La aproximación a las urnas el próximo 29 de noviembre coloca al electorado de centro-derecha en Córdoba ante una encrucijada moral y política sin precedentes recientes. Durante años, la apelación al voto útil ha funcionado como un mecanismo de disciplina partidista, un cheque en blanco firmado en favor de las siglas para frenar a la izquierda, sin embargo, cuando la gestión territorial desconecta de los principios anunciados en las tribunas nacionales, *la apelación al voto ciego deja de ser una responsabilidad cívica para convertirse en una trampa de supervivencia para las estructuras orgánicas*.
El debate suscitado en nuestra provincia a raíz de la candidatura de Salvador Fuentes López al Senado -compaginando la presidencia de la Diputación Provincial de Córdoba con la aspiración a las Cortes Generales- ha destapado las costuras de un modelo agotado:
“El de la política concebida como un modus vivendi endogámico, donde la falta de trayectoria en el sector privado se suple con la acumulación de cargos e institucionales”.
I. La trampa del «voto útil» sin exigencia de principios.
El argumento de cerrar filas a cualquier precio parte de un supuesto falso: *Asumir que el elector es un activo cautivo*.
Cuando desde la Diputación de Córdoba presidida por Salvador Fuentes Lopera se asumen pactos de presupuestos y gobernabilidad con Izquierda Unida, se dotan partidas para la agenda ideológica de la memoria democrática y la apertura de fosas, o se repercute la ineficiencia de entes deficitarios como EMPROACSA y EPREMASA mediante subidas de tasas a las familias y pymes cordobesas, el votante de centro-derecha experimenta una evidente disonancia.
¿Qué utilidad real tiene premiar con un escaño en la Cámara Alta a quien ha ejercido una “paz de despacho” a costa de rebajar los principios de contención fiscal y batalla cultural?
Premiar la incoherencia con el blindaje parlamentario no preserva la alternancia, ya que, simplemente blanquea el tacticismo orgánico (exceso de cálculo oportunista que subordina principios a conveniencias inmediatas) y devalúa la credibilidad del mensaje nacional de rigor y ejemplaridad.
II. Las tres vías del votante exigente ante las urnas.
Ante este panorama, el votante conservador y liberal ya no se enfrenta a una adhesión incondicional, razón por la que, el mapa de opciones para el 29N se articula en tres respuestas maduras y conscientes:
1.- El ejercicio del voto nominal y selectivo en el Senado: A diferencia de las listas cerradas y bloqueadas del Congreso de los Diputados, la papeleta del Senado es individualizada. La Constitución y la Ley Electoral otorgan al ciudadano la facultad de marcar de forma diferenciada a los candidatos de su preferencia. **El voto nominal permite respaldar candidaturas de acreditada solvencia profesional mientras se deja en blanco o se excluye la casilla de aquellos perfiles volcados exclusivamente en la disciplina de aparato**. Es el instrumento más directo para enviar un mensaje de corrección a la dirección provincial sin alterar el equilibrio de bloques.
2.- La abstención reflexiva: Lejos de la indiferencia o la apatía, la abstención consciente de las bases de centro-derecha representa un toque de atención frente a la desconexión con la economía real, de forma, que quien se abstiene reflexivamente no renuncia a su ideología, sino que *denuncia la sustitución del mérito y la capacidad por la cuota de partido y el clientelismo orgánico*.
3.- El trasvase hacia opciones sin compromisos de despacho: La consolidación de alternativas en el espectro del centro-derecha responde directamente a la negativa del elector a tolerar concesiones en la gestión local, razón por la que **la fuga de apoyos no la provoca la rigidez del votante, sino la volatilidad doctrinal de quienes prometen rigurosidad en los mítines y la liquidan en las ordenanzas fiscales de la Diputación**.
III. Conclusión – (La dignidad del voto no se negocia).
La verdadera regeneración democrática no vendrá de las directrices de los despachos provinciales, sino del nivel de exigencia con el que los ciudadanos ejerzan sus derechos electorales, ya que, *la política no puede seguir siendo un refugio para quienes carecen de alternativa fuera de las instituciones*, sino quedebe volver a ser un servicio temporal ejercido con solvencia, rigor y respeto absoluto a la palabra dada.
El 29 de noviembre, cada votante cordobés tiene en su mano la oportunidad de dictar una lección de madurez política:
“Recordar *que la confianza se gana con hechos probados, *que la coherencia no admite dobles contabilidades y *que la papeleta del Senado no es un salvoconducto de aparato, sino el altavoz de la verdad y los principios de nuestra tierra”.
N.B. Imagen. La alternativa del 29N – (Voto útil o exigencia de principios).
