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La elección del 29N en Córdoba – Voto nominal, abstención reflexiva o el coste de blanquear el aparato.

(Voto útil o exigencia de principios)

La aproximación a las urnas el próximo 29 de noviembre coloca al electorado de centro-derecha en Córdoba ante una encrucijada moral y política sin precedentes recientes. Durante años, la apelación al voto útil ha funcionado como un mecanismo de disciplina partidista, un cheque en blanco firmado en favor de las siglas para frenar a la izquierda, sin embargo, cuando la gestión territorial desconecta de los principios anunciados en las tribunas nacionales, *la apelación al voto ciego deja de ser una responsabilidad cívica para convertirse en una trampa de supervivencia para las estructuras orgánicas*.

El debate suscitado en nuestra provincia a raíz de la candidatura de Salvador Fuentes López al Senado -compaginando la presidencia de la Diputación Provincial de Córdoba con la aspiración a las Cortes Generales- ha destapado las costuras de un modelo agotado:

“El de la política concebida como un modus vivendi endogámico, donde la falta de trayectoria en el sector privado se suple con la acumulación de cargos e institucionales”.

I. La trampa del «voto útil» sin exigencia de principios.

El argumento de cerrar filas a cualquier precio parte de un supuesto falso: *Asumir que el elector es un activo cautivo*.

Cuando desde la Diputación de Córdoba presidida por Salvador Fuentes Lopera se asumen pactos de presupuestos y gobernabilidad con Izquierda Unida, se dotan partidas para la agenda ideológica de la memoria democrática y la apertura de fosas, o se repercute la ineficiencia de entes deficitarios como EMPROACSA y EPREMASA mediante subidas de tasas a las familias y pymes cordobesas, el votante de centro-derecha experimenta una evidente disonancia.

¿Qué utilidad real tiene premiar con un escaño en la Cámara Alta a quien ha ejercido una “paz de despacho” a costa de rebajar los principios de contención fiscal y batalla cultural?

Premiar la incoherencia con el blindaje parlamentario no preserva la alternancia, ya que, simplemente blanquea el tacticismo orgánico (exceso de cálculo oportunista que subordina principios a conveniencias inmediatas)  y devalúa la credibilidad del mensaje nacional de rigor y ejemplaridad.

II. Las tres vías del votante exigente ante las urnas.

Ante este panorama, el votante conservador y liberal ya no se enfrenta a una adhesión incondicional, razón por la que, el mapa de opciones para el 29N se articula en tres respuestas maduras y conscientes:

1.- El ejercicio del voto nominal y selectivo en el Senado: A diferencia de las listas cerradas y bloqueadas del Congreso de los Diputados, la papeleta del Senado es individualizada. La Constitución y la Ley Electoral otorgan al ciudadano la facultad de marcar de forma diferenciada a los candidatos de su preferencia. **El voto nominal permite respaldar candidaturas de acreditada solvencia profesional mientras se deja en blanco o se excluye la casilla de aquellos perfiles volcados exclusivamente en la disciplina de aparato**. Es el instrumento más directo para enviar un mensaje de corrección a la dirección provincial sin alterar el equilibrio de bloques.

2.- La abstención reflexiva: Lejos de la indiferencia o la apatía, la abstención consciente de las bases de centro-derecha representa un toque de atención frente a la desconexión con la economía real, de forma, que quien se abstiene reflexivamente no renuncia a su ideología, sino que *denuncia la sustitución del mérito y la capacidad por la cuota de partido y el clientelismo orgánico*.

3.- El trasvase hacia opciones sin compromisos de despacho: La consolidación de alternativas en el espectro del centro-derecha responde directamente a la negativa del elector a tolerar concesiones en la gestión local, razón por la que **la fuga de apoyos no la provoca la rigidez del votante, sino la volatilidad doctrinal de quienes prometen rigurosidad en los mítines y la liquidan en las ordenanzas fiscales de la Diputación**.

