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Una historia de aventuras estudiantiles en Córdoba – (La realidad de la vivienda – consejos y recomendaciones)

Llevo mucho tiempo recibiendo consultas y preguntas sobre el problema de las viviendas para estudiantes, sobre todo de abuelos que quieren ayudar a sus nietos/as, así que, después, de pensarlo mucho voy a tratar de esclarecer este asunto con un informe-guía, que pretende ser claro y de alto nivel informativo.

Estudiar en Córdoba siempre ha tenido un aura bohemia y accesible, sin embargo, detrás de la postal de la Mezquita y el encanto de sus patios, se esconde una realidad cada vez más agobiante para miles de universitarios y sus familias:

“Encontrar un alojamiento digno y asequible se ha convertido en una carrera de obstáculos”.

Tras analizar a fondo la situación actual del mercado inmobiliario y las políticas públicas (o la falta de ellas) hago y presento un diagnóstico real y sin filtros de lo que supone buscar piso de estudiantes en Córdoba en pleno 2026.

1.- El espejismo de las ayudas y el mito de la residencia pública.

El problema de la vivienda estudiantil en Córdoba ha dejado de ser una simple cuestión de oferta y demanda para convertirse en un riesgo real de exclusión educativa, ya que, si no tienes dinero para un piso, el derecho a estudiar peligra.

**Las administraciones públicas miran hacia otro lado mientras fragmentan las soluciones en un laberinto burocrático. ¿El resultado?

<-La trampa de la beca estatal: El Ministerio fija la ayuda de residencia en 2.700 euros. Las matemáticas no engañan: a 300€/mes por una habitación durante 9 meses, la beca se esfuma solo en el alquiler. ¿Quién paga la luz, el agua, la fianza, la comida o el transporte?

<-Ayudas que inflan precios: Inyectar bonos al alquiler (como el Bono Joven o las ayudas municipales de VIMCORSA) sin aumentar el número de viviendas disponibles tiene un efecto negativo, pues el mercado lo absorbe y los propietarios suben los precios.

<-La oferta pública es una gota en el océano, de forma, que hablar de plazas residenciales públicas es casi un mito. La Residencia Lucano (226 plazas) o el Colegio Mayor La Asunción (290 plazas) son del todo insuficientes para la masa de estudiantes desplazados.

<-La élite de las residencias privadas: Si no consigues plaza pública, la alternativa privada exige desembolsar entre 680€ y 915€ mensuales, un coste prohibitivo (más de 3.800€ de diferencia al año respecto a un piso) que transforma un problema de vivienda en una barrera de clase social.

2.- Radiografía inmobiliaria – (¿Dónde vivir y a qué precio?).

El mercado ha sufrido una transformación desproporcionada, ya que, una habitación que en 2021 costaba 195€, hoy oscila entre los 250€ y 350€ mensuales, empujada por la falta de oferta y la voracidad del alquiler turístico en las zonas céntricas.

La búsqueda de piso y la estrategia debe basarse en la facultad y en el presupuesto disponible.

***La guía táctica por barrios:

<-Ciudad Jardín, que, quizás, sea el comodín universitario – (260€ – 320€).

El barrio estudiante por excelencia con muchos pisos antiguos (muchos sin ascensor ni buen aislamiento), pero con una ubicación táctica insuperable, de manera, que es ideal si compartes piso con amigos de distintas carreras:

*A 5-10 min a pie de la Estación de Renfe (vital para ir al Campus de Rabanales).

*A 10-15 min a pie del Campus Menéndez Pidal (Medicina/Enfermería).

*A 20-26 min a pie a la Facultad de Derecho.  

<-Centro / Vial Norte (300€ – 350€+).

Pisos más grandes, reformados y con mejores calidades constructivas. Excelente conexión de transporte, pero la presión turística hace que los precios sean los más altos.

<-Poniente / Zoco (280€ – 330€).

Zonas modernas, seguras y con urbanizaciones que a menudo incluyen zonas comunes. Es la zona “premium” y más demandada para los estudiantes del campus biosanitario (<-Menéndez Pidal).

<-Santa Rosa / Levante (220€ – 270€).

Opciones más económicas en barrios residenciales tradicionales. El hándicap: la conectividad es baja o media. Se depende de los autobuses de Aucorsa y de hacer transbordos para llegar a los campus principales.

3.- La letra pequeña – (Contratos, trampas y el “palo” inicial).

