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Desempleo – Misterios (Nadie sabe nada, aunque los datos fake nos aplastan)

Uno de mis lectores me recrimina el hecho de que ahora, no digo nada sobre el paro, el empleo y/o del mercado laboral, y, la verdad es, que lleva razón, aunque en mi descargo diré, que no lo hago porque la mayoría de las cifras oficiales que se publicitan son noticias distorsionadas, donde la verdad se difumina y la apariencia sustituye a la realidad, así, que, pondré algunos ejemplos con ánimo abierto:

** ¿Alguien sabe realmente cual es la cifra de personas paradas en España, y, en extremis su distribución real por sectores (público, privado, mujeres, hombres, jóvenes, mayores, inactivos, etc.)?

NO SE SABE, ES UN MISTERIO.

**¿Alguien sabe realmente cual es la cifra de trabajadores temporales que hay en España y sus condiciones de trabajo?

NO SE SABE, ES UN MISTERIO.

**¿Alguien sabe realmente cual es la cifra de trabajadores a tiempo parcial y sus condiciones de trabajo?

NO SE SABE, ES UN MISTERIO.

**¿Alguien sabe realmente cual es la cifra de personas que trabajan en el sector público y sus condiciones de trabajo?

NO SE SABE, ES UN MISTERIO.

**¿Alguien sabe realmente cual es la cifra de personas que trabajan en puestos de asesores de confianza en la política en el Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales, Empresas Públicas, Fundaciones e Instituciones Públicas, partidos políticos, etc.?

NO SE SABE, ES UN MISTERIO.

Se publicita, que el número de funcionarios públicos superan los 3.6 millones, pero, la realidad es que nadie puede poner la mano en el fuego por ese dato, al no existir una comprobación fiable sobre el mismo.  *Me inclino a pesar, que esa cifra se podría empoderar en un millón de personas más.

Es un hecho, que todos los españoles saben, que lo que digo es verdad, pues los datos que se ofrecen oficialmente son un dislate, así, por ejemplo, ¿cómo puede ser que se den cifras de parados y de afiliaciones a la seguridad social absolutamente discordantes; y/o, de parados y perceptores de la prestación de desempleo dispares?

La lista de cifras contradictorias sería casi interminable, de manera, que sin información veraz hablar y escribir seriamente sobre el empleo, el desempleo y el mercado de trabajo es imposible, algo así, como un brindis al sol.

Por lo expuesto, un movimiento ciudadano abierto, libre y levantado en armas pacíficas para recuperar el valor justicia de todos los españoles es una necesidad.

N.BDel paro real (de la situación real de nuestro mercado laboral) en España nadie sabe nada, aunque los datos fake nos aplastan, de forma, que se trata de un misterio inducido desde la propaganda oficial.

Si alguien duda de lo que digo, las pruebas están a la vista de todos los españoles, de manera, que aquí reside mi exclusión casi total de opinar sobre el asunto, porque como dice un refrán popular “una aguja en un pajar es difícil de encontrar”, lo que, aplicado a este asunto viciado, significa, que la aguja de la verdad está perdida en un pajar de noticias engañosas y datos fake.

Córdoba, a 12 de febrero de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

III. Diputación – Presupuesto “El Borrón” (Paro en Córdoba II)

Algunos de mis lectores dicen que no están muy de acuerdo con lo que digo sobre el desempleo del Presupuesto Borrón, porque dicen, por ejemplo, que el Presidente del P. P. – Diputación ha dicho que “va a luchar por mantener los 300 empleos de Emproacsa” y que eso es luchar contra el paro.

En principio, es una forma de ver justificadas las pérdidas inexplicadas y millonarias de la Empresa de Aguas, pues aunque sea cierto, que siempre que sea posible, hay que mantener los puestos de trabajo existente, hago una primera advertencia -siempre que esos empleos sean productivos y necesarios-, de forma, que no sean solo fruto de contrataciones arbitrarias, nacidas de una voluntad sin reglas en materia de contratos de personal, donde la igualdad de oportunidades para todos los cordobeses se sustituya por meras políticas de partido, y, donde la igualdad, mérito y capacidad se sustituyan por pago de favores y discriminación para los que no han sido contratados.