III. Conclusión – (La dignidad del voto no se negocia).

La verdadera regeneración democrática no vendrá de las directrices de los despachos provinciales, sino del nivel de exigencia con el que los ciudadanos ejerzan sus derechos electorales, ya que, *la política no puede seguir siendo un refugio para quienes carecen de alternativa fuera de las instituciones*, sino quedebe volver a ser un servicio temporal ejercido con solvencia, rigor y respeto absoluto a la palabra dada.

El 29 de noviembre, cada votante cordobés tiene en su mano la oportunidad de dictar una lección de madurez política:

“Recordar *que la confianza se gana con hechos probados, *que la coherencia no admite dobles contabilidades y *que la papeleta del Senado no es un salvoconducto de aparato, sino el altavoz de la verdad y los principios de nuestra tierra”.

N.B. Imagen. La alternativa del 29N – (Voto útil o exigencia de principios).

Córdoba, 4 de noviembre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado. Inspector de Trabajo y S.S.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba, exdiputado provincial y exdiputado del Parlamento de Andalucía.

La trampa del voto útil – El despertar del votante exigente – (Coherencia en los mítines y pactos en los despachos)

De la ruptura del «Contrato con España» al refugio institucional en la Cámara Alta

La reciente configuración de las candidaturas electorales de cara a la próxima cita con las urnas del 29 de noviembre ha vuelto a poner de manifiesto una de las mayores patologías de la política contemporánea en España:

“El abismo insondable que separa los grandes discursos sobre el rigor, la regeneración y el mérito de la cruda realidad del tacticismo orgánico en los territorios”.

Cuando el Partido Popular concurre a unas elecciones generales exigiendo la aplicación estricta de un «Contrato con España» basado en la verdad, la contención fiscal y la batalla cultural contra la izquierda, el contraste con decisiones concretas en provincias como Córdoba resulta desconcertante. La designación de Salvador Fuentes Lopera -presidente de la Diputación Provincial de Córdoba- como cabeza de lista al Senado destapa una anomalía estructural demoledora:

“La profesionalización exclusiva en el aparato de partido y la consiguiente desconexión entre la gestión técnica y la representación institucional, dinamitando por el camino los principios de igualdad, mérito y capacidad”.

I. El perfil de “aparato puro” y la ausencia de gestión en la economía real.

La trayectoria biográfica de Salvador Fuentes se circunscribe de manera ininterrumpida al ecosistema de la política orgánica e institucional (concejal, diputado provincial, diputado autonómico y teniente de alcalde). Este perfil de “aparato puro” -que comparte similitudes estructurales con figuras del ala contraria como el ministro Óscar Puente- evidencia una peligrosa desconexión con la realidad productiva del ciudadano de a pie.

Quien jamás ha gestionado una empresa privada, no ha arriesgado un patrimonio personal ni se ha enfrentado a las tensiones del mercado laboral, tiende a concebir la administración pública no como un servicio austero y eficiente, sino como un recurso de asignación de poder y cuotas orgánicas.

***Lo anterior explica con absoluta claridad por qué en la Diputación de Córdoba se ha asumido un pragmatismo de trinchera que ha pulverizado los principios ideológicos del Partido Popular:

**Pactos presupuestarios contra natura con Izquierda Unida para comprar “paz de despacho”.

**Financiación de la agenda del adversario mediante partidas dedicadas a la memoria democrática, apertura de fosas, aumento del gasto público y subvenciones a fondo perdido para empresas públicas ruinosas.

**Opacidad y falta de auditorías de eficiencia en entes públicos deficitarios como EMPROACSA (agua) y EPREMASA (basuras), acompañadas del consiguiente incremento de tasas e impuestos al contribuyente.

