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Puertas al campo (los despidos desaparecen – democracia y libertad)

El dicho de -poner puertas al campo, se utiliza cuando se intenta poner límites o restricciones a algo que no se puede controlar.  En otras palabras, “expresa la inutilidad de una medida que pretende restringir la libertad”.

La Ministra de Trabajo, Sñrª. Díaz insiste en que sí “se deben poner puertas al campo”, y, quiere proponer prohibir por ley los despidos -objetivos-, ya que, la democracia comunista es libertad.

El Estado Social y Democrático de Derecho que la Constitución consagra con todos sus derechos y libertades fundamentales garantizados, queda en el vacío de la nada, pues lo importante no es solucionar el problema, sino crear otro mayor para olvidar el anterior.

N.B.  Los despidos se prohíben y se ponen puertas al campo, asunto concluido, viva la democracia y la libertad.

Es lo que hay. Pues, ESO.

Es una postura de desesperanza, que aumenta la incertidumbre y el malestar, de forma, que con lo que está cayendo, la actividad pública de un Gobierno se dirija  a limitar derechos y libertades, en lugar de buscar razonablemente soluciones eficaces para los españoles, es algo incalificable.

Córdoba, a 26 de marzo de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Adivinanza política: Además de misóginos contra la Constitución (fácil de resolver)

Esta es una cuestión de principios y de respeto a los derechos y libertades que garantiza la Constitución Española, ya que, si las cúpulas dirigentes de los Partidos ignoran el estado de derecho,  destrozan derechos fundamentales, rompen la igualdad de los españoles y martirizan intentando someter cautivos a los que disienten (sobre todo si son mujeres), es un imposible, que los españoles podamos votar a esos partidos misóginos y liberticidas.

Al mismo tiempo, es casi imposible caer en error tras error de ese calibre sin buscarlo intencionadamente o ser un necio papanatas, así:

**  Según el Diccionario de la RAE misoginia es: Aversión a las mujeres.

** La Constitución Española vigente de 1978 dice en su artículo 6: Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

En España hay un Partido Político cuya cúpula dirigente, *tiene aversión a las mujeres y, además, *en su estructura interna y en su funcionamiento no es democrático.

Es público y notorio, que tiene dos cargos públicos desempeñados brillantemente por dos mujeres, a las que su cúpula dirigente está machacando sin piedad, ante el silencio cómplice de muchos voceros silentes -sometidos y sometidas- (todos estos, también, son responsables). Todos saben sus nombres -Cayetana e Isabel- y encima a las dos les abren un expediente torticero, esgrimiendo amenazas de todo tipo y rigor.

En la democracia española regida por el Estado de Derecho constitucional, si alguien y, a mayor inri, cualquier autoridad o responsable público sugiere tener datos fiscales y bancarios sobre la supuesta comisión de un ilícito penal o administrativo para eso están los Juzgados de Guardia y las Autoridades Administrativas competentes, lo demás es llenarse de porquería el que habla -tira la piedra- y esconde la mano; de forma, que exigirle, además, públicamente a una persona, sea quien sea, que aclare un ilícito públicamente sin acudir a la justicia a denunciarlo, es una bajeza tremenda y supone el incumplimiento de un deber, que está tipificado como delito en el Código Penal.

Está visto, que los derechos fundamentales, como la presunción de inocencia, el derecho de defensa, el derecho a la prueba, etc. les importan una higa, pues creen firmemente, que son impunes y están por encima del bien y del mal, pues las obligaciones son para el Pueblo.

El máximo responsable del partido ha dicho: {A mí me llegó una información a finales de diciembre con datos fiscales y bancarios, se podría inferir que venía de una institución pública}. Según el mismo responsable, la información emanaría de entidades públicas, datos -de posibles transferencias y datos fiscales-.

Si es verdad lo dicho, nos encontramos con algo gravísimo y la Justicia debería intervenir de oficio, por no hablar de la AEAT-Hacienda y la Agencia Española de Protección de Datos.

Debe quedar claro, que esos dirigentes misóginos, trileros, atrabiliarios y  amenazantes son repudiados por cualquiera, que crea, que todas las mujeres, sin exclusión alguna, merecen todos los respetos y aprecios sin ninguna distinción y siempre, máxime, cuando, a mayor inri, destacan por sus propios méritos y capacidades, situándose por encima de esos dirigentes espurios, que las persiguen y amenazan sin pudor ni vergüenza. Además, que sin  acatamiento a la Constitución y a sus derechos y libertades no existe democracia ni estado de derecho.

