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La elección del 29N en Córdoba – Voto nominal, abstención reflexiva o el coste de blanquear el aparato.

(Voto útil o exigencia de principios)

La aproximación a las urnas el próximo 29 de noviembre coloca al electorado de centro-derecha en Córdoba ante una encrucijada moral y política sin precedentes recientes. Durante años, la apelación al voto útil ha funcionado como un mecanismo de disciplina partidista, un cheque en blanco firmado en favor de las siglas para frenar a la izquierda, sin embargo, cuando la gestión territorial desconecta de los principios anunciados en las tribunas nacionales, *la apelación al voto ciego deja de ser una responsabilidad cívica para convertirse en una trampa de supervivencia para las estructuras orgánicas*.

El debate suscitado en nuestra provincia a raíz de la candidatura de Salvador Fuentes López al Senado -compaginando la presidencia de la Diputación Provincial de Córdoba con la aspiración a las Cortes Generales- ha destapado las costuras de un modelo agotado:

“El de la política concebida como un modus vivendi endogámico, donde la falta de trayectoria en el sector privado se suple con la acumulación de cargos e institucionales”.

I. La trampa del «voto útil» sin exigencia de principios.

El argumento de cerrar filas a cualquier precio parte de un supuesto falso: *Asumir que el elector es un activo cautivo*.

Cuando desde la Diputación de Córdoba presidida por Salvador Fuentes Lopera se asumen pactos de presupuestos y gobernabilidad con Izquierda Unida, se dotan partidas para la agenda ideológica de la memoria democrática y la apertura de fosas, o se repercute la ineficiencia de entes deficitarios como EMPROACSA y EPREMASA mediante subidas de tasas a las familias y pymes cordobesas, el votante de centro-derecha experimenta una evidente disonancia.

¿Qué utilidad real tiene premiar con un escaño en la Cámara Alta a quien ha ejercido una “paz de despacho” a costa de rebajar los principios de contención fiscal y batalla cultural?

Premiar la incoherencia con el blindaje parlamentario no preserva la alternancia, ya que, simplemente blanquea el tacticismo orgánico (exceso de cálculo oportunista que subordina principios a conveniencias inmediatas)  y devalúa la credibilidad del mensaje nacional de rigor y ejemplaridad.

II. Las tres vías del votante exigente ante las urnas.

Ante este panorama, el votante conservador y liberal ya no se enfrenta a una adhesión incondicional, razón por la que, el mapa de opciones para el 29N se articula en tres respuestas maduras y conscientes:

1.- El ejercicio del voto nominal y selectivo en el Senado: A diferencia de las listas cerradas y bloqueadas del Congreso de los Diputados, la papeleta del Senado es individualizada. La Constitución y la Ley Electoral otorgan al ciudadano la facultad de marcar de forma diferenciada a los candidatos de su preferencia. **El voto nominal permite respaldar candidaturas de acreditada solvencia profesional mientras se deja en blanco o se excluye la casilla de aquellos perfiles volcados exclusivamente en la disciplina de aparato**. Es el instrumento más directo para enviar un mensaje de corrección a la dirección provincial sin alterar el equilibrio de bloques.

2.- La abstención reflexiva: Lejos de la indiferencia o la apatía, la abstención consciente de las bases de centro-derecha representa un toque de atención frente a la desconexión con la economía real, de forma, que quien se abstiene reflexivamente no renuncia a su ideología, sino que *denuncia la sustitución del mérito y la capacidad por la cuota de partido y el clientelismo orgánico*.

3.- El trasvase hacia opciones sin compromisos de despacho: La consolidación de alternativas en el espectro del centro-derecha responde directamente a la negativa del elector a tolerar concesiones en la gestión local, razón por la que **la fuga de apoyos no la provoca la rigidez del votante, sino la volatilidad doctrinal de quienes prometen rigurosidad en los mítines y la liquidan en las ordenanzas fiscales de la Diputación**.

