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Empleo Público vs. Privado en Córdoba y Provincia – (brecha salarial y estructural)

Un grupo de lectores numeroso del blog me pregunta, ¿si es cierto que existe una brecha entre el empleo público y el privado en Córdoba y Provincia?

Por todo lo que vengo observando y viendo día a día no es que exista una brecha, sino que lo que realmente hay es un barranco profundo y estructural entre ambos empleos, así que para examinar lo que existe, intentaré realizar un análisis detallado, breve y fundado llevando a cabo un análisis claro y preciso de la situación.

<<Análisis general>>

El análisis del mercado laboral en la provincia de Córdoba revela una marcada dualidad entre el sector público y el sector privado, ya que, mientras que el sector privado constituye el motor de la actividad económica en términos de volumen de ocupación, el sector público destaca por presentar *niveles salariales significativamente superiores, *mayor estabilidad laboral y *una menor incidencia de la parcialidad y la estacionalidad.

Oficialmente, a partir de los datos integrados de la Encuesta de Población Activa (EPA), la Seguridad Social y el Registro Central de Personal de las Administraciones Públicas, este informe analizará la estructura, distribución, masas salariales y factores desencadenantes de la brecha existente entre ambos sectores.

(Nota. Poner de relieve, que la realidad pasando por encima de los datos oficiales es mucho más preocupante que esas cifras que se manejan por los organismos públicos.)

1.- El Empleo Público en Córdoba y Provincia.

El sector público en la provincia cuenta con más de 51.000 empleados (a los que hay que sumar un número de trabajadores contratados externamente, que suponen un tercio más de personal contratado por la LCSP),cifra abarca al personal funcionario de carrera, laboral e interino, así como al personal adscrito a entes instrumentales, empresas públicas, consorcios y organismos autónomos.

DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO EN CÓRDOBA

┌─────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────┐

│ Administración / Ente │ Nº de Trabajadores │ % Público │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤

│ Junta de Andalucía (Autonómica) │ ~31.700 │ ~60 – 62% │

│ Administración Local (Ayunt. / Dip.) │ ~10.000 – 11.000 │ ~20 – 21% │

│ Administración General del Estado (AGE) │ ~5.500 – 6.000 │ ~11 – 12% │

│ Universidad de Córdoba (UCO) │ ~3.000 – 3.500 │ ~6 – 7% │

└─────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────┘

<<Desglose por estructura y entes instrumentales>>

<-Junta de Andalucía: Constituye el núcleo principal del empleo público provincial, siendo sus áreas con mayor peso Sanidad (Servicio Andaluz de Salud – SAS) y Educación Pública. Incluye además el llamado “sector público instrumental” u organismos descentralizados:

*Agencias Administrativas y de Régimen Especial (p. ej., Agencia Tributaria de Andalucía, Agencia de Servicios Sociales y Dependencia).

*Agencias Públicas Empresariales y Sociedades Mercantiles (como la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía – AVRA, la Agencia de Obra Pública o entidades del ciclo del agua/medio ambiente como GIASA/AMAYA).

<-Administración Local:

*Ayuntamiento de Córdoba: Compuesto por la plantilla municipal centralizada y su entramado empresarial público (SADECO, AUCORSA, EMACSA, VIMCORSA) y organismos autónomos (IMDEEC, IMDAC, IMDECO).

*Ayuntamientos de toda la Provincia.

*Diputación Provincial: Integra personal propio, empresas y consorcios provinciales (EMPROACSA, EPREMASA, PRODECO, Consorcio de Bomberos, entre otros).

<-Administración General del Estado (AGE): Comprende las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), las Fuerzas Armadas (incluida la Base Logística del Ejército de Tierra – BLET), la Administración de Justicia, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

<-Universidad de Córdoba (UCO): Agrupa tanto al Personal Docente e Investigador (PDI) como al Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS).

2.- El Empleo Privado en Córdoba y Provincia.

La masa global de ocupación provincial en la Seguridad Social se sitúa por encima de los 314.000 afiliados, de forma, que al descontar al personal dependiente del sector público, el sector privado representa aproximadamente el 83,7% de la actividad laboral total, agrupando a unos 263.000 trabajadores (entre autónomos y asalariados).

<-Estratificación sectorial del sector privado:

*Sector Servicios: Representa el motor cuantitativo de la contratación privada (más del 65%). Se centra en hostelería, restauración y comercio, con especial fuerza en la capital gracias al turismo cultural e interior.

