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Coste político y financiero del pacto PP-IU en la Diputación de Córdoba (2026)

Un grupo numeroso de lectores me ha planteado su malestar por el acuerdo presupuestario entre el Partido Popular e Izquierda Unida en la Diputación de Córdoba, y, muchos se preguntan si este pacto justifica retirar el apoyo al PP en las próximas elecciones municipales.

Mi respuesta es clara:

“Esta vez el PP del Ayuntamiento de Córdoba no contará con mi voto, porque hay decisiones que un elector de centro-derecha no puede tolerar sin traicionar sus propios principios”.

El presupuesto consolidado de la Diputación para 2026 alcanza los 522,9 millones de euros, un récord histórico, y, su aprobación fue posible gracias a la abstención de IU. Este acuerdo no solo garantiza una paz silenciosa llena de renuncias a los principios y promesas de, P. P. en la Institución provincial, sino que implica compromisos financieros sustanciales en áreas ideológicamente sensibles para la derecha:

“Memoria democrática, rescate de empresas públicas deficitarias e inversión municipal condicionada – Aumento del gasto público”.

(Nota.- El presupuesto consolidado de la Diputación de Córdoba ha crecido en 137,9 millones de euros (un aumento del 35,8%) desde el primer ejercicio económico elaborado íntegramente bajo la presidencia de Salvador Fuentes (PP) en 2024, hasta el recién aprobado presupuesto para 2026.

*Presupuesto consolidado:

2024 385,0 millones de €. -+1,8%

2025 431,0 millones de € -+11,9%

2026 522,9 millones de € -+21,3%.)

<<Desglose financiero del pacto – (lo que cuesta y por qué importa).

1.- Memoria democrática y exhumaciones: 400.000 € directos + 110.000-120.000 €/año recurrentes.

El acuerdo asegura financiación provincial para políticas de Memoria Democrática, exhumación de fosas comunes y divulgación histórica, estructurada en dos bloques:

<-Convenio plurianual para fosas de Córdoba capital: 400.000 € de aportación de la Diputación, cofinanciados con el Ministerio, la Junta y el Ayuntamiento (total 1,6 millones), destinados a excavación, antropología forense e identificación genética en las macrofosas de La Salud y San Rafael.

<-Presupuesto ordinario anual de Memoria Democrática (110.000 – 120.000 €/año):

*Cátedra de Memoria Democrática (UCO): 50.000 € para investigación, digitalización de archivos y divulgación.

*Subvenciones a entidades memorialistas: 40.000 € para jornadas e intervenciones provinciales.

*Proyectos memorialistas municipales: 20.000-30.000 € para actividades en municipios como Espejo, Aguilar de la Frontera o Almodóvar del Río.

***Resumen: 400.000 € directos para exhumaciones en la capital y 110.000-120.000 € anuales recurrentes para gestión memorialista.

2.- Cobertura del déficit de empresas públicas – (13,14 millones de euros).

IU ha logrado blindar el carácter 100% público de servicios básicos, evitando que las pérdidas de explotación se trasladen a tarifas ciudadanas:

*Emproacsa (Aguas de Córdoba): Cobertura de 6,4 millones de euros de déficit operativo proyectado mediante transferencias de capital, sin aplicar subidas del IPC en tarifas.

*Epremasa (Gestión de Residuos): Déficit previsto de 6,74 millones, con aportación compensatoria inicial de 2,7 millones y compromiso de transferencias extraordinarias para cubrir el saldo negativo total.

3.- Plan Diputación Invierte 2026 – ( 20,6 millones de euros) – Aumento del gasto público.

Núcleo de la inversión territorial exigida por la oposición para inyectar liquidez directa en municipios (crecimiento del 26,4% respecto a presupuestos anteriores):

*Servicios e infraestructuras locales: más de 15,7 millones (obras, redes de agua, viales).

*Actuaciones generales: 1,87 millones (90 proyectos de acondicionamiento).

¨*Protección y promoción social: 0,91 millones (31 iniciativas sociales locales).

Financia 784 actuaciones en 76 municipios, 4 ELAs y 10 mancomunidades.

4.- Refuerzo de servicios sociales e infraestructuras – (Aumento del gasto público).

*Consorcio Provincial de Bomberos: Más de 45 millones para prevención y extinción de incendios.

*Gasto social e inversión municipal: Incremento global de más de 50 millones (+14,92% respecto a 2025) para blindar servicios comunitarios en localidades con menor población.

<<Análisis crítico – (vínculo Bellido-Fuentes – clave)>>

El verdadero problema político no es solo financiero, sino de coherencia ideológica y de marca electoral. Salvador Fuentes, presidente de la Diputación y mano derecha de José María Bellido en la candidatura municipal, encarna la fusión entre gestión municipal y provincial, lo que genera un efecto de contagio directo:

El malestar por el pacto provincial se traslada automáticamente como factura electoral a la lista del Ayuntamiento de Córdoba.

