Sigo con mis nietos preguntones Ángela y Gonzalo y hoy vamos a ver el Puente Romano, deteniéndonos en los arcos 14 y 15 del mismo, que son los únicos originales del puente romano que quedan intactos.
El Puente Romano de Córdoba, erigido en el siglo I a.C. (posiblemente bajo el mandato de Augusto) para salvar el río Guadalquivir, es una de las infraestructuras históricas más importantes de España. Aunque originalmente contaba con 17 arcos, hoy en día se conservan 16, y, tras más de dos mil años de riadas, batallas y reconstrucciones, solo dos de ellos mantienen su estructura y factura romana original.
<<Los Supervivientes – (Arcos 14º y 15º)>>
De los 16 arcos actuales, los únicos que conservan su autenticidad arquitectónica romana son el decimocuarto y el decimoquinto, contando siempre desde el extremo norte del puente (el lado de la ciudad donde se ubica la Puerta del Puente, frente a la Mezquita-Catedral).
Estos dos arcos han logrado resistir intactos a las numerosas intervenciones que sufrieron el resto de las arcadas (especialmente durante las épocas omeya y bajomedieval), debiéndose su supervivencia en gran parte a su ubicación, ya que, al estar más cerca de la orilla norte, han sufrido menos el embate directo de las fuertes corrientes y riadas históricas del Guadalquivir en comparación con los arcos centrales.
<<Características arquitectónicas originales>>
Lo que distingue a estos dos arcos del resto de la estructura reconstruida son tres elementos clave de la ingeniería civil romana clásica:
<-El arco de medio punto perfecto: A diferencia de otros arcos del puente que fueron reconstruidos con formas ligeramente apuntadas (influencia islámica o gótica), los arcos 14 y 15 mantienen el clásico arco de medio punto romano, que distribuye el peso de manera simétrica hacia los pilares.
<-Aparejo de sillares: Están construidos mediante sólidas piezas regulares de piedra caliza y calcarenita (extraída de la Sierra de Córdoba) asentadas sin argamasa visible en su diseño original. El resto del puente mezcla materiales posteriores e intervenciones medievales.
<-Proporción y anchura: Respetan la geometría y las dimensiones originales de la Vía Augusta, que requería unos 9 metros de anchura para permitir el tráfico de legiones, carros y mercancías comerciales entre Corduba (capital de la provincia Bética) y Gades (Cádiz).
<<Por qué se perdió el resto de la estructura romana>>
A lo largo de sus 331 metros de longitud, el puente tuvo que soportar circunstancias extremas que obligaron a su constante reconstrucción:
1.- Las riadas del Guadalquivir: La fuerza del río erosionaba los cimientos y derribaba las arcadas centrales con frecuencia.
2.- Conflictos bélicos: Desde las guerras civiles romanas hasta los enfrentamientos en época medieval (como las luchas contra Pedro I “el Cruel” en el siglo XIV), el puente sufrió demoliciones tácticas parciales para evitar el paso del enemigo.
3.- Remodelaciones islámicas y cristianas: Durante el emirato y califato de Córdoba, y, posteriormente en la época cristiana, los ingenieros reconstruyeron los arcos caídos utilizando sus propios estilos arquitectónicos, modificando los tajamares (las defensas de los pilares contra la corriente) y estrechando o ensanchando ciertos tramos.
N.B.Imágenes.El Puente Romano de Córdoba – (Arcos originales y vista general total).
Córdoba, 9 de octubre de 2026.
Fdo. Enrique García Montoya
Abogado. ICA-Córdoba. – Inspector de Trabajo y Seguridad Social.
Exconcejal Ayuntamiento y Exdiputado provincial de Córdoba. Exdiputado del Parlamento de Andalucía.
Las noticias sobre la creación de empleo dibujan un panorama de optimismo macroeconómico en España, sin embargo, el reciente informe de la Comisión Europea ha venido a desmitificar estas cifras, revelando un problema estructural grave en nuestro mercado laboral:
“creamos empleo, sí, pero en sectores de muy bajo valor añadido”.
Como resultado, encontramos un “techo de cristal” para los salarios reales, neutralizando los esfuerzos por reducir la pobreza laboral mediante el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y provocando una grave compresión salarial.
A continuación, señalamos las claves y, lo que es más importante, cómo impacta esta realidad en nuestra provincia: Córdoba.
1.- Espejismo del empleo y la trampa de la baja productividad.
Los datos analizados por Bruselas arrojan características alarmantes a nivel nacional:
*Empleo precario en la base: Más del 82% de los nuevos puestos se ubican en sectores de baja productividad (principalmente servicios).
*El límite a los salarios: Si un sector no genera mayor valor añadido, los sueldos no pueden crecer de forma orgánica sin destruir empleo o disparar la inflación.
*Pobreza laboral estancada: Tener un trabajo en España ya no garantiza salir de la vulnerabilidad económica.
