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Córdoba ante el calor extremo – (Reacción asistencial vs. obligación pública de adaptación)

El verano de 2026 ha vuelto a constatar una realidad incontestable: <-Córdoba y su provincia ya no afrontan un mero episodio estacional de altas temperaturas, sino un riesgo estructural, recurrente y objetivamente acreditado->.

Con avisos rojos (calor severo) recurrentes y previsiones que alcanzan los 44 °C en la Campiña, la gestión del calor extremo ha dejado de pertenecer al ámbito de la oportunidad política para situarse estrictamente en el terreno de la responsabilidad institucional y la buena administración.

Cuando un peligro es previsible, reiterado y lesivo para bienes jurídicos primarios -como la vida, la integridad física y la salud-, la respuesta pública no puede limitarse a la improvisación coyuntural ni al auxilio episódico.

Una administración que dispone de evidencia climática, instrumentos de alerta y geolocalización de la vulnerabilidad, no puede reaccionar cada verano como si se enfrentase a un hecho excepcional.

La inacción o la insuficiencia planificada ya no es neutralidad, sino que es una forma de desprotección institucional.

1.- El límite del modelo asistencial.

El marco normativo e institucional de 2026 ya está desplegado. El Plan Nacional de Actuaciones Preventivas, junto con los protocolos autonómicos y la red municipal de ocho refugios climáticos en Córdoba, constituyen un avance innegable. Sin embargo, los recursos de emergencia mitigan el daño, pero no adaptan la ciudad.

El error de fondo radica en perseverar en un asistencialismo fragmentario. Abrir equipamientos climatizados durante los picos de alerta es una medida útil, pero insuficiente si no se acompaña de una transformación estructural del entorno urbano. La adaptación real exige incorporar criterios bioclimáticos estables en cuatro ejes urgentes:

<El diseño y planeamiento urbanístico.

<La edificación y el código técnico local.

<La red pública de cuidados compartidos.

<La dimensión material de la desigualdad (pobreza energética y vulnerabilidad habitacional).

2.- Estructura de intervención – (Tres pilares).

Para articular una estrategia municipal de adaptación térmica con vocación de permanencia -sometida a indicadores verificables y blindada frente a la alternancia política- se propone una estructura de intervención en tres niveles:

I. Respuesta inmediata y accesibilidad real.

Consolidar y ampliar la red de refugios climáticos actuales, garantizando su apertura continuada, señalización intuitiva, horarios adaptados a las horas críticas de radiación y una búsqueda activa de la población aislada (especialmente mayores que viven solos).

II. Transición urbana y resiliencia cívica.

Intervención urgente en entornos vulnerables: patios escolares, centros cívicos, itinerarios peatonales y zonas de espera mediante sombreado artificial y vegetación funcional. El calor no solo se combate con climatización mecánica, sino con diseño urbano adaptativo y cultura de autoprotección.

III. Blindaje normativo y contratación pública.

Trasladar la prioridad climática al plano reglamentario. Esto implica imponer exigencias bioclimáticas estrictas en las nuevas licencias de edificación, revisar el espacio público expuesto e introducir cláusulas de adaptación térmica y salud laboral en los pliegos de condiciones de la contratación y obra pública.

3.- Propuesta de reasignación presupuestaria.

Para dotar de viabilidad económica a esta estrategia, se propone un fondo de 5.000.000 € (cofinanciable mediante recursos locales, autonómicos y fondos de resiliencia europeos) diseñado bajo un criterio de corresponsabilidad que equilibre la obra civil con la inversión en tejido social.

