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Igualdad ante la ley (un mundo lejano)

Leo en un periódico digital de Córdoba (EL DÍA – 04 Octubre, 2021), que un Juzgado de lo Penal ha condenado a una persona por agredir a un agente de la Guardia Civil, según ha informado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), recordando que lleva años denunciando las agresiones, amenazas e insultos que soportan los guardias civiles en todo el país.

Simplemente es un hecho cierto, que está a la vista de todos, lo que lo hace, si cabe más repudiable. Sin embargo, no es algo extraño en España que se produzca esa notoria y publica falta de respeto a la ley, curiosamente, además, no solo con las fuerzas del orden, sino en toda la piel de toro y para todos, es decir, está diluyéndose la vigencia del principio de legalidad constitucional con un reflejo perverso en –la igualdad ante la ley-, que ha desaparecido en nuestro país.

La Constitución Española de 1978 ya en su PREÁMBULO habla de consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular y de proteger a todos los españoles y pueblos de España.

En sus arts. 9 y 10 la C. E. se consagra -el principio de legalidad- y -el respeto a la ley-, culminando su declaración con el art. 14, que dice, que los españoles son iguales ante la ley.

Lo expuesto es la teoría que fundamenta nuestro Estado Social y Democrático de Derechos, pero es evidente que en España los hechos no suceden así, sino que, por el contrario -el respeto a la ley- y -la igualdad real de todos los españoles- están en almoneda y periclitados.

¿Alguien cree, de verdad, que en España ahora mismo se respeta la ley y que todos los españoles son iguales ante ella?

Como en todo cabe o debe caber cualquier opinión en libertad, es posible, que algunas personas piensen realmente que es así, y, que el imperio de la ley y la igualdad están implantadas en España, aunque, sin la menor dudad, una gran mayoría dirá que no es así, que la Constitución no se cumple.

Si examinamos cualquier esfera donde debería estar implantadas la ley y la igualdad, veremos que vamos de fiasco en fiasco, así, por poner algún ejemplo:

* En política. ¿Rige el imperio de la ley y la igualdad entre los españoles?   –  Parece que -NO-.

El maremágnum existente en España es casi incomprensible para cualquiera de nosotros, ya que, por ejemplo, ¿la ley es la misma y se aplica de la misma forma en Madrid, Cataluña, País Vasco, Andalucía, Navarra, etc.?

Pues -eso-.

* En economía. ¿La ley que se aplica es la misma? – Parece que -NO-.

El reparto de los fondos del estado en las distintas CC. AA., los impuestos que se pagan y como se distribuyen, etc. ¿son todos realizados con la misma ley y de forma igual para todos los españoles vivan donde vivan?

Pues -eso-.

* En materia justicia y orden público.  ¿La ley se aplica de igual forma para todos los españoles en el territorio nacional? – Parece que -NO-.

En Cataluña se están agrediendo a guardias civiles a diario y no pasa nada, en cambio, en Andalucía con toda la razón se sanciona a la persona que golpea o arremete contra un guardia civil. ¿Qué la ley es igual para todos los españoles?

Pues -eso-.

* En libertades y derechos. ¿La ley es igual para todos los españoles? – Parece que -NO-.

Es una realidad penosa, que la ley no es igual para todos los españoles, ni se les aplica la misma de igual forma, de manera, que está establecida una desigualdad según donde vivas y como vivas, existiendo derechos y libertades de distintas categorías entre los mismos.

Pues -eso-.

Las consecuencias son y serán autodestructivas para España, aunque a los representantes políticos cuyo poder emana del pueblo soberano, eso no parce importarles, de forma, que hasta donde -se llegue llegó-, porque es nociva la igualdad ante la ley que los españoles estamos soportando, admitida sin más por los poderes públicos (por todos), y, desgraciadamente, eso no hay cuerpo que lo aguante.

N.B.  La igualdad ante la ley en España es un mundo lejano, porque actualmente es un mero espejismo, que se diluye en la nada, sobre todo, cuando el principio de legalidad y respeto a la Ley por todos los poderes públicos y los ciudadanos consagrados por la Constitución Española han pasado a mejor vida, quedando a merced del polvo del camino.

La Constitución de 1978 fue un esfuerzo conjunto de unidad y de renuncias de todos en beneficio de todos los españoles, pero parece que esa idea ha caído en el olvido de muchos, quizás demