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Injuriar en borrador (es constitucional)

La técnica es simple, se realiza un escrito injurioso y descalificativo sobre determinadas personas (se llama borrador), se publicita por tierra, mar y aire antes de la resolución que se quiere denigrar, pasándolo por las redes sociales donde quedará para siempre y será imposible borrarlo.

Las personas injuriadas por el borrador quedan marcadas para siempre y el mensaje malévolo llega a millones de personas, quedándose en sus cabezas, sí o sí; después el autor trilero del llamado borrador, cuando llega el momento de la verdad presenta otro escrito diferente, eliminando las frases injuriosas, y, haciendo público su arrepentimiento por su faena maliciosa.

La consecuencia de todo es, que el daño a las personas injuriadas ya está hecho, de manera, que el agravio a su reputación profesional y personal nunca quedará reparado, siguiendo el autor del borrador su camino como si no hubiera pasado nada.

Quizás, con un ejemplo se entenderá mejor, así:

Un abogado cuando conoce la sentencia del juzgado o tribunal y antes de que se haga pública, elabora un escrito de recurso injurioso, que llama borrador, y, lo difunde por el juzgado o tribunal publicitando su contenido de principio a fin. A continuación, cuando toca realmente, presenta su recurso eliminando las frases injuriosas o los apartados malévolos para la reputación del juez o tribunal, diciendo a la vez, que su anterior escrito era solo un borrador y que siente mucho las frases malévolas recogidas en el mismo.

Imagino, que con toda la razón el juez o tribunal deducirá testimonio y mandará el escrito borrador injurioso al CGPJ, al juzgado de guardia y/o a la Fiscalía, al entender que se ha dañado gravemente su reputación y se les ha ocasionado daños irreparables.

Lo dicho, más o menos, es lo que ha ocurrido con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma y su inconstitucionalidad, donde seis miembros del Tribunal han aprobado por mayoría la resolución denostada, recibiendo como es muy normal votos particulares, aunque antes se ha publicitado  “un borrador de voto particular” ofensivo para esa mayoría del Tribunal que aprobó la sentencia.

Lo expuesto, resulta casi de chiste, si no fuera por su gravedad extrema, pues debe quedar claro, que esos seis miembros del T. C. nunca recuperarán su reputación profesional y personal, quedando para los restos a los pies de los caballos.

En España están pasado cosas “maravillosas” de una perversidad extrema, que ponen en peligro el respeto a la ley, la división de poderes del Estado y nuestro Estado social y democrático de Derecho, en definitiva, la democracia y sus derechos y libertades fundamentales.

En democracia el respeto a las decisiones mayoritarias válidamente adoptadas es ley, de manera, que en virtud de la libertad de expresión se pueden criticar y contradecir, con el límite aceptado por todos, que está en respeto a los derechos de los demás.

Por otro lado, las resoluciones aprobadas por mayoría en los órganos judiciales son la realidad, siendo los votos particulares una manifestación de contradicción a la resolución adoptada, que en nada afecta a su validez, de manera, que se quiera aceptar o no esa es la ley.

El “respeto a la ley” es la base esencial de una democracia plena.

N.B.  Injuriar en borrador es una técnica nueva de denigrar en la impunidad, pero, por lo que se ve, es constitucional, aunque, cabe la duda, de si esa forma de actuar torticera es utilizable por todos los españoles o solo por unos pocos privilegiados perdidos en la impunidad de su poder.

La legalidad para todos es la única forma de democracia plena, lo que impide aplicar la ley del embudo, “porque lo que no quieres para ti, no se lo puedes aplicar a los demás”, todo lo que se añada para justificar un abuso de poder, son excusas inadmisibles, máxime cuando las tropelías se llevan a término en el plano institucional.   

Si cualquier poder político se separa de la ley, aunque sea creando una mera apariencia de legalidad, la democracia deriva, sin remedio,   hacia el autoritarismoy, nuestros derechos y libertades fundamentales entran en un peligroso vacío.

