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Inconstitucionalidad del art. 848 de la L. E Crim. – Autos de sobreseimiento libre del Juzgado de Instrucción (Denuncia del exceso de poder legal del Juez Instructor)

Casi a diario ocurre, que un Juez de Instrucción dicta un Auto de sobreseimiento libre al considerar que los hechos no son constitutivos de delito y la causa penal termina sin posibilidad de recurso alguno.

La casación es, difícilmente, planteable, ya que, el art. 848 de la L. de E. Crim. dice literalmente:

“Podrán ser recurridos en casación únicamente por infracción de ley, los autos para los que la ley autorice dicho recurso de modo expreso y los autos definitivos dictados en primera instancia y en apelación por las Audiencias Provinciales o por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuando supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre y la causa se haya dirigido contra el encausado mediante una resolución judicial que suponga una imputación fundada“.

*El R. de Queja intentado ante el T. S. naufragará por Ley.

*El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, ratificado por España en 1977, es una norma supranacional, que no se puede obviar.

Por otro lado, se puede decir lo que quiera, pero el Auto de Sobreseimiento Libre confirmado en apelación (con más o menos razón) es la prueba fehaciente de un poder que se puede considerar omnímodo e inexpugnable, cuando se fundamenta en la falta de imputación fundada.

Es cierto, que las Audiencias Provinciales, a veces, aunque pocas, revocan el auto de sobreseimiento libre ordenando seguir el procedimiento o la apertura del juicio oral.

También es cierto, que las revocaciones de esos autos son infrecuentes, máxime, cuando se utilizan por el Juez de Instrucción todos los lugares comunes inhabilitantes para cualquier defensa, como pueden ser, *la apelación al principio de la intervención mínima del derecho penal, *la aplicación desmesurada del principio de presunción del inocencia basada en la intervención directa del Juez Instructor en las diligencias de investigación, sobre todo, las de carácter personal o pericial, sin excluir documentales sujetas, si o si, a varias interpretaciones, que haberlas ahílas, solo por citar los escollos más comunes, aunque la relación en la práctica judicial puede ser inacabable.

Por lo dicho, no cabe duda, que el art. 848 de la L. E. Crim. reproducido puede ser inconstitucional y/o contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos por falta de un recurso “efectivo” aceptable y, sin duda, legítimo en estos casos.

{Incluso, la simple duda del Juzgador de Instrucción carente de un fundamente fáctico y/o jurídico suficiente no puede ser bastante, ya que, como ha dicho el T. S. en varias sentencias: “El Juzgado de Instrucción incumple su deber de explicitar las razones de lo decidido, porque al tratarse de un Auto de sobreseimiento y archivo, resulta imprescindible, un discurso justificativo en el que se precisen las razones fácticas y jurídicas que descartan la hipótesis de la pretensión penal de la parte”.

Dicho de otra forma, los jueces no disponen de una libertad sin reglas para descartar los hechos de la acusación. En resumen, el fallo del Auto recurrido no puede descansar exclusivamente en razonamientos jurídicos, que se basan  exclusivamente en la simple convicción personal del Juez Instructor sin otro fundamento probatorio que su voluntad, un valor basado en la arbitrariedad, incluso aunque se esté en fase de instrucción o investigación, teniendo por todo ello, el auto recurrido en apelación falta de motivación, vulnerando los arts. 9 (prohibición de la arbitrariedad), 24  y 120 (exigencia de motivación y tutela judicial efectiva) de la C. E.}

Especial importancia y significación tiene el asunto, cuando se trata de un ciudadano de a pie, que litiga contra una Administración Pública en la que se dictan por sus autoridades y funcionarios resoluciones posiblemente prevaricadoras, y, donde el Juez Instructor dicta auto de sobreseimiento libre sin más, al entender con más o menos razones (fácticas y/o jurídicas) o sin ninguna de ellas, basándose solo en su convicción personal, que no existen indicios de ilícito penal.

Es cierto, así mismo, que se puede acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional, aunque, dado su funcionamiento extremadamente lento y de criterios restrictivos, el ciudadano está en malísima posición para ejercitar una defensa eficaz.

CONCLUSIÓN:

Por todo lo expuesto, el artículo 848 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige una revisión legal acorde a nuestra Constitución y a nuestro Estado Social y de Derecho que la misma consagra, pues, se vea como se vea, es una norma restrictiva de derechos y libertades fundamentales del ciudadano español.