Dicho lo anterior, debe quedar claro, también, que mantener puestos de trabajo en Emproacsa no es crear empleo, sino sostener el que hay a cualquier precio, ya que, la situación de la Empresa de Aguas deriva de una gestión catastrófica, donde, se mire como se mire, no ha primado la lucha contra el paro y la creación de empleo productivo, sino que una gran parte de esas pérdidas mastodónticas y de derroche de gasto público solo han beneficiado a unos gestores y políticos manirrotos, que, a mayor inri, se van amnistiados e impunes, y, donde, además, el dinero dilapidado ha desaparecido sin retorno alguno.

El Presupuesto Borrón, mucho me temo, que sobre eso no dice nada, de manera, que “el que calla otorga”.

(Nota. Si alguien me lo explica razonablemente, me corregiré de inmediato)

Si el Presidente Fuentes Lopera, el responsable del Borrón para el año 2024, me explica y fundamenta porque a la Empresa de Residuos Epremasa, además, de la subida de tarifas del 41,8%, se le subvenciona con 2.000.000 de euros y a la de aguas Emproacsa se le dan solo para gasto corriente 5.000.000 de euros,  enjugándose todas sus pérdidas del año 2023, que superan los 10,5 millones de euros, más todo lo que ya ha caído y caerá, mientras que a desempleo se dedica por el presupuesto borrón la increíble cantidad de 2.000.000 de euros, me desdigo desde ya, pero me da la impresión, que el valor “justicia” (art. 1. C. E.) ha desaparecido de este Presupuesto P.P. de 2024.

Con lo dicho creo, que contesto a mis lectores que expresan una opinión diferente a la mía, aunque mantengo mi criterio, pues mientras el desempleo en Córdoba tenga unos colectivos vulnerables, “de “mujeres, de mayores de 50 años y de jóvenes”, con el nivel que tiene que se acerca a <violencia social>, a mí el PRESUPUESTO BORRÓN DEL PP-DIPUTACIÓN me seguirá pareciendo impresentable. 

Dicho de otra forma, dedicar 2.000.000 de euros en Córdoba a combatir la plaga endémica de paro, tal como hace el Presupuesto Borrón de la Diputación del P. P., y, entregar a dos empresas públicas en quiebra técnica -por una gestión espuria- 30 millones, subiendo escandalosamente las correspondientes tarifas de basura y agua, es un despropósito perverso, aunque se para “salvarlas” como proclama el Presidente Fuentes”

POR UN MOVIMIENTO CIUDADANO LIBRE Y UNA CÓRDOBA ABIERTA

(Nota. Con este (III) artículo sobre “El Borrón” contesto a mis lectores, quieren saber porque digo, lo que digo.).

N.B. El valor “justicia” (art. 1. C. E.) ha desaparecido de este Presupuesto de la Diputación P.P. de 2024, que solo es un borrón.

Por una Córdoba abierta y porque el dinero público derrochado debe ser devuelto a sus verdaderos dueños: los cordobeses.

Córdoba, a 4 de febrero de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

(Concejal y Diputado Provincial en la legislatura local 1983-1987 de Alianza Popular y Portavoz del Grupo Provincial de A. P.)

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

II. Diputación – Presupuesto “El Borrón” (Paro en Córdoba)

El P.P. Diputación ha presentado su Borrón de Presupuestos para el año 2024 por un importe total consolidado de 385,9 millones, dejando claro públicamente, que gran parte de este proyecto de presupuesto está enfocado, a salvar a dos empresas públicas provinciales, la de residuos Epremasa y la de aguas Emproacsa, dedicando al desempleo la tremenda cantidad de 2.000.000 de euros.

Con lo dicho creo, que contesto a mis lectores que me han pedido mi opinión sobre ese problema del desempleo en Córdoba, que tenemos enquistado y que va a más, especialmente, en colectivos muy vulnerables, como son “mujeres, mayores de 50 años y jóvenes”, sin que ningún organismo público se lo tome con la seriedad, que exige la magnitud y gravedad del problema.