Córdoba, a 21 de julio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Legítima defensa II – democracia y respeto a la Constitución (resoluciones injustas – derechos y libertades)

Con carácter previo, recomiendo leer un artículo titulado “La dictadura de la Agencia Tributaria” de Jesús Cacho (publicado 06/06/2021 04:45 en el diario digital Vozpópuli), del que reproduzco entrecomillados varios párrafos, por su enorme trascendencia en defensa de la democracia constitucional:

<<Aunque es notable la nómina de funcionarios de la AEAT que deben ser calificados como perfectos demócratas, hay una parte que solo concibe su existencia actuando en funciones de inspección, que pasan 20 o 30 años de su vida haciendo lo mismo y que terminan con la mente deformada, de modo y manera que el contribuyente que tiene la desgracia de caer en sus manos puede tener la seguridad de ser considerado como un defraudador y tratado como tal. No hay derechos y libertades que valgan”.

“Nadie se atreve a denunciar la indefensión en que se encuentran los inspeccionados por miedo a represalias”. “Nadie, a revelar la sistemática conculcación de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución”. “El resultado es que la Agencia Tributaria causa miedo, terror, acojono”.

“Las cosas no han hecho sino empeorar, porque nada puede mejorar en una democracia cuya proverbial pobre calidad viene siendo conculcada en los últimos tiempos por todo tipo de atropellos, muchos de ellos tolerados, si no inducidos, desde la propia esfera del poder político”.

“Urge democratizar la Agencia Tributaria, acabar con la tiranía” …   …   

“Urge emprender una reforma como la que en su día llevó a cabo el presidente Reagan en Estados Unidos con un Internal Revenue Service (IRS) en profunda crisis, víctima de los mismos abusos que hoy se denuncian en la AEAT, para convertirlo en una institución encargada del cumplimiento de las leyes tributarias y de la recaudación fiscal perfectamente democrática, es decir, respetuosa con los derechos y libertades del ciudadano contribuyente”. >>  

*** Lo dicho por Jesús Cacho en su artículo precitado, nos introduce de lleno en la legítima defensa, que –se basa en el derecho natural que tiene un pueblo o una persona de protegerse para rechazar una agresión ilegítima grave e inminente-.  

La legítima defensa es un derecho y un deber frente a todo autoritarismo e injusticia, y, contra cualquier resolución injusta de los poderes públicos, sean quienes sean sin exclusión alguna.

En las democracias cuando un poder público y sus empleados sobrepasa sus poderes y se adentra en la senda del autoritarismo y de la arbitrariedad, actuando ilegítimamente contra los derechos de los ciudadanos anulando sus libertades fundamentales, la legítima se debe ejercitar por los ciudadanos (el pueblo soberano)de conformidad con la Ley constitucional contra cualquier abuso contra ley, pues esos poderes y/o administraciones nunca actúan de oficio defendiendo al ciudadano agraviado.

Reitero, que la C. E. de 1978 dice en sus arts. 9 y 10, que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico y que el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

En España por la actuación de algunos poderes públicos y algunos pocos de sus empleados, los ciudadanos sienten la falta de libertad, y, que se conculcan sus derechos constitucionales, de manera, que no queda otra que la legítima defensa por el pueblo y sus ciudadanos, como forma de protección frente a las agresiones contra las libertades, precisamente por la inacción de esos poderes públicos y sus autoridades responsables, que frente a la vulneración de derechos constitucionales, adoptan una posición silente e inane, incumpliendo su deber de proteger al particular agraviado.

La reforma democrática de esos poderes públicos y sus empleados, que actúan sin reparo contra ley y contra los ciudadanos, es, sin duda, una urgencia democrática, pues, el particular sometido a decisiones injustas, aunque se defienda “-acongojado y cautivo en su temor-”, solo consigue, si es que llega a ello, una pequeña reparación, mientras esos pocos empleados (que enmierdan con su rencor injusto al resto mayoritario de compañeros) que sacrifican contra ley injustamente al pueblo, que dicen servir, quedan impunes ante una administración -en espera- y -paralizada-, que casi nunca acude en defensa de los derechos de sus ciudadanos, que la mantienen política y económicamente

Por todo lo dicho, es necesaria y urgente una reforma democrática de las actuaciones de los poderes públicos, que evite comportamientos injustos para los ciudadanos de esos pocos empleados y administraciones, que imponen sus resoluciones injustas, además, utilizando amenazas e imponiendo el terror a un pueblo del que nace su poder, ejercitado irresponsablemente y, hasta hoy, con arbitrariedad desde una impunidad casi absoluta.

N.B.  Legítima defensa es justicia en una democracia desviada frente a resoluciones injustas del poder público, que socavan nuestros derechos y libertades fundamentales.