<<Tres planos de desgaste político>>

1.- Contagio de la marca municipal: El electorado de derechas no distingue entre política provincial y capitalina cuando la misma figura (Fuentes) lidera ambas cotas de poder.

2.- Pérdida de la coartada técnica: Resulta difícil justificar ante el votante ideológico que el acuerdo responde a una mera “necesidad técnica”, cuando quien lo rubrica es un referente político del partido a nivel provincial y local.

3.- Alimentación del relato de VOX: Para la derecha a la izquierda del PP, esta situación es un balón de oxígeno permanente que permite armar un discurso potente:

“No importa a quién votes del PP (Bellido o Fuentes), porque acabarán financiando el ideario de la izquierda con tus impuestos”.

<<La consolidación de la “abstención del castigo”>>

El votante conservador tradicional, que quizás no da el paso de votar a VOX, encuentra en la figura de Fuentes un motivo claro para quedarse en casa, ya que, siente que la “mayoría social” que apoyó al PP se utiliza para dar cobertura financiera a proyectos con los que choca frontalmente. Si la percepción ciudadana es que el PP ha cruzado líneas rojas ideológicas para asegurar la gestión diaria, el coste no será un desgaste temporal, sino un trasvase estructural de votos y una desmovilización difícil de remontar.

<<Perspectiva innovadora – (el pacto como síntoma de un Estado fallido).

Más allá del coste financiero inmediato, este acuerdo refleja una dinámica estructural de fragmentación y debilidad institucional que caracteriza a lo que algunos analistas denominan un “Estado fallido” en ciernes. La necesidad de pactar con formaciones ideológicamente distantes para aprobar presupuestos revela una incapacidad de gobernar con mayoría propia, lo que erosiona la legitimidad democrática y alimenta la desconfianza ciudadana.

En este contexto, el pacto PP-IU en Córdoba no es un hecho aislado, sino un síntoma de una crisis más profunda de representatividad y coherencia programática que afecta a todo el sistema político español.

N. B. Imagen. El coste del pacto presupuestario entre el PP e Izquierda Unida en la Diputación de Córdoba para 2026.

(Nota. Elementos clave representados en la ilustración:

El intercambio del acuerdo: Se muestra la entrega simbólica de fondos presupuestarios de las cuentas públicas de 2026 hacia las prioridades e iniciativas impulsadas por Izquierda Unida (como las partidas dedicadas a la Memoria Democrática y el rescate de empresas públicas deficitarias – Todo aumento del gasto público.).
El contraste ideológico: La composición pone en evidencia la firma y alianza política entre ambas formaciones en el marco institucional de Córdoba.
La crítica electorado del PP: En el plano posterior se refleja el descontento y la sensación de desencanto por parte de los votantes del Partido Popular ante la renuncia a sus líneas programáticas tradicionales para asegurar la aprobación presupuestaria.)

Córdoba, 26 de septiembre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. – Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exconcejal Ayuntamiento y Exdiputado provincial de Córdoba. Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

Impacto presupuestario de la regularización masiva de extranjeros en España (Análisis)

1.- Retorno fiscal inmediato – (Espejismo macroeconómico).

El debate sobre el impacto presupuestario de la regularización extraordinaria de extranjeros en España -propiciado por la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y las sucesivas modificaciones del Reglamento de Extranjería- se aborda con frecuencia desde una linealidad contable engañosa. Las proyecciones oficiales y ciertos análisis macroeconómicos defienden que la formalización de cientos de miles de trabajadores en la economía sumergida genera un retorno neto automático. Este argumento se apoya en tres pilares: *el ensanchamiento inmediato de la base de cotizaciones a la Seguridad Social (en un contexto donde España ya supera los 3,1 millones de afiliados extranjeros), *el afloramiento de nuevas rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y *la dinamización del consumo doméstico reflejada en la recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Sin embargo, este enfoque puramente cuantitativo pasa por alto la naturaleza estructural del mercado laboral y el carácter redistributivo de la Hacienda Pública española. El Estado del Bienestar se sostiene bajo un principio de progresividad donde las rentas altas subvencionan los servicios de las rentas bajas. La realidad estadística demuestra que la gran mayoría de las regularizaciones masivas se concentran en sectores de *baja productividad y *alta precariedad (régimen especial del hogar, agricultura de base y hostelería), cuyos salarios orbitan en torno al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Al cotizar por las bases mínimas, la aportación neta de estos trabajadores a las arcas públicas resulta ostensiblemente inferior al coste medio por habitante en servicios públicos esenciales. Con un gasto sanitario público que ya ronda, aproximadamente, los 1.800€ a 2.000€ anuales por persona -al que hay que sumar la escolarización de menores, el transporte subvencionado y las infraestructuras-, cada individuo regularizado en estos sectores genera, desde una perspectiva estrictamente contable, un saldo fiscal neto negativo. Por tanto, *la inversión inicial del Estado (como el fondo de integración de 505 millones de euros) y *el incremento del gasto corriente autonómico no constituyen un coste a corto plazo, sino un déficit estructural que tiende a cronificarse en el tiempo.

