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Vaciado presupuestario y riesgo de colapso en Andalucía – (Radiografía de la Regularización Masiva)

Existe una asimetría estructural en el Estado autonómico que ahoga a las regiones (CC.AA.):

“La Administración General del Estado legisla y recauda, mientras las Comunidades Autónomas pagan la factura y gestionan la presión asistencial”.

El discurso del “dividendo fiscal milagroso” se sostiene sobre estimaciones oficiales excesivamente optimistas que ignoran la realidad del mercado laboral:

“Empleos precarios, salarios mínimos y bajas bases de cotización que difícilmente generarán los ingresos previstos”.

<-La realidad contable anticipa un saldo neto negativo para Andalucía y el riesgo real de colapso en los servicios públicos->.

<<La Paradoja del Saldo Neto – (Cifras oficiales vs. Realidad económica>>

Concepto Fiscal	Estimación Oficial / Persona / Año	Realidad Ajustada y Destino Financiero
Ingresos Públicos (SS e IRPF)	+3.250 € a +4.900 €	Sobreestimado. Se cotiza por bases mínimas. Van a la Caja Única del Estado.
Gasto Público Asistencial	-1.500 € a -2.100 €	Subestimado. No cubre el coste real de Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Asumido por la Junta y Ayuntamientos.
Saldo Neto Consolidado	+1.500 € a +2.800 €	Déficit Real. El balance estatal positivo es una ilusión teórica; el quebranto autonómico es inmediato.

<<Los tres vectores de estrangulamiento financiero y asistencial>>

<-Falla del sistema de financiación: La Seguridad Social recauda al instante cada alta laboral. La Junta de Andalucía, sin embargo, absorbe la demanda del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de más de 232.900 nuevos usuarios sin recibir dotación adicional. Las transferencias estatales se reajustan con un retraso de 12 a 24 meses, obligando a la región a financiar a pulmón un déficit temporal de hasta 380 millones de euros anuales.

<-Sobrecarga de recursos propios: Aunque el Ingreso Mínimo Vital (IMV) exige 12 meses de residencia legal, la presión se traslada de inmediato a las partidas regionales y municipales: “La Renta Mínima de Inserción Social (RMISA), las ayudas de emergencia social, el Bono Alquiler y las becas de comedor saturan presupuestos cerrados”.

<-Impacto territorial desigual y vector fronterizo:

*Almería y Huelva (44% de solicitudes): Soportan la mayor presión asistencial en atención primaria en municipios agrícolas clave.

*Málaga y Sevilla (38%): Tensionan el mercado del alquiler y la escolarización.

*Efecto Transfronterizo Ceuta-Andalucía: La cercanía geográfica convierte a Andalucía en el receptor directo de las crisis asistenciales del norte de África, obligando a asumir costes continuos por derivaciones de menores no acompañados (NNAMNA) y logística de acogida en el Campo de Gibraltar.

La regularización masiva, lejos de ser un motor económico neutro, expone a Andalucía a un colapso financiero e institucional. Mientras el Gobierno central absorbe la recaudación, la Junta asume el coste de gestionar servicios públicos fundamentales para una población en aumento con un presupuesto desactualizado e insuficiente.

N.B. Imagen. Regularización masiva de inmigrantes – Recursos propios de la Comunidad y de los Ayuntamientos – Andalucía – Efectos.

(Nota. El impacto real de la invasión de Ceuta para Andalucía es un gran misterio, pero seguramente será tremendo, especialmente, en relación con los menas, así que, la Junta de Andalucía que se vaya preparando, pues, visto lo visto, sobre Andalucía caerá un buena parte del reparto de los invasores ilegales de Ceuta no repatriaos.

Por otro lado, en pleno caos provocado por la entrada masiva de más de 70.000 personas en Ceuta desde Marruecos, varios grupos de marroquíes partieron de la ciudad autónoma para llegar a la costa del Campo de Gibraltar, aprovecharon esta circunstancia excepcional para alcanzar la península ibérica por el Estrecho en motos de agua y embarcaciones de recreo.).

Córdoba, 5 de agosto de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Servicios Públicos – (Seguir pagando por una gestión ineficiente – el dilema)

Un grupo muy amplio de los lectores pregunta repetidamente, que cuando se implantará el pago por los servicios públicos y que repercusión tendrá en el sistema impositivo español.