La solución a la adivinanza es fácil y clara, de manera, que como se dice ahora en España: Pues, ESO.

N.B. La adivinanza política es fácil, ya que, los dirigentes misóginos e inconstitucionales de ese partido político se han retratado y, sin duda, están contra las mujeres y la Constitución a la vista de todos, de forma, que es sencillo y diáfano de vaticinar.

Lo más indignante, lo peor de lo peor, es que, los muñidores responsables del latrocinio a los españoles creen firmemente que el pueblo es tonto de capirote, que son impunes y que pueden hacer lo que quieran, aunque seguro que se equivocan, si no que esperen a las elecciones y vean votar al pueblo ese, que ellos creen tontorrón sin solución. Entonces verán, que los votantes son demasiado inteligentes para ellos y que su poder delegado por el pueblo declinará para siempre, siendo sustituidos por otras personas, que esperemos sean ejemplares y trabajen con el bien común, erradicando la búsqueda de todo beneficio personal dañino para España a través del ejercicio perverso de un poder, que nunca les ha pertenecido.

La conclusión, resuelta la fácil adivinanza, es que muchos españoles sienten lo mismo: profundo asco y vergüenza por haberlos votado y/o apoyado de alguna forma, los que lo hayan hecho.

Espiar durante meses a una persona, preparar y filtrar un expediente con datos personales fiscales y bancarios, decirlo públicamente en un alarde de torpeza infinita, y, encima, cuando esa persona se defiende, se le abre un expediente torticero sancionador y, además, todo sin prueba de clase alguna, es un hecho de una gravedad extraordinaria, que merece el máximo reproche de cualquiera, aunque resulta indignante para el español de a pie, que no pase nada, quizás porque son mujeres de las llamadas de derechas.

Los defensores de los derechos y libertades que ocupan cargos públicos (eurodiputados, diputados, senadores, parlamentarios autonómicos, concejales, diputados provinciales, etc.) y las Instituciones Públicas de la Justicia y de todas las Administraciones, hay que preguntar a voz en grito:

¿Dónde están y por qué no hacen nada?

Quizás, las listas abiertas y por distritos ayudarían a eliminar la podredumbre política, que el sistema de listas cerradas conlleva, aunque algo debe quedar claro, que los voceros silentes ante el abuso son, también, responsables de la inmundicia.

Córdoba, a 19 de febrero de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Disentir y criticar (derecho a discrepar – libertad de expresión)

La Constitución Española de 1978 está preñada con las palabras libertad y democracia, aunque decirlo puede parecer “una obviedad”, pero con la que está cayendo sobre las libertades y derechos de los españoles, apuntarlo no está de más, máxime, cuando empiezan a peligrar la democracia y su división de poderes, siendo claro ejemplo de ello, la elección politizada del Tribunal Constitucional y de otros Órganos básicos para la libertad real de los españoles, aunque, sin duda, lo peor será lo que se nos viene encima con la renovación del C.G.P.J.

A pesar de lo dicho y de que será una pelea quijotesca contra molinos de viento, conviene recordar solo, por ejemplo, que la C. E. establece, entre otras cosas, en su artículo 20:

<< 1.  Se reconocen y protegen los derechos:

a)      A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

d)      A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

2.      El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. >>

Constitucionalmente está muy claro, que no ajustarse al sentir o parecer de alguien, es decir, disentir, es un derecho fundamental garantizado por la C. E., aunque ahora parece, por lo que se ve en partidos políticos en España, no ajustarse al parecer fundamentalista de las listas cerradas, no solo no es un derecho, sino un pecado capital, dicho de otra manera, un insulto al mando supremo instalado en la cúpula del partido, lo que supone, sin duda, un insulto imperdonable al líder, que dice ser y se autoproclama  la representación viva del pueblo soberano.

En estos días se celebran congresos donde el líder único es elegido por el 98.98% de los asistentes, de manera, que solo el 1,02% no lo han votado, lo que resulta, se quiera admitir o no, bastante alejado de la realidad al ser una verdad de validez absoluta imposible de ocurrir. Si alguien se cree y pretende hacerlo creer a los demás, que un hecho como ese descrito de unanimidad apesebrada, es posible que suceda en la realidad sin trolas ni engaños, es consciente y sabedor de que se miente así mismo.

Tanto éxito repentino y verdadero en la unidad impostada, aunque tenga tufillos de tongo y excluya a quien disiente, abruma a cualquier líder, pues, ni están todos los que son, ni en el orden que son.