Dicho de otra forma, dedicar 2.000.000 de euros en Córdoba a combatir la plaga endémica de paro, tal como hace el Presupuesto Borrón de la Diputación del P. P. y, encima, publicitarlo, produce tristeza, rabia, desesperanza e incredulidad, poniendo de relieve la necesidad de UN MOVIMIENTO CIUDADANO ABIERTO Y LIBRE, que denuncie una situación inaceptable y haga propuestas públicas sobre los problemas que aguantamos día tras día los cordobeses, porque callarse cautivos y sumisos en silencio, ya es algo que solo nos lleva al vacío de la nada y a la perdida de nuestras libertades, como la igualdad y la libertad.

(Nota. Con este (II) artículo sobre “El Borrón” contesto a mis lectores sobre mi opinión sobre el paro en Córdoba, que el Presupuesto para 2024 de la Diputación Provincial del P. P. de Córdoba ha dejado claro).

N.B. En esta ocasión ya no puedo decir nada más, así que, “borrón y cuenta nueva”.

Córdoba abierta y basta de silencios.

Córdoba, a 3 de febrero de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

(Concejal y Diputado Provincial en la legislatura local 1983-1987 de Alianza Popular y Portavoz del Grupo Provincial de A. P.)

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

La Brecha – S. S. – a más (Comunidades – Estado civil y Sexo)

Un Grupo de mis lectores me reprende, seguramente con razón, porque llevo tiempo que no escribo nada sobre la Seguridad Social, de forma, que como creo que llevan todas las de ganar en su opinión, me pongo a ello, así:

Primero. – Desigualdad en las pensiones y demás prestaciones, incluido el desempleo.

**Si comparamos una pensión de viudedad de alguna Comunidad Autónoma con la media general las diferencias son tremendas, pero, si calculamos, por ejemplo, las pensiones de viudedad entre Andalucía y Extremadura con el País Vasco, Cataluña y/o Madrid las diferencias son para llorar por su desigualdad e injusticia.

Es cierto, que las bases de cotización han sido y son muy diferentes, pero, precisamente, aquí reside la base se la injusticia, en una desigualdad económica dilatada en el tiempo y que lejos de disminuir se incrementa.

**Si comparamos una pensión de viudedad y una pensión máxima de jubilación los resultados son discriminatorios, se mire como se mire, así, la pensión máxima es 3.175 euros y la pensión contributiva mínima 799,70 euros, siendo la pensión de viudedad mínima 616 euros, lo que implica, que las diferencias son claramente contrarias a la Constitución de 1978 y a nuestro Estado Social y Democrático de Derecho. (Arts. 1., y, 14. C. E.).

*Un último apunte la pensión no contributiva mínima es de 484 euros.

**Paro. – 2023.  Las cuantías del paro, o prestación por desempleo, 560 euros como mínimo hasta un máximo de 1.575 euros mensuales.

**Paro. – 2024. Mínimo: 95% del IPREM (570 euros al mes en la actualidad) durante los primeros seis meses; 90% del IPREM (540 euros al mes) durante los siguientes seis meses; y, 80% del IPREM (480 euros) a lo largo del resto del periodo. El máximo 1.675 euros mensuales.

*Aquí, si comparamos una prestación de paro de alguna Comunidad Autónoma con la media general las diferencias son muy grandes, pero, si calculamos, por ejemplo, las prestaciones de paro entre Andalucía y Extremadura con el País Vasco, Cataluña y/o Madrid las diferencias son inasumibles e insostenibles.

Es cierto, que las bases de cotización han sido y son muy diferentes, pero, precisamente, aquí reside la base se la injusticia permanente, en una desigualdad económica dilatada en el tiempo y que lejos de disminuir se incrementa.

Segundo. – El Estado Social y Democrático Constitucional (art. 1. C. E.) impone el sometimiento y cumplimiento de la ley, la justicia, y, el principio de que todos los españoles somos iguales ante la Ley.

El Estado de Derecho garantiza la igualdad ante la ley, la participación social en la toma de decisiones y la legalidad sin arbitrariedad.

N.B. Mi opinión sobre la S. S. ya le ha detallado muchas veces, de forma, que después de lo expuesto, mis lectores comprenderán porque no escribo más sobre la misma, ya que, la Brecha en la Seguridad Social, desde cualquier punto de vista que se mire, es insostenible e injusta.