El informe europeo es contundente respecto a las subidas del SMI, así, aunque desde 2018 ha subido un 61% nominalmente, el incremento real del poder adquisitivo desde 2020 ha sido de un escaso 1,2%, devorado por la inflación, lo que unido a unas previsiones de crecimiento salarial casi nulo para 2026 y 2027, nos aboca a una compresión salarial:
“cada vez hay menos diferencia económica entre un trabajador no cualificado y uno de cualificación media”.
2.- Córdoba – (Tejido productivo – la realidad).
El panorama descrito por Europa se sufre de forma mucho más aguda en Córdoba debido a la propia configuración de nuestro tejido productivo.
<-Dependencia de servicios y agricultura. El “82% del empleo poco productivo” tiene nombre y apellidos en nuestra provincia. Dependemos de la hostelería, el comercio, el turismo y el sector primario, que son sectores intensivos en mano de obra y poco tecnologizados, el arquetipo exacto de la advertencia de Bruselas. Con el cierre de 2025, vemos que el sector servicios concentra a la inmensa mayoría de la masa laboral y a una cifra aproximada de 32.400 parados inscritos, a los que habría que sumar los inactivos que han abandonado la búsqueda de empleo desalentados.
<-El ahogo de los convenios colectivos locales. En la práctica de la negociación colectiva provincial, la realidad es compleja, ya que, con un salario medio histórico inferior a la media nacional, las subidas del SMI impactan a una enorme cantidad de trabajadores cordobeses.
<-Aplanamiento salarial. En convenios como comercio, limpieza o hostelería, el peón y el oficial de primera acaban cobrando prácticamente lo mismo.
<-Fuga de talento. Esta falta de diferenciación desincentiva la especialización, ya que, el esfuerzo por formarse apenas se ve recompensado en la nómina.
Además, la alta temporalidad intrínseca a nuestras campañas agrícolas o a la estacionalidad turística provoca que los ingresos anuales reales sigan siendo insuficientes para escapar de los umbrales de pobreza.
3.- La dependencia del sector público.
Para completar el diagnóstico de Córdoba, hay que mirar a la Administración Pública, ya que, en economías con menor tejido industrial, lo público no solo regula, sino que es el mayor empleador y cliente de las empresas privadas.
<-Falsa estabilidad: Gran parte del comercio y la hostelería local sobrevive gracias al consumo de los empleados públicos. Lo que conlleva, que el talento joven y cualificado centra sus esfuerzos casi exclusivamente en preparar oposiciones, drenando al sector privado del capital humano necesario para innovar.
<-Contratación pública y asfixia empresarial: Las licitaciones públicas externalizan servicios de escaso valor añadido tecnológico (limpieza, seguridad, ayuda a domicilio). Pese a la Ley de Contratos del Sector Público, el criterio rey sigue siendo el precio. Las empresas compiten a la baja y su única vía de supervivencia es recortar costes laborales. No hay margen para innovar.
<-El choque legal: La Ley de Desindexación prohíbe revisar los precios de los contratos públicos, de forma, que cuando el Gobierno sube el SMI, las empresas adjudicatarias están obligadas a subir el sueldo a su base, pero la Administración no les paga más por el contrato. ¿El resultado? Se congelan los salarios de mandos intermedios y personal cualificado.
Todo esto consolida un mercado laboral dual: los empleados del sector público, con salarios ajustados a la inflación y derechos blindados) frente a los trabajadores de pymes y subcontratas, anclados al SMI y a la temporalidad.
4.- Pensiones – (El sostén que cronifica el problema).
En una provincia marcada por el envejecimiento, las pensiones actúan como la verdadera columna vertebral de la economía local, evitando el colapso social a corto plazo, pero alimentando la trampa de la baja productividad.
Las pensiones enmascaran la precariedad de los más jóvenes operando como “Estado del Bienestar suplente” en los hogares, y además, dirigen el consumo. El gasto se orienta hacia la sanidad, cuidados, comercio tradicional y hostelería de proximidad; es decir, se financia exactamente el tipo de sector servicios de bajo valor añadido del que nos advierte Europa.
**Se crea así una dolorosa paradoja, ya que, en muchos casos, la pensión media de las nuevas altas supera el salario mediano de los jóvenes que se incorporan al mercado laboral.
<<Conclusión>>
El informe de la Comisión Europea es una enmienda a la totalidad de una política laboral que solo celebra la cantidad de contratos firmados.
El verdadero reto para territorios como Córdoba no es la simple intermediación contractual, sino la necesidad imperiosa de diversificar nuestro tejido hacia la industria y la tecnología.
Mientras nuestro principal cliente (la Administración) siga exigiendo servicios de bajo valor añadido y licitando a la baja, y mientras el empleo siga anclado en sectores poco productivos, cualquier intento de subir salarios por decreto administrativo solo ahogará a nuestras pymes, comprimirá los convenios y estancará el poder adquisitivo real de los cordobeses.
N.B. Imágenes. La ilusión del empleo – (Productividad, salarios y la realidad laboral de Córdoba).
1ª. Imagen. Brecha entre el esfuerzo (la productividad, representada por el enorme y pesado engranaje que empuja el trabajador) y la recompensa (los salarios, simbolizados por la diminuta moneda que recibe a cambio).
2ª.- Imagen. Productividad y empleo de calidad.
Córdoba, 16 de septiembre de 2026.
Fdo. Enrique García Montoya.
Abogado, ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.
Exdiputado provincial de Córdoba. Exdiputado del Parlamento de Andalucía.
Hay instituciones que crecen porque atienden mejor a la ciudadanía y otras que crecen porque han aprendido a administrarse a sí mismas. La Diputación de Córdoba pertenece a la segunda categoría: “Una estructura cada vez más extensa, más costosa y más compleja, pero no necesariamente más útil”.
El presupuesto provincial para 2026 asciende a 385,4 millones de euros y alcanza los 522,9 millones en términos consolidados, al incluir organismos y empresas públicas. El incremento es del 14,92% en el presupuesto ordinario y del 21,31% en el consolidado.
La propaganda institucional presenta estas cifras como un signo de fortaleza, pero el tamaño presupuestario no constituye, por sí mismo, una medida de buena administración. Un presupuesto récord solo es una buena noticia si se traduce en mejores servicios, infraestructuras terminadas, menor carga burocrática y una respuesta más rápida a los problemas cotidianos. De lo contrario, el crecimiento del gasto no es transformación: “Es inflación administrativa”.
La verdadera pregunta no es cuánto dinero gestiona la Diputación, sino cuánto valor público devuelve por cada euro que recibe.
<<La provincia atrapada en su propia burocracia>>
La Diputación no carece de una misión legal relevante. Al contrario, la legislación básica de régimen local le atribuye funciones esenciales de coordinación, asistencia y cooperación con los municipios, especialmente con los de menor población. Entre ellas se incluyen la asistencia en materia jurídica, económica y técnica, la gestión recaudatoria, la administración electrónica y la contratación centralizada.
El problema aparece cuando la institución deja de ser una herramienta de apoyo municipal y se convierte en un circuito cerrado de informes, convenios, expedientes, órganos colegiados y estructuras paralelas. En ese momento, la burocracia ya no sirve a la competencia: “La competencia empieza a servir a la burocracia”.
<<Asistencia que no resuelve>>
La asistencia técnica y jurídica solo cumple su finalidad cuando permite que un pequeño ayuntamiento funcione con mayor seguridad, rapidez y menor coste. Si, pese a la existencia de estructuras provinciales, los municipios deben contratar servicios externos, crear unidades propias o duplicar recursos para obtener una respuesta eficaz, la asistencia deja de ser una solución y se transforma en una promesa institucional.
**No basta con tener departamentos. Es necesario medir: *El tiempo medio de respuesta a los municipios. *El número de expedientes pendientes. *El porcentaje de informes que se emiten fuera de plazo. *El coste provincial por servicio prestado. *El ahorro efectivo generado para los ayuntamientos.
Sin esos indicadores, la asistencia municipal corre el peligro de convertirse en una categoría retórica: “Formalmente existente, pero materialmente insuficiente”.
<<El laberinto del ICHL>>
El Instituto de Cooperación con la Hacienda Local responde a una finalidad legítima: “Facilitar la gestión tributaria de los municipios y permitir economías de escala”, sin embargo, cuando la delegación competencial es parcial y más cara, la centralización puede producir el efecto contrario al pretendido.
El ayuntamiento conserva departamentos de rentas, atención al contribuyente y gestión administrativa, mientras el Instituto interviene en determinadas fases de la recaudación. El resultado puede ser una cadena de remisiones, comprobaciones y comunicaciones en la que nadie parece tener la responsabilidad completa del procedimiento, aunque todos participen en él.
La cuestión no es defender la gestión directa o la delegada por razones ideológicas. La cuestión es comprobar cuál de las dos ofrece:
*Menor coste por expediente. *Menor tiempo de tramitación. *Menos reclamaciones. *Mayor recaudación efectiva. *Mejor atención al contribuyente.
Si la delegación no produce ahorro, claridad y resultados, debe ser revisada, ya que, la cooperación no puede consistir en añadir un intermediario permanente entre el ciudadano y su ayuntamiento.
<<El garantismo convertido en parálisis>>
El control interno es una garantía esencial del Estado de Derecho. La intervención, la fiscalización y la exigencia de responsabilidad no son obstáculos prescindibles, pero el garantismo deja de proteger el interés general cuando se transforma en una sucesión mecánica de controles repetidos que no aportan información nueva ni reducen riesgos relevantes.
Sellar el mismo expediente en tres fases no equivale necesariamente a fiscalizarlo tres veces. A veces solo significa retrasarlo tres veces.
La buena administración exige controles proporcionales, trazables y orientados al riesgo. El expediente menor y la gran contratación estratégica no pueden soportar idénticas cargas procedimentales. La Administración que revisa todo con la misma intensidad termina no controlando mejor, sino controlando peor aquello que realmente importa.
La utilización de sociedades mercantiles públicas y entes instrumentales se justificó como una vía para ganar flexibilidad, profesionalidad y capacidad operativa, sin embargo, la excepción organizativa puede convertirse en un sistema paralelo permanente.
Emproacsa y Epremasa concentran servicios de extraordinaria importancia: “Agua, residuos y prestaciones vinculadas al bienestar básico”. Precisamente por ello, no pueden evaluarse solo por su existencia formal ni por el volumen de actividad que declaran.
*Deben someterse a una pregunta elemental: ¿prestan un servicio mejor, más barato y más controlable que las alternativas disponibles?
La información pública sobre el presupuesto de 2026 ha situado a las empresas provinciales en el centro del debate financiero, con advertencias periodísticas sobre el riesgo de dificultades económicas si no se actualizan las tarifas. Al mismo tiempo, la Diputación y la Junta han impulsado obras por más de 11 millones de euros para conectar definitivamente La Colada con Sierra Boyera.
La inversión puede ser necesaria. Lo que no puede aceptarse es que la inversión se utilice como sustituto de la planificación, ni que las transferencias públicas oculten indefinidamente problemas de gestión, financiación o mantenimiento.
<<Agua – (la prueba definitiva)>>
El abastecimiento de agua en la Zona Norte y la situación del embalse de La Colada constituyen una prueba de credibilidad institucional. Cuando una Administración proclama grandes presupuestos, la ciudadanía tiene derecho a exigir resultados visibles: “Agua segura, infraestructuras operativas, mantenimiento estable y responsables identificables”.
Un servicio esencial no se acredita mediante convenios anunciados, ruedas de prensa o partidas presupuestarias. Se acredita cuando funciona.
<<Residuos y monopolio>>
La gestión pública de residuos puede responder a razones de interés general, continuidad y cohesión territorial. Pero la condición de medio propio no debe convertirse en una patente de ineficiencia.
**La ausencia de competencia no elimina la obligación de compararse con el mercado.
**La Diputación debería publicar periódicamente: *El coste unitario por tonelada gestionada. *El coste de personal directo e indirecto. *El peso de los gastos de estructura. *La evolución de las tarifas. *Las transferencias recibidas de la Administración matriz. *Los resultados de calidad y cumplimiento.
El monopolio público solo es defendible si demuestra eficiencia, transparencia y control. Si no lo hace, el ciudadano paga dos veces: primero mediante impuestos y después mediante tarifas.
<<El pacto presupuestario y la contradicción política>>
El presupuesto de 2026 fue aprobado con los votos favorables del Partido Popular y la abstención de Izquierda Unida, mientras PSOE y Vox votaron en contra. La abstención de IU estuvo vinculada, según las informaciones publicadas, a la incorporación de recursos destinados a los municipios, incluyendo 25 millones de euros entre presupuesto y remanentes.
El acuerdo parlamentario es legítimo. Lo que debe examinarse es su coherencia política y presupuestaria.
Quien se presenta ante los electores como defensor de la austeridad, la moderación fiscal y la reducción del gasto improductivo no puede limitarse a celebrar que el presupuesto crezca. Debe explicar qué partidas se eliminan, qué estructuras se racionalizan y qué servicios se someten a evaluación.
Un acuerdo de estabilidad no debería servir para blindar la inercia administrativa. El presupuesto no puede convertirse en una moneda de intercambio entre grupos políticos, ni la abstención en una coartada para evitar la transparencia sobre los compromisos asumidos.
La política presupuestaria no se mide por la habilidad para sumar votos, sino por la capacidad de distinguir entre gasto social, inversión productiva y gasto administrativo prescindible.
<<Una reforma que mida, compare y elimine.>>
La Diputación necesita menos retórica de modernización y más cirugía organizativa.
***La reforma debería asentarse en cinco decisiones concretas.
1.- Auditoría integral de la estructura.
**Debe realizarse una auditoría externa e independiente de: *Plantillas y relaciones de puestos de trabajo. *Personal eventual y cargos de confianza. *Mandos intermedios. *Organigramas de empresas públicas. *Asistencias técnicas y contratos de servicios. *Encomiendas y convenios interadministrativos. *Gastos de representación, publicidad y protocolo.
La auditoría debe identificar qué unidades prestan servicios esenciales, cuáles duplican funciones y cuáles carecen de resultados verificables.
2.- Cuenta de coste por servicio.
Cada servicio provincial debe disponer de una ficha pública con cinco datos mínimos:
“Coste total, usuarios atendidos, tiempo de respuesta, resultado obtenido y comparación con ejercicios anteriores”.
Lo que no puede medirse acaba justificándose por costumbre, y, lo que se justifica únicamente por costumbre termina siendo un candidato natural a la supresión.
3.- Reforma del ICHL.
El modelo tributario debe revisarse municipio por municipio. La delegación íntegra puede ser razonable cuando produzca especialización y ahorro, pero la delegación parcial debe desaparecer cuando genere duplicidades.
El contribuyente no tiene por qué conocer el organigrama institucional para pagar un recibo o presentar una reclamación. La Administración debe organizarse alrededor de la necesidad ciudadana, no alrededor de sus fronteras internas.
4.- Contratos de resultados para las empresas públicas.
Las transferencias a Emproacsa y Epremasa deben vincularse a objetivos concretos:
“Calidad del agua, continuidad del suministro, reducción de averías, coste por usuario, cumplimiento de rutas, reciclaje, mantenimiento y atención de reclamaciones”.
La financiación pública no puede funcionar como una póliza de seguro contra la mala gestión, ya que, si una empresa pública necesita recursos extraordinarios, debe explicar *por qué, *durante cuánto tiempo y *con qué plan de retorno.
5.- Infraestructuras con fecha de finalización.
La provincia necesita un cuadro público de infraestructuras críticas con presupuesto, responsable, grado de ejecución, incidencias y fecha prevista de puesta en servicio.
La conexión de La Colada con Sierra Boyera, el abastecimiento de la Zona Norte y la conservación de la red viaria no pueden vivir eternamente en el territorio de los anuncios.
Una obra pública que no termina es una forma de gasto permanente sin servicio permanente.
<<La Diputación que Córdoba necesita>>
La Diputación no debe desaparecer por tener competencias supramunicipales, sino que debe dejar de confundir su importancia institucional con su tamaño administrativo.
Una Diputación útil es la que permite a los pequeños municipios *hacer más con menos; *la que concentra servicios cuando realmente ahorra; *la que presta asistencia dentro de *plazo; *la que coordina sin invadir; *la que controla sin paralizar; y, *la que publica resultados comprensibles para cualquier ciudadano.
La alternativa no consiste en una Administración provincial más grande, sino en una Administración provincial más precisa, de forma, que tenga menos capas, menos intermediarios, menos expedientes circulares y más kilómetros de carretera mantenidos, más servicios operativos y más respuestas resueltas.
La ilusión burocrática consiste en creer que una institución mejora porque aumenta su presupuesto, multiplica sus órganos y extiende sus programas. La realidad administrativa es mucho más exigente: “Una institución solo mejora cuando el ciudadano puede percibir el resultado”.
La Diputación de Córdoba no necesita otra campaña de autoafirmación institucional. Necesita una radiografía completa, un diagnóstico sin complacencias y una operación de racionalización que coloque el interés general por encima de la comodidad de las estructuras creadas.
N. B. Imágenes. Una ilusión burocrática. (Radiografía de la ineficiencia y la quiebra político-presupuestaria en la Diputación de Córdoba).
1ª.- Imagen. Una ilusión burocrática – Ningún bien permanente.
2ª.- Imagen. Radiografía de la ineficiencia.
(Nota. En conclusión, la Diputación de Córdoba no adolece de competencias inútiles, sino de capas geológicas de burocracia, puestos redundantes y un exceso de cargos eventuales sostenidos por acuerdos políticos que no reflejan la voluntad mayoritaria ni el interés general de la provincia.)
Córdoba, 13 de septiembre de 2026,
Fdo. Enrique García Montoya.
Abogado, ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.
Exdiputado provincial de Córdoba. Exdiputado del Parlamento de Andalucía.
La red de carreteras y la vertebración viaria constituyen uno de los problemas más graves y claves para la competitividad, la seguridad vial y el equilibrio territorial de Córdoba. Por ello, abordamos la parálisis administrativa, el déficit inversor, el preocupante estado de conservación del firme y las soluciones innovadoras necesarias para revitalizar el territorio.
1.- Proyectos paralizados – (El bloqueo de los Ejes Nacionales y Autonómicos).
A.- Conversión de la N-432 en Autovía A-81 – (Badajoz – Córdoba – Granada).
Constituye el mayor déficit histórico en infraestructuras del Estado en la provincia, ya que su letargo administrativo frena el desarrollo logístico del Alto Guadiato y la Campiña.
*El problema: Tramos enteros atrapados en bucles de estudios informativos, caducidades periódicas de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y redacciones de proyecto inacabables.
*El impacto: Mantiene a la N-432 como un trágico punto negro de siniestralidad e impide consolidar un eje logístico transversal entre el sur de Portugal y el Corredor Mediterráneo.
B.- Parálisis de la Autovía del Olivar (A-318).
Concebida como el eje autonómico vertebrador entre Jaén, Córdoba y Sevilla, arrastra más de dos décadas de atasco administrativo.
*El problema: Solo están en servicio los 10 km entre Lucena y Cabra (inaugurados en 2009). Tramos vitales como Cabra – N-432 o la conexión Lucena – Puente Genil – Estepa siguen pendientes de actualización.
*El impacto: Soporta un elevadísimo flujo de tráfico pesado agroindustrial, disparando la siniestralidad y mermando la capacidad exportadora del sector.
Arteria clave entre El Carpio (A-4) y Torredonjimeno (A-316) para el tráfico agroalimentario e industrial entre ambas provincias.
*Puntos críticos: Tráfico agrícola intensivo que supera la capacidad de una vía convencional, alta siniestralidad por cruces a nivel y una clara fractura logística regional.
*El bloqueo: Inmersa en un bucle burocrático de licitaciones tradicionales, rigidez contractual y caducidad de evaluaciones ambientales.
D.- Cierre del anillo viario urbano – (La Ronda Norte de Córdoba).
Tras décadas de bloqueo en la vertebración de la capital por disputas presupuestarias y complejas expropiaciones, entre 2025 y 2026 se adjudicó e inició la Fase 1 (>30 M€). El reto crítico es evitar que eventuales hallazgos arqueológicos o sobrecostes vuelvan a dilatar los plazos.
2.- Diagnóstico del estado de conservación de la Red Viaria.
A la parálisis en la construcción de nuevos ejes autovía se suma una degradación continuada del pavimento y de los elementos de seguridad en las vías existentes, derivada de años de inversión en mantenimiento por debajo de los mínimos recomendados por los estándares técnicos internacionales (AEC).
A.- Red de Interés General del Estado (RIGE).
*N-432 (Futura A-81): Muestra un estado de conservación crítico. Presenta agotamiento estructural del firme en los tramos de montaña del Guadiato y en la travesía de la Campiña, con baches recurrentes, piel de cocodrilo y pérdida del coeficiente de rozamiento transversal, agravando el riesgo en condiciones de lluvia.
*Autovía del Sur (A-4): Aunque mantiene la capacidad, acumula roderas en el carril derecho por la elevada intensidad de vehículos pesados en el paso hacia Andalucía Occidental, requiriendo reasfaltados de emergencia periódicos que no corrigen el problema de subbase.
B.- Red Autonómica – (Junta de Andalucía).
*Vías de gran capacidad (A-45, A-316): Presentan conservación aceptable en la capa de rodadura, si bien sufren de degradación puntual en las juntas de dilatación de viaductos y en la señalización vertical envejecida.
*Vías convencionales principales (A-306, A-318, A-339): Padecen deformaciones plásticas provocadas por el transporte masivo en campañas agrícolas (aceituna y cereal). La falta de conservación preventiva ha provocado el agrietamiento longitudinal de los arcenes y el deterioro de los elementos reflectantes de balizamiento.
C.- Red Provincial (Diputación de Córdoba – >2.500 km).
Es la categoría en estado más alarmante. Se encuentra en una situación de “obsolescencia estructural por falta de mantenimiento de ciclo de vida”:
*Pavimento de rodadura: Pérdida generalizada del árido superficial, descarnamiento acelerado, socavones y falta de adherencia neumático-calzada.
*Drenaje longitudinal y transversal: La falta de limpieza y el sobreancho vegetal han colmatado cunetas y tajeas. El agua no evacuada se infiltra bajo el firme, acelerando el colapso de la plataforma.
*Señalización y balizamiento: Inexistencia o degradación total de las marcas viales continuas/discontinuas y señalización vertical caducada o tapada por la maleza en la mayor parte de las carreteras secundarias.
3.- La Red Provincial – (Tejido capilar al borde del colapso).
La red gestionada por la Diputación de Córdoba supera los 2.500 kilómetros y su deterioro estructural trasciende la incomodidad, siendo un freno socioeconómico directo y un acelerador de la sangría demográfica rural.
<-Diagnóstico técnico:
*Agotamiento de firmes: El tráfico masivo de maquinaria agrícola y camiones pesados ha rebasado la capacidad portante del firme, causando roderas y fallos estructurales.
*Geometría obsoleta: Calzadas estrechas (<6 metros), sin arcenes ni cunetas revestidas, imposibilitando el cruce seguro de vehículos pesados.
*Drenaje y riesgo geotécnico: Sistemas de drenaje colmatados y suelos arcillosos expansivos (Campiña) que agrietan el pavimento con los ciclos de sequía y lluvia.
<-Impacto multidimensional y jurídico.
1.- Estrangulamiento agroindustrial: Aumento de costes logísticos, averías en flotas y pérdida de competitividad de las cooperativas localizadas en el primer tramo del transporte.
2.- Aislamiento social y despoblación: Aumento del tiempo de acceso a servicios sanitarios y educativos de emergencia, empujando al despoblamiento de núcleos menores.
3.- Responsabilidad Patrimonial: Riesgo indemnizatorio constante para la Administración bajo el Art. 32 de la LRJSP debido a accidentes causados por deficiencias de conservación y falta de mantenimiento del pavimento.
4.- Análisis presupuestario y desglose comarcal.
Para evitar el fenómeno de la reconstrucción tardía (donde reparar cuesta hasta 5 veces más que mantener de forma preventiva), se establecen, prudentemente, las siguientes estimaciones de inversión anual requerida:
Concepto / Mantenimiento
Coste / km
Presupuesto Total
Estado / Cobertura
Mantenimiento Rutinario (Mínimo)
3.000 € – 5.000 €
7,5 M€ – 12,5 M€
Insuficiente: Bacheo y limpieza. No frena el envejecimiento.
Estándar Integral Aceptable (AEC)
8.000 € – 12.000 €
20 M€ – 30 M€
Óptimo: Reasfaltado periódico, ensanches y seguridad.
