El artículo 103 de nuestra Constitución no es una sugerencia, sino que es un mandato imperativo constitucional, que dice, que la Administración debe servir con objetividad y que el acceso a ella se rige por el mérito y la capacidad. Sin embargo, hoy vemos diariamente una realidad paralela, que se materializa en una “colonización” silenciosa donde la lealtad al partido ha sustituido a la competencia técnica.
1.- El triunfo de la “confianza” sobre la “capacidad”.
En España hemos pasado de una Administración profesional a una de “cargos de confianza política”, de manera, que el abuso de la libre designación y la hipertrofia de asesores (personal eventual) están arrinconando a los funcionarios de carrera.
*El dato: Según la OCDE, España es uno de los países con mayor politización en su alta dirección pública.
*La consecuencia: Las decisiones estratégicas ya no las toman los mejores preparados, sino los más fieles a la sigla de turno.
2. El “fraude de la accidentalidad” en los Ayuntamientos.
Si hay un lugar donde esta invasión política es crítica, es en la Administración Local, porque los secretarias/os e interventoras/es (FHN) son los garantes de la legalidad y el control del dinero público.
Ocurre a la vista de todos, sin embargo, que se está utilizando una “patología sistémica” para sortear su independencia, que es su nombramiento accidental.
<-Plazas vacantes: Se dejan plazas sin convocar a propósito para colocar a personas sin la titulación o la oposición requerida.
<-Interventores “prisioneros”: Un interventor accidental no tiene la inamovilidad del funcionario de carrera, ya que, si se le ocurre poner un reparo incómodo para el Alcalde, será ser cesado a la mañana siguiente, lo que implica que este sistema arbitrario aniquila el control de legalidad y abre la puerta a la corrupción.
3.- La erosión del Estado de Derecho.
Esta sustitución de la tecnocracia por el partidismo no es solo mala gestión, sino que supone un cambio de modelo muy caro para el ciudadano y para nuestro estado de derecho, porque conlleva:
*Inseguridad Jurídica: Directivos sin formación generan actos administrativos deficientes que terminan en los juzgados, colapsando el sistema.
*Desviación de Poder: Se utiliza la facultad de organizar la administración no para mejorar el servicio, sino para “colocar” a afines.
*Controles tardíos: Al eliminar al “perro de guardia” interno (el funcionario independiente), el control solo llega a través de los jueces, años después de que el daño (o el desfalco) se haya producido.
<<Resumen del impacto por niveles>>
Nivel de Poder
Herramienta de Control
Efecto Real
Estado / CC.AA.
Abuso de libre designación.
Políticas basadas en intereses electorales, no generales.
Ayuntamientos
Secretarios/Interventores a “dedo”.
Debilitamiento del control del gasto y riesgo de corrupción.
Diputaciones
Macro-estructuras de asesores.
Fuga de dinero público hacia redes clientelares.
Conclusión. (Un aviso a navegantes).
La defensa del mérito y la capacidad no es una cuestión corporativa de los funcionarios, sino que la única garantía que tiene el ciudadano contra la arbitrariedad del poder.
Como bien advierten organismos internacionales, la “invasión” de los partidos en la esfera pública supone la extinción soterrada del Estado de Derecho. Si la administración deja de ser neutral, deja de ser de todos para ser solo de “ellos”.
N.B. La invasión de los partidos se está produciendo en España, cuando el carné político expulsa al mérito profesional, de forma, que los controles y equilibrios legales desaparecen y surge la arbitrariedad contraria a nuestro Estado de Derecho.
Córdoba, 22 de febrero de 2026.
Enrique García Montoya.
Abogado, ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.
Es un hecho esencial comprender que el papel las leyes es buscar el bien común, pero en la práctica, la gestión organizacional eficaz de la libertad y la prosperidad es lo que marca la diferencia para el ciudadano de a pie, de forma, que el proceso de organizar, planificar y controlar los recursos a todos los niveles del Estado persigue alcanzar sus objetivos de manera óptima y eficiente.
Aquí exponemos una reflexión analítica sobre esa “entelequia” del centrismo y la realidad del tablero político en España, porque parece que esa idea de que el centro político existe se sitúa entre un espacio irreal y un espejismo electoral, formando un bucle en movimiento constante y sin salida.