El mercado de estudiantes se rige por contratos de “uso distinto de vivienda” (temporada). Esto desprotege al inquilino frente a la vivienda habitual y esconde prácticas que se deben conocer antes de firmar:

*Te echan en verano: Los contratos duran 10-11 meses. En julio/agosto debes irte para que el propietario haga caja alquilándolo a turistas o para evitar que generes derechos de larga estancia.

*Responsabilidad solidaria: Si alquiláis el piso completo entre varios, sois responsables de todo. Si un compañero deja de pagar, los demás tendréis que asumir su parte.

*El desembolso inicial es perjudicial: Para entrar a un piso necesitarás pagar de golpe:

<<*1 o 2 meses de fianza legal (se flexibiliza a 1 mes a veces). *El mes corriente por adelantado. *Los honorarios de la inmobiliaria (1 mensualidad + IVA), que en contratos de temporada sí se los siguen cobrando al arrendatario.>>

4.- Consejos de supervivencia (y seguridad).

1.- El reloj corre en Mayo: No esperar a agosto, ya que, el periodo crítico para reservar pisos de 3-4 habitaciones a buen precio empieza entre mayo y junio.

2.- Exige climatización: Córdoba en septiembre y mayo/junio es un horno. Un piso sin buen aire acondicionado te destrozará el rendimiento y el descanso.

3.- Cuidado con los fraudes: Jamás se debe hacer una transferencia para “reservar” una habitación sin haber visto la vivienda, sin comprobar la identidad del arrendador y sin un documento que lo avale.

4.- Zonas a evitar: Aunque Córdoba es muy segura, para el perfil universitario nocturno se desaconsejan zonas de alta vulnerabilidad social como el Distrito Sur o barriadas periféricas lejanas sin transporte, como Villarrubia o Las Palmeras.

<<Conclusión – (Se necesita valentía política).

La solución a la crisis de vivienda estudiantil en Córdoba no pasa por dar un par de cheques de 250 euros para que los propietarios los absorban subiendo el alquiler.

**Se requiere intervención real: “Construir un parque público de residencias a precios vinculados a la renta, ceder suelo universitario, crear una ventanilla única que acabe con la burocracia y establecer convenios estrictos con propietarios privados”.

Hasta que las administraciones y la UCO no asuman que el alojamiento es el pilar base del derecho a estudiar, las familias seguirán librando esta batalla en solitario.

El consejo final: “*Paciencia, *empezad a buscar pronto y *revisad cada cláusula del contrato*.

N. B. Imagen. Guía de vivienda para estudiantes en Córdoba – (Barrios, precios, movilidad y consejos prácticos)

(Nota. Infografía clara, descriptiva, innovadora y crítica con la gestión de las administraciones públicas sobre el problema de la vivienda estudiantil en Córdoba.)

Córdoba, 4 de octubre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. – Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exconcejal  Ayuntamiento y Exdiputado provincial de Córdoba. Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

IBI Urbano en Cabra – El gran absurdo – Sin luz para construir, pero pagando IBI como si tuviéramos una ciudad consolidada.

El P. P. llegó al poder en muchos ayuntamientos, Diputaciones y CC. AA. prometiendo que bajaría los impuestos, reduciría el gasto público y que pondría orden justo tributario, pero ocurre que no es así, ya que, en ayuntamientos gobernados por mayoría absoluta, como es el caso de Cabra (Córdoba) se siguen cometiendo injusticias tributarias un día si y otro también, de forma, que si alguien no me cree, que tenga la paciencia de leer este informe sobre el IBI Urbano.

La situación que padecen los propietarios de parcelas en la Zona de Belén en Cabra, (Unidad de Actuación SUNC/R-01 del PGOU de Cabra), presenta una contradicción administrativa difícil de justificar: “Cuando se solicita una licencia de obras, la respuesta es que no existe capacidad eléctrica suficiente para garantizar el suministro; pero, al mismo tiempo, esas mismas parcelas continúan tributando como bienes inmuebles urbanos, como si formaran parte de un ámbito plenamente urbanizado, equipado y apto para la edificación”.

No se trata únicamente de una cuestión económica. Está en juego la coherencia del sistema urbanístico y tributario: “La Administración no puede tratar el suelo como urbano para cobrar más impuestos y, simultáneamente, como suelo carente de condiciones suficientes cuando debe reconocer derechos urbanísticos”.

