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Ayuntamiento de Córdoba – retribuciones Alcalde y Concejales (opinión y propuesta)

Un grupo de lectores me pregunta mi opinión sobre las retribuciones y la subida de sueldos de Alcalde y de los Concejales, que se ha aprobado en el Ayuntamiento de Córdoba, y, además, me piden que haga una propuesta, así que, vamos a ello:

1º.- No tengo una opinión preconcebida sobre el asunto, solo apunto, que todos ellos deben estar retribuidos de forma razonable, partiendo como base de inicial de cálculo, “la retribución media de las nóminas públicas y privadas que se pagan y cobran en Córdoba Capital”.

2º.- No estoy de acuerdo, en fijar las cuantías de las retribuciones, tal como se viene haciendo, según el importe comparativo de los sueldos de otras capitales de provincias en Andalucía, en principio, por una cuestión sencilla, porque la riqueza de las distintas ocho capitales andaluzas en diferente y porque cada ciudad capitalina debe fijar los honorarios de su alcalde y concejales según la riqueza media de cada ciudad.

Igualar a las ocho capitales andaluzas, porque sí, es un agravio comparativo para sus respectivos ciudadanos, a parte, de otras muchas consideraciones a tener en cuenta, pues, si una ciudad fija esos sueldos arbitrariamente y de forma injusta hacia arriba tomarla como medida es injusto y amoral.

3º.- La retribución del Alcalde y de los Concejales debe ir unida, así mismo, sin excusa ni pretexto a unos objetivos presupuestarios, que se cumplan y a una productividad real determinada por una inversión verdadera, despegada de todo malgasto que conlleve derroche o despilfarro.

A título de ejemplo: Toda retribución del Alcalde o Concejales -directa o indirecta- debe estar ponderada por la carga financiera dedicada a personal de cada ayuntamiento, utilizándose una proporción inversa, que obligue a los equipos de gobierno municipales a ahorrar en gastos de personal, cualquiera que sea su naturaleza (funcionarios, empleados laborales, personal de confianza, contrataciones externas, etc.), ya que, el gasto debe ir dirigido prioritariamente a una inversión productiva, que no solo debe ser económica pura, sino que existe una inversión social que crea empleo y soluciona muchos problemas sociales, como puede ser, *ayudas a mayores y discapacitados en su vida diaria, desde compañía a limpieza, etc., *inversión en centros públicos de todo tipo (colegios, centros cívicos, etc.) que mejoran la vida social, *aumento de la inversión en limpieza de la ciudad, tanto en medios personales como materiales, con objetivos de personal temporales y cumplimiento de fines, *aumento de la calidad del transporte público, bonificando los colectivos más necesitados, y, así, un lago etc. que vendrá determinado por el ahorro en gastos prescindibles no productivos.

** Propuesta:

Expuesto lo anterior, si digo, que la retribución de cualquier alcalde y concejal con funciones ejecutivas, debe ir unida a la cuantía de los fondos públicos administrados de cada Corporación Local, de manera, que no puede ser igual el Alcalde de Málaga, que el alcalde de Pozoblanco, quedando claro, también, que cuanto mayor sea al dinero invertido en beneficio de los ciudadanos, que no implique derroche, superior podrá ser el salario que reciban, quedando fuera del nivel retributivo el gasto no productivo, que conlleve un importe dedicado a asuntos y cosas inútiles, como pude ser, un exceso de gasto de personal no compensado con ningún beneficio al ciudadano o el gasto dedicado a cosas innecesarias olvidando las verdaderas prioridades del municipio y sus habitantes.

En definitiva, el mayor rigor presupuestario y de ejecución productiva determinará la retribución del Alcalde y sus concejales.

N.B. Las retribuciones del Alcalde y de Concejales debe ir ligada siempre a una buena administración, fijándose siempre con arreglo a criterios de eficacia en la gestión, de forma, que prime la inversión real, sea social, económica y/o corporativa.