Línea de Actuación	Detalle de la Medida	Coste Estimado (€)
Infraestructuras y Refugios	Ampliación de red de refugios, bioclimatización escolar, toldos estructurales y microclima urbano.	3.000.000 €
Programa “Córdoba Protege”	Material didáctico, monitorización con sensores en secundaria y adecuación de patios educativos.	300.000 €
Talleres de Autoprotección	Climatización pasiva, eficiencia en el hogar y prevención sanitaria en centros cívicos.	300.000 €
Redes Vecinales y Voluntariado	Plataforma de coordinación comunitaria “Vecino Alerta” y asistencia activa en barrios.	350.000 €
Presupuestos Participativos “Sombra”	Proyectos locales de microrreverdecimiento propuestos y votados por los distritos.	600.000 €
Asistencia y Emergencias	Teleasistencia reforzada, recursos para personas sin hogar y fondo de contingencia técnico.	450.000 €
TOTAL PLAN CONJUNTO	Estrategia integral distribuida en tres fases de inversión.	5.000.000 €

<<Conclusión – (Del coste a la negligencia)>>

En una ciudad donde el rigor térmico ha dejado de ser una anomalía estacional para consolidarse como un factor estructural de vulnerabilidad, la omisión de reformas duraderas ya no puede justificarse bajo la narrativa de la “prudencia presupuestaria”.

Cuando la administración tiene el conocimiento científico, la competencia normativa y la capacidad económica delegada, mantener un modelo puramente reactivo roza los límites del incumplimiento de sus deberes de tutela.

Es hora de pasar de la beneficencia climática al derecho a la ciudad.

N.B. Imagen.Es hora de dejar atrás la resignación y pasar a la acción colectiva.

Córdoba, 20 de julio de 2026.

Enrique García Montoya.

Abogado (ICA-Córdoba) e Inspector de Trabajo y S.S.

Incendios en Córdoba – (estructura, suficiencia y desafíos de los servicios contra incendios)

Un grupo amplo de lectores me piden, que analice la realidad de la situación de Córdoba respecto a los incendios y su posible incidencia, así que, trataré de ver la estructura, suficiencia y desafíos de los servicios contra incendios en la misma.

1.- Estructura y organización del Servicio.

<-Ámbito urbano e industrial: Dividido entre el SEIS (Ayuntamiento de Córdoba capital, con los parques de El Granadal y Poniente) y el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios (Diputación), que gestiona una red de parques comarcales (Lucena-Cabra, Montilla, Pozoblanco, Palma del Río, etc.).

<-Ámbito forestal: Centralizado por el Plan INFOCA de la Junta de Andalucía, operativo con Centros de Defensa Forestal (CEDEFO) como los de Adamuz, Villaviciosa o Carcabuey, apoyado por medios terrestres y aéreos, especialmente del 1 de junio al 15 de octubre (temporada alta).

<-Coordinación institucional: Regulada a través del Comité Asesor Provincial del Plan INFOCA, donde confluyen la Junta de Andalucía, el Gobierno de España (Fuerzas de Seguridad, Medios Aéreos Estatales, UME), la Diputación y los Ayuntamientos (Protección Civil, Policía Local y Planes Locales de Emergencia – PLEIF).

2.- Análisis.

<-Fortalezas: Personal altamente profesional. Flexibilidad organizativa, como la duplicación automática de retenes en la capital ante avisos climatológicos naranja/rojo de la AEMET. Capacidad de movilización masiva del INFOCA ante fuegos complejos.

<-Límites críticos: El colapso del sistema se alcanza por la simultaneidad de focos en condiciones extremas (regla del 30-30-30: más de 30°C, vientos de más de 30 km/h y humedad menor al 30%). Unos 460-470 efectivos del INFOCA resultan insuficientes si coinciden varios incendios en Sierra Morena o la Subbética.

<-Desafíos estructurales: * Dispersión geográfica: Dilata los tiempos de respuesta en zonas rurales aisladas. *Precariedad de plantillas: Reclamación histórica de los sindicatos para consolidar personal fijo todo el año y no depender solo de refuerzos estivales. *Mantenimiento: Quejas por la necesidad de renovar la flota de vehículos del Consorcio Provincial.

3.- Factores de riesgo agravantes.

