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Coste político y financiero del pacto PP-IU en la Diputación de Córdoba (2026)

Un grupo numeroso de lectores me ha planteado su malestar por el acuerdo presupuestario entre el Partido Popular e Izquierda Unida en la Diputación de Córdoba, y, muchos se preguntan si este pacto justifica retirar el apoyo al PP en las próximas elecciones municipales.

Mi respuesta es clara:

“Esta vez el PP del Ayuntamiento de Córdoba no contará con mi voto, porque hay decisiones que un elector de centro-derecha no puede tolerar sin traicionar sus propios principios”.

El presupuesto consolidado de la Diputación para 2026 alcanza los 522,9 millones de euros, un récord histórico, y, su aprobación fue posible gracias a la abstención de IU. Este acuerdo no solo garantiza una paz silenciosa llena de renuncias a los principios y promesas de, P. P. en la Institución provincial, sino que implica compromisos financieros sustanciales en áreas ideológicamente sensibles para la derecha:

“Memoria democrática, rescate de empresas públicas deficitarias e inversión municipal condicionada – Aumento del gasto público”.

(Nota.- El presupuesto consolidado de la Diputación de Córdoba ha crecido en 137,9 millones de euros (un aumento del 35,8%) desde el primer ejercicio económico elaborado íntegramente bajo la presidencia de Salvador Fuentes (PP) en 2024, hasta el recién aprobado presupuesto para 2026.

*Presupuesto consolidado:

2024    385,0 millones de €. -+1,8%

2025    431,0 millones de € -+11,9%

2026    522,9 millones de € -+21,3%.)

<<Desglose financiero del pacto – (lo que cuesta y por qué importa).

1.- Memoria democrática y exhumaciones: 400.000 € directos + 110.000-120.000 €/año recurrentes.

El acuerdo asegura financiación provincial para políticas de Memoria Democrática, exhumación de fosas comunes y divulgación histórica, estructurada en dos bloques:

<-Convenio plurianual para fosas de Córdoba capital: 400.000 € de aportación de la Diputación, cofinanciados con el Ministerio, la Junta y el Ayuntamiento (total 1,6 millones), destinados a excavación, antropología forense e identificación genética en las macrofosas de La Salud y San Rafael.

<-Presupuesto ordinario anual de Memoria Democrática (110.000 – 120.000 €/año):

*Cátedra de Memoria Democrática (UCO): 50.000 € para investigación, digitalización de archivos y divulgación.

*Subvenciones a entidades memorialistas: 40.000 € para jornadas e intervenciones provinciales.

*Proyectos memorialistas municipales: 20.000-30.000 € para actividades en municipios como Espejo, Aguilar de la Frontera o Almodóvar del Río.

***Resumen: 400.000 € directos para exhumaciones en la capital y 110.000-120.000 € anuales recurrentes para gestión memorialista.

2.- Cobertura del déficit de empresas públicas – (13,14 millones de euros).

IU ha logrado blindar el carácter 100% público de servicios básicos, evitando que las pérdidas de explotación se trasladen a tarifas ciudadanas:

*Emproacsa (Aguas de Córdoba): Cobertura de 6,4 millones de euros de déficit operativo proyectado mediante transferencias de capital, sin aplicar subidas del IPC en tarifas.

*Epremasa (Gestión de Residuos): Déficit previsto de 6,74 millones, con aportación compensatoria inicial de 2,7 millones y compromiso de transferencias extraordinarias para cubrir el saldo negativo total.

3.- Plan Diputación Invierte 2026 – ( 20,6 millones de euros) – Aumento del gasto público.

Núcleo de la inversión territorial exigida por la oposición para inyectar liquidez directa en municipios (crecimiento del 26,4% respecto a presupuestos anteriores):

*Servicios e infraestructuras locales: más de 15,7 millones (obras, redes de agua, viales).

*Actuaciones generales: 1,87 millones (90 proyectos de acondicionamiento).

¨*Protección y promoción social: 0,91 millones (31 iniciativas sociales locales).

Financia 784 actuaciones en 76 municipios, 4 ELAs y 10 mancomunidades.

4.- Refuerzo de servicios sociales e infraestructuras – (Aumento del gasto público).

*Consorcio Provincial de Bomberos: Más de 45 millones para prevención y extinción de incendios.

*Gasto social e inversión municipal: Incremento global de más de 50 millones (+14,92% respecto a 2025) para blindar servicios comunitarios en localidades con menor población.

<<Análisis crítico – (vínculo Bellido-Fuentes – clave)>>

El verdadero problema político no es solo financiero, sino de coherencia ideológica y de marca electoral. Salvador Fuentes, presidente de la Diputación y mano derecha de José María Bellido en la candidatura municipal, encarna la fusión entre gestión municipal y provincial, lo que genera un efecto de contagio directo:

El malestar por el pacto provincial se traslada automáticamente como factura electoral a la lista del Ayuntamiento de Córdoba.

<<Tres planos de desgaste político>>

1.- Contagio de la marca municipal: El electorado de derechas no distingue entre política provincial y capitalina cuando la misma figura (Fuentes) lidera ambas cotas de poder.

2.- Pérdida de la coartada técnica: Resulta difícil justificar ante el votante ideológico que el acuerdo responde a una mera “necesidad técnica”, cuando quien lo rubrica es un referente político del partido a nivel provincial y local.