Históricamente, el centro en España ha sido más un refugio de votos indecisos, que un proyecto ideológico sólido de continuidad con proyectos, realidades e ideas concretas de libertades y derechos, porque hasta la fecha desde la UCD hasta Ciudadanos, los proyectos que han intentado ocupar ese espacio imaginario han terminado absorbidos por la polarización o si se quiere ver de otra forma, por proyectos políticos con claridad de ideas realidades de gobierno.
<-La absorción de los bloques es una realidad, porque en el sistema español actual, el “centro” parece haber quedado reducido a un mero terreno de disputa, de forma, que cuando la política se vuelve identitaria o de “bloques”, la tonalidad cambiante e imprecisa se pierde, así que, lo que muchos ciudadanos buscan de verdad, desesperadamente en España es un “proyecto políticamente armado de ideología clara y transparente”, o lo que es lo mismo, “seguridad jurídica, proyectos ejecutables y previsibilidad”, frente a la improvisación que a veces se percibe en las propuestas de la izquierda radical”, o ni siquiera se ve realizada, cuando gobierna una derecha vacilante y acomodaticia.
<-La eficacia vs. la utopía: La izquierda radical está produciendo con truenos un sentimiento de fatiga institucional, porque, la diferencia entre garantizar derechos (que requieren una base económica sólida) y prometer deseos (que pueden generar deuda y desigualdad) es la clave del debate sobre la libertad real.
<<El ciudadano – (Resultados vr. promesas)>>
Es España los partidos de listas cerradas y controlados por sus cúpulas de poder están ensimismados en sus propias inquietudes internas, y, para el ciudadano -y especialmente para quienes trabajan día a día respetando la ley-, lo importante no es la retórica política altisonante, sino los resultados tangibles:
1.- Que exista libertad económica, ya que, sin una gestión que genere riqueza, los derechos sociales se convierten en papel mojado. La “pobreza real” que aparece a simple vista en España surge porque el Estado crece a costa de asfixiar la iniciativa privada.
2.- Que exista calidad institucional, ya que, el ciudadano sufre cuando las instituciones se politizan y entran en parálisis. Un proyecto claro de país debería centrarse en despolitizar la justicia y agilizar la administración, algo que a menudo se sacrifica en favor de la agenda ideológica del momento.
3.- Que exista seguridad y respeto a la propiedad, porque son los pilares del bien común, de manera, que si se debilitan por proyectos <-irrealizables->, afectan directamente a la convivencia y al progreso.
<<El camino>>
Si el centrismo es una entelequia, lo que queda es una pugna de modelos políticos de gestión, de forma, que el reto para cualquier opción garante de los derechos y libertades de los ciudadanos que aspire a gobernar no es solo “no ser la izquierda”, sino demostrar que su defensa de las libertades individuales y la propiedad privada se traduce en una mejora directa de la calidad de vida del “pueblo soberano constitucional”.
En España, la sensación de que el político vive en una realidad paralela a la del profesional (como tú, que lidias con la realidad jurídica cada día) es muy real. La verdadera “libertad” no es solo votar cada cuatro años, sino tener un marco legal y económico que te permita desarrollar tu vida sin que el Estado sea un obstáculo constante.
(Nota: La polarización actual ha convertido el “centro” en un campo de batalla vacío, obligando a los ciudadanos a elegir entre modelos de gestión radicalmente opuestos en su concepción de la libertad.)
<<Seguridad jurídica – (La base de las libertades>>
La inseguridad jurídica es, posiblemente, el “impuesto invisible” más caro que paga una sociedad, pero, qué nadie de llame a engaño, ya que, no es solo un concepto teórico, sino que es el barro con el que los profesionales del derecho lidiamos cada día cuando alguien nos pregunta “¿qué va a pasar?”, siendo nuestra respuesta técnica, al día de hoy, más honesta un <-quizás>>, porque dependerá de la interpretación del juez o del decreto-ley que saquen el próximo día.
En estos momentos España se encuentra en una encrucijada, donde la calidad y el ámbito de la norma parece haber sido sacrificadas en el altar de la cantidad y la urgencia política real o impostada.
