Existe una asimetría estructural en el Estado autonómico que ahoga a las regiones (CC.AA.):
“La Administración General del Estado legisla y recauda, mientras las Comunidades Autónomas pagan la factura y gestionan la presión asistencial”.
El discurso del “dividendo fiscal milagroso” se sostiene sobre estimaciones oficiales excesivamente optimistas que ignoran la realidad del mercado laboral:
“Empleos precarios, salarios mínimos y bajas bases de cotización que difícilmente generarán los ingresos previstos”.
<-La realidad contable anticipa un saldo neto negativo para Andalucía y el riesgo real de colapso en los servicios públicos->.
<<La Paradoja del Saldo Neto – (Cifras oficiales vs. Realidad económica>>
Concepto Fiscal
Estimación Oficial / Persona / Año
Realidad Ajustada y Destino Financiero
Ingresos Públicos (SS e IRPF)
+3.250 € a +4.900 €
Sobreestimado. Se cotiza por bases mínimas. Van a la Caja Única del Estado.
Gasto Público Asistencial
-1.500 € a -2.100 €
Subestimado. No cubre el coste real de Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Asumido por la Junta y Ayuntamientos.
Saldo NetoConsolidado
+1.500 € a +2.800 €
Déficit Real. El balance estatal positivo es una ilusión teórica; el quebranto autonómico es inmediato.
<<Los tres vectores de estrangulamiento financiero y asistencial>>
<-Falla del sistema de financiación: La Seguridad Social recauda al instante cada alta laboral. La Junta de Andalucía, sin embargo, absorbe la demanda del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de más de 232.900 nuevos usuarios sin recibir dotación adicional. Las transferencias estatales se reajustan con un retraso de 12 a 24 meses, obligando a la región a financiar a pulmón un déficit temporal de hasta 380 millones de euros anuales.
<-Sobrecarga de recursos propios: Aunque el Ingreso Mínimo Vital (IMV) exige 12 meses de residencia legal, la presión se traslada de inmediato a las partidas regionales y municipales: “La Renta Mínima de Inserción Social (RMISA), las ayudas de emergencia social, el Bono Alquiler y las becas de comedor saturan presupuestos cerrados”.
<-Impacto territorial desigual y vector fronterizo:
*Almería y Huelva (44% de solicitudes): Soportan la mayor presión asistencial en atención primaria en municipios agrícolas clave.
*Málaga y Sevilla (38%): Tensionan el mercado del alquiler y la escolarización.
*Efecto Transfronterizo Ceuta-Andalucía: La cercanía geográfica convierte a Andalucía en el receptor directo de las crisis asistenciales del norte de África, obligando a asumir costes continuos por derivaciones de menores no acompañados (NNAMNA) y logística de acogida en el Campo de Gibraltar.
La regularización masiva, lejos de ser un motor económico neutro, expone a Andalucía a un colapso financiero e institucional. Mientras el Gobierno central absorbe la recaudación, la Junta asume el coste de gestionar servicios públicos fundamentales para una población en aumento con un presupuesto desactualizado e insuficiente.
N.B. Imagen. Regularización masiva de inmigrantes – Recursos propios de la Comunidad y de los Ayuntamientos – Andalucía – Efectos.
(Nota. El impacto real de la invasión de Ceuta para Andalucía es un gran misterio, pero seguramente será tremendo, especialmente, en relación con los menas, así que, la Junta de Andalucía que se vaya preparando, pues, visto lo visto, sobre Andalucía caerá un buena parte del reparto de los invasores ilegales de Ceuta no repatriaos.
Por otro lado, en pleno caos provocado por la entrada masiva de más de 70.000 personas en Ceuta desde Marruecos, varios grupos de marroquíes partieron de la ciudad autónoma para llegar a la costa del Campo de Gibraltar, aprovecharon esta circunstancia excepcional para alcanzar la península ibérica por el Estrecho en motos de agua y embarcaciones de recreo.).