III. Conclusión – (La dignidad del voto no se negocia).

La verdadera regeneración democrática no vendrá de las directrices de los despachos provinciales, sino del nivel de exigencia con el que los ciudadanos ejerzan sus derechos electorales, ya que, *la política no puede seguir siendo un refugio para quienes carecen de alternativa fuera de las instituciones*, sino quedebe volver a ser un servicio temporal ejercido con solvencia, rigor y respeto absoluto a la palabra dada.

El 29 de noviembre, cada votante cordobés tiene en su mano la oportunidad de dictar una lección de madurez política:

“Recordar *que la confianza se gana con hechos probados, *que la coherencia no admite dobles contabilidades y *que la papeleta del Senado no es un salvoconducto de aparato, sino el altavoz de la verdad y los principios de nuestra tierra”.

N.B. Imagen. La alternativa del 29N – (Voto útil o exigencia de principios).

Córdoba, 4 de noviembre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado. Inspector de Trabajo y S.S.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba, exdiputado provincial y exdiputado del Parlamento de Andalucía.

El arte de premiar la incoherencia – (El P. P. de Córdoba rompe el Contrato con España)

Un análisis crítico sobre los riesgos de la desconexión entre los dirigentes y las bases del centro-derecha.

La reciente configuración de las candidaturas electorales de cara a la próxima cita con las urnas ha vuelto a poner de manifiesto una de las mayores contradicciones de la política del P. P. en el día a día:

“El abismo insondable que separa los grandes discursos sobre la decencia, el rigor y la regeneración democrática de la cruda realidad del tacticismo orgánico en los territorios, aceptando políticas de la izquierda radical en aras de la paz de los sillones”.

Cuando figuras preeminentes del partido como Cayetana Álvarez de Toledo reivindican con firmeza la centralidad de los principios, la honradez intelectual y la lealtad sin fisuras al votante del centro-derecha, el contraste con decisiones concretas en provincias como Córdoba resulta no ya chocante, *sino políticamente desconcertante*. La designación de Salvador Fuentes Lopera -presidente de la Diputación Provincial de Córdoba- como cabeza de lista del Partido Popular al Senado evidencia una peligrosa disonancia cognitiva en las estructuras del partido.

Analizamos las razones que explican por qué este tipo de decisiones desacreditan el discurso nacional, erosionan el valor del voto útil y reflejan una preocupante ceguera estratégica en un momento en que las encuestas muestran un desgaste progresivo del bloque central de la oposición.

1.- La fractura de los dos mundos – (Principios en Madrid, pragmatismo de trinchera en Córdoba).

***Existe una fractura insalvable entre dos formas de entender la política en el seno del Partido Popular:

*El plano discursivo (Madrid): Aboga por la regeneración institucional, la ejemplaridad, la reducción del gasto superfluo y la batalla ideológica sin complejos contra los postulados de la izquierda.

*El plano fáctico (Córdoba): Se sustenta en el más puro pragmatismo de supervivencia, donde la “paz de despacho“ se compra asumiendo e incluso financiando el relato del adversario (como lo atestiguan las partidas presupuestarias provinciales destinadas a memoria democrática, apertura de fosas, a la falta de auditorías en entes públicos deficitarios, etc. etc. ).

Permitir que quien ha vulnerado los compromisos básicos de austeridad y aplicación de los principios ideológicos básicos del partido salte premiado a la Cámara Alta genera una crisis de confianza inmediata en el electorado tradicional.

Se produce un mensaje contradictorio: “Se exige al ciudadano un esfuerzo de fe en un “Contrato con España” que los propios dirigentes provinciales incumplen de manera sistemática”.

2.- La trampa de la prepotencia orgánica – (El error de blindar la gestión local).

¿Cómo es posible que el aparato del partido no advierta la torpeza de esta decisión?

**La respuesta suele hallarse en los vicios tradicionales de las estructuras orgánicas provinciales y nacionales:

*El peso de la maquinaria interna frente al mérito ideológico: En muchas ocasiones, las listas electorales se confeccionan atendiendo a equilibrios de poder interno, cuotas de aparato y apaciguamiento de baronías territoriales, olvidando por completo el estado de ánimo y la sensibilidad del votante de a pie.