3.- Alimentación del relato de VOX: Para la derecha a la izquierda del PP, esta situación es un balón de oxígeno permanente que permite armar un discurso potente:

“No importa a quién votes del PP (Bellido o Fuentes), porque acabarán financiando el ideario de la izquierda con tus impuestos”.

<<La consolidación de la “abstención del castigo”>>

El votante conservador tradicional, que quizás no da el paso de votar a VOX, encuentra en la figura de Fuentes un motivo claro para quedarse en casa, ya que, siente que la “mayoría social” que apoyó al PP se utiliza para dar cobertura financiera a proyectos con los que choca frontalmente. Si la percepción ciudadana es que el PP ha cruzado líneas rojas ideológicas para asegurar la gestión diaria, el coste no será un desgaste temporal, sino un trasvase estructural de votos y una desmovilización difícil de remontar.

<<Perspectiva innovadora – (el pacto como síntoma de un Estado fallido).

Más allá del coste financiero inmediato, este acuerdo refleja una dinámica estructural de fragmentación y debilidad institucional que caracteriza a lo que algunos analistas denominan un “Estado fallido” en ciernes. La necesidad de pactar con formaciones ideológicamente distantes para aprobar presupuestos revela una incapacidad de gobernar con mayoría propia, lo que erosiona la legitimidad democrática y alimenta la desconfianza ciudadana.

En este contexto, el pacto PP-IU en Córdoba no es un hecho aislado, sino un síntoma de una crisis más profunda de representatividad y coherencia programática que afecta a todo el sistema político español.

N. B. Imagen. El coste del pacto presupuestario entre el PP e Izquierda Unida en la Diputación de Córdoba para 2026.

(Nota. Elementos clave representados en la ilustración:

  • El intercambio del acuerdo: Se muestra la entrega simbólica de fondos presupuestarios de las cuentas públicas de 2026 hacia las prioridades e iniciativas impulsadas por Izquierda Unida (como las partidas dedicadas a la Memoria Democrática y el rescate de empresas públicas deficitarias – Todo aumento del gasto público.).
  • El contraste ideológico: La composición pone en evidencia la firma y alianza política entre ambas formaciones en el marco institucional de Córdoba.
  • La crítica electorado del PP: En el plano posterior se refleja el descontento y la sensación de desencanto por parte de los votantes del Partido Popular ante la renuncia a sus líneas programáticas tradicionales para asegurar la aprobación presupuestaria.)

Córdoba, 26 de septiembre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. – Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exconcejal  Ayuntamiento y Exdiputado provincial de Córdoba. Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

La Colada -(el embalse que volvió a llenarse y siguió enfermo)

Cada día recibo correos de los lectores del blog, pidiendo información sobre el embalse de La Colada, pues según dicen no entienden la situación en que se encuentra enfermo y desahuciado, así que intentaré explicar de forma clara y  sencilla el problema que tenemos irresuelto y abandonado por las administraciones responsables, aunque lo verdaderamente intrigante es que no pasa nada y el embalse sigue enfermo y contaminado.

<<Un problema que no cabe en una sequía>>

La Colada ha demostrado una verdad, que las políticas hidráulicas suelen olvidar:

“Llenar un embalse no equivale a recuperar un territorio”.

El agua ha vuelto al vaso, pero la confianza no. Durante 2026 la presa cordobesa permaneció sometida a restricciones de baño por la presencia de cianobacterias potencialmente tóxicas y llegó a ser la única zona de baño andaluza que continuaba cerrada por este motivo.

Lo dicho rompe el relato cómodo de la recuperación, porque agua hay, pero la crisis se ha instalado de forma permanente, de manera, que *hay volumen, pero no seguridad ecológica, *hay Administraciones, pero no un mando público capaz de responder por el conjunto.

<<La trampa del agua abundante>>

Durante demasiado tiempo, la conversación se ha reducido a una pregunta inadecuada: ¿hay agua suficiente?

La pregunta correcta es otra:

¿podemos confiar en esa agua y en el sistema que debe protegerla?

La Colada obliga a distinguir entre tres cosas que no son equivalentes: *el agua almacenada, *el agua ambientalmente sana y *el agua que puede convertirse en agua de consumo con garantías razonables.

La primera puede recuperarse con lluvias; las otras dos requieren depuración, vigilancia, disciplina y tiempo.

Cuando un embalse necesita más reactivos, más carbón activo, más controles y más barreras de tratamiento, el coste de la mala gestión aguas arriba aparece en la factura de la potabilización. El problema se desplaza, pero no desaparece.

<<El enemigo no es una sola causa>>

Es fácil elegir un culpable único, de forma, que se culpa a la ganadería, a los purines, a los municipios o a la Administración competente, pero la contaminación de una cuenca no se prueba con intuiciones ni con consignas.

La pregunta seria es cuánto nitrógeno y fósforo aporta cada fuente, y, para responderla hay que medir vertidos urbanos, depuradoras, colectores, escorrentías, instalaciones ganaderas y sedimentos del propio embalse. Las informaciones publicadas sobre la EDAR de Pozoblanco -con una concentración media de fósforo de 4,6 mg/l y un rendimiento de depuración del 32,16 % en 2025- sugieren que el saneamiento urbano forma parte del problema, aunque no permiten cerrar por sí solas toda la explicación causal.