(Nota. Dentro del Espacio Schengen libre circulación y protección total de sus fronteras exteriores. Un cordón de seguridad infranqueable.)
La invasión de Ceuta a demostrado que existe una desconexión crítica entre la teoría del Derecho Comunitario y la realidad operativa en la frontera sur, ya que, frente a la premisa de que Schengen es un espacio homogéneo de libre circulación, la gestión de la presión migratoria en Ceuta evidencia una arquitectura legal hiperregulada, que, en la práctica, se enfrenta a presiones demográficas y dinámicas de hecho que tensionan los cimientos de la Unión Europea.
1.- La ficción del tránsito automático – (Ceuta no debe ser la puerta abierta de Schengen).
Desde el punto de vista puramente dogmático y administrativo, ningún migrante en situación irregular pasa de forma automática o reglada desde Ceuta al resto de los Estados miembros del Espacio Schengen.
***Ceuta y Melilla gozan de un régimen de exención específico dentro del Protocolo de Adhesión de España al Acuerdo de Schengen:
<-Control fronterizo reforzado: En principio no existe libertad de movimiento automática hacia la Península. El puerto y el aeropuerto de Ceuta funcionan como una frontera de seguridad donde la Policía Nacional realiza controles documentales sistemáticos.
(Nota. Eso es la teoría, pero la verdad es que es un coladero hacia el espacio Schengen a través de la Península).
<-Canales exclusivos de traslado: Para que un ciudadano nacional de un tercer país pueda salir de la ciudad autónoma hacia la Península, debe concurrir oficialmente en uno de estos tres supuestos:
1.-Protección internacional: Solicitantes de asilo cuya petición ha sido admitida a trámite (avalados por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo español sobre libre circulación nacional).
2-Derivaciones humanitarias: Programas institucionales puntuales del Ejecutivo hacia redes de acogida peninsulares.
3.-Retornos y devoluciones: Ejecución de expedientes de expulsión o devolución en frontera (principalmente hacia Marruecos o países de origen).
2.- El fenómeno real – (Movimientos secundarios y el efecto dominó en la UE).
El verdadero nudo gordiano que preocupa a las capitales del Norte y Centro de Europa (París, Berlín, Bruselas) no es el estatus administrativo en la ciudad autónoma, sino el movimiento secundario informal.
[Entrada Irregular / Presión en Frontera] ──> [Filtro y Contención en Ceuta]
Una vez que un flujo indeterminado consigue acceder a la Península -ya sea tras agotar plazos administrativos, por derivación asistencial o por vías no detectadas-, la ausencia de fronteras interiores efectivas facilita el desplazamiento informal hacia países con *redes de apoyo familiares o *mayor capacidad económica.
3.- Fractura de la confianza mutua – (Dos doctrinas frente a frente).
La tensión política ha alcanzado su punto de ebullición. La reacción de más de una veintena de Jefes de Estado y de Gobierno exigiendo una revisión drástica de la política fronteriza a la Comisión Europea demuestra, que el modelo de tolerancia o gestión paliativa está agotado.
(Nota. España ha realizado una regularización masiva de inmigrantes ilegales, que ha llevado a 22 Países a presentar una Carta de protesta a la Presidenta de la Comisión de la U. E., y, se ha producido el asalto masivo Ceuta, porque se ha producido un efecto llamada,)
***Actualmente conviven dos modelos irreconciliables dentro del bloque comunitario:
Criterio
El Bloque de la Firmeza (Norte, Centro y Este)
Modelo de Absorción y Flexibilidad (Sectores del Sur)
Prioridad
Blindaje exterior, contención y retornos sistemáticos.
Atención humanitaria, cobertura laboral y reparto.
Incentivos
Rechazo frontal a las regularizaciones extraordinarias.
Uso de la regularización para aflorar economía sumergida.
Schengen
Suspensión temporal de libre circulación si el perímetro falla.
Preservación de la movilidad interna a costa de mayor flexibilidad.
mecanismos
Extraterritorialidad (Hubs de retorno fuera de la UE).
Integración progresiva en sistemas asistenciales.
4.- Hoja de ruta – (Rediseño estructural del perímetro exterior).
Para evitar el colapso del sistema de libre circulación, la respuesta no puede ser la improvisación ni la retórica. Desde una perspectiva de Seguridad Nacional y Derecho Público, la restauración del equilibrio exige un rediseño operativo en cuatro ejes:
1.1.- Extraterritorialidad de las solicitudes – (Ventanilla única externa):Traspaso de la tramitación de asilo y visados a centros fuera del territorio europeo (Hubs en países de tránsito negociados).
La entrada no autorizada por la fuerza debe implicar la pérdida automática del derecho a solicitar asilo en suelo comunitario.
2.2.- Condicionalidad fuerte en la política exterior:Superpeditar la concesión de visados, ayudas al desarrollo y acuerdos comerciales con terceros países (como Marruecos o países subsaharianos) a su tasa real y comprobada de readmisión de sus nacionales.
3.3.- Control perimetral inteligente y mandato ejecutivo de Frontex:Implementación total de los sistemas EES (Entry/Exit System) y ETIAS, complementados con el despliegue de Frontex con capacidad operativa directa y ejecutiva en los puntos críticos de la frontera sur.
4.4.- Prohibición de regularizaciones unilaterales y cierre del mercado informal:Normativa comunitaria que impida a los Estados miembros realizar regularizaciones masivas sin consenso previo del Consejo, combinada con un régimen sancionador severo sobre la economía sumergida para eliminar el efecto llamada.
<<Conclusión>>
El Estado de bienestar y la libre circulación interior de Schengen son incompatibles con fronteras exteriores permeables. Si Europa no es capaz de garantizar la seguridad e integridad de su perímetro externo mediante la aplicación estricta de la ley y el principio de autoridad, los propios Estados miembros terminarán por desmantelar el espacio Schengen restableciendo sus fronteras nacionales.
La soberanía y el Estado de Derecho no admiten atajos.
N.B. Imagen.Ceuta y fractura de Schengen – (Encrucijada de la Europa Fronteriza).
(Nota. La invasión de Ceuta es solo unos de los efectos de la regularización masiva, ya que, el efecto llamada conlleva cayucos, barcas, lanchas, etc. a todo España sin parar (Canarias, Andalucía, Valencia, Baleares y Cataluña son ejemplos vivos de un avance incontenible de la inmigración ilegal).
Existe una narrativa institucional fuertemente arraigada, que presenta a las Diputaciones Provinciales como el «hermano mayor» benefactor, que acude al rescate de los municipios para garantizar su liquidez diaria. Sin embargo, si analizamos los datos contables y la arquitectura financiera del modelo, la realidad muestra exactamente lo opuesto:
“Son los ayuntamientos, a través de los tributos devengados por sus vecinos, los que alimentan y justifican la mega-estructura de la Diputación provincial”.
(Nota. La Diputación no anticipa nada, simplemente, se enriquece cobrando a los ayuntamientos para mantener su negaestructura y siempre a costa de los ciudadanos. En otras palabras, un despropósito y una injustica.)
El mecanismo de anticipos a cuenta del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local (ICHL) se vende como una herramienta indispensable de apoyo local, pero en la práctica constituye una trampa-engaño, que *dilata la disciplina presupuestaria, *duplica el gasto estructural y *traslada una factura indirecta de intereses e intermediación a los bolsillos del ciudadano pagano.
1.- Las cifras – (endeudamiento privado y fondos propios insuficientes).
Para el ejercicio 2026, la Diputación de Córdoba ha anunciado la transferencia de 129,07 millones de euros a los 77 municipios de la provincia como adelanto de su recaudación tributaria. Esta cifra consolida un incremento continuo en los últimos años (119,55 M€ en 2023; 123,69 M€ en 2024; y 125,86 M€ en 2025).
