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Elecciones – Desde la calle – (Preocupaciones de los cordobeses – Desconexión de la clase política)

A menudo ocurre, que las métricas macroeconómicas y los grandes titulares de los telediarios se empeñan en pintar una realidad paralela que choca frontalmente con el pulso diario de la calle. De cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, los sondeos oficiales y los barómetros de opinión pública suelen estructurar las inquietudes ciudadanas en torno a grandes bloques teóricos (vivienda, empleo, sanidad), sin embargo, cuando uno pisa los barrios de Córdoba, los comercios de la capital o los municipios de la provincia, el panorama se despliega con matices mucho más crudos, directos y alejados de la retórica de los partidos.

<<Las auténticas prioridades del votante cordobés – (Sin filtros oficiales)>>

Si dejamos a un lado los argumentarios de campaña y escuchamos el auténtico sentir de los ciudadanos, las preocupaciones reales que configuran el estado de ánimo en nuestra provincia se ordenan de otra manera:

1.- Empleo real, precariedad y sueldos estancados.

Aunque las estadísticas oficiales hablen de mínimos en las listas del paro, en la calle se percibe una realidad muy distinta:

“La de la temporalidad crónica, los contratos a tiempo parcial que impiden la emancipación y unos sueldos completamente asfixiados frente a la inflación y el coste de la vida”.

Para el trabajador de la pequeña empresa, la hostelería, el comercio o el sector agrario cordobés, la promesa económica de los partidos suena lejana, de forma, que se exige una revisión profunda del modelo productivo local para que trabajar deje de ser sinónimo de vulnerabilidad.

2.- La presión migratoria y la gestión de la integración.

Este es uno de los debates más vivos en los corrillos cotidianos y de los que mayor polarización genera. Por un lado, existe una gran inquietud por la saturación de los recursos sociales de acogida y la falta de control en los flujos migratorios (incluyendo el debate sobre los menores extranjeros). Por otro, se constata la paradoja de que sectores enteros de nuestra provincia -como la recogida de la aceituna o los trabajos de campaña en el campo- dependen estructuralmente de esa mano de obra extranjera, evidenciando un modelo de inserción mal resuelto por las administraciones.

3.- El abandono de nuestras infraestructuras y la despoblación.

La provincia sufre una clara fractura a dos velocidades, ya que, mientras la capital concentra los servicios, el norte (Los Pedroches, el Valle del Guadiato) y la Campiña sufren una sangría demográfica constante, falta de oportunidades, brecha digital y graves problemas de abastecimiento de agua en periodos de sequía. A esto se suma el profundo malestar por el deterioro de la red viaria y las deficiencias históricas en el transporte público, cercanías y conexiones ferroviarias, pasando todo, además, por una necesidad del aumento de la potencia eléctrica que paraliza el desarrollo de la Provincia.

4.- Desigualdades de género y brechas socioculturales.

En los pueblos y barrios de Córdoba se observa una dualidad compleja, ya que, frente a la total incorporación académica y laboral de las nuevas generaciones, *en determinados entornos rurales o comunidades persiste una brecha profunda de inactividad femenina y exclusión de los circuitos económicos formales*, exigiendo políticas de integración y empleo que vayan más allá del titular vacío.

<<La paradoja de la gestión local – (Cuando el centro-derecha contradice a sus votantes)>>

Un factor que genera enorme perpetuidad e indignación en el electorado cordobés de centro-derecha es la brecha entre los discursos de firmeza, austeridad y rigor fiscal frente a las decisiones reales de gobierno en las instituciones locales.

Es difícil de digerir que formaciones que gobiernan –como el PP en la Diputación de Córdoba y en el Ayuntamiento– apuesten por pactos de conveniencia presupuestaria con la izquierda, cediendo partidas para apertura de fosas, memoria democrática o subvenciones a entes públicos deficitarios, **al tiempo que suben las tasas de agua y basura (vía Epremasa, Sadeco o Emacsa) y aumentan el gasto público, ofreciendo a cambio rebajas fiscales meramente testimoniales**.

Los aparatos de los partidos pecan a menudo de soberbia, confiando en que el votante tiene “memoria corta”, sin embargo, esta falta de coherencia erosiona la credibilidad de la buena gestión y alimenta tres consecuencias claras de cara al 29-N:

**La fuga de votos hacia opciones a la derecha del PP (como Vox), utilizadas como enmienda a la totalidad para exigir coherencia ideológica y fiscal.