N.B. La posible inconstitucionalidad del art. 848 de la L. E. Crim., cuando se trata de Autos de sobreseimiento libre de los Juzgados de Instrucción no es algo sin importancia, ya que, evidencia la existencia de un exceso de poder legal del Juez Instructor.

Es un hecho patente y ocurre casi a diario, que un Juez de Instrucción dicta un Auto de sobreseimiento libre al considerar que los hechos no son constitutivos de delito y la causa penal termina sin posibilidad de recurso “efectivo” alguno.

La cuestión planteada no es menor, sino que tiene un componente esencial en la aplicación justa de la ley y de la confianza en la justicia, de manera, que el español que acude al poder judicial, debe tener siempre un derecho legítimo a disponer de un “recurso efectivo”, que siempre debería quedar en manos del Tribunal Supremo, ya que, aunque sea objeto de críticas de excesiva e injustificada dureza, lo cierto es, que en Él están los mejores jueces, aunque desgraciadamente por su numero cerrado no sean todos, y, para los ciudadanos particulares, españoles de a pie, sería una garantía inestimable, haciéndose realidad la eficacia suprema de la Constitución, que dice que los tres poderes del estado proceden del Pueblo.

Córdoba, a 20 de junio de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Plusvalía – buena noticia para los ciudadanos – II- (reclamaciones)

En unos días llueven las preguntas de los lectores sobre los efectos de la Sentencia sobre la Plusvalía del Tribunal Constitucional: ¿Qué se puede reclamar? ¿Hay que pagar la plusvalía municipal que han recibido? ¿En las liquidaciones pagadas se puede reclamar la devolución?,  ¿Hay que recurrir las liquidaciones recibidas? y, así, un larguísimo etc.

Como premisas básicas se debe señalar y destacar varias cosas:

A).- << El TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, en Pleno ha resuelto lo siguiente:

          PARTE DISPOSITIVA:

          “En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido: 

         Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4433-2020, promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Málaga y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1 segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en los términos previstos en el fundamento jurídico 6”.  

         La sentencia considera que son inconstitucionales y nulos los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales (RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), porque establece un método objetivo de determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que determina, que siempre haya existido aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición, con independencia de que haya existido ese incremento y de la cuantía real de ese incremento.

         El fallo declara la intangibilidad de las situaciones firmes existentes antes de la fecha de la aprobación de la sentencia. >>

B).- El Código Civil en su artículo 6. 3. dispone: Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención.

C).- Decía, entre otras cosas, en el anterior artículo:

1.- Esperaremos a leer la sentencia y sus votos particulares, que serán los que se aplicarán en una nueva Ley exprimidora, aunque ahora un poco de alegría para los ciudadanos de a pie, ya que, resulta perverso, que los poderes públicos hayan reaccionado todos a -la contra-, dejando claro, que tamaña injusticia debe ser reparada de inmediato, al quedar desamparados todos los Órganos Públicos, que han visto como el T. Constitucional  ha metido la mano en sus bolsillos, igual que ellos durante muchos años y, a veces, con crueldad han despojado a muchos ciudadanos de parte de sus bienes, siendo por su puesto las clases medias y bajas las más oprimidas por el ilegal impuesto de plusvalía.

2.- El gasto público según la Ley realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

3.- Ahora a los ciudadanos beneficiados por la nulidad de una Ley inconstitucional solo les queda disfrutar mientras puedan, ya que, sin la menor duda, todos los salvadores públicos elegidos por ellos en listas cerradas, se podrán rápidamente de acuerdo para poner en vigor una nueva Ley, que con toda seguridad supondrá una nueva requisa de los patrimonios de los españoles, pues no se puede consentir, que la crueldad de unos Magistrados del T. C. (no todos, gracias a los dioses) haya esquilmado a unos organismos públicos destacados por realizar -siempre- un gasto público de forma equitativa con eficacia y economía.