***Sin embargo, al examinar el origen de estos fondos, la primera paradoja contable sale a la luz:
Origen del Capital
Importe (M€)
Porcentaje / Entidad
Fondos Propios
34,07 M€
Tesorería propia de la Diputación e ICHL
Kutxabank
50,00 M€
Operación de crédito
Caja Rural del Sur
20,00 M€
Operación de crédito
Unicaja Banco
16,00 M€
Operación de crédito
Bankinter
9,00 M€
Operación de crédito
TOTAL ADELANTADO
129,07 M€
100%
ciudadano,
De los casi 130 millones transferidos, la Diputación solo aporta 34,07 millones de sus fondos propios. Los 95 millones restantes se financian acudiendo a la banca privada mediante la suscripción de pólizas de crédito.
2.- El ciudadano paga la factura por duplicado – (intereses y duplicidades).
El dinero obtenido del sector financiero no es gratuito. Estas operaciones de crédito devengan cuantiosos intereses y comisiones que la administración provincial no absorbe a fondo perdido.
<<El mito de la ayuda provincial>>
A través del denominado premio de cobro –un porcentaje (generalmente entre el 4% y el 7%) que el ICHL descuenta sobre la suma efectivamente recaudada en cada municipio– se financia la operativa del organismo recaudador, sus cargas financieras y su personal.
┌───────────────────────────┐
│ CIUDADANO / CONTRIBUYENTE │
└─────────────┬─────────────┘
│ Paga impuestos locales (IBI, IVTM, IAE, etc.)
▼
┌───────────────────────────┐ Delegación + Premio de cobro ┌───────────────────────────┐
│ Intervención propia. │◄──────────────────────────────────────┤ – Cargos y sedes. │
│ – Soporta el coste final.│ Transferencia de anticipos │ – Pólizas financieras. │
└───────────────────────────┘ (financiadas con deuda bancaria) └───────────────────────────┘
***El ciudadano termina pagando dos veces para sostener la misma gestión:
1.- En el Ayuntamiento: Mantiene sus propios departamentos de Tesorería, Intervención y Padrones para fiscalizar el trabajo provincial.
2.- En la Diputación: Sostiene una infraestructura paralela de funcionarios, ejecutivos de cobro, desarrollos informáticos y altos cargos políticos.
3.- «Riesgo Moral» y el «Efecto Invernadero» sobre el gasto público.
El sistema de anticipos mensuales desconecta artificialmente la acción de gasto municipal de la entrada real de los ingresos tributarios. Al recibir inyecciones de caja constantes de enero a diciembre, los consistorios caen en dinámicas perjudiciales para la salud financiera pública:
<-Incentivo a presupuestar al límite o de forma optimista: Como las entregas a cuenta del 80% se calculan sobre la estimación de los padrones teóricos, los ayuntamientos tienen un estímulo directo para inflar o no ajustar sus previsiones de ingresos.
<-Adicción a la liquidez ajena: En lugar de exigir rigor y planificación de caja -adecuando la cadencia de pagos a los periodos reales de recaudación o acumulando remanentes de tesorería del año anterior-, se fomenta una inercia de gasto corriente apoyada en endeudamiento bancario intermediado.
<-Ocultación del deterioro presupuestario: La inyección periódica actúa como un anestésico que enmascara problemas reales de solvencia, posponiendo ajustes estructurales que terminarán encareciéndose con el tiempo.
4.- La inversión de la dependencia económica.
La realidad jurídica y presupuestaria destruye la narrativa del “patronazgo” provincial.
Sin la delegación masiva de tributos por parte de las entidades locales, el Instituto de Cooperación con la Hacienda Local carecería de ingresos y de razón de ser.
La Diputación actúa en la práctica como un intermediario o bróker financiero caro:
“Utiliza como aval o garantía los impuestos devengados por los vecinos de la provincia, pide créditos bancarios a su nombre e imparte el dinero de vuelta cobrando una tasa de gestión y repercutiendo el coste financiero”.
Conclusión – (Hacia una verdadera corresponsabilidad fiscal).
