Tag Archives: agenda

La elección del 29N en Córdoba – Voto nominal, abstención reflexiva o el coste de blanquear el aparato.

(Voto útil o exigencia de principios)

La aproximación a las urnas el próximo 29 de noviembre coloca al electorado de centro-derecha en Córdoba ante una encrucijada moral y política sin precedentes recientes. Durante años, la apelación al voto útil ha funcionado como un mecanismo de disciplina partidista, un cheque en blanco firmado en favor de las siglas para frenar a la izquierda, sin embargo, cuando la gestión territorial desconecta de los principios anunciados en las tribunas nacionales, *la apelación al voto ciego deja de ser una responsabilidad cívica para convertirse en una trampa de supervivencia para las estructuras orgánicas*.

El debate suscitado en nuestra provincia a raíz de la candidatura de Salvador Fuentes López al Senado -compaginando la presidencia de la Diputación Provincial de Córdoba con la aspiración a las Cortes Generales- ha destapado las costuras de un modelo agotado:

“El de la política concebida como un modus vivendi endogámico, donde la falta de trayectoria en el sector privado se suple con la acumulación de cargos e institucionales”.

I. La trampa del «voto útil» sin exigencia de principios.

El argumento de cerrar filas a cualquier precio parte de un supuesto falso: *Asumir que el elector es un activo cautivo*.

Cuando desde la Diputación de Córdoba presidida por Salvador Fuentes Lopera se asumen pactos de presupuestos y gobernabilidad con Izquierda Unida, se dotan partidas para la agenda ideológica de la memoria democrática y la apertura de fosas, o se repercute la ineficiencia de entes deficitarios como EMPROACSA y EPREMASA mediante subidas de tasas a las familias y pymes cordobesas, el votante de centro-derecha experimenta una evidente disonancia.

¿Qué utilidad real tiene premiar con un escaño en la Cámara Alta a quien ha ejercido una “paz de despacho” a costa de rebajar los principios de contención fiscal y batalla cultural?

Premiar la incoherencia con el blindaje parlamentario no preserva la alternancia, ya que, simplemente blanquea el tacticismo orgánico (exceso de cálculo oportunista que subordina principios a conveniencias inmediatas)  y devalúa la credibilidad del mensaje nacional de rigor y ejemplaridad.

II. Las tres vías del votante exigente ante las urnas.

Ante este panorama, el votante conservador y liberal ya no se enfrenta a una adhesión incondicional, razón por la que, el mapa de opciones para el 29N se articula en tres respuestas maduras y conscientes:

1.- El ejercicio del voto nominal y selectivo en el Senado: A diferencia de las listas cerradas y bloqueadas del Congreso de los Diputados, la papeleta del Senado es individualizada. La Constitución y la Ley Electoral otorgan al ciudadano la facultad de marcar de forma diferenciada a los candidatos de su preferencia. **El voto nominal permite respaldar candidaturas de acreditada solvencia profesional mientras se deja en blanco o se excluye la casilla de aquellos perfiles volcados exclusivamente en la disciplina de aparato**. Es el instrumento más directo para enviar un mensaje de corrección a la dirección provincial sin alterar el equilibrio de bloques.

2.- La abstención reflexiva: Lejos de la indiferencia o la apatía, la abstención consciente de las bases de centro-derecha representa un toque de atención frente a la desconexión con la economía real, de forma, que quien se abstiene reflexivamente no renuncia a su ideología, sino que *denuncia la sustitución del mérito y la capacidad por la cuota de partido y el clientelismo orgánico*.

3.- El trasvase hacia opciones sin compromisos de despacho: La consolidación de alternativas en el espectro del centro-derecha responde directamente a la negativa del elector a tolerar concesiones en la gestión local, razón por la que **la fuga de apoyos no la provoca la rigidez del votante, sino la volatilidad doctrinal de quienes prometen rigurosidad en los mítines y la liquidan en las ordenanzas fiscales de la Diputación**.

III. Conclusión – (La dignidad del voto no se negocia).

La verdadera regeneración democrática no vendrá de las directrices de los despachos provinciales, sino del nivel de exigencia con el que los ciudadanos ejerzan sus derechos electorales, ya que, *la política no puede seguir siendo un refugio para quienes carecen de alternativa fuera de las instituciones*, sino quedebe volver a ser un servicio temporal ejercido con solvencia, rigor y respeto absoluto a la palabra dada.

