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IBI Urbano en Cabra – El gran absurdo – Sin luz para construir, pero pagando IBI como si tuviéramos una ciudad consolidada.

El P. P. llegó al poder en muchos ayuntamientos, Diputaciones y CC. AA. prometiendo que bajaría los impuestos, reduciría el gasto público y que pondría orden justo tributario, pero ocurre que no es así, ya que, en ayuntamientos gobernados por mayoría absoluta, como es el caso de Cabra (Córdoba) se siguen cometiendo injusticias tributarias un día si y otro también, de forma, que si alguien no me cree, que tenga la paciencia de leer este informe sobre el IBI Urbano.

La situación que padecen los propietarios de parcelas en la Zona de Belén en Cabra, (Unidad de Actuación SUNC/R-01 del PGOU de Cabra), presenta una contradicción administrativa difícil de justificar: “Cuando se solicita una licencia de obras, la respuesta es que no existe capacidad eléctrica suficiente para garantizar el suministro; pero, al mismo tiempo, esas mismas parcelas continúan tributando como bienes inmuebles urbanos, como si formaran parte de un ámbito plenamente urbanizado, equipado y apto para la edificación”.

No se trata únicamente de una cuestión económica. Está en juego la coherencia del sistema urbanístico y tributario: “La Administración no puede tratar el suelo como urbano para cobrar más impuestos y, simultáneamente, como suelo carente de condiciones suficientes cuando debe reconocer derechos urbanísticos”.

*Ver el Informe del Arquitecto Municipal de Cabra de 18 de octubre de 2012 (Ref. Entrada 7639/12), que acredita la ausencia de expectativas de desarrollo del sector.

*Así mismo, obra en el Expediente el Informe Urbanístico emitido por la Arquitecta Municipal del Ayuntamiento de Cabra con fecha 08/08/2025 (remitido mediante Decreto de Alcaldía de 17/09/2025, Expte. GEX 14846/24), en cuyos apartados Séptimo y Octavo se dice:

**SÉPTIMO.- “Según lo anteriormente expuesto, NO SE PUEDE AUTORIZAR LA EDIFICACIÓN, al no tener la condición de SOLAR requiriendo de la previa aprobación del correspondiente instrumento de ordenación ( Plan Parcial conforme a la ficha urbanística), proceder con el correspondiente desarrollo urbanístico obras de urbanización, así como con el cumplimiento de los deberes urbanísticos de la propiedad del suelo y cumplimiento de requisitos y garantías de urbanización”.

** Octavo.- “En conclusión, el suelo está clasificado como Urbano por el planeamiento vigente, sometido a actuaciones de Transformación Urbanística Delimitada habiéndose establecido las determinaciones de la ordenación estructural y pormenorizada (detallada) por el PGOU de Cabra,  **no obstante indicar que aún no se ha aprobado la figura correspondiente de planeamiento vigente para su desarrollo y concreción, esto es, el Plan Parcial para el uso residencial, por lo que no está legitimada su ejecución**.

¿Es legal que un Ayuntamiento te cobre impuestos por servicios que no tienes?

Esta es la situación surrealista que están viviendo los propietarios de parcelas en la Zona de Belén (Cabra). Por un lado, se deniegan sistemáticamente las licencias para construir porque Endesa afirma que no hay capacidad eléctrica. Sin embargo, por el otro, **el Ayuntamiento de Cabra no duda en pasar y exigir el recibo del IBI Urbano por unos terrenos que, a efectos prácticos y legales, siguen siendo rústicos**.

En la Zona de Belén (Unidad de Actuación SUNC/R-01 del PGOU de Cabra) no existe ordenación detallada ni pormenorizada, ni ha sido aprobado el correspondiente instrumento de planeamiento de desarrollo. La clasificación genérica de los terrenos como suelo urbanizable no basta para atribuirles naturaleza urbana a efectos catastrales. Así lo ha establecido el Tribunal Supremo, entre otras, en sus Sentencias de 30 de mayo de 2014, recurso 2362/2013; 19 de febrero de 2019, recurso 128/2016; 5 de marzo de 2019, recurso 1431/2017; y 24 de noviembre de 2021, recurso 7639/2019. Conforme a esta doctrina, el suelo urbanizable cuyo desarrollo depende de la aprobación de un instrumento posterior de ordenación detallada conserva la naturaleza rústica hasta que dicho instrumento sea aprobado. En consecuencia, la atribución catastral de naturaleza urbana a las parcelas de la Unidad de Actuación SUNC/R-01 del PGOU de Cabra carece de fundamento, mientras no exista planeamiento de desarrollo eficaz, sin que la mera delimitación del ámbito en el planeamiento general pueda justificar por sí sola la liquidación del IBI urbano.

**Regla jurisprudencial aplicable. La doctrina puede formularse de la siguiente manera:

El suelo urbanizable incluido en un sector o ámbito delimitado no tiene naturaleza urbana a efectos catastrales por el solo hecho de aparecer así clasificado en el planeamiento general. Solo adquiere dicha naturaleza cuando existe una ordenación detallada o pormenorizada aprobada que permita su desarrollo sin necesidad de un nuevo instrumento de planeamiento. Hasta ese momento, debe considerarse suelo rústico a efectos catastrales y del IBI.