El actual modelo de anticipos prioriza la paz de tesorería y la comodidad política a costa de inflar el gasto público estructural y cargar de intereses las arcas locales.
<-Una gestión pública prudente y en defensa directa del contribuyente exigiría romper este bucle de dependencia:
1.- Exigir gestión y planificación de caja propia a los ayuntamientos, adecuando la ejecución de los grandes pagos a los periodos efectivos de cobro fiscal.
2.- Eliminar la intermediación bancaria redundante que encarece la recaudación con intereses y comisiones.
3.- Aportar máxima transparencia sobre el coste real que supone para cada vecino el mantenimiento de estructuras superpuestas.
No son los ayuntamientos los que viven de la generosidad de la Diputación, sino que es la megaestructura provincial la que sostiene su peso sobre la capacidad impositiva de los municipios y sus ciudadanos.
Es hora de exigir un sistema transparente, eficiente y verdaderamente justo para quienes pagamos la factura.
(Nota. El P.P. en la Diputación de Córdoba está haciendo políticas socialistas de gasto público y su expansión descontrolada con los los tributos de los ciudadanos, realizando un engaño masivo e injusto, de forma, que la Junta de Andalucía debe acabar con esta práctica fraudulenta.).
N. B. Imagen.El sistema de anticipos de la Diputación – (la trampa financiera que sostiene a una megaestructura a costa del contribuyente)
(Nota. Hay que acabar con las duplicidades administrativas y adoptar un sistema de tributación justo, porque no puede ser que los ayuntamientos mantenga la misma estructura de la Diputación con todas sus cargas y costes, mientras los ciudadanos pagan por estructuras ineficientes y duplicadas.
En una frase, lo que hacen la Diputación&Ayuntamientos con el cobro de los tributos, es una injustica y un engaño masivo, siendo los anticipos un mecanismo más de engaño y un fraude de ley.)
El debate sobre el impacto presupuestario de la regularización extraordinaria de extranjeros en España -propiciado por la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y las sucesivas modificaciones del Reglamento de Extranjería- se aborda con frecuencia desde una linealidad contable engañosa. Las proyecciones oficiales y ciertos análisis macroeconómicos defienden que la formalización de cientos de miles de trabajadores en la economía sumergida genera un retorno neto automático. Este argumento se apoya en tres pilares: *el ensanchamiento inmediato de la base de cotizaciones a la Seguridad Social (en un contexto donde España ya supera los 3,1 millones de afiliados extranjeros), *el afloramiento de nuevas rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y *la dinamización del consumo doméstico reflejada en la recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
Sin embargo, este enfoque puramente cuantitativo pasa por alto la naturaleza estructural del mercado laboral y el carácter redistributivo de la Hacienda Pública española. El Estado del Bienestar se sostiene bajo un principio de progresividad donde las rentas altas subvencionan los servicios de las rentas bajas. La realidad estadística demuestra que la gran mayoría de las regularizaciones masivas se concentran en sectores de *baja productividad y *alta precariedad (régimen especial del hogar, agricultura de base y hostelería), cuyos salarios orbitan en torno al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Al cotizar por las bases mínimas, la aportación neta de estos trabajadores a las arcas públicas resulta ostensiblemente inferior al coste medio por habitante en servicios públicos esenciales. Con un gasto sanitario público que ya ronda, aproximadamente, los 1.800€ a 2.000€ anuales por persona -al que hay que sumar la escolarización de menores, el transporte subvencionado y las infraestructuras-, cada individuo regularizado en estos sectores genera, desde una perspectiva estrictamente contable,un saldo fiscal neto negativo. Por tanto, *la inversión inicial del Estado (como el fondo de integración de 505 millones de euros) y *el incremento del gasto corriente autonómico no constituyen un coste a corto plazo, sino un déficit estructural que tiende a cronificarse en el tiempo.
2.- Variables demográficas, modelos familiares y distorsión asistencial.