Córdoba, 4 de noviembre de 2026.
Fdo. Enrique García Montoya
Abogado. Inspector de Trabajo y S.S.
Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba, exdiputado provincial y exdiputado del Parlamento de Andalucía.
Del incumplimiento del «Contrato con España» en Córdoba a la amenaza de la abstención y el beneficio de la izquierda
La política sin principios se reduce a mero marketing táctico, razón por la que hoy, el centro-derecha español se enfrenta a una profunda crisis de confianza que no nace de la habilidad de sus adversarios, sino de sus propias contradicciones orgánicas. Poner frente al espejo a quienes confunden las siglas con una patente de corso es el servicio cívico más exigente y necesario para sanear la vida pública.
Lo que se denuncia desde el análisis riguroso coincide exactamente con lo que ve la calle: “El malestar ante la incoherencia y la prepotencia de los aparatos”.
I.- La desconexión orgánica- (cuando los aparatos ignoran la calle).
**El error de cálculo de las cúpulas: Las estructuras de los partidos tienden a premiar la disciplina de aparato, los equilibrios de poder interno y las cuotas de control territorial por encima del mérito ideológico y de la ejemplaridad pública.
**La falsa seguridad del voto cautivo: Asumir que el votante de centro-derecha respaldará las siglas por inercia -bajo la premisa de que “al final nos votarán por miedo a la izquierda”- demuestra una soberbia política incompatible con un electorado hiperinformado, exigente y maduro.
**El agravio comparativo: Exigir en los grandes mítines nacionales rigor, austeridad y combate ideológico, mientras en provincias como Córdoba se financia con dinero público la agenda de la izquierda radical (memoria democrática, fosas, opacidad en EMPROACSA y EPREMASA), dinamita por completo la credibilidad de la marca.
II.- Salvador Fuentes Lopera y el «Premio a la Incoherencia».
El nombramiento del presidente de la Diputación de Córdoba como cabeza de lista al Senado no es un detalle menor; representa la validación explícita, por parte de la dirección nacional, de un modelo de “pragmatismo de despacho“ que contradice frontalmente los compromisos del Contrato con España.
<-El colapso del relato de la alternativa: Cuando se aspira a desalojar al Gobierno central basándose en el rigor y el cumplimiento de la palabra dada, colocar en un puesto de honor nacional al máximo responsable de pactar con IU, financiar la memoria sectaria e incrementar tasas locales destruye la coherencia del mensaje.
El ciudadano se hace una pregunta letal: ¿Si hacen esto en Córdoba a nivel provincial, qué garantías ofrecen para el conjunto de España?
<-La quiebra de la autoridad moral: Un partido que premia con puestos de salida a quien vulnera los compromisos de contención y contabilidad transparente pierde la autoridad moral para fiscalizar la gestión del adversario.
<-El silencio como complicidad: El mutismo de la dirección de Génova ante esta deriva provincial deja de ser prudencia institucional para convertirse en complicidad orgánica, trasladando la sensación de que las promesas de regeneración eran meros eslóganes de campaña.
¿Por qué los dirigentes actúan con esa aparente prepotencia? La respuesta se halla en tres vicios estructurales: *la endogamia del círculo de confort (donde la crítica de la calle se archiva como “ruido”), *el síndrome del voto cautivo y *el miedo a corregir el rumbo, prefiriendo sostener el error antes que admitir una rectificación frente a las baronías territoriales.
Si lo ve la calle con absoluta claridad, arreglarlo conceptualmente no es difícil; el problema es que choca con los intereses particulares de una maquinaria orgánica reacia a renunciar a sus cuotas de poder.
III.- La aritmética del castigo y el beneficio de la izquierda.
**La demoscopia del desencanto: El centro-derecha no se fractura únicamente por la fuga hacia formaciones como VOX, sino sobre todo por la desactivación y la abstención reflexiva. El votante exigente, cansado de contradicciones, no acude a las urnas con ilusión.
**La matemática electoral inexorable: La desmovilización de la base tradicional -provocada por la falta de referentes firmes- actúa como un catalizador directo a favor del PSOE y la izquierda.
**Regalar la iniciativa al adversario: Cuando se percibe que la alternancia política se limita a cambiar de siglas manteniendo idénticas prácticas de despilfarro o cesiones ideológicas, la izquierda recupera terreno no por méritos propios, sino por el desaliento de un electorado huérfano de principios.
IV.- Conclusión estratégica – (la exigencia de un “cheque con garantías”).
Los ciudadanos han dejado de otorgar su confianza bajo la simple amenaza del mal menor.
