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Empleo Público vs. Privado en Córdoba y Provincia – (brecha salarial y estructural)

Un grupo de lectores numeroso del blog me pregunta, ¿si es cierto que existe una brecha entre el empleo público y el privado en Córdoba y Provincia?

Por todo lo que vengo observando y viendo día a día no es que exista una brecha, sino que lo que realmente hay es un barranco profundo y estructural entre ambos empleos, así que para examinar lo que existe, intentaré realizar un análisis detallado, breve y fundado llevando a cabo un análisis claro y preciso de la situación.

<<Análisis general>>

El análisis del mercado laboral en la provincia de Córdoba revela una marcada dualidad entre el sector público y el sector privado, ya que, mientras que el sector privado constituye el motor de la actividad económica en términos de volumen de ocupación, el sector público destaca por presentar *niveles salariales significativamente superiores, *mayor estabilidad laboral y *una menor incidencia de la parcialidad y la estacionalidad.

Oficialmente, a partir de los datos integrados de la Encuesta de Población Activa (EPA), la Seguridad Social y el Registro Central de Personal de las Administraciones Públicas, este informe analizará la estructura, distribución, masas salariales y factores desencadenantes de la brecha existente entre ambos sectores.

(Nota. Poner de relieve, que la realidad pasando por encima de los datos oficiales es mucho más preocupante que esas cifras que se manejan por los organismos públicos.)

1.- El Empleo Público en Córdoba y Provincia.

El sector público en la provincia cuenta con más de 51.000 empleados (a los que hay que sumar un número de trabajadores contratados externamente, que suponen un tercio más de personal contratado por la LCSP),cifra abarca al personal funcionario de carrera, laboral e interino, así como al personal adscrito a entes instrumentales, empresas públicas, consorcios y organismos autónomos.

DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO EN CÓRDOBA

┌─────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────┐

│ Administración / Ente │ Nº de Trabajadores │ % Público │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤

│ Junta de Andalucía (Autonómica) │ ~31.700 │ ~60 – 62% │

│ Administración Local (Ayunt. / Dip.) │ ~10.000 – 11.000 │ ~20 – 21% │

│ Administración General del Estado (AGE) │ ~5.500 – 6.000 │ ~11 – 12% │

│ Universidad de Córdoba (UCO) │ ~3.000 – 3.500 │ ~6 – 7% │

└─────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────┘

<<Desglose por estructura y entes instrumentales>>

<-Junta de Andalucía: Constituye el núcleo principal del empleo público provincial, siendo sus áreas con mayor peso Sanidad (Servicio Andaluz de Salud – SAS) y Educación Pública. Incluye además el llamado “sector público instrumental” u organismos descentralizados:

*Agencias Administrativas y de Régimen Especial (p. ej., Agencia Tributaria de Andalucía, Agencia de Servicios Sociales y Dependencia).

*Agencias Públicas Empresariales y Sociedades Mercantiles (como la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía – AVRA, la Agencia de Obra Pública o entidades del ciclo del agua/medio ambiente como GIASA/AMAYA).

<-Administración Local:

*Ayuntamiento de Córdoba: Compuesto por la plantilla municipal centralizada y su entramado empresarial público (SADECO, AUCORSA, EMACSA, VIMCORSA) y organismos autónomos (IMDEEC, IMDAC, IMDECO).

*Ayuntamientos de toda la Provincia.

*Diputación Provincial: Integra personal propio, empresas y consorcios provinciales (EMPROACSA, EPREMASA, PRODECO, Consorcio de Bomberos, entre otros).

<-Administración General del Estado (AGE): Comprende las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), las Fuerzas Armadas (incluida la Base Logística del Ejército de Tierra – BLET), la Administración de Justicia, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

<-Universidad de Córdoba (UCO): Agrupa tanto al Personal Docente e Investigador (PDI) como al Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS).

2.- El Empleo Privado en Córdoba y Provincia.

La masa global de ocupación provincial en la Seguridad Social se sitúa por encima de los 314.000 afiliados, de forma, que al descontar al personal dependiente del sector público, el sector privado representa aproximadamente el 83,7% de la actividad laboral total, agrupando a unos 263.000 trabajadores (entre autónomos y asalariados).

<-Estratificación sectorial del sector privado:

*Sector Servicios: Representa el motor cuantitativo de la contratación privada (más del 65%). Se centra en hostelería, restauración y comercio, con especial fuerza en la capital gracias al turismo cultural e interior.