*Sector agrario y agroindustria: Pieza clave en la provincia (comarcas de Montilla-Moriles, Subbética, Valle del Guadiato y Los Pedroches). Presenta una elevada estacionalidad asociada a las campañas agrícolas (olivar, cítricos, recolección).

*Sector industrial: Concentrado en polos específicos como la joyería en la capital (Parque Joyero), la transformación agroalimentaria (cárnicas, aceite, vino) y el sector del frío y la refrigeración comercial (destacando el núcleo de Lucena).

*Construcción: Mantiene un volumen estable de entre el 7% y el 9% del empleo privado provincial.

3.- Balance comparativo de retribuciones y masa salarial.

El análisis de los ingresos revela diferencias notables entre las retribuciones del sector público y las del sector privado en la provincia.

Concepto	Sector Público	Sector Privado	Brecha / Diferencia
Nº de Trabajadores	~51.000 (16,3%)	~263.000 (83,7%)	El sector privado emplea a 5 veces más personas.
Salario Medio Bruto Anual	~33.200 €	~18.800 €	+76,6% en el sector público.
Salario Medio Bruto Mensual (14 p.)	~2.370 €	~1.340 €	+1.030 €/mes en el sector público.
Masa Salarial Anual Estimada	~1.693 Millones €	~4.944 Millones €	El sector privado genera el 74,5% de la masa salarial total.

<-Niveles salariales específicos.

**En el Sector Público:

*Puestos técnicos / Titulados superiores (Grupo A1/A2 y Agencias): 36.000 € – 50.000+ €/año.

*Personal administrativo y auxiliar (Grupo C1/C2 y empresas públicas): 22.000 € – 28.000 €/año.

*Altos cargos y directivos de entes instrumentales: 55.000 € – 85.000 €/año.

**En el Sector Privado:

*Trabajo agrario y campo: Promedio afectado por estacionalidad (14.000 € – 17.000 €/año).

*Comercio y Hostelería: 16.000 € – 21.000 €/año.

*Industria y Construcción: Salarios de mayor rango dentro del sector privado (23.000 € – 30.000 €/año).

Nota sobre la jornada: Para asalariados a jornada completa continua en el sector privado, el promedio asciende a unos 24.500 €/año, viéndose el promedio global reducido por la elevada parcialidad y temporalidad.

4.- Análisis de la brecha existente.

La diferencia del 76,6% en la retribución media bruta anual a favor del empleo público obedece a factores estructurales del mercado de trabajo en Córdoba:

1.- Nivel de cualificación y composición de puestos: El sector público concentra un alto porcentaje de titulados superiores (médicos, docentes, facultativos, técnicos de la administración). En contraste, la estructura productiva privada cordobesa presenta una fuerte ponderación de sectores como el agrario y los servicios no cualificados, donde el valor añadido por puesto es menor.

2.- Parcialidad, temporalidad y estacionalidad: Mientras que el sector público opera predominantemente bajo esquemas de jornada completa continua, el sector privado provincial está condicionado por contrataciones a tiempo parcial y picos estacionales de actividad (turismo y campañas agrícolas), lo que reduce la remuneración bruta percibida al cabo del año.

3.- Antigüedad y complementos: La acumulación de trienios y complementos de antigüedad en el sector público eleva la masa salarial global, una dinámica con menor impacto directo en los convenios colectivos habituales del sector privado.

4.- Diferencia real y entorno económico: Aunque los datos oficiales señalan una brecha del 76,6%, en la práctica la diferencia perceptible en estabilidad, coberturas y salario neto efectivo resulta superior, generando un contraste directo entre la seguridad laboral del ámbito público y las condiciones del mercado privado provincial.

4.- Zonas rurales y los barrios con menor nivel de ingresos de la capital.

Al contrastar las cifras del informe con los datos de renta e ingresos de las zonas rurales y los barrios con menor nivel de ingresos de la capital (según las métricas del Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del INE), la brecha laboral cobra una dimensión socioeconómica aún más profunda:

1.- Salario medio público vs. Barrios con menor renta en Córdoba capital.

En los barrios con menor nivel de ingresos de Córdoba capital (como Guadalquivir, Las Palmeras o Sector Sur), *la renta media anual por habitante se sitúa en torno a los 8.500 € – 9.200 €, y *el ingreso medio bruto por declarante/hogar con empleo difícilmente supera los 12.000 € – 14.000 € anuales, debido a la altísima incidencia de la economía informal, el desempleo estructural y los contratos por días o semanas.