*La desconexión con el pulso de la calle: El votante de centro-derecha actual está hiperinformado, es exigente y no concede cheques en blanco. *Asumir que unas siglas bastan para retener la fidelidad electoral es una muestra de soberbia política*.

**Premiar con un puesto de salida al Senado a un gestor cuya labor ha estado jalonada por concesiones ideológicas a la izquierda es interpretar de manera errónea el mandato de cambio que demanda la sociedad**.

3.- El coste electoral – (Retroceso en intención de voto y fuga hacia la abstención o VOX).

Los datos demoscópicos recientes señalan un enfriamiento o retroceso leve pero constante en la intención de voto global del Partido Popular, atrapado muchas veces entre la necesidad de ensanchar su base moderada y el temor a perder perfiles ideológicos más firmes.

<-Casos como el de Córdoba actúan como un acelerador de este desgaste:

1.- Desactivación del entusiasmo: El votante desencantado no suele acudir a las urnas con ilusión, de forma, que opta por la abstención reflexiva o busca refugio en formaciones como VOX, a las que percibe como una salvaguarda más firme frente a la “melancolía” de los acuerdos de despacho.

2.- Devaluación de la marca: Cuando el votante comprueba que el rigor fiscal y la batalla cultural se quedan en meras herramientas dialécticas para los mítines, la credibilidad de la alternativa de gobierno se desploma.

Conclusión – (La urgente necesidad de alinear la teoría con la práctica).

La política no solo debe ser honesta, sino parecerlo en cada rincón donde se gestione el dinero público. Que Salvador Fuentes no haya dimitido –ni haya sido apartado por la dirección nacional ante la evidente contradicción de su gestión– *demuestra que una parte de las cúpulas sigue sin entender que los ciudadanos ya no votan por inercia*.

Si el Partido Popular desea articular una mayoría sólida y creíble para liderar el cambio en España, el primer paso inexcusable pasa por exigir coherencia interna. *Un partido que premia la incoherencia territorial está, irremediablemente, cavando el foso de su propia debilidad electoral*.

**La decencia de la que habla Álvarez de Toledo en Madrid no puede ser una excepción parlamentaria, sino la norma imperativa que rija desde el último ayuntamiento hasta el Consejo de Ministros**.

N. B. Imagen. Los riesgos de la desconexión entre los dirigentes y las bases del centro-derecha.

(Nota. Feijoó presenta su candidatura en Madrid con Cayetana Álvarez de Toledo y la Presidenta Ayuso, y, en Córdoba encabeza la lista al Senado Salvador Fuentes. Es un abismo abisal.

Las consecuencias: El P.P. se mantiene a duras penas sin crecer, VOX crece con fuerza y el PSOE asoma la cabeza y se refuerza.)

Córdoba, 29 de octubre de 2026.

Fdo.  Enrique García Montoya

Abogado. Inspector de Trabajo y S.S.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba, exdiputado provincial y exdiputado del Parlamento de Andalucía.

Coste político y financiero del pacto PP-IU en la Diputación de Córdoba (2026)

Un grupo numeroso de lectores me ha planteado su malestar por el acuerdo presupuestario entre el Partido Popular e Izquierda Unida en la Diputación de Córdoba, y, muchos se preguntan si este pacto justifica retirar el apoyo al PP en las próximas elecciones municipales.

Mi respuesta es clara:

“Esta vez el PP del Ayuntamiento de Córdoba no contará con mi voto, porque hay decisiones que un elector de centro-derecha no puede tolerar sin traicionar sus propios principios”.

