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EPREMASA (Subida de Tasas y Análisis)

A la vista del posible tarifazo, de su retirada obligada y en espera de acuerdos razonables para solucionar la situación de EPREMASA, los lectores de mi blog, me piden un análisis claro y conciso de la Empresa de Basuras y sus soluciones, tal como hice con la Empresa de Aguas Emproacsa.

EPREMASA (Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente S.A.) es una entidad pública que gestiona la recogida y tratamiento de residuos en 72 municipios de la provincia de Córdoba, atendiendo a unos 300.000 habitantes. Desde 1992, basa oficialmente su modelo en ecoparques y una red de recogida selectiva con foco en la sostenibilidad ambiental.

En noviembre de 2025, el Gobierno provincial del Partido Popular (PP), liderado por Salvador Fuentes, propuso aumentar las tasas de recogida y tratamiento de residuos un 17,5% para 2026, lo que supondría unos 2 euros más al mes por vivienda, alegando públicamente el Presidente de la Diputación que sin esta subida EPREMASA, con pérdidas acumuladas ya de 2 millones en 2025, entraría en quiebra.

Sin embargo, la oposición en bloque rechazó esta medida por considerarla injusta, insufrible y gravosa para los ciudadanos, especialmente, para familias rurales con ingresos medios bajos. Por ello, la subida no ha obtenido el apoyo mayoritario en la comisión informativa de Hacienda y se han congelado las tasas para 2026.

<<Evolución de Tasas en EPREMASA>>

<-2023: Subida del 40,8%, recuperando pérdidas post-COVID y adaptando la Ley de Residuos.

<-2024: Incremento del 10%, vinculado al quinto contenedor obligatorio para orgánicos.

<-2025: Congelación total pese a pérdidas previstas de 2 millones.

<-2026: Propuesta rechazada de subida del 17,5%, inicialmente prevista hasta un 44%, según ha declarado el Gobierno del P. P.

En conjunto, la oposición denuncia un aumento acumulado del 90% en tres años, pasando de 90 euros anuales en 2022 a 165 euros propuestos en 2026.

<<Motivos del Gobierno del P. P. para la subida>>

<-El incremento pretendía cubrir:

-Alzas del 20-25% en combustible y mantenimiento.

-Inversiones obligatorias por Ley 7/2022, como el quinto contenedor y nuevas plantas, con multas por vertidos.

-Ajustes laborales y correcciones salariales selectivas.

-Mantener equilibrio financiero y evitar quiebra o privatización.

El PP defendía que sin estas medidas las pérdidas podrían llegar a 12 millones en 2026, poniendo en riesgo empleo y servicios, así como, la propia viabilidad de la Empresa.

<<Críticas y Rechazo de la Oposición>>

<-Se considera la subida desproporcionada y un castigo a hogares vulnerables y municipios pequeños.

<-Se acusa falta de transparencia, ineficiencia y ausencia de alternativas reales para mejorar gestión y evitar subidas.

<-Se reclama auditorías independientes y transferencia de más recursos desde la Diputación, que cuenta con un presupuesto creciente y ejecución baja.

<-Se destaca que la carga fiscal afecta también a empresas, con subidas que superan el 100% en algunos sectores, agravando desigualdades.

<<Valoración de la subida de tasas>>

<-La subida, aunque justificada técnicamente por desequilibrios financieros, se percibe como un impuesto encubierto, que contradice promesas electorales del PP.

<-Es socialmente injusta, priorizando la viabilidad económica sobre bonos sociales y bonos para colectivos vulnerables.

<-La congelación aprobada, si bien alivia a los usuarios, posterga un ajuste necesario, que exige una reestructuración profunda y urgente para garantizar la sostenibilidad real de la Empresa.

<-La crisis estructural no se resolverá con subidas aisladas, de forma, que se necesita un pacto multipartidista, una auditoría externa y un plan integral a corto y a medio plazo.