Reitero,que la legítima defensa es necesaria frente a los abusos de poderes públicos que actúan contra la Ley, que es la base de nuestro Estado social y democrático de Derecho, al consagrar la C. E. que es el fundamento del orden político y de la paz social

Es de justicia, que, si un poder público y sus representantes se separan de la ley, admitiendo actuaciones fraudulentas con una apariencia de legalidad, y, contra los principios que sostienen el Estado de Derecho, la legítima defensa es un derecho y un deber de los ciudadanos.

La Instituciones del Estado en una democracia plena deben estar al servicio de los ciudadanos y no al contrario, sin excusa ni pretexto alguno.

Córdoba, a 9 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Legítima defensa – derecho y deber (abusos – despotismo – resoluciones injustas)

Se considera la legítima defensa una construcción filosófica y jurídica de valor universal, ya que, está aceptada por todas las naciones del mundo y desde tiempo inmemorial, de forma, que se puede defender -como una verdad absoluta-. Se basa en el derecho natural que tiene un pueblo o una persona de protegerse para rechazar una agresión ilegítima grave e inminente.  

Es preciso para que se acepte la legítima defensa, que se cumplan ciertas condiciones, como la existencia de una agresión ilegítima. que ponga en peligro derechos y libertades esenciales del estado de derecho, y, que haga necesaria una intervención eficaz para impedir el asalto.

Conviene citar para aclarar este asunto la Declaración de Independencia 4 de julio de 1776 de los Estados Unidos de América, qué, concretamente, recoge el siguiente párrafo sobre el derecho a la legítima defensa:

“Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. La prudencia, claro está, aconsejará que no se cambie por motivos leves y transitorios gobiernos de antiguo establecidos; y, en efecto, toda la experiencia ha demostrado, que la humanidad está más dispuesta a padecer, mientras los males sean tolerables, que a hacerse justicia aboliendo las formas a que está acostumbrada. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y establecer nuevos resguardos para su futura seguridad.

La legítima defensa es un derecho y un deber frente a todo autoritarismo e injusticia, a todo despotismo, y, contra cualquier resolución injusta, vengan de donde vengan, sean individuales o colectivos, procedan de los poderes públicos establecidos o de grupos de personas particulares.

En las democracias cuando un gobierno, un poder público o un empleado público sobrepasa sus poderes y se adentra en la senda del autoritarismo y de la arbitrariedad, actuando ilegítimamente contra los derechos de los ciudadanos anulando sus libertades fundamentales, la legítima defensa natural reside en el derecho de votar en libertad contra ellos con la finalidad de erradicar los abusos, de conformidad con lo que dispone la Ley constitucional, pero, mientras tanto, es lo cierto, que el pueblo tiene derecho defenderse de cualquier ataque ilegítimo de los poderes públicos por todos los medios legales a su alcance (pues esos poderes y/o administraciones nunca actúan de oficio defendiendo al ciudadano agraviado): con la libertad de expresión y de prensa, la libertad de reunión y de manifestación, a través de las redes sociales y todos los medios de comunicación admisibles,  acudiendo a los jueces y tribunales en solicitud de amparo y cobijo, así como, por cualquier medio lícito en un régimen democrático para defender su libertad.

Por otro lado, es cierto, que en España la división de poderes, consagrada por la C. E. en nuestro Estado social y democrático de Derecho, está resquebrajada y cayendo al vacío; el Gobierno está ocupando todas la instituciones del Estado; se está legislando, sobrepasando con mucho la legalidad constitucional, a través de Reales Decretos Ley; el poder judicial independiente está en entredicho por su inacción contra el poder y la politización ideológica del sistema, y, las actuaciones de jueces dominados por su ideología; el Tribunal Constitucional en situación de espera (stand by) politizado  al máximo y convertido en una trampa para los ciudadanos, en vez, de ser un lugar amparo para los mismos.

Así, podíamos seguir hasta lo innumerable, como, actuaciones policiales de patadas en las puertas violando derechos fundamentales; medios de comunicación públicos, pagados con el dinero de todos, (TVE, radio, etc.) convertidos en mera propaganda de ideas liberticidas; la libertad de expresión atacada; el poder publico ejercitado arbitrariamente en multitud de actuaciones, que sobrepasan con mucho el espíritu de la Ley, como por ejemplo, resoluciones administrativas injustas dictadas a sabiendas contra ley, los posibles indultos; y, un largo etc.; lo último, la Resolución de 4 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la declaración de actuaciones coordinadas frente a la COVID-19 (Boe. 05-06-2l) disparatada, ilegal y que resultará inaplicable.