El presupuesto consolidado de la Diputación para 2026 alcanza los 522,9 millones de euros, un récord histórico, y, su aprobación fue posible gracias a la abstención de IU. Este acuerdo no solo garantiza una paz silenciosa llena de renuncias a los principios y promesas de, P. P. en la Institución provincial, sino que implica compromisos financieros sustanciales en áreas ideológicamente sensibles para la derecha:

“Memoria democrática, rescate de empresas públicas deficitarias e inversión municipal condicionada – Aumento del gasto público”.

(Nota.- El presupuesto consolidado de la Diputación de Córdoba ha crecido en 137,9 millones de euros (un aumento del 35,8%) desde el primer ejercicio económico elaborado íntegramente bajo la presidencia de Salvador Fuentes (PP) en 2024, hasta el recién aprobado presupuesto para 2026.

*Presupuesto consolidado:

2024    385,0 millones de €. -+1,8%

2025    431,0 millones de € -+11,9%

2026    522,9 millones de € -+21,3%.)

<<Desglose financiero del pacto – (lo que cuesta y por qué importa).

1.- Memoria democrática y exhumaciones: 400.000 € directos + 110.000-120.000 €/año recurrentes.

El acuerdo asegura financiación provincial para políticas de Memoria Democrática, exhumación de fosas comunes y divulgación histórica, estructurada en dos bloques:

<-Convenio plurianual para fosas de Córdoba capital: 400.000 € de aportación de la Diputación, cofinanciados con el Ministerio, la Junta y el Ayuntamiento (total 1,6 millones), destinados a excavación, antropología forense e identificación genética en las macrofosas de La Salud y San Rafael.

<-Presupuesto ordinario anual de Memoria Democrática (110.000 – 120.000 €/año):

*Cátedra de Memoria Democrática (UCO): 50.000 € para investigación, digitalización de archivos y divulgación.

*Subvenciones a entidades memorialistas: 40.000 € para jornadas e intervenciones provinciales.

*Proyectos memorialistas municipales: 20.000-30.000 € para actividades en municipios como Espejo, Aguilar de la Frontera o Almodóvar del Río.

***Resumen: 400.000 € directos para exhumaciones en la capital y 110.000-120.000 € anuales recurrentes para gestión memorialista.

2.- Cobertura del déficit de empresas públicas – (13,14 millones de euros).

IU ha logrado blindar el carácter 100% público de servicios básicos, evitando que las pérdidas de explotación se trasladen a tarifas ciudadanas:

*Emproacsa (Aguas de Córdoba): Cobertura de 6,4 millones de euros de déficit operativo proyectado mediante transferencias de capital, sin aplicar subidas del IPC en tarifas.

*Epremasa (Gestión de Residuos): Déficit previsto de 6,74 millones, con aportación compensatoria inicial de 2,7 millones y compromiso de transferencias extraordinarias para cubrir el saldo negativo total.

3.- Plan Diputación Invierte 2026 – ( 20,6 millones de euros) – Aumento del gasto público.

Núcleo de la inversión territorial exigida por la oposición para inyectar liquidez directa en municipios (crecimiento del 26,4% respecto a presupuestos anteriores):

*Servicios e infraestructuras locales: más de 15,7 millones (obras, redes de agua, viales).

*Actuaciones generales: 1,87 millones (90 proyectos de acondicionamiento).

¨*Protección y promoción social: 0,91 millones (31 iniciativas sociales locales).

Financia 784 actuaciones en 76 municipios, 4 ELAs y 10 mancomunidades.

4.- Refuerzo de servicios sociales e infraestructuras – (Aumento del gasto público).

*Consorcio Provincial de Bomberos: Más de 45 millones para prevención y extinción de incendios.

*Gasto social e inversión municipal: Incremento global de más de 50 millones (+14,92% respecto a 2025) para blindar servicios comunitarios en localidades con menor población.

<<Análisis crítico – (vínculo Bellido-Fuentes – clave)>>

El verdadero problema político no es solo financiero, sino de coherencia ideológica y de marca electoral. Salvador Fuentes, presidente de la Diputación y mano derecha de José María Bellido en la candidatura municipal, encarna la fusión entre gestión municipal y provincial, lo que genera un efecto de contagio directo:

El malestar por el pacto provincial se traslada automáticamente como factura electoral a la lista del Ayuntamiento de Córdoba.