*Ver el Informe del Arquitecto Municipal de Cabra de 18 de octubre de 2012 (Ref. Entrada 7639/12), que acredita la ausencia de expectativas de desarrollo del sector.

*Así mismo, obra en el Expediente el Informe Urbanístico emitido por la Arquitecta Municipal del Ayuntamiento de Cabra con fecha 08/08/2025 (remitido mediante Decreto de Alcaldía de 17/09/2025, Expte. GEX 14846/24), en cuyos apartados Séptimo y Octavo se dice:

**SÉPTIMO.- “Según lo anteriormente expuesto, NO SE PUEDE AUTORIZAR LA EDIFICACIÓN, al no tener la condición de SOLAR requiriendo de la previa aprobación del correspondiente instrumento de ordenación ( Plan Parcial conforme a la ficha urbanística), proceder con el correspondiente desarrollo urbanístico obras de urbanización, así como con el cumplimiento de los deberes urbanísticos de la propiedad del suelo y cumplimiento de requisitos y garantías de urbanización”.

** Octavo.- “En conclusión, el suelo está clasificado como Urbano por el planeamiento vigente, sometido a actuaciones de Transformación Urbanística Delimitada habiéndose establecido las determinaciones de la ordenación estructural y pormenorizada (detallada) por el PGOU de Cabra,  **no obstante indicar que aún no se ha aprobado la figura correspondiente de planeamiento vigente para su desarrollo y concreción, esto es, el Plan Parcial para el uso residencial, por lo que no está legitimada su ejecución**.

¿Es legal que un Ayuntamiento te cobre impuestos por servicios que no tienes?

Esta es la situación surrealista que están viviendo los propietarios de parcelas en la Zona de Belén (Cabra). Por un lado, se deniegan sistemáticamente las licencias para construir porque Endesa afirma que no hay capacidad eléctrica. Sin embargo, por el otro, **el Ayuntamiento de Cabra no duda en pasar y exigir el recibo del IBI Urbano por unos terrenos que, a efectos prácticos y legales, siguen siendo rústicos**.

En la Zona de Belén (Unidad de Actuación SUNC/R-01 del PGOU de Cabra) no existe ordenación detallada ni pormenorizada, ni ha sido aprobado el correspondiente instrumento de planeamiento de desarrollo. La clasificación genérica de los terrenos como suelo urbanizable no basta para atribuirles naturaleza urbana a efectos catastrales. Así lo ha establecido el Tribunal Supremo, entre otras, en sus Sentencias de 30 de mayo de 2014, recurso 2362/2013; 19 de febrero de 2019, recurso 128/2016; 5 de marzo de 2019, recurso 1431/2017; y 24 de noviembre de 2021, recurso 7639/2019. Conforme a esta doctrina, el suelo urbanizable cuyo desarrollo depende de la aprobación de un instrumento posterior de ordenación detallada conserva la naturaleza rústica hasta que dicho instrumento sea aprobado. En consecuencia, la atribución catastral de naturaleza urbana a las parcelas de la Unidad de Actuación SUNC/R-01 del PGOU de Cabra carece de fundamento, mientras no exista planeamiento de desarrollo eficaz, sin que la mera delimitación del ámbito en el planeamiento general pueda justificar por sí sola la liquidación del IBI urbano.

**Regla jurisprudencial aplicable. La doctrina puede formularse de la siguiente manera:

El suelo urbanizable incluido en un sector o ámbito delimitado no tiene naturaleza urbana a efectos catastrales por el solo hecho de aparecer así clasificado en el planeamiento general. Solo adquiere dicha naturaleza cuando existe una ordenación detallada o pormenorizada aprobada que permita su desarrollo sin necesidad de un nuevo instrumento de planeamiento. Hasta ese momento, debe considerarse suelo rústico a efectos catastrales y del IBI.

Esta regla debe conectarse con el artículo 7.2.b) del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

***Aquí desglosamos este bloqueo administrativo y los pasos legales para exigir la devolución de nuestro dinero.

1.- El Bloqueo de Endesa – (Una infraestructura colapsada).

El freno a las licencias urbanísticas en la Zona de Belén (Unidad de Actuación SUNC/R-01 del PGOU de Cabra) no es un capricho, sino una limitación técnica vinculante. Los informes del sector advierten que la red eléctrica nacional está saturada. En Cabra, los transformadores de la subestación han agotado su capacidad.