**La abstención silenciosa del votante fiel, desencantado al ver que sus convicciones y su bolsillo se descuidan desde las propias instituciones que ayudó a levantar.

**El desgaste de la marca de rigor económico, rompiendo el pacto de confianza entre el gobernante y el contribuyente.

<<El tablero político del 29-N – (Desgaste, Vox y el giro estratégico del PP)>>

Ante este caldo de cultivo, los sondeos y la calle reflejan un movimiento complejo de cara a las urnas:

1.- El avance de Vox: Se beneficia directamente de la decepción con el “institucionalismo” y el acomodo de los grandes partidos, capitalizando el discurso de la bajada real de impuestos, la seguridad y el control migratorio.

2.- La resistencia del PSOE: Pese a los frentes abiertos por los casos de corrupción, las polémicas en vivienda o la política exterior, el partido logra mantener un suelo electoral sólido gracias al “voto del miedo” ante la posible suma con Vox y el uso defensivo de la agenda social (pensiones, ayudas, etc,).

3.- El rearme de Génova: Ante la pérdida de terreno por su flanco derecho, la dirección nacional del PP -con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza- ha optado por un giro más combativo y sin complejos, aupando a primeras líneas de trinchera a figuras como Isabel Díaz Ayuso o Cayetana Álvarez de Toledo para arrinconar al Ejecutivo y conectar con la rabia e indignación acumulada en la calle.

En definitiva, los cordobeses acuden a la cita del 29 de noviembre con un fuerte componente de voto guiado por la economía real, el hartazgo ante el ruido político de Madrid y la exigencia de coherencia entre lo que se promete en campaña y lo que se vota en los despachos. La factura de la desconexión institucional, tarde o temprano, siempre llega a las urnas.

N.B. Imagen. Conceptual, crítica y directa que refleja visualmente esa brecha entre la realidad de los ciudadanos y la desconexión de los despachos políticos

Córdoba, 19 de octubre de 2026

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado, ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exconcejal del Ayuntamiento y Exdiputado provincial de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

El Puente Romano de Córdoba – (Arcos originales)

Sigo con mis nietos preguntones Ángela y Gonzalo y hoy vamos a ver el Puente Romano, deteniéndonos en los arcos 14 y 15 del mismo, que son los únicos originales del puente romano que quedan intactos.

El Puente Romano de Córdoba, erigido en el siglo I a.C. (posiblemente bajo el mandato de Augusto) para salvar el río Guadalquivir, es una de las infraestructuras históricas más importantes de España. Aunque originalmente contaba con 17 arcos, hoy en día se conservan 16, y, tras más de dos mil años de riadas, batallas y reconstrucciones, solo dos de ellos mantienen su estructura y factura romana original.

Puente Romano sobre el Guadalquivir, Córdoba, generada por IA

<<Los Supervivientes – (Arcos 14º y 15º)>>

De los 16 arcos actuales, los únicos que conservan su autenticidad arquitectónica romana son el decimocuarto y el decimoquinto, contando siempre desde el extremo norte del puente (el lado de la ciudad donde se ubica la Puerta del Puente, frente a la Mezquita-Catedral).

Estos dos arcos han logrado resistir intactos a las numerosas intervenciones que sufrieron el resto de las arcadas (especialmente durante las épocas omeya y bajomedieval), debiéndose su supervivencia en gran parte a su ubicación, ya que, al estar más cerca de la orilla norte, han sufrido menos el embate directo de las fuertes corrientes y riadas históricas del Guadalquivir en comparación con los arcos centrales.

<<Características arquitectónicas originales>>

Lo que distingue a estos dos arcos del resto de la estructura reconstruida son tres elementos clave de la ingeniería civil romana clásica:

<-El arco de medio punto perfecto: A diferencia de otros arcos del puente que fueron reconstruidos con formas ligeramente apuntadas (influencia islámica o gótica), los arcos 14 y 15 mantienen el clásico arco de medio punto romano, que distribuye el peso de manera simétrica hacia los pilares.

<-Aparejo de sillares: Están construidos mediante sólidas piezas regulares de piedra caliza y calcarenita (extraída de la Sierra de Córdoba) asentadas sin argamasa visible en su diseño original. El resto del puente mezcla materiales posteriores e intervenciones medievales.