**Brecha en ingresos: El empleo público medio en Córdoba (~33.200 € brutos/año) multiplica por casi 3 (~230% – 280% más) los ingresos asalariados medios percibidos en estos barrios.

**Contraste social: Mientras que en un grupo laboral del sector público (por ejemplo, titulados A1/A2 con ingresos de 36.000 € a 50.000 €) un solo sueldo sostiene con holgura a una familia, en estos barrios el ingreso equivalente exige la suma de 3 a 4 empleos precarios o a tiempo parcial del sector privado.

2.- Salario medio público vs. Zonas rurales y agrícolas.

En los municipios eminentemente rurales de la provincia (comarcas del Valle del Guadiato, Los Pedroches o la Subbética rural), *la renta por habitante fluctúa en torno a los 8.600 € – 10.000 € anuales, y *el ingreso por trabajo agrario/jornalero ronda los 14.000 € – 17.000 €/año condicionado por las campañas.

**Brecha respecto al sueldo público: El salario público medio (~33.200 €) es un 100% a 135% superior (más del doble) al ingreso medio de un trabajador del sector agrario o agroindustrial rural.

**Impacto en la masa salarial local: En muchas comarcas rurales de Córdoba, la principal masa salarial estable y de alto poder adquisitivo la aportan precisamente los empleados públicos destinados en la zona (docentes, personal sanitario de centros de salud, Guardia Civil, personal municipal o de mancomunidades), actuando como el auténtico soporte del comercio y los servicios locales frente a la volatilidad de las campañas agrícolas.

3.- Síntesis.

Al comparar estos tres planos, la estructura laboral de Córdoba refleja tres realidades superpuestas:

Entorno / Colectivo	Ingreso / Salario Medio Anual Estimado	Diferencia con el Sector Público (~33.200 €)
Sector Público Provincial	~33.200 €	Base de comparación
Sector Privado Promedio	~18.800 €	+76,6% a favor del sector público
Trabajo Agrario / Rural	~14.000 € – 17.000 €	+95% a +137% a favor del sector público
Barrios con menor renta (Capital)	~12.000 € – 14.000 € (por declarante)	+137% a +176% a favor del sector público

<-Conclusión: La brecha del 76,6% registrada en las cifras globales del informe es solo una “fotografía promedio”. Cuando se desciende al detalle territorial, la brecha salarial actúa como una frontera estamental:

“El sector público garantiza la clase media y alta en la provincia, mientras que las zonas rurales y los barrios periféricos urbanos quedan relegados a rentas del trabajo que no alcanzan la mitad del promedio público, acentuando la polarización social en Córdoba.

N.B. Imagen. Informe Consolidado – El Empleo Público y Privado en Córdoba y Provincia

(Análisis crítico de la Brecha Salarial y Estructural)

(Nota. Masa salarial total del sector público en Córdoba: Aproximadamente 1.693 millones de euros anuales (para unos 51.000 trabajadores).

**Importe total de los salarios privados en Córdoba: Aproximadamente 4.944 millones de euros anuales (generados por unos 263.000 trabajadores, lo que representa el 74,5% de la masa salarial total de la provincia).

Visto lo visto, el gasto (o retribución) medio bruto anual por empleado en cada sector se calcula dividiendo la masa salarial total entre el número de trabajadores de cada ámbito:

1.- Sector Público:

Masa salarial total: ~1.693.000.000 €
Número de trabajadores: ~51.000
Gasto medio por empleado: ~33.196 € brutos al año (~2.371 €/mes en 14 pagas)

2.- Sector Privado:

Masa salarial total: ~4.944.000.000 €
Número de trabajadores: ~263.000 (entre autónomos y asalariados)
Gasto medio por empleado: ~18.798 € brutos al año (~1.343 €/mes en 14 pagas)

<-Análisis de la diferencia:

Diferencia absoluta: El sector público invierte 14.398 € más al año por empleado que el sector privado.
Diferencia relativa: El gasto por empleado en el sector público es un 76,6% superior al del sector privado.

Cabe destacar, tal como señala el informe, que esta cifra refleja el promedio retributivo bruto global y está marcada por factores estructurales: “La mayor concentración de titulados superiores en el sector público frente a la elevada temporalidad, parcialidad y estacionalidad del sector privado provincial”.)