Programa Plurianual (2024-2027)
~3.700 €
~9,25 M€ / año
Déficit: Cubre solo lo básico de la red provincial.
Inversión Extraordinaria (2026)
–
25 M€
Emergencia: Reparaciones por borrascas y refuerzos.
<-Diagnóstico específico por comarcas.
Comarca
Tipología de Tráfico
Déficit Principal
Prioridad Estratégica
Los Pedroches
Pesado ganadero y lácteo
Calzadas estrechas (<5,5 m) y firme agotado
Ensanche de plataforma y refuerzo portante
Alto Guadiato
Conexión de aldeas y orografía
Firme envejecido, socavones y filtraciones
Renovación de rodadura y estabilización de taludes
La Subbética
Agrícola de montaña y turismo
Trazados sinuosos y baja visibilidad
Corrección de curvas y firme de alta adherencia
Campiña Sur / Valle
Agrícola intensivo
Deformación por arcillas expansivas
Estabilización del subsuelo con cal/cemento
5.- Propuestas innovadoras y vías de solución.
1.- Licitación por indicadores de rendimiento (KPIs): Contratos plurianuales de concesión o conservación integral basados en estándares garantizados (tiempos de respuesta, índice de fricción) en lugar de unidades de obra ejecutadas.
2.- Digitalización e IA en el firme: Sensorización en vehículos de servicio público y auscultación inteligente para predecir fallos estructurales antes del colapso del firme.
3.- Asfaltos sostenibles y economía circular: Reciclado de firmes in situ con emulsión en frío y uso de caucho reciclado de neumáticos, mejorando la resistencia a la amplitud térmica de Córdoba.
4.- Cofinanciación Europea y red logística agro: Captación de Fondos de Cohesión y Transición Justa creando la figura de ‘Vías Logísticas Rurales’ para unificar caminos agrícolas clave y carreteras provinciales.
N.B. Imágenes. La red de carreteras en Córdoba y Provincia – (un problema olvidado).
1ª. Imagen.
2ª. Imagen.
(Nota. La Diputación de Córdoba, con el mayor presupuesto de su historia, solo tiene dinero para hacer crecer su propia estructura y sus gastos corrientes, subvencionar y cubrir las pérdidas de sus Empresas Públicas, dedicarse a cubrir el costo de la apertura de fosas, etc. etc.)
Córdoba, 10 de septiembre de 2026
Fdo. Enrique García Montoya.
Abogado ICA-Córdoba – Inspector de Trabajo y S.S.
Exdiputado provincial de Córdoba – Exdiputado del Parlamento de Andalucía.
SÍNTESIS EJECUTIVA DE RUPTURA. Frente a la narrativa oficialista que celebra el hito histórico de los 22,3 millones de afiliados, el presente análisis sociojurídico demuestra que el mercado de trabajo español atraviesa una *crisis de fragmentación structural*. La reducción de la temporalidad nominal esconde un fenómeno masivo de precariedad juridificada, donde la duración media del contrato ha caído a mínimos de dos décadas (45,83 días) y la creación neta de empleo responde de forma abrumadora (71%) a la regularización administrativa extraordinaria de mano de obra extranjera, tapando la recesión del empleo nacional.
1.- La deconstrucción de la verdad oficial – (Afiliación récord vs. trabajo efectivo).
El triunfalismo institucional erigido sobre el parámetro cuantitativo de los 22,3 millones de cotizantes omite deliberadamente la métrica clave de la salud laboral:
“El volumen de trabajo efectivo medido en horas trabajadas por cotizante”.
La reforma laboral de 2022 operó un trasvase categorial, pero no una transformación del modelo productivo, de forma, que se ha sustituido la figura del trabajador temporal por la del fijo-discontinuo e indefinido rotatorio, fraccionando la masa salarial y repartiendo la precariedad entre un número mayor de titulares contractuales.
Variable Analizada
Dato Oficial (Agosto 2026)
Lectura Oficial / Convencional
Diagnóstico Crítico / Ruptura
Afiliación Total
22,3 millones de cotizantes
“Máximo histórico de empleo y robustez”
Dopaje estadístico por regularizaciones y reparto de horas entre más contratos.
Duración Media Contractual
45,83 días (Mínimo en 20 años)
“Ajuste estacional coyuntural”
Hiper-rotación institucionalizada. Los contratos indefinidos funcionan operativamente como temporales.
Temporalidad Asalariada
13,6% (+0,4% desestacionalizado)
“Estabilización tras la Reforma 2022”
Repunte sostenido durante 6 meses. Fracaso de la rigidez normativa sin cambio de matriz productiva.
Nacional vs. Extranjero
Nacional: -4.000 / Extranjero: +74.000
“Dinamismo e integración laboral”
Destrucción neta del empleo nacional. El saldo positivo depende en un 68% de regularizaciones.
2.- La ficción del contrato indefinido – (Duración mínima y pluri-firmer fraudulenta.
**El dogma de que la firma de un contrato indefinido garantiza la estabilidad salarial y vital queda completamente desmantelado ante la evidencia empírica del verano de 2026:
*El colapso de la duración media: En julio de 2026, la duración media de la contratación se situó en 45,83 días, con más de un tercio de la totalidad de contratos formalizados por un periodo inferior a 30 días.