*** A la luz de todo lo dicho, es evidente, que los actos nulos de pleno derecho no pueden surtir efecto alguno, ya que, simplemente, no han tenido existencia nunca, razón por la que todos los actos inconstitucionales y nulos nunca han tenido existencia legal y, por ello, todos pueden ser reclamados:

**Las liquidaciones de plusvalías de los Ayuntamientos, se diga lo que se diga, son actos nulos de pleno derecho, de manera, que según dice el T. C. en su sentencia no pueden tener efecto alguno, razón por la que todas ellas sin exclusión pueden ser reclamadas ante los Órganos judiciales, que, sin la menor duda, deberán declararlas nulas de pleno, ordenando los mismos, en consecuencia, la nulidad de las liquidaciones de plusvalías municipales practicas no ingresadas por los ciudadanos, que se encuentren recurridas, y, la devolución de las cantidades ingresadas por ese impuesto inconstitucional y nulo.

** Así mismo, los Ayuntamientos de oficio deberían retirar todas las liquidaciones emitidas no abonadas y dejar de practicar liquidaciones de plusvalía.

** De igual modo, la prudencia aconseja recurrir todas las liquidaciones de plusvalía recibidas, así como, en el supuesto de existir cualquier trasmisión recoger en la escritura pública el fallo de la sentencia del T. C. que declara inconstitucionales y nulos los artículos citados y remitir escrito al respectivo Ayuntamiento sobre ese extremo.

** Las plusvalías ingresadas voluntariamente, por el supuesto contribuyente, podrían y deberían ser reclamadas por los ciudadanos, si lo estiman conveniente a sus intereses, quedando claro, que un acto nulo de pleno derecho y, por tanto, inexistente, no pude estar sometido a plazo alguno de prescripción o caducidad para su reclamación

N.B. Reitero, que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional y nulo el Impuesto de Plusvalía, así que, ahora los ciudadanos a disfrutar de una buena noticia, mientras puedan, pues ya se ha visto la reacción pública de todos los poderes elegidos por el pueblo, de manera, que nada de alegrías.

El principio de legalidad y el respeto a la Ley por todos los poderes públicos están consagrados en la C. E. en sus artículos 9 y 10, sin ninguna exclusión.

Los españoles ahora asistimos atónitos a las declaraciones del Gobierno, de los Partidos Políticos, de los representantes populares elegidos por el Pueblo soberano, que solo se plantean renacer el impuesto de plusvalía municipal de mil formas diferentes, cosa que no se rechaza, pero que debería estar acompañado por una reducción del gasto público innecesario, aprovechando la ocasión para devolver al futuro impuesto, que sin la menor duda se impondrá, sí o sí, la equidad y la justicia social proclamadas en la Constitución.

Si los poderes públicos no actúan con prudencia, los españoles seguiremos presos de la injusticia y de la inseguridad jurídica, derivadas del nulo respeto a la ley por los poderes públicos, que, sin duda, son los que administran en perjuicio de sus ciudadanos, como es el caso de las plusvalías municipales, el Estado Social y Democrático de Derecho, que establece la Constitución de 1978.

Córdoba, a 2 de noviembre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Falsedad, prevaricación y algo más (principio de legalidad y respeto a la Ley)

Hoy jueves, 30 de septiembre de 2021, leo en el Portal C.G.P.J – Poder Judicial –www.poderjudicial.es-, Noticias Judiciales, la Comunicación del Poder Judicial, que entre otras cosas dice lo siguiente:

[“Que el juez confirma al tribunal italiano que la euroorden contra Puigdemont está vigente y que no ha sido suspendida por el planteamiento de la cuestión prejudicial”.

El magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha remitido hoy un oficio al representante de España en Eurojust para que traslade al tribunal de apelación de Sassari (Italia), el auto en el que acordó la prisión provisional del expresidente de la Generalitat y con el que sustentó la euroorden emitida el 14 de octubre de 2019 contra él. 

Abogacía del Estado y la suspensión de la euroorden que nunca se adoptó

Añade el oficio que en el procedimiento ante el TGUE, según parece recogerse en la resolución, la Abogacía del Estado del Reino de España informó al Tribunal que estaban suspendidas las OED emitidas por este Instructor. Como se ha dicho, eso no es así. La decisión de suspender una medida cautelar que era ejecutiva desde el año 2019, es una decisión de este instructor (Recomendación 25) y nunca ha sido adoptada

Agrega el magistrado que esta situación no sería desconocida para la Abogacía del Estado, pues es parte en el procedimiento penal que se sigue ante el Tribunal Supremo de España. Como se ha dicho en el punto 5, nunca le ha sido notificada a la Abogacía del Estado una posible decisión de suspender las OEDs, como tampoco la Abogacía del Estado ha promovido que tal decisión se produzca