El 29 de noviembre, cada votante cordobés tiene en su mano la oportunidad de dictar una lección de madurez política:

“Recordar *que la confianza se gana con hechos probados, *que la coherencia no admite dobles contabilidades y *que la papeleta del Senado no es un salvoconducto de aparato, sino el altavoz de la verdad y los principios de nuestra tierra”.

N.B. Imagen. La alternativa del 29N – (Voto útil o exigencia de principios).

Córdoba, 4 de noviembre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado. Inspector de Trabajo y S.S.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba, exdiputado provincial y exdiputado del Parlamento de Andalucía.

El «Contrato con España» se rompe en Córdoba – (La factura inadmisible de la Diputación provincial)

Alberto Núñez Feijóo ha presentado su «Contrato con España» sobre cuatro principios:

*Decir la verdad, *respetar la ley, *que el esfuerzo valga la pena y *preservar la unidad.

Ha prometido gobernar “desde la verdad”, rendir cuentas y ser juzgado “por los hechos, no solo por las palabras”.

Pues bien: Si ese contrato tiene algún valor, debe empezar a exigirse también en las Diputaciones gobernadas por el PP., y, concretamente, en la Diputación de Córdoba, presidida por Salvador Fuentes Lopera, hay motivos fundados para sostener que no se está cumpliendo:

“Se está ejecutando, con dinero público y bajo siglas populares, buena parte de la agenda que el PP dice combatir en Madrid”.

<<Coherencia o traición>>

No se trata de un matiz de gestión ni de una inevitable “flexibilidad territorial”, sino que se trata de una cuestión de coherencia política:

“Un partido no puede predicar austeridad, neutralidad institucional y control del gasto en la capital, mientras su presidente provincial financia prioridades, estructuras y relatos que pertenecen claramente al adversario ideológico”.

El votante de centro-derecha no es ingenuo, de forma, que no acepta que se le pida exigir rigor al Gobierno central y, a la vez, tolerar en su propia casa presupuestos que premian la ineficiencia, la opacidad y el sectarismo.

La palabra dada no admite doble contabilidad: *Una para Génova y *otra para Córdoba.

<<Tres rupturas evidentes>>

1.- Financiar la agenda del rival. Si el PP sostiene que determinadas políticas de memoria deben superarse por ideologizadas, *no puede luego destinar recursos provinciales a consolidarlas, ampliarlas o darles cobertura institucional*. La coherencia no consiste en cambiar de discurso según el micrófono, sino que consiste en no financiar con el dinero de los contribuyentes aquello que se dice querer derogar.

2.- Rescatar sin control lo ruinoso. Las empresas públicas provinciales, como EMPROACSA y EPREMASA, no pueden convertirse en cajas negras donde el dinero público cubre déficits, ineficiencias y decisiones opacas. El presidente de la Diputación es también responsable de EMPROACSA, según la propia estructura institucional provincial. Exigir auditorías independientes, cuentas claras, indicadores de eficiencia y rendición pública no es <deslealtad interna>: “Es el mínimo deber de quien administra fondos de todos los cordobeses”.

3.- Confundir pacto con rendición. Pactar una carretera, un abastecimiento de agua o una obra necesaria es gestión pública, pero pactar la financiación de relatos, estructuras o prioridades ajenas es concesión política.

La diferencia no es técnica: “Es sustancial”.

*La primera sirve al ciudadano; *la segunda compra silencios, legitimidades ajenas y paz de despacho.

<<El “pragmatismo” como coartada>>

Siempre aparecerá la misma excusa: “hay que gobernar”, “son compromisos legales”, “así funciona la política territorial”, pero la asignación presupuestaria nunca es un acto neutro: “Revela qué se considera prioritario, qué se protege y qué se sacrifica”.

Cuando la prioridad es contentar a la oposición ideológica antes que defender el programa con el que se pidió el voto, no hay pragmatismo: “Hay abandono del mandato recibido”.

Y cuando la dirección del PP guarda silencio ante esa deriva, el silencio deja de ser prudencia y se convierte en complicidad institucional.