Sin capacidad de disentir y de criticar al poder establecido no existe la libertad, pues la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Si para conseguir medrar en política es imprescindible, ahogar la crítica válida y disentir solo en ver quien pelotea más y mejor al líder, y, a su cúpula abducida por su poder omnímodo, la libertad está en peligro, pues,

¿quién puede confiar su vida y hacienda a quien no admite disensión ni crítica alguna?

Lo curioso, además, es que todos ellos deben creer, que los ciudadanos votantes no se enteran de nada ni tienen criterio de nada, lo que demuestra, así mismo, su ceguera y su prepotencia, ya que, no hay más que salir a la calle, hablar y preguntar un poco a los ciudadanos votantes para ver, que la desconfianza, la incertidumbre y el deseo de libertad los llevan a votar opciones respetuosas de la libertad de expresión y de crítica, donde no anidan ni las sanciones, ni las amenazas veladas, ni mucho menos la adulación admitida sin más, además, por el líder y sus corifeos.

Así mismo, en el mundo de la Ética la “apariencia” de independencia e imparcialidad es la esencia de la libertad, pues no solo hay que ser defensor del estado de derecho y de las libertades que lo sostienen, sino que, también, hay que parecerlo. En este punto, entiendo, que ya sean superado todas las limitaciones y fronteras, de forma, que ahora, el autoritarismo ya ni se esconde en sus tropelías libertarias, existiendo ejemplos varios por lo es innecesario citarlos.

La unanimidad sometida empobrece y solo lleva al canibalismo autodestructor.

La única conclusión aceptable de lo dicho, es que esos políticos que van impunemente contra la ley y contra la propia democracia que los sostiene, es que están convencidos, que los españoles en su mayoría son necios, olvidadizos y que disfrutan con que les ninguneen sus libertades y derechos; básicamente, que son tontos de remate y que siempre votarán lo que ellos digan, pues no existen otras opciones.

La democracia y el Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en la Constitución imponen el derecho a discrepar y disentir, y, a poder decirlo públicamente, sin temor a que no sea el lechero el que llame a tu puerta, por eso, cuando un partido se auto golpea reduciéndose  a un cortijo cerrado, donde nadie puede opinar sin ser un traidor irredento, siendo, en cambio, los que amenazan, coaccionan y diluyen la libertad interna, los que ostentan el poder del colectivo político, la fiesta interna del autoritarismo liberticida acabará con arrasarlo a él mismo el primero (todo), pues mal puede dirigir en libertad y democracia una Nación ese político, si no es capaz de instaurar un régimen de libertades reales en su propio partido.

N.B.  Disentir y criticar, junto con los derechos a discrepar y a la libertad de expresión, son unas de las bases de la libertad y del estado de derecho en cualquier Nación democrática, ya que, el político que cercena los derechos y libertades de sus ciudadanos está actuando claramente contra el Estado de Derecho.

En España hemos entrado en una espiral liberticida, donde los que deberían ser ejemplo de libertad, se está pasando al lado oscuro del autoritarismo excluyente, donde solo se admite la doctrina oficialbajo todo tipo de amenazas y vejaciones, incluso de tipo personal, pues para los enemigos de la libertad todo vale, todo les debe estar permitido en el uso torticero de su poder, aduciendo, además, que son la imagen viva y la representación real del Pueblo soberano.

Sin embargo, olvidan que todos los españoles queremos mayor libertad e independencia, y, para todos igual como dice la C. E. en su art. 14, porque, lo que es inadmisible, es que cualquier español sea quien sea, tenga menos derechos y libertades que otros, aunque esos otros sean los líderes  de un partido político, además,por el simple hecho del uso de la fuerza contra la libertad, de manera, que, si ese argumento liberticida ampara a los que infringen la Norma Básica constitucional, la libertad y el estado de derecho bases de la democracia real desaparecerán.

La falsa unidad nacida de la imposición excluyente con castigo de los que disienten, produce en los votantes un rechazo masivo, pues perciben, que a ellos les puede ocurrir lo mismo, si discrepan limitándose sus libertades y derechos.  

La arbitrariedad en el ejercicio del poder produce efectos demoledores en nuestras libertades fundamentales, la esperanza solo reside, en que el Pueblo Soberano vota libremente y tiene memoria.

Córdoba, a 22 de noviembre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Injuriar en borrador (es constitucional)

La técnica es simple, se realiza un escrito injurioso y descalificativo sobre determinadas personas (se llama borrador), se publicita por tierra, mar y aire antes de la resolución que se quiere denigrar, pasándolo por las redes sociales donde quedará para siempre y será imposible borrarlo.