<<Análisis. – (Las grietas del sistema>>
1.- La hiperregulación, inflación y exigencia legislativa- (Asfixia normativa).
Estamos viviendo lo que muchos juristas definen ya como un escenario de estrés normativo, porque la producción constante de Reales Decretos-Leyes (herramienta que debería ser excepcional) para regular desde el mercado del alquiler hasta la inteligencia artificial, está generando un ecosistema, donde la norma nace ya con fecha de caducidad o con una redacción ambigua.
La consecuencia nefasta de esa regulación desmedida es que las empresas y ciudadanos no pueden planificar, pues si las reglas del juego cambian a mitad del partido (retroactividad encubierta o cambios fiscales súbitos), el capital huye a otros mercados más seguros y fiables y la iniciativa privada se paraliza.
2.- El colapso institucional y judicial.
La parálisis en la renovación de órganos fundamentales del estado de derecho, como el CGPJ y el colapso de los juzgados (que en 2026 siguen operando bajo una “lógica de resistencia”) dilata la resolución de conflictos, porque, como todo el mundo sabe, una justicia tardía no es justicia, ya que, un sistema donde una sentencia firme tarda años en llegar es, de facto, un sistema que desprotege al ciudadano frente a los abusos, ya sean del Estado, de grandes corporaciones, etc. etc.
3.- Coste social. – (Desigualdad y pérdida de libertad).
**Aquí es donde se conecta con nuestra preocupación por el “pueblo”, ya que, la inseguridad jurídica no afecta a todos por igual, así:
*Existe una brecha de defensa, pues el ciudadano medio o la pequeña empresa no tienen los recursos para sostener litigios eternos o para contratar ejércitos de consultores que les expliquen la última reforma laboral.
*Se acrecienta la vulnerabilidad, ya que, sin reglas claras, la arbitrariedad de la administración crece día a día y en todos sus niveles de poder público, lo que genera una sociedad menos libre, donde los derechos dependen más de la voluntad del gobernante de turno que de un marco legal estable e igualitario.
<<Consecuencias directas en la España de 2026>>
Factor
Impacto Real
Inversión Extranjera
Desvío de capitales hacia países con marcos más estables (Portugal, Grecia o el norte de Europa).
Vivienda
La intervención de precios y la inseguridad en los desahucios reducen la oferta, perjudicando a quien se quería ayudar.
Seguridad Jurídica
Percepción de <-riesgo país-> que encarece la financiación y frena la creación de empleo de calidad.
(Nota. “La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie”, pero estamáxima de Montesquieu se desvanece cuando la norma se vuelve confusa, pues entonces solo protege a quien puede permitirse navegar en su ambigüedad.)
Es un hecho patente, que la verdadera solidaridad no nace de la promesa de derechos sin respaldo, sino de un sistema que garantiza, que nadie -ni siquiera el Estado- está por encima de una ley clara, previsible y justa.
N.B. La defensa de una sociedad justa y democrática se basa en el hecho esencial de que el papel las leyes es buscar el bien común, pero en la práctica, la gestión de la libertad y la prosperidad es lo que marca la diferencia para el ciudadano de a pie, y, en España al día de hoy las opciones políticas están varadas en mirarse a sí mismas y en colocarse todos sus componentes y comparsas al abrigo del Estado, sea como sea.
La elecciones en Aragón han puesto de manifiesto para el partido, que lo quiera ver, que hacer “políticas socialistas” desde el poder de unos votos que no se confiaron por el pueblo votante para eso, llevan a la desesperanza de los partidos que incumplen sus promesas electorales en aras de la tranquilidad de sus políticos, de forma, que ya está muy claro, los ciudadanos, como hemos dicho, quieren <-seguridad jurídica, proyectos ejecutables y previsibilidad->, que es lo que ahora no existe en España y que es algo que hay que cambiar de principio a fin, empezando por cumplir promesas electorales a los ciudadanos, que para eso votaron a esos partidos, pues lo contrario genera desconfianza del pueblo en esos partidos políticos con las consecuencias que se han visto en estas elecciones regionales.