<-Proporción y anchura: Respetan la geometría y las dimensiones originales de la Vía Augusta, que requería unos 9 metros de anchura para permitir el tráfico de legiones, carros y mercancías comerciales entre Corduba (capital de la provincia Bética) y Gades (Cádiz).

<<Por qué se perdió el resto de la estructura romana>>

A lo largo de sus 331 metros de longitud, el puente tuvo que soportar circunstancias extremas que obligaron a su constante reconstrucción:

1.- Las riadas del Guadalquivir: La fuerza del río erosionaba los cimientos y derribaba las arcadas centrales con frecuencia.

2.- Conflictos bélicos: Desde las guerras civiles romanas hasta los enfrentamientos en época medieval (como las luchas contra Pedro I “el Cruel” en el siglo XIV), el puente sufrió demoliciones tácticas parciales para evitar el paso del enemigo.

3.- Remodelaciones islámicas y cristianas: Durante el emirato y califato de Córdoba, y, posteriormente en la época cristiana, los ingenieros reconstruyeron los arcos caídos utilizando sus propios estilos arquitectónicos, modificando los tajamares (las defensas de los pilares contra la corriente) y estrechando o ensanchando ciertos tramos.

N.B. Imágenes.El Puente Romano de Córdoba – (Arcos originales y vista general total).

detalle arcos 14 y 15 originales puente romano de cordoba, generada por IA

vista completa puente romano de cordoba, generada por IA

Córdoba, 9 de octubre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado. ICA-Córdoba. – Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exconcejal Ayuntamiento y Exdiputado provincial de Córdoba. Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

Andalucía ante el espejo – (Inercia institucional y política de trinchera)

La situación política y administrativa de Andalucía revela una preocupante disonancia entre la magnitud de los problemas estructurales y la capacidad de respuesta de sus instituciones. Lejos de anticiparse o liderar soluciones, la Junta parece instalada en una lógica reactiva, mientras el Gobierno central adopta decisiones de alto impacto territorial sin un marco claro de cooperación efectiva.

En un mismo contexto temporal convergen dos cuestiones especialmente sensibles: *la gestión de los menores extranjeros no acompañados y *el déficit histórico en infraestructuras hidráulicas. Ambas evidencian no solo tensiones competenciales, sino también una insuficiente articulación institucional que termina trasladando el coste al ciudadano.

En materia migratoria, el reciente real decreto aprobado por el Consejo de Ministros fija un reparto de menores que sitúa a Andalucía en una posición destacada en términos cuantitativos. Más allá del debate político, la cuestión jurídica de fondo radica en determinar si el criterio de “capacidad ordinaria” se ha aplicado con parámetros objetivos, transparentes y verificables, o si, por el contrario, responde a una lógica de distribución que no pondera adecuadamente la presión ya existente sobre los servicios sociales autonómicos.

La reacción de la Junta, sin embargo, ha sido débil desde una perspectiva institucional. No se ha articulado, al menos públicamente, una estrategia jurídica consistente -ya sea mediante conflicto de competencias, requerimiento previo o impugnación- que permita cuestionar la decisión estatal en sede jurisdiccional. Esta ausencia de iniciativa refuerza la percepción de una Administración autonómica más preocupada por el relato político que por la defensa efectiva de sus competencias.

En paralelo, la dinámica parlamentaria autonómica refleja una preocupante banalización de los procedimientos. La fallida investidura no puede analizarse únicamente como un episodio político coyuntural, sino como un síntoma de una cultura institucional donde el cálculo estratégico prevalece sobre la responsabilidad de garantizar la gobernabilidad. La falta de acuerdos mínimos entre fuerzas ideológicamente próximas proyecta una imagen de fragmentación que debilita la posición de Andalucía en el conjunto del Estado.

El caso de las infraestructuras hidráulicas en la provincia de Córdoba añade una dimensión material especialmente grave. La negativa de la Confederación Hidrográfica del Guadiana al proyecto de conexión entre La Colada y Sierra Boyera no solo cuestiona la planificación autonómica, sino que pone de relieve la persistencia de problemas estructurales en la gestión del agua, particularmente en lo relativo a la depuración y calidad de los recursos.