El voto útil solo es útil si va acompañado de garantías estrictas de cumplimiento.
Si el Partido Popular desea articular una mayoría sólida, estable y creíble para gobernar España, el cambio debe empezar por exigirse rigor y disciplina programática en cada diputación, en cada ayuntamiento y en cada empresa pública provincial.
La verdadera cuestión es si las cúpulas reaccionarán a tiempo para corregir el rumbo antes de que el desgaste sea irreversible. *Poner al descubierto estas dinámicas es el primer paso indispensable para recuperar la decencia institucional*.
N. B. Imagen. El coste de la incoherencia y el riesgo para el centro-derecha.
(Nota. El coste de una prepotencia política significa hacerle el trabajo al adversario y que explica por qué el P. P. no crece cuando debería arrasar, que VOX crezca con fuerza día a día y el que la Izquierda – PSOE se mantenga cuando debería estar hundido.)
Córdoba, 31 de octubre de 2026.
Fdo. Enrique García Montoya.
Abogado. Inspector de Trabajo y S.S.
Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba, exdiputado provincial y exdiputado del Parlamento de Andalucía.
Un análisis crítico sobre los riesgos de la desconexión entre los dirigentes y las bases del centro-derecha.
La reciente configuración de las candidaturas electorales de cara a la próxima cita con las urnas ha vuelto a poner de manifiesto una de las mayores contradicciones de la política del P. P. en el día a día:
“El abismo insondable que separa los grandes discursos sobre la decencia, el rigor y la regeneración democrática de la cruda realidad del tacticismo orgánico en los territorios, aceptando políticas de la izquierda radical en aras de la paz de los sillones”.
Cuando figuras preeminentes del partido como Cayetana Álvarez de Toledo reivindican con firmeza la centralidad de los principios, la honradez intelectual y la lealtad sin fisuras al votante del centro-derecha, el contraste con decisiones concretas en provincias como Córdoba resulta no ya chocante, *sino políticamente desconcertante*. La designación de Salvador Fuentes Lopera -presidente de la Diputación Provincial de Córdoba- como cabeza de lista del Partido Popular al Senado evidencia una peligrosa disonancia cognitiva en las estructuras del partido.
Analizamos las razones que explican por qué este tipo de decisiones desacreditan el discurso nacional, erosionan el valor del voto útil y reflejan una preocupante ceguera estratégica en un momento en que las encuestas muestran un desgaste progresivo del bloque central de la oposición.
1.- La fractura de los dos mundos – (Principios en Madrid, pragmatismo de trinchera en Córdoba).
***Existe una fractura insalvable entre dos formas de entender la política en el seno del Partido Popular:
*El plano discursivo (Madrid): Aboga por la regeneración institucional, la ejemplaridad, la reducción del gasto superfluo y la batalla ideológica sin complejos contra los postulados de la izquierda.
*El plano fáctico (Córdoba): Se sustenta en el más puro pragmatismo de supervivencia, donde la “paz de despacho“ se compra asumiendo e incluso financiando el relato del adversario (como lo atestiguan las partidas presupuestarias provinciales destinadas a memoria democrática, apertura de fosas, a la falta de auditorías en entes públicos deficitarios, etc. etc. ).
Permitir que quien ha vulnerado los compromisos básicos de austeridad y aplicación de los principios ideológicos básicos del partido salte premiado a la Cámara Alta genera una crisis de confianza inmediata en el electorado tradicional.
Se produce un mensaje contradictorio: “Se exige al ciudadano un esfuerzo de fe en un “Contrato con España” que los propios dirigentes provinciales incumplen de manera sistemática”.
2.- La trampa de la prepotencia orgánica – (El error de blindar la gestión local).
¿Cómo es posible que el aparato del partido no advierta la torpeza de esta decisión?
**La respuesta suele hallarse en los vicios tradicionales de las estructuras orgánicas provinciales y nacionales:
*El peso de la maquinaria interna frente al mérito ideológico: En muchas ocasiones, las listas electorales se confeccionan atendiendo a equilibrios de poder interno, cuotas de aparato y apaciguamiento de baronías territoriales, olvidando por completo el estado de ánimo y la sensibilidad del votante de a pie.
*La desconexión con el pulso de la calle: El votante de centro-derecha actual está hiperinformado, es exigente y no concede cheques en blanco. *Asumir que unas siglas bastan para retener la fidelidad electoral es una muestra de soberbia política*.
**Premiar con un puesto de salida al Senado a un gestor cuya labor ha estado jalonada por concesiones ideológicas a la izquierda es interpretar de manera errónea el mandato de cambio que demanda la sociedad**.