A pesar de lo dicho, es cierto, que la C. E. de 1978 dice en sus arts. 9 y 10, que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico” y que “el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.

Así mismo, es cierto, que el Gobierno del Presidente Sánchez utiliza la trampa del señuelo una y otra vez sin mesura, aunque es evidente, que –se puede engañar a todo el mundo algún tiempo y se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo-, razón por la estimo, que se equivocan al juzgar al pueblo indeciso, fácil de convencer y con mala memoria, pues se vislumbra la impresión, de que no va a funcionar el señuelo engañoso como hasta ahora, al estar los españoles preocupados por sus libertades y más que hartos de que les tomen el pelo.

En resumen, en España por la actuación de los poderes públicos se ve y se siente, que estamos entrando de lleno en el territorio de la legítima defensa del pueblo y sus ciudadanos, como forma de protección frente a las agresiones contra nuestros derechos y libertades.

Visto lo expuesto, es evidente, que por algún sitio habrá que empezar, y, salvo otras posibles propuestas, requiero el cumplimiento de todos (-poderes públicos y ciudadanos-) del “respeto a la ley” consagrado en la Constitución, que posibilite la concordia y la confluencia política en el bien común de la sociedad española.

N.B.  Legítima defensa es un “derecho-deber” frente a los abusos, las resoluciones injustas, el despotismo y contra todas las actuaciones de los poderes públicos contra la Ley, cuyo respeto es la base de nuestro Estado social y democrático de Derecho, al decir la Constitución que es el fundamento del orden político y de la paz social

El respeto a la Ley por todos, -eliminando las trampas engañosas deliberadas-, es la única forma clara de empezar a trabajar por la recuperación de España en democracia y libertad.

Si el poder público y sus representantes se separan de la ley, permitiendo actuaciones fraudulentas a través de señuelos tramposos, con la finalidad de crear una apariencia de legalidad asaltando nuestra democracia, los principios que sostienen el Estado de Derecho desaparecerán y con ellos nuestros derechos y libertades fundamentales, siendo necesaria la legítima defensa.

Córdoba, a 7 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Control de la Administración II – empleados públicos – faltas y sanciones (democracia = legalidad)

El control de la actuación legal de la Administración (interno y externo) es algo imprescindible, que no se puede dejar de llevar a cabo en ningún momento, de forma constante y eficaz sin excusa ni pretexto, pues no va en ello nuestros derechos y libertades fundamentales constitucionales.

La Constitución regula las normas y principios por los que se erige España como un Estado Social y Democrático de Derecho, y, nadie puede actuar al margen de los límites constitucionales, máxime, cuando se trata de poderes públicos, como puede ser la Administración y sus autoridades y empleados.

La C. E. impide el uso arbitrario y personal del Ordenamiento Jurídico y obliga a respetar el principio de legalidad.

Ignorar la ley aplicándola torticeramente a sabiendas y conscientemente, basada solo en la voluntad del empleado público responsable de cualquier resolución, encausándola, a mayor inri, en la Constitución o/y en cualquier norma legal, no puede ser un error o un desencuentro fortuito, sino que es una burla descarnada a todos los españoles, que queremos, que el Texto Constitucional y el resto del ordenamiento jurídico en España se respeten, ya que, no hay democracia sin respeto a la ley.

Se debe acudir al texto de la Constitución, porque hay que sancionar a los empleados públicos, que burlan la ley, y, anteponen su voluntad y su interés personal a la letra y espíritu de la misma, así:

** Artículo 1: 1. “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Dejando claro en su nº. 2., que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.

**Artículos 9 y 10: “La Constitución garantiza el principio de legalidad y el respeto a la ley”.

Si todos los poderes públicos y todos los españoles han de respetar la Constitución, no parece admisible, que cualquier Administración a través de resoluciones injustas y contra ley (-dictadas a sabiendas por algunas de sus autoridades y/o empleados públicos-), lleve a cabo actos que supongan vulnerar la misma y el resto de las leyes, perjudicando y agraviando, además, a particulares afectados directamente y al resto de la sociedad española (al pueblo soberano).