Aquí la cuestión trasciende el enfrentamiento político: estamos ante un posible incumplimiento de obligaciones básicas en materia de saneamiento y salubridad pública. La contaminación por cianobacterias en el embalse de La Colada no es un episodio aislado, sino la manifestación de una planificación deficiente y de una ejecución insuficiente de competencias claramente atribuidas a la Comunidad Autónoma.

El cruce de reproches entre administraciones -Estado y Junta- no hace sino agravar la percepción de descoordinación. Mientras una administración rechaza proyectos por considerarlos innecesarios, la otra no logra acreditar la eficacia de sus propias actuaciones ni garantizar soluciones estables. El resultado es una ciudadanía expuesta a restricciones, incertidumbre y deterioro de servicios esenciales.

En este contexto, el problema no es únicamente de signo político, sino de calidad institucional. Andalucía necesita reforzar su capacidad de defensa jurídica, mejorar la planificación técnica de sus políticas públicas y recuperar una cultura de cooperación interadministrativa que hoy parece erosionada.

La apelación a un “Gobierno fuerte” solo tendrá sentido si se traduce en algo más que estabilidad parlamentaria: “Debe implicar capacidad real de decisión, rigor en la gestión y voluntad de asumir responsabilidades”. Sin estos elementos, cualquier discurso sobre firmeza política corre el riesgo de convertirse en un mero recurso retórico.

Porque, en última instancia, lo que está en juego no es el equilibrio entre partidos, sino la eficacia del sistema institucional para dar respuesta a problemas que afectan directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos.

Los andaluces pagan la factura.

El panorama es de una impotencia absoluta. El tacticismo y la política de escaparate dejan desprotegidos a los ciudadanos. Mientras en Madrid juegan al ajedrez con el mapa autonómico y en Sevilla se miden los complejos en las votaciones, la factura de las batallas de ego la pagan siempre los mismos.

Andalucía no puede permitirse el lujo de seguir perdiendo el tiempo en disputas estériles y rebajas de despachos de última hora. Necesitamos, de manera inmediata, un Gobierno fuerte, valiente y con plenas facultades para plantar cara en los tribunales, gestionar los recursos y defender los intereses de esta comunidad frente a las imposiciones externas.

Menos márketing de moderación y más gestión real.

Córdoba, a 2 de julio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba – Inspector de Trabajo y S. S.

Inflación y sobrecostes en las carreteras de Córdoba – (Freno a la conservación viaria)

1.- Análisis – (Más presupuesto, menos kilómetros).

El mantenimiento y la reforma de la red viaria en España no se enfrentan a un bloqueo institucional en términos absolutos, sino a una severa pérdida de poder adquisitivo en el sector de la construcción de infraestructuras. La realidad sobre el terreno es que el dinero rinde muchísimo menos que antes, lo que en la práctica ralentiza, encarece o deja desiertos muchos proyectos esenciales de reforma y conservación.

<-Déficit estructural: Se dice que España arrastra un bache de inversión acumulado en la red estatal de unos 5.600 millones de euros desde la crisis de 2008, aunque asociaciones como la Asociación Española de la Carretera (AEC) o la patronal de fabricantes de asfalto (Asefma) elevan la cifra necesaria para poner el contador a cero en todo el país a más de 13.400 millones de euros.

<-La paradoja de la inflación: A pesar de destinarse una cifra récord de casi 1.910 millones de euros a la conservación viaria, los sobrecostes diluyen el esfuerzo. Es un hecho fijado con prudencia, que el precio del asfalto se ha disparado más de un 25% desde la pandemia (el coste por kilómetro ha pasado de 42.000 a cerca de 50.000 euros) y la producción actual de mezcla asfáltica ha caído un 9%, situándose a la mitad de lo que el país requeriría para ponerse al día.

En resumen, los sobrecostes de las materias primas y la energía provocan que las licitaciones públicas se queden cortas, obligando a las administraciones a dilatar los plazos y empeorando visiblemente el firme de las carreteras.

2.- Radiografía del problema en Córdoba y Provincia.

Al descender al terreno local, la escalada de costes de las materias primas —donde el betún ha subido un 50% y la energía para la maquinaria un 47% debido a las últimas tensiones internacionales— provoca que los concursos públicos queden desiertos. Según datos de la patronal andaluza de la construcción (Ceacop), esta situación ha dejado 43 obras públicas desiertas en la provincia de Córdoba, bloqueando inversiones por valor de casi 11 millones de euros.