<-La trampa burocrática y la propiedad privada: La mayor parte del suelo forestal cordobés es privado. La ley exige que los dueños ejecuten sus Planes de Prevención, impidiendo que la administración actúe de oficio en invierno sin farragosos trámites legales.

<-El abandono rural y el cambio climático: La pérdida de la ganadería extensiva y el pastoreo tradicional provoca una acumulación descontrolada de biomasa (maleza), lo que sumado a primaveras lluviosas seguidas de veranos con calor extremo, convierte el monte en un polvorín continuo.

<-Zonas de interfaz urbano-forestal (El “efecto ratonera”): Áreas con viviendas diseminadas en entornos forestales (como Rute o Iznájar) presentan accesos estrechos y falta de fajas de seguridad perimetrales (mínimo 15 metros limpios), emulando riesgos trágicos ya vistos en otras regiones como Almería.

<<Crítica>>

Se refleja una paradoja sistémica en la gestión del riesgo de incendios en España: “Se cuenta con planes sobre el papel excelentes y técnicos altamente cualificados, pero el modelo operativo está desbordado por fallas burocráticas y estructurales”.

1.-Inacción invernal impuesta por la burocracia: Es inaceptable que el derecho a la propiedad privada actúe como un escudo que paraliza la prevención colectiva. Si la masa forestal cordobesa es mayoritariamente privada, delegar la seguridad en la iniciativa de particulares -muchas veces absentistas- sin que la administración pueda intervenir de urgencia en invierno para crear cortafuegos estratégicos, condena al INFOCA a apagar en verano lo que no se le permitió prevenir en invierno. Las herramientas de ejecución forzosa o los consorcios preventivos deberían agilizarse de forma prioritaria.

2.- La coordinación frente a la dispersión competencial: Existe una “coordinación minuciosamente regulada”, pero admite “fricciones y caos” en las primeras fases de los incendios interfaz urbano-forestal. La fragmentación competencial (Estado-Junta-Diputación-Ayuntamiento) diluye las responsabilidades en la limpieza de parcelas y el mantenimiento de accesos en urbanizaciones de la sierra. La seguridad de vidas humanas en zonas diseminadas (como Iznájar o Rute) no puede depender de disputas sobre si una cuneta o faja perimetral es competencia municipal o autonómica.

3.- Políticas de parcheo laboral: “Mantener el dispositivo al límite fiando la campaña a las “guardias de refuerzo” estivales en lugar de ampliar de forma estable las plantillas fijas durante todo el año denota una visión cortoplacista”. El cambio climático ya no concentra el riesgo en cuatro meses, de forma, que las tareas de selvicultura preventiva, desbroce tecnológico y apoyo a la ganadería (como la red RAPCA) requieren una inversión laboral estructural los doce meses del año.

<-Conclusión->. Para evitar que la Sierra y la Subbética cordobesa sufran catástrofes irreparables, las administraciones deben trascender el protocolo del comité anual y ejecutar una reforma legal que penalice el abandono de la tierra privada, unifique los mandos de bomberos (urbanos y forestales) de forma real en la interfaz, e invierta en fijar población rural como primer escudo de defensa del territorio.

N. B. Imagen. Incendios en Córdoba.

Córdoba, a 13 de julio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Crónica de una paradoja – (El dinero público no se ve)

Es la pregunta que escucho a diario en los juzgados, en las reuniones de compañeros, expertos y en las calles de Córdoba: <-Si recaudamos más que nunca, ¿por qué? los servicios funcionan peor que siempre->.

Conociendo la Administración por dentro y por fuera, sé que las cuentas deben cuadrar o, al menos, tener una trazabilidad judicialmente defendible, sin embargo, la realidad de 2026 nos muestra un Estado, que, aunque ingresa cifras récord, se encuentra con las manos atadas por una estructura de gasto extremadamente rígida, de forma, que el dinero no se ha “evaporado”, pero, sin la menor duda, está atrapado en un bucle sin salida.

**Abriremos la “caja negra” del gasto público en España:

1.- Un “elefante” que no para de crecer – (Las Pensiones).