La política ambiental adulta empieza cuando abandona la comodidad del culpable único y acepta la incomodidad del balance de masas.

<<La Administración como sistema roto>>

La Colada no padece solamente una crisis ambiental, sino que padece una crisis de arquitectura pública.

*La Confederación (CHG) vigila el dominio público y los vertidos; *la Junta interviene en sanidad, depuración y calidad; *la Diputación y Emproacsa participan en el abastecimiento; y, *los ayuntamientos gestionan piezas esenciales del saneamiento. Cada institución puede exhibir una competencia, pero ninguna parece asumir el resultado completo.

Eso es gobernanza por compartimentos, de forma,  que cada expediente tiene dueño, pero el problema no.

La solución no es crear una nueva agencia con un logotipo y ningún presupuesto, sino que lo que hay que hacer es *designar una dirección técnica única, *aprobar un calendario vinculante, *publicar indicadores y *hacer que cada retraso tenga nombre, fecha y consecuencia.

<<La revolución pendiente – (dejar de gestionar el final de la tubería)>>

La respuesta convencional consiste en reforzar la potabilización y, sin duda, es necesario, pero insuficiente, ya que, una ETAP mejor preparada puede proteger al consumidor, pero no puede regenerar una cuenca contaminada.

La revolución consiste en invertir la lógica: *primero se corta la entrada, *después se restaura el vaso y *al final se perfecciona la barrera de abastecimiento.

***Eso significa:

*depuradoras capaces de eliminar nutrientes, no solo de cumplir formalmente una depuración básica; *colectores inspeccionados y aliviaderos controlados; *purines almacenados y aplicados con trazabilidad; *muestreos en cada tributario relevante; *datos abiertos y comprensibles; y, *pilotos científicos antes de comprar soluciones milagrosas.

La prioridad no debe ser la tecnología más vistosa, sino la medida que reduzca de forma demostrable la carga contaminante que llega al embalse.

<<Derecho vs. diagnóstico>>

La indignación ciudadana solo se convierte en acción eficaz cuando se traduce en obligaciones exigibles.

La Ley 27/2006 permite reclamar información ambiental, participar en decisiones con incidencia ambiental e instar la revisión de actos y omisiones contrarios a la normativa. El artículo 29 de la LJCA puede ser útil frente a obligaciones concretas incumplidas, pero no sirve para pedir a un tribunal que diseñe una política pública genérica de regeneración.

Por eso, el expediente debe construirse como una cadena de precisión:

“*qué obligación existía, *quién la tenía, qué plazo venció, *qué prueba acredita el incumplimiento y *qué daño se produjo”.

La vía penal, si procede, debe ser el último eslabón de una investigación sólida, no el primer titular. La responsabilidad patrimonial exige daños concretos, individualizados y causalmente conectados con el funcionamiento del servicio público.

Es un hecho patente, que la pluralidad de Administraciones no crea por sí sola una responsabilidad solidaria.

<<Un pacto con cláusula de incumplimiento>>

La propuesta es sencilla de decir y difícil de esquivar: “Un contrato de recuperación de La Colada con horizonte que no supere cinco años”.

***No un protocolo ornamental, sino un pacto con cinco cláusulas públicas:

1.- datos abiertos cada semana;

2.- mapa de entradas contaminantes y responsables;

3.- plazos obligatorios para depuración y saneamiento;

4.- evaluación independiente de cada actuación;

5.- consecuencias administrativas ante el incumplimiento.

El indicador de éxito no será el número de ruedas de prensa, ni el dinero anunciado, ni el volumen embalsado, sino que será *la reducción verificable de nutrientes, *la desaparición sostenida de episodios de cianobacterias, la recuperación de la calidad ecológica y *la existencia de un abastecimiento redundante y seguro.

<<Conclusión>>

La Colada no está condenada, pero tampoco está recuperada porque vuelva a tener agua, la verdad es que está ante una elección política y administrativa: “Continuar administrando síntomas o empezar a gobernar causas”.

La sequía fue el detonante, pero la contaminación acumulada, la fragmentación competencial y la opacidad explican la persistencia. El futuro del embalse dependerá de si las instituciones aceptan que la seguridad hídrica no consiste en encontrar agua, sino en protegerla antes de que sea demasiado tarde.

N.B. Imagen. La Colada –  (el embalse que volvió a llenarse y siguió enfermo).

(Nota. Solo la Diputación de Córdoba, con el mayor presupuesto de su historia, gasta más en apertura de fosas, política radical de I. U. y en subvencionar empresas públicas ruinosas a fondo perdido, que en recuperar el embalse de La Colada.)

Córdoba, 24 de septiembre de 2026.


Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. – Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exdiputado provincial de Córdoba. Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

Pateras taxi – un negocio en aumento – (Impacto en Andalucía y Córdoba)

Un grupo muy amplio de lectores y clientes de la costa andaluza nos piden información clara y lo más completa posible sobre el tema de las embarcaciones de todo tipo y color, que continuamente cruzan el Estrecho trayendo a las costas andaluzas inmigrantes ilegales, sin que haya modo por ahora de controlar ese tráfico humano continuo y sin que se pueda frenar con los medios y formas actuales, así que, hemos elaborado un informe-análisis del asunto que nos consultan.