<<La factura electoral>>

El electorado ya no es un cheque en blanco. No vota siglas para que, una vez alcanzado el poder territorial, se reproduzca -con otros colores y otros beneficiarios- el mismo gasto descontrolado, la misma discrecionalidad y la misma instrumentalización de lo público que se denuncia en el adversario.

Las consecuencias son previsibles: “Pérdida de credibilidad, abstención y fuga de voto hacia alternativas más coherentes con el electorado. No porque el votante sea extremista, sino porque entiende que la incoherencia es una forma elegante de engaño”.

<<Lo que debe exigirse ya>>

La Diputación existe para garantizar servicios esenciales -agua, residuos, carreteras, asistencia a los municipios-, no para financiar agendas ideológicas ni sostener estructuras ineficaces. La propia Diputación presenta actuaciones de EMPROACSA como servicios de abastecimiento y obras provinciales, y, precisamente por ello, su gestión debe someterse a un escrutinio máximo.

***El PP nacional no puede seguir mirando hacia otro lado. Debe imponer de inmediato:

**Auditorías externas e independientes de EMPROACSA, EPREMASA y resto de empresas e instrumentos provinciales.

**Publicidad íntegra de convenios, subvenciones, encomiendas y transferencias con implicación ideológica.

**Comités de garantías internos con capacidad real de vigilancia y sanción.

**Disciplina programática exigible a presidentes provinciales, alcaldes y cargos públicos del partido.

**Un principio innegociable: “Ningún euro público para financiar el relato, las estructuras o las prioridades de la oposición ideológica”.

<<Conclusión>>

Un contrato que no obliga a quienes gobiernan con las siglas de quien lo firma no es un contrato: “Es un eslogan”. *Si Feijóo quiere que su «Contrato con España» tenga credibilidad, debe demostrar que también obliga en Córdoba*.

Porque no basta con prometer verdad, ley, esfuerzo y unidad en Madrid, porque hay que practicarlos en cada Diputación, en cada empresa pública y en cada presupuesto provincial. Si no, el votante tendrá razón al concluir que el contrato se firmó para ganar elecciones, no para cambiar la forma de gobernar.

N.B. Imagen.  Conceptual – (El «Contrato con España» se rompe en Córdoba).

Córdoba, 20 de octubre de 2026.

Fdo.: Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exconcejal del Ayuntamiento y exdiputado provincial de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

ANDALUCÍA – (ASIMETRÍA COMO PROBLEMA ESTRUCTURAL)(Desequilibrios territoriales, déficits estructurales y agenda de reequilibrio)

Hablar de un único “problema principal” en una comunidad autónoma tan extensa, heterogénea y compleja como Andalucía conduce inevitablemente a una simplificación estéril. Sin embargo, del análisis conjunto de sus indicadores económicos y de las demandas sociales emerge con nitidez una cuestión vertebradora: 

-“la persistencia de una asimetría estructural interna”.

Andalucía presenta en la actualidad un dinamismo económico apreciable, con tasas de crecimiento superiores a la media nacional en determinados periodos. No obstante, este avance macroeconómico convive con desequilibrios históricos que limitan la traslación efectiva del progreso a amplias capas de la población. En consecuencia, el verdadero criterio de evaluación de la acción pública no debe centrarse en magnitudes agregadas como el PIB, sino en la capacidad de reducir dichas brechas internas.

I. Retos estructurales prioritarios.

La realidad cotidiana de la ciudadanía andaluza se articula en torno a tres grandes ámbitos de tensión que requieren intervención pública sostenida:

1.- Empleo: entre la cantidad y la calidad.

Pese a la mejora relativa de las cifras de paro, Andalucía mantiene niveles de desempleo estructural significativamente superiores a la media nacional. A ello se añade un patrón productivo fuertemente condicionado por la estacionalidad (turismo y campañas agrícolas), así como por niveles salariales inferiores. El problema, por tanto, no es exclusivamente la creación de empleo, sino su estabilidad, cualificación y capacidad de generar movilidad social.

2.- Vivienda y coste de vida.

El acceso a la vivienda se ha consolidado como el principal factor de preocupación social, especialmente en áreas metropolitanas como Málaga y Sevilla. El desacoplamiento entre la evolución de los precios inmobiliarios y los salarios ha generado una barrera de entrada prácticamente insalvable para amplios sectores, en particular para la población joven, intensificando procesos de desplazamiento residencial y presión sobre la periferia urbana.