<<Tres planos de desgaste político>>

1.- Contagio de la marca municipal: El electorado de derechas no distingue entre política provincial y capitalina cuando la misma figura (Fuentes) lidera ambas cotas de poder.

2.- Pérdida de la coartada técnica: Resulta difícil justificar ante el votante ideológico que el acuerdo responde a una mera “necesidad técnica”, cuando quien lo rubrica es un referente político del partido a nivel provincial y local.

3.- Alimentación del relato de VOX: Para la derecha a la izquierda del PP, esta situación es un balón de oxígeno permanente que permite armar un discurso potente:

“No importa a quién votes del PP (Bellido o Fuentes), porque acabarán financiando el ideario de la izquierda con tus impuestos”.

<<La consolidación de la “abstención del castigo”>>

El votante conservador tradicional, que quizás no da el paso de votar a VOX, encuentra en la figura de Fuentes un motivo claro para quedarse en casa, ya que, siente que la “mayoría social” que apoyó al PP se utiliza para dar cobertura financiera a proyectos con los que choca frontalmente. Si la percepción ciudadana es que el PP ha cruzado líneas rojas ideológicas para asegurar la gestión diaria, el coste no será un desgaste temporal, sino un trasvase estructural de votos y una desmovilización difícil de remontar.

<<Perspectiva innovadora – (el pacto como síntoma de un Estado fallido).

Más allá del coste financiero inmediato, este acuerdo refleja una dinámica estructural de fragmentación y debilidad institucional que caracteriza a lo que algunos analistas denominan un “Estado fallido” en ciernes. La necesidad de pactar con formaciones ideológicamente distantes para aprobar presupuestos revela una incapacidad de gobernar con mayoría propia, lo que erosiona la legitimidad democrática y alimenta la desconfianza ciudadana.

En este contexto, el pacto PP-IU en Córdoba no es un hecho aislado, sino un síntoma de una crisis más profunda de representatividad y coherencia programática que afecta a todo el sistema político español.

N. B. Imagen. El coste del pacto presupuestario entre el PP e Izquierda Unida en la Diputación de Córdoba para 2026.

(Nota. Elementos clave representados en la ilustración:

  • El intercambio del acuerdo: Se muestra la entrega simbólica de fondos presupuestarios de las cuentas públicas de 2026 hacia las prioridades e iniciativas impulsadas por Izquierda Unida (como las partidas dedicadas a la Memoria Democrática y el rescate de empresas públicas deficitarias – Todo aumento del gasto público.).
  • El contraste ideológico: La composición pone en evidencia la firma y alianza política entre ambas formaciones en el marco institucional de Córdoba.
  • La crítica electorado del PP: En el plano posterior se refleja el descontento y la sensación de desencanto por parte de los votantes del Partido Popular ante la renuncia a sus líneas programáticas tradicionales para asegurar la aprobación presupuestaria.)

Córdoba, 26 de septiembre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. – Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exconcejal  Ayuntamiento y Exdiputado provincial de Córdoba. Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

La Baraka y Moreno Bonilla – (derecha y voto)

El actual escenario político en Andalucía presenta un fenómeno curioso: “La consolidación de la <-Baraka-> (suerte o providencia) del Presidente de la Junta”, ya que, en las próximas elecciones, los astros parecen alinearse de forma quirúrgica a su favor, aunque bajo esa superficie de calma institucional subyace un malestar creciente en el electorado de derecha.

1.- Viento a favor – (Oposición en crisis).

Es un hecho patente, que la fortaleza de Moreno Bonilla se asienta, en gran medida, sobre la debilidad ajena, así:

<-PSOE-A: Con una candidatura como la de María Jesús Montero, desgastada por la gestión estatal, el socialismo andaluz sigue bajando la cuesta y sin encontrar su nuevo sitio.