He venido escribiendo sobre el problema de la inseguridad jurídica en España, pero ha llegado un momento en que el “arancel” que supone, es algo inasumible, porque, junto a la inercia institucional y a la fragmentación regulatoria estamos instalados en un desastre permanente, que impide hacer nada, pues estamos presos en arenas movedizas.
Todos sabemos que un contrato es solo papel si no hay un sistema que lo respalde y voluntad de los firmantes en su cumplimiento, sin embargo, en la España de 2026 nos enfrentamos a un hecho que puede percibirse a simple vista silencioso y devastador, pues la “Inseguridad Jurídica” se ha convertido en una patología sistémica. No es solo que haya muchas leyes o normas, que las hay, en todos los niveles del Estado, sino que es, que el <-sistema operativo-> de nuestro Estado Autonómico está consumiendo toda su memoria RAM (memoria principal y temporal) en procesos burocráticos inútiles.
1.- El Laberinto de las 17 velocidades.
Es un hecho patente que España no funciona como un mercado único, sino como 17 ecosistemas estancos, de forma, que esta fragmentación crea una barrera de entrada invisible, y, por ejemplo, muchas grandes empresas que querrían invertir nacionales y /o extrajeras y, así como, PYMES prefieren no invertir o crecer antes que enfrentarse al coste de cumplir 17 normativas distintas, lo que conlleva a que si una empresa se paraliza y no escala ni innova, los salarios se estancan entrando en un círculo vicioso del que les es imposible salir. Dicho de otra forma, es una espiral perversa que nace en el BOE y Boletines Autonómicos, terminando en el bolsillo de los ciudadanos desorientados y aterrados ante la incertidumbre que lo inunda todo.
2.- Bulimia legislativa y el abuso del Real Decreto-ley.
Se ha normalizado en todos los niveles del poder público (Estado, CC.AA., y, Corporaciones Locales) el uso de la “urgencia” para gobernar a golpe de titular, de manera, que se dictan decretos, normas, ordenanzas, etc. de toda clase y color, que está provocando una hiperproducción normativa de baja calidad, que genera un “derecho líquido”, dónde las reglas cambian antes de que la justicia con su doctrina y jurisprudencia pueda siquiera interpretarlas y, para la empresa y para cualquier un inversor esto es demasiado veneno, pues nadie expone su capital donde el árbitro puede cambiar las reglas a mitad del partido, y, además, no se priva de hacerlo.
Este fenómeno bulímico se da cuando los gobiernos (a cualquier nivel) aprueban un volumen excesivo de leyes y normativas en un corto período de tiempo, especialmente al final de una legislatura, lo que genera confusión, falta de calidad jurídica y dificultades para su implementación.
3.- Propuestas para una reingeniería del Estado.
El arreglo de esta situación desgraciada pasa por ir de la queja a la solución, y, proponemos con criterio abierto tres medidas disruptivas, que van más allá de la cosmética política y que se pueden ampliar en muchas más, así:
<-Cláusulas de caducidad, de manera, que toda ley o norma que afecte a la economía debería caducar automáticamente a los 5 años si no demuestra, con datos en la mano, que ha cumplido sus objetivos de eficiencia, lo que llevaría a legislar con calidad, no con cantidad.
<-Instalar una IA predictiva judicial, que de ninguna manera, trataría de sustituir al juez, sino de implementar sistemas que alerten sobre la unificación de doctrina, de manera, que si un algoritmo detecta un 90% de probabilidad en un fallo basándose en el Supremo, incentivamos el acuerdo extrajudicial y desbloqueamos el colapso de los juzgados.
<- Entornos de pruebas controlados para blindar proyectos de innovación con un marco jurídico estable por 10 años, protegiéndolos de la volatilidad legislativa a cambio de inversión y empleo real.
4.- El verdadero freno (El Coste Político).
La reforma no se hace porque la seguridad jurídica no da votos a corto plazo, porque quitarle, por ejemplo, el Real Decreto-ley al político de turno es quitarle su principal herramienta de marketing y, que, además, tiene efectos inmediatos, con la diferencia que el beneficio de unas reformas serias para lograr seguridad jurídica se vería en una década, y, en cambio, su coste político (la pérdida de poder discrecional) es inmediato.