Es más que comprensible el escepticismo ciudadano ante la propuesta, repetida en los medios, de cobrar peajes por el uso de autovías para financiar su conservación. Esta idea genera temor, ya que, si seguimos este modelo de “pago por uso” para servicios colectivos que tradicionalmente consideramos cubiertos por impuestos, es más que posible, que pronto nos cobrarán hasta por respirar – (impuesto de aire limpio y verde).

Estamos ante un cambio de paradigma total en la política económica, ya que pasaremos, sin pausa ni tregua, de un modelo financiado por Presupuestos Generales a uno de pago directo por el uso y disfrute de unos servicios públicos, que ya hemos pagado.

***Se analiza por qué ocurre esto y por qué la verdadera crisis no es de recursos, sino de gestión.

1º.- Los peajes y su debate – (Ahora hasta su implantación).

El planteamiento de cobrar por usar las carreteras no es un capricho, sino, que según nos venden los defensores de aumentar el gasto público, responde a realidades innegables, entre ellas:

1.- Déficit de conservación acumulado: El presupuesto estatal no alcanza para cubrir la construcción y el mantenimiento preventivo, acumulando miles de millones de euros de retraso en reparaciones.

2.- Presión europea: Directivas de la U.E. exigen que el coste del transporte refleje su impacto ambiental real y el desgaste que causa en la infraestructura, en base al eslogan colectivista y discriminatorio de que “quien contamina, paga”, aunque de paso alcanza a todos los ciudadanos por igual.

3.- Pérdida de ingresos por el coche eléctrico porque con el cambio de combustible, el Estado perderá una fuente de ingresos masiva (impuestos a los hidrocarburos), y busca el peaje como el sustituto recaudatorio.

2º.- El agujero negro del Sistema Público – (Falta de transparencia y despilfarro).

La desconfianza del ciudadano no nace de la falta de solidaridad, sino de la percepción de un “agujero negro administrativo” que traga recursos sin que los beneficios lleguen al ciudadano de a pie. Esta sensación es alimentada por el despilfarro y el gasto público descontrolado en todos los niveles del Estado (Central, CC.AA., Diputaciones y Ayuntamientos).

***Los puntos críticos de esta crisis de confianza son:

<-Hipertrofia de la administración paralela, ya que, es un hecho patente, que existe una multitud de empresas públicas, fundaciones y consorcios (“entes instrumentales”) con poco control, presupuestos flexibles y sistemas de contratación dudosos. Estas duplicidades multiplican el gasto en personal directivo, infraestructuras propias y sedes sin mejorar el servicio al ciudadano.

<-Transparencia: Se publican miles de formatos de documento portátil crípticos y técnicos, pero no información “clara y comprensible” que permita saber exactamente qué cuesta cada bache de la calle. Además, los organismos de control (Tribunal de Cuentas) publican informes con años de retraso, cuando la responsabilidad política ya se ha diluido.

<-Desequilibrio fiscal y mala calidad: La presión fiscal sube (o se mantiene con inflación), pero la percepción de los servicios baja: “Listas de espera en sanidad, justicia lenta y trabas burocráticas que obligan al ciudadano a trabajar para la propia administración” – (citas previas imposibles, petición de documentos que la administración ya posee, etc.).

<-Eficiencia vs. gasto corriente: El gasto público útil (inversión a largo plazo) crece menos que el gasto corriente (sueldos de cargos de confianza, alquileres, burocracia interna), que aumenta a un ritmo mayor que el bienestar directo del ciudadano.

3.- La raíz del problema – (Impunidad y un diseño político endogámico).

La solución no es técnica, sino que es política y ética, ya que, el sistema está diseñado para proteger y sostener la mala administración, no para la eficiencia.

***Los pilares de la impunidad:

1.- Invasión política de los órganos de control: Los encargados de vigilar al gestor (tribunales de cuentas, defensores del pueblo) son nombrados por cuotas partidistas. El control se convierte en un pacto de no agresión, de forma, que se vigila el trámite (el papel firmado), pero no la eficiencia (si el gasto era necesario).

2.- La burocracia como escudo: La estructura es tan compleja que la responsabilidad se diluye. Si un gestor firma una compra inútil, se escuda en que el técnico hizo el informe, el interventor no puso pegas y el jurídico avaló la legalidad, lo que conlleva, que al final, nadie es responsable del resultado, solo del cumplimiento formal del trámite.