3.- Agua, energía y sector primario.

La vulnerabilidad del sistema productivo andaluz frente a la sequía y al cambio climático pone de manifiesto la necesidad de una modernización profunda de las infraestructuras hídricas y energéticas. El sector primario, pilar económico y social, requiere no solo inversiones estructurales, sino también instrumentos fiscales que mitiguen la volatilidad productiva. A ello se suma un déficit en infraestructuras energéticas que condiciona el desarrollo industrial y urbanístico.

II. La fractura territorial – (una Andalucía a dos velocidades).

La idea de una Andalucía homogénea carece de base empírica. La comunidad se configura, en realidad, como un espacio profundamente dual, donde coexisten dinámicas divergentes:

1,. Litoral dinámico frente a interior rezagado.

El eje litoral y metropolitano (especialmente Málaga-Sevilla, con nodos en Cádiz, Huelva y Almería) concentra inversión, innovación y actividad económica. En contraste, amplias zonas del interior -Jaén, Córdoba o el interior granadino- presentan una dependencia excesiva del sector primario y una insuficiente diversificación productiva, lo que favorece la fuga de talento.

2.- Desequilibrio demográfico.

Aunque Andalucía no experimenta un declive poblacional global, sí existe una distribución profundamente desigual. Las áreas costeras y urbanas sufren sobrecarga demográfica, mientras que los municipios del interior entran en dinámicas de despoblación progresiva. La pérdida de servicios esenciales (sanidad, educación, banca, etc.) actúa como factor acelerador de este proceso.

3. Brecha de renta y desigualdad urbana.

Las desigualdades territoriales se reproducen a escala intraurbana. Andalucía alberga algunos de los barrios con menor renta per cápita del país, evidenciando una fractura social persistente entre áreas dinámicas y periferias vulnerables, donde el desempleo estructural y el fracaso escolar tienden a cronificarse.

III.- Limitaciones del enfoque político actual.

La persistencia de estos desequilibrios no puede entenderse sin atender a los incentivos del propio sistema institucional:

<-La concentración del peso electoral en áreas urbanas y litorales favorece decisiones de inversión con retorno político inmediato.

<-Existe una tendencia a reforzar territorios ya dinámicos frente a intervenir en zonas estructuralmente rezagadas, donde los resultados son más inciertos y a largo plazo.

<-La planificación estratégica adolece, con frecuencia, de falta de ejecución efectiva:

“Diagnósticos rigurosos sin dotación presupuestaria suficiente, sin calendarios vinculantes y sin mecanismos de evaluación”.

IV.- Hacia una agenda de reequilibrio territorial.

Superar la asimetría andaluza exige una estrategia sostenida, coherente y evaluable, articulada, al menos, en torno a cuatro ejes:

1.- Diversificación económica del interior.

Implantar incentivos fiscales diferenciados y estables que favorezcan la implantación empresarial en zonas con declive demográfico, acompañados de la creación de suelo industrial y de infraestructuras adecuadas.

2.- Descentralización institucional.

Redistribuir organismos públicos, centros de decisión y estructuras administrativas fuera de los principales núcleos urbanos, favoreciendo la fijación de población cualificada en el territorio.

3.- Red de transporte integrada.

Priorizar un modelo de conectividad interna que permita la movilidad funcional sin necesidad de desplazamientos definitivos, mediante el refuerzo del transporte de media distancia y cercanías.

4.- Garantía de servicios públicos y políticas de vivienda.

Asegurar la igualdad efectiva en el acceso a sanidad y educación con independencia del lugar de residencia, junto con políticas de vivienda que incluyan promoción pública, mecanismos de acceso y regulación del impacto de usos turísticos.

<<Conclusión>>

La cohesión territorial no constituye un objetivo accesorio, sino un requisito esencial para la efectividad del principio de igualdad. Mientras la acción pública continúe guiándose por indicadores agregados y resultados inmediatos, los desequilibrios internos tenderán a perpetuarse.

El verdadero reto para Andalucía no es únicamente crecer, sino crecer de manera equilibrada. Ello exige una transición desde políticas reactivas o asistenciales hacia una estrategia estructural orientada a la equidad territorial y la sostenibilidad a largo plazo.

N.B. Imagen. Asimetría.

Córdoba, 15 de junio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba.

Inspector de Trabajo y S.S.