Por ley, para que una parcela sea considerada un “solar” edificable, debe tener garantizados los servicios básicos. Al denegar Endesa la viabilidad del suministro eléctrico, el Ayuntamiento se ve atado de pies y manos para dar licencias. Hasta aquí, la lógica técnica impera.

2.- La trampa fiscal – (Cobrar IBI urbano por parcelas sin servicios).

Si la administración asume que no podemos construir porque no hay luz…

¿Por qué el Ayuntamiento de Cabra sigue cobrando el IBI Urbano en la Unidad de Actuación de la Zona de Belén?

**Este cobro revela una vulneración tajante de la jurisprudencia:

*La Sentencia del Tribunal Supremo (30/05/2014): Los ayuntamientos no pueden liquidar IBI urbano sobre terrenos urbanizables si estos no cuentan con un desarrollo urbanístico efectivo.

*Falta de ordenación detallada: Antes de aprobarse un instrumento de desarrollo (o si su ejecución está paralizada), el suelo mantiene su carácter rústico.

Nuestras cuatro parcelas sitas en la Unidad de Actuación SUNC/R-01 del PGOU de Cabra no están desarrolladas, y, como demuestra el bloqueo de Endesa, carecen de servicios básicos. Obligarnos a pagar un IBI urbano es gravar una riqueza irreal.

3.- Guía de acción – (Reclamar la aplicación de la Ley).

Es hora de actuar. Para detener esta irregularidad y recuperar los impuestos abonados en exceso, existen tres pasos fundamentales que se deben iniciar:

1.- Ante el Catastro (Subsanación de discrepancias): Debemos exigir a la Gerencia Territorial de Córdoba que modifique la descripción de nuestras parcelas de “urbano” a “rústico”.

2.- Ante el Ayuntamiento (Devolución de ingresos indebidos): Presentar un escrito exigiendo la reliquidación al IBI Rústico y la devolución de la diferencia de los últimos cuatro años (plazo no prescrito).

3.- Ante la Diputación de Córdoba y su (ICHL); Reclamar el cobro indebido  IBI Urbano del Ayuntamiento de Cabra.

**No podemos permitir que el incumplimiento de la Ley y la ineficiencia en las infraestructuras eléctricas la acabemos pagando los vecinos a precio de suelo urbano**.

N. B. Imagen. El gran absurdo de Cabra – Sin luz para construir, pero pagando IBI como si tuviéramos una ciudad consolidada.

(Nota. Por todo lo dicho, el Ayuntamiento de Cabra debería iniciar de oficio la modificación catastral de la Unidad de Actuación –SUNC/R-01 del PGOU de Cabra- exigiendo que las parcelas de dicha Unidad pasen a tributar como suelo rústico)

Córdoba, 29 de septiembre de 2026

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado. ICA-Córdoba. – Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exconcejal  Ayuntamiento y Exdiputado provincial de Córdoba. Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

Córdoba – Una ilusión del empleo – (Productividad, salarios y la realidad laboral)

Las noticias sobre la creación de empleo dibujan un panorama de optimismo macroeconómico en España, sin embargo, el reciente informe de la Comisión Europea ha venido a desmitificar estas cifras, revelando un problema estructural grave en nuestro mercado laboral:

“creamos empleo, sí, pero en sectores de muy bajo valor añadido”.

Como resultado, encontramos un “techo de cristal” para los salarios reales, neutralizando los esfuerzos por reducir la pobreza laboral mediante el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y provocando una grave compresión salarial.

A continuación, señalamos las claves y, lo que es más importante, cómo impacta esta realidad en nuestra provincia: Córdoba.

1.- Espejismo del empleo y la trampa de la baja productividad.

Los datos analizados por Bruselas arrojan características alarmantes a nivel nacional:

*Empleo precario en la base: Más del 82% de los nuevos puestos se ubican en sectores de baja productividad (principalmente servicios).

*El límite a los salarios: Si un sector no genera mayor valor añadido, los sueldos no pueden crecer de forma orgánica sin destruir empleo o disparar la inflación.

*Pobreza laboral estancada: Tener un trabajo en España ya no garantiza salir de la vulnerabilidad económica.