<-Izquierda Radical: Fragmentada y en conflicto permanente, su incapacidad de unión real disipa cualquier alternativa de poder.

<-VOX: Frenado por luchas internas, ha perdido la capacidad de presión que ostentaba años atrás.

2.- Espejismo del centrismo y el “voto cautivo”.

El PP ha construido una imagen de <-gestión amable->, captando votantes huérfanos de ciudadanos o del PSOE moderado, sin embargo, su estrategia moderada-centrista de no causar daño a nadie, ignora un riesgo latente, concretamente, considerar que el votante de derecha es cautivo y votará siempre del mismo modo. Sin embargo, el menosprecio a las esencias ideológicas de quienes le alzaron al poder podría traducirse no solo en un trasvase de votos, sino en una abstención masiva.

3.- Descontrol fiscal  – gasto público.

***Es un hecho comprobado, que existe una contradicción flagrante entre el discurso del Gobierno de la Junta de Andalucía y la realidad local:

<-Subida de tasas: Mientras San Telmo presume de bajar impuestos, los ayuntamientos y diputaciones del PP (como el caso de Córdoba) incrementan la presión fiscal mediante el IBI, las tasas de basura y el agua.

<-Gestión de la inercia: En lugar de desmantelar la <-administración paralela-> socialista, el PP parece haberse limitado a gestionarla, manteniendo estructuras deficitarias y pactando con fuerzas como IU para sostener empresas públicas ruinosas.

4.- Conclusión – (Paz Institucional y su precio).

El caso de la Diputación de Córdoba es el “ejemplo de manual”, ya que, “sepacta con la izquierda y se aceptan sus políticas (Memoria Democrática, gasto expansivo, etc.) para evitar el bloqueo”, pero, se olvida, esta búsqueda de la paz a toda costa borra la identidad del PP y deja a su votante tradicional sintiéndose abandonado, y, en consecuencia, la “Baraka” podría agotarse, si el ciudadano percibe y asimila, que, vote a quien vote, las políticas de fondo siguen siendo las mismas.

<<Análisis>>

Desde un punto de vista analítico, se destacan tres fortalezas y un desafío argumentativo:

<-Acierto en la “doble cara” fiscal: El punto más fuerte es la denuncia de la inconsistencia entre la bajada de impuestos autonómica y la subida de tasas municipales. Es un argumento empírico que afecta directamente al bolsillo del ciudadano y que suele ser el principal motor de castigo electoral.

<-Identificación del riesgo de abstención: Es cierto, que el peligro no es necesariamente VOX, sino el “sofá”. En Andalucía, la movilización de la derecha fue clave para el cambio, pero si esa base siente que se gobierna con el manual de la izquierda, la desmovilización es un escenario muy probable.

<-El factor “Salvador Fuentes”: Usar el ejemplo local de Córdoba da solidez a lo que decimos, pues permite ver cómo la política de pactos “centristas”, se traduce en hechos concretos (presupuestos con IU), que contradicen las promesas de ruptura con el pasado.

(Nota. Después pasa lo que pasa, como el asunto oscuro y triste de la CHG, dónde el PSOE bloquea, IU. se suma al aquelarre, y, el Presidente de la Diputación se queda solo y, además, incapaz de enfrentarse de verdad en el problema del agua, de forma que solo amenaza gritando lo que todos saben que no se atreverá a hacer, porque por eso pacta con IU. unos presupuestos cuajados de políticas socialistas.)

<-Punto de contraste (crítica): Para equilibrar el análisis, se podría argumentar que el <-centrismo-> no es una invención, sino una necesidad aritmética en una Andalucía que sociológicamente sigue siendo moderada, y, que lo que se señala como  <-claudicación->, para el equipo de Moreno Bonilla es “estabilidad institucional” con la finalidad  de evitar la polarización que castiga la economía.

(Nota. En resumen: Es una realidad, la fragilidad de las mayorías cuando estas se alejan de los principios de quienes las hicieron posibles, de forma, que la advertencia sobre la <-derecha abandonada-> es un factor que los analistas de San Telmo no deberían ignorar.