II. La contradicción institucional – (De la gestión provincial al Senado).

Si el Sr. Fuentes no gestiona con rigor en la Diputación, difícilmente podrá defender a Córdoba en el Senado. La contradicción lógica es de una enorme gravedad. El Senado es, por definición constitucional, la Cámara de representación territorial donde deben defenderse con solvencia los intereses económicos, fiscales e infraestructurales de la provincia.

Si como gestor público se aplica en el Palacio de la Merced una “doble contabilidad” -plegándose a las exigencias de la izquierda a cambio de estabilidad orgánica-, malamente podrá erigirse en Madrid como el adalid de la ortodoxia fiscal y la defensa intransigente del centro-derecha. El aparato del Partido Popular está utilizando la Cámara Alta como un destino de blindaje político o refugio institucional para cargos orgánicos provinciales, alejándolos del desgaste de la gestión municipal en lugar de reservarlo para perfiles con acreditada autoridad moral y solvencia profesional fuera de la política.

III. El mito del «voto cautivo» y el desmantelamiento del voto útil.

Uno de los mayores errores de cálculo de los aparatos orgánicos en periodo electoral es dar por sentado que el elector de centro-derecha es un activo cautivo; es decir, asumir que por miedo a la izquierda o por inercia ideológica aceptará cualquier decisión de despacho y votará disciplinadamente lo que le impongan desde la cúpula.

Esa soberbia ignora una realidad incontestable: “El electorado actual está hiperinformado, es profundamente exigente y ya no concede cheques en blanco”.

***La designación de Fuentes como número uno al Senado actúa como un acelerador de la crisis de confianza por tres vías:

1.- La quiebra de la ejemplaridad: El ciudadano exige coherencia entre lo que se predica en los mítines nacionales y lo que se ejecuta en los presupuestos provinciales.

¿Cómo se puede exigir rigor presupuestario y batalla de ideas mientras en el ámbito local se pacta con la izquierda y se financia su agenda ideológica?

2.- Indefensión de los intereses cordobeses: Un representante cuya lealtad histórica ha sido la disciplina de aparato difícilmente levantará la voz en Madrid contra las directrices de su dirección nacional ni priorizará las necesidades reales de Córdoba frente a la consigna orgánica.

3.- La falacia del “voto útil sin garantías”: Se nos repite machaconamente que hay que cerrar filas y votar a ciegas, sin embargo, el verdadero voto útil no es el que blanquea el clientelismo orgánico, sino el que exige coherencia. Premiar con un puesto en las Cortes Generales a quien ha devaluado el mensaje doctrinal convierte el voto en una patente de corso, desactiva la movilización y acelera tanto la abstención reflexiva como el trasvase directo de votos hacia formaciones como VOX.

Una candidatura con estas características equivale a hacerle el trabajo al adversario, ya que, revela una prepotencia que explica por qué el Partido Popular no crece cuando debería arrasar, por qué VOX se fortalece día a día y por qué la izquierda logra mantenerse en pie cuando debería estar hundida.

Conclusión.

El caso de Córdoba pone al descubierto la peor anomalía de nuestro sistema:

“la sustitución del mérito, la capacidad y la fidelidad al ciudadano por la sumisión ciega a las estructuras orgánicas”.

Un político cuya única escuela ha sido el aparato y cuyo principal logro ha sido el apaciguamiento presupuestario a costa de mercadear con sus principios trasladará a la Cámara Alta la misma lógica de supervivencia táctica que ha demostrado en la Diputación.

Frente a quienes confunden las siglas con un salvoconducto para hacer lo contrario de lo que prometen, la verdad, el rigor y los principios se demuestran en cada tasa, en cada subvención y en cada presupuesto. Desmontar esta doble contabilidad con hechos probados es una tarea cívica indispensable.

El próximo 29N, el votante de centro-derecha tiene la palabra para recordar que la confianza ni se regala ni se negocia en los despachos.

N.B. Imágenes.La trampa del voto útil – El despertar del votante exigente – (Coherencia en los mítines y pactos en los despachos)

1ª. Imagen.

