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Corrupción de baja intensidad -menor- (Una enfermedad silenciosa de la Administración Local)

La corrupción, que se considera equivocadamente “menor”, es, quizás, el mayor ataque a nuestro estado de derecho, por una razón pura y simple, porque es la que llega a todos los españoles a través de las Corporaciones Locales (Ayuntamiento y Diputaciones), demostrando que la corrupción sistémica se ha instalado en todos los niveles de las instituciones públicas, además, con una cualidad negativa peligrosa, que consiste en que es silenciosa y parece que tiene un grado de permisividad social, política y judicial, como se fuera algo que no se debe perseguir con rigor hasta erradicarla.

Es una realidad desgraciada, que la corrupción en sus distintas variedades solo se puede ver públicamente en sus grades espectáculos, que suelen acabar en el T. S. o en la Audiencia Nacional, amplificados por los medios públicos y privados, como si esos casos de gran alcance y de enorme proyección nacional fueran lo único y más importante de la corrupción sistémica que está asolando España.

Parece algo inexistente y olvidado, que existe una patología mucho más extendida y letal por el pueblo español, que se extiende como una mancha por todo el territorio y por todas sus instituciones públicas, alcanzando todos sus niveles, especialmente a las corporaciones locales, y, que conlleva un daño tremendo para nuestro Estado de Derecho, que se suele denominar con desprecio y olvido corrupción de baja intensidad o menor.

“La corrupción de los conductos pequeños” – (Perdida de valores).

Es la corrupción que no busca el gran botín de un solo golpe, sino la construcción de redes clientelares que asfixian la meritocracia y parasitan el dinero público.

1.- Análisis de la <-micro-corrupción->.

Es un hecho patente de enorme importancia, que la “corrupción de baja intensidad” actúa como un impuesto invisible para el ciudadano.

***Se manifiesta principalmente a través de varios mecanismos:

<-El fraccionamiento de contratos, a través del “troceo” de proyectos para no superar los umbrales del contrato menor (15.000 euro en servicios/suministros), y, así adjudicar “a dedo” esos servicios, suministros y contratos evitando la libre concurrencia.

<-El clientelismo de personal, mediante procesos de selección trucados con bases “dirigidas” o entrevistas subjetivas para colocar a personas con perfiles afines políticos o personales.

<-Urbanismo “a la carta”, que se ejecuta, a través, de licencias pequeñas o la no ejecución de órdenes de derribo a cambio de favores o votos.

<-Opacidad en empresas públicas mediante el uso de sociedades mercantiles municipales para huir del derecho administrativo y sus controles.

<-El uso de subcontratas dónde el personal, los contratos y adjudicaciones de servicios públicos conllevan contrataciones de personal y utilización de servicios en beneficio de los gobiernos políticos de los ayuntamientos, que adjudican los contratos a esas empresas subcontratistas elegidas irregularmente sin contradicción ni igualdad de condiciones, rompiendo el principio de igualdad constitucional.

2.- La eliminación de los controles y de los equilibrios.

**El control legal falla por una vulnerabilidad estructural del sistema:

1.- La soledad de la secretaria/o o de la interventora/or, que aunque son funcionarios de habilitación nacional, su día a día depende del equipo de gobierno (a destacar el uso y abuso de los cargos de secretarias/os o interventoras/es). Y en algunos casos demasiados el “reparo” de legalidad es frecuentemente ignorado mediante decretos de alcaldía.

2.- El “embudo trampa” judicial porque la Fiscalía suele archivar denuncias de prevaricación si no hay un rastro de dinero directo al bolsillo (cohecho), derivando el conflicto a la lenta vía contencioso-administrativa, dónde la corrupción menor se diluye bajo la trampa de la legitimidad de los actos administrativos.

3.- Se produce una solidaridad partidista, cuando Diputaciones y CCAA a menudo omiten su labor de fiscalización en los casos de que el ayuntamiento es de su mismo color político.

3.- Radiografía de casos reales – (Triángulo impunidad).