<<Otras opciones para los usuarios frente a la subida de tasas>>

<-Revisión y eliminación de “gastos superfluos” y -convenios con posibles irregularidades-.

<-Implementación de auditorías independientes para mejorar transparencia y eficiencia.

<-Priorizar incentivos para la economía circular y reducción de residuos que pueden bajar costes a medio plazo.

<-Establecer bonificaciones sociales más amplias para colectivos vulnerables.

<-Explorar nuevas fuentes de financiación o mejoras en la gestión que no repercutan solo en tasas.

<<Conclusión>>

El caso de EPREMSA es un ejemplo claro de los retos que enfrentan las empresas públicas en equilibrio entre sostenibilidad financiera y carga fiscal.

La retirada del tarifazo por el gobierno provincial refleja la presión social y política para buscar soluciones menos lesivas para los ciudadanos, aunque la urgencia de una reforma profunda sigue siendo ineludible.

N.B. Epremasa es la historia de un tarifazo fallido, de una Empresa gestionada en un bucle de desastres y de una Entidad Pública sin futuro si no se realiza una reestructuración profunda y urgente de la misma.

La situación financiera de Epremasa deriva de una gestión desastrosa, donde se ha tirado el dinero en gastos superfluos, en exceso de personal y en aventuras no profesionales.

Desde ACOA recomendamos:

“Adoptar las propuestas de auditoría, eficiencia empresarial y tarifas progresivas para asegurar sostenibilidad, justicia social y transparencia, restaurando la confianza ciudadana”.

Córdoba, 10 de noviembre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente de Córdoba Abierta -ACOA-.

Situación financiera y gestión de Emproacsa (La subida de tasas es incapacidad e impotencia política)

A la vista del posible tarifazo, su retirada obligada y en espera de acuerdos razonables para solucionar la situación de EMPROACSA, los lectores de mi blog, me piden un análisis claro y conciso de la Empresa de Aguas y sus soluciones.

Emproacsa, empresa pública de la Diputación de Córdoba (gobierno PP desde 2023) encargada del ciclo integral del agua en la provincia, acumula pérdidas desde 2021: 1,9 M. eur. (2021), 6,4 M. eur. (2022) y 10,5 M. eur. (2023), alcanzando quiebra técnica en 2023. Los gastos crecieron un 68% en tres años frente a un incremento del 34% en ingresos, requiriendo ayudas públicas de la Diputación de Córdoba que ya suman 59,3 M. euros (incluyendo 7,8 M. extraordinarios en 2023). El presupuesto presenta como partida clave los gastos de personal.

<<Análisis de causas del déficit>>

*Factores externos (energía, sequía, inflación) influyen pero no justifican el gran desajuste entre gastos e ingresos. Faltan planes claros de mitigación.

*Factores internos (personal, gasto corriente, infraestructuras obsoletas) son determinantes: aumentos salariales, nombramientos sin mérito, contratos irregulares sin concurso, y una red con pérdidas frecuentes.

*La Intervención ha alertado de gastos descontrolados y déficit de control entre Diputación y Emproacsa, de forma, que esto genera desconfianza por su enorme opacidad y posible despilfarro.

<<Medidas planteadas por la Diputación>>

La Diputación financia con más de 59 M. euros incluyendo inversiones para digitalización y sensorización (#REDES_EMPROACSA 5.0), pero la subida tarifaria propuesta del 5,37% para 2025-26, calificándola de “inevitable”, fue retirada ante el rechazo general en el Pleno.

**Crítica: Es un hecho patente y negativo, que se priorizan inyecciones financieras y aumento de tarifas sobre reformas internas profundas y administrativas, que permitan eficiencia y transparencia.

Por otro lado, la modernización tecnológica es lenta y no impacta de inmediato en el déficit.

<<Impacto de la subida tarifaria en usuarios>>

Un aumento cercano a 3 euros mensuales por familia media, acumulando subidas superiores al 20% en algunos municipios, afecta especialmente a hogares vulnerables pese a exenciones parciales (bonos sociales, zonas afectadas por sequía).