Para sostener la viabilidad de estos procesos, instituciones como la AIReF o el Banco de España suelen argumentar que la juventud de la población inmigrante mitiga este déficit, al registrar un menor consumo sanitario que la población nativa envejecida. Si bien este factor demográfico es real, el análisis lineal vuelve a quebrarse, cuando se introducen variables epidemiológicas, modelos familiares y tasas de actividad por género.
En primer lugar, los flujos migratorios procedentes de entornos con sistemas de salud frágiles introducen retos epidemiológicos complejos. El registro de enfermedades infectocontagiosas (como la tuberculosis multirresistente o las hepatitis B y C) en tasas superiores a la media nacional obliga a las comunidades autónomas a activar costosos protocolos de cribado, seguimiento y tratamientos especializados de larga duración. Esta presión añadida e imprevista en la atención primaria y hospitalaria rompe la ventaja teórica de la pirámide de edad del colectivo.
En segundo lugar, el impacto presupuestario varía drásticamente según el perfil cultural y de origen de las familias regularizadas. En determinadas comunidades, singularmente las de origen norteafricano, la tasa de actividad femenina formal es extremadamente baja, combinada con índices de natalidad superiores a la media.
Desde la perspectiva del equilibrio presupuestario, este modelo cronifica el saldo negativo, ya que, una única vía de ingresos bajos (habitualmente el varón) debe sostener a unidades familiares extensas que demandan servicios educativos y sanitarios multiplicados. Este fenómeno contrasta con la inmigración de origen latinoamericano o de Europa del Este, donde la rápida incorporación de la mujer al mercado laboral (servicios y cuidados) mitiga, aunque no anule, el impacto deficitario en el hogar.
3.- El coste diferido – (Integración social, seguridad y fractura del modelo de convivencia).
El análisis estrictamente laboral de una regularización masiva resulta estéril si se disocia de sus consecuencias sociológicas a medio y largo plazo. La falta de recursos económicos iniciales y la tendencia natural al agrupamiento comunitario empujan a la población extranjera a concentrarse en barrios periféricos o áreas urbanas degradadas. Cuando los mecanismos de movilidad social fallan y la concentración supera determinados umbrales, el proceso de asimilación cultural se detiene, dando paso a la segregación y a la creación de guetos.
La experiencia internacional europea demuestra que la aparición de barrios segregados deviene, de forma recurrente, en conflictos sociales de difícil reversión. España ya empieza a registrar dinámicas preocupantes en grandes conurbaciones como Madrid o Barcelona, caracterizadas por la aparición de bandas juveniles de base identitaria y la desconexión social de las segundas generaciones –jóvenes que, pese a nacer en suelo español, no se sienten integrados en la sociedad de acogida ni identificados con el país de sus progenitores–.
Esta fractura de la cohesión social desencadena unos costes indirectos masivos en materia de seguridad ciudadana, instituciones penitenciarias, tutorización de menores y servicios sociales de emergencia. Estos costes, sistemáticamente omitidos en las proyecciones económicas de los decretos de regularización, comprometen gravemente los presupuestos futuros del Estado. Si el mercado laboral es incapaz de ofrecer una auténtica movilidad ascensorial y los procesos de regularización no se condicionan a una estricta capacidad de absorción cultural, dispersión geográfica y control sanitario, el coste social y económico diferido terminará por superar con creces el beneficio inmediato de la afloración fiscal.
IV.- Conclusión.
El artículo aborda el problema desde un prisma multidimensional, logrando confrontar el optimismo macroeconómico de la Administración con la cruda realidad de la microeconomía presupuestaria y la sociología criminal y de seguridad.
N. B. Imagen. Impacto presupuestario real de la regularización masiva de extranjeros en España.
Un grupo de lectores vuelve a plantearme una duda tan recurrente como extraordinaria:
¿Por qué nunca coinciden las altas en la Seguridad Social y las afiliaciones a la misma?
Es una excelente pregunta y un motivo de confusión generalizado en el debate público y económico, donde con demasiada frecuencia ambos términos se emplean de forma errónea como sinónimos, cuando realmente no lo son, ya que, para entender el mercado laboral real, es imperativo separar la burocracia administrativa de la actividad productiva.