El informe europeo es contundente respecto a las subidas del SMI, así, aunque desde 2018 ha subido un 61% nominalmente, el incremento real del poder adquisitivo desde 2020 ha sido de un escaso 1,2%, devorado por la inflación, lo que unido a unas previsiones de crecimiento salarial casi nulo para 2026 y 2027, nos aboca a una compresión salarial:

“cada vez hay menos diferencia económica entre un trabajador no cualificado y uno de cualificación media”.

2.- Córdoba – (Tejido productivo – la realidad).

El panorama descrito por Europa se sufre de forma mucho más aguda en Córdoba debido a la propia configuración de nuestro tejido productivo.

<-Dependencia de servicios y agricultura. El “82% del empleo poco productivo” tiene nombre y apellidos en nuestra provincia. Dependemos de la hostelería, el comercio, el turismo y el sector primario, que son sectores intensivos en mano de obra y poco tecnologizados, el arquetipo exacto de la advertencia de Bruselas. Con el cierre de 2025, vemos que el sector servicios concentra a la inmensa mayoría de la masa laboral y a una cifra aproximada de 32.400 parados inscritos, a los que habría que sumar los inactivos que han abandonado la búsqueda de empleo desalentados.

<-El ahogo de los convenios colectivos locales. En la práctica de la negociación colectiva provincial, la realidad es compleja, ya que, con un salario medio histórico inferior a la media nacional, las subidas del SMI impactan a una enorme cantidad de trabajadores cordobeses.

<-Aplanamiento salarial. En convenios como comercio, limpieza o hostelería, el peón y el oficial de primera acaban cobrando prácticamente lo mismo.

<-Fuga de talento. Esta falta de diferenciación desincentiva la especialización,  ya que, el esfuerzo por formarse apenas se ve recompensado en la nómina.

Además, la alta temporalidad intrínseca a nuestras campañas agrícolas o a la estacionalidad turística provoca que los ingresos anuales reales sigan siendo insuficientes para escapar de los umbrales de pobreza.

3.- La dependencia del sector público.

Para completar el diagnóstico de Córdoba, hay que mirar a la Administración Pública, ya que, en economías con menor tejido industrial, lo público no solo regula, sino que es el mayor empleador y cliente de las empresas privadas.

<-Falsa estabilidad: Gran parte del comercio y la hostelería local sobrevive gracias al consumo de los empleados públicos. Lo que conlleva, que el talento joven y cualificado centra sus esfuerzos casi exclusivamente en preparar oposiciones, drenando al sector privado del capital humano necesario para innovar.

<-Contratación pública y asfixia empresarial: Las licitaciones públicas externalizan servicios de escaso valor añadido tecnológico (limpieza, seguridad, ayuda a domicilio). Pese a la Ley de Contratos del Sector Público, el criterio rey sigue siendo el precio. Las empresas compiten a la baja y su única vía de supervivencia es recortar costes laborales. No hay margen para innovar.

<-El choque legal: La Ley de Desindexación prohíbe revisar los precios de los contratos públicos, de forma, que cuando el Gobierno sube el SMI, las empresas adjudicatarias están obligadas a subir el sueldo a su base, pero la Administración no les paga más por el contrato. ¿El resultado? Se congelan los salarios de mandos intermedios y personal cualificado.

Todo esto consolida un mercado laboral dual: los empleados del sector público, con salarios ajustados a la inflación y derechos blindados) frente a los trabajadores de pymes y subcontratas, anclados al SMI y a la temporalidad.

4.- Pensiones – (El sostén que cronifica el problema).

En una provincia marcada por el envejecimiento, las pensiones actúan como la verdadera columna vertebral de la economía local, evitando el colapso social a corto plazo, pero alimentando la trampa de la baja productividad.

Las pensiones enmascaran la precariedad de los más jóvenes operando como “Estado del Bienestar suplente” en los hogares, y además, dirigen el consumo. El gasto se orienta hacia la sanidad, cuidados, comercio tradicional y hostelería de proximidad; es decir, se financia exactamente el tipo de sector servicios de bajo valor añadido del que nos advierte Europa.

**Se crea así una dolorosa paradoja, ya que, en muchos casos, la pensión media de las nuevas altas supera el salario mediano de los jóvenes que se incorporan al mercado laboral.

<<Conclusión>>

El informe de la Comisión Europea es una enmienda a la totalidad de una política laboral que solo celebra la cantidad de contratos firmados.

El verdadero reto para territorios como Córdoba no es la simple intermediación contractual, sino la necesidad imperiosa de diversificar nuestro tejido hacia la industria y la tecnología.