Reitero lo dicho, la C. E. de 1978 deja muy claro que “todos los españoles sin exclusión son iguales ante la ley”.

Córdoba, a 7 de enero de 2024

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S. -en excedencia-.

Desempleo – Ayuntamientos – Elecciones (lucha contra el paro desde el poder local)

El desempleo en Andalucía no es un problema es “EL PROBLEMA”, de manera, que no queda otra que tratar de reducir ese paro que lo ahoga todo, quedando claro que la solución es de todos, no sirviendo hablar de lo público y de lo privado si no se aportan soluciones reales y eficaces.

En Andalucía el paro de jóvenes, mujeres y mayores de 50 años es algo inasumible e inaceptable.

Digo esto, porque se dice que el desempleo no es un asunto competencia de los Ayuntamientos y de las Diputaciones, lo que, sin duda, es una verdad relativa, al ser cierto que desde las Entidades Locales se pueden adoptar muchas medidas para combatir el paro y crear empleo.

Pronto habrá elecciones municipales, de forma, que hay que estar atento a las propuestas de los partidos políticos en materia de empleo en el ámbito de las competencias de las entidades locales, no sirviendo el postulado negacionista de que el paro y el empleo quedan fuera del campo de actuación de Ayuntamientos y Diputaciones.

Las Entidades Locales pueden y deben hacer mucho para que en sus territorios competenciales se cree empleo y se reduzca el paro.

En el sector público estricto las posibilidades directas de empleo de estas entidades locales son muy limitadas, pero en colaboración con el sector privado se pueden llevar a cabo muchas iniciativas, empezando por realizar un gasto público productivo y eficaz, de manera, que no se distraiga ningún recurso ni se gaste dinero público en asuntos que signifiquen dilapidación de lo que es de todos. La buena administración de los recursos públicos no solo es una necesidad, sino que es algo exigible a los representantes locales elegidos sin excusa ni pretexto alguno.

Los casos conocidos como el llamativo tranvía de Jaén donde se han dilapidado impunemente miles de euros en el vacío de la nada es algo inaceptable, pero es solo un ejemplo límite, pues hay otros casos de gastos públicos tirados al descampado de la inanición, como pude ser en el Ayuntamiento de  Córdoba, determinadas inversiones vinculadas a la limpieza y basura, que están inmóviles y sin desarrollar, sin que nadie les ponga fin para ponerlas en funcionamiento real o para abandonarlas dada su imposible puesta en práctica si eso es así.

La eficiencia del gasto público es algo irrenunciable.

Aclarado lo dicho sobre el gasto productivo, eficaz y dirigido a cubrir de verdad necesidades locales realizables, hay que seguir creando opciones reales de empleo desde las entidades locales, porque la realidad es, que muchas cosas, se pueden alcanzar desde las competencias de los ayuntamientos y diputaciones en la lucha ineludible contra el paro en Andalucía.

Se puede recaudar más, exigir el pago de más o menos impuestos, pero, sin duda, hay que administrar mejor.

Es una necesidad admitir una realidad, que desde las Entidades Locales se puede crear empleo y reducir el paro, aunque para ello hay que aceptar una serie de principios denostados y cambiar muchas cosas que se dan por sentadas equivocadamente, así:

*Lo Público y lo privado no son excluyentes entre sí, sino que son sectores complementarios, de forma, que no pueden existir el uno sin el otro, de manera, que enfrentar el uno con el otro es un suicidio colectivo, que solo perjudica al ciudadano de a pie.

*Los Ayuntamientos y las Diputaciones tienen competencias de sobra, que les permiten crear las condiciones precisas para establecer las bases para una colaboración entre lo público y lo privado para luchar contra el paro en sus territorios municipales y provinciales.

*Las administraciones locales deben mejorar su eficiencia, temiendo como norte de su actuación el servicio a sus ciudadanos, nunca al contrario como desgraciadamente ocurre ahora en muchos casos, pues es una verdad patente que no pueden existir sino volcadas al bien común, de conformidad con lo que dice el artículo 103.1 de la Constitución de 1978, cuando establece, que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

Todas las corruptelas existentes en algunas muchas corporaciones locales de preeminencia de ellas mismas sobre sus ciudadanos se deben erradicar, pues los políticos locales solo existen en cuanto representan a sus votantes.