La subida de tasas lineal traslada el peso del déficit estructural a los usuarios sin ofrecer mejoras tangibles ni progresividad real.

La doble carga con la tasa de basura agrava la percepción social negativa.

<<Debate político y críticas>>

<-Gobierno (PP): “Defiende la subida de tasas como única solución para evitar recortes sociales y laborales, para asegurar la viabilidad de Emproacsa”.

<-Oposición y críticos exigen auditoría externa, recortes internos y mayor eficiencia antes de cargar al usuario.

**Crítica general: La subida refleja años de gestión descontrolada, falta de transparencia y ausencia de ajustes internos en plantilla y contratos.

La Diputación evade su responsabilidad estructural pese a contar con recursos para reformas.

<<Propuestas estructuradas para evitar la quiebra sin sobrecargar a usuarios>>

Área	Medida Específica	Beneficio Esperado	Prioridad
Auditoría	Auditoría externa integral con publicación de resultados en 3 meses	Detectar irregularidades y ahorrar >1 M €	Alta
Personal	Congelar contrataciones no esenciales, concursos públicos y revisión complementos	Reducir masa salarial 10% y eliminar enchufismo	Alta
Operativa	Plan urgente contra fugas (invertir 5 M €), renegociar energía	Reducir costes variables 15-20%	Alta
Tarifas	Tarifas progresivas por consumo e ingresos; congelar subidas hasta auditoría	Justicia social y mayores ingresos sin linealidad	Alta
Inversiones	Acelerar digitalización y sensorización, reasignar inversiones no urgentes	Mayor eficiencia y retorno económico	Media
Gobernanza	Consejo supervisión independiente y presupuesto base cero anual	Transparencia y rendición de cuentas	Media

**Financiamiento con remanentes evitando deuda.

**Meta: equilibrio financiero en 2026 sin nuevas subidas.

<<Conclusión crítica>>

Emproacsa enfrenta un déficit mixto, mayormente por gestión interna deficiente y falta de control que supera los factores externos. La Diputación tiene capacidad financiera, pero opta por subir tarifas como solución rápida, afectando usuarios y evitando reformas urgentes, aunque es un hecho patente, que sin una auditoría rigurosa, ajustes en plantilla y contratos, el déficit persistirá.

Las últimas noticias son positivas al retirar el tarifazo ante la oposición unida en el Pleno, abriendo paso a la negociación con mayor transparencia y responsabilidad.

N. B. La situación financiera de Emproacsa deriva de una gestión desastrosa, donde se ha tirado el dinero en gastos superfluos, en exceso de personal y en aventuras no profesionales.

Desde ACOA recomendamos:

“Adoptar las propuestas de auditoría, eficiencia y tarifas progresivas para asegurar sostenibilidad, justicia social y transparencia, restaurando la confianza ciudadana”.

Córdoba, 9 de noviembre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente de Córdoba Abierta -ACOA-.

Dignidad humana (realidad, amenazas y necesidad de restitución)

1.- La dignidad, nervio moral de la democracia.

La dignidad humana no es ni puede ser solo una palabra solemne para los prólogos constitucionales, sino que es el eje ético y jurídico de toda convivencia civilizada. Es el valor que funda los derechos, no su consecuencia. Ni la pobreza, ni la ideología, ni la utilidad social disminuyen el valor de una persona.

Sus raíces son profundas: “Desde el estoicismo hasta el humanismo cristiano, pasando por filósofos como Kant y la Declaración Universal de Derechos Humanos. En la Constitución Española (art. 10.1), la dignidad es reconocida como el fundamento del orden político y de la paz social”.

Aun así, en la España de hoy su respeto se ha vuelto un acto de resistencia.

2.- España – la disolución silenciosa.