Es un hecho patente, que las pensiones son el sostén de nuestra paz social, pero también nuestro mayor desafío financiero, porque en 2026, su importe de gasto ha escalado hasta los 230.000 millones de euros.

<-Por un lado, un efecto automático, ya que, al estar indexadas al IPC (un incremento del 2,7% este año), cada décima de inflación dispara el gasto sin que se cree un solo servicio público nuevo, como puede ser un hospital o el arreglo integral de la una carretera.

<-Por otro lado, una cifra astronómica, de forma, que hoy gastamos un 62% más que hace una década, de manera, que ahora el Estado dedica más dinero a las pensiones, que a todos los sueldos de sus funcionarios y empleados públicos juntos.

2.- El “impuesto silencioso y revolucionario” de los mercados – (La Deuda).

Hubo un tiempo en que el dinero era “gratis” (tipos al 0%), pero esos días terminaron y ahora con una deuda que roza el 100% del PIB, los intereses son un gasto muerto, ya que, en este concepto 44.000 millones de euros se van directamente a los mercados financieros, de manera, que es dinero que sale de nuestros impuestos y no llega un servicio público, como una comisaría ni un aula.

Para que nos entendamos: “Pagamos en intereses casi lo mismo que cuesta toda la nómina de la Administración General del Estado”.

3.- El laberinto sin salida de las 17 Administraciones.

Aquí reside el centro de nuestras desgracias, pues el Estado Central recauda cada vez más, pero son las Comunidades Autónomas (CC.AA.) quienes ejecutan, por ejemplo, la sanidad y la educación, y, en 2026, las transferencias a las regiones han marcado un récord de 158.000 millones.

Afinando lo dicho, aquí tenemos un problema de gestión, pues “la saturación de los hospitales a menudo no es por falta de presupuesto <-en origen->, sino de una gestión autonómica ineficiente o un sistema de financiación obsoleto, que genera ciudadanos de primera y de segunda según su código postal”.

4.- La <-trampa-> de los Fondos Europeos.

Los españoles en mayoría nos preguntamos ¿por qué? hay dinero para poner paneles solares o digitalizar una PYME, pero no para arreglar las vías del tren, y, la respuesta es que esos fondos europeos tienen un uso finalista, de forma, que los fondos NextGenerationEU son para transformar, no para mantener, así que, no se pueden usar para pagar nóminas de médicos o baches en la calzada. Se trata de dinero “etiquetado” que, si no se gasta en lo que dice Bruselas, hay que devolverlo.

<<La radiografía de una dependencia pública>>

A día de hoy, España presenta una cifra que debería hacernos reflexionar, porque 17,3 millones de personas reciben su ingreso principal de un “cheque público” (pensionistas, funcionarios y beneficiarios de prestaciones).

<<Desglose del Censo de Empleados Públicos (Proyección 2026)>>

Administración	Empleados (Aprox.)	Competencias Clave
CC.AA.	1.862.000	Sanidad, Educación, Dependencia
Adm. Local	577.000	Servicios básicos, Urbanismo
Estado (AGE)	533.000	Ministerios, AEAT, Seguridad Social
Seguridad/Justicia	150.000	Policía, Jueces, Fiscales
TOTAL	3.640.000	Coste: 190.000 M.eur.

(Nota. Lo expuesto son datos oficiales, ya que, la cifra real es un misterio insondable, ya que, por ejemplo, la cifra real de empleados públicos en ayuntamientos, diputaciones y CC.AA. es un misterio profundo, de forma, que si alguien lo duda, no tiene más que mirar a su ayuntamiento para ver que su personal crece día a día, y, eso sin contar las contrataciones externas a través de empresas subcontratistas y personal de contratación externa.

<< La Paradoja. – (El dinero no se ve).

1.- Existe un evidente rigidez presupuestaria, porque el 60% del presupuesto está comprometido en nóminas, pensiones e intereses antes de que se levante la persiana cada 1 de enero.