**Sobran más comentarios-No existe una brecha, sino que lo que realmente hay es un barranco profundo y estructural entre ambos empleos **

Córdoba, 11 de octubre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. – Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exconcejal Ayuntamiento y Exdiputado provincial de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

Políticos – Currículums falsificados – la Vara de medir (Ética – confianza pública – credibilidad instituciones)

**Planteamiento.

Con el caso Noelia Núñez (P.P.), que ha dimitido de todos cargos institucionales y de partido, tras admitir que no tenía las titulaciones que afirmaba poseer, se ha abierto la caja de los truenos para todos los políticos, que de una u otra forma, han falsificado sus títulos cayendo en la mentira por acción o por omisión, es decir, no diciendo la verdad y faltando a la ética.

El problema está en que no son unos poco sino muchos de todos los partidos y a todos sus niveles, de manera, que expondremos dos ejemplos de engaño en sus titulaciones por omisión, es decir, por falta de una elemental ética, que los inhabilita para desarrollar los cargos que ocupan, al haber incurrido en engaño manifiesto, así:

*Primer caso: Salvador Fuentes Lopera, Presidente de la Diputación de Córdoba, que en su CV colgado en la web de la Diputación, dice en su Formación Académica. “Estudios de Derecho en la Universidad de Córdoba”.

(Nota. Dice que tiene “Estudios de Derecho en la Universidad de Córdoba” y que actualmente es Presidente de la Diputación de Córdoba, pero, concretamente, no dice que estudios de derecho tiene en la Universidad de Córdoba.

La información disponible sobre Salvador Fuentes Lopera indica que estudió Derecho en la Universidad de Córdoba, pero no se especifica el nivel exacto de sus estudios, es decir, si completó una Licenciatura en Derecho, un Grado en Derecho, que cursos de la licenciatura superó o si sus estudios fueron parciales sin culminar en un título.

Dado que no hay datos precisos sobre la titulación, no se puede confirmar si completó el programa completo de Derecho o si se trata de estudios no finalizados.

La solución es que el Sr. Fuentes Lopera lo explique claramente y si ha mentido por acción u omisión, su compañera Noelia Núñez le ha enseñado el camino correcto que manda la ética y la ejemplaridad.

*Segundo caso: El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, afirma en su currículum de la Cámara Baja que “estudió Ingeniería Industrial en la Universidad del País Vasco”.

Sin embargo, pese a que con esa afirmación en su ficha parlamentaria López da a entender que finalizó sus estudios, no es así. El dirigente socialista estuvo varios años matriculado, pero no llegó a obtener su licenciatura.

Con los dos casos expuestos no es necesario dar más explicaciones, pues está claro, que exhibir méritos falsos académicos no solo es un engaño personal, sino que también traiciona la confianza de los ciudadanos, quienes esperan que sus representantes sean transparentes y honestos, y, mi opinión es que estas prácticas son inaceptables, ya que, socavan la credibilidad de las instituciones y refuerzan la percepción de que los políticos actúan con impunidad.

**El problema.

El tema de los currículums falsificados por parte de políticos españoles, con licenciaturas, másteres o méritos inventados, es un problema ético y de confianza pública que merece una reflexión crítica.

Este fenómeno no es exclusivo de un partido o ideología, como muestran numerosos casos documentados a lo largo de los años.

Por ejemplo, se han señalado irregularidades en los currículums de figuras como Cristina Cifuentes, con un máster en la Universidad Rey Juan Carlos obtenido de forma irregular, o Noelia Núñez, quien recientemente dimitió tras admitir que no tenía las titulaciones que afirmaba poseer. Otros casos incluyen a políticos como Pedro Sánchez, Pablo Casado, etc. quienes han enfrentado acusaciones de inflar o falsear sus credenciales académicas o profesionales.

Estos ejemplos, entre muchos otros, reflejan una práctica extendida que trasciende colores políticos.

**El problema radica en varios puntos:

-Falta de consecuencias claras: Aunque algunos políticos han dimitido (como Núñez o Cifuentes), otros han mantenido sus cargos a pesar de las evidencias, lo que alimenta la percepción de que estas falsificaciones no tienen un impacto real en sus carreras. Por ejemplo, casos como el de Pablo Casado, donde no se encontraron pruebas suficientes para un proceso penal, muestran que las consecuencias legales suelen ser limitadas.