3.- Incentivos perversos en el presupuesto: “El sistema castiga el ahorro”. Si un gestor es eficiente y le sobra dinero al final del año, el sistema no le premia, sino todo lo contrario (al revés), le reduce el presupuesto del año siguiente, lo que genera un incentivo para el gasto innecesario cada mes de diciembre.

<<Sistema de eficiencia>>

Un cambio de modelo de “protección” a “servicio” requiere reformas que rompan la impunidad:

<-Profesionalización de la gestión (despolitización): Cargos directivos seleccionados por mérito, no por cargo de confianza, con contratos por objetivos. Si no cumplen, se van.

<-Transparencia de “dato abierto”: Bases de datos en tiempo real. Rastreabilidad total del euro, desde el impuesto hasta la factura concreta.

<-Acción popular y responsabilidad civil: Permitir que ciudadanos o asociaciones demanden directamente a los gestores por malversación o negligencia grave, obligándoles a responder con su seguro de responsabilidad civil o patrimonio.

<<Conclusión>>

Estamos revisando el Contrato Social. El modelo de “todo incluido en los impuestos” está bajo mínimos debido al envejecimiento demográfico y al coste de la tecnología. La tendencia es que lo vital (sanidad, seguridad, etc.) siga siendo prioritario en los presupuestos, y lo discrecional (Carreteras, Gestión de Residuos, etc.) se desplace hacia tasas directas.

La clave no es cuánto se paga, sino la transparencia total: “Que el ciudadano perciba que lo que paga por un peaje se traduce realmente en una carretera sin baches, y no en un agujero negro administrativo”, pero quien tiene el poder de cambiar el diseño actual es quien más se beneficia de él.

N.B. Imagen. Sin retorno tangible. La realidad de un agujero negro que se lo traga todo.

Córdoba, 29 de abril de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba e Inspector de Trabajo y S.S.

Diputación de Córdoba – Presupuestos (quiebra y corrupción)

La Diputación de Córdoba, bajo la gestión del Partido Popular, ha presentado su hoja de ruta para 2026: “Un presupuesto de 522,9 millones de euros” que se anuncia y publicita como “agresivo” e “histórico”, presumiendo de un crecimiento del 21,3%, sin embargo, tras los fuegos fatuos y la pirotecnia de las cifras, se esconde una realidad alarmante, ya que, la provincia no está ante un salto adelante, sino ante una huida hacia adelante financiada por el contribuyente.

<<Las cuentas del engaño>>

Un aumento de 91,8 millones de euros en un solo año no es un milagro económico, porque realmente es una mayor detracción de recursos del sector privado al público, de forma, que mientras las familias cordobesas hacen malabarismos con la inflación, la administración provincial engorda para la nada, porque este crecimiento negativo se sustenta en tres pilares peligrosos:

–Presión fiscal asfixiante, porque el incremento de las tasas de agua y basura no es una “actualización”, sino el rescate de una gestión ineficiente.

-Hipotecando el futuro, ya que, se anuncian 17 millones de euros en nuevos créditos por lo que estamos financiando el gasto corriente de hoy con la deuda que pagarán nuestros hijos.

-Gasto estructural desbocado, pues la verdad es, que bajo el epígrafe de “inversión”, se camuflan estructuras políticas duplicadas y una burocracia que se alimenta a sí misma.

<<El colapso de las empresas públicas (Una quiebra anunciada).

Es sorprendente que el mismo gobierno que presume de músculo financiero, admita que Epremasa y Emproacsa están en “quiebra técnica”, y, además, atribuye la situación de descalabro a que el ciudadano “paga poco”, insultando a la inteligencia de todos los cordobeses, porque estamos ante una doble imposición material:

1.- Si suben las tasas, el ciudadano paga más por el mismo (o peor) servicio.

2.- Si no las suben, la Diputación inyecta millones del presupuesto general -dinero que también sale del bolsillo del contribuyente para tapar agujeros negros de gestión.

¿Dónde está la responsabilidad de los administradores?

La ineficacia operativa no es un accidente, es una elección política.

<<La corrupción de la gestión>>

La corrupción de la Diputación Provincial de Córdoba no solo es el desvío de fondos públicos, sino que es la administración negligente del dinero de todos los cordobeses, porque *gestionar con opacidad, *permitir sobrecostes y *mantener empresas públicas y entes instrumentales de dudosa utilidad es una forma de corrupción sistémica, que erosiona la confianza en la democracia.