2.- La inflación tiene un doble sentido, porque siendo cierto que el Estado recauda más por el IVA (precios caros), también es verdad que, por ejemplo, compra más caro el material sanitario y la energía.

3.- Por otro lado, en España tenemos una burocracia de hierro, dónde lahiperregulación frena la ejecución, de forma, que tenemos dinero, pero nos falta la agilidad administrativa para que llegue al ciudadano de a pie.

<<Propuestas innovadoras – (Superando un parche)>>

No basta con diagnosticar, ya que, como sociedad civil activa, debemos exigir cambios estructurales, así:

<-Presupuestos de <-base cero->, de forma, que hay que dejar de prorrogar cuentas y debemos exigir que cada ministerio justifique cada euro desde cero cada año, eliminando todos los gastos superfluos que se arrastran por inercia.

<-Hay que exigir una auditoría de eficiencia a la AIReF, ya que, no se trata, solo fiscalizar si el dinero se gastó legalmente, sino si logró su objetivo (Ej. ¿Bajó la lista de espera con el aumento del presupuesto?).

<-Hay que digitalizar la trazabilidad, través, de un portal de transparencia real donde el ciudadano pueda ver, en tiempo real, en qué fase de ejecución se encuentra cada partida de los Fondos Europeos.

<-Es imprescindible llevar a cabo una reforma del Estatuto del Empleado Público, incentivando la productividad y la movilidad funcional para que los recursos humanos estén donde realmente se necesitan (menos ventanilla, más atención directa, porque tanta cita previa por ejemplo es un disparate).

**En conclusión: “Es un hecho patente y comprobado, que el dinero público en España no se pierde en un limbo, sino que se consume en sostener un sistema pesado, envejecido y con una deuda heredada. Si queremos que el dinero “se vea”, hay que pasar de una administración de “trámite” a una de <-resultados->.

N.B. El dinero público parece desaparecido, pero sobre todo está inexplicado.

Es un hecho patente, que en España tenemos una burocracia de hierro, de manera, que la endogamia de la administración a todos los niveles frena cualquier ejecución efectiva y, por supuesto, cualquier inversión en mantenimiento de las infraestructuras.

Córdoba, 8 de febrero de 2026,

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente. Córdoba Abierta -ACOA-.

Vivienda en Córdoba (Necesidad urgente y olvido institucional)

Es una realidad indiscutible que el acceso a la vivienda representa hoy el principal obstáculo para el futuro de Córdoba, especialmente para nuestros jóvenes, quienes se ven obligados a posponer proyectos vitales o emigrar en busca de oportunidades. Sin embargo, al examinar los presupuestos de la Diputación de Córdoba para 2026, la situación resulta desoladora: <Bajo un epígrafe grandilocuente como “Delegación de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda>, la inversión real en “ladrillo social” se diluye en un océano de gastos burocráticos, mantenimiento de estructuras obsoletas y subsidios a empresas deficitarias, que poco o nada contribuyen a resolver la emergencia habitacional de los cordobeses en la Provincia.

1.- La paradoja de las cifras – (Mucho ruido y pocas casas).

La Delegación de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda maneja un presupuesto de 39.902.802,45 euros, una cifra que a primera vista podría parecer ambiciosa. No obstante, al desgranar las partidas, emerge una realidad cruda y decepcionante:

<-Inversión real en vivienda: Apenas 3.021.340 euros se destinan en 2026 a concluir 46 viviendas protegidas en alquiler, distribuidas en solo 11 municipios de la provincia. Esta cantidad forma parte de un programa plurianual (2023-2026) con un presupuesto total de 5,54 millones de euros, pero resulta insignificante ante la demanda provincial acumulada.