5.- El Caso Julio Iglesias como paradigma.
Don Javier Gómez de Liaño ha publicado en el diario Libertad Digital con fecha 25/1/2026 – 21:04, un artículo sobre este tema con el título de “Una investigación inconsistente e incoherente”, donde se pregunta:
¿Hasta cuándo los temores de parcialidad del Ministerio Fiscal? ¿Hasta dónde llegará el desenfrenado galope del descrédito?
(Nota. Recomiendo su lectura como una obligación y se verá hasta dónde puede llegar la inseguridad jurídica en España).
<<Conclusión>>
La inseguridad jurídica ha dejado de ser una molestia procedimental para ser un freno al talento, porque es indudable, de que en un mercado global, el capital no huye solo de los impuestos altos, huye del ruido y la incertidumbre.
España necesita recuperar la -certeza- como valor de Estado, frente a la incertidumbre establecida, porque ya no es una opción ética, sino que es una necesidad de supervivencia social, personal y económica.
N. B. La Inseguridad Jurídica el Problema en el que estamos instalados y que exige luchar contra él, pues estar callados, silentes y cautivos es ser cómplice de la destrucción de nuestros derechos y libertades constitucionales.
Córdoba, 27 de enero de 2026.
Fdo. Enrique García Montoya.
Abogado ICA-Córdoba – Inspector de Trabajo y S. S.
Un grupo amplio de lectores me piden una opinión sobre la inflación, porque dicen, que observan subidas de precios excesivas, sobre todo, en alimentación, vivienda y energía, así que, con la colaboración de los asociados de Córdoba Abierta -ACOA- presentamos un artículo breve y ajustado a la realidad de Córdoba, así:
Existe inflación cuándo suben los precios de cosas como comida, gasolina o alquiler.
<<Inflación en Córdoba>>
(Nota: En principio, utilizamos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) hasta agosto de 2025 y explicamos las diferencias entre la capital y los pueblos, la inflación en alimentación y qué pasará en el futuro, finalmente, fijaremos mi opinión personal y de ACOA).
En este año 2025, los precios en España subieron un 2,7% (hasta agosto). En Córdoba (Provincia), un 2,2% (dato de junio). Suben menos que en Andalucía (3,4%) por el sector agrícola y el turismo.
<<Capital vs. Pueblos>>
*Córdoba Capital: Los precios suben 2,2%. Lo más caro: restaurantes (+3,5%), luz/gas (+2,8%), alquileres.
*Pueblos (ej. Pozoblanco, Baena): Suben 2,0-2,3%. Lo más caro: comida fresca (+3,2%), gasolina (+4%). La vida está marcada por la incertidumbre, de forma, qué la comida pesa cada vez más en el presupuesto familiar.
<<Precios de la comida>>
*La comida subió un 2,5% en Córdoba:
–Capital: 2,4%, más en restaurantes.
–Pueblos: 2,7%, más en frutas (+4,2%) y verduras (+5%) por sequías.
–Ejemplo: Café y huevos, hasta +15% por clima y costes.
**Riesgos: Apuntamos, por ejemplo, que si la gasolina sube, podría llegar a 2,7%. Si baja, al 2,0%.
<<En resumen>>
Según los datos del INElos precios suben poco en Córdoba (2,2%). En la capital, afectan más en restaurantes; en pueblos, en la comida. Para 2026, subirán menos.
<<Opinión personal y de Córdoba Abierta -ACOA->>
Nuestras comprobaciones llevan a una conclusión más pesimista sobre la inflación al final del 2025, teniendo en cuenta que nos basamos en datos cogidos directamente de mercados, super mercados y comercios de la Capital y de la Provincia, sobre todo en la comida, de forma, que nuestra previsión, teniendo en cuenta los precios de la vivienda, de la comida, especialmente, alimentos frescos y fruta, y, de los restaurantes, es que los precios subirán al menos un 3,5% de media; y, que para 2026 la subida se mantendrá en ese nivel de precios.