Las personas injuriadas por el borrador quedan marcadas para siempre y el mensaje malévolo llega a millones de personas, quedándose en sus cabezas, sí o sí; después el autor trilero del llamado borrador, cuando llega el momento de la verdad presenta otro escrito diferente, eliminando las frases injuriosas, y, haciendo público su arrepentimiento por su faena maliciosa.

La consecuencia de todo es, que el daño a las personas injuriadas ya está hecho, de manera, que el agravio a su reputación profesional y personal nunca quedará reparado, siguiendo el autor del borrador su camino como si no hubiera pasado nada.

Quizás, con un ejemplo se entenderá mejor, así:

Un abogado cuando conoce la sentencia del juzgado o tribunal y antes de que se haga pública, elabora un escrito de recurso injurioso, que llama borrador, y, lo difunde por el juzgado o tribunal publicitando su contenido de principio a fin. A continuación, cuando toca realmente, presenta su recurso eliminando las frases injuriosas o los apartados malévolos para la reputación del juez o tribunal, diciendo a la vez, que su anterior escrito era solo un borrador y que siente mucho las frases malévolas recogidas en el mismo.

Imagino, que con toda la razón el juez o tribunal deducirá testimonio y mandará el escrito borrador injurioso al CGPJ, al juzgado de guardia y/o a la Fiscalía, al entender que se ha dañado gravemente su reputación y se les ha ocasionado daños irreparables.

Lo dicho, más o menos, es lo que ha ocurrido con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma y su inconstitucionalidad, donde seis miembros del Tribunal han aprobado por mayoría la resolución denostada, recibiendo como es muy normal votos particulares, aunque antes se ha publicitado  “un borrador de voto particular” ofensivo para esa mayoría del Tribunal que aprobó la sentencia.

Lo expuesto, resulta casi de chiste, si no fuera por su gravedad extrema, pues debe quedar claro, que esos seis miembros del T. C. nunca recuperarán su reputación profesional y personal, quedando para los restos a los pies de los caballos.

En España están pasado cosas “maravillosas” de una perversidad extrema, que ponen en peligro el respeto a la ley, la división de poderes del Estado y nuestro Estado social y democrático de Derecho, en definitiva, la democracia y sus derechos y libertades fundamentales.

En democracia el respeto a las decisiones mayoritarias válidamente adoptadas es ley, de manera, que en virtud de la libertad de expresión se pueden criticar y contradecir, con el límite aceptado por todos, que está en respeto a los derechos de los demás.

Por otro lado, las resoluciones aprobadas por mayoría en los órganos judiciales son la realidad, siendo los votos particulares una manifestación de contradicción a la resolución adoptada, que en nada afecta a su validez, de manera, que se quiera aceptar o no esa es la ley.

El “respeto a la ley” es la base esencial de una democracia plena.

N.B.  Injuriar en borrador es una técnica nueva de denigrar en la impunidad, pero, por lo que se ve, es constitucional, aunque, cabe la duda, de si esa forma de actuar torticera es utilizable por todos los españoles o solo por unos pocos privilegiados perdidos en la impunidad de su poder.

La legalidad para todos es la única forma de democracia plena, lo que impide aplicar la ley del embudo, “porque lo que no quieres para ti, no se lo puedes aplicar a los demás”, todo lo que se añada para justificar un abuso de poder, son excusas inadmisibles, máxime cuando las tropelías se llevan a término en el plano institucional.   

Si cualquier poder político se separa de la ley, aunque sea creando una mera apariencia de legalidad, la democracia deriva, sin remedio,   hacia el autoritarismoy, nuestros derechos y libertades fundamentales entran en un peligroso vacío.

Córdoba, a 21 de julio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Legítima defensa II – democracia y respeto a la Constitución (resoluciones injustas – derechos y libertades)

Con carácter previo, recomiendo leer un artículo titulado “La dictadura de la Agencia Tributaria” de Jesús Cacho (publicado 06/06/2021 04:45 en el diario digital Vozpópuli), del que reproduzco entrecomillados varios párrafos, por su enorme trascendencia en defensa de la democracia constitucional:

<<Aunque es notable la nómina de funcionarios de la AEAT que deben ser calificados como perfectos demócratas, hay una parte que solo concibe su existencia actuando en funciones de inspección, que pasan 20 o 30 años de su vida haciendo lo mismo y que terminan con la mente deformada, de modo y manera que el contribuyente que tiene la desgracia de caer en sus manos puede tener la seguridad de ser considerado como un defraudador y tratado como tal. No hay derechos y libertades que valgan”.