2.- Variables demográficas, modelos familiares y distorsión asistencial.

Para sostener la viabilidad de estos procesos, instituciones como la AIReF o el Banco de España suelen argumentar que la juventud de la población inmigrante mitiga este déficit, al registrar un menor consumo sanitario que la población nativa envejecida. Si bien este factor demográfico es real, el análisis lineal vuelve a quebrarse, cuando se introducen variables epidemiológicas, modelos familiares y tasas de actividad por género.

En primer lugar, los flujos migratorios procedentes de entornos con sistemas de salud frágiles introducen retos epidemiológicos complejos. El registro de enfermedades infectocontagiosas (como la tuberculosis multirresistente o las hepatitis B y C) en tasas superiores a la media nacional obliga a las comunidades autónomas a activar costosos protocolos de cribado, seguimiento y tratamientos especializados de larga duración. Esta presión añadida e imprevista en la atención primaria y hospitalaria rompe la ventaja teórica de la pirámide de edad del colectivo.

En segundo lugar, el impacto presupuestario varía drásticamente según el perfil cultural y de origen de las familias regularizadas. En determinadas comunidades, singularmente las de origen norteafricano, la tasa de actividad femenina formal es extremadamente baja, combinada con índices de natalidad superiores a la media.

Desde la perspectiva del equilibrio presupuestario, este modelo cronifica el saldo negativo, ya que, una única vía de ingresos bajos (habitualmente el varón) debe sostener a unidades familiares extensas que demandan servicios educativos y sanitarios multiplicados. Este fenómeno contrasta con la inmigración de origen latinoamericano o de Europa del Este, donde la rápida incorporación de la mujer al mercado laboral (servicios y cuidados) mitiga, aunque no anule, el impacto deficitario en el hogar.

3.- El coste diferido – (Integración social, seguridad y fractura del modelo de convivencia).

El análisis estrictamente laboral de una regularización masiva resulta estéril si se disocia de sus consecuencias sociológicas a medio y largo plazo. La falta de recursos económicos iniciales y la tendencia natural al agrupamiento comunitario empujan a la población extranjera a concentrarse en barrios periféricos o áreas urbanas degradadas. Cuando los mecanismos de movilidad social fallan y la concentración supera determinados umbrales, el proceso de asimilación cultural se detiene, dando paso a la segregación y a la creación de guetos.

La experiencia internacional europea demuestra que la aparición de barrios segregados deviene, de forma recurrente, en conflictos sociales de difícil reversión. España ya empieza a registrar dinámicas preocupantes en grandes conurbaciones como Madrid o Barcelona, caracterizadas por la aparición de bandas juveniles de base identitaria y la desconexión social de las segundas generaciones –jóvenes que, pese a nacer en suelo español, no se sienten integrados en la sociedad de acogida ni identificados con el país de sus progenitores–.

Esta fractura de la cohesión social desencadena unos costes indirectos masivos en materia de seguridad ciudadana, instituciones penitenciarias, tutorización de menores y servicios sociales de emergencia. Estos costes, sistemáticamente omitidos en las proyecciones económicas de los decretos de regularización, comprometen gravemente los presupuestos futuros del Estado. Si el mercado laboral es incapaz de ofrecer una auténtica movilidad ascensorial y los procesos de regularización no se condicionan a una estricta capacidad de absorción cultural, dispersión geográfica y control sanitario, el coste social y económico diferido terminará por superar con creces el beneficio inmediato de la afloración fiscal.

IV.- Conclusión.

El artículo aborda el problema desde un prisma multidimensional, logrando confrontar el optimismo macroeconómico de la Administración con la cruda realidad de la microeconomía presupuestaria y la sociología criminal y de seguridad.

N. B. Imagen. Impacto presupuestario real de la regularización masiva de extranjeros en España.

Córdoba, 3 de julio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Córdoba – Un laberinto laboral (Un bucle permanente)

Córdoba se encuentra como siempre en una encrucijada, porque a inicios de 2026 los datos nos devuelven la misma una imagen permanente, concretamente, *una economía que pivota sobre sectores inestables y *una brecha social que se ensancha, razón por la que cabe necesariamente una pregunta:

¿Es Córdoba una ciudad de oportunidades (un lugar donde la mayoría de las personas tiene condiciones reales para desarrollar su vida con dignidad y progresar) o una “casa-museo gestionada y mantenida por la administración pública”?