(Nota preliminar. Es un hecho desgraciado y peligroso que a las costas españolas llegan diariamente embarcaciones (pateras, lanchas, etc.), tal como ha ocurrido en Murcia dónde en unos días han arribado a la luz del día tres pateras cargas de inmigrantes ilegales, de forma, que aunque el asunto de Ceuta es preocupante y grave, el hecho diario es que estamos siendo invadidos sin que el Gobierno de la Nación haga nada para impedir y/o controlar cientos de arribadas a todas nuestras costas, que en su conjunto son tantos o más  inmigrantes que los que han invadido Ceuta.).

1.- Análisis operativo y modelo de negocio.

El tráfico clandestino en el Estrecho de Gibraltar ha cambiado, que en las costas adaptándose a las nuevas tecnologías y mutado profundamente, abandonando las barcas precarias para adoptar el modelo logístico del narcotráfico marítimo.

<-Alta velocidad y tecnología: Se emplean lanchas semirrígidas de 8 a 12 metros con motores de 300 CV a 900 CV y motos de agua, capaces de cruzar el Estrecho en un tiempo récord de entre 15 y 35 minutos.

<-Táctica toco y me voy : Descarga exprés en calas apartadas y huida inmediata del piloto para evitar la incautación de la nave.

<-Estructura de costes y alta rentabilidad: Un trayecto con 8 a 12 pasajeros genera ingresos brutos de entre 40.000 € y 60.000 € por viaje. Las embarcaciones se amortizan en apenas uno o dos trayectos exitosos.

2.- Tarifas del pasaje.

*** El coste del billete varía según el medio, las condiciones y la presión policial:

<-Motos de agua: Entre 2.500 € y 4.000 € (15-20 minutos de trayecto).

<-Lanchas rápidas / Semirrígidas: Entre 2.500 € y 6.000 €, pudiendo alcanzar los 9.000 € en momentos de alta demanda.

<-Pateras convencionales / Gomas: Entre 1.000 € y 2.000 € (2 a 5 horas de trayecto).

(Nota. Los patrones de las embarcaciones cobran cantidades enormes de dinero por cada inmigrante que trasportan, de manera, que hay siempre patrones dispuestos a realizar una travesía, y, donde la guardia civil -por personal y medios- está impotente y sobrepasada.)

3.- Financiación y el sistema Hawala.

<-Inversión comunitaria y familiar: El pago suele asumirlo la familia extensa en origen o allegados en la Unión Europea a cambio de futuras remesas.

<-Intermediarios no regulados (Hawala): El dinero no se entrega en mano al piloto en la playa; un intermediario (hawaladar) retiene los fondos en origen y solo libera el pago a la red criminal cuando el migrante confirma que ha pisado suelo peninsular.

4.- Dinámicas de llegada y la “cifra negra”.

*Rutas principales: Destacan la ruta del Estrecho (Cádiz/Málaga desde Ceuta y norte de Marruecos), la costa atlántica/mediterránea de Marruecos y la ruta argelina hacia Almería, Granada y Murcia.

*Volumen oficial: Las entradas marítimas a la Península y Baleares superan las 9.500 personas en lo que va de año.

*El flujo invisible (Coeficiente de ocultación): Los expertos estiman una “cifra negra” de entre un 10% y un 20% adicional de llegadas no registradas (cientos de personas al año, entre 500 y 1.500 individuos), debido a la extrema rapidez de las pateras-taxi que logran dispersarse antes de la intervención policial.

*Distribución provincial: Cádiz lidera el fenómeno de las pateras-taxi y motos acuáticas; Almería concentra un alto volumen de pateras convencionales procedentes de Argelia; y Málaga y Granada actúan como destinos intermedios del arco mediterráneo.

5.- El Impacto en Córdoba – (Territorio de tránsito).

***Córdoba no cuenta con costa, por lo que actúa exclusivamente como un nodo secundario y de tránsito dentro de la red migratoria andaluza:

<-Conexión directa: Los migrantes proceden fundamentalmente de la provincia de Cádiz (a través de la autovía A-4 y el ferrocarril) y, en menor medida, de Málaga y Almería.

<-Modo de llegada: Mediante derivaciones humanitarias y policiales (debido a la saturación de los CATE en la costa) o utilizando transporte público y redes familiares tras quedar en libertad con un expediente de expulsión.

<-Volumen y perfil: Absorbe un porcentaje minoritario (inferior al 2% o 3% de las llegadas andaluzas). La gran mayoría transita rápidamente hacia otras regiones (Madrid, Cataluña, Levante), y solo una parte reducida se asienta temporalmente para engancharse a campañas agrícolas específicas, como la recogida de la aceituna.

<<Conclusión innovadora, crítica y disruptiva>>

Las “pateras-taxi” no son una anomalía del sistema de seguridad, sino su consecuencia directa y previsible. Cuando se blinda la frontera o se saturan las rutas lentas, el mercado negro responde con un principio económico elemental: la innovación logística. Las mafias han clonado el modelo del narcotráfico (alta velocidad, rentabilidad exprés y riesgo diluido) para aplicarlo al tráfico de seres humanos, convirtiendo el Estrecho en una autopista de contrabando donde el Estado siempre llega tarde.