El “cambio” prometido del P.P. del Presiente Fuentes Lopera se ha convertido en una mímica de las peores prácticas del pasado, es decir, *más gasto, menos transparencia y una élite política blindada frente a sus propios fracasos*.

<<Transparencia completa (Preguntas)>>

Exigimos que la Diputación desglose, euro a euro, el origen de esos 91,8 millones adicionales:

1.-Ingresos Corrientes: ¿Cuánto sale exactamente del aumento de tasas e impuestos directos?

2.- Operaciones de Capital: Ese aumento del 76,3% en subvenciones, ¿son fondos estructurales garantizados o promesas coyunturales?

3.- Factura Financiera: Detallen las condiciones de los 17 millones en préstamos: ¿Qué intereses pagaremos y qué garantías se han comprometido?

<<Decálogo de Eficiencia>>

Desde Córdoba Abierta -ACOA- proponemos un plan de choque inmediato para rescatar las empresas públicas sin asfixiar a los cordobeses:

1.- Unificación de Servicios: Eliminar departamentos duplicados (RRHH, Informática, Legal) entre Diputación y sus empresas.

2.- Congelación de Estructura: Cerrazón a nuevas plazas no operativas sin memoria de necesidad vinculada a resultados.

3.- Central de Compras Real: Unificar la contratación de energía y suministros para lograr economías de escala.

4.- Subastas Inversas: Digitalización total de la contratación para evitar la adjudicación <a dedo> o por -inercia-.

5.- Optimización Logística: Inteligencia de datos para reorganizar rutas de residuos y reducir kilómetros en vacío.

6.- Auditoría de Flota: Sustituir la propiedad por leasing donde el mantenimiento sea una carga insostenible.

7.- Telegestión Hídrica: Inversión en sensores para detener las fugas de agua que hoy pagamos todos.

8.- Eficiencia Energética: Plan de choque en depuradoras y plantas de tratamiento para reducir la factura eléctrica.

9.- Techo de Gasto Operativo: Prohibir por norma que el gasto de estructura crezca por encima de la inflación.

10.- Auditoría Externa de Impacto: No basta con saber qué se gasta, hay que publicar el valor social devuelto por cada euro invertido.

<<Conclusión>>

El presupuesto de 2026 es un engaño contable, que se disfraza presentado a la ineficiencia de progreso. No podemos aceptar el “mal menor”, porque Córdoba necesita una administración que entienda que el dinero público es sagrado porque es el fruto del esfuerzo de sus ciudadanos.

Menos propaganda, más cuentas claras.

N.B. La cifra de aumento del presupuesto consolidado es, dicho mal y pronto, <-un engaño masivo-> disfrazado de inversión, que oculta la ineficiencia crónica.

Los ciudadanos cordobeses quedan en el limbo electoral, sin saber a quién votar, pues el criterio de “elegir al menos malo” ya no sirve en un panorama de promesas incumplidas y gestión opaca.

Córdoba, a 21 de diciembre de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente de Córdoba Abierta -ACOA-.

Situación financiera y gestión de Emproacsa (La subida de tasas es incapacidad e impotencia política)

A la vista del posible tarifazo, su retirada obligada y en espera de acuerdos razonables para solucionar la situación de EMPROACSA, los lectores de mi blog, me piden un análisis claro y conciso de la Empresa de Aguas y sus soluciones.

Emproacsa, empresa pública de la Diputación de Córdoba (gobierno PP desde 2023) encargada del ciclo integral del agua en la provincia, acumula pérdidas desde 2021: 1,9 M. eur. (2021), 6,4 M. eur. (2022) y 10,5 M. eur. (2023), alcanzando quiebra técnica en 2023. Los gastos crecieron un 68% en tres años frente a un incremento del 34% en ingresos, requiriendo ayudas públicas de la Diputación de Córdoba que ya suman 59,3 M. euros (incluyendo 7,8 M. extraordinarios en 2023). El presupuesto presenta como partida clave los gastos de personal.

<<Análisis de causas del déficit>>

*Factores externos (energía, sequía, inflación) influyen pero no justifican el gran desajuste entre gastos e ingresos. Faltan planes claros de mitigación.