Mientras nuestro principal cliente (la Administración) siga exigiendo servicios de bajo valor añadido y licitando a la baja, y mientras el empleo siga anclado en sectores poco productivos, cualquier intento de subir salarios por decreto administrativo solo ahogará a nuestras pymes, comprimirá los convenios y estancará el poder adquisitivo real de los cordobeses.

N.B.  Imágenes. La ilusión del empleo – (Productividad, salarios y la realidad laboral de Córdoba).

1ª. Imagen. Brecha entre el esfuerzo (la productividad, representada por el enorme y pesado engranaje que empuja el trabajador) y la recompensa (los salarios, simbolizados por la diminuta moneda que recibe a cambio).

2ª.- Imagen. Productividad y empleo de calidad.

Córdoba, 16 de septiembre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado, ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exdiputado provincial de Córdoba. Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

La Colada – Agua ya y ahora – (Parálisis de la Diputación de Córdoba)

El problema del agua en el norte de Córdoba sigue exactamente igual: “Encallado en la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y agravado por la alarmante inacción de la Diputación de Córdoba y de su presidente, Salvador Fuentes”. Tras meses de fotos y abrazos institucionales con el Director General del Ministerio, la realidad es que la Institución Provincial parece no saber qué hacer, o peor aún, ni siquiera lo intenta.

No podemos supeditar el día a día de 80.000 ciudadanos de Los Pedroches y el Guadiato a un hipotético cambio de Gobierno en Madrid. La crisis es acuciante, ocurre ya y ahora. Por ello, presentamos este informe detallado de las acciones que la Diputación de Córdoba puede -y debe- ejecutar de manera autónoma, demostrando que la parálisis competencial es solo una excusa política.

<<El margen de maniobra de la Diputación – (Sin la CHG)>>

Aunque la CHG ostente las competencias sobre el dominio público hidráulico, la Diputación Provincial dispone de competencias propias (Art. 36 de la Ley de Bases del Régimen Local) y de un músculo financiero considerable para actuar de forma inmediata.

1.- Reparación de redes y digitalización – (Baja y Alta Municipal).

La CHG tiene competencia en el embalse, pero no en las tuberías que llevan el agua a los grifos, cuya gestión está delegada en la empresa provincial Emproacsa.

<-Plan de choque contra fugas: Financiar de inmediato la reparación de redes locales para evitar la pérdida de agua en el subsuelo.

<-Modernización de la ETAP de Sierra Boyera: Optimizar la tecnología de filtrado (carbón activo y sistemas DAF) para ser capaces de potabilizar el agua compleja de La Colada es competencia directa de la gestión provincial.

2.- Infraestructuras de Emergencia Local.

<-Sondeos y pozos locales: Identificar y poner en marcha acuíferos locales dentro de los términos municipales. La obra civil y su conexión a la red no dependen de la CHG.

<-Plantas potabilizadoras portátiles: Instalar sistemas móviles de ósmosis inversa para dar servicio inmediato a los municipios más afectados.

3.- Auxilio directo al sector ganadero y productivo.

***El motor económico del norte de Córdoba no puede esperar a la burocracia estatal.

<-Ayudas directas para cisternas y depósitos: Subvencionar el transporte de agua y la compra de tanques de almacenamiento para el ganado.

<-Eficiencia hídrica: Financiar sistemas de reutilización de aguas pluviales en las propias fincas e industrias lácteas y cárnicas.

4.- Presión jurídica activa.

En lugar de limitarse a la negociación de “salón”, la Diputación debe utilizar sus servicios jurídicos para personarse formalmente ante la Junta de Andalucía y el Ministerio, exigiendo el cumplimiento de los convenios firmados mediante requerimientos previos a la vía judicial.

<<Viabilidad Técnica y Presupuestaria – (Plan de Choque).

Para pasar de la teoría a la práctica en este año 2026, hemos estimado un presupuesto detallado basado en costes actuales de obra civil e ingeniería hidráulica. El montante total asciende a 14.850.000 €, una cifra perfectamente asumible para una institución que maneja un presupuesto anual consolidado superior a los 500 millones de euros.