3.- El coste electoral – (Retroceso en intención de voto y fuga hacia la abstención o VOX).
Los datos demoscópicos recientes señalan un enfriamiento o retroceso leve pero constante en la intención de voto global del Partido Popular, atrapado muchas veces entre la necesidad de ensanchar su base moderada y el temor a perder perfiles ideológicos más firmes.
<-Casos como el de Córdoba actúan como un acelerador de este desgaste:
1.- Desactivación del entusiasmo: El votante desencantado no suele acudir a las urnas con ilusión, de forma, que opta por la abstención reflexiva o busca refugio en formaciones como VOX, a las que percibe como una salvaguarda más firme frente a la “melancolía” de los acuerdos de despacho.
2.- Devaluación de la marca: Cuando el votante comprueba que el rigor fiscal y la batalla cultural se quedan en meras herramientas dialécticas para los mítines, la credibilidad de la alternativa de gobierno se desploma.
Conclusión – (La urgente necesidad de alinear la teoría con la práctica).
La política no solo debe ser honesta, sino parecerlo en cada rincón donde se gestione el dinero público. Que Salvador Fuentes no haya dimitido –ni haya sido apartado por la dirección nacional ante la evidente contradicción de su gestión– *demuestra que una parte de las cúpulas sigue sin entender que los ciudadanos ya no votan por inercia*.
Si el Partido Popular desea articular una mayoría sólida y creíble para liderar el cambio en España, el primer paso inexcusable pasa por exigir coherencia interna. *Un partido que premia la incoherencia territorial está, irremediablemente, cavando el foso de su propia debilidad electoral*.
**La decencia de la que habla Álvarez de Toledo en Madrid no puede ser una excepción parlamentaria, sino la norma imperativa que rija desde el último ayuntamiento hasta el Consejo de Ministros**.
N. B. Imagen. Los riesgos de la desconexión entre los dirigentes y las bases del centro-derecha.
(Nota. Feijoó presenta su candidatura en Madrid con Cayetana Álvarez de Toledo y la Presidenta Ayuso, y, en Córdoba encabeza la lista al Senado Salvador Fuentes. Es un abismo abisal.
Las consecuencias: El P.P. se mantiene a duras penas sin crecer, VOX crece con fuerza y el PSOE asoma la cabeza y se refuerza.)
Córdoba, 29 de octubre de 2026.
Fdo. Enrique García Montoya
Abogado. Inspector de Trabajo y S.S.
Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba, exdiputado provincial y exdiputado del Parlamento de Andalucía.
Un grupo numeroso de lectores me ha planteado su malestar por el acuerdo presupuestario entre el Partido Popular e Izquierda Unida en la Diputación de Córdoba, y, muchos se preguntan si este pacto justifica retirar el apoyo al PP en las próximas elecciones municipales.
Mi respuesta es clara:
“Esta vez el PP del Ayuntamiento de Córdoba no contará con mi voto, porque hay decisiones que un elector de centro-derecha no puede tolerar sin traicionar sus propios principios”.
El presupuesto consolidado de la Diputación para 2026 alcanza los 522,9 millones de euros, un récord histórico, y, su aprobación fue posible gracias a la abstención de IU. Este acuerdo no solo garantiza una paz silenciosa llena de renuncias a los principios y promesas de, P. P. en la Institución provincial, sino que implica compromisos financieros sustanciales en áreas ideológicamente sensibles para la derecha:
“Memoria democrática, rescate de empresas públicas deficitarias e inversión municipal condicionada – Aumento del gasto público”.
(Nota.- El presupuesto consolidado de la Diputación de Córdoba ha crecido en 137,9 millones de euros (un aumento del 35,8%) desde el primer ejercicio económico elaborado íntegramente bajo la presidencia de Salvador Fuentes (PP) en 2024, hasta el recién aprobado presupuesto para 2026.
*Presupuesto consolidado:
2024 385,0 millones de €. -+1,8%
2025 431,0 millones de € -+11,9%
2026 522,9 millones de € -+21,3%.)
<<Desglose financiero del pacto – (lo que cuesta y por qué importa).
El acuerdo asegura financiación provincial para políticas de Memoria Democrática, exhumación de fosas comunes y divulgación histórica, estructurada en dos bloques:
<-Convenio plurianual para fosas de Córdoba capital: 400.000 € de aportación de la Diputación, cofinanciados con el Ministerio, la Junta y el Ayuntamiento (total 1,6 millones), destinados a excavación, antropología forense e identificación genética en las macrofosas de La Salud y San Rafael.
<-Presupuesto ordinario anual de Memoria Democrática (110.000 – 120.000 €/año):
*Cátedra de Memoria Democrática (UCO): 50.000 € para investigación, digitalización de archivos y divulgación.