*Sector agrario y agroindustria: Pieza clave en la provincia (comarcas de Montilla-Moriles, Subbética, Valle del Guadiato y Los Pedroches). Presenta una elevada estacionalidad asociada a las campañas agrícolas (olivar, cítricos, recolección).

*Sector industrial: Concentrado en polos específicos como la joyería en la capital (Parque Joyero), la transformación agroalimentaria (cárnicas, aceite, vino) y el sector del frío y la refrigeración comercial (destacando el núcleo de Lucena).

*Construcción: Mantiene un volumen estable de entre el 7% y el 9% del empleo privado provincial.

3.- Balance comparativo de retribuciones y masa salarial.

El análisis de los ingresos revela diferencias notables entre las retribuciones del sector público y las del sector privado en la provincia.

Concepto	Sector Público	Sector Privado	Brecha / Diferencia
Nº de Trabajadores	~51.000 (16,3%)	~263.000 (83,7%)	El sector privado emplea a 5 veces más personas.
Salario Medio Bruto Anual	~33.200 €	~18.800 €	+76,6% en el sector público.
Salario Medio Bruto Mensual (14 p.)	~2.370 €	~1.340 €	+1.030 €/mes en el sector público.
Masa Salarial Anual Estimada	~1.693 Millones €	~4.944 Millones €	El sector privado genera el 74,5% de la masa salarial total.

<-Niveles salariales específicos.

**En el Sector Público:

*Puestos técnicos / Titulados superiores (Grupo A1/A2 y Agencias): 36.000 € – 50.000+ €/año.

*Personal administrativo y auxiliar (Grupo C1/C2 y empresas públicas): 22.000 € – 28.000 €/año.

*Altos cargos y directivos de entes instrumentales: 55.000 € – 85.000 €/año.

**En el Sector Privado:

*Trabajo agrario y campo: Promedio afectado por estacionalidad (14.000 € – 17.000 €/año).

*Comercio y Hostelería: 16.000 € – 21.000 €/año.

*Industria y Construcción: Salarios de mayor rango dentro del sector privado (23.000 € – 30.000 €/año).

Nota sobre la jornada: Para asalariados a jornada completa continua en el sector privado, el promedio asciende a unos 24.500 €/año, viéndose el promedio global reducido por la elevada parcialidad y temporalidad.

4.- Análisis de la brecha existente.

La diferencia del 76,6% en la retribución media bruta anual a favor del empleo público obedece a factores estructurales del mercado de trabajo en Córdoba:

1.- Nivel de cualificación y composición de puestos: El sector público concentra un alto porcentaje de titulados superiores (médicos, docentes, facultativos, técnicos de la administración). En contraste, la estructura productiva privada cordobesa presenta una fuerte ponderación de sectores como el agrario y los servicios no cualificados, donde el valor añadido por puesto es menor.

2.- Parcialidad, temporalidad y estacionalidad: Mientras que el sector público opera predominantemente bajo esquemas de jornada completa continua, el sector privado provincial está condicionado por contrataciones a tiempo parcial y picos estacionales de actividad (turismo y campañas agrícolas), lo que reduce la remuneración bruta percibida al cabo del año.

3.- Antigüedad y complementos: La acumulación de trienios y complementos de antigüedad en el sector público eleva la masa salarial global, una dinámica con menor impacto directo en los convenios colectivos habituales del sector privado.

4.- Diferencia real y entorno económico: Aunque los datos oficiales señalan una brecha del 76,6%, en la práctica la diferencia perceptible en estabilidad, coberturas y salario neto efectivo resulta superior, generando un contraste directo entre la seguridad laboral del ámbito público y las condiciones del mercado privado provincial.

4.- Zonas rurales y los barrios con menor nivel de ingresos de la capital.

Al contrastar las cifras del informe con los datos de renta e ingresos de las zonas rurales y los barrios con menor nivel de ingresos de la capital (según las métricas del Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del INE), la brecha laboral cobra una dimensión socioeconómica aún más profunda:

1.- Salario medio público vs. Barrios con menor renta en Córdoba capital.