*Factores internos (personal, gasto corriente, infraestructuras obsoletas) son determinantes: aumentos salariales, nombramientos sin mérito, contratos irregulares sin concurso, y una red con pérdidas frecuentes.

*La Intervención ha alertado de gastos descontrolados y déficit de control entre Diputación y Emproacsa, de forma, que esto genera desconfianza por su enorme opacidad y posible despilfarro.

<<Medidas planteadas por la Diputación>>

La Diputación financia con más de 59 M. euros incluyendo inversiones para digitalización y sensorización (#REDES_EMPROACSA 5.0), pero la subida tarifaria propuesta del 5,37% para 2025-26, calificándola de “inevitable”, fue retirada ante el rechazo general en el Pleno.

**Crítica: Es un hecho patente y negativo, que se priorizan inyecciones financieras y aumento de tarifas sobre reformas internas profundas y administrativas, que permitan eficiencia y transparencia.

Por otro lado, la modernización tecnológica es lenta y no impacta de inmediato en el déficit.

<<Impacto de la subida tarifaria en usuarios>>

Un aumento cercano a 3 euros mensuales por familia media, acumulando subidas superiores al 20% en algunos municipios, afecta especialmente a hogares vulnerables pese a exenciones parciales (bonos sociales, zonas afectadas por sequía).

La subida de tasas lineal traslada el peso del déficit estructural a los usuarios sin ofrecer mejoras tangibles ni progresividad real.

La doble carga con la tasa de basura agrava la percepción social negativa.

<<Debate político y críticas>>

<-Gobierno (PP): “Defiende la subida de tasas como única solución para evitar recortes sociales y laborales, para asegurar la viabilidad de Emproacsa”.

<-Oposición y críticos exigen auditoría externa, recortes internos y mayor eficiencia antes de cargar al usuario.

**Crítica general: La subida refleja años de gestión descontrolada, falta de transparencia y ausencia de ajustes internos en plantilla y contratos.

La Diputación evade su responsabilidad estructural pese a contar con recursos para reformas.

<<Propuestas estructuradas para evitar la quiebra sin sobrecargar a usuarios>>

Área	Medida Específica	Beneficio Esperado	Prioridad
Auditoría	Auditoría externa integral con publicación de resultados en 3 meses	Detectar irregularidades y ahorrar >1 M €	Alta
Personal	Congelar contrataciones no esenciales, concursos públicos y revisión complementos	Reducir masa salarial 10% y eliminar enchufismo	Alta
Operativa	Plan urgente contra fugas (invertir 5 M €), renegociar energía	Reducir costes variables 15-20%	Alta
Tarifas	Tarifas progresivas por consumo e ingresos; congelar subidas hasta auditoría	Justicia social y mayores ingresos sin linealidad	Alta
Inversiones	Acelerar digitalización y sensorización, reasignar inversiones no urgentes	Mayor eficiencia y retorno económico	Media
Gobernanza	Consejo supervisión independiente y presupuesto base cero anual	Transparencia y rendición de cuentas	Media

**Financiamiento con remanentes evitando deuda.

**Meta: equilibrio financiero en 2026 sin nuevas subidas.

<<Conclusión crítica>>

Emproacsa enfrenta un déficit mixto, mayormente por gestión interna deficiente y falta de control que supera los factores externos. La Diputación tiene capacidad financiera, pero opta por subir tarifas como solución rápida, afectando usuarios y evitando reformas urgentes, aunque es un hecho patente, que sin una auditoría rigurosa, ajustes en plantilla y contratos, el déficit persistirá.

Las últimas noticias son positivas al retirar el tarifazo ante la oposición unida en el Pleno, abriendo paso a la negociación con mayor transparencia y responsabilidad.

N. B. La situación financiera de Emproacsa deriva de una gestión desastrosa, donde se ha tirado el dinero en gastos superfluos, en exceso de personal y en aventuras no profesionales.

Desde ACOA recomendamos:

“Adoptar las propuestas de auditoría, eficiencia y tarifas progresivas para asegurar sostenibilidad, justicia social y transparencia, restaurando la confianza ciudadana”.

Córdoba, 9 de noviembre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente de Córdoba Abierta -ACOA-.

Seguridad Social – Deuda y Déficit (Pensiones y más impuestos)

Un grupo numeroso de lectores preguntan espantados por las noticias sobre la deuda y el déficit de la S. S., ya que, parece que ven en peligro el sistema de pensiones, así que, vamos a contestar a algunas preguntas de las que nos han hecho.