<-La falacia del blindaje: Cuanto más sofisticada es la barrera en la costa, más se encarece el pasaje y más se profesionalizan las mafias, transformando al migrante en un “cliente de lujo clandestino” que paga hasta 9.000 euros por 20 minutos de travesía.

<-El efecto espejo en el interior: Provincias como Córdoba no sufren una invasión, sino el rebote sistémico de un embudo mal diseñado en la costa, que empuja a las personas a la invisibilidad y a la economía sumergida ante la falta de una estrategia de integración real.

<-La verdadera solución: El negocio de las pateras-taxi solo se destruirá el día que el Estado decida arrebatarle el monopolio del transporte a las mafias.

Mientras cruzar legalmente sea una quimera burocrática y el tráfico ilegal mueva hasta 60.000 euros por viaje, las lanchas seguirán volando sobre el Estrecho.

La única ruptura real pasa por establecer canales de movilidad legal y visados de tránsito en origen, vaciando de clientes a las redes criminales antes de que toquen el agua.

N.B. Imagen. (Pateras taxi – Inmigrantes – Conclusión innovadora y crítica).

(Nota. Nuestros cálculos son estimativos, partiendo de datos y cifras ciertas, aunque creemos que nos quedamos cortos detallando el fenómeno de la invasión silenciosa que se está produciendo en las costas españolas y andaluzas, y, que se quiera ver o no, está dejando el Espacio Schengen en papel mojado, poniendo en serios apuros todos nuestros servicios públicos y con riego de colapso a nuestro estado de bienestar, quedando claro que necesitamos una solución urgente.)

Córdoba, 28 de agosto de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

Córdoba se vacía y no por accidente – (Un territorio que no retiene a los suyos)

Un grupo amplio de los lectores del blog, se muestra preocupado y me pregunta sobre la pérdida de habitantes de Córdoba y Provincia, pues les ha impactado la noticia pública de que Córdoba sea la única provincia española que pierde población, así que trataré de encontrar una explicación razonable, pues creo que el éxodo se puede controlar e invertir.

<<Un dato incómodo y a la vista de todos>>

Córdoba no está simplemente creciendo menos que Andalucía, pues a mayor inri Córdoba está perdiendo población mientras el resto del país alcanza máximos históricos y las demás provincias andaluzas aumentan sus habitantes. La provincia cuenta con 772.913 residentes, pero ha perdido 381 personas en un solo año. La capital, con 323.017 habitantes, encadena por segundo año una caída aún más severa: 1.142 vecinos menos.

El dato, aislado, puede parecer no preocupante, pero “no” lo es, ya que, en demografía, una pérdida anual relativamente limitada puede ser la manifestación visible de un problema mucho más profundo:

“El territorio deja de resultar suficientemente atractivo para quienes podrían instalarse en él y, al mismo tiempo, deja de ofrecer razones suficientes para que permanezcan quienes nacieron allí”.

Córdoba no se enfrenta únicamente a un problema de natalidad, ya que, a la vez, se enfrenta a una crisis de oportunidades, de expectativas y de arraigo.

<<El espejismo de la inmigración>>

Las cifras contienen una paradoja decisiva, ya que, la población extranjera aumentó en 2.029 personas, hasta alcanzar los 33.840 residentes; sin embargo, la población española descendió en 2.410 personas, hasta situarse en 739.073.

El resultado final ha sido negativo: “La llegada de población extranjera no compensó la pérdida de población española”.

Este balance no debería utilizarse para convertir la inmigración en una variable de ajuste demográfico, ya que, la cuestión no es que Córdoba reciba inmigrantes y estos sean insuficientes, porque la cuestión verdaderamente incómoda es, <-que el territorio no está generando las condiciones económicas, laborales, residenciales y sociales necesarias para retener a su población y atraer nuevos habitantes de forma estable->.

La inmigración puede aliviar temporalmente el envejecimiento y la pérdida demográfica, pero no puede sustituir indefinidamente a un problema territorial permanente. Cuando una provincia pierde población autóctona y solo consigue amortiguar parcialmente esa pérdida mediante nuevos residentes extranjeros, el problema no está en quienes llegan, sino en el modelo que expulsa a quienes se marchan y no logra consolidar a quienes llegan.

<<La provincia que expulsa futuro>>

El descenso de la población española -2.410 personas menos- constituye el núcleo del problema, porque no se trata solo de una disminución estadística, sino que detrás de esa cifra hay *jóvenes que abandonan la provincia para estudiar o trabajar, *familias que buscan mejores oportunidades y *profesionales que no encuentran un mercado laboral capaz de aprovechar su formación.

Córdoba parece haber quedado atrapada en una contradicción, ya que, dispone de patrimonio, universidad, posición geográfica, actividad agroalimentaria, potencial logístico, recursos culturales y una notable calidad de vida, pero no consigue convertir esas ventajas en un proyecto vital convincente para una parte creciente de su población.

Una ciudad *puede ser agradable para visitar y, sin embargo, insuficiente para vivir, *puede contar con una historia extraordinaria y carecer de un futuro profesional creíble, incluso, *puede ofrecer vivienda más asequible que otros territorios y, aun así, no proporcionar empleo estable, servicios suficientes o expectativas de progreso.