A todo lo anterior hay que sumar, la incertidumbre política y la inseguridad jurídica que se ha apoderado de la Nación, lo que llevará, sin duda, a que la inflación continue en ascenso, de forma, que los ciudadanos intentan ahorrar lo que pueden, mientras las empresas asegurarán sus precios a la realidad económica aumentando los mismos y asegurando beneficios a corto plazo, pues no tienen ni idea de los pasará mañana en la política, en la seguridad jurídica y en el funcionamiento de las instituciones a todos los niveles.
Lo que está ocurriendo en la justicia con un Presidente del Gobierno atacando directamente a los jueces y la postura extralegal del Tribunal Constitucional ocupando el lugar del Tribunal Supremo, así como, el funcionamiento anormal de las instituciones básicas de la Nación llevará a que la incertidumbre y la desconfianza en el funcionamiento del Estado produzca efectos inflacionarios.
N.B.La inflación en Córdoba y Provincia en nuestra vista rápida y breve es que los datos oficiales del INE son demasiados optimistas, teniendo en cuenta nuestras comprobaciones directas.
Desde nuestra Asociación Córdoba Abierta -ACOA- lanzamos otro mensaje: “La inflación seguirá en ascenso, porque todos los indicadores comprobados (salarios, impuestos, tasas, cotizaciones, etc.) marcan indicios claros de subidas superiores a los datos del INE, a lo que hay que sumar la desconfianza psicológica en el funcionamiento de las instituciones básicas del Estado que se ha apoderado de los españoles”.
Córdoba, 14 de septiembre de 2025.
Enrique García Montoya.
Abogado ICA Córdoba, Inspector de Trabajo y S.S.
Presidente de la Asociación Córdoba Abierta (ACOA).
Unos lectores me dicen que ellos son partidarios de lo público, pues dicen que la mayoría de los servicios públicos deben estar administrados por un poder de carácter público.
1º.- Para empezar les digo, que no me refiero nunca a servicios esenciales, como pueden ser el orden y la seguridad públicas, la defensa, las infraestructuras, las comunicaciones básicas, la justicia y, así, un largo se asuntos de interés general.
2º.- Dicho lo anterior, aclaro, que cualquier asunto administrado por un poder público, aunque suene a verdad de Perogrullo, lo que digo es que “lo que tiene que estar es bien administrado”, de forma, que se excluya cualquier abuso de poder, como pueden ser por ejemplo, realizar gastos superfluos e innecesarios, cargar de personal afín al poder político de turno, aumentar los gastos de personal de manera que se cree una plantilla de personal desproporcionada, y, en definitiva casos parecidos donde el dinero de todos se despilfarra en temas interesados e innecesarios.
3º.- Cuando digo, que el Sector Público está sobredimensionamiento es porque creo que para cumplir sus objetivos su estructura física y de personal está desequilibrada, pues, con casi seguridad con un 60% de los recursos bien gestionados los fines se alcanzarían igualmente, y, porque muchos gastos se dirigen a cosas inútiles, dejando de realizar inversiones necesarias sociales y económicas, de forma, que siempre se da prioridad a la que “llaman creación de empleo público”, sea o no sea necesario.
4º.- A la vez de todo lo dicho, es una realidad que se ve, que los poderes públicos en España crean a su alrededor una maraña de entes, empresas, asociaciones, fundaciones, observatorios, etc. etc., que suelen tener como características dominantes una carga de personal excesiva, un dominio de la contratación arbitrario, una falta de control relevante, y, en definitiva falta de transparencia y una opacidad excluyente.
5º.- Finalmente, es una realidad que en España existen en sus administraciones públicas (Gobierno Central, CC.AA., Corporaciones Locales y demás, Instituciones Públicas) una cantidad desconocida de entes paralelos incontrolados, que nadie conoce, ni siquiera la Hacienda Pública.
***Creo que con lo dicho he dejado centrada la cuestión, reiterando que no soy contrario a lo público sino a su mala administración en su más amplio sentido.
En España, para desgracia nuestra, no hay día que no aflore un abuso en el gasto público, que según las noticias va desde gastos de viajes fastuosos, apoderamiento del dinero público, contrataciones indebidas y contra ley de toda clase y color, gastos excesivos de personal sin control, algunos casos, según se ve de contratación de señoritas de acompañamiento completo, y, casi una lista interminable de despilfarro interesado del dinero de todos.