***El impacto directo en la red viaria cordobesa se sufre principalmente en tres frentes institucionales:

A.- Red Autonómica – (Junta de Andalucía).

<-El Plan Extraordinario de Asfaltado: Diseñado con un presupuesto de 140 millones de euros para vías autonómicas, sus contratos se calcularon antes de las últimas alzas de precios. Al no existir cláusulas dinámicas y automáticas de revisión, las constructoras asumen sobrecostes que superan el 30%, provocando que las licitaciones de mezclas en caliente (como las capas tipo AC-16 SURF en varias calzadas de la provincia) se queden directamente vacías porque las empresas prefieren no ofertar antes que perder dinero.

<-El Eje Córdoba-Jaén (A-306 por El Carpio hasta Torredonjimeno): La histórica conversión en autovía de esta calzada clave fue descartada a corto plazo por la Junta debido al prohibitivo contexto inflacionista actual, lo que ha encendido la polémica social (materializada en una campaña de 18.000 firmas vecinales que exigen la autovía). La alternativa actual es un proyecto de mejora de capacidad y seguridad para los 42 kilómetros restantes que faltan hasta El Carpio. Aunque hay 9 empresas compitiendo en la fase de diseño y redacción, el verdadero cuello de botella legal y técnico surgirá en la licitación del asfaltado real: “Si la Administración no actualiza los precios base por kilómetro, se corre el riesgo inminente de que quede desierta”.

B.- Red del Estado – (Ministerio de Transportes).

El Gobierno central licitó un paquete de 24,9 millones de euros para la conservación y explotación de carreteras estatales en Córdoba (Sector 01). No obstante, la falta de margen económico para reasfaltados profundos mantiene bajo una fuerte tensión a vías críticas que acumulan numerosas quejas:

<-N-432 (Badajoz – Córdoba – Granada): Afecta de lleno al tramo desde el límite provincial de Badajoz (Fuente Obejuna) hasta el límite con Jaén (Baena), ralentizando sus proyectos de conversión en autovía.

<-N-502: Especialmente tensionada en el tramo que va desde Espiel hasta el límite con Ciudad Real.

<-Autovía CO-31: Afecta a los accesos situados al noroeste de Córdoba capital. La Autovía CO-31 es una vía de acceso de la red estatal que conecta la autovía del Sur (A-4) con la carretera N-432 en la zona norte de Córdoba.

C.- Red Provincial y Caminos Rurales – (Diputación de Córdoba).

La red de carreteras secundarias y caminos de titularidad provincial sufre una acusada falta de mantenimiento operativo que los usuarios califican de abandono. En los desgloses presupuestarios de la institución provincial, las partidas destinadas el mantenimiento de carreteras se cifran en unos 10 millones, que se diluyen rápidamente al intentar cubrir la extensa red capilar de la provincia.

Nota. El Presupuesto de la Diputación asciende a 522,9 millones de euros en términos consolidados; incremento del 21,3% respecto a 2025; en cifras globales se traduce en 91,8 millones de euros más; y solo por señalar unos datos, *ej. Epremasa el año que viene tendrá unas pérdidas se eleven a los 6,74 millones de euros; y, Emproacsa irá a unas pérdidas el año que viene de 6,4 millones de euros, que se cubrirán sin más problemas por el Gobierno del P. P. de Salvador Fuentes.

<-La asfixia de las vías secundarias: Al igual que ocurre con las demás administraciones, los sobrecostes del betún y los áridos impiden que los fondos ordinarios alcancen para cubrir las actuaciones necesarias. Al tratarse de carreteras que comunican núcleos menores y explotaciones agrícolas, el encarecimiento de la maquinaria pesada y del gasoil hace inviables económicamente los parches licitados.

<-El descuido de los caminos vecinales: Las pequeñas constructoras rurales y los ayuntamientos medianos no disponen de fórmulas para reequilibrar contratos menores frente a pérdidas del 30%. Esto frena en seco el desbroce, la consolidación y el afirmado de caminos rurales esenciales para el sector agropecuario de las comarcas cordobesas, agravando la sensación de aislamiento de los municipios de la periferia.

3.- Impacto asimétrico – (Obras mayores vs. Obras menores).

La inflación no golpea a todos los proyectos por igual; de hecho, actúa con una asimetría jurídica y económica radical que perjudica al eslabón más débil de la contratación pública. En toda Andalucía, el problema ha escalado hasta dejar cerca de 300 obras públicas desiertas, sumando 116 millones de euros paralizados.