2ª. Imagen.

Córdoba, 1 de noviembre de 2026

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado. Inspector de Trabajo y S.S.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba, exdiputado provincial y exdiputado del Parlamento de Andalucía.

El «Contrato con España» se rompe en Córdoba – (La factura inadmisible de la Diputación provincial)

Alberto Núñez Feijóo ha presentado su «Contrato con España» sobre cuatro principios:

*Decir la verdad, *respetar la ley, *que el esfuerzo valga la pena y *preservar la unidad.

Ha prometido gobernar “desde la verdad”, rendir cuentas y ser juzgado “por los hechos, no solo por las palabras”.

Pues bien: Si ese contrato tiene algún valor, debe empezar a exigirse también en las Diputaciones gobernadas por el PP., y, concretamente, en la Diputación de Córdoba, presidida por Salvador Fuentes Lopera, hay motivos fundados para sostener que no se está cumpliendo:

“Se está ejecutando, con dinero público y bajo siglas populares, buena parte de la agenda que el PP dice combatir en Madrid”.

<<Coherencia o traición>>

No se trata de un matiz de gestión ni de una inevitable “flexibilidad territorial”, sino que se trata de una cuestión de coherencia política:

“Un partido no puede predicar austeridad, neutralidad institucional y control del gasto en la capital, mientras su presidente provincial financia prioridades, estructuras y relatos que pertenecen claramente al adversario ideológico”.

El votante de centro-derecha no es ingenuo, de forma, que no acepta que se le pida exigir rigor al Gobierno central y, a la vez, tolerar en su propia casa presupuestos que premian la ineficiencia, la opacidad y el sectarismo.

La palabra dada no admite doble contabilidad: *Una para Génova y *otra para Córdoba.

<<Tres rupturas evidentes>>

1.- Financiar la agenda del rival. Si el PP sostiene que determinadas políticas de memoria deben superarse por ideologizadas, *no puede luego destinar recursos provinciales a consolidarlas, ampliarlas o darles cobertura institucional*. La coherencia no consiste en cambiar de discurso según el micrófono, sino que consiste en no financiar con el dinero de los contribuyentes aquello que se dice querer derogar.

2.- Rescatar sin control lo ruinoso. Las empresas públicas provinciales, como EMPROACSA y EPREMASA, no pueden convertirse en cajas negras donde el dinero público cubre déficits, ineficiencias y decisiones opacas. El presidente de la Diputación es también responsable de EMPROACSA, según la propia estructura institucional provincial. Exigir auditorías independientes, cuentas claras, indicadores de eficiencia y rendición pública no es <deslealtad interna>: “Es el mínimo deber de quien administra fondos de todos los cordobeses”.

3.- Confundir pacto con rendición. Pactar una carretera, un abastecimiento de agua o una obra necesaria es gestión pública, pero pactar la financiación de relatos, estructuras o prioridades ajenas es concesión política.

La diferencia no es técnica: “Es sustancial”.

*La primera sirve al ciudadano; *la segunda compra silencios, legitimidades ajenas y paz de despacho.

<<El “pragmatismo” como coartada>>

Siempre aparecerá la misma excusa: “hay que gobernar”, “son compromisos legales”, “así funciona la política territorial”, pero la asignación presupuestaria nunca es un acto neutro: “Revela qué se considera prioritario, qué se protege y qué se sacrifica”.

Cuando la prioridad es contentar a la oposición ideológica antes que defender el programa con el que se pidió el voto, no hay pragmatismo: “Hay abandono del mandato recibido”.

Y cuando la dirección del PP guarda silencio ante esa deriva, el silencio deja de ser prudencia y se convierte en complicidad institucional.

<<La factura electoral>>

El electorado ya no es un cheque en blanco. No vota siglas para que, una vez alcanzado el poder territorial, se reproduzca -con otros colores y otros beneficiarios- el mismo gasto descontrolado, la misma discrecionalidad y la misma instrumentalización de lo público que se denuncia en el adversario.