“Nadie se atreve a denunciar la indefensión en que se encuentran los inspeccionados por miedo a represalias”. “Nadie, a revelar la sistemática conculcación de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución”. “El resultado es que la Agencia Tributaria causa miedo, terror, acojono”.

“Las cosas no han hecho sino empeorar, porque nada puede mejorar en una democracia cuya proverbial pobre calidad viene siendo conculcada en los últimos tiempos por todo tipo de atropellos, muchos de ellos tolerados, si no inducidos, desde la propia esfera del poder político”.

“Urge democratizar la Agencia Tributaria, acabar con la tiranía” …   …   

“Urge emprender una reforma como la que en su día llevó a cabo el presidente Reagan en Estados Unidos con un Internal Revenue Service (IRS) en profunda crisis, víctima de los mismos abusos que hoy se denuncian en la AEAT, para convertirlo en una institución encargada del cumplimiento de las leyes tributarias y de la recaudación fiscal perfectamente democrática, es decir, respetuosa con los derechos y libertades del ciudadano contribuyente”. >>  

*** Lo dicho por Jesús Cacho en su artículo precitado, nos introduce de lleno en la legítima defensa, que –se basa en el derecho natural que tiene un pueblo o una persona de protegerse para rechazar una agresión ilegítima grave e inminente-.  

La legítima defensa es un derecho y un deber frente a todo autoritarismo e injusticia, y, contra cualquier resolución injusta de los poderes públicos, sean quienes sean sin exclusión alguna.

En las democracias cuando un poder público y sus empleados sobrepasa sus poderes y se adentra en la senda del autoritarismo y de la arbitrariedad, actuando ilegítimamente contra los derechos de los ciudadanos anulando sus libertades fundamentales, la legítima se debe ejercitar por los ciudadanos (el pueblo soberano)de conformidad con la Ley constitucional contra cualquier abuso contra ley, pues esos poderes y/o administraciones nunca actúan de oficio defendiendo al ciudadano agraviado.

Reitero, que la C. E. de 1978 dice en sus arts. 9 y 10, que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico y que el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

En España por la actuación de algunos poderes públicos y algunos pocos de sus empleados, los ciudadanos sienten la falta de libertad, y, que se conculcan sus derechos constitucionales, de manera, que no queda otra que la legítima defensa por el pueblo y sus ciudadanos, como forma de protección frente a las agresiones contra las libertades, precisamente por la inacción de esos poderes públicos y sus autoridades responsables, que frente a la vulneración de derechos constitucionales, adoptan una posición silente e inane, incumpliendo su deber de proteger al particular agraviado.

La reforma democrática de esos poderes públicos y sus empleados, que actúan sin reparo contra ley y contra los ciudadanos, es, sin duda, una urgencia democrática, pues, el particular sometido a decisiones injustas, aunque se defienda “-acongojado y cautivo en su temor-”, solo consigue, si es que llega a ello, una pequeña reparación, mientras esos pocos empleados (que enmierdan con su rencor injusto al resto mayoritario de compañeros) que sacrifican contra ley injustamente al pueblo, que dicen servir, quedan impunes ante una administración -en espera- y -paralizada-, que casi nunca acude en defensa de los derechos de sus ciudadanos, que la mantienen política y económicamente

Por todo lo dicho, es necesaria y urgente una reforma democrática de las actuaciones de los poderes públicos, que evite comportamientos injustos para los ciudadanos de esos pocos empleados y administraciones, que imponen sus resoluciones injustas, además, utilizando amenazas e imponiendo el terror a un pueblo del que nace su poder, ejercitado irresponsablemente y, hasta hoy, con arbitrariedad desde una impunidad casi absoluta.

N.B.  Legítima defensa es justicia en una democracia desviada frente a resoluciones injustas del poder público, que socavan nuestros derechos y libertades fundamentales.

Reitero,que la legítima defensa es necesaria frente a los abusos de poderes públicos que actúan contra la Ley, que es la base de nuestro Estado social y democrático de Derecho, al consagrar la C. E. que es el fundamento del orden político y de la paz social

Es de justicia, que, si un poder público y sus representantes se separan de la ley, admitiendo actuaciones fraudulentas con una apariencia de legalidad, y, contra los principios que sostienen el Estado de Derecho, la legítima defensa es un derecho y un deber de los ciudadanos.

La Instituciones del Estado en una democracia plena deben estar al servicio de los ciudadanos y no al contrario, sin excusa ni pretexto alguno.

Córdoba, a 9 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.