El deterioro de la dignidad no ocurre de golpe, sino que se filtra por grietas habituales y gota a gota de manera constante.

**Polarización ideológica: los debates sobre inmigración, educación o memoria histórica convierten a las personas en símbolos de trincheras, no en sujetos de derechos. Los menores migrantes o las víctimas del pasado se utilizan como herramientas discursivas.

**Precarización económica: más de una cuarta parte de la población vive al borde de la pobreza. La vivienda, el trabajo y la estabilidad pierden vocación de derecho y se tratan como privilegios.

**Decadencia social: el clientelismo político, la vulgarización mediática y la banalización del esfuerzo erosionan la confianza colectiva. Los suicidios, los desahucios ocultos y el abandono social son ya síntomas estructurales, no accidentes.

3.- Causas profundas y fractura cultural.

España padece una hipertrofia institucional -un Estado que promete mucho y sirve poco- y una dependencia intelectual de agendas supranacionales sin consenso social. A ello se suma un déficit de educación ética y diálogo transversal. La dignidad ha quedado convertida en bandera retórica, usada tanto por tecnócratas como por populismos.

La consecuencia es preocupante y desafía la confianza social:

“Fractura intergeneracional, emigración de talento, pobreza encubierta y desconfianza institucional”.

4.- Córdoba – Espejo y laboratorio del deterioro.

Córdoba, con su historia de tolerancia, saberes y culturas, puede y debe ser testimonio vivo de la dignidad compartida, sin embargo, la realidad local ofrece un espejo preocupante:

<-Vivienda inaccesible: entre 1.800 y 2.000 €/m² en la compra y 700–850 €/mes de alquiler medio. Muchos hogares destinan más del 40% del salario a techo y suministros.

<-Desahucios crecientes: cinco semanales, la mayoría por impago de alquiler o pérdida de estabilidad laboral.

<-Turistificación del casco histórico: convierte vecindarios antiguos en escenarios vacíos, donde la memoria pierde ciudadanos.

<-Servicios y licencias lentas: frenan la rehabilitación urbana y la vivienda protegida.

Córdoba simboliza lo que ocurre en buena parte del país: <-Es un hecho patente que la dignidad se escribe en leyes, pero no se siente en los barrios ni en las calles->.

5.- Dignidad y vivienda – Un derecho que sostiene todos los demás.

El artículo 47 de la Constitución consagra el derecho a una vivienda digna, sin embargo, en la práctica, la vivienda se ha convertido en un mercado especulativo que mide el valor humano en términos de solvencia. Quien no puede pagar, no habita y quien no habita, deja de pertenecer a la comunidad.

***Medidas urgentes:

*Ampliar parque público y rehabilitar vivienda vacía.

*Gravar la especulación y el alquiler turístico desmedido.

*Facilitar el acceso a ayudas directas para jóvenes y familias vulnerables.

*Desburocratizar licencias y planes urbanísticos.

*Reforzar fondos anti-desahucios y mediación previa obligatoria.

6.- Restituir la Dignidad – Ética, acción y valor civil.

Recuperar la dignidad humana no depende sólo del Estado, sino de una ciudadanía activa capaz de rescatar la palabra “dignidad” del discurso vacío.

***Propuestas:

*Educación ética real, no ornamental: “Integrar el pensamiento crítico y los derechos humanos en la escuela y en la formación laboral”.

*Política desideologizada: “Priorizar el mérito, el servicio y la transparencia”.

*Cultura del compromiso: “Fomentar asociaciones como Córdoba Abierta -ACOA- que promuevan solidaridad cívica, mediación y participación de los cordobeses”.

*Autonomía local: “Impulsar desde Córdoba pactos urbanos por la cohesión social y el acceso equitativo a oportunidades”.

7.- Reflexión final.

La dignidad humana no necesita ser redefinida, sino restaurada. Las leyes ya la reconocen, de forma, que lo que falta es voluntad política y conciencia ciudadana.