N.B. Imagen. La realidad y sus efectos.

La verdad de la advertencia sobre la “derecha abandonada” y de sus efectos negativos para la baraka del Sr. Moreno Bonoilla.

La realidad es que lo tiene a huevo, así que, esperemos que no lo rompan.

Córdoba, 5 de abril de 2026.

Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente. Córdoba Abierta -ACOA.-

Cosas importantes II – Imparcialidad judicial – Respeto a la Ley (Abstención y recusación)

En España está cayendo en el olvido la imparcialidad judicial, porque algunos – muchos, quizás demasiados, jueces y tribunales aplican la ley adobada con criterios ideológicos, lo que lleva a que el respeto a la ley haya pasado al mundo de la subjetividad, donde la ley se aplica sin reglas, solo en base a criterios personales del juzgador que la aplica en sus resoluciones.

El asunto se agrava, cuando la resolución de turno por aplicación de la ley, que ahora si se aplica con rigor espartano, da lugar a una resolución irrecurrible, lo que en la mayoría de los casos produce indefensión a la persona afectada y una falta de tutela judicial efectiva, violándose el art. 24 de la Constitución.

Se dice, entonces, que el Juez o Tribunal aplica la ley y que la persona, que defiende sus derechos, no está de acuerdo porque tiene un interés particular en el asunto, de manera, que asunto terminado y punto.

Puede ser, que algunos casos sea verdad, pero existen aplicaciones de la ley judiciales, que teóricamente puedan parecer justas y fundadas en la ley, aunque, también, pueden ser éticamente reprobables y muy discutibles, apurándose el bucle del “valor justicia”, cuando la resolución judicial es irrecurrible por ley.

Aquí, me gustaría poner en defensa de lo expuesto los PRINCIPIOS DE ÉTICA JUDICIAL (Texto final acordado en la sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2016), que en su CAPÍTULO II, sobre el Principio de Imparcialidad, dice:   [

10.    La imparcialidad judicial es la ajenidad del juez y de la jueza respecto de las partes, para con las que han de guardar una igual distancia, y respecto del objeto del proceso, con relación al cual han de carecer de interés alguno. 

11.    La imparcialidad opera también internamente respecto del mismo juzgador o juzgadora a quien exige que, antes de decidir un caso, identifique y trate de superar cualquier prejuicio o predisposición que pueda poner en peligro la rectitud de la decisión. 

12.    El juez y la jueza no pueden mantener vinculación alguna con las partes ni mostrar favoritismo o trato preferencial que ponga en cuestión su objetividad ni al dirigir el proceso ni en la toma de decisión. 

13.    En la toma de decisiones, el juez y la jueza han de evitar llegar a conclusiones antes del momento procesalmente adecuado a tal fin, que es el inmediatamente anterior a la resolución judicial. 

14.    La imparcialidad impone una especial vigilancia en el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades de las partes y demás intervinientes en el proceso. 

15.    El juez y la jueza, en su tarea de dirección de los actos orales, habrán de velar por que se cree un clima adecuado para que cada una de las partes y demás intervinientes puedan expresar con libertad y serenidad sus respectivas versiones sobre los hechos y sus posiciones sobre la aplicación del Derecho. Asimismo, ejercerán la escucha activa como garantía de un mayor acierto en la decisión. 

16.    La imparcialidad impone también el deber de evitar conductas que, dentro o fuera del proceso, puedan ponerla en entredicho y perjudicar la confianza pública en la justicia.  

17.    El juez y la jueza han de velar por el mantenimiento de la apariencia de imparcialidad en coherencia con el carácter esencial que la imparcialidad material tiene para el ejercicio de la jurisdicción.  

18.    Todo miembro de la Carrera Judicial ha de evitar situaciones de conflicto de intereses y, en el caso de que estas se produzcan, ha de ponerlas de manifiesto con la mayor transparencia y a la mayor brevedad, a través de cualquiera de los mecanismos legalmente previstos.  