Las consecuencias son previsibles: “Pérdida de credibilidad, abstención y fuga de voto hacia alternativas más coherentes con el electorado. No porque el votante sea extremista, sino porque entiende que la incoherencia es una forma elegante de engaño”.

<<Lo que debe exigirse ya>>

La Diputación existe para garantizar servicios esenciales -agua, residuos, carreteras, asistencia a los municipios-, no para financiar agendas ideológicas ni sostener estructuras ineficaces. La propia Diputación presenta actuaciones de EMPROACSA como servicios de abastecimiento y obras provinciales, y, precisamente por ello, su gestión debe someterse a un escrutinio máximo.

***El PP nacional no puede seguir mirando hacia otro lado. Debe imponer de inmediato:

**Auditorías externas e independientes de EMPROACSA, EPREMASA y resto de empresas e instrumentos provinciales.

**Publicidad íntegra de convenios, subvenciones, encomiendas y transferencias con implicación ideológica.

**Comités de garantías internos con capacidad real de vigilancia y sanción.

**Disciplina programática exigible a presidentes provinciales, alcaldes y cargos públicos del partido.

**Un principio innegociable: “Ningún euro público para financiar el relato, las estructuras o las prioridades de la oposición ideológica”.

<<Conclusión>>

Un contrato que no obliga a quienes gobiernan con las siglas de quien lo firma no es un contrato: “Es un eslogan”. *Si Feijóo quiere que su «Contrato con España» tenga credibilidad, debe demostrar que también obliga en Córdoba*.

Porque no basta con prometer verdad, ley, esfuerzo y unidad en Madrid, porque hay que practicarlos en cada Diputación, en cada empresa pública y en cada presupuesto provincial. Si no, el votante tendrá razón al concluir que el contrato se firmó para ganar elecciones, no para cambiar la forma de gobernar.

N.B. Imagen.  Conceptual – (El «Contrato con España» se rompe en Córdoba).

Córdoba, 20 de octubre de 2026.

Fdo.: Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exconcejal del Ayuntamiento y exdiputado provincial de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

Metástasis de la doble vara – (Ejemplaridad en Encinas Reales y blindaje en Cabra)

La salud de nuestras instituciones no se mide por la dureza con la que se castiga al adversario, sino por la coherencia con la que se actúa ante los propios. En estos momentos, en la Provincia de Córdoba, esa coherencia brilla por su ausencia en las actuaciones y omisiones del P. P., ya que, en un Ayuntamiento aplica una dureza fulgurante e inmediata y en otro Ayuntamiento con análoga situación la ignora y pasa de largo, estableciendo una desigualdad de trato contraria a la ley.

Hay un refrán popular que dice, que “la mancha de una mora con otra verde se quita”, que resalta la idea de que los errores o problemas pueden ser superados o compensados por acciones positivas, que es todo lo contrario que el P. P. de Córdoba está haciendo en Encinas Reales y en Cabra, ya que, al mismo problema está aplicando soluciones dispares: Una -(Encinas Reales)- la aplicación dura y fulminante de la ley, y, otra -(Cabra)- un blindaje con olvido de la ley, todo bajo el signo de la desigualdad con una doble vara de medir, que sale del mismo tronco, lo que no es otra cosa, que falta absoluta de coherencia.

Lo que está haciendo el P.P. y su Presidente y Delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía, Adolfo Molina, no es un simple error de gestión, sino que es una patología política de manual, que implica una metástasis de la “doble vara de medir”, que exige una disección y un análisis urgentes.

1.- Contexto – (La contundencia tiene código postal).

El Partido Popular de Córdoba, con la intervención directa de Adolfo Molina (Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía y Presidente del P.P. provincial), ha demostrado que sabe actuar con celeridad… –cuando quiere–.