A).- ¿Qué significa que la Seguridad Social <se paga con deuda>?

En 2025, el sistema de Seguridad Social en España no recauda lo suficiente con las cotizaciones de trabajadores y empresas para cubrir las pensiones y otras prestaciones. A partir del 4 de octubre, el dinero necesario para pagar estas obligaciones proviene de transferencias del Estado, que a su vez se financia con impuestos y, principalmente, emitiendo deuda pública.

***En números simples:

*Las cotizaciones cubren solo el 73% de lo que se necesita para pagar las pensiones.

*Por cada 4 euros gastados en pensiones, 3 eur. vienen de cotizaciones y 1 eur. de deuda o impuestos.

*Traducido para que todos los lectores lo entiendan, eso significa que, durante los últimos tres meses del año, las pensiones se pagan con dinero prestado.

*La deuda de la Seguridad Social ya alcanza los 126.000 millones de euros, y la deuda pública total supera el 102% del PIB (el valor de todo lo que produce el país en un año).

**Impacto para los ciudadanos: Las pensiones se siguen pagando sin problemas por ahora, pero esta situación aumenta la deuda que deberán pagar las generaciones futuras, lo que podría llevar a mayores impuestos o recortes, si no se actúa con determinación y urgencia.

B).- ¿Por qué hay un déficit en la S. S. y cuánto tiempo puede durar?

El déficit de la Seguridad Social es <estructural>, es decir, no es algo temporal, sino un problema constante causado por:

**Envejecimiento de la población: Cada vez hay más jubilados y menos trabajadores que cotizan. Hoy hay 2,1 trabajadores por cada pensionista, pero en 2050 serán solo 1,4., siendo optimistas.

**Subidas de pensiones: Las pensiones crecen cada año según la inflación (IPC), lo que aumenta el gasto. (La subida del próximo año rondará los 4.900 millones de euros).

**Sistema de reparto: Las cotizaciones de hoy pagan las pensiones de hoy, pero los ingresos no crecen tan rápido como los gastos.

C).- ¿Cuánto tiempo se puede mantener?

**A corto plazo (hasta 2030): El sistema puede seguir funcionando porque el Estado puede pedir dinero prestado. El déficit en 2025 es de unos 8.000-10.000 millones de euros (0,4-0,5% del PIB).

**A largo plazo (hasta 2050): Sin cambios, el déficit crecerá hasta el 2,3% del PIB en 2050, según expertos. Esto podría llevar a:

–Subidas de impuestos o cotizaciones.

–Recortes en las pensiones (hasta un 25% para equilibrar el sistema).

–Problemas si la deuda pública supera el 120% del PIB, lo que podría generar una crisis de confianza en los mercados.

D).- ¿Qué se puede hacer para solucionar el problema?

Los expertos proponen varias medidas para equilibrar el sistema de Seguridad Social:

1.- Aumentar los ingresos:

*Subir las cotizaciones que pagan trabajadores y empresas (por ejemplo, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional ya las aumentó un 0,7% y planea llegar al 1,2% en 2029). Esto aporta dinero rápido, pero puede reducir el empleo y la competitividad.

*Usar más impuestos generales (como IVA o IRPF) para financiar pensiones, aunque esto aumenta la presión fiscal y la deuda pública.

*Reconstruir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (casi agotado desde 2019) con ingresos extra, aunque esto tomaría décadas.

2.- Reducir el gasto:

**Retrasar la edad de jubilación (de 66 años y 4 meses ahora a 68 o más). Esto reduce el número de pensionistas y aumenta los cotizantes, pero es impopular.

**Ajustar cómo se calculan las pensiones (por ejemplo, basándolas en toda la vida laboral, no solo en los últimos 25 años), lo que bajaría las pensiones medias.

**Limitar las subidas de pensiones automáticas según la inflación, para controlar el gasto, aunque esto afectaría al poder adquisitivo de los jubilados.

3.- Cambios estructurales:

<-Introducir un sistema mixto: Combinar el sistema actual (donde las cotizaciones pagan pensiones directamente) con planes de pensiones privados obligatorios, como en Suecia o Chile. Esto reduce la presión sobre el sistema público, pero requiere una transición costosa.

<-Fomentar la natalidad y el empleo joven: Con incentivos fiscales o formación, para tener más trabajadores cotizando en el futuro. Sin embargo, el impacto tardaría 20-30 años.