Igualar ciudades de forma arbitraria, argumentando, que mi ayuntamiento retribuye a su Alcalde  y a sus Concejales peor que una población vecina o algún criterio semejante, basado solo en comparar cuantías retributivas, es injusto y perjudica a los ciudadanos del municipio, ya que, el “todos iguales” sin una base racional, lógica y justa conlleva a la desesperanza.

Córdoba, a 298 de enero de 2024

Fdo. Enrique García Montoya.

(Concejal y Diputado Provincial en la legislatura local 1983-1987 de Alianza Popular y Portavoz del Grupo Provincial de A. P.)

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

Inspectores de Trabajo y S. S. – Huelga (el mismo cajón)

Me preguntan, quizás, con un poco de malicia, ¿qué opino sobre la posible huelga de los Inspectores de Trabajo y S. S.?

La cosa es clara, sin la menor duda, “la situación de los Inspectores de T. y S. S. es inasumible para todos (cuando digo todos, incluyo, también, a los trabajadores públicos y privados, así como, al resto de ciudadanos españoles), tanto por sus condiciones de trabajo como por las retribuciones que reciben por sus funciones”.

Solo hay que mirar a las retribuciones que perciben los Inspectores de Hacienda y sus condiciones de trabajo personales y materiales para comprobar, que el despropósito no es solo que sea una injusticia, sino que es un patrón de conducta generalizado contra ellos.

Es imposible tratarlos peor, no solo ahora, sino desde hace mucho tiempo, aunque es comprensible, solo tienen por funciones contribuir a la justicia social y al control de la Seguridad Social, entre otras muchas tareas.

La Constitución consagra en su art. 14 que todos somos iguales en derechos y obligaciones.

Decía hace unos días, que los LAJs. llegan a un acuerdo con el M. de Justicia y acaban su huelga, cosa que bueno para todos, pero hay un pero, que es el “resto de funcionarios de la justicia” (los demás funcionarios y empleados públicos, también).

Sigo diciendo lo mismo, aunque, en este caso la injusticia en su trato es un bucle perverso de maltrato continuado, ya que, no solo se le exige que trabajen, sino que encima se le toma por ilusos incapaces de hacer nada en su autodefensa, porque alguien está seguro que no pueden hacer huelga efectiva y porque se confía en su entrega de servicio al bien común social.

Tal como vengo diciendo: “todos en el mismo cajón”.

Las propuestas que deben presentar los Inspectores de Trabajo y S. S. son muy simples:

**Igualar todas sus retribuciones a los Inspectores de Hacienda; e,

**Igualar sus condiciones de trabajo personales y materiales a esos Inspectores del Estado.

Es un hecho patente, que son funcionarios iguales que hacen funciones iguales, aunque difieran en su contenido, de forma, que cualquier trato diferente es, si o si, una injusticia manifiesta, y, si, además, se le une el trato que reciben, la injusticia se convierte en maldad discriminatoria.

Es lo que hay, de manera, que la huelga de autodefensa es una necesidad, si se quiere que la Inspección de Trabajo y S. S. sea una realidad eficaz y reparadora de las injusticias sociales en el proceloso mundo del trabajo y la S. S.

N.B. Es de cajón.  

Estoy seguro, que los Inspectores de T. y S. S., que por cierto son casi un 75% mujeres, no están por la huelga, pero creo, que no tendrán otra opción.

Espero equivocarme, aunque el instinto me dice que llevo toda la razón.

Córdoba, a 2 de abril de 2023

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Desempleo – la realidad y la mentira – III (Sector Público – gasto en aumento)

La realidad es que los datos oficiales del Gobierno sobre empleo y paro son engañosos porque están dopados, de manera, que la trampa y la mentira forman parte del mundo paralelo que nos dibujan día a día, así, por ejemplo:

**Todo lo que son retribuciones públicas, -pensionistas- suponen un gasto sobre 170.000 millones de euros y -empleados públicos- suponen un gasto de 148.000 millones en salarios, lo que hace un total de 318.000 millones de euros, que son lo que España está pagando de sueldos para sostener un gasto público de personal y pensiones, que crece y crece sin pausa día a día. 