Considerando que el Tribunal Supremo no tiene intervención en el procedimiento ante el TGUE y que sí la tiene la Abogacía del Estado, pues el Reino de España es coadyuvante con el Parlamento europeo en ese proceso, el Juez hace referencia a la información facilitada por la Abogacía del Estado y explica a la autoridad judicial italiana que, «”se desajuste de información podría explicar la incorrección que sobre la vigencia de las OEDs aparece en una parte de la resolución del TGUE del pasado 30 de julio, al no haberse podido aportar para la resolución la información proveniente de la Autoridad Judicial a la que corresponde decidir sobre la subsistencia de las medidas cautelares”.]

*** Lo dicho exime de cualquier comentario, aunque solo plantear una pregunta:

¿Qué pasaría si cualquier abogado presenta un documento público en el Tribunal Supremo, al estilo del presentado por la Abogacía del Estado del Reino de España en procedimiento ante el TGUE?

N.B. Falsedad, prevaricación y algo más.

El principio de legalidad y respeto a la Ley por todos los poderes públicos y los ciudadanos son algo consagrado por la Constitución Española.

Aquí sobra cualquier comentario como se ha dicho, solo leer la Noticia Judicial comunicada por el Poder Judicial en su Portal.

Córdoba, a 30 de septiembre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Recuperación – seguridad jurídica (confianza – igualdad – legalidad = libertad)

Dejando a un lado otras cuestiones políticas, económicas y sociales, como pueden ser:-la recepción y distribución justa de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia U. E.-, -los desequilibrios entre CC. AA.-, -la división de poderes del Estado-, -la independencia efectiva del poder judicial-, y, otros asuntos de enorme interés para los españoles; sin duda, la recuperación económica y social exige un ordenamiento jurídico estable y trasparente, que proteja a las empresas, inversores y ciudadanos contra cualquier despropósito legal o desafuero del poder político.

La ruptura de la seguridad jurídica origina incertidumbre y promueve inestabilidad. Sin embargo, no hay que confundirse, ya que, existen una serie de principios que nunca se deben superar buscando seguridad, porque cualquier sociedad que renuncie a una libertad esencial para ganar un poco de seguridad, no merece ni libertad ni seguridad -B. Franklin-.

En España la seguridad jurídica debe partir de la C. E., que en su artículo 9.3 garantiza la misma, significando la unión de certeza y legalidad, jerarquía normativa, irretroactividad de lo no favorable e interdicción de la arbitrariedad, sumando equilibradamente todos estos principios.

La superioridad de la seguridad jurídica es la base de nuestro Estado de Derecho, alcanzando a todos los poderes del Estado, incluido el poder legislativo, lo que implica, si o si, que, -el legislador debe perseguir la claridad, debe procurar que todos los ciudadanos sepan sin error, que ley es aplicable, y, debe eliminar cualquier posible embrollo y/o ambigüedad en las leyes.

Dicho lo anterior, es evidente, que ninguna recuperación será posible sin que exista seguridad jurídica, que confiera confianza a los españoles y a todas aquellas personas físicas o jurídicas que quieran intervenir o instalarse en España.

Desgraciadamente en España, actualmente, reinan la desconfianza y la incertidumbre provocadas por la falta de seguridad jurídica, hecho que se está extendiendo como una mancha siniestra por el interior del País, y, por la esfera exterior, sin barreras de contención de tipo alguno. (Lo que está ocurriendo ahora en Europa con España y su justicia, es un ejemplo claro de lo que no debe ser)

Las políticas del Gobierno de España son el paradigma de la incertidumbre jurídica y de la inestabilidad normativa, de manera, que, si se quiere una recuperación social y económica sostenida, lo primero debe ser restaurar la seguridad jurídica, erradicando la arbitrariedad y la inestabilidad de la ley, sin olvidar, que hay que eliminar cualquier acto de los poderes públicos, que suponga una falta del respeto a la ley,

Si los poderes públicos no cumplen la Ley, empezando por el Gobierno de la Nación, de forma, que –se ataca al poder judicial-, –se legisla a golpe de R. D. L.-, –se hacen normas de hoy para mañana- (véase el asunto de las mascarillas), –se adoptan resoluciones contra ley y contra el poder judicial- (como los R. D. sobre los indultos a los independentistas catalanes, basados en una utilidad pública unilateral casi incomprensible); es evidente, que la desconfianza nacida de la incertidumbre derivada de una inseguridad jurídica manifiesta, se expandirá como una plaga maligna por el interior y por el exterior de España, llevándonos a una situación límite, que impedirá una recuperación acertada.