En los barrios con menor nivel de ingresos de Córdoba capital (como Guadalquivir, Las Palmeras o Sector Sur), *la renta media anual por habitante se sitúa en torno a los 8.500 € – 9.200 €, y *el ingreso medio bruto por declarante/hogar con empleo difícilmente supera los 12.000 € – 14.000 € anuales, debido a la altísima incidencia de la economía informal, el desempleo estructural y los contratos por días o semanas.

**Brecha en ingresos: El empleo público medio en Córdoba (~33.200 € brutos/año) multiplica por casi 3 (~230% – 280% más) los ingresos asalariados medios percibidos en estos barrios.

**Contraste social: Mientras que en un grupo laboral del sector público (por ejemplo, titulados A1/A2 con ingresos de 36.000 € a 50.000 €) un solo sueldo sostiene con holgura a una familia, en estos barrios el ingreso equivalente exige la suma de 3 a 4 empleos precarios o a tiempo parcial del sector privado.

2.- Salario medio público vs. Zonas rurales y agrícolas.

En los municipios eminentemente rurales de la provincia (comarcas del Valle del Guadiato, Los Pedroches o la Subbética rural), *la renta por habitante fluctúa en torno a los 8.600 € – 10.000 € anuales, y *el ingreso por trabajo agrario/jornalero ronda los 14.000 € – 17.000 €/año condicionado por las campañas.

**Brecha respecto al sueldo público: El salario público medio (~33.200 €) es un 100% a 135% superior (más del doble) al ingreso medio de un trabajador del sector agrario o agroindustrial rural.

**Impacto en la masa salarial local: En muchas comarcas rurales de Córdoba, la principal masa salarial estable y de alto poder adquisitivo la aportan precisamente los empleados públicos destinados en la zona (docentes, personal sanitario de centros de salud, Guardia Civil, personal municipal o de mancomunidades), actuando como el auténtico soporte del comercio y los servicios locales frente a la volatilidad de las campañas agrícolas.

3.- Síntesis.

Al comparar estos tres planos, la estructura laboral de Córdoba refleja tres realidades superpuestas:

Entorno / Colectivo	Ingreso / Salario Medio Anual Estimado	Diferencia con el Sector Público (~33.200 €)
Sector Público Provincial	~33.200 €	Base de comparación
Sector Privado Promedio	~18.800 €	+76,6% a favor del sector público
Trabajo Agrario / Rural	~14.000 € – 17.000 €	+95% a +137% a favor del sector público
Barrios con menor renta (Capital)	~12.000 € – 14.000 € (por declarante)	+137% a +176% a favor del sector público

<-Conclusión: La brecha del 76,6% registrada en las cifras globales del informe es solo una “fotografía promedio”. Cuando se desciende al detalle territorial, la brecha salarial actúa como una frontera estamental:

“El sector público garantiza la clase media y alta en la provincia, mientras que las zonas rurales y los barrios periféricos urbanos quedan relegados a rentas del trabajo que no alcanzan la mitad del promedio público, acentuando la polarización social en Córdoba.

N.B. Imagen. Informe Consolidado – El Empleo Público y Privado en Córdoba y Provincia

(Análisis crítico de la Brecha Salarial y Estructural)

(Nota. Masa salarial total del sector público en Córdoba: Aproximadamente 1.693 millones de euros anuales (para unos 51.000 trabajadores).

**Importe total de los salarios privados en Córdoba: Aproximadamente 4.944 millones de euros anuales (generados por unos 263.000 trabajadores, lo que representa el 74,5% de la masa salarial total de la provincia).

Visto lo visto, el gasto (o retribución) medio bruto anual por empleado en cada sector se calcula dividiendo la masa salarial total entre el número de trabajadores de cada ámbito:

1.- Sector Público:

Masa salarial total: ~1.693.000.000 €
Número de trabajadores: ~51.000
Gasto medio por empleado: ~33.196 € brutos al año (~2.371 €/mes en 14 pagas)

2.- Sector Privado:

Masa salarial total: ~4.944.000.000 €
Número de trabajadores: ~263.000 (entre autónomos y asalariados)
Gasto medio por empleado: ~18.798 € brutos al año (~1.343 €/mes en 14 pagas)

<-Análisis de la diferencia:

Diferencia absoluta: El sector público invierte 14.398 € más al año por empleado que el sector privado.
Diferencia relativa: El gasto por empleado en el sector público es un 76,6% superior al del sector privado.