Es un hecho patente e imposible de sostener, que un tercio de España -Sector Privado- sostenga a dos tercios, es decir, sobre 13 o 14 millones de personas, que, además, supone un gasto estructural enquistado en las Administraciones Públicas.

** El asunto del paro en España es algo inaudito dentro y fuera de España, con el agravante de que {la tasa de desempleo oculta el alcance de la demanda laboral de las personas que han abandonado desesperanzados la búsqueda activa del trabajo, de forma, que  de algunas personas desempleadas se puede decir, que no están disponibles para trabajar}.

Dicho de otra manera, quizás, más clara: En España el número de inactivos que no buscan trabajo y el número de los que llamo incapacitados permanentes sociales (como son los mayores parados de 50 años para arriba, que nunca encontrarán trabajo, sea cual sea la causa) sin la menor duda, se sitúa en los tres millones de personas.

Por otro lado, el desempleo juvenil, el paro de las mujeres y el desempleo de larga duración en España constituyen un desastre social, político y económico, que curiosamente los poderes públicos olvidan, tendiendo a ocultar el problema, aunque sea a través de contratos precarios “indefinidos” y por horas, aunque esa solución trolosa solo convierte la desgracia del paro en algo endémico, que se ha renunciado a solucionar.

** Se dice, que España sigue siendo el país con más paro de la OCDE doblando su media, cosa que se mantiene como algo indiscutible, pero se ignora conscientemente, que también España es la campeona del empleo precario, lo que, sin duda, justifica, en parte, que, teniendo un número de personas en desempleo tan elevado, las empresas de todo tipo tengan dificultades para encontrar trabajadores. (Sin duda, la baja cualificación profesional y las ayudas mal estructuradas y diseñadas para personas necesitadas agudizan el problema).

El Gobierno y algunas CC. AA. afirman, una y otra vez, que hay más y más empleo (aunque pongo en duda los datos oficiales por falta de información veraz), –que hay más personas trabajando y afiliadas a la seguridad social-, pero si el PIB se está reduciendo por debajo del empleo, la realidad es que está bajando la productividad, lo que significa, que se trabajan menos horas (aumenta el trabajo a tiempo parcial -el trabajo de jornada incompleta por horas-) o que, aunque se trabaje la mismas horas existe menor facturación.

En España aumentan las condiciones de trabajo precarias de todo tipo en el empleo que se está creando, incluidas las retribuciones salariales, que hará que baje la productividad y la cualificación profesional. Los poderes públicos (todos) no están apostando por el empleo indefinido de calidad, estable y duradero, de forma, que una cosa es la apariencia de creación de empleo y otra cosa la realidad de los puestos de trabajo que se están creando o transformando, que con toda evidencia no coinciden, ya que, no puede ser que se diga que crece el empleo y que baje el PIB.

El descuadre indica que el empleo creado es de baja productividad y de menos horas de trabajo efectivo.

Finalmente, fijaré otras conclusiones:

a).- Falta información veraz de todo tipo en materia de empleo y de paro.

b).-  En España se están pagando retribuciones para sostener un gasto público estructural de personal y pensiones, que crece y crece sin pausa día a día, que se cifra oficialmente en un total de 318.000 millones de euros, lo que, se mire como se mire, es algo insostenible, pues un tercio de trabajadores del sector privado no pueden mantener a dos tercios de salarios públicos -de 13 a 14 millones de personas con sueldos públicos-.

c).- La situación económica está paralizada (inflación descontrolada, imposición fiscal asfixiante, condiciones laborales irreales y sin flexibilidad, empresas pymes en quiebra en número desconocido pero muy preocupante, que no pueden pagar sus deudas, etc.), lo que llevará al crecimiento del paro y a un empobrecimiento del empleo.