<-Obras Menores – (La “tormenta perfecta” del abandono): Son los contratos de menor cuantía (mejoras de accesibilidad, reurbanización de calles de barrio, parches locales o arreglos en colegios y caminos) que oscilan entre los 50.000 y los 300.000 euros. Al tener presupuestos tan ajustados, carecen por completo de margen de maniobra ante las subidas del betún o el gasoil. Además, los mecanismos excepcionales de revisión de precios de la Administración suelen exigir condiciones complejas -como que la obra dure más de un año-, que excluyen por ley a las obras menores, dejándolas desprotegidas.

El ejemplo real en Córdoba: El Ayuntamiento de Córdoba tuvo que declarar desierta la mejora de accesibilidad de la Avenida República Argentina (177.135 euros) porque la única empresa que se presentó no pudo aportar la documentación de forma viable. Lo mismo ocurrió con el proyecto de 4 viviendas de VPO en la calle Puente de Montoro (unos 580.000 euros). Las pequeñas constructoras locales no pueden arriesgar su supervivencia en contratos que las abocan a pérdidas inevitables.

<-Obras Mayores – (Ralentización sistemática o “parálisis por inanición”): En las grandes infraestructuras (autovías, variantes o macroplanes), las grandes constructoras cuentan con mayor músculo financiero, economías de escala y contratos de suministro a largo plazo. No suelen dejar los concursos vacíos con tanta facilidad porque abandonar la obra implicaría la pérdida de fianzas millonarias y duras penalizaciones legales. En su lugar, optan por ralentizar el ritmo de ejecución al mínimo legal, estirando los plazos a la espera de que el mercado se estabilice. Esto explica por qué grandes proyectos, como el Plan Extraordinario de Asfaltado de la Junta, continúan vivos pero avanzan de manera desesperadamente lenta mientras absorben sobrecostes del 30%.

4.- Contraste con el entorno urbano – (Córdoba Capital).

A diferencia de las carreteras interurbanas, el entorno urbano de Córdoba capital ha logrado sortear parcialmente el bloqueo en sus principales arterias mediante una estrategia de adaptación:

<-Plan de Asfalto (Fases 2 y 3): Se ha adjudicado formalmente este macroproyecto con una inversión de más de 7,1 millones de euros para renovar el firme de 133 calles y grandes avenidas repartidas en los 10 distritos de la ciudad entre este año y el siguiente.-

¿Por qué ha tenido éxito?: El Consistorio fragmentó el contrato en lotes atractivos y accesibles para las constructoras locales y, fundamentalmente, utilizó partidas presupuestarias actualizadas a los precios reales del mercado actual. Sin embargo, el blindaje no ha sido total: “Los sobrecostes de la construcción sí han dejado desiertas obras municipales menores en la periferia y promociones de vivienda protegida de alquiler donde los márgenes fijados por la administración eran excesivamente bajos”.

5.- Consecuencias a medio plazo para la Provincia.

La inflación industrial actúa como un impuesto invisible que fractura la modernización y la cohesión territorial de Córdoba de tres formas directas:

1.- El laberinto legal de las obras vivas: Al no contar con fórmulas ágiles de reequilibrio contractual, los plazos de ejecución se extienden indefinidamente, traduciéndose en carreteras cortadas y obras que se eternizan.

2.- Pérdida de kilómetros reales: Ante presupuestos similares o con ligeros incrementos nominales, el encarecimiento de los materiales obliga a la Diputación y a los ayuntamientos a realizar un “bacheo quirúrgico” de emergencia, posponiendo las reformas integrales necesarias en las travesías de zonas como el norte de la provincia (Los Pedroches y el Guadiato) y la Subbética.

3.- Freno a la cohesión territorial: Córdoba, situada históricamente a la cola de la inversión por habitante en Andalucía, ve cómo sus grandes ejes vertebradores (variantes de población, las mejoras de la N-432 o los terceros carriles de la A-306) se dilatan en el tiempo debido a la lenta burocracia que exige la actualización de los precios base de los proyectos.