Como ejemplo de esta captura institucional, podemos observar dinámicas preocupantes en algunos municipios concretos, que ilustran lo que se puede llamar la <-trama de la accidentalidad->:

<-Secretarías Accidentales que se eternizan en sus cargos, de manera, que se mantiene a un funcionario en precario durante años anulando su independencia, con la finalidad de que el fiscalizador se convierte en un mero “validador de actuaciones, contratos de obras y servicios y decretos”.

<-Defensas jurídicas cruzadas cuando se usan despachos vinculados a partidos políticos para defender a técnicos e investigados, porque se estima que existe una simbiosis donde, si cae el técnico, cae el político.

<-La existencia de una cobertura autonómica, que nace cuando la Consejería competente (en estos casos la de Justicia) valida prórrogas injustificables de puestos accidentales, convirtiéndose en un cooperador necesario por omisión.

4.- Tribunal Supremo.

La jurisprudencia reciente es robusta en la teoría, pero su aplicación es defectuosa en la instrucción.

***A destacar:

* STS 148/2023, Sala Segunda (Penal) de 2 de marzo de 2023 (Rec. 1271/2021), Ponente Pablo Llarena): Diferencia el nombramiento ilegal (falta de título) de la prevaricación (ignorar sistemáticamente el procedimiento de mérito y capacidad). *STS 1092/2024, de 28 de noviembre de 2024, Sala de lo Penal (Interventor como clave probatoria). * Las STS 196/2025, 197/2025 (de 25 de febrero de 2025) y STS 220/2025 (de 4 de marzo de 2025), dictadas por la Sección 4.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, consolidan la doctrina sobre el abuso de la temporalidad en el empleo público funcionarial, resolviéndola en tres grandes ejes: criterios de apreciación del abuso, imposibilidad constitucional de la fijeza y régimen indemnizatorio.

5.- Propuesta – (Tolerancia Cero).

La impunidad de la “corrupción menor” es la que permite que la gran corrupción florezca. (Teoría de las Ventanas Rotas: El mensaje psicológico detrás de la “ventana rota” es de impunidad y dejadez, transmitiendo la idea de que <-nadie cuida de esto, está abandonado-> y de que los códigos de convivencia se han roto).

**Para revertir esto, se propone:

1.- Independencia orgánica total: Que los interventores y secretarios dependan económicamente del Estado o la CCAA, nunca del alcalde al que deben fiscalizar.

2.- Criminalización del levantamiento de reparos: Que levantar un reparo de legalidad sin un informe jurídico externo vinculante sea indicio automático de prevaricación.

3.- Fiscalía Especializada: Creación de una unidad de control administrativo local que actúe de oficio ante la acumulación de irregularidades.

<<Conclusión>>

La corrupción local no es un compartimento estanco, sino que es un acto colectivo político donde el ayuntamiento ejecuta, el partido diseña la resistencia y la administración superior a menudo proporciona la cobertura.

N. B. La corrupción menor municipal es el principio de la corrupción, de forma, que si no corregimos la <-micro-corrupción-> de raíz, el Estado de Derecho seguirá siendo, en muchos municipios, una mera ficción administrativa.

Córdoba, 20 de febrero de 2026.

Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA)

Anticipos de la Diputación de Córdoba (Ayuda financiera o grilletes para los municipios)

Se dice en el lenguaje popular, que el diablo suele esconderse en los detalles y, sin duda, en este caso en las cláusulas financieras de los préstamos con las entidades financieras, porque, bajo la amable apariencia de una <-ayuda a la liquidez->, la Diputación de Córdoba, a través del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local (ICHL), ha articulado un sistema que, más que un apoyo, es una trampa de dependencia a largo plazo para nuestros ayuntamientos.

1. La realidad de los números – (El espejismo de la solvencia).

Para el ejercicio 2026, la suma total anticipada a los municipios asciende a 129,07 millones de euros. A primera vista, parece un despliegue de músculo financiero institucional, sin embargo, al analizar el origen de los fondos, la realidad es otra:

Recursos Propios (ICHL): 34,07 M. eur. (Solo el 26,4%)
Deuda Bancaria (Kutxabank, Caja Rural, Unicaja, Bankinter): 95 M. eur. (73,6%)

La conclusión es alarmante: 7 de cada 10 euros que la Diputación entrega a los ayuntamientos no son suyos. La institución actúa meramente como un intermediario que pide prestado al mercado privado para luego trasladar el coste y el riesgo al eslabón más débil: “El municipio”.

