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Diputación Córdoba – Junta Andalucía – C. H. Guadiana (Se la han “colado”)

El Gobierno ha colado a Andalucía y a Córdoba la GRAN COLADA a través de La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), denegando la autorización para la conexión entre los embalses de Sierra Boyera y La Colada, que es infraestructura básica para garantizar el abastecimiento de agua a 27 municipios del norte de la provincia de Córdoba y donde viven más de 80.000 personas.

La Junta de Andalucía tiene el poder que una mayoría absoluta de andaluces le han otorgado y la Diputación de Córdoba tiene una mayoría suficiente, pero la Confederación Hidrográfica del Guadiana al parecer tiene un poder por lo visto indiscutible. Lo que dicho de otra forma es, que los más de 80.000 cordobeses del Norte de la Provincia de Córdoba, y, de paso todos nosotros los cordobeses, estamos sin agua, porque la C. H. G. que, por cierto, no la ha elegido ningún andaluz ni cordobés se chinga en la Junta de Andalucía, en las Diputación, en Andalucía y en Córdoba.

*Eso es lo que hay*.

En Cataluña o en el País Vasco esto sería posible, (sin comentarios), de forma, que sobra cualquier palabra más o menos gruesa, pues todos conocen la respuesta.

La Junta de Andalucía anuncia que recurrirá el Informe de la Confederación del Guadiana que rechaza la conexión de La Colada, ya que, según el Sr. Molina: “El proyecto no tiene ninguna objeción real más que la voluntad política de pararlo”.

Si lo que dice el Delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina es cierto, que seguramente lo será, recurrir el Informe de la C.H. G. se me antoja un brindis al sol, ya que, si la CHG está realizando una maniobra política, lo que está haciendo presuntamente es prevaricar públicamente y a la vista de todos, así que para la Junta de Andalucía, la Diputación, los Ayuntamientos del Norte de la Provincia y el Partido Popular, sin la menor duda, está abierta la vía de una querella o de varias, aunque, quizás, estos posibles actores estén esperando otra “Dana”, tal como ocurrió con la Confederación Hidrográfica del Jucar.  

Las mayorías absolutas y el poder territorial ganados en una elecciones, no pueden seguir siendo “una política de abrazos y de humillación consentida para todos los andaluces y cordobeses”, porque  de ser así, lo mejor es someterse cautivos al poder de la C. H. G. que no representa a nadie y nadie la ha elegido salvo un poder autocrático, que cree, al parecer con razón, que puede hacer lo que quiera y que nunca le pasa nada, pues saben que están por encima de la Ley.

La politización de la C. H. G. se la ha “COLADO” al poder legítimo de la Junta de Andalucía, así que, después que no venga el P. P. a pedir más votos para seguir gobernando la nada y con convicción plena de esclavos sometidos voluntariamente, así que, desde Córdoba Abierta -ACOA- exigimos que la Junta de Andalucía, la Diputación P. de Córdoba, los Ayuntamientos y el P. P. nos defiendan de verdad, pues tienen todos medios y un  camino claro para hacerlo.

N.B.  La Confederación Hidrográfica del Guadiana actuando en nombre de un poder autocrático se la ha Colado a la Junta de Andalucía y, desgraciadamente, a todos nosotros los andaluces.

Vivir de rodillas no es vivir, sino morir esclavo voluntario.

Córdoba, a 25 de abril de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Querella presidencial – Presentada y ampliada (Presunta prevaricación del juez Peinado)

(NOTA. El Abogado de Estado del Presidente Sánchez dice en su ampliación de la querella, presentada en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,  contra el Magistrado Peinado, que el Juez realiza “interpretaciones forzadas o artificiosas” entre otras acusaciones contenidas en sus escritos de querella.

La querella pedía al T. S. J. M. que investigue al magistrado al considerar que dictó “a sabiendas” varias resoluciones “injustas” y contrarias a lo dispuesto en la norma, ya que atendían a “convicciones propias” que “se apartan de su deber investigador”.).

El un hecho patente y manifiesto que la querella del Presidente Sánchez contra el Magistrado Sr. Peinado a tener múltiples seguidores entre los españoles, que, además,  como pagan con sus impuestos las retribuciones del abogado de estado correspondiente, pedirán, sin duda, que sus querellas contra los órganos judiciales que por turno les correspondan, cuando crean que dictan resoluciones injustas y contra la ley aplicable.

No sé, si los jueces y tribunales adoptarán frente a esas querellas del pueblo español, la misma actitud prudente que, sin la menor duda, adoptará el TSJM en todos los sentidos incluidas las costas procesales.

Con independencia de lo dicho, lo único cierto es, que las querellas contra los órganos judiciales se van a multiplicar por mil, ya que, los españoles seguirán el camino marcado por el Presidente del Gobierno, pues, la Constitución dice en su Título Preliminar, Artículo 1.-:

*1.    España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

*2.    La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

La cosa está muy clara, cuando un justiciable del pueblo no este conforme con una resolución judicial puede acudir a la abogacía del estado pidiendo que en su nombre interponga una denuncia o querella por prevaricación judicial contra el juez o tribunal, y, en caso de que su justa petición no sea atendida puede acudir a un abogado particular para que las ponga, pidiendo en el caso de que hay costas, que todas ellas sean a costa del Estado.

En conclusión,

La libertad y la igualdad las ganaremos si nos movemos todos juntos en la misma dirección y dejamos atrás cualesquiera diferencias dañinas para nuestros intereses comunes.

N.B. La necesidad de que el Pueblo Español se mueva  en defensa de sus derechos y libertades es algo necesario e indiscutible, ya que, en las actuales circunstancias de deterioro democrático estar silentes y callados es un despropósito, que a la gran mayoría de nosotros nos hace cautivos y rehenes de un poder público injusto, en contra de lo que consagra la Constitución de 1978 en sus art. 1,1, 9., y 14., y cc. sobre la igualdad.

Igualdad y libertad.

Córdoba, a 31 de agosto de 2024.

Cdo. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.