Es una realidad legal que las administraciones públicas deben estar al servicio de sus ciudadanos y no estos subordinados a ellas, de forma, que hay que arrancar y desterrar de raíz la idea perversa de que solo existen como sujetos pasivos del pago de impuestos.

Un ejemplo de la realidad diaria: pruebe a llamar a un teléfono del Ayuntamiento de Córdoba para informarse sobre algo, verá que es difícil conectar, situándose en modo de espera, y, si pide cita previa obligatoria a esperar. Si lo que intenta aclarar el ciudadano es una reclamación sobre el pago de un impuesto (IBI, plusvalía, etc.), que se vaya preparando, primero a pagar, después si está en desacuerdo una legión de funcionarios y abogados le podrán en su sitio, y, si se pretende hablar con el concejal de turno los trabajos de Hércules son una minucia comparados con  conseguir esa finalidad. Que conste que es solo un ejemplo, pues se pueden citar muchas Administraciones en igual situación y mucho peor.

Otro ejemplo de lo que nunca debe ser, es la actuación normalizada de la Hacienda Local de Córdoba (Diputación de Córdoba), que simple y llanamente ignora la legalidad y cualquier respeto a la ley, moviéndose, además, por criterios ideológicos en su actividad coercitiva, de manera que en vez de estar al servicio de los contribuyentes dicta resoluciones injustas a sabiendas contra ellos en perjuicio buscado de los mismos.

Lo dicho se puede discutir y disentir, pero la verdad absoluta es, que los derechos y libertades constitucionales reales son los cimientos de cualquier democracia que sea digna de tal, de manera, que si los Ayuntamientos y Diputaciones ignoran la legalidad y el respeto a la ley aplicable, es un hecho patente que no sirven a los ciudadanos, sino que intentan convertirlos en súbditos, tratándolos como sirvientes, ignorando la Constitución Española que consagra que todos los poderes proceden y nacen del Pueblo Soberano.

Solo cumpliendo la Ley pueden crear empleo y combatir el paro”, aunque eso solo es posible hacerlo estableciendo unas condiciones flexibles y abiertas, que permitan en los municipios y en las provincias que la creación de riqueza aflore en aras del interés general, estando esas administraciones al servicio del bien común siempre y sin excusas ni pretextos.

Por otro lado, se considera por muchos políticos, como se está viendo a diario, a las personas como siervos de la clase política dominante y/o como algo a exprimir,  no como lo que realmente son, ciudadanos libres que poseen unos derechos fundamentales personales, innatos e irrenunciables. Debiendo quedar claro, que los responsables de esas disfunciones son los políticos que mandan, por acción u omisión, que, además, se consideran impunes sin serlo, ya que, solo llevan razón, cuando el ciudadano se achanta o calla refugiándose en un silencio oprobioso.

Hay que dejar claro, que afortunadamente no son todos, aunque lo peor es que estos muchas veces callan, quizás, impelidos por un sistema de listas cerradas perverso y contra la libertad, que habría que erradicar de raíz.

N.B. Es una realidad indiscutible que el desempleo se puede combatir desde los ayuntamientos y ahora que vienen elecciones, hay que incentivar la lucha contra el paro desde el poder local.

Las administraciones locales no tienen razón de ser si no están al servicio de sus ciudadanos, de forma, que sin verdadera libertad, sin igualdad, sin justica social y sin un Estado de Derecho que funcione, es imposible que exista una corporación local  que cumpla sus fines constitucionales.

EL PROBLEMA de Andalucía es el problema de todos, pero en primer lugar  de todas y cada una de sus administraciones públicas, por supuesto, entre ellas, los ayuntamientos y diputaciones, aunque solo sea por su cercanía al ciudadano.

Lo contrario, simplemente, es faltar a la verdad y soslayar el cumplimento de la C. E. de 1978.

Córdoba, a 7 de octubre de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.