2.- La <-trampa de liquidez-> – (Un bucle de deuda).

Este modelo no es una transferencia gratuita, sino un préstamo puente con efectos secundarios devastadores para las arcas locales:

1.- Intereses Pasivos: Los intereses de esos 95 millones de euros en créditos bancarios no los absorbe la Diputación, sino que se detraen directamente de la liquidación final de los impuestos que pagan los ciudadanos.

2.- Opacidad en la Gestión: Al no publicarse los pliegos de condiciones con las entidades financieras, los interventores municipales y los ciudadanos desconocen el coste efectivo real. Es decir, se paga una “prima de opacidad” por una gestión que el ayuntamiento no controla.

3.- El Déficit Estructural: El ayuntamiento recibe el dinero hoy, pero lo devuelve mañana con intereses y gastos de gestión, lo que genera que, al final del ejercicio, el municipio tenga menos liquidez de la prevista, obligándolo a solicitar un nuevo anticipo el año siguiente. Es el “pecado original” (el efecto contrario) de una deuda perpetua.

3.- El impacto en el ciudadano – (El verdadero “pagano”).

Como jurista, observo con preocupación cómo este modelo erosiona la autonomía local (Art. 140 CE), porque el coste financiero de esta intermediación no es un concepto abstracto, sino que se traduce en menos dinero para:

–Mantenimiento de infraestructuras básicas.

–Servicios sociales municipales.

–Políticas de empleo local.

-Otros servicios públicos como limpieza, etc.

**Matemáticamente, el impacto se resume en la siguiente fórmula:

*Coste Efectivo = Ibancario + Gastos Gestión ICHL + Coste Oportunidad.

4.- Una alternativa. – (Intermediación vs. Mercado Directo).

La justificación oficial es la “economía de escala”, y, se dice que la Diputación negocia mejor por ser grande, aunque la pregunta es ¿a qué precio?

**Cuadro explicativo:

Factor	Modelo Diputación (ICHL)	Acceso Directo al Mercado
Transparencia	Opaca. El ayuntamiento desconoce la “letra pequeña”.	Total. El municipio licita y controla cada céntimo.
Dependencia	Máxima. Crea un “cordón umbilical” político.	Independencia. Soberanía financiera real.
Coste	Dual. Interés bancario + estructura del ICHL.	Directo. Solo el coste financiero de la operación.

<<Conclusión. (Un modelo que hace prisioneros)>>

El sistema de anticipos del ICHL en Córdoba se ha convertido en un mecanismo de control político bajo el disfraz de gestión técnica, ya que, si un ayuntamiento con solvencia acudiera directamente al mercado, no solo fomentaría su propia eficiencia recaudatoria, sino que dejaría de alimentar una estructura burocrática intermedia que encarece el dinero público y, además, no perdería su independencia y autonomía.

En definitiva, la “ayuda” de la Diputación es, en realidad, una carga financiera diferida, pues mientras la institución provincial obtiene el rédito político inmediato por entregar el cheque, son los ayuntamientos y sus vecinos quienes soportan, en silencio, el peso de los grilletes financieros.

N. B. Los anticipos de la Diputación a través del ICHL a los Ayuntamientos de Córdoba es una trampa financiera, que, además, hace prisioneros a los municipios que los reciben y, además, los empobrece, reduciendo su inversión real en servicios esenciales.

Es un hecho patente, que el Gobierno de la Diputación Provincial de Córdoba del P. P., con su presidente Salvador Fuentes Lopera, está siguiendo la misma política de la anterior Corporación Provincial socialista, que básicamente consiste en expoliar al ciudadano de a pie, mientras gasta sin control en el mantenimiento de sus estructuras, de forma, que para ese fin todo sirve, como lo demuestra el perverso sistema de anticipos a los ayuntamientos, que simplemente consiste en crear gastos innecesarios y superfluos y, a la vez, reducir las inversiones sociales haciendo prisioneros a los ayuntamientos a través de una deuda inducida y fraudulenta.