<-La disparidad flagrante: Mientras la provincia clama por soluciones habitacionales, la Diputación asigna más del doble -6.621.000 euros- al mantenimiento y rehabilitación de sus propios edificios y sedes, como los Colegios Provinciales, los edificios Fernando III y El Carmen, la Residencia Matías Camacho o el Albergue de Cerro Muriano. A esto se suman las aportaciones compensatorias para cubrir pérdidas millonarias en empresas públicas como Emproacsa (aguas) y Epremasa (residuos), que superan con creces la inversión en vivienda y revelan una gestión ineficiente e impune.

<-La proporción reveladora: La inversión directa en vivienda representa apenas el 7,57% del presupuesto de esta delegación y un ridículo 0,58% del presupuesto total consolidado de la Diputación, que asciende a 522.900.443 euros. Estas cifras no son casuales, pues reflejan una priorización equivocada que ignora la crisis demográfica y el despoblamiento rural.

2.- El peso de la maquinaria burocrática.

Para comprender por qué no se construye más, basta con observar cómo se consume el presupuesto en la Diputación de Córdoba, ahora gobernada por el PP. La diferencia de más de 26 millones de euros que no se dirige a inversiones directas se evapora en el sostenimiento de la propia institución, perpetuando un ciclo de ineficiencia:

Concepto	Cuantía (euros)	Destino real
Funcionamiento interno	25.211.000	Nóminas, limpieza, suministros y burocracia en el Palacio de la Merced y otras sedes.
Obras en edificios propios	6.621.000	Rehabilitación de colegios provinciales, residencias y albergues propios.
Vivienda pública	3.021.340	Construcción de solo 46 viviendas protegidas en toda la provincia.
Transferencias y ayudas	2.000.000	Ayudas a natalidad (1.200.000), patrimonio cofrade (500.000) y prevención de salud (300.000 para virus del Nilo).
Otros (suelo, BOP, SIG)	3.068.000	Gestión administrativa, suelo industrial, modernización del Boletín Oficial de la Provincia (280.000) y Sistema de Información Geográfica (250.000).

Este desglose ilustra cómo la institución se ha convertido en un ente autorreferencial, donde el gasto corriente absorbe recursos que podrían destinarse a necesidades urgentes.

3.- Gastos superfluos frente a una emergencia social.

Resulta inexplicable justificar ante un joven cordobés que se destinen 500.000 euros a la restauración de arte sacro o 280.000 euros a modernizar el Boletín Oficial de la Provincia, mientras la partida para su derecho constitucional a una vivienda digna permanece residual. Añádase a esto los 500.000 euros para la retirada de fibrocemento o los 300.000 euros para combatir el virus del Nilo, que, aunque necesarios, palidecen ante la inacción en vivienda.

La Diputación se ha transformado en una estructura que se autoalimenta, donde el gasto en personal y mantenimiento de palacios históricos agota la capacidad de maniobra. No se trata de escasez de recursos -el presupuesto total crece un 14,92% hasta los 385.416.969 euros-, sino de una jerarquía de prioridades profundamente errónea y desconectada de la realidad social.

4.- Una propuesta de inversión real.

Desde Córdoba Abierta (ACOA), defendemos un cambio de rumbo inmediato y radical.

**Una inversión responsable en vivienda debería incluir:

1.- Reducción del gasto corriente: Optimizar la gestión administrativa para redirigir al menos un 20% adicional de los recursos hacia vivienda, eliminando duplicidades y eficientando procesos.

2.- Plan de Choque Provincial: Superar la cifra irrisoria de 46 viviendas, duplicándola como mínimo en 2026, y estableciendo un plan plurianual que garantice al menos 500 viviendas por legislatura, priorizando municipios en riesgo de despoblamiento.

3.- Priorizar lo esencial: Ante la crisis actual, el “ladrillo social” debe prevalecer sobre la rehabilitación de edificios administrativos superfluos o subsidios a empresas deficitarias. Esto implica auditar y reestructurar entidades como Emproacsa y Epremasa para evitar que sigan siendo pozos sin fondo.