<-En Encinas Reales: Ante la contratación de familiares en la empresa municipal EnciSocial S.L., la respuesta ha sido fulminante: “Suspensión de militancia y expediente de expulsión”. El mensaje ha sido claro: “El partido no tolera estas actuaciones”.

<-En Cabra: Donde el Sr. Molina fue concejal, se tramitan las Diligencias Previas 82/25, (Tribunal de Instancia, Sección Instrucción, Plaza nº. 1.) por presunta prevaricación y conductas análogas. ¿La respuesta?. Ha sido un silencio sepulcral y el mantenimiento de los investigados e implicados en sus cargos.

MunicipioAcción PolíticaEstatus de los Implicados
Encinas RealesExpulsión y condena públicaSuspendidos
CabraSilencio y pasividadBlindados en el cargo

2.- Análisis – (Cuando el poder se vuelve arbitrario).

Es un hecho conocido y aceptado, que la voluntad del político no puede pasar por encima de la Constitución, por lo que aquí  convergen cuatro quiebras legales manifiestas:

<-Arbitrariedad proscrita (Art. 9.3 CE): Tratar de forma distinta supuestos iguales sin justificación objetiva es, simplemente, inconstitucional, porque  si contratar familiares es intolerable en el municipio A, no puede ser ignorado en el municipio B.

<-Falta de objetividad (Art. 103 CE): La Administración no puede elegir cuándo ser íntegra, de forma, que utilizar el aparato disciplinario según la conveniencia estratégica quiebra el deber de servir con objetividad a los intereses generales.

<-Desviación de poder: Se sacrifica a un edil de un municipio menor para intentar salvar la reputación, mientras se protege a los cargos de plazas políticamente más relevantes. Esto es usar la potestad sancionadora como herramienta de control de daños, no de justicia.

<-Fraude de Ley (Art. 6.4 Código Civil): Invocar el “respeto a los tiempos judiciales” en Cabra -mientras se ignoran en Encinas Reales- es un uso instrumental de la norma para alcanzar un resultado prohibido: “La impunidad selectiva”.

3.- El “efecto bumerán” en los Tribunales.

La actuación en Encinas Reales no es solo un dato político, sino que es material probatorio de primer orden para el Tribunal de Instancia, Plaza n. 1., de Cabra.

Al calificar como “intolerables“ las conductas en un pueblo, el Sr. Molina acredita que conoce perfectamente el reproche jurídico de tales actos y, por tanto, su inacción en Cabra no es un error de apreciación, sino que es una omisión deliberada.

(Nota. Una propuesta: Es necesario que el Tribunal de Cabra solicite el expediente disciplinario de Encinas Reales, de manera, que la comparación entre  ambos expedientes será la prueba directa de una desigualdad contra ley.

<<Reflexión Final>>

La justicia predecible es la base de la democracia, de forma, que una Institución que normaliza la impunidad selectiva no está enferma de corrupción ocasional, sino de algo mucho más peligroso, concretamente, “la protección de los poderosos a costa del Estado de Derecho”.

Es hora de que la vara de la Ley sea la misma para todos, sin importar el peso político de la plaza.

N. B.  La metástasis de la doble vara de medir y una ejemplaridad selectiva en Encinas Reales con blindaje sistémico en Cabra es pura arbitrariedad y protección de los más poderosos a cuenta del estado de derecho.

Córdoba, 6 de marzo de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente de Córdoba Abierta -ACOA-.

La Doble Vara de Medir del Partido Popular en el Proyecto BLET

El pasado 8 de agosto de 2025, el Diario Digital El Día de Córdoba informó sobre la firma de un Protocolo entre la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba, participando el Ayuntamiento de Córdoba y la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO).

Este acuerdo, rubricado en el Palacio de la Merced, impulsa un proyecto formativo singular vinculado a la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), un iniciativa que, según la consejera Rocío Blanco, posicionará a Córdoba como “referente nacional en transformación tecnológica, modernización logística y empleo de calidad”.