La pérdida demográfica es, en este sentido, un plebiscito silencioso sobre el territorio. Cada persona que se marcha emite una opinión: “Aquí no encuentra lo que necesita para construir su vida”.

<<Córdoba capital – (Un motor sumidero)>>

La capital debería actuar como el gran mecanismo de compensación de la provincia, ya que, los territorios que crecen, sus ciudades concentran empleo, servicios, universidad, innovación, cultura y oportunidades. Córdoba, sin embargo, pierde 1.142 habitantes y encadena su segundo descenso anual.

Este dato revela una anomalía especialmente grave, porque, la capital no solo no absorbe la pérdida de los municipios de la provincia, sino que también pierde residentes por sí misma. La ciudad corre el riesgo de dejar de funcionar como polo de atracción y convertirse en un espacio de tránsito: “Un lugar para visitar, estudiar durante unos años o residir temporalmente, pero no necesariamente para quedarse”.

La caída de los residentes nacidos en España -1.825 personas menos en la capital- apunta a un problema de retención, ya que, además, el ligero aumento de quienes nacieron en el extranjero -683 personas- no basta para compensarlo. La realidad negativa es que Córdoba recibe nuevos vecinos, pero pierde demasiados de los que ya tenía.

<-No es una crisis de identidad demográfica. Es una crisis de capacidad urbana->

<<El contraste que desmonta las excusas>>

El argumento de que “toda España está envejecida” resulta insuficiente, ya que, España superó los 49,8 millones de habitantes y creció en 444.205 personas. Andalucía también aumentó su población, con incrementos notables en Málaga, Sevilla y Almería, pero también en provincias que tradicionalmente afrontan dificultades demográficas, como Jaén y Huelva.

La comparación es reveladora y preocupante, ya que, Córdoba no se encuentra ante una fatalidad inevitable que afecte por igual a todos los territorios, sino que está perdiendo la carrera por atraer población en un contexto en el que otros espacios sí están consiguiendo crecer.

Málaga atrae inversión, empleo y población internacional. Sevilla concentra actividad institucional, empresarial y universitaria. Almería ha construido un potente ecosistema agroindustrial y exportador. Incluso Jaén y Huelva han logrado balances positivos.

Córdoba, mientras tanto, parece vivir de sus activos históricos sin haber definido con claridad cuáles serán sus activos estratégicos del futuro.

La demografía no castiga a los territorios de manera arbitraria, sino que, premia -aunque no siempre de forma justa- a aquellos que ofrecen empleo, conectividad, vivienda, servicios y expectativas.

<<No es solo natalidad – (es una elección territorial)>>

Presentar el problema como un simple “invierno demográfico” puede ser descriptivamente correcto, pero políticamente insuficiente, pues la realidad inquietante es, que el invierno demográfico sugiere una estación inevitable, como si Córdoba estuviera esperando a que el ciclo cambiara, aunque, es un hecho evidente que la pérdida de población no es una meteorología contra la que nada pueda hacerse.

***Hay decisiones públicas detrás de la demografía:

*Decisiones sobre transporte y conexiones ferroviarias; sobre suelo industrial y atracción empresarial; sobre universidad, investigación e innovación; sobre vivienda y emancipación juvenil; sobre servicios públicos en los municipios rurales; sobre conciliación, cuidados y apoyo a las familias; sobre el papel económico de la capital; y, sobre la integración real de la población extranjera.

“Cuando esas decisiones se aplazan, la emigración se convierte en política demográfica involuntaria”.

La verdad es que Córdoba no pierde habitantes únicamente porque nazcan menos niños, sino que los pierde porque demasiadas personas consideran que su futuro está en otra parte.

<<Una provincia envejecida y una capital debilitada>>

La evolución por sexos incorpora otro elemento significativo, ya que, la provincia ganó 250 hombres, pero perdió 631 mujeres. El incremento masculino se explica por la llegada de 1.551 hombres extranjeros, que compensó la pérdida de 1.301 hombres españoles. En el caso de las mujeres, el aumento de 478 extranjeras no logró neutralizar la caída de 1.109 españolas.

No estamos, por tanto, ante una mera oscilación numérica, porque la pérdida de mujeres tiene consecuencias especialmente relevantes para la estructura demográfica, el equilibrio territorial, la natalidad, los cuidados y la sostenibilidad de los municipios.

<-Cuando las mujeres jóvenes y cualificadas se marchan, desaparecen también buena parte de las posibilidades de renovación social y económica->

Una provincia que expulsa a sus jóvenes y, particularmente, a sus mujeres, no solo pierde población, sino que  pierde capacidad de reproducirse, innovar y sostener sus comunidades.

<<La pregunta que ya no puede aplazarse>>

La cuestión no es cuántos habitantes ha perdido Córdoba este año, sino que, la cuestión es *cuántas personas está dejando de atraer, *cuántos jóvenes se marchan cada año y *cuántas familias descartan instalarse en la provincia porque no encuentran una combinación razonable de empleo, vivienda, servicios y futuro.

***El descenso de 381 habitantes es la cifra final de una ecuación más amplia:

menos oportunidades + menor capacidad de retención + envejecimiento + débil atracción exterior = pérdida demográfica.