<<Desglose del Presupuesto estimado>>

Bloque de ActuaciónDescripción BásicaCoste Estimado% del Total
Bloque 1: Redes y FugasAuditorías acústicas, sustitución de 20 km de tuberías obsoletas e instalación de contadores inteligentes.3.200.000 €21,5%
Bloque 2: Mejora ETAPSistema de flotación (DAF), renovación de filtros de carbón activo y 2 plantas portátiles de ósmosis.4.050.000 €27,3%
Bloque 3: Sondeos de EmergenciaEstudios geofísicos, perforación de 10 pozos de emergencia, equipamiento electromecánico y conexión.1.540.000 €10,4%
Bloque 4: Ayudas GanaderíaFondo de contingencia para camiones cisterna y ayudas a 1.200 explotaciones para depósitos de agua.4.940.000 €33,3%
Imprevistos y DirecciónMargen de seguridad del 5% para la ejecución de las obras.1.120.000 €7,5%
TOTALPlan de Emergencia Provincial14.850.000 €100%

<<¿Cómo puede la Diputación poner este dinero mañana sobre la mesa?>>

El marco legal actual (Ley de Contratos del Sector Público) y la normativa financiera local ofrecen tres vías jurídicas automáticas:

1.- Uso del remanente de Tesorería: Utilizar el superávit del ejercicio anterior para inversiones financieramente sostenibles o de emergencia.

2.- Baja por anulación: Detener temporalmente partidas no prioritarias de la Diputación (asfalto de vías secundarias, gastos de protocolo o cultura) y transferir el crédito a Emproacsa.

3.- Tramitación de emergencia (Art. 120 LCSP): Al declarar la Emergencia Hídrica Provincial, la ley permite adjudicar las obras de reparación y los sondeos sin concurso público previo, ordenando la ejecución inmediata en un plazo máximo de un mes.

El blindaje jurídico frente a la CHG: Si la Diputación ejecuta un pozo local para que la población beba en mitad de una crisis sanitaria y humanitaria, la Ley de Aguas la ampara. Si la CHG se opusiera o demorara la autorización por razones burocráticas, incurriría en una flagrante desviación de poder y responsabilidad patrimonial. La salud pública prevalece.

<<Conclusión – (Una inacción inexplicable).

Desde una perspectiva puramente técnica, jurídica y presupuestaria, la parálisis de la Diputación de Córdoba no se sostiene. Cuando una administración cuenta con la competencia legal de auxilio municipal, tiene la capacidad económica en sus remanentes y dispone de los mecanismos de contratación exprés que otorga la ley, la falta de acción se reduce a un único factor: <-falta de voluntad política e iniciativa ejecutiva->.

Utilizar el problema del agua como una estrategia de desgaste hacia el Gobierno central o como un escudo competencial es profundamente irresponsable. En derecho público, la inacción ante una competencia obligatoria en mitad de una emergencia social y económica es, sencillamente, inexplicable.

N. B. Imagen – La Colada, ya y ahora. Agua.

Córdoba, a 22 de junio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Afiliados vs. Afiliaciones – (Una trampa estadística)

<<Precisión técnica – (El debate)>>

La publicación de los datos de empleo por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desata un debate sobre la verdad real y el engaño oficial, ya que, para entender la salud real de nuestra economía, es imperativo distinguir entre dos conceptos que a menudo se confunden de forma interesada: <-afiliados-> y “afiliaciones”, porque no son lo mismo, y, la brecha entre ambos es la clave para entender la precariedad de nuestro sistema laboral y de S. S..

1.- Afiliados (Personas): Es el trabajador individual, la persona física con  independencia de cuántos empleos tenga, de forma, que cuenta como una sola unidad.

2.- Afiliaciones (Puestos/Contratos): Es la relación jurídica de alta en la Seguridad Social, de manera, que una sola persona puede generar varias afiliaciones simultáneamente.

La diferencia nace de dos realidades laborales: *el pluriempleo (dos contratos por cuenta ajena) y *la pluriactividad (alta en dos regímenes distintos, como el General y el RETA).

En España, siempre hay más afiliaciones que afiliados.

1.- Informe de situación – (Datos oficiales).

A cierre de marzo de 2026, los datos oficiales confirman que nos encontramos en un máximo histórico de “volumen”, pero con matices preocupantes en la <-calidad->:

*Afiliación Media: 21.882.147 (el dato que suele destacar el Gobierno).

*Afiliación desestacionalizada: Ha superado por primera vez el hito de los 22 millones (22.010.532).