En mi opinión es una cosa patente, que la mayoría de los españoles si pudieran cortaría ese grifo infame, aunque, la realidad diaria demuestra que la aplicación de la ley no es igual para todos, de manera, que si un político de turno comete un abuso, máxime, si está aforado, la ley se le aplica a cámara lenta, a la vez que se rodea de asesores jurídicos, que muchas veces que pagamos todos los españoles, y, así, se crea un páramo de impunidad para vergüenza de todos.
Si el que comete el abuso es un ciudadano de a pie, la cosa cambia radicalmente, de forma, que se le juzga sin miramiento alguno y se le exigen las responsabilidades legales oportunas.
Queda claro, que la ley en España no es igual para todos ni se aplica de forma igual a todos, ya que, por un lado están los políticos varios y por otro los ciudadanos de a pie.
El poder judicial no está exento de responsabilidad, ya que, cuando existe un asunto que llamaremos político parece que cambian las reglas del juego desde la agilidad procesal al trato exquisito que se presta al político de turno.
Si alguien lo duda, que le ponga un pleito a una Administración Pública mínimamente relevante y verá que lo que sucede, que no es lo mismo, que le pasa a él cuando acude a pedir justicia a un órgano judicial.
Los políticos está demostrado, que ya no cumplen la ley ni por asomo, parapetándose sin pudor bajo los aforamientos excluyentes, que los convierten en inimputables, de manera, que ya, solo podemos confiar en la autodefensa y en algún poder judicial que aún sobrevive independiente e imparcial.
Es un hecho abrumador, que carece de sentido la C. E. de 1978 cuando dice (art. 1.1), “que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.
Está clarísimo, que los que creemos en la igualdad y en la aplicación justa de la ley consagradas en la C. E. de 1978 estamos al otro lado de la carretera, de forma, que lo que establece la Constitución, **o salimos a defenderlo **o nos sometemos cautivos, de manera, que cada uno vaya a donde quiera, pero el que suscribe está en los terrenos de la libertad y, según parece, otros muchos también.
(Nota. Así mismo, es un hecho que nos movemos en un círculo casi perfecto de inseguridad jurídica, que solo genera incertidumbre y que hace que la inversión extranjera de calidad está en retroceso en España, de forma, que ahora solo vemos inversiones por apoderamiento de empresas esenciales en nuestra economía por parte de capitales extranjeros, que no buscan realmente realizar inversiones productivas sino arramblar con toda nuestra riqueza a precio de saldo.).
***Es necesario un cambio de rumbo radical y total, ya que, si no adoptamos medidas inmediatas de reestructuración social, económica y política inmediata, vamos directos a una situación de bancarrota con todas las consecuencias negativas para nuestra Nación en su conjunto.
La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender la libertad y la justicia, lo que significa, que frente a la desmesura y los abusos de lo público solo cabe ya la autodefensa, pues, si sociedad civil no se despierta y pasa a la autodefensa, nos someterán cautivos y callados.
La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender a Andalucía y Córdoba, de forma, que empezar conociendo la verdad y pasar a la autodefensa colectiva, es lo único que puede salvarnos de políticas de falsa equidad, que nos llevan a la ruina, y, que se justifican diciendo que defienden lo público, cuando es algo manifiesto que la realidad es abuso de lo público.
En eso estamos en ACOA.
N.B. Es una realidad perniciosa el sobredimensionamiento del sector público donde priman los gastos de personal y los Entes paralelos, mientras la inversión real está decreciendo día a día-
Si a lo dicho, añadimos que la opacidad es la norma general, se puede empezar a entender porque en España existe una inflación de lo público, que crece y aumenta sin control.
Un adivinanza imposible: ¿Cuántos entes públicos desconocidos, incontrolados y absolutamente opacos existen en España?
Les pongo una exclamación que ya todos entendemos: Pues… ESO.
Por si faltara algo, en España ha nacido un poder autoritario que crece por momentos, ocupando por la fuerza todos los espacios de libertad, de forma, que ahora solo cabe autodefenderse o someterse cautivo.