Los ayuntamientos que han recibido en anticipo envenenado no se sabe si sienten el engaño de la “ayuda”, pero los ciudadanos de esos municipios, que son los verdaderos paganos, si deben ser informados cumplidamente de lo que están pagando y de lo que están recibiendo a cambio, que cada día que pasa es menor proporcionalmente a la imposición fiscal que soportan.

Córdoba, 5 de febrero de 2026.

Por: Enrique García Montoya.

Abogado e Inspector de Trabajo y S.S.

Envejecimiento en Córdoba (Tecnología e Innovación para los Mayores)

Más allá de los debates políticos, Córdoba debe abordar uno de sus grandes problemas: “el envejecimiento de su población”, ya que, 1 de cada 5 cordobeses tiene más de 65 años, lo que supone 167.946 personas, que necesitan entornos seguros y calidad de vida.

***La Pregunta: ¿Cómo puede la tecnología ayudar a afrontar este desafío colectivo?

<<Córdoba ante el reto demográfico>>

<-El 21,8% de la población tiene más de 65 años, la segunda provincia más envejecida de Andalucía.

<-Hay una alta proporción de centenarios y una pérdida de población joven, lo que agrava la brecha generacional y la sostenibilidad del sistema de cuidados.

<<Soluciones tecnológicas para el bienestar y autonomía de las personas mayores>>

1.- Teleasistencia y monitorización avanzada.

<-Sensores inteligentes en el hogar: Detectan caídas, anomalías en pautas de movimiento, fugas de gas o hábitos inusuales; permiten avisar automáticamente a familiares o servicios de emergencia.

<-Pulseras y dispositivos electrónicos que se usan en el cuerpo humano y que interactúan con otros aparatos para transmitir o recoger datos, como, relojes inteligentes, pulseras de actividad, gafas de realidad aumentada y ropa con sensores integrados: “Monitorizan constantes vitales en tiempo real y permiten localización GPS en caso de desorientación, dando tranquilidad a familias y autonomía a mayores”.

2.- Aplicaciones móviles de cuidados y acompañamiento.

<-Apps de voluntariado intergeneracional como Adopta un Abuelo (más de 50.000 usuarios) permiten encontrar compañía, conversación y actividades online para personas mayores solas.

<-Plataformas de coordinación familiar, donde varios familiares y cuidadores pueden gestionar agendas médicas, recados y necesidades diarias.

3.- Residencias inteligentes y telemedicina.

<-Implantación de software de gestión en residencias para alertas automatizadas y control de historiales médicos.

<-Telemedicina rural: Consultas médicas virtuales y seguimiento remoto permiten que mayores que viven en zonas alejadas reciban atención especializada sin desplazamientos costosos.

<-Cajeros de medicamentos inteligentes que dispensan dosis ajustadas y avisan ante errores o ausencias de tomas.

4.- Robótica social y talleres virtuales.

<-Robots de compañía que ofrecen interacción básica, recuerdan medicación y realizan llamadas de emergencia.

<-Talleres online gratuitos (ejercicio, memoria, música) accesibles desde tablets y televisores inteligentes, con más de 5.000 mayores activos ya en Córdoba capital.

<-Realidad virtual para gimnasia y actividades recreativas en pequeños municipios, expandiendo el programa piloto de Fuente Obejuna e Hinojosa a toda la provincia.

5.- Plataformas colaborativas y experiencias de vivienda colaborativa que implica la creación de comunidades autogestionadas.

<-Proyectos como Serenity en el Guadiato, que integran viviendas colaborativas, sensores domóticos y espacios comunes controlados digitalmente, dando autonomía y seguridad a los mayores y empleo a jóvenes cuidadores con formación tecnológica básica.

<-Red de ciudadanos y comercios locales conectados por plataformas digitales para detectar y atender a personas vulnerables o aisladas.

<<Cómo financiar la innovación sin subir impuestos>>

<-Reclamar los 44 millones de euros que debe el Estado y destinar parte a digitalización de cuidados y telemedicina.

<-Aprovechar fondos europeos Next Generation (hasta 200 millones estimados) en proyectos de teleasistencia y conectividad rural.