-Cultura de la apariencia: En política, el currículum se usa a menudo como una herramienta de marketing más que como un reflejo fiel de la preparación. La presión por destacar lleva a algunos a adornar sus méritos, lo cual es especialmente grave cuando se trata de cargos públicos que requieren confianza y competencia.

-Falta de verificación: La ausencia de un sistema riguroso para validar los méritos de los candidatos permite que estas falsificaciones pasen desapercibidas hasta que el periodismo o la oposición las destapan. Esto pone en evidencia la necesidad de regulaciones más estrictas, como exigir documentación oficial para los currículums públicos, una propuesta que ha ganado fuerza pero no se ha implementado de forma efectiva.

-Impacto en la confianza pública: Cada escándalo erosiona la fe en el sistema político. Los ciudadanos ven estas falsificaciones como un reflejo de una clase política desconectada, que prioriza el poder y la imagen sobre la honestidad. Esto puede alimentar el desencanto y la apatía electoral.

**En resumen, los CV falsos son un síntoma de un problema más profundo:

“La falta de transparencia y rendición de cuentas en la política”.

La solución pasa por establecer mecanismos de verificación estrictos, sanciones claras para quienes mientan y, sobre todo, una cultura política que valore la integridad por encima de la imagen. Mientras tanto, el papel del periodismo independiente y de una ciudadanía vigilante es crucial para mantener la presión y exigir responsabilidad.

**Conclusión. Solo puede ser una, concretamente, que la misma vara de medir se aplique por los partidos en todos los casos por igual en busca de la transparencia y de la ejemplaridad.

La portavoz del P. P. en el Congreso, Ester Muñoz, se ha centrado en su homólogo del PSOE y subrayando que estamos deseosos de que Patxi López, el ingeniero, Portavoz del PSOE dé ejemplo y nos muestre el título que acredita que -estudió ingeniería- cómo dice su perfil de diputado en el Congreso, añadiendo, que si no puede acreditarlo esperamos su dimisión por mentir.

Toda la sociedad civil pide “la misma vara de medir”, de manera que la Portavoz del P. P. debe empezar por limpiar su casa.

N.B. Los políticos con Currículums falsificados (por acción o por omisión) deben aplicarse la misma la vara de medir, que la dimitida del P. P. Noelia Núñez, sean del partido que sea, pero, especialmente, no pueden dejarlo pasar los políticos del P. P., siendo una realidad, que ya sin ética, sin confianza pública y sin credibilidad en las instituciones no es posible, que ninguno de sus cargos pueden seguir si han cometido falsedad en sus méritos académicos.

“La impunidad política es algo inadmisible e inaceptable”.

Córdoba, 25 de julio de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S

PROBLEMAS DE CÓRDOBA – ARTÍCULO XVII – EMPLEADOS PÚBLICOS (UN POCO DE MISTERIO)

Un grupo de lectores me pregunta sobre algo rodeado de misterio, concretamente,

¿Cuántos empleados Públicos hay actualmente en Córdoba Capital y Provincia?

Digo que es un misterio, porque los datos disponibles son contradictorios y porque existe una falta de transparencia considerable, que impide concretar el número de personas que cobran de las administraciones públicas y de todas sus empresas y entes mantenidas con dinero público.

Número total de empleados públicos en Córdoba Capital y en la Provincia de Córdoba

Presentamos una estimación actualizada del número total de empleados públicos en Córdoba Capital y la Provincia de Córdoba, desglosando las cifras para cada ámbito y considerando las tendencias recientes.

<<Total de empleados públicos en Córdoba Capital>>

**Estimación puntual para 2025: Considerando el crecimiento del empleo público en España (+6,8% desde 2019 a 2022) y la recuperación post-pandemia en la provincia de Córdoba (50.000 empleados públicos en 2024, según fuentes locales), se puede asumir un ligero aumento en la capital. Por lo tanto, el número total de empleados públicos en Córdoba Capital en 2025 se estima en aproximadamente 20.000 a 24.000 empleados públicos, con la siguiente distribución aproximada:

Funcionarios de carrera: 11.500-14.000 (58%).
Personal laboral: 4.800-5.500 (24%).
Interinos y eventuales: 4.200-4.900 (21%).
Cargos políticos: 250-350 (1-2%).