<-Atraer inmigrantes jóvenes para aumentar las cotizaciones, aunque esto requiere políticas de integración efectivas.

4.- Otras ideas:

**Digitalizar la Seguridad Social y combatir el trabajo no declarado para recaudar más.

**Financiar las pensiones no contributivas (para personas sin cotizaciones suficientes) con el presupuesto general, liberando unos 10.000 millones de euros del sistema contributivo, aunque al final pagarán todos los españoles con sus impuestos o con más deuda.

**Promover el ahorro privado para complementar las pensiones públicas.

E).- ¿Qué impacto tendrán las reformas en las pensiones y la pobreza?

a).- Pensiones medias (1.400 €/mes en 2025):

*Sin cambios: Las pensiones crecerán con la inflación hasta 2035, pero luego podrían bajar un 11% (a 1.490 € en 2050) debido a recortes para controlar el déficit.

*Con reformas parciales (retrasar jubilación y más cotizaciones): Las pensiones se mantienen estables, cayendo solo un 3% (a 1.662 € en 2050).

*En crisis económica: Sin reformas, una recesión podría reducir las pensiones un 28% (a 1.013 € en 2050).

*Con reformas profundas (sistema mixto y más empleo): Las pensiones públicas crecen menos, pero se complementan con 200 €/mes de ahorros privados, llegando a 2.196 € en 2050.

b).- Pensiones mínimas (850 €/mes en 2025):

*Sin cambios: Suben hasta 1.062 € en 2035, pero luego caen a 980 € en 2050 (-15% real).

*Con reformas parciales: Crecen a 1.054 € en 2050 (-6% real).

*En crisis económica: Caen a 683 € en 2050 (-20% real), afectando gravemente a los más vulnerables.

*Con reformas profundas: Suben a 1.232 € en 2050 (+45% real), pero sin ahorros privados, ya que, estos beneficiarios suelen tener pocas cotizaciones.

3.- Pensiones no contributivas (484,61 €/mes en 2025):

**Sin cambios: Suben a 576,81 € en 2050 (+19% real), pero la pobreza entre beneficiarios aumenta al 60,5% (354.000 personas).

**Con reformas parciales: Suben a 611,10 € (+26% real), con pobreza al 58,1% (340.000 personas).

**En crisis económica: Caen a 451,87 € (-7% real), con pobreza al 69,1% (404.000 personas).

**Con reformas profundas: Suben a 703,15 € (+45% real), con pobreza al 51,9% (304.000 personas).

F).- Pobreza en mujeres mayores (60% de beneficiarias de pensiones no contributivas):

***Las mujeres son más vulnerables por carreras laborales más cortas y mayor longevidad. En 2050:

*Sin cambios: La pobreza sube al 62,5% (219.375 mujeres).

*Con reformas parciales: Al 60,1% (210.951 mujeres).

*En crisis económica: Al 71,1% (249.561 mujeres).

*Con reformas profundas: Al 53,9% (189.189 mujeres).

G).- Recomendaciones prácticas.

No hay una solución única, pero los expertos sugieren combinar:

1.- Retrasar la edad de jubilación a 68-70 años de forma gradual.

2.- Crear un sistema mixto con ahorros privados obligatorios para nuevos trabajadores.

3.- Limitar las subidas de pensiones en años de alta inflación.

4.- Fomentar la natalidad y el empleo joven para asegurar más cotizantes.

Estas medidas distribuyen el esfuerzo entre generaciones y evitan una crisis fiscal grave. Sin reformas, en 2035-2040 podrían ser necesarios recortes de hasta el 25% en las pensiones o subidas fuertes de impuestos. Además, se deben priorizar políticas para proteger a los más vulnerables, como mujeres mayores y beneficiarios de pensiones no contributivas, con ayudas adicionales como subsidios de vivienda.

N.B. Seguridad Social – Deuda y Déficit: Es necesario un cambio estructural profundo y realizar una campaña de concienciación de la sociedad civil dirigida a publicitar la verdad, es decir, que el Sistema de la S. S. en España ya está topado, de forma, que se reforma o el futuro de su viabilidad será un desastre.

La Seguridad Social “se paga con deuda”.

Córdoba, a 5 de octubre de 2025-10-04

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Asociación Córdoba Abierta -ACOA-. Presidente.