Esta regla debe conectarse con el artículo 7.2.b) del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

***Aquí desglosamos este bloqueo administrativo y los pasos legales para exigir la devolución de nuestro dinero.

1.- El Bloqueo de Endesa – (Una infraestructura colapsada).

El freno a las licencias urbanísticas en la Zona de Belén (Unidad de Actuación SUNC/R-01 del PGOU de Cabra) no es un capricho, sino una limitación técnica vinculante. Los informes del sector advierten que la red eléctrica nacional está saturada. En Cabra, los transformadores de la subestación han agotado su capacidad.

Por ley, para que una parcela sea considerada un “solar” edificable, debe tener garantizados los servicios básicos. Al denegar Endesa la viabilidad del suministro eléctrico, el Ayuntamiento se ve atado de pies y manos para dar licencias. Hasta aquí, la lógica técnica impera.

2.- La trampa fiscal – (Cobrar IBI urbano por parcelas sin servicios).

Si la administración asume que no podemos construir porque no hay luz…

¿Por qué el Ayuntamiento de Cabra sigue cobrando el IBI Urbano en la Unidad de Actuación de la Zona de Belén?

**Este cobro revela una vulneración tajante de la jurisprudencia:

*La Sentencia del Tribunal Supremo (30/05/2014): Los ayuntamientos no pueden liquidar IBI urbano sobre terrenos urbanizables si estos no cuentan con un desarrollo urbanístico efectivo.

*Falta de ordenación detallada: Antes de aprobarse un instrumento de desarrollo (o si su ejecución está paralizada), el suelo mantiene su carácter rústico.

Nuestras cuatro parcelas sitas en la Unidad de Actuación SUNC/R-01 del PGOU de Cabra no están desarrolladas, y, como demuestra el bloqueo de Endesa, carecen de servicios básicos. Obligarnos a pagar un IBI urbano es gravar una riqueza irreal.

3.- Guía de acción – (Reclamar la aplicación de la Ley).

Es hora de actuar. Para detener esta irregularidad y recuperar los impuestos abonados en exceso, existen tres pasos fundamentales que se deben iniciar:

1.- Ante el Catastro (Subsanación de discrepancias): Debemos exigir a la Gerencia Territorial de Córdoba que modifique la descripción de nuestras parcelas de “urbano” a “rústico”.

2.- Ante el Ayuntamiento (Devolución de ingresos indebidos): Presentar un escrito exigiendo la reliquidación al IBI Rústico y la devolución de la diferencia de los últimos cuatro años (plazo no prescrito).

3.- Ante la Diputación de Córdoba y su (ICHL); Reclamar el cobro indebido  IBI Urbano del Ayuntamiento de Cabra.

**No podemos permitir que el incumplimiento de la Ley y la ineficiencia en las infraestructuras eléctricas la acabemos pagando los vecinos a precio de suelo urbano**.

N. B. Imagen. El gran absurdo de Cabra – Sin luz para construir, pero pagando IBI como si tuviéramos una ciudad consolidada.

(Nota. Por todo lo dicho, el Ayuntamiento de Cabra debería iniciar de oficio la modificación catastral de la Unidad de Actuación –SUNC/R-01 del PGOU de Cabra- exigiendo que las parcelas de dicha Unidad pasen a tributar como suelo rústico)

Córdoba, 29 de septiembre de 2026

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado. ICA-Córdoba. – Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exconcejal  Ayuntamiento y Exdiputado provincial de Córdoba. Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

Servicios Públicos – (Seguir pagando por una gestión ineficiente – el dilema)

Un grupo muy amplio de los lectores pregunta repetidamente, que cuando se implantará el pago por los servicios públicos y que repercusión tendrá en el sistema impositivo español.

Es más que comprensible el escepticismo ciudadano ante la propuesta, repetida en los medios, de cobrar peajes por el uso de autovías para financiar su conservación. Esta idea genera temor, ya que, si seguimos este modelo de “pago por uso” para servicios colectivos que tradicionalmente consideramos cubiertos por impuestos, es más que posible, que pronto nos cobrarán hasta por respirar – (impuesto de aire limpio y verde).

Estamos ante un cambio de paradigma total en la política económica, ya que pasaremos, sin pausa ni tregua, de un modelo financiado por Presupuestos Generales a uno de pago directo por el uso y disfrute de unos servicios públicos, que ya hemos pagado.

***Se analiza por qué ocurre esto y por qué la verdadera crisis no es de recursos, sino de gestión.

1º.- Los peajes y su debate – (Ahora hasta su implantación).

El planteamiento de cobrar por usar las carreteras no es un capricho, sino, que según nos venden los defensores de aumentar el gasto público, responde a realidades innegables, entre ellas:

1.- Déficit de conservación acumulado: El presupuesto estatal no alcanza para cubrir la construcción y el mantenimiento preventivo, acumulando miles de millones de euros de retraso en reparaciones.