Es un hecho cierto, que en España los inversores -propios o ajenos- asisten: *a un estruendo político con elevación exponencial, *a unas noticias de cambios normativos inexplicadas, *a variaciones impositivas inconcretas pero ciertas, *a desequilibrios fiscales por territorios, *etc., y, sin duda, lo último que quiere un inversor o una empresa son sorpresas e inseguridades normativas, ya que, su planificación no es política sino económica; lo último para todos ellos, por ejemplo, es una sorpresa fiscal o una reforma laboral a la contra.

Sin seguridad jurídica no será posible una recuperación sostenida y viable en España.

N.B.  La seguridad jurídica genera confianza, que es la base de cualquier recuperación en libertad y armonía dentro de la Ley, que debe ser respetada por todos, especialmente, por los poderes públicos.

Todos los españoles queremos mayor libertad e independencia, pero para todos igual como dice la C. E. en su art. 14, porque, lo que es inadmisible, es que un andaluz tenga menos derechos y libertades que un catalán, por el simple hecho del uso de la fuerza contra la ley, de manera, que, si ese argumento perverso funciona a favor de los que infringen la norma de todos, el desajuste acabará en desastre.

La arbitrariedad en el ejercicio del poder es lo contrario al estado de derecho en una democracia plena, ya que, en ella solo cabe exigir el cumplimiento de la Ley.

Cuando el poder gobernante viola el principio de legalidad, la seguridad jurídica desaparece, y, se producen efectos malévolos en nuestras libertades fundamentales, de forma, que el orden político y la paz social consagrados en la C. E. de deshacen.

Córdoba, a 25 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Varas y embudos (ley – engaños – ancho, por un lado – doble por otro)

La doble vara de medir y la ley del embudo es lo mismo, consiste en aplicar a los que no están de acuerdo contigo tu verdad o tu mentira, según te convenga en cada caso.

En España la vara de medir en el respeto a la Ley, que es la base de la democracia y de estado de derecho, ha pasado a mejor vida, pues, por lo que se ve diario la ley solo se aplica en una dirección, a la vez, que nuestro tribunal Constitucional dormido y en espera, inane en su inutilidad.

En Alemania, por ejemplo, unos ciudadanos interesados plantean a su órgano Constitucional un asunto, como el de los Fondos de la U. E. y la legitimidad del endeudamiento de Alemania para conseguir esos fondos Europa y, curiosamente, en escasos meses el asunto esta resuelto y desbloqueada la paralización de los fondos.

En España ahora el Tribunal Constitucional empieza a discutir, si el primer estado de alarma en su contenido excesivo vulneró derechos fundamentales de los españoles, sobrepasando el contenido constitucional previsto para esta medida legal.

Diga lo que diga el T. C., una vez terminado el estado de alarma, no servirá para nada, salvo para demostrar, que deberían haber dimitido por inacción legal todos sus miembros hundidos en el -stand by-.

La Ley constitucional se ha vulnerado a la vista de todos los españoles, pero lógicamente no pasa nada, pues hay una -doble vara de medir-; es decir, se aplica con impunidad absoluta la ley del embudo, y, además, no pasa nada, porque la inseguridad jurídica, la arbitrariedad y la falta de respeto a la ley de los poderes públicos forma ya parte de nuestra vida diaria, reinando la incertidumbre, la desconfianza de los ciudadanos y la desesperanza.

Ahora nos abruman con los indultos como único tema posible de discusión, con varas de medir embudadas, pero, de verdad alguien cree, ¿que en España alguien respeta la ley?, o por en contrario, ¿se actúa por todos los poderes públicos a la contra con doble vara de medir y aplicando siempre la norma del embudo?

Los indultos no son sino la culminación de una serie de despropósitos legales, llevados a cabo por poderes públicos una y otra vez desde hace tiempo, al amparo de silencios de casi todos, donde participa el resto de los poderes del Estado -legislativo y judicial-, ya que, ninguno de ellos se ha preocupado de otra cosa, que no sean ellos mismos.