Si la respuesta institucional consiste únicamente en celebrar campañas de promoción turística, reclamar más inversiones de forma genérica o confiar en que la inmigración compense el saldo negativo, Córdoba seguirá perdiendo tiempo y habitantes.

La solución exige abandonar la política de la resignación y construir una estrategia demográfica con objetivos verificables, que permita y estimule *retener talento, *facilitar la emancipación, *atraer empresas, *reforzar los servicios rurales, *integrar a la población extranjera y *devolver a la capital su condición de motor provincial.

“Córdoba no necesita solo más nacimientos. Necesita más razones para quedarse”.

<<Conclusión – (el verdadero riesgo es normalizar la pérdida)>>

Una provincia puede perder habitantes un año por circunstancias coyunturales, aunque lo preocupante aparece cuando la pérdida se convierte en tendencia, la capital la amplifica y las instituciones empiezan a tratarla como un fenómeno inevitable.

No se puede aceptar que Córdoba no esté condenada a vaciarse, porque está obligada a reconocer que sus recursos históricos no bastan para garantizar su futuro. La demografía está enviando una advertencia clara: “Si el territorio no ofrece un proyecto de vida, sus habitantes buscarán ese proyecto en otro lugar”.

El problema no es que Córdoba tenga menos población que ayer. El problema es que cada vez más personas parecen tener menos motivos para imaginar su mañana en Córdoba.

N. B. Despoblación en Córdoba – La primera en abandono y huida.

(Nota. La BLET por ahora, no está produciendo los efectos positivos esperados, pero creo que será la palanca para salir del agujero negativo de ser la primera en despoblación y la última en encontrar una solución a un problema inquietante.).

Los últimos datos de la Estadística Continua de Población (ECP), publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ponen cifras a lo dicho. A 1 de julio de 2026, la provincia de Córdoba contaba con 772.913 habitantes, 983 menos que apenas tres meses antes y 1.396 menos que al comienzo del año. Se trata de la mayor pérdida de población registrada en Andalucía durante el segundo trimestre.

Córdoba, 9 de agosto de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Exconcejal de Córdoba Ciudad. Exdiputado Provincial.

Exdiputado y Exsecretario del Parlamento de Andalucía.

TRANSPARENCIA Y REALIDAD LABORAL – (Horas reales de trabajo)

Un grupo de lectores vuelve a plantearme una duda tan recurrente como extraordinaria:

¿Por qué  nunca coinciden las altas en la Seguridad Social y las afiliaciones a la misma?

Es una excelente pregunta y un motivo de confusión generalizado en el debate público y económico, donde con demasiada frecuencia ambos términos se emplean de forma errónea como sinónimos, cuando  realmente no lo son, ya que, para entender el mercado laboral real, es imperativo separar la burocracia administrativa de la actividad productiva.

1.- La brecha conceptual – (Afiliación vs. Alta).

La diferencia básica radica en la naturaleza de cada indicador, ya que, mientras que uno responde a un registro biográfico y único, el otro refleja un estado situacional y contractual:

<-La afiliación: Es el acto administrativo por el que una persona física se integra por primera vez en el sistema de la Seguridad Social. Es un número exclusivo, invariable y de por vida (el número de la Seguridad Social). Solo ocurre una vez, independientemente de la trayectoria laboral del individuo.

<-El alta: Es una condición temporal que indica que una persona está trabajando en un momento concreto y, por consiguiente, cotizando. Se activa al inicio de una relación laboral y se extingue (baja) al finalizar la misma.

2.- Descuadre de las cifras – (factores de desajuste).

Si se analiza la foto fija de las estadísticas mensuales oficiales, la cifra de personas físicas ocupadas jamás se equiparará con el total de relaciones contractuales vigentes debido, principalmente, a las siguientes causas:

**El factor pluriempleo y pluriactividad.

Este es, sin duda, el principal motivo del descuadre estadístico en las métricas de empleo:

*Pluriempleo: Un trabajador contratado simultáneamente por dos empresas distintas dentro del Régimen General mantendrá un único número de afiliación, pero computará como dos altas diferentes.

*Pluriactividad: Un profesional que cotiza como autónomo (RETA) y simultáneamente trabaja por cuenta ajena genera dos altas en regímenes distintos, permaneciendo como un solo afiliado.

En definitiva, una sola persona (un afiliado) puede acumular múltiples altas activas de forma simultánea.

<-Situaciones de “alta asimilada” y afiliados <inactivos>.

Existen colectivos en situación <asimilada al alta> (personas en desempleo percibiendo prestación, excedencias forzosas o bajas específicas), que mantienen vinculación y cotización jurídica, pero que distorsionan el concepto de “alta ocupada” efectiva. Asimismo, el registro histórico total de afiliados en España es ingente al incluir a jubilados y personas apartadas de la vida laboral, razón por la que  los medios de comunicación suelen ceñirse únicamente a la <-afiliación en alta cotizante->.

3.- Resumen para el análisis jurídico y económico.

Para evitar confusiones interesadas o análisis sesgados en informes laborales, resulta de gran utilidad recurrir a la siguiente clasificación de conceptos:

***Qué se mide realmente.

*Afiliados (Personas). El número total de personas (individuos físicos) que se encuentran trabajando, de manera, que una persona física no equivale estrictamente a un afiliado.