2.- Presión europea: Directivas de la U.E. exigen que el coste del transporte refleje su impacto ambiental real y el desgaste que causa en la infraestructura, en base al eslogan colectivista y discriminatorio de que “quien contamina, paga”, aunque  de paso alcanza a todos los ciudadanos por igual.

3.- Pérdida de ingresos por el coche eléctrico porque con el cambio de combustible, el Estado perderá una fuente de ingresos masiva (impuestos a los hidrocarburos), y busca el peaje como el sustituto recaudatorio.

2º.- El agujero negro del Sistema Público – (Falta de transparencia y despilfarro).

La desconfianza del ciudadano no nace de la falta de solidaridad, sino de la percepción de un “agujero negro administrativo” que traga recursos sin que los beneficios lleguen al ciudadano de a pie. Esta sensación es alimentada por el despilfarro y el gasto público descontrolado en todos los niveles del Estado (Central, CC.AA., Diputaciones y Ayuntamientos).

***Los puntos críticos de esta crisis de confianza son:

<-Hipertrofia de la administración paralela, ya que, es un hecho patente, que existe una multitud de empresas públicas, fundaciones y consorcios (“entes instrumentales”) con poco control, presupuestos flexibles y sistemas de contratación dudosos. Estas duplicidades multiplican el gasto en personal directivo, infraestructuras propias y sedes sin mejorar el servicio al ciudadano.

<-Transparencia: Se publican miles de formatos de documento portátil crípticos y técnicos, pero no información “clara y comprensible” que permita saber exactamente qué cuesta cada bache de la calle. Además, los organismos de control (Tribunal de Cuentas) publican informes con años de retraso, cuando la responsabilidad política ya se ha diluido.

<-Desequilibrio fiscal y mala calidad: La presión fiscal sube (o se mantiene con inflación), pero la percepción de los servicios baja: “Listas de espera en sanidad, justicia lenta y trabas burocráticas que obligan al ciudadano a trabajar para la propia administración” – (citas previas imposibles, petición de documentos que la administración ya posee, etc.).

<-Eficiencia vs. gasto corriente: El gasto público útil (inversión a largo plazo) crece menos que el gasto corriente (sueldos de cargos de confianza, alquileres, burocracia interna), que aumenta a un ritmo mayor que el bienestar directo del ciudadano.

3.- La raíz del problema – (Impunidad y un diseño político endogámico).

La solución no es técnica, sino que es política y ética, ya que, el sistema está diseñado para proteger y sostener la mala administración, no para la eficiencia.

***Los pilares de la impunidad:

1.- Invasión política de los órganos de control: Los encargados de vigilar al gestor (tribunales de cuentas, defensores del pueblo) son nombrados por cuotas partidistas. El control se convierte en un pacto de no agresión, de forma, que se vigila el trámite (el papel firmado), pero no la eficiencia (si el gasto era necesario).

2.- La burocracia como escudo: La estructura es tan compleja que la responsabilidad se diluye. Si un gestor firma una compra inútil, se escuda en que el técnico hizo el informe, el interventor no puso pegas y el jurídico avaló la legalidad, lo que conlleva, que al final, nadie es responsable del resultado, solo del cumplimiento formal del trámite.

3.- Incentivos perversos en el presupuesto: “El sistema castiga el ahorro”. Si un gestor es eficiente y le sobra dinero al final del año, el sistema no le premia, sino todo lo contrario (al revés), le reduce el presupuesto del año siguiente, lo que genera un incentivo para el gasto innecesario cada mes de diciembre.

<<Sistema de eficiencia>>

Un cambio de modelo de “protección” a “servicio” requiere reformas que rompan la impunidad:

<-Profesionalización de la gestión (despolitización): Cargos directivos seleccionados por mérito, no por cargo de confianza, con contratos por objetivos. Si no cumplen, se van.

<-Transparencia de “dato abierto”: Bases de datos en tiempo real. Rastreabilidad total del euro, desde el impuesto hasta la factura concreta.

<-Acción popular y responsabilidad civil: Permitir que ciudadanos o asociaciones demanden directamente a los gestores por malversación o negligencia grave, obligándoles a responder con su seguro de responsabilidad civil o patrimonio.

<<Conclusión>>

Estamos revisando el Contrato Social. El modelo de “todo incluido en los impuestos” está bajo mínimos debido al envejecimiento demográfico y al coste de la tecnología. La tendencia es que lo vital (sanidad, seguridad, etc.) siga siendo prioritario en los presupuestos, y lo discrecional (Carreteras, Gestión de Residuos, etc.) se desplace hacia tasas directas.

La clave no es cuánto se paga, sino la transparencia total: “Que el ciudadano perciba que lo que paga por un peaje se traduce realmente en una carretera sin baches, y no en un agujero negro administrativo”, pero quien tiene el poder de cambiar el diseño actual es quien más se beneficia de él.

N.B. Imagen. Sin retorno tangible. La realidad de un agujero negro que se lo traga todo.

Córdoba, 29 de abril de 2026.

Fdo.  Enrique García Montoya.

 Abogado ICA-Córdoba e Inspector de Trabajo y S.S.