*Subvenciones a entidades memorialistas: 40.000 € para jornadas e intervenciones provinciales.
*Proyectos memorialistas municipales: 20.000-30.000 € para actividades en municipios como Espejo, Aguilar de la Frontera o Almodóvar del Río.
***Resumen: 400.000 € directos para exhumaciones en la capital y 110.000-120.000 € anuales recurrentes para gestión memorialista.
2.- Cobertura del déficit de empresas públicas – (13,14 millones de euros).
IU ha logrado blindar el carácter 100% público de servicios básicos, evitando que las pérdidas de explotación se trasladen a tarifas ciudadanas:
*Emproacsa (Aguas de Córdoba): Cobertura de 6,4 millones de euros de déficit operativo proyectado mediante transferencias de capital, sin aplicar subidas del IPC en tarifas.
*Epremasa (Gestión de Residuos): Déficit previsto de 6,74 millones, con aportación compensatoria inicial de 2,7 millones y compromiso de transferencias extraordinarias para cubrir el saldo negativo total.
3.- Plan Diputación Invierte 2026 – ( 20,6 millones de euros) – Aumento del gasto público.
Núcleo de la inversión territorial exigida por la oposición para inyectar liquidez directa en municipios (crecimiento del 26,4% respecto a presupuestos anteriores):
*Servicios e infraestructuras locales: más de 15,7 millones (obras, redes de agua, viales).
*Actuaciones generales: 1,87 millones (90 proyectos de acondicionamiento).
¨*Protección y promoción social: 0,91 millones (31 iniciativas sociales locales).
Financia 784 actuaciones en 76 municipios, 4 ELAs y 10 mancomunidades.
4.- Refuerzo de servicios sociales e infraestructuras – (Aumento del gasto público).
*Consorcio Provincial de Bomberos: Más de 45 millones para prevención y extinción de incendios.
*Gasto social e inversión municipal: Incremento global de más de 50 millones (+14,92% respecto a 2025) para blindar servicios comunitarios en localidades con menor población.
El verdadero problema político no es solo financiero, sino de coherencia ideológica y de marca electoral. Salvador Fuentes, presidente de la Diputación y mano derecha de José María Bellido en la candidatura municipal, encarna la fusión entre gestión municipal y provincial, lo que genera un efecto de contagio directo:
El malestar por el pacto provincial se traslada automáticamente como factura electoral a la lista del Ayuntamiento de Córdoba.
<<Tres planos de desgaste político>>
1.- Contagio de la marca municipal: El electorado de derechas no distingue entre política provincial y capitalina cuando la misma figura (Fuentes) lidera ambas cotas de poder.
2.- Pérdida de la coartada técnica: Resulta difícil justificar ante el votante ideológico que el acuerdo responde a una mera “necesidad técnica”, cuando quien lo rubrica es un referente político del partido a nivel provincial y local.
3.- Alimentación del relato de VOX: Para la derecha a la izquierda del PP, esta situación es un balón de oxígeno permanente que permite armar un discurso potente:
“No importa a quién votes del PP (Bellido o Fuentes), porque acabarán financiando el ideario de la izquierda con tus impuestos”.
<<La consolidación de la “abstención del castigo”>>
El votante conservador tradicional, que quizás no da el paso de votar a VOX, encuentra en la figura de Fuentes un motivo claro para quedarse en casa, ya que, siente que la “mayoría social” que apoyó al PP se utiliza para dar cobertura financiera a proyectos con los que choca frontalmente. Si la percepción ciudadana es que el PP ha cruzado líneas rojas ideológicas para asegurar la gestión diaria, el coste no será un desgaste temporal, sino un trasvase estructural de votos y una desmovilización difícil de remontar.
<<Perspectiva innovadora – (el pacto como síntoma de un Estado fallido).
Más allá del coste financiero inmediato, este acuerdo refleja una dinámica estructural de fragmentación y debilidad institucional que caracteriza a lo que algunos analistas denominan un “Estado fallido” en ciernes. La necesidad de pactar con formaciones ideológicamente distantes para aprobar presupuestos revela una incapacidad de gobernar con mayoría propia, lo que erosiona la legitimidad democrática y alimenta la desconfianza ciudadana.
En este contexto, el pacto PP-IU en Córdoba no es un hecho aislado, sino un síntoma de una crisis más profunda de representatividad y coherencia programática que afecta a todo el sistema político español.