Es reprobable constitucionalmente, permitir el incumplimiento de la Ley para hacer realidad la sola voluntad personal de un empleado público, que no solo no respeta los requisitos legales, sino que, además, los utiliza torticeramente de forma fraudulenta para conseguir su objetivo injusto –con plena conciencia y falta de equidad.

Si el hecho arbitrario contra ley de un empleado público se produce, la Administración, sin escusa ni pretexto alguno, debe proceder contra el empleado público responsable, a la vez, que debe restituir y compensar al ciudadano perjudicado de todos los daños y perjuicios derivados de la resolución injusta. Los jueces y tribunales de los distintos órdenes jurisdiccionales son la última opción, antes, de oficio, por actos arbitrarios e injustos de sus empleados públicos las administraciones deben actuar en cumplimiento del mandato constitucional del respeto a la ley y al principio de legalidad, restaurando la equidad y la justicia frente a resoluciones desviadas de poder.

En estos supuestos no cabe exoneración alguna, pues se vulneran la Constitución Española de principio a fin y el resto de nuestro ordenamiento jurídico, de forma, que solo es aceptable una solución, sancionar al empleado público arbitrario responsable, y, a la vez, compensar al particular agraviado en todos sus perjuicios, todo, además, de oficio por la propia Administración.

Aquí no cabe de ninguna forma admitir o permitir el refrán de que siempre hay un roto para un descosido, ya que, no se puede aceptar, que el empleado público con su actuación contra ley se sienta bien o de seguirle la corriente, sino de respetar, si o si, la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico vigente en España, si se quiere, que tenga existencia real nuestro Estado de Derecho, que se basa en el respeto al principio de legalidad.

En una democracia plena nacida de un Estado social y democrático de Derecho como la española, el respeto a la Ley es la esencia de sus libertades y derechos fundamentales, aunque es bien sabido, que en la realidad muchas veces, quizás, demasiadas, el respeto a la ley parece desaparecido, produciéndose distorsiones, que vulneran la Constitución y nuestro ordenamiento jurídico, de manera, que, hay que rechazar (queen uso arbitrario de un poder que se le ha delgado por el pueblo), empleados públicos se convierten en verdugos de sus propios ciudadanos (dejando a un lado el respeto a la ley), actuando arbitrariamente en su perjuicio.

Sin embargo, lo peor está, en el hecho de que algunas administraciones renuncian a su propio autocontrol (-con una dejación de funciones consciente o culposa-), que impide toda reacción positiva de dar solución a hechos injustos, cargando, además, sobre los ciudadanos su propia responsabilidad negligente o dolosa, ya que, se enrocan en su falta de objetividad y de justicia sin tomar ninguna medida sancionadora contra esos empleados públicos, que han actuado contra o fuera de la Constitución y de las leyes.

Insisto en que el control de la Administración, forma parte de la división de poderes de nuestro estado de derecho, de manera, que la democracia española exige e impone, la aplicación efectiva del principio de legalidad y el respeto a la ley por todos, especialmente, por los poderes públicos.

Lo expuesto es una realidad en algunas administraciones en España, pero que nadie crea, que a él no le afecta nuestra denuncia, porque la defensa de la libertad y de la ley es tarea de todos, no solo de los poderes públicos, de manera, que cada uno desde donde esté y desde donde pueda, tiene una obligación positiva de denunciar el incumplimiento de la ley por las administraciones y/o sus empleados, cuando vea resoluciones contra ley (injustas) dictadas arbitrariamente, sean las que sean.

Es cierto, que existe un temor latente en el ciudadano por las actuaciones posteriores de esas administraciones en caso de denuncia, porque algunos empleados públicos vindicativos puedan realizar actos de auto – venganza, convencidos de su poder y de su impunidad, pero, está claro, que si permitimos por temor esos actos ilegales, que vulneran la Constitución y nuestras leyes, los efectos serán nocivos para todos nosotros, ya que, se impondrá un silencio cautivo y la preeminencia impune de unos pocos empleados públicos, que abusan de su poder ilegítimamente con absoluto desprecio al pueblo, que los mantiene y de donde nace su poder usado de manera espuria.