*El fenómeno de los “Falsos Indefinidos”: La detección por parte de la consultora Randstad de más de 22.000 trabajadores que firmaron múltiples contratos indefinidos en un único mes (agosto) pone al descubierto un uso abusivo del periodo de prueba y de las bajas voluntarias/despidos pactados.
*El repunte de la temporalidad abierta: Con un incremento desestacionalizado del 0,4% en agosto y picos del 0,7% en mayo, la temporalidad se sitúa en el 13,6%, confirmando que los sectores estacionales han agotado el margen de absorción de la normativa de 2022.
“No estamos ante la erradicación de la precariedad, sino ante su juridificación: *la sustitución del contrato temporal extinto por el contrato indefinido de desecho, donde la estabilidad es puramente nominal y el despido o la inactividad sustituyen al vencimiento de término*.”
3.- Regularización Extraordinaria – (Subvención demográfica a la ineficiencia empresarial).
El proceso extraordinario de regularización de 2026, con 337.917 extranjeros afiliados a 31 de agosto (269.627 en Régimen General y 16.912 en Autónomos), requiere un análisis exento de sesgos partidistas o bienintencionados.
Mientras que el discurso institucional ensalza la medida como un avance social, el análisis económico-jurídico riguroso revela una paradoja estructural:
“La regularización ha actuado como una inyección de mano de obra intensiva que rescata a sectores de muy baja productividad”·Al aportar un contingente de trabajadores en situación de alta vulnerabilidad socioeconómica, el sistema productivo posterga las inversiones necesarias en automatización, digitalización y valor añadido.
Asimismo, la brecha entre la pérdida desestacionalizada de 4.000 afiliados nacionales y el aumento de 74.000 afiliados extranjeros en agosto demuestra que el motor del empleo nacional está apagado, ya que, sin el efecto afloramiento de la regularización administrativa, España estaría registrando cifras de estancamiento o destrucción neta de puestos de trabajo, situación corroborada por el incremento en 44.419 personas del paro registrado en agosto (el peor registro desde 2019).
4.- Los cuatro dogmas oficiales falsos.
Dogma 1: “La Reforma Laboral eliminó la precariedad.” *Realidad: La precariedad ha migrado a la duración real de la relación laboral y a la imprevisibilidad de los llamamientos en los contratos fijos-discontinuos.
Dogma 2: “Los 22,3 millones de afiliados garantizan la sostenibilidad de la Seguridad Social.” *Realidad: Cotizaciones basadas en salarios de bajos ingresos y jornadas parciales divididas generan ingresos marginales insuficientes para equilibrar el déficit del sistema pensional.
Dogma 3: “La regularización crea empleo neto genuino.” *Realidad: Transforma cotizantes informales en informales administrativos sin incrementar la productividad total de los factores (PTF).
Dogma 4: “El desempleo se mantiene contenido.” *Realidad: El repunte de 44.419 desempleados en agosto expone las tensiones de absorción del mercado, exacerbadas por la inscripción masiva de regularizados previa a su contratación formal.
5.- Propuestas de ruptura y reingeniería normativa.
1.- Implantación del índice de volatilidad contractual real (IVCR): Sustitución del indicador estadístico de “modalidad formal de contrato” por una métrica objetiva que audite la estabilidad efectiva por trabajador (días trabajados consecutivos / días del año natural). Aquellas empresas cuyos contratos indefinidos no superen los 180 días continuados sufrirán un recargo automático en las cotizaciones a la Seguridad Social.
2. Auditoría algorítmica preventiva del periodo de prueba: Fiscalización automatizada por la Inspección de Trabajo sobre empresas que utilicen el desistimiento en periodo de prueba de forma recurrente como sustituto del despido improcedente o la contratación temporal.
3. Condicionalidad de las regularizaciones a planes de recualificación: Obligación legal para las empresas empleadoras de trabajadores regularizados de cofinanciar planes de formación técnica que mejoren la productividad y eviten el encasillamiento en nichos de precariedad sistémica.
4. Transparencia estadística integral: Publicación desagregada de la afiliación diferenciando horas trabajadas efectivas, masa salarial cotizada y trayectoria contractual continua de los trabajadores.
1ª. Imagen. La cifra deslumbrante de los 22,3 Millones, representa el triunfo cuantitativo oficial. La estructura de andamios mecánicos que se desmorona en pequeños relojes de arena, simbolizan la drástica caída de la duración media de los contratos a apenas 45 días; y, la cascada de contratos de trabajo rotos y fragmentados que flota en el aire sobre un suelo inestable de piezas de puzle, reflejan la realidad de la rotación indefinida y los falsos indefinidos.
2ª. Imagen. Espejismo y crítica de la precariedad.
Cordoba, 4 de septiembre de 2026.
Fdo. Enrique García Montoya.
Abogado ICA-Córdoba – Inspector de Trabajo y Seguridad Social.