<-Invertir en prevención con tecnología: sensores y robótica que reducen hospitalizaciones (y con ello se reduce hasta un 30% del gasto Sanitario).

<-Promover incentivos para empresas locales que desarrollen tecnología aplicada al envejecimiento.

<<¿Qué puede hacer el ciudadano cordobés?>>

<-Participar en talleres de formación digital para mayores y familiares.

<-Colaborar en plataformas de acompañamiento o voluntariado digital.

<-Exigir a las administraciones la implantación masiva de teleasistencia avanzada y acceso a banda ancha rural para que nadie quede fuera.

<-Compartir y difundir experiencias inspiradoras de mayores que usan tecnología para mejorar su día a día.

N. B. El envejecimiento en Córdoba exige aplicar e innovar en Tecnología para los Mayores.

Córdoba puede liderar el envejecimiento activo y digno si apuesta sin miedo por la tecnología y la innovación social. El reto es urgente y posible: “nuestros mayores lo merecen”.

Córdoba, 4 de noviembre de 2025.

Enrique García Montoya.

Presidente de Córdoba Abierta -ACOA-.

Desempleo en Córdoba III – Despoblación (Efectos)

***Impacto de la despoblación en el empleo Provincia de Córdoba.

Pérdida de población y mercado laboral: La provincia de Córdoba ha perdido 3.711 habitantes en el último año (hasta julio de 2025, con una población de 770.692) y 33.319 habitantes desde 2012, lo que la sitúa como la provincia española con mayor descenso poblacional en 2025.

Esta sangría demográfica, especialmente en comarcas rurales como Los Pedroches y el Alto Guadiato, donde 15 municipios están en riesgo extremo de despoblación (por ej., El Guijo, Fuente la Lancha, Valsequillo), reduce la población activa (383.200 en el primer trimestre de 2025, 4.400 menos que en el último trimestre de 2024).

La disminución de la población activa (tasa de actividad del 58,5%, igual a la media andaluza limita el número de personas disponibles para trabajar, lo que afecta la oferta laboral y la capacidad de las empresas para encontrar trabajadores, especialmente en sectores como la agricultura y la industria en zonas rurales.

Crisis en el sector agrario: La despoblación está vinculada a la crisis del campo, con una falta de relevo generacional en la agricultura, un sector clave en la provincia (33.000 ocupados, 10,4% del total).

Muchos municipios rurales dependen de este sector, pero la dificultad para mantener explotaciones agrícolas, sumada a la emigración de jóvenes formados a otros mercados laborales nacionales e internacionales, reduce el empleo en estas zonas.

Cierre de servicios públicos y su impacto en el empleo: La despoblación lleva al cierre de servicios públicos esenciales, como consultorios médicos y aulas escolares (300 aulas cerradas en la provincia desde que el PP gobierna la Junta de Andalucía). Esto reduce empleos en el sector público (solo 5% de los trabajadores en Córdoba son empleados públicos) y desincentiva la fijación de población, perpetuando un círculo vicioso.

Por ejemplo, en municipios como Fuente Obejuna, la falta de servicios públicos limita las oportunidades laborales para profesionales como docentes o sanitarios, acelerando el éxodo.

Impacto positivo en el sector industrial: A pesar de la despoblación, la provincia ha experimentado un descenso del desempleo industrial del 12% en el primer semestre de 2025, con 42.500 ocupados en la industria (14% del total). Esto se debe a un aumento del 4,5% en los contratos industriales, especialmente en la industria alimentaria, maquinaria y muebles.

Sin embargo, la despoblación puede limitar el crecimiento sostenido de este sector, ya que la falta de población joven y formada reduce el talento disponible para nuevas contrataciones.
Efectos en municipios específicos: Municipios como Baena (-329 habitantes), Palma del Río (-286), Priego de Córdoba (-282) y Villanueva de Córdoba (-210) han perdido población significativa entre 2022 y 2024, lo que reduce la demanda local de bienes y servicios, afectando al comercio y la hostelería, sectores clave en estas localidades.