Por cierto, dejando, además, a la gran mayoría de empleados públicos (que aplican la ley con justicia y al servicio del pueblo-),  a “los pies de los caballos”, pues, sin duda, los ciudadanos pueden creer (-cosa que es falsa-), que todos los funcionarios y empleados públicos son iguales en sus desafueros, cuando realmente es todo lo contrario, ya que, la inmensa mayoría de los empleados públicos reniegan de esa forma de actuar contra ley, siendo los primeros en rechazar comportamientos arbitrarios, injustos y contrarios a la Constitución y al resto de nuestras leyes y siendo seguramente los más perjudicados.

Esos funcionarios o empleados públicos arbitrarios deben ser sancionados y apartados del servicio público, ya que, nos va en ello la libertad y todos nuestros derechos constitucionales

(La Ley del Estatuto Básico del Empleado Público -Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre- en su art. 95 y cc. regula y sanciona esas conductas).

N.B.  El control de la Administración forma parte de la división de poderes, de manera, que, el hecho de dictar a sabiendas por autoridad, funcionario o empleado público una resolución injusta contra ley, solo por su propia voluntad que impone arbitrariamente, no puede quedar impune y al margen de la ley para la propia Administración.

En estos casos, se impone una actuación de oficio inmediata de la propia Administración en defensa del particular afectado y del bien común;

Si la Administración se separa de la ley, permitiendo resoluciones de sus empleados públicos arbitrarias, –dictadas a sabiendas- y, no se adoptan sanciones inmediatas contra ellos, restaurando, además, los perjuicios causados, se estará asaltando nuestra democracia, admitiéndose actos contra ley e intereses espurios nacidos de la injusticia, que destruyen nuestras libertades y derechos fundamentales.

Córdoba, a 3 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Control de la Administración – división de poderes – estado de derecho (democracia – principio de legalidad – respeto a la ley)

Un lector de nuestra web pregunta sobre el control de la Administración, a la vista de los anteriores artículos argumentando, que no es posible controlar el funcionamiento de las administraciones públicas, porque, según dice, las autoridades y funcionarios públicos no quieren participar en ese control por corporativismo y defensa de sus propios intereses, ya que, si el control se hace real y  efectivo ven peligrar su estatus privilegiado, además, presume que los empleados públicos se consideran algo aparte del resto de los ciudadanos, cosa con la que personalmente, como funcionario que he sido, considero una apreciación equivocada, que implica desconocer la conducta diaria de la gran mayoría de los funcionarios o empleados públicos; de forma, que intentaré explicar mi postura y convicciones sobre este asunto complejo lleno de recovecos legales, y, desafortunadamente de costumbres desviadas, algunas veces, por una inercia trasnochada, que identifica poder con la aplicación de la ley de forma arbitraria e injusta, que se aparta del mandato constitucional.

En una democracia plena nacida de un estado social y democrático de derecho, la división real de poderes es la esencia de sus libertades y derechos fundamentales, de manera, que los tres poderes del estado (legislativo, judicial y ejecutivo) se controlan unos a otros en armonía dentro de la Ley, sin embargo, no basta con ello, es necesario una regulación propia de cada uno de esos poderes, así: el  legislativo se autocontrola con los distintos grupos que lo componen, realizando unos contra otros en armonía democrática un constante contraste de pareceres y opiniones; el judicial realiza a través de su órgano de gobierno una labor de fiscalización y control del funcionamiento de los distintos miembros de ese poder; y, finalmente, el ejecutivo lleva a cabo una labor de autocontrol de su propia administración mediante órganos establecidos legalmente para evitar arbitrariedades y desviación de poder de sus autoridades y empleados y/o funcionarios públicos, siempre al amparo de la legalidad en cumplimiento de sus fines de servir al bien común y a los ciudadanos (al pueblo).

Esta es la teoría, aunque es bien sabido, que la realidad muchas veces, quizás, demasiadas, se aparta del respeto a la ley, produciéndose distorsiones, que vulneran derechos y libertades fundamentales del estado de derecho. Aquí, reside el problema, que venimos denunciando del comportamiento torticero de la administración pública en algunas ocasiones, que en uso arbitrario de un poder que se le ha delgado por el pueblo, se convierte en verdugo de sus propios ciudadanos dejando a un lado el respeto a la ley y actuando arbitrariamente en su perjuicio; además, renunciando a su propio autocontrol con una dejación de funciones consciente o culposa, que impide toda reacción positiva de dar solución a hechos erróneos e injustos, nacidos de una endogamia perversa, que carga sobre los ciudadanos su propia responsabilidad negligente o dolosa, ya que, en vez de solucionar el asunto de oficio, resarciendo al particular agraviado todos sus daños y perjuicios sufridos y sancionando al empleado público arbitrario, se enroca en su falta de objetividad y justicia, obligando al ciudadano a hacer frente a los problemas ocasionados por sus autoridades y funcionarios públicos, al adoptar una postura inane, silente y carente de objetividad.