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, destacó el compromiso de adaptar los itinerarios formativos a las necesidades de este proyecto, presentado como un pilar del futuro de la provincia.

A primera vista, todo suena prometedor. Sin embargo, la realidad es menos brillante cuando se examina con lupa. El Partido Popular (PP), que lidera este proyecto en Córdoba, se encuentra atrapado en una contradicción que pone en entredicho su coherencia y credibilidad.

Recientemente, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, exigió al portavoz del PSOE, Patxi López, que acreditara los “estudios de ingeniería industrial” que figuran en su perfil oficial, cuestionando su veracidad.

Es una demanda legítima: la transparencia y la verdad en la vida pública no son negociables. Pero esta exigencia debe aplicarse con el mismo rigor a todos, sin excepciones, incluidos los propios cargos del PP.

Aquí entra en escena Salvador Fuentes Lopera, presidente de la Diputación de Córdoba, cuya firma representa a la institución en el Protocolo del BLET. En su currículum oficial, Fuentes figura con “estudios de Derecho”, sin aclarar si posee o no el título correspondiente.

Esta ambigüedad es idéntica a la que el PP critica en Patxi López, por la que incluso ha pedido su dimisión.

La pregunta es inevitable:

¿por qué el PP exige responsabilidades a sus adversarios políticos, pero eleva a los altares a sus propios cargos en situaciones idénticas?

Si la verdad es un principio innegociable, el PP debería actuar con coherencia.

¿No hay en Córdoba un representante del PP con un currículum intachable para liderar un proyecto tan crucial como el BLET?

El alcalde de Córdoba, José María Bellido Roche, también presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), podría ser una opción más adecuada, sin las sombras que empañan la trayectoria de Fuentes.

La mancha en el currículum del Presidente de la Diputación no solo le afecta a él, sino que contamina la credibilidad de un proyecto que se presenta como transformador para la provincia.

La doble vara de medir del PP es evidente: “exige dimisiones selectivas a sus rivales mientras protege a sus propios cargos”.

Esta incoherencia no solo cuestiona la integridad del partido, sino que siembra dudas sobre la legitimidad de iniciativas como el BLET, que nace bajo la sombra de un engaño curricular.

Los cordobeses merecen una explicación clara.

Invitamos a Ester Muñoz a venir a Córdoba y aclarar ante la ciudadanía qué criterios aplica el PP para juzgar casos idénticos con resultados tan dispares.

La injusticia, si no se corrige con transparencia y celeridad, sigue siendo injusticia, lo diga quien lo diga.

Un proyecto que promete empleo de calidad y modernización logística no puede construirse sobre cimientos de incoherencia y falta de rigor.

Córdoba merece más.

N.B.  La Doble Vara de Medir del Partido Popular en el Proyecto BLET detallada es insostenible y carece de pudor, y, es algo inaceptable e injustificable.

Por si faltara algo en la incalificable vara de medir del P. P., el Presidente Fuentes falsamente curriculado ha dicho: (ABC-Córdoba – 08/08/2025 a las 13:28h.) “Que la presencia aquí de Rocío Blanco evidencia la implicación de su Consejería y el compromiso del presidente Juanma Moreno con la reindustrializacion de Córdoba con un proyecto tractor de desarrollo de distritos industriales potenciales ubicados en la provincia llamados a aprovechar el desarrollo e implantación de productos industriales con técnicas nuevas o aprendizaje de maquinaria que origine más y mejores empresas”.

Los cordobeses precisamos muchas explicaciones de la doble vara de medir del P.P., que aparece cuando menos injusta y contraria al principio de igualdad garantizado en la C. E. de 1978.

Córdoba, 9 de agosto de 2025

Enrique García Montoya

Abogado – ICA Córdoba. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.