1.- La brecha conceptual – (Afiliación vs. Alta).
La diferencia básica radica en la naturaleza de cada indicador, ya que, mientras que uno responde a un registro biográfico y único, el otro refleja un estado situacional y contractual:
<-La afiliación: Es el acto administrativo por el que una persona física se integra por primera vez en el sistema de la Seguridad Social. Es un número exclusivo, invariable y de por vida (el número de la Seguridad Social). Solo ocurre una vez, independientemente de la trayectoria laboral del individuo.
<-El alta: Es una condición temporal que indica que una persona está trabajando en un momento concreto y, por consiguiente, cotizando. Se activa al inicio de una relación laboral y se extingue (baja) al finalizar la misma.
2.- Descuadre de las cifras – (factores de desajuste).
Si se analiza la foto fija de las estadísticas mensuales oficiales, la cifra de personas físicas ocupadas jamás se equiparará con el total de relaciones contractuales vigentes debido, principalmente, a las siguientes causas:
**El factor pluriempleo y pluriactividad.
Este es, sin duda, el principal motivo del descuadre estadístico en las métricas de empleo:
*Pluriempleo: Un trabajador contratado simultáneamente por dos empresas distintas dentro del Régimen General mantendrá un único número de afiliación, pero computará como dos altas diferentes.
*Pluriactividad: Un profesional que cotiza como autónomo (RETA) y simultáneamente trabaja por cuenta ajena genera dos altas en regímenes distintos, permaneciendo como un solo afiliado.
En definitiva, una sola persona (un afiliado) puede acumular múltiples altas activas de forma simultánea.
<-Situaciones de “alta asimilada” y afiliados <inactivos>.
Existen colectivos en situación <asimilada al alta> (personas en desempleo percibiendo prestación, excedencias forzosas o bajas específicas), que mantienen vinculación y cotización jurídica, pero que distorsionan el concepto de “alta ocupada” efectiva. Asimismo, el registro histórico total de afiliados en España es ingente al incluir a jubilados y personas apartadas de la vida laboral, razón por la que los medios de comunicación suelen ceñirse únicamente a la <-afiliación en alta cotizante->.
3.- Resumen para el análisis jurídico y económico.
Para evitar confusiones interesadas o análisis sesgados en informes laborales, resulta de gran utilidad recurrir a la siguiente clasificación de conceptos:
***Qué se mide realmente.
*Afiliados (Personas). El número total de personas (individuos físicos) que se encuentran trabajando, de manera, que una persona física no equivale estrictamente a un afiliado.
*Altas (Contratos/Puestos). El número de relaciones laborales o vínculos de cotización activos.
<Un trabajador pluriempleado o en pluriactividad computa varias altas>
(Nota. Por pura fuerza matemática, el volumen de altas vigentes siempre será superior al número de personas físicas afiliadas.).
La equiparación sistemática de ambos términos a nivel oficial persigue un claro objetivo: “Proyectar la falsa sensación de que hay más ciudadanos trabajando cuando la única realidad incontestable reside en el total de horas efectivamente trabajadas y la productividad por cada una de ellas”.
4.- El problema de las <altas> frente a la realidad del empleo.
(Nota. La salud estructural de una economía no se puede diagnosticar mediante el volumen administrativo de contratos.).
***Los analistas y técnicos coinciden en que la cifra de altas oculta distorsiones graves derivadas de la actual fragmentación del mercado de trabajo:
**Intermitencia y contratos fijos-discontinuos: Un trabajador puede ser dado de alta hoy, de baja la próxima semana y de alta nuevamente un mes después. En las estadísticas de flujos mensuales esto genera un carrusel de múltiples “altas” y “bajas”, inflando la actividad administrativa sin consolidar empleos estables.
**La parcialidad: Dos contratos de 10 horas semanales computan formalmente como dos altas autónomas, pero en términos de volumen de trabajo equivalen a tan solo media jornada completa estándar (40 horas).