En España lo expuesto está ocurriendo casi a diario, ya que, las AA. PP. haciendo dejación de funciones, dejan, en algunos casos, a sus empleados campar a sus anchas adoptando resoluciones injustas a sabiendas y contra ley sin ejercer su debido control, aunque, lo peor viene, cuando producida la resolución contra ley, la misma se ejecuta con graves daños al ciudadano de a pie, y, la Administración lejos de actuar de oficio corriendo el estropicio, se pone de perfil dejando al particular agraviado solo y lejano, de manera, que, además, cuando reclama, a veces, saca su artillería pesada no para defender al ciudadano perjudicado, sino para amparar a funcionarios o empleados públicos, que flagrantemente han violado la ley, sin tomar ninguna medida sancionadora contra esos empleados públicos que han actuado fuera de la Constitución, sin objetividad, sin equidad y de forma injusta conscientemente.

Es decir, la Administración se desentiende del asunto e incluso batalla contra el particular afectado reclamante, haciendo del respeto a la ley que consagra la Constitución una falacia perversa, que destruye la democracia y la confianza de los ciudadanos en la justicia propia de un estado de derecho real y efectivo.

En España se vienen produciendo casos, donde se dictan resoluciones administrativas a sabiendas de su injusticia y de que son contra ley, asunto que es necesario resolver entre todos, participando la Administración en esa tarea, aunque quiero dejar claro, que tras bastantes años como funcionario público puedo afirmar que esa no es la norma general, ya que, la gran mayoría de los empleados públicos dan ejemplo diario de respeto a la ley. Sin embargo, siguen dándose casos de funcionarios y empleados públicos que aplican la ley según su criterio subjetivo con completa arbitrariedad, buscando solo y realmente la aplicación de su voluntad excluyente, y, sin duda, a estos casos hay que hacerle frente con la ley en la mano exigiendo su aplicación con respeto a la Constitución a sus libertades consagradas.         

A pesar de todo lo dicho, el sistema de contrapoderes diseñado por la C. E. funciona, de manera, que pueden darse altibajos como ahora, pero al final el sistema vigente se auto-controla al imponerse esa regulación de poderes constitucionales, como se ha visto ahora en diversos asuntos, como pueden ser, por ejemplo: La multa de 500 euros impuesta al Presidente Sr, Sánchez por la JEC, que ha sido confirmada por el tribunal Supremo y el Informe sobre el indulto emitido por la Sala de lo Penal del T. S., frente a la postura exenta de pudor del Presidente del Gobierno para los condenados del llamado “proces”.

También, es cierto, que siendo optimista, no dejo de ser un realista irredento, por la sencilla razón de que las libertades no se defienden solas, máxime, cuando los enemigos de la libertad no cejan en su empeño de dejarla en la nada, y, precisamente por eso, hay que dar la batalla contra las resoluciones administrativas injusta dictadas a sabiendas de ser contra ley, ya que, si no lo hacemos así, que nadie piense que la Administración lo hará de oficio, porque la realidad dice todo lo contrario, y, frente a la inacción administrativa solo cabe exigir por los particulares agraviados el cumplimiento de la ley y la sanción de los empleados públicos autores de los desafueros.

Por otro lado, no ignoro que el particular perjudicado, en aras de la justicia deberá realizar un esfuerzo ímprobo y en solitario frente a la maquinaria de la Administración, realizando gastos de todo tipo (personales, económicos, de pérdida de tiempo, etc.) para sacar adelante su denuncia en el expediente sancionador, de forma, que si algún ciudadano espera la menor ayuda o colaboración en su defensa por parte de la Administración, simplemente, está muy equivocado, ya que, la realidad demuestra, que cuando la Constitución Española dice, que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho,de verdad, en la práctica diaria, esa declaración concluyente de la Carta Magna para la misma Administración, se convierte en -un brindis al sol-, cargado de inoperancia desfavorable casi en todos los casos al particular denunciante.

*** Dicho lo dicho, el control de la Administración forma, sin duda, parte de la división de poderes de nuestro estado de derecho, de manera, que la democracia española exige e impone la aplicación efectiva del principio de legalidad y el respeto a la ley por todos, especialmente, por los poderes públicos.

La Ley aplicable no deja margen para la duda, pero, es un hecho repetido, que algunos empleados públicos dictan resoluciones agresivas y destructoras de los derechos de los españoles, sin que su actuación injusta e ilegal realizada a sabiendas de su absoluta arbitrariedad tenga consecuencia alguna para sus autores, y, sin que, curiosamente nunca pase nada al responsable del desafuero, pues la Administración no suele actuar con objetividad, sino siempre en defensa del empleado público responsable, tal y como refleja el dicho popular: “con razón o sin ella”.

Es por ello, que la confianza de los ciudadanos en el estado de derecho, en la justicia y en la división de poderes se resquebraja a ojos vistas, por la razón, de que si la Administración no respeta la ley aplicándola cuando es exigible, todo el armazón de contrapoderes en que se basa nuestro estado social y democrático de derecho queda reducido a la nada, despareciendo la democracia real, que simplemente consiste en servir al pueblo soberado del que emana la soberanía.

Es así mismo, un hecho cierto, que el ciudadano en estos casos puede acudir solicitando amparo de los órganos judiciales contencioso-administrativos, aunque esa iniciativa que es un derecho fundamental conlleva para él gastos enormes de todo tipo;  posibles costas a favor de la administración,  que curiosamente pleitea con sus abogados pagados por los ciudadanos (también, por el particular recurrente); dilaciones temporales en todas las instancias y, en definitiva, un camino largo y espinoso para el particular, terminando, siempre, con un resultado incierto. Reclamar al ciudadano perjudicado, le producirá tremendos desajustes económicos y emocionales con resultados inciertos, y, posibles actuaciones vindicativas de una Administración endogámica, que, en muchos casos, protege a sus empleados o funcionarios públicos, apartándose de toda objetividad y del servicio al pueblo al que debe su existencia y su sustento económico.

Precisamente por todo lo dicho, es imprescindible en cualquier democracia plena como la nuestra, que los contrapoderes del estado funcionen con la máxima eficacia, de forma, que por lo que le toca, la Administración debe corregir y aumentar sus auto – controles sin excusa alguna, adoptando las medidas adecuadas de protección al ciudadano,  y, nombrando a funcionarios o empleados públicos independientes e imparciales, alejados de cualquier corporativismo excluyente, que garanticen un procedimiento justo.

Una cosa es, que el particular perjudicado no pueda o no quiera entrar en un berenjenal de gastos indeterminados y dificultades sin fin, y, otra cosa, que la Administración haciendo dejación de funciones de control propio, se ponga de perfil y desoiga la aplicación de la ley, abjurando de su obligación de actuar de oficio contra el funcionario empleado público que dicta una resolución injusta a sabiendas, ocasionando daños no solo al particular afectado perjudicado, sino, también, al pueblo que ha jurado o prometido defender cumpliendo el mandato constitucional, a la vez, que se destruye la confianza de los ciudadanos en la ley y en la justicia, situando en almoneda nuestro estado de derechos y todos sus derechos y libertades.

N.B.  El control de la Administración (interno y externo) forma parte de la división de poderes, en cualquier estado de derecho regido por la ley y los principios democráticos, como los que consagra nuestra Constitución en su artículo 9., de manera, que el hecho de dictar a sabiendas por autoridad, funcionario o empleado público una resolución injusta contra ley, solo por su propia voluntad que impone arbitrariamente, no puede quedar al margen de la ley para la propia Administración.

En estos casos, es necesaria, sin excusas ni pretextos, una actuación contundente de oficio por la propia Administración en defensa del particular afectado directamente y del bien común de toda la sociedad española, ya que, lo contrario, sería abjurar de la división de poderes y de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en la Constitución Española de 1978.

Si la Administración se separa de la ley,  construyendo un mundo paralelo a ajeno a la realidad y contra la sociedad española, que la sostiene y le otorga su poder, se estará socavando nuestra democracia, en aras no de un bien común general, sino de intereses espurios nacidos de la arbitrariedad y de la injusticia, que se quiera reconocer o no destruye las libertades y derechos fundamentales. 

Córdoba, a 1 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.