Cabe destacar, tal como señala el informe, que esta cifra refleja el promedio retributivo bruto global y está marcada por factores estructurales: “La mayor concentración de titulados superiores en el sector público frente a la elevada temporalidad, parcialidad y estacionalidad del sector privado provincial”.)

**Sobran más comentarios-No existe una brecha, sino que lo que realmente hay es un barranco profundo y estructural entre ambos empleos **

Córdoba, 11 de octubre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. – Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exconcejal Ayuntamiento y Exdiputado provincial de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

Sostenibilidad del Modelo de Bienestar y el futuro del SNS

1.- El Sistema Nacional de Salud entre <-el temporal y el diluvio->-

Es un hecho real, que la gestión del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se sitúa en el epicentro de una crisis de sostenibilidad, ya que, la saturación de la atención primaria y las listas de espera quirúrgicas (que ya superan en demasiados casos los 200 días de media), han forzado la apertura del debate técnico sobre el copago por actos médicos (consultas, especialistas y urgencias) como medida de supervivencia.

<<El desafío de la regularización y el arraigo familiar>>

El impacto real de la regularización extraordinaria se estima ahora en 2 millones de personas, impulsado por el “efecto llamada” y, especialmente, por el arraigo familiar transversal. Este último factor es crítico: “La llegada de ascendientes (padres y abuelos) desplaza el gasto hacia la cronicidad y la polifarmacia, con un coste anual por paciente de 1.884 eur. frente a los 720 eur. de un adulto joven”.

2.- El techo de cristal financiero – (La ilusión de los recursos infinitos).

Es imperativo desterrar la creencia de que los recursos del Estado son elásticos o infinitos. En 2026, España ha alcanzado un punto de agotamiento real de sus fuentes de financiación:

<-Límite de Presión Fiscal: La carga impositiva sobre ciudadanos y empresas ha llegado a un nivel de saturación donde cualquier incremento adicional corre el riesgo de reducir la actividad económica y, por ende, la recaudación neta (Curva de Laffer).

<-Restricción de Deuda: Con una deuda pública que condiciona los presupuestos futuros, el margen para financiar gasto corriente mediante préstamos se ha cerrado debido a las reglas fiscales de la UE y la disciplina de los mercados.

<-La ecuación del agotamiento:

Recursos Max=Recaudación Impositiva Limitada+Capacidad de Endeudamiento Agotada

Cuando la demanda de servicios crece exponencialmente (2 millones de nuevos usuarios) pero la base de recursos es finita, el sistema entra en insolvencia técnica.

3.- El SNS en el marco del gasto público agregado.

La viabilidad de la sanidad está condicionada por un exceso de gasto público estructural, que limita la capacidad de inversión en salud:

<-Partidas rígidas: El gasto en pensiones, la nómina de los funcionarios y el servicio de la deuda absorben la mayor parte de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

<-Asfixia presupuestaria: El mantenimiento de un gasto corriente elevado en la administración reduce el margen de maniobra para afrontar la incorporación masiva de usuarios con alta demanda asistencial.

4.- Deterioro transversal de los servicios públicos.

La derivación de recursos hacia la protección social y el gasto corriente está provocando un deterioro palpable en otros pilares del Estado:

<-Infraestructuras: Falta de inversión en carreteras y ferrocarril, afectando a la competitividad.

<-Seguridad y Educación: Pérdida de calidad por falta de renovación de plantillas.

<-Cuidado de Mayores: Una Ley de Dependencia infrafinanciada que satura indirectamente los hospitales.

5.- Viabilidad jurídica y el dilema del copago.

La implementación de un sistema de copago en Andalucía enfrenta barreras legales (STC 71/2014 y Ley General de Sanidad). Sin embargo, ante la imposibilidad de ampliar los recursos finitos del Estado, el copago se perfila como una tasa de corresponsabilidad necesaria para:

1.- Efecto Disuasorio: Frenar el uso inadecuado de urgencias y consultas.

2.- Inyección de Liquidez: Aportar fondos directos que el sistema tributario ya no puede generar por sí solo.

6.. Conclusión y Perspectiva Social. El descontento social manifiesta una realidad innegable: “El ciudadano percibe que el incremento de la presión fiscal no se traduce en mejores servicios, sino en una degradación de su calidad de vida”.