Concepto	Inversión/Gasto (euros)	Porcentaje del total consolidado	Comparativa visual
Presupuesto total consolidado	522.900.443	100%	La “tarta” completa.
Infraestructuras (obras/vías)	45.000.000	8,6%	Prioridad media-alta.
Gasto social (IPBS)	26.677.948	5,1%	Atención básica.
Vivienda (construcción 2026)	3.021.340	0,58%	Una migaja insignificante.

<<Emproacsa y Epremasa (Un dispendio crónico).

Las tarifas no actualizadas conforme al IPC acumulado y los costes salariales han condenado a estas empresas a pérdidas significativas. Emproacsa estima un déficit de 6,4 millones de euros en 2026, mientras Epremasa prevé 6,74 millones. La Diputación consigna solo 2,7 millones en aportaciones compensatorias, una medida insuficiente que obligará a desviar fondos de otras partidas o recurrir a préstamos, perpetuando el ciclo de endeudamiento.

Los cordobeses perciben con indignación que se hayan destinado 59,3 millones de euros a Emproacsa entre 2023 y 2025 (37 millones para inversiones), y 10,75 millones a Epremasa (6 millones para inversiones), convirtiéndolas en sumideros de dinero público.

Urge una reestructuración profesional, con responsabilidades para gestores anteriores, en lugar de cargar el peso sobre los contribuyentes, aunque el presidente, Salvador Fuentes, ha descartado esta opción, optando por lo fácil: que paguen los ciudadanos.

<<Conclusión>>

Si comparamos los 3.021.340 euros destinados a vivienda con los 522.900.443 euros del presupuesto total consolidado, la partida habitacional no alcanza ni el 1%, de forma, que la Diputación parece diseñada para mantener servicios mínimos (agua, basura, carreteras) y sostener su propia burocracia, relegando la creación de soluciones innovadoras -como el acceso al hogar- a una mera propina.

Es innegable que la inversión en vivienda ha caído en el olvido bajo el gobierno del PP en la Diputación de Córdoba, que no solo ha heredado políticas anteriores, sino que se ha convertido en prisionero de enfoques sociales y económicos ruinosos. La vivienda no es una prioridad real en la Corporación Provincial, sino el apéndice de una delegación dedicada a gestionar su propia ineficiencia, condenando a nuestros pueblos al despoblamiento y a nuestra juventud al exilio.

N.B. La vivienda en la Diputación de Córdoba no es una de sus prioridades, sino que es el <apellido> de una delegación que, en la práctica, se dedica a gestionar su propia existencia y su ineficiencia empresarial, olvidando la necesidad de crear lugares donde vivir, lo que conlleva a condenar a nuestros pueblos a la desaparición por despoblación.

Córdoba, 16 de enero de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente. Córdoba Abierta -ACOA-.

Problemas de Córdoba – Artículo IX – Limpieza y Basuras en Córdoba

Sigo contestando a mis lectores sobre los problemas y carencias de Córdoba y Provincia, y, dedicaré este artículo a la limpieza y recogida de basuras en la ciudad.

La limpieza urbana y la gestión de residuos en Córdoba, España, son un desafío estructural que afecta a los ciudadanos. La Empresa Municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco), dependiente del Ayuntamiento, gestiona estas tareas, pero enfrenta críticas por un sistema obsoleto, déficits financieros y quejas ciudadanas.

<<Sadeco: Funciones y Alcance>>

Sadeco opera en 6,5 millones de m² (3,3 millones de zonas verdes y 3,2 millones de viales y espacios públicos), con servicios como:

Limpieza viaria: Barrido, baldeo, eliminación de pintadas y vertidos.
Recogida de residuos: Residuos sólidos, reciclaje y enseres.
Zonas verdes: Mantenimiento de parques.
Control de plagas: Desratización, desinsectación y desinfección.
Residuos específicos: Naranjas caídas, excrementos, toallitas, colillas.
Infraestructuras: Contenedores, papeleras y mobiliario urbano.
Complejo Juan Revilla: Gestión de vertedero y proyectos energéticos.