*La Brecha Real: El número de personas físicas únicas (afiliados) se sitúa entre un 1,5% y un 3% por debajo de esas cifras. Es decir, hay millones de personas “contadas dos veces” en la estadística de empleo por necesidad de pluriempleo.

ConceptoDato Marzo 2026 (Aprox.)Significado Real
Afiliación (Puestos)22 millonesDinamismo y volumen de altas.
Afiliados (Gente)21,4 – 21,5 millonesCiudadanos reales trabajando.

2.- El impacto de la Reforma Laboral y el “ángulo muerto”.

Es un hecho patente que la reforma laboral ha cambiado la métrica del mercado, de forma, que aunque ha reducido la rotación extrema (el fin de los contratos de días), ha introducido distorsiones estadísticas:

<-Fijos-Discontinuos: En sus periodos de inactividad, no computan como afiliación en alta, pero mantienen el vínculo, lo que  genera “enclaves” estadísticos que dificultan saber si el empleo cae o simplemente está pausado.

<-Paradoja de la estabilidad: La estabilidad del contrato indefinido no ha frenado el pluriempleo; al contrario, el auge de los contratos indefinidos a tiempo parcial obliga a muchos trabajadores a buscar una segunda afiliación para alcanzar un salario digno.

<-Horas Trabajadas: Aquí reside el “ángulo muerto”, ya que, a pesar de rozar los 22 millones de afiliaciones, el promedio de horas por trabajador ha caído. Solo con datos de la última EPA, 2,13 millones de ocupados computaron como afiliados, pero trabajaron cero horas en la semana de referencia.

3.- Productividad – (La asignatura pendiente).

España se ha convertido en una “máquina de contratar”, pero no en una “máquina de producir“, porque nuestro crecimiento es extensivo (metemos a más gente al sistema) en lugar de intensivo (hacemos que cada hora sea más valiosa).

*Productividad por hora: Un 15% por debajo de la media de la eurozona.

*Crecimiento anémico: Desde 2019, la productividad solo ha avanzado un 3% acumulado, frente a un PIB que crece al 2,7% impulsado únicamente por el volumen de horas totales (+2,8%).

4.- La trampa de la sostenibilidad y el “engaño” del Sistema.

A corto plazo, las cifras de afiliación récord y las regularizaciones masivas pueden ofrecer una imagen de bonanza, sin embargo, a medio y largo plazo, el sistema se enfrenta a una quiebra técnica debido a tres grietas estructurales:

1.- El déficit de la Caja Única: Los nuevos cotizantes entran con salarios bajos (SMI) y bases mínimas, de manera, que sus aportaciones apenas cubren el gasto corriente, pero generan derechos para pensiones futuras que el sistema no podrá pagar.

2.- El muro demográfico: Estamos pasando de 4 cotizantes por pensionista a una ratio estimada de 1 a 1 para 2050, lo que conlleva, que será matemáticamente imposible que un trabajador con sueldo bajo financie una pensión media-alta.

3.- Desfase de Pensiones: Los nuevos jubilados (baby boomers) tienen bases de cotización mucho más altas que los nuevos entrantes, de forma, que si un afiliado aporta 300 eur. y el sistema debe pagar 1.500 eur. al pensionista, el agujero solo se cubre con deuda en sus distintas formas.

Narrativa PolíticaRealidad Económica
“Récord de afiliados para salvar el sistema.”Muchos afiliados con bases mínimas = menos recaudación.
“La inmigración resolverá el problema.”Solo si su productividad y salarios son elevados.
“Las pensiones están garantizadas.”La ley no imprime dinero; lo genera la productividad.

<<Conclusión>>

El sistema actual parte de un engaño contable, ya que, se prioriza el titular del “récord de afiliación”, mientras se ignora el estancamiento de la productividad y el colapso del contrato intergeneracional. La regularización masiva de personas con baja cualificación para sectores de bajo valor añadido solo pospone el problema, aumentando la deuda futura, con independencia, además, de que se colapsarán los servicios públicos y bajará su calidad.

Sin medidas reales -aumento de la edad de jubilación, cómputo de toda la vida laboral o modelos de capitalización mixtos-, España se encamina a una quiebra que ningún político se atreve a diagnosticar por puro cálculo electoral.

El que venga detrás, que lo arregle.

N. B. Imagen – Afiliados vs. Afiliaciones – (Trampa Estadística).

La trampa que la estadística camufla, pero que se puede ver a simple vista.

Córdoba, 12 de abril de 2026

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.