La pérdida de población extranjera (-1,9% en 2025, la mayor de España) también reduce la mano de obra disponible en sectores como la agricultura y la construcción.

***Impacto de la despoblación en el empleo Córdoba Capital.

Crecimiento poblacional moderado: A diferencia de la provincia, Córdoba Capital ha ganado 484 habitantes en 2024, alcanzando los 324.902, y 2.907 en los últimos dos años. Sin embargo, su crecimiento desde 2.000 (3,6%) está muy por debajo de la media de las capitales de provincia (11,9%).

Este crecimiento limitado no compensa la presión sobre el mercado laboral, ya que la capital tiene una alta tasa de actividad, lo que genera mayor competencia por empleos y una tasa de desempleo históricamente elevada (26,7% en 2019).

Concentración de empleo industrial: La capital concentra el 35% de las contrataciones industriales de la provincia, con un aumento del 12% en acuerdos laborales en el segundo trimestre de 2025.

Sin embargo, la despoblación en la provincia afecta indirectamente a la capital, ya que, reduce el flujo de trabajadores desde áreas rurales que podrían integrarse en el mercado laboral urbano, especialmente en sectores como la construcción (19.000 ocupados, 6% del total) y los servicios (225.000 ocupados, 71% del total).

Dependencia de sectores terciarios: La economía de la capital está más orientada a los servicios (turismo, comercio, hostelería), que son más sensibles a fluctuaciones económicas. La despoblación en la provincia reduce el flujo de consumidores rurales hacia la capital, afectando al empleo en estos sectores.

Además, la alta tasa de paro femenino (20,7% frente al 14,2% masculino) y entre jóvenes en la capital se ve agravada por la falta de diversificación económica, que podría mitigarse con un mayor aporte de población activa desde los municipios.

Impacto del envejecimiento: Aunque la capital no sufre una despoblación tan acusada como la provincia, el envejecimiento de la población (con un crecimiento vegetativo negativo) reduce la población activa joven, lo que limita la creación de empleo en sectores innovadores o tecnológicos.

***Comparación y relación entre ambos.

*Diferencias en el impacto:

-Provincia: La despoblación es más severa, con una pérdida de 3.711 habitantes en 2024 y 15 municipios en riesgo extremo. Esto reduce la población activa y afecta especialmente a la agricultura y al comercio local, aunque el sector industrial muestra resiliencia.

-Capital: La capital mantiene un crecimiento poblacional leve, pero su alta tasa de actividad y dependencia de sectores terciarios la hacen vulnerable a la despoblación provincial, que limita el flujo de trabajadores y consumidores.

-Relación entre despoblación y empleo: La despoblación en la provincia refuerza la concentración de población y empleo en la capital, pero esta no puede absorber toda la demanda laboral, lo que mantiene tasas de paro elevadas (17,32% en la provincia en el primer trimestre de 2025, probablemente más alta en la capital).

-La pérdida de población joven en la provincia (emigración a otros mercados laborales) reduce la disponibilidad de talento para sectores clave como la industria, afectando tanto a la capital como a los municipios.

-La falta de servicios públicos en los municipios (cierre de centros de salud y escuelas) impulsa la migración hacia la capital, pero esta no siempre ofrece suficientes oportunidades laborales, perpetuando el desempleo estructural.

*Iniciativas para mitigar el impacto: En la provincia, la Estrategia para el Reto Demográfico de la Junta de Andalucía (con 2.009.003 euros en 2025) y las ayudas a la natalidad de la Diputación (1 millón de euros) buscan fijar población y generar empleo en zonas rurales. Programas como Relevo Rural conectan desempleados con negocios rurales para fomentar el relevo generacional.

-En la capital, el crecimiento de contratos industriales y proyectos como la Base Logística están generando empleo, pero no abordan directamente la despoblación provincial, que limita el impacto económico global.

***Resumen.

-Provincia. La despoblación reduce la población activa, afectando especialmente a la agricultura y al comercio local, aunque el sector industrial muestra una recuperación notable. La pérdida de servicios públicos y la emigración de jóvenes agravan el desempleo en zonas rurales.