<<Costes Operativos y Financieros>>

Sadeco depende de tasas y transferencias municipales, pero acumula déficits:

Presupuesto 2024: Ingresos de 64,4M€, gastos de 68,5M€, déficit de 4,08M€ (frente a 3,74M€ en 2023).
Transferencias 2023: 3,6M€ para limpieza de barrios y 1M€ para plantilla y equipos.
Inversiones: 1,7M€ para ampliar el vertedero Juan Revilla.
Tasas de basura: Aumento del 35% en 2023 (+30,07€/año por vivienda) por IPC acumulado, mayores costes operativos y nuevos impuestos (3M€ por depósito en vertedero y 1M€ por emisiones).
Ingresos por tasas (2024): 26,5M€ (19,6M€ de viviendas, 7M€ de negocios).
Costes específicos: Limpieza tras lluvias (marzo 2025) con 18 operarios y maquinaria; recogida de naranjas tras licitación desierta.
Coste total: +4,6M€ anuales por tasas y gastos operativos.

<<Estructura Operativa>>

Plantilla: ~600 trabajadores. En 2023, se anunciaron 176 plazas fijas y 126 de peón de limpieza para barrios como Poniente.
Medios: Barrido manual/mecánico, baldeo, hidrolimpiadoras y baldeadoras. Ejemplo: Limpieza tras lluvias usó camión, 4 hidrolimpiadoras y 1 baldeadora.
Frecuencia: Limpieza dos veces por semana por distrito, con un día de limpieza profunda. Horarios en www.sadeco.

<<Críticas Ciudadanas y Políticas>>

Facua Córdoba (octubre 2024): Denuncia poca frecuencia de limpieza, contenedores insuficientes y acumulación de suciedad, exigiendo medidas urgentes y cumplimiento de la Ordenanza de Higiene Urbana.
Oposición (PSOE): Critica la tardanza del PP en reforzar personal, calificando las nuevas plazas de “electoralistas”.

<<Proyectos y Sostenibilidad>>

Sadeco 5.0: Proyecto para una gestión más verde, con energía a partir de residuos y medidas contra el cambio climático.
Residuos específicos: Campañas contra el mal uso de contenedores.
Limpieza tras lluvias (2025): Retirada de barro y escombros en zonas como la Calahorra.
Baldeo: Restablecido en 2023 tras la sequía.

<<Entorno>>

Córdoba comparte problemas con ciudades como Cádiz. Empresas privadas como Limpiezas Castor ofrecen servicios complementarios con enfoque tecnológico.

<<Conclusiones y Propuestas>>

**Fortalezas:

Amplio alcance operativo.
Más plantilla y recursos.
Proyectos sostenibles como Sadeco 5.0.

**Desafíos

Déficit de 4,08M€ (2024).
Quejas por limpieza insuficiente.
Rechazo al aumento de tasas.
Sistema obsoleto.

**Propuestas:

Modernización: Plan de innovación (tecnología en contenedores, rutas optimizadas).
Eficiencia financiera: Reducir déficits y explorar alianzas público-privadas.
Transparencia: App para reportar incidencias y más información en www.sadeco.es.
Concienciación: Campañas contra el mal uso de contenedores.
Recursos: Más plantilla y equipos en barrios en crecimiento.

<<Visión de Córdoba Abierta -ACOA->>

ACOA exige una reestructuración total de Sadeco con un plan innovador, financiación clara y rápida ejecución para un sistema moderno y eficiente.

N. B. Uno de los problemas de Córdoba es la limpieza y la recogida de basuras en la Ciudad, que desgraciadamente falla al tener un sistema antiguo y desfasado, de manera, que es necesaria una reestructuración completa y eficiente.

La Empresa Sadeco no presta los servicios exigidos por los ciudadanos porque su sistema se ha quedado obsoleto y, además, teniendo en cuenta su coste total es ineficiente.

Córdoba, 14 de junio de 2025

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.