Córdoba, por su historia y tamaño humano, puede ser el punto de partida:

<-Una ciudad laboratorio de dignidad frente a la deshumanización global->.

N.B. La dignidad humana es un derecho inalienable e irrenunciable.

La dignidad se defiende no solo votando, sino viviendo con justicia, sin resignarse, y, recuperarla requiere ética, valentía y acción colectiva.

Córdoba, 31 de octubre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente de la Asociación Córdoba Abierta (ACOA).

Brecha entre las pensiones de los funcionarios públicos y las del sector privado en España (equidad y sostenibilidad)

Los lectores me siguen preguntando cosas sobre la Seguridad Social, y, esta vez, plantean el problema de la brecha entre las pensiones de los funcionarios públicos y las del sector privado, asunto que es una realidad en aumento, así que trataremos de dar una información breve, clara y detallada.

Es un hecho patente que existe una brecha significativa entre las pensiones de los funcionarios públicos y las del sector privado, de forma, que señalaremos las causas, las consecuencias y posibles soluciones, así como de un análisis crítico sobre la sostenibilidad y equidad de ambos regímenes.

<<Diagnóstico crítico de la brecha pensional>>

La diferencia media de alrededor de 1.026 euros mensuales (un 62% más para los funcionarios) evidencia un desequilibrio estructural entre los sistemas de Clases Pasivas y Régimen General. Este diferencial no responde únicamente a derechos adquiridos o historiales contributivos diversos, sino a un modelo dual que ha consolidado privilegios históricos y desajustes en la arquitectura de la protección social española.

Mientras el Régimen de Clases Pasivas ofrece estabilidad, criterios de cálculo más favorables y complementos consolidados, el Régimen General se ha reformado de forma recurrente en nombre de la sostenibilidad, afectando principalmente a los trabajadores del sector privado con trayectorias laborales más fragmentadas.

“El resultado es un sistema percibido como inequitativo, regresivo y financieramente vulnerable”.

<<Causas estructurales>>

*Asimetría normativa: la coexistencia de dos sistemas jurídicos y contables distintos perpetúa divergencias en la base reguladora, mecanismos de actualización y derechos pasivos.

*Diferencial de estabilidad laboral: las carreras lineales y estables del empleo público contrastan con la volatilidad contractual del mercado privado, afectando directamente el número de años cotizados y la cuantía final de la pensión.

*Resistencia a la convergencia: las sucesivas reformas han mantenido regímenes privilegiados bajo una lógica de <intangibilidad de derechos>, sin una transición coherente hacia la equiparación progresiva.

*Envejecimiento y demografía: el incremento de jubilaciones públicas en la próxima década tensionará las cuentas estatales si no se adoptan medidas compensatorias.

<<Análisis crítico: un modelo insostenible y socialmente regresivo>>

El sistema actual genera una desigualdad visible tanto intrageneracional (entre trabajadores presentes) como intergeneracional (entre trabajadores actuales y futuros).

La sostenibilidad fiscal se ve comprometida por el peso creciente de las Clases Pasivas, mientras que el principio constitucional de igualdad ante la ley (art. 14 CE) se tensiona por la distinta consideración de esfuerzos contributivos similares.

Además, esta situación erosiona la confianza ciudadana en la justicia del sistema y contribuye a una percepción de dualidad social, donde el Estado protector se convierte en agente de desigualdad.

(Nota. En este caso examinado de diferencias injustas entre pensiones, se vulnera de forma clamorosa la Constitución Española de 1978 en sus art. 1.1., (valor justicia), 9., (legalidad y principios constitucionales), 14 (igualdad entre los españoles), 39., (protección social), 41., (Seguridad Social), 103., (administración pública), y, cc.).

<<Medidas correctoras y propuestas innovadoras>>

1.- Convergencia normativa y fiscal de regímenes: Iniciar un proceso gradual de integración de Clases Pasivas en el Régimen General, con un calendario claro y mecanismos de compensación transitoria. Este proceso debe garantizar la proporcionalidad entre aportaciones, años cotizados y derechos reconocidos.