1.- Análisis – (Una economía de bajo valor añadido).

El modelo actual socio-laboral de Córdoba se basa en la agricultura, la hostelería y la pequeña industria, lo que genera una “correlación perversa”, porque:

<-Las empresas no demandan alta cualificación a sus trabajadores, porque sus procesos son simples.

<-El talento local emigra al no encontrar puestos dónde desarrollar sus cualidades profesionales, acordes con su progreso personal y dónde dominan los salarios bajos y las condiciones laborales precarias.

<-Para completar lo dicho, dejar claro, que sin talento las tecnológicas no se instalan.

Es un bucle permanente de precariedad.

2.- Una Ciudad dual (Sector Público vs. Privado).

Córdoba es hoy una sociedad a dos velocidades, de forma, que la diferencia no es solo salarial, es de “seguridad vital”, donde conviven dos realidades sociales y económicas muy diferentes y cada vez más separadas: “Una parte muy próspera y globalizada y otra empobrecida y excluida”.

**Cuadro comparativo:

Factor	Sector Público	Sector Privado
Salario Medio	2.800,eur. – 3.000,eur.	1.400,eur. – 1.600,eur.
Estabilidad	Alta (Plaza)	Alta rotación (Campañas)
Efecto	Motor del consumo	Supervivencia estacional

(Nota. Esta brecha convierte al empleo público en la única vía de ascenso social, drenando y agotando la iniciativa privada).

3.- El drama de los <-Invisibles->.

Más allá del problema del paro, “el dato alarmante es la población inactiva”, porque el <-efecto desánimo-> ha calado en mayores de 45 años, mujeres y jóvenes sin formación que, simplemente, han dejado de buscar empleo cansados y desanimados.

(Nota importante. Córdoba pierde unos 2.300 habitantes al año por el efecto despoblación y la falta de oportunidades, por lo que hay menos gente buscando empleo y explica, también, porque baja la cifra de paro, siendo, así mismo, la causa de la falta de dinamismo en su futuro económico).

4.- La Base Logística (BLET) – (Solución o espejismo).

La BLET es la gran esperanza, pero conlleva un riesgo jurídico-económico, porque si no recualificamos rápido a nuestra población en IA, robótica y mejora de técnicas productivas , los puestos de calidad los ocupará personal foráneo, de forma, que Córdoba se quedaría, una vez más, con los servicios auxiliares de bajo valor (ej. limpieza y seguridad).

<<Propuestas para romper el bucle negativo – (Estratégica fiscal selectiva)>>

**Como herramienta de ingeniería social, la fiscalidad en 2026 para Córdoba debe ser “quirúrgica”:

A.- Incentivos al talento (I+D+i).

-Deducciones por empresas Startups (innovación y tecnología), aprovechando el 50% de deducción en Andalucía para inversiones en empresas locales.

-Andalucía TRADE, movilizando fondos para que la pequeña industria innove y se automatice, mejorando su productividad, y, así poder pagar mejores salarios.

B.- Choque contra la Inactividad.

-Bonificaciones progresivas, de forma, que no se dará una ayuda fija por contratar, sino bonificar el 100% de la cuota si la empresa paga por encima del SMI, es decir, que pagar más sea fiscalmente rentable.

-Deducción por recualificación, eliminando el miedo a contratar mayores de 45 años o mujeres, al permitir deducir el 50% del salario durante los primeros 6 meses de adaptación.

C.- El Ayuntamiento como Motor.

El IBI y la Tasa de Veladores ayudan, pero no crean empleo de calidad, así que, se necesita:

<-Cláusulas Sociales, de forma, que en las licitaciones públicas, por ejemplo, puntúe más la empresa que pague un 15% o un 20% por encima del convenio.

<<Conclusión>>

Córdoba no puede seguir siendo un lugar consagrado únicamente a las musas y al turismo, razón por la que se necesita “una reestructuración completa” de su composición social y económica, pasando de la subvención pasiva al crédito fiscal activo.

(Nota. Solo elevando la cualificación y exigiendo excelencia salarial evitaremos convertirnos en una periferia laboralmente excluida).

N. B. Córdoba hoy es un laberinto laboral permanente sin salida, de forma, que hay que salir del bucle interminable, *reestructurando el mercado del trabajo en busca de la productividad y del empleo de calidad, *mejorando las bases salariales y *atrayendo empresas de alto nivel, que pagando mejor y con condiciones de trabajo atractivas atraigan el talento.

Córdoba, 25 de enero de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente de Córdoba Abierta -(ACOA)-.