N.B.  Las diferencias entre sector público y sector privado que existen el España son inasumibles para cualquier economía y si a nuestro País le unimos una situación límite por su tasa de paro, sin que, además, se adopten medidas urgentes en vías de una solución, como puede y debe ser una bajada importante de impuestos y una reducción del gato público innecesario e improductivo, la situación es extremadamente delicada para el ciudadano de a pie, ya que, curiosamente, la recaudación del Estado está disparada, mientras la mayoría de los españoles se adentran en la pobreza sin remedio.

Agrava el problema la “falta de información veraz”, que impide conocer la realidad para reformar de raíz nuestromercado de trabajo, así que, la productividad seguirá en caída libre y será  imposible crear empleo estable, duradero y de calidad.

Córdoba, a 13 de abril de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Desempleo – la realidad y la mentira – II (+ empleo – PIB = menor productividad = bajada de horas de trabajo y facturación)

Siguiendo con el tema del paro, me dicen los mismos lectores, que los datos del Gobierno (M. Trabajo – SEPE) son ciertos y quieren que explique donde está la trampa.

Así que, primero diré, que puede ser que haya más empleo (aunque pongo en duda los datos oficiales por falta de información veraz), que haya más personas trabajando, pero si el PIB se reduce por debajo del empleo, la realidad es que se produce menos (es decir, está bajando la productividad), lo que significa, sí o sí, que es porque se trabajan menos horas (aumenta el trabajo a tiempo parcial -el trabajo de jornada incompleta por horas-) o porque aunque se trabaje la mismas horas existe menor facturación.

En segundo lugar, señalaré ciertas disfunciones en los datos oficiales:

1º.- Los contratos fijos o indefinidos aumentan, pero es un hecho patente, que un gran número de ellos son contratos por horas (a tiempo parcial) o contratos temporales hechos fijos discontinuos (lo que es una falacia en el empleo, pues cuando acabe el trabajo se acabará el puesto de trabajo fijo -si no al tiempo-).

2º.- Las condiciones de trabajo de todo tipo son precarias en el empleo que se está creando, incluidas las retribuciones salariales, que hará que baje la productividad y la cualificación profesional.

3º.- La realidad es, que el empleo indefinido de calidad, estable y duradero está disminuyendo con la aplicación de la reforma laboral, de forma, que una cosa es la apariencia de creación de empleo y otra cosa la realidad de los puestos de trabajo que se están creando o transformando, que con toda evidencia no coinciden, ya que, no puede ser que se diga que crece el empleo  y que baje el PIB.

El descuadre indica que el empleo creado es de baja productividad y de menos horas de trabajo efectivo.

En tercer lugar, fijaré unas conclusiones:

a).- Falta información veraz, de forma, que los datos oficiales de empleo encierran una trola, es decir, no son verdad, sino como mucho media verdad.

b).- La reforma laboral debe necesariamente ser modificada, buscando la productividad, la cualificación profesional y la creación de empleo de calidad estable y duradero.

c).- Los acuerdos entre empresa y trabajadores deben estar liberados de ataduras de convenios y de imposiciones legales.

d).- Sin flexibilidad en el mercado de trabajo será imposible aumentar la productividad de los trabajadores y la competitividad de las empresas, que son las bases de una creación de empleo estable y sostenida.

N.B.  Los datos oficiales sobre empleo y paro son una falacia, o si se quiere, una mentira disfrazada de verdad, porque + empleo y – PIB significa menor productividad, lo que sí o sí, implica bajada de horas de trabajo y facturación.

En resumen, aumenta la precariedad en el empleo, aunque este aumente oficialmente, cosa que, pongo en almoneda.

Así mismo, es imposible sin conocer la realidad reformar de raíz nuestro mercado de trabajo, adoptando medidas urgentes, que mejoren la productividad y sea posible crear empleo estable, duradero y de calidad, además, la reforma laboral aprobada lo impide.

La cifra de inactivos en crecimiento continuo es un indicador siniestro, que no se puede ignorar, dato aumentado por los incapacitados permanentes sociales.

Córdoba, a 6 de abril de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.