2.- Creación de un Fondo de Equidad Pensional: Establecer un instrumento financiero que module las diferencias entre pensiones públicas y privadas mediante aportaciones estatales y sociales, con transparencia en su gobernanza.

Su objetivo sería igualar las tasas de sustitución y mejorar las pensiones bajas del sector privado.

3.- Nuevo modelo de cálculo mixto: Incorporar un sistema basado parcialmente en puntos o cuentas nocionales que asocien directamente la pensión a la trayectoria contributiva, evitando inflaciones de última hora derivadas de los complementos del sector público.

4.- Vinculación de revalorización y sostenibilidad: Fusionar el principio de poder adquisitivo con el Factor de Equidad Intergeneracional, garantizando pensiones dignas pero sostenibles, evaluadas por una autoridad actuarial independiente.

5.- Profesionalización y movilidad intersectorial: Favorecer una mayor movilidad entre empleo público y privado, unificando tramos de cotización y facilitando la portabilidad plena de los derechos adquiridos. Esto fomentaría la cohesión del sistema y reduciría la segmentación laboral.

6.- Participación ciudadana y transparencia: Implantar un Consejo Social de Pensiones que supervise el equilibrio entre equidad y sostenibilidad. Incluya representantes de trabajadores, pensionistas, expertos y Administración.

<<Enfoque innovador: hacia la “Cuenta Pensional Única Española”>>

Proponer la creación de una Cuenta Pensional Única (CPU), unificada y digital, que acumule todas las cotizaciones del ciudadano (públicas y privadas) a lo largo de su vida laboral.
**Esta herramienta permitiría:

-Integrar regímenes en una lógica de justicia contributiva.

-Facilitar la trazabilidad y transparencia de las aportaciones.

-Evitar duplicidades y desigualdades entre regímenes.

-Modernizar el sistema con proyecciones personalizadas y educación previsional.

<<Conclusión>>

La brecha pensional entre funcionarios y empleados privados no es una anomalía coyuntural, sino una consecuencia sistémica de la dualidad institucional del régimen español. Mantener ese diseño supone perpetuar una desigualdad contraria a los principios de equidad y sostenibilidad financiera.

La integración progresiva, la innovación institucional y la transparencia pública son esenciales para asegurar un sistema de pensiones único, justo y viable, capaz de sostener la cohesión social en una España que envejece y demanda justicia intergeneracional.

N.B. La brecha entre las pensiones de los funcionarios públicos y las del sector privado está marcada por la falta de equidad y la estructura de la sostenibilidad en ambos sistemas.

La diferencia señalada que se sitúa en 1.026 euros mensuales y con un 62% más para los funcionarios, se explica por dinámicas históricas y estructurales, aunque, la evolución demográfica y los retos económicos obligan a una reflexión crítica y a repensar el sistema para asegurar su equidad y sostenibilidad en el futuro.

Córdoba, 8 de octubre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Asociación Córdoba Abierta -ACOA-. Presidente.

Córdoba bajo el sol (Un plan urgente contra el calor extremo)

En Córdoba, donde el termómetro supera los 40°C en verano y las noches cálidas se multiplican, el calor extremo amenaza especialmente a mayores, niños, personas con discapacidad y enfermos crónicos.

Proteger a la población exige medidas individuales y colectivas, accesibles y efectivas, con un mensaje claro: no podemos esperar más.

Aquí presentamos un plan integral para enfriar la ciudad, salvar vidas y exigir acción a los poderes públicos.