En definitiva, la sostenibilidad del SNS depende de aceptar que hemos llegado al límite de los recursos no ampliables. Sin una reforma profunda que incluya medidas severas como el copago o una reestructuración drástica de la inversión pública, el contrato social corre el riesgo de romperse definitivamente ante la incapacidad del Estado para gestionar una demanda infinita con recursos que, finalmente, se han agotado.

N. B. Imagen. Realidad visible.

(Los recursos del Estado son infinitos y en España hemos llegado a un punto de agotamiento real de esos recursos finitos y no ampliables más).

Córdoba, a 26 de abril de 2026

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba Inspector de Trabajo y S.S.

Listas de Espera Sanitarias – Agenda Oculta Política (Mantener listas de espera como armas)

Uno de mis lectores, muy indignado, me dice que para una operación de hernía inguinal, le han puesto en lista de espera para dentro de cuatro meses (me ahorro otros detalles de su historia), y, me pregunta, ¿qué puede hacer y cual es mi opinión sobre las listas de espera sanitarias?

Curiosamente, casi a la vez, leo en el Periódico Digital El Debate (20/11/2024 Actualizada 10:34) la siguiente noticia:

“La gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, María Dolores Acón, ha presentado su dimisión este martes, menos de una semana después de la polémica suscitada por sus declaraciones en las que ponía en cuestión los datos de las listas de espera sanitarias de Cantabria.

La Sñrª. Acón apuntó a la existencia de «agendas ocultas» que no son asistenciales sino «políticas», porque «se necesita que sigan teniendo cuestiones para tener armas arrojadizas»; sindicales, porque «les interesa que haya una perpetuidad de líneas para poder seguir incorporando más necesidades e incrementos vinculados a la necesidad de mantener las listas de espera»; e incluso de colegios profesionales, «que también tienen algo que ver en esto», así como de las sociedades científicas, que «muchas veces dictaminan una serie de recomendaciones que impiden incorporar especialidades con una polivalencia que permitiría desbloquear determinadas situaciones de lista de espera”.

Imagino, que cuando El Debate publicita la noticia será por que es cierta y no un bulo de los que ahora circulan sin control.

La posible realidad denunciada sobre las listas de espera sanitarias no puede ser más escándalosa, de manera, que todos los poderes públicos afectados Ministerio de Sanidad y CC. AA. con competencias sanitarias debería realizar un examen profundo de las listas de espera para aclarar el asunto, dando de forma inmediata una información transparente al Pueblo, que las sufre y soporta a diario, como le ocurre a mi lector, que me pregunta sobre el tema.

Si es verdad, que existen «agendas ocultas», que no son asistenciales sino «políticas», porque «se necesita que sigan teniendo cuestiones para tener armas arrojadizas»; sindicales, porque «les interesa que haya una perpetuidad de líneas para poder seguir incorporando más necesidades e incrementos vinculados a la necesidad de mantener las listas de espera»; e incluso de colegios profesionales, «que también tienen algo que ver en esto», así como de las sociedades científicas, que «muchas veces dictaminan una serie de recomendaciones que impiden incorporar especialidades con una polivalencia que permitiría desbloquear determinadas situaciones de lista de espera”; alguien de esos poderes públicos, que detentan el poder sanitario, debería responsabilizarse del desastre sanitario de las listas de espera.

Como se comprenderá, me es imposible contestar a mi lector, aunque es algo imperativo, que se debe dirigir la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y al SAS poniéndoles de relieve las declaraciones de ls dimitida Sñrª. Gerente del Hospital Universitario Marquéz de Valdecillas, ya que, en base a ellas es evidente, que las listas de espera fijadas a Nivel Nacional no pueden ser de fiar y, en consecuencia, las listas de espera en Andalucía están bajo sospecha de manipulación.

Si lo expuesto afecta a mi lector, solo cabe una pregunta:

¿cuántos casos existen ahora mismo en Andalucía iguales y/o parecidos, -mejores y peores-?

Ha llegado la hora de la libertad y creo que asociaciones y colectivos como “Córdoba Abierta ACOA” deben comenzar a moverse y tendrán mucho que decir y hacer en defensa de nuestros derechos y libertades.

N.B. Si es verdad, que existen Listas de Espera Sanitarias y una Agenda Oculta Política para mantener listas de espera como armas arrojadizas, hay de denunciarlo ante todos los Poderes Públicos competentes.

Al contrario de lo que se dice ahora, SI es SI.

Córdoba, a 21 de noviembre de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA – Córdoba. Cd. 1316.