N. B. Imagen. El coste del pacto presupuestario entre el PP e Izquierda Unida en la Diputación de Córdoba para 2026.
(Nota. Elementos clave representados en la ilustración:
El intercambio del acuerdo: Se muestra la entrega simbólica de fondos presupuestarios de las cuentas públicas de 2026 hacia las prioridades e iniciativas impulsadas por Izquierda Unida (como las partidas dedicadas a la Memoria Democrática y el rescate de empresas públicas deficitarias – Todo aumento del gasto público.).
El contraste ideológico: La composición pone en evidencia la firma y alianza política entre ambas formaciones en el marco institucional de Córdoba.
La crítica electorado del PP: En el plano posterior se refleja el descontento y la sensación de desencanto por parte de los votantes del Partido Popular ante la renuncia a sus líneas programáticas tradicionales para asegurar la aprobación presupuestaria.)
Córdoba, 26 de septiembre de 2026.
Fdo. Enrique García Montoya.
Abogado. ICA-Córdoba. – Inspector de Trabajo y Seguridad Social.
Exconcejal Ayuntamiento y Exdiputado provincial de Córdoba. Exdiputado del Parlamento de Andalucía.
Hay instituciones que crecen porque atienden mejor a la ciudadanía y otras que crecen porque han aprendido a administrarse a sí mismas. La Diputación de Córdoba pertenece a la segunda categoría: “Una estructura cada vez más extensa, más costosa y más compleja, pero no necesariamente más útil”.
El presupuesto provincial para 2026 asciende a 385,4 millones de euros y alcanza los 522,9 millones en términos consolidados, al incluir organismos y empresas públicas. El incremento es del 14,92% en el presupuesto ordinario y del 21,31% en el consolidado.
La propaganda institucional presenta estas cifras como un signo de fortaleza, pero el tamaño presupuestario no constituye, por sí mismo, una medida de buena administración. Un presupuesto récord solo es una buena noticia si se traduce en mejores servicios, infraestructuras terminadas, menor carga burocrática y una respuesta más rápida a los problemas cotidianos. De lo contrario, el crecimiento del gasto no es transformación: “Es inflación administrativa”.
La verdadera pregunta no es cuánto dinero gestiona la Diputación, sino cuánto valor público devuelve por cada euro que recibe.
<<La provincia atrapada en su propia burocracia>>
La Diputación no carece de una misión legal relevante. Al contrario, la legislación básica de régimen local le atribuye funciones esenciales de coordinación, asistencia y cooperación con los municipios, especialmente con los de menor población. Entre ellas se incluyen la asistencia en materia jurídica, económica y técnica, la gestión recaudatoria, la administración electrónica y la contratación centralizada.
El problema aparece cuando la institución deja de ser una herramienta de apoyo municipal y se convierte en un circuito cerrado de informes, convenios, expedientes, órganos colegiados y estructuras paralelas. En ese momento, la burocracia ya no sirve a la competencia: “La competencia empieza a servir a la burocracia”.
<<Asistencia que no resuelve>>
La asistencia técnica y jurídica solo cumple su finalidad cuando permite que un pequeño ayuntamiento funcione con mayor seguridad, rapidez y menor coste. Si, pese a la existencia de estructuras provinciales, los municipios deben contratar servicios externos, crear unidades propias o duplicar recursos para obtener una respuesta eficaz, la asistencia deja de ser una solución y se transforma en una promesa institucional.
**No basta con tener departamentos. Es necesario medir: *El tiempo medio de respuesta a los municipios. *El número de expedientes pendientes. *El porcentaje de informes que se emiten fuera de plazo. *El coste provincial por servicio prestado. *El ahorro efectivo generado para los ayuntamientos.
Sin esos indicadores, la asistencia municipal corre el peligro de convertirse en una categoría retórica: “Formalmente existente, pero materialmente insuficiente”.
<<El laberinto del ICHL>>
El Instituto de Cooperación con la Hacienda Local responde a una finalidad legítima: “Facilitar la gestión tributaria de los municipios y permitir economías de escala”, sin embargo, cuando la delegación competencial es parcial y más cara, la centralización puede producir el efecto contrario al pretendido.
El ayuntamiento conserva departamentos de rentas, atención al contribuyente y gestión administrativa, mientras el Instituto interviene en determinadas fases de la recaudación. El resultado puede ser una cadena de remisiones, comprobaciones y comunicaciones en la que nadie parece tener la responsabilidad completa del procedimiento, aunque todos participen en él.
La cuestión no es defender la gestión directa o la delegada por razones ideológicas. La cuestión es comprobar cuál de las dos ofrece:
*Menor coste por expediente. *Menor tiempo de tramitación. *Menos reclamaciones. *Mayor recaudación efectiva. *Mejor atención al contribuyente.