1.- En el hogar: Soluciones al alcance:

Aislamiento térmico: Instalar toldos (200-800 €/ventana), ventanas de doble acristalamiento (300-1.000 €) o pintura reflectante (10-20 €/m²) para bloquear el calor. Los patios cordobeses, con ventilación natural, son un modelo a replicar.
Climatización accesible: Aire acondicionado (500-2.000 € + 50-150 €/mes en luz) o ventiladores (20-100 €) para quienes puedan costearlos. Para familias vulnerables, urge distribuir ventiladores gratuitos.
Hábitos esenciales: Cerrar persianas, ventilar al amanecer, consumir gazpacho y beber 2 litros de agua diarios. Coste: mínimo, impacto: máximo.
Protección solar: Usar protector solar (10-20 €), sombreros y evitar el sol de 12:00 a 16:00.

2.- En la ciudad: Un escudo colectivo:

Refugios climáticos: Córdoba ya cuenta con centros como Casa Ciudadana o Huerta de la Reina, pero necesita 30-60 refugios (3-8 por distrito) para cubrir a 65.000-100.000 personas vulnerables. Deben ser accesibles, con aire acondicionado y agua gratis. Coste inicial: 230.000-950.000 €; anual: 240.000-1.120.000 €.
Plan Ola de Calor: Ampliar el programa municipal (1 junio-30 septiembre) con seguimiento a mayores, ayuda a sin hogar y distribución de ventiladores. Cruz Roja ya apoya a 59 familias con facturas de luz. Coste: Subvencionado por el Ayuntamiento y ONG.
Sombra y agua: Plantar árboles (100-500 €/árbol) y construir pérgolas (1.000-10.000 €) en parques como La Asomadilla. Piscinas públicas (3-10 €/entrada) deben ser gratuitas para vulnerables. Coste inicial: 50.000-350.000 €.
Transporte adaptado: Microbuses gratuitos para llevar a mayores y personas con discapacidad a refugios. Coste: 50.000-220.000 €/año.

3.- Proteger a los más vulnerables:

*Mayores: Refugios en CPAPM con horarios ampliados, visitas domiciliarias de Cruz Roja y ventiladores gratuitos.

*Niños: Piscinas y parques sombreados asequibles, talleres escolares sobre hidratación.

*Personas con discapacidad: Refugios con rampas, señalización en braille y transporte adaptado.

*Enfermos crónicos: Seguimiento médico, botiquines en refugios y kits de hidratación (5-10 €/persona).

4.- Coste total:

-Inicial: 1,56-2,66 millones de euros para infraestructura y equipos.

-Anual: 2,66-8,54 millones de euros, principalmente por facturas de luz (2-6 millones).

-Por persona vulnerable: 27-131 €/verano para 65.000-100.000 personas.

5.- Un grito a los poderes públicos:

La pobreza energética afecta al 63% de las familias atendidas por Cruz Roja, y el calor extremo matará a miles si no actuamos.

Exigimos:

-Planificación urgente: Más refugios, abiertos todo el verano, sin cierres en agosto.

-Subvenciones focalizadas: Facturas de luz y ventiladores para los más necesitados.

-Ciudades verdes: Árboles y fuentes para enfriar Córdoba a largo plazo.

-Inclusión real: Accesibilidad y apoyo a mayores, niños, discapacitados y enfermos crónicos.

6.- Conclusión:

Córdoba puede vencer el calor con refugios accesibles, ayudas contra la pobreza energética y sombra urbana. La inversión es alta, pero salvar vidas no tiene precio.

Actuemos ya: el calor no espera, y los más vulnerables tampoco.

Córdoba está, al menos, seis meses bajo el sol y con un calor extremo, de manera, que ya es hora de que tenga “un plan urgente contra el calor”, que evite que la Ciudad sea irrespirable y tóxica debido a las temperaturas peligrosas.

Se trata de proteger vidas y crear un escudo protector y eficaz para todos, especialmente, para los más necesitados, ya que, lo que están en juego son los derechos fundamentales de los cordobeses y de todas las personas que nos visitan.

Córdoba, a 17 de agosto de 2025.

Asociación Córdoba Abierta -ACOA-

Enrique García Montoya – Presidente.