-Capital: Aunque no sufre despoblación significativa, la capital enfrenta un mercado laboral saturado por su alta tasa de actividad y dependencia de sectores terciarios. La despoblación provincial reduce el flujo de trabajadores y consumidores, limitando el crecimiento del empleo.

-Relación: La despoblación en la provincia refuerza la concentración de empleo en la capital, pero esta no puede absorber toda la demanda, lo que mantiene tasas de paro elevadas. Las iniciativas para fijar población en los municipios podrían aliviar la presión laboral en la capital y diversificar la economía provincial.

N.B. Es un hecho patente que la despoblación afecta al desempleo, porque, además, de todo lo dicho, camufla engañosamente la tasa de paro, ya que, hace que descienda el paro y su tasa, cuando lo que realmente ocurre es que desciende la población.

Córdoba tiene dos problemas graves, uno, el paro estructural y otro, la despoblación.

Córdoba 14 de agosto de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Llamamiento de la Presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ en defensa de los jueces (Ataques políticos a jueces en municipios). Artículo (II)

<<Ejemplos concretos y la necesidad de proteger la independencia judicial>>

El llamamiento de la presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, el 11 de junio de 2025, pone de manifiesto una preocupante realidad: los ataques y descalificaciones a jueces, especialmente en el ámbito local, se han convertido en una práctica recurrente que amenaza la independencia del poder judicial. Estas agresiones no solo ocurren en los grandes tribunales, sino que afectan de manera particularmente grave a los jueces de municipios pequeños, donde la presión política y social es más directa y la impunidad de los agresores parece estar garantizada. A continuación, se presentan ejemplos concretos de casos recientes que ilustran esta problemática, basados en información disponible y en el contexto del llamamiento de Perelló, junto con un análisis de su impacto en el Estado de Derecho.

**Ejemplos locales de ataques políticos a jueces:

Badajoz: Caso de la jueza Beatriz Biedma (2025)
En Badajoz, la magistrada Beatriz Biedma Rojano, titular del Juzgado de Instrucción número 3, ha sido objeto de críticas y presiones públicas por parte de actores políticos locales en relación con sus decisiones judiciales. Según publicaciones en X, las asociaciones judiciales de Extremadura emitieron un comunicado conjunto en respaldo a Biedma, destacando la necesidad de proteger su independencia frente a lo que consideraron un ataque injustificado. Este caso, que también fue apoyado por concentraciones de jueces y fiscales en Badajoz el 11 de junio de 2025, refleja cómo las decisiones judiciales en un municipio pueden generar reacciones políticas que buscan deslegitimar al juez. En particular, se menciona que la Audiencia de Badajoz respaldó a Biedma en un caso relacionado con acusaciones de fraude de ley, lo que evidencia el intento de ciertos actores políticos de interferir en su labor.

Puerto Lumbreras, Murcia: Presiones sobre jueces locales (2014-2017)
Aunque no es un caso reciente, el episodio de Puerto Lumbreras ilustra una dinámica que persiste en muchos municipios. En 2014, una investigación sobre irregularidades en la construcción de un auditorio, liderada por el entonces alcalde Pedro Antonio Sánchez, fue trasladada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia debido a su condición de aforado. Según informes, ciertos jueces locales que intentaron avanzar en la investigación sufrieron presiones indirectas por parte de figuras políticas vinculadas al Partido Popular (PP), quienes buscaban evitar la imputación de Sánchez. Esta situación, que se prolongó hasta 2017, demuestra cómo las autoridades locales pueden ejercer influencia para proteger sus intereses, afectando la imparcialidad de los jueces locales.

Casos genéricos en pequeños municipios españoles.

Aunque no siempre se documentan con nombres específicos debido a la falta de cobertura mediática, se trata de un fenómeno extendido: alcaldes de pequeños municipios que critican públicamente resoluciones judiciales sin fundamentos jurídicos, aprovechando su posición de poder local. Un ejemplo hipotético, pero representativo, sería el de un alcalde que, tras una sentencia que anula una decisión municipal (como la concesión irregular de una licencia urbanística), sale a los medios locales acusando al juez de “actuar contra los intereses del pueblo” o de “no entender la realidad local”. Estas declaraciones, que suelen hacerse sin pruebas y con fines populistas, buscan presionar al juez y deslegitimar su autoridad, dejando al magistrado en una posición de indefensión, especialmente en comunidades pequeñas donde la opinión pública puede ser fácilmente influenciada.