N. B. Imagen. Inflación y sobrecostes en las Carreteras de Córdoba – (Freno a la conservación viaria).

Córdoba, a 18 de junio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Sostenibilidad del Modelo de Bienestar y el futuro del SNS

1.- El Sistema Nacional de Salud entre <-el temporal y el diluvio->-

Es un hecho real, que la gestión del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se sitúa en el epicentro de una crisis de sostenibilidad, ya que, la saturación de la atención primaria y las listas de espera quirúrgicas (que ya superan en demasiados casos los 200 días de media), han forzado la apertura del debate técnico sobre el copago por actos médicos (consultas, especialistas y urgencias) como medida de supervivencia.

<<El desafío de la regularización y el arraigo familiar>>

El impacto real de la regularización extraordinaria se estima ahora en 2 millones de personas, impulsado por el “efecto llamada” y, especialmente, por el arraigo familiar transversal. Este último factor es crítico: “La llegada de ascendientes (padres y abuelos) desplaza el gasto hacia la cronicidad y la polifarmacia, con un coste anual por paciente de 1.884 eur. frente a los 720 eur. de un adulto joven”.

2.- El techo de cristal financiero – (La ilusión de los recursos infinitos).

Es imperativo desterrar la creencia de que los recursos del Estado son elásticos o infinitos. En 2026, España ha alcanzado un punto de agotamiento real de sus fuentes de financiación:

<-Límite de Presión Fiscal: La carga impositiva sobre ciudadanos y empresas ha llegado a un nivel de saturación donde cualquier incremento adicional corre el riesgo de reducir la actividad económica y, por ende, la recaudación neta (Curva de Laffer).

<-Restricción de Deuda: Con una deuda pública que condiciona los presupuestos futuros, el margen para financiar gasto corriente mediante préstamos se ha cerrado debido a las reglas fiscales de la UE y la disciplina de los mercados.

<-La ecuación del agotamiento:

Recursos Max=Recaudación Impositiva Limitada+Capacidad de Endeudamiento Agotada

Cuando la demanda de servicios crece exponencialmente (2 millones de nuevos usuarios) pero la base de recursos es finita, el sistema entra en insolvencia técnica.

3.- El SNS en el marco del gasto público agregado.

La viabilidad de la sanidad está condicionada por un exceso de gasto público estructural, que limita la capacidad de inversión en salud:

<-Partidas rígidas: El gasto en pensiones, la nómina de los funcionarios y el servicio de la deuda absorben la mayor parte de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

<-Asfixia presupuestaria: El mantenimiento de un gasto corriente elevado en la administración reduce el margen de maniobra para afrontar la incorporación masiva de usuarios con alta demanda asistencial.

4.- Deterioro transversal de los servicios públicos.

La derivación de recursos hacia la protección social y el gasto corriente está provocando un deterioro palpable en otros pilares del Estado:

<-Infraestructuras: Falta de inversión en carreteras y ferrocarril, afectando a la competitividad.

<-Seguridad y Educación: Pérdida de calidad por falta de renovación de plantillas.

<-Cuidado de Mayores: Una Ley de Dependencia infrafinanciada que satura indirectamente los hospitales.

5.- Viabilidad jurídica y el dilema del copago.

La implementación de un sistema de copago en Andalucía enfrenta barreras legales (STC 71/2014 y Ley General de Sanidad). Sin embargo, ante la imposibilidad de ampliar los recursos finitos del Estado, el copago se perfila como una tasa de corresponsabilidad necesaria para:

1.- Efecto Disuasorio: Frenar el uso inadecuado de urgencias y consultas.

2.- Inyección de Liquidez: Aportar fondos directos que el sistema tributario ya no puede generar por sí solo.

6.. Conclusión y Perspectiva Social. El descontento social manifiesta una realidad innegable: “El ciudadano percibe que el incremento de la presión fiscal no se traduce en mejores servicios, sino en una degradación de su calidad de vida”.

En definitiva, la sostenibilidad del SNS depende de aceptar que hemos llegado al límite de los recursos no ampliables. Sin una reforma profunda que incluya medidas severas como el copago o una reestructuración drástica de la inversión pública, el contrato social corre el riesgo de romperse definitivamente ante la incapacidad del Estado para gestionar una demanda infinita con recursos que, finalmente, se han agotado.

N. B. Imagen. Realidad visible.

(Los recursos del Estado son infinitos y en España hemos llegado a un punto de agotamiento real de esos recursos finitos y no ampliables más).

Córdoba, a 26 de abril de 2026

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba Inspector de Trabajo y S.S.