Si la delegación no produce ahorro, claridad y resultados, debe ser revisada, ya que, la cooperación no puede consistir en añadir un intermediario permanente entre el ciudadano y su ayuntamiento.
<<El garantismo convertido en parálisis>>
El control interno es una garantía esencial del Estado de Derecho. La intervención, la fiscalización y la exigencia de responsabilidad no son obstáculos prescindibles, pero el garantismo deja de proteger el interés general cuando se transforma en una sucesión mecánica de controles repetidos que no aportan información nueva ni reducen riesgos relevantes.
Sellar el mismo expediente en tres fases no equivale necesariamente a fiscalizarlo tres veces. A veces solo significa retrasarlo tres veces.
La buena administración exige controles proporcionales, trazables y orientados al riesgo. El expediente menor y la gran contratación estratégica no pueden soportar idénticas cargas procedimentales. La Administración que revisa todo con la misma intensidad termina no controlando mejor, sino controlando peor aquello que realmente importa.
La utilización de sociedades mercantiles públicas y entes instrumentales se justificó como una vía para ganar flexibilidad, profesionalidad y capacidad operativa, sin embargo, la excepción organizativa puede convertirse en un sistema paralelo permanente.
Emproacsa y Epremasa concentran servicios de extraordinaria importancia: “Agua, residuos y prestaciones vinculadas al bienestar básico”. Precisamente por ello, no pueden evaluarse solo por su existencia formal ni por el volumen de actividad que declaran.
*Deben someterse a una pregunta elemental: ¿prestan un servicio mejor, más barato y más controlable que las alternativas disponibles?
La información pública sobre el presupuesto de 2026 ha situado a las empresas provinciales en el centro del debate financiero, con advertencias periodísticas sobre el riesgo de dificultades económicas si no se actualizan las tarifas. Al mismo tiempo, la Diputación y la Junta han impulsado obras por más de 11 millones de euros para conectar definitivamente La Colada con Sierra Boyera.
La inversión puede ser necesaria. Lo que no puede aceptarse es que la inversión se utilice como sustituto de la planificación, ni que las transferencias públicas oculten indefinidamente problemas de gestión, financiación o mantenimiento.
<<Agua – (la prueba definitiva)>>
El abastecimiento de agua en la Zona Norte y la situación del embalse de La Colada constituyen una prueba de credibilidad institucional. Cuando una Administración proclama grandes presupuestos, la ciudadanía tiene derecho a exigir resultados visibles: “Agua segura, infraestructuras operativas, mantenimiento estable y responsables identificables”.
Un servicio esencial no se acredita mediante convenios anunciados, ruedas de prensa o partidas presupuestarias. Se acredita cuando funciona.
<<Residuos y monopolio>>
La gestión pública de residuos puede responder a razones de interés general, continuidad y cohesión territorial. Pero la condición de medio propio no debe convertirse en una patente de ineficiencia.
**La ausencia de competencia no elimina la obligación de compararse con el mercado.
**La Diputación debería publicar periódicamente: *El coste unitario por tonelada gestionada. *El coste de personal directo e indirecto. *El peso de los gastos de estructura. *La evolución de las tarifas. *Las transferencias recibidas de la Administración matriz. *Los resultados de calidad y cumplimiento.
El monopolio público solo es defendible si demuestra eficiencia, transparencia y control. Si no lo hace, el ciudadano paga dos veces: primero mediante impuestos y después mediante tarifas.
<<El pacto presupuestario y la contradicción política>>
El presupuesto de 2026 fue aprobado con los votos favorables del Partido Popular y la abstención de Izquierda Unida, mientras PSOE y Vox votaron en contra. La abstención de IU estuvo vinculada, según las informaciones publicadas, a la incorporación de recursos destinados a los municipios, incluyendo 25 millones de euros entre presupuesto y remanentes.
El acuerdo parlamentario es legítimo. Lo que debe examinarse es su coherencia política y presupuestaria.
Quien se presenta ante los electores como defensor de la austeridad, la moderación fiscal y la reducción del gasto improductivo no puede limitarse a celebrar que el presupuesto crezca. Debe explicar qué partidas se eliminan, qué estructuras se racionalizan y qué servicios se someten a evaluación.
Un acuerdo de estabilidad no debería servir para blindar la inercia administrativa. El presupuesto no puede convertirse en una moneda de intercambio entre grupos políticos, ni la abstención en una coartada para evitar la transparencia sobre los compromisos asumidos.
La política presupuestaria no se mide por la habilidad para sumar votos, sino por la capacidad de distinguir entre gasto social, inversión productiva y gasto administrativo prescindible.