19.    En su vida social y en su relación con los medios de comunicación el juez y la jueza pueden aportar sus reflexiones y opiniones, pero a la vez deben ser prudentes para que su apariencia de imparcialidad no quede afectada con sus declaraciones públicas, y deberán mostrar, en todo caso, reserva respecto de los datos que puedan perjudicar a las partes o al desarrollo del proceso.  

20.    En sus relaciones con los medios de comunicación el juez y la jueza pueden desempeñar una valiosa función pedagógica de explicación de la ley y del modo en que los derechos fundamentales operan en el seno del proceso. 

21.    Cuando la democracia, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales se encuentren en peligro, la obligación de reserva cede en favor del deber de denuncia.  ]

A destacar, que es algo manifiesto, que algunas-muchas veces los juzgadores no cumplen con el principio de imparcialidad descrito en los Principios de Ética Judicial precitados, ya que, aplican la ley desde presupuestos llenos de ideología que la desnaturalizan, además, en algunos casos lejos de abstenerse de conocer el asunto persisten en mantener su competencia, incluso en los casos en que son recusados.

Es esto casos señalados se ignora la denominada ‘teoría de la apariencia’, postulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y recogida por nuestro Tribunal Constitucional (STC 512-2013-PHC/TC, f.j.3.3.7 y 3.3.8), que, en puridad, se concretiza en el aforismo que «no basta que el juez sea imparcial, sino que debe parecerlo». Por tanto, se afirma que el juez debe exteriorizar una postura de relación lo razonablemente equidistante de las partes, de manera que el proceso judicial cumpla mínimamente con las exigencias derivadas del derecho al juez imparcial. Así pues, el T. C. sostiene que, además del comportamiento personal de los jueces, cobran relevancia aquellos hechos que puedan suscitar dudas respecto de su imparcialidad; por ello, sostiene, que hasta las apariencias podrán tener cierta importancia.

Esta teoría ha sido desarrollada por el Tribunal Constitucional Español, en el sentido de que «el legislador opta por un modelo de Juez rodeado de la apariencia de imparcialidad, no sólo en la realidad de su desconexión con las partes y con el objeto del proceso, sino también en su imagen, eliminando cualquier sombra al respecto cuando existan elementos objetivos que puedan justificar una apariencia de parcialidad».

En esta línea de argumentos, diremos que la apariencia de imparcialidad, constituye un presupuesto de un juicio justo, toda vez, que el juez no será imparcial cuando sus actos no expliciten justamente esta posición dentro de un proceso, de manera que este no pueda ser considerado como justo y equitativo. 

En conclusión, cuando la aplicación de la ley por los jueces y tribunales se ideologiza y se subjetiviza, la imparcialidad desaparece, se diga lo que se diga, porque entonces en realidad no se aplica la ley, sino que se “ejecuta” en perjuicio claro del -valor justicia- constitucional.

Un vez más, lo que hay es lo que hay, así que, tenemos otra vez la convicción de que en estos casos expuesto de aplicación injusta de la ley, no queda otra que la sublevación pacífica de los españoles ante la injusticia, porque creemos que hay que luchar por las “cosas importantes” como el valor justicia, la libertad y la igualdad, y,  ese camino de búsqueda de una aplicación justa de la ley asociaciones y colectivos como “Córdoba Abierta ACOA” son unos de los instrumentos de autodefensa de la sociedad civil.

N.B.  Las cosas importantes como la imparcialidad judicial y el respeto a la Ley son algo irrenunciable por los ciudadanos de a pie, de manera, que ha llegado la hora de defender a ultranza las cosas importantes y de dejar a un lado  la palabrería innecesaria, porque el camino no puede ser aguantarse y someterse cautivo en aras de un consenso inexistente y vacío de contenido.

Es la hora de luchar por la justicia y por nuestros derechos y libertades.

Córdoba, a 11 de diciembre de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA – Córdoba. Cd. 1316.