*Altas (Contratos/Puestos). El número de relaciones laborales o vínculos de cotización activos.

<Un trabajador pluriempleado o en pluriactividad computa varias altas>

(Nota. Por pura fuerza matemática, el volumen de altas vigentes siempre será superior al número de personas físicas afiliadas.).

La equiparación sistemática de ambos términos a nivel oficial persigue un claro objetivo: “Proyectar la falsa sensación de que hay más ciudadanos trabajando cuando la única realidad incontestable reside en el total de horas efectivamente trabajadas y la productividad por cada una de ellas”.

4.- El problema de las <altas> frente a la realidad del empleo.

(Nota. La salud estructural de una economía no se puede diagnosticar mediante el volumen administrativo de contratos.).

***Los analistas y técnicos coinciden en que la cifra de altas oculta distorsiones graves derivadas de la actual fragmentación del mercado de trabajo:

**Intermitencia y contratos fijos-discontinuos: Un trabajador puede ser dado de alta hoy, de baja la próxima semana y de alta nuevamente un mes después. En las estadísticas de flujos mensuales esto genera un carrusel de múltiples “altas” y “bajas”, inflando la actividad administrativa sin consolidar empleos estables.

**La parcialidad: Dos contratos de 10 horas semanales computan formalmente como dos altas autónomas, pero en términos de volumen de trabajo equivalen a tan solo media jornada completa estándar (40 horas).

**División del empleo: La multiplicación de puestos a tiempo parcial propicia que el encadenamiento de subempleos compute doble o triple en las altas, desdibujando la cifra de ocupados reales.

5.- El termómetro macroeconómico – (Horas y Productividad).

Desde una óptica macroeconómica estricta, la riqueza de una nación y la viabilidad del propio sistema de bienestar no dependen del volumen absoluto de contratos firmados, sino de cuánto y cómo se produce.

A.- Los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo (PETC).

Para corregir la ilusión óptica que producen las altas administrativas, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Contabilidad Nacional emplean los “puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo” (PETC).

Esta métrica agrega el total de horas trabajadas en el país y las divide entre la jornada laboral estándar, de forma, que es la única vía analítica para discernir si el empleo está expandiéndose o si, por el contrario, simplemente se está troceando y repartiendo el mismo volumen de trabajo entre más manos.

B.- La productividad por hora trabajada.

Esta cifra constituye el verdadero talón de Aquiles de la economía española frente a la eurozona.

<-La ecuación económica es implacable: Productividad = Producto Interior Bruto (PIB) / Total de Horas Trabajadas.

**Si la cifra de altas se eleva debido a la precarización y la parcialidad, pero el volumen de horas agregadas se estanca y el PIB no se expande correlativamente, la productividad por hora se resiente. Un tejido productivo castigado por una baja productividad se ve irremediablemente abocado a competir en costes mediante salarios bajos en lugar de basarse en el valor añadido.

6.- Radiografía empírica – (El cierre del ejercicio 2025).

Los datos consolidados del año 2025 aportados por la Encuesta de Población Activa (EPA) y la Contabilidad Nacional del INE refrendan con total nitidez esta fractura entre las altas de la Seguridad Social y la sustancia real del empleo:

<- 31,7 – Horas semanales de jornada media por ocupado en 2025 (Mínimo histórico fuera de pandemia).

<-676.000 – Trabajadores fijos-discontinuos de media en 2025 (Casi el doble que años previos).

<-Mínimo histórico de tiempo efectivo: Descontando el anómalo año 2020 (marcado por confinamientos y ERTE, con 30,4 horas), las 31,7 horas semanales de media en 2025 marcan el suelo histórico de la serie de la EPA, cayendo drásticamente frente a las 34,1 horas registradas en 2015. El sistema logra un récord nominal de 22,2 millones de ocupados medios, pero cada uno trabaja menos tiempo de manera individual.

<-Crecimiento agregado vs. fragmentación: Aunque el volumen total de horas efectivas en la economía se incrementó un 2,2% interanual al cierre de 2025, la proliferación de la parcialidad y el auge del modelo fijo-discontinuo revelan que el pastel laboral se está fragmentando para maquillar la estadística de afiliación.

<-El impacto directo en la eficiencia: Los datos del INE constatan, que la productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo se hundió en tasas negativas (un -0,2% interanual en el último trimestre de 2025). Por su parte, la productividad por hora efectivamente trabajada anotó un avance marginal de apenas el 0,4% o 0,5% según el tramo.

***Conclusión técnica: La expansión económica de España (cuyo PIB avanzó un meritorio 2,8% en el conjunto de 2025) se sustenta fundamentalmente en el incremento bruto de la cantidad de personas introducidas en el sistema (el volumen nominal de empleo) y no en la eficiencia o el valor de cada hora de trabajo. Se valida el axioma: “Para calibrar la robustez económica real hay que apartar el optimismo de la afiliación mensual y monitorizar el retroceso de la jornada media y la productividad por hora”.

N. B. Imagen. Transparencia frente a la mentira oficial.

(Nota, La regularización masiva empieza a inflar los datos de afiliación a la Seguridad Social, pero con contratos de salarios precarios y bajas cotizaciones,).

Córdoba, 7 de junio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.