<<Una reforma que mida, compare y elimine.>>
La Diputación necesita menos retórica de modernización y más cirugía organizativa.
***La reforma debería asentarse en cinco decisiones concretas.
1.- Auditoría integral de la estructura.
**Debe realizarse una auditoría externa e independiente de: *Plantillas y relaciones de puestos de trabajo. *Personal eventual y cargos de confianza. *Mandos intermedios. *Organigramas de empresas públicas. *Asistencias técnicas y contratos de servicios. *Encomiendas y convenios interadministrativos. *Gastos de representación, publicidad y protocolo.
La auditoría debe identificar qué unidades prestan servicios esenciales, cuáles duplican funciones y cuáles carecen de resultados verificables.
2.- Cuenta de coste por servicio.
Cada servicio provincial debe disponer de una ficha pública con cinco datos mínimos:
“Coste total, usuarios atendidos, tiempo de respuesta, resultado obtenido y comparación con ejercicios anteriores”.
Lo que no puede medirse acaba justificándose por costumbre, y, lo que se justifica únicamente por costumbre termina siendo un candidato natural a la supresión.
3.- Reforma del ICHL.
El modelo tributario debe revisarse municipio por municipio. La delegación íntegra puede ser razonable cuando produzca especialización y ahorro, pero la delegación parcial debe desaparecer cuando genere duplicidades.
El contribuyente no tiene por qué conocer el organigrama institucional para pagar un recibo o presentar una reclamación. La Administración debe organizarse alrededor de la necesidad ciudadana, no alrededor de sus fronteras internas.
4.- Contratos de resultados para las empresas públicas.
Las transferencias a Emproacsa y Epremasa deben vincularse a objetivos concretos:
“Calidad del agua, continuidad del suministro, reducción de averías, coste por usuario, cumplimiento de rutas, reciclaje, mantenimiento y atención de reclamaciones”.
La financiación pública no puede funcionar como una póliza de seguro contra la mala gestión, ya que, si una empresa pública necesita recursos extraordinarios, debe explicar *por qué, *durante cuánto tiempo y *con qué plan de retorno.
5.- Infraestructuras con fecha de finalización.
La provincia necesita un cuadro público de infraestructuras críticas con presupuesto, responsable, grado de ejecución, incidencias y fecha prevista de puesta en servicio.
La conexión de La Colada con Sierra Boyera, el abastecimiento de la Zona Norte y la conservación de la red viaria no pueden vivir eternamente en el territorio de los anuncios.
Una obra pública que no termina es una forma de gasto permanente sin servicio permanente.
<<La Diputación que Córdoba necesita>>
La Diputación no debe desaparecer por tener competencias supramunicipales, sino que debe dejar de confundir su importancia institucional con su tamaño administrativo.
Una Diputación útil es la que permite a los pequeños municipios *hacer más con menos; *la que concentra servicios cuando realmente ahorra; *la que presta asistencia dentro de *plazo; *la que coordina sin invadir; *la que controla sin paralizar; y, *la que publica resultados comprensibles para cualquier ciudadano.
La alternativa no consiste en una Administración provincial más grande, sino en una Administración provincial más precisa, de forma, que tenga menos capas, menos intermediarios, menos expedientes circulares y más kilómetros de carretera mantenidos, más servicios operativos y más respuestas resueltas.
La ilusión burocrática consiste en creer que una institución mejora porque aumenta su presupuesto, multiplica sus órganos y extiende sus programas. La realidad administrativa es mucho más exigente: “Una institución solo mejora cuando el ciudadano puede percibir el resultado”.
La Diputación de Córdoba no necesita otra campaña de autoafirmación institucional. Necesita una radiografía completa, un diagnóstico sin complacencias y una operación de racionalización que coloque el interés general por encima de la comodidad de las estructuras creadas.
N. B. Imágenes. Una ilusión burocrática. (Radiografía de la ineficiencia y la quiebra político-presupuestaria en la Diputación de Córdoba).
1ª.- Imagen. Una ilusión burocrática – Ningún bien permanente.
2ª.- Imagen. Radiografía de la ineficiencia.
(Nota. En conclusión, la Diputación de Córdoba no adolece de competencias inútiles, sino de capas geológicas de burocracia, puestos redundantes y un exceso de cargos eventuales sostenidos por acuerdos políticos que no reflejan la voluntad mayoritaria ni el interés general de la provincia.)
Córdoba, 13 de septiembre de 2026,
Fdo. Enrique García Montoya.
Abogado, ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.
Exdiputado provincial de Córdoba. Exdiputado del Parlamento de Andalucía.