(Nota. En las Empresas Públicas y resto de entes públicos el número de empleados es casi secreto, aunque existe un medio infalible, que son el número de afiliaciones y altas en la Seguridad Social, datos a los por ahora no tenemos acceso.).

<<Total de empleados públicos en la Provincia de Córdoba>>

Para la Provincia de Córdoba, los datos disponibles son más precisos. Según fuentes locales de 2024, la provincia alcanzó los 50.000 empleados públicos, la cifra más alta en una década, tras un aumento sostenido desde 2020 (47.327 en 2021, 48.687 en 2022).

Este crecimiento refleja la relajación de las restricciones de contratación post-crisis y el incremento en la contratación local y autonómica.

**Estimación para 2025: Dado el crecimiento continuo del empleo público en España (por ejemplo, +22.842 empleados en el primer trimestre de 2023, según) y la tendencia al alza en Andalucía, se estima que en 2025 la provincia de Córdoba podría tener entre 50.500 y 52.000 empleados públicos. La distribución por tipo de administración en la provincia es:

Junta de Andalucía: 28.300-29.000 empleados (56-57%), con énfasis en sanidad y educación.
Administración Local (ayuntamientos y Diputación): 11.500-12.000 empleados (23-24%).

(Nota. Aquí reside uno de los puntos más oscuros sobre el número de empleados públicos, de forma, que solo teniendo acceso a los datos de la S. S. sobre afiliaciones y altas podríamos conocer el número verdadero de trabajadores públicos en empresas, entes y chiringuitos de las corporaciones locales.).

Administración General del Estado: 9.300-9.500 empleados (18-19%), incluyendo fuerzas y cuerpos de seguridad (5.500).
Universidad de Córdoba: 1.982-2.000 empleados (4%).

**Por tipo de empleado (basado en proporciones nacionales):

Funcionarios de carrera: 27.000-28.000 (53-54%).
Personal laboral: 11.500-12.000 (23-24%).
Interinos y eventuales: 11.500-12.000 (23-24%).
Cargos políticos: 300-400 (1%).

<<Comparación entre Córdoba Capital y la Provincia>>

Córdoba Capital representa aproximadamente el 40% de la población provincial (319.000 de 784.000 habitantes, según INE) y concentra una parte significativa del empleo público, especialmente en administraciones locales y autonómicas. Esto explica por qué los 20.000-24.000 empleados públicos de la capital suponen cerca del 40-46% del total provincial.
La Provincia incluye además a los empleados públicos de otros 75 municipios, la Diputación Provincial y otras sedes autonómicas y estatales fuera de la capital, lo que eleva la cifra a 50.500-52.000.

<<Observaciones y limitaciones>>

Córdoba Capital: La estimación de 20.000-24.000 empleados se basa en el peso demográfico y administrativo de la ciudad, pero los datos específicos para la capital son limitados, y las cifras se derivan de proyecciones a partir de datos provinciales.
Provincia de Córdoba: La cifra de 50.500-52.000 es más sólida, respaldada por fuentes locales de 2024 y tendencias nacionales. Sin embargo, los datos exactos para 2025 no están disponibles, y el crecimiento proyectado asume una continuidad de las tendencias recientes.
No tenemos acceso a los datos de las afiliaciones y altas públicas en Córdoba y Provincia, que con seguridad nos daría una cifra exacta de su número.
La falta de desgloses específicos para 2025 requiere el uso de estimaciones.

<<Conclusión>>

Córdoba Capital: Entre 20.000 y 24.000 empleados públicos en 2025, incluyendo funcionarios de carrera, personal laboral, interinos y cargos políticos, con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba como principales empleadores.
Provincia de Córdoba: Entre 50.500 y 52.000 empleados públicos en 2025, con una distribución similar por tipo de empleado y administración.

N.B. Aquí tenemos un problema lleno de misterio entorno al número de empleados públicos en Córdoba y Provincia, de manera, que solo podemos hacer estimaciones ante la carencia de datos oficiales, pero con una advertencia, si cometemos algún error siempre será porque calculamos de menos nunca de más.

La opacidad en los datos sobre el empleo público en Córdoba sigue siendo un misterio. Aunque estimamos entre 20.000 y 24.000 empleados públicos en la Capital y 50.500 a 52.000 en la Provincia para 2025, la ausencia de información oficial detallada dificulta conocer con precisión el impacto real de estas cifras en la administración y la economía local.

Córdoba, 6 de julio de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.