<<La gravedad de los ataques en el ámbito local>>

Los ejemplos anteriores ilustran varios puntos clave:

Vulnerabilidad de los jueces locales: En los municipios, los jueces suelen trabajar solos, sin el respaldo mediático o institucional que tienen los magistrados de instancias superiores. Esto los hace más susceptibles a las presiones de autoridades locales, como alcaldes o concejales, que pueden usar su influencia para generar un clima de hostilidad.
Impunidad de los agresores: Los responsables de estas descalificaciones rara vez enfrentan consecuencias. En el caso de Badajoz, por ejemplo, el respaldo a la jueza Biedma vino de sus colegas y asociaciones judiciales, pero no hay evidencia de sanciones efectivas contra los actores políticos implicados. Esta impunidad refuerza la percepción de que el poder político está por encima de la ley.
Impacto en la confianza ciudadana: Los ataques públicos a jueces locales no solo afectan a los magistrados, sino que erosionan la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. Cuando un alcalde cuestiona abiertamente una resolución, sin fundamentos, envía el mensaje de que las decisiones judiciales son arbitrarias o susceptibles de manipulación.

<<La necesidad de actuar: Propuestas para proteger a los jueces locales>>

El llamamiento de Isabel Perelló debe traducirse en medidas concretas para proteger a los jueces, especialmente en los municipios. Algunas propuestas inspiradas en el contexto actual, incluyen:

Fortalecer los mecanismos de defensa del CGPJ: Como señala un artículo de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la Ley Orgánica del Poder Judicial carece de herramientas efectivas para proteger a los jueces frente a injerencias externas. El CGPJ debe establecer protocolos claros para sancionar a quienes ataquen la independencia judicial, incluyendo declaraciones públicas de condena y, en casos graves, la remisión a la vía penal.

Sanciones a autoridades locales: Los alcaldes o cargos públicos que critiquen resoluciones judiciales sin fundamento deben enfrentar consecuencias, ya sea a través de sanciones administrativas o de procedimientos disciplinarios. Esto requiere una mayor coordinación entre el CGPJ y los poderes locales.
Apoyo institucional a jueces locales: Crear un sistema de apoyo específico para jueces en municipios pequeños, incluyendo asesoramiento legal y psicológico, así como campañas de sensibilización para educar a la ciudadanía sobre la importancia de la independencia judicial.
Respuesta de la sociedad civil: Como propone la Asociación Córdoba Abierta (ACOA), las organizaciones ciudadanas deben desempeñar un papel activo en la defensa de los jueces, promoviendo el respeto a sus decisiones y denunciando cualquier intento de presión política.

<<Conclusión>>

Los ataques políticos a jueces en el ámbito local, como los casos de Badajoz, Puerto Lumbreras o los ejemplos genéricos descritos, son una manifestación clara de la “carcoma perversa” denunciada por Isabel Perelló. Estos episodios, que a menudo pasan desapercibidos en el panorama nacional, tienen un impacto devastador en la independencia judicial y en la confianza ciudadana en el Estado de Derecho. Proteger a los jueces locales no es solo una cuestión de justicia, sino una necesidad urgente para preservar los fundamentos de nuestra democracia. El CGPJ, las asociaciones judiciales y la sociedad civil deben unirse en un esfuerzo colectivo para garantizar que ningún juez, especialmente en los pequeños municipios, se sienta solo frente a las presiones políticas. Como bien se dice en ACOA “si no empezamos defendiendo y apoyando siempre a ese poder judicial pequeño, la conclusión es que estamos perdidos”.

N. B. Hacemos nuestro el llamamiento de la Presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ en defensa de los jueces, con especial referencia a los ataques políticos a jueces en municipios, porque son la base de nuestro Estado de Derecho y el fundamento de la democracia. Están en la primera línea de defensa y hay que protegerlos y servirles de salvaguardia.

Córdoba, 17 de junio de 2025

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.