A pesar de ello, los ciudadanos han sido y son compelidos al cumplimiento de la ley estricto y severo bajo pena de los mayores males para ellos, de forma, que, por citar algunos casos de -doble vara de medir, claramente embudada hasta extremos increíbles-, señalaré algunos: *La policía parece que solo tiene una vara de medir contra los ciudadanos, de la que están excluidos los políticos, que solo aplican la vara de la falta de ejemplaridad y autenticidad, bajo el lema perverso –del tu más-; *los jueces y tribunales se parapetan de los ciudadanos con miles de obstáculos formales aplicados al límite, que impiden a los españoles pasar una barrera cortante de inadmisiones por variados motivos, como los llamados interés casacional o constitucional; *las Instituciones del Estado están tomadas al asalto, como por ejemplo, la Fiscalía General (pues eso), la Abogacía del Estado, la CNMV, las grandes Empresas públicas, y, así, un larguísimo etc. interminable.

Ante la evidencia, los españoles, como se ha visto en Madrid, solo piden que los dejen votar en unas elecciones libres cuanto antes mejor, aunque una cosa debe quedar clara, que los denostados por los indultos y otras muchas distorsiones legales, no engañan a nadie, que no se haya querido dejar engañar.

El Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en la Constitución de 1978, que pretenden demoler unos pocos muchos, instituyó una división de poderes y una democracia plena, de forma, que ahora, solo falta que funcione esa división de poderes, aunque debe aceptarse por todos, que la libertad y el resto de nuestros derechos fundamentales no se defienden solos, sino que hay que luchar para defenderlos, ya que, eliminar la libertad, como se ha podido comprobar en estos dos años desgraciados para el respeto a la ley, es relativamente fácil, desde un poder público ejercido autoritariamente, bajo el paraguas fraudulento de un estado de alarma inconstitucional, y, un T. Constitucional en el mundo de los sueños y desactivado.

Si no se respeta la legalidad (arts. 9 y 10 C. E.) por todos, y, se sigue aplicando la ley de la doble vara de medir, la posible solución aparece muy lejana, ya que, solo por poner un ejemplo:

¿Existe respeto real a las minorías por los poderes públicos?, como decía un personaje ilustre –pues eso-.

Frente a la falta de respeto a la legalidad por los poderes públicos (todos sin exclusión), los particulares afectados por normas contra ley, solo les queda asistir mudos al desaguisado legal, ya que, según interpretan el T. Constitucional y el T. Supremo los ciudadanos nunca están legitimados para solicitarles amparo; de manera, que así nos va, aunque desde luego ellos los primeros, si visualizamos y comprobamos lo que está pasando en Europa con España, que sin duda, la concesión de los indultos de corazón y concordia ha terminado de arruinar.

El principio de igualdad de los españoles del art. 14 y el respeto a la Ley por todos del art. 10 de la C. E. han quedado eliminados en agua de borrajas, siendo lo peor, que, destruida la confianza interior y exterior en el estado de derecho, solo queda incertidumbre, inseguridad jurídica y desigualdad para todos, incluso para los autores del dislate legal.

Recuperar la reputación, dentro y fuera de España, en nuestro Estado de Derecho, en la división de poderes y en el respeto a la ley por todos los poderes públicos, sin duda, va a ser una tarea continuada de muchos años y harto difícil.

A partir de ahora la colaboración de Europa con la Justicia española será algo casi imposible. El Consejo de Europa ya ha advertido, que en España no se garantizan los derechos fundamentales y que se han dictado resoluciones injustas, no garantistas y contrarias a la ley.

¿Cómo va Europa creer en el Poder Judicial de España, si el Gobierno dice que los indultos existen para equilibrar a ese poder del Estado?

N.B.  Las varas de doble medida y las leyes del embudo significan siempre engaño a los ciudadanos, pues conllevan desigualdad e injusticia.

Contra la arbitrariedad y las resoluciones contra ley de los poderes públicos, solo cabe exigir el cumplimiento de la Ley, dejando claro, también, que ningún responsable debe quedar impune.

Las resoluciones injustas que violan el principio de legalidad,  vulneran la Constitución, produciendo efectos perversos en nuestras libertades fundamentales, pues el respeto a la ley por todos es el fundamento del orden político y de la paz social, según consagra el art. 10 de la C. E.

Córdoba, a 23 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.