa, ya que, se enrocan en su falta de objetividad y de justicia sin tomar ninguna medida sancionadora contra esos empleados públicos, que han actuado contra o fuera de la Constitución y de las leyes.

Insisto en que el control de la Administración, forma parte de la división de poderes de nuestro estado de derecho, de manera, que la democracia española exige e impone, la aplicación efectiva del principio de legalidad y el respeto a la ley por todos, especialmente, por los poderes públicos.

Lo expuesto es una realidad en algunas administraciones en España, pero que nadie crea, que a él no le afecta nuestra denuncia, porque la defensa de la libertad y de la ley es tarea de todos, no solo de los poderes públicos, de manera, que cada uno desde donde esté y desde donde pueda, tiene una obligación positiva de denunciar el incumplimiento de la ley por las administraciones y/o sus empleados, cuando vea resoluciones contra ley (injustas) dictadas arbitrariamente, sean las que sean.

Es cierto, que existe un temor latente en el ciudadano por las actuaciones posteriores de esas administraciones en caso de denuncia, porque algunos empleados públicos vindicativos puedan realizar actos de auto – venganza, convencidos de su poder y de su impunidad, pero, está claro, que si permitimos por temor esos actos ilegales, que vulneran la Constitución y nuestras leyes, los efectos serán nocivos para todos nosotros, ya que, se impondrá un silencio cautivo y la preeminencia impune de unos pocos empleados públicos, que abusan de su poder ilegítimamente con absoluto desprecio al pueblo, que los mantiene y de donde nace su poder usado de manera espuria.

Por cierto, dejando, además, a la gran mayoría de empleados públicos (que aplican la ley con justicia y al servicio del pueblo-),  a “los pies de los caballos”, pues, sin duda, los ciudadanos pueden creer (-cosa que es falsa-), que todos los funcionarios y empleados públicos son iguales en sus desafueros, cuando realmente es todo lo contrario, ya que, la inmensa mayoría de los empleados públicos reniegan de esa forma de actuar contra ley, siendo los primeros en rechazar comportamientos arbitrarios, injustos y contrarios a la Constitución y al resto de nuestras leyes y siendo seguramente los más perjudicados.

Esos funcionarios o empleados públicos arbitrarios deben ser sancionados y apartados del servicio público, ya que, nos va en ello la libertad y todos nuestros derechos constitucionales

(La Ley del Estatuto Básico del Empleado Público -Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre- en su art. 95 y cc. regula y sanciona esas conductas).

N.B.  El control de la Administración forma parte de la división de poderes, de manera, que, el hecho de dictar a sabiendas por autoridad, funcionario o empleado público una resolución injusta contra ley, solo por su propia voluntad que impone arbitrariamente, no puede quedar impune y al margen de la ley para la propia Administración.

En estos casos, se impone una actuación de oficio inmediata de la propia Administración en defensa del particular afectado y del bien común;

Si la Administración se separa de la ley, permitiendo resoluciones de sus empleados públicos arbitrarias, –dictadas a sabiendas- y, no se adoptan sanciones inmediatas contra ellos, restaurando, además, los perjuicios causados, se estará asaltando nuestra democracia, admitiéndose actos contra ley e intereses espurios nacidos de la injusticia, que destruyen nuestras libertades y derechos fundamentales.

Córdoba, a 3 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.