**División del empleo: La multiplicación de puestos a tiempo parcial propicia que el encadenamiento de subempleos compute doble o triple en las altas, desdibujando la cifra de ocupados reales.
5.- El termómetro macroeconómico – (Horas y Productividad).
Desde una óptica macroeconómica estricta, la riqueza de una nación y la viabilidad del propio sistema de bienestar no dependen del volumen absoluto de contratos firmados, sino de cuánto y cómo se produce.
A.- Los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo (PETC).
Para corregir la ilusión óptica que producen las altas administrativas, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Contabilidad Nacional emplean los “puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo” (PETC).
Esta métrica agrega el total de horas trabajadas en el país y las divide entre la jornada laboral estándar, de forma, que es la única vía analítica para discernir si el empleo está expandiéndose o si, por el contrario, simplemente se está troceando y repartiendo el mismo volumen de trabajo entre más manos.
B.- La productividad por hora trabajada.
Esta cifra constituye el verdadero talón de Aquiles de la economía española frente a la eurozona.
<-La ecuación económica es implacable: Productividad = Producto Interior Bruto (PIB) / Total de Horas Trabajadas.
**Si la cifra de altas se eleva debido a la precarización y la parcialidad, pero el volumen de horas agregadas se estanca y el PIB no se expande correlativamente, la productividad por hora se resiente. Un tejido productivo castigado por una baja productividad se ve irremediablemente abocado a competir en costes mediante salarios bajos en lugar de basarse en el valor añadido.
6.- Radiografía empírica – (El cierre del ejercicio 2025).
Los datos consolidados del año 2025 aportados por la Encuesta de Población Activa (EPA) y la Contabilidad Nacional del INE refrendan con total nitidez esta fractura entre las altas de la Seguridad Social y la sustancia real del empleo:
<- 31,7 – Horas semanales de jornada media por ocupado en 2025 (Mínimo histórico fuera de pandemia).
<-676.000 – Trabajadores fijos-discontinuos de media en 2025 (Casi el doble que años previos).
<-Mínimo histórico de tiempo efectivo: Descontando el anómalo año 2020 (marcado por confinamientos y ERTE, con 30,4 horas), las 31,7 horas semanales de media en 2025 marcan el suelo histórico de la serie de la EPA, cayendo drásticamente frente a las 34,1 horas registradas en 2015. El sistema logra un récord nominal de 22,2 millones de ocupados medios, pero cada uno trabaja menos tiempo de manera individual.
<-Crecimiento agregado vs. fragmentación: Aunque el volumen total de horas efectivas en la economía se incrementó un 2,2% interanual al cierre de 2025, la proliferación de la parcialidad y el auge del modelo fijo-discontinuo revelan que el pastel laboral se está fragmentando para maquillar la estadística de afiliación.
<-El impacto directo en la eficiencia: Los datos del INE constatan, que la productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo se hundió en tasas negativas (un -0,2% interanual en el último trimestre de 2025). Por su parte, la productividad por hora efectivamente trabajada anotó un avance marginal de apenas el 0,4% o 0,5% según el tramo.
***Conclusión técnica: La expansión económica de España (cuyo PIB avanzó un meritorio 2,8% en el conjunto de 2025) se sustenta fundamentalmente en el incremento bruto de la cantidad de personas introducidas en el sistema (el volumen nominal de empleo) y no en la eficiencia o el valor de cada hora de trabajo. Se valida el axioma: “Para calibrar la robustez económica real hay que apartar el optimismo de la afiliación mensual y monitorizar el retroceso de la jornada media y la productividad por hora”.
N. B. Imagen. Transparencia frente a la mentira oficial.
(Nota, La regularización masiva empieza a inflar los datos de afiliación a la Seguridad Social, pero con contratos de salarios precarios y bajas cotizaciones,).
Córdoba, 7 de junio de 2026.
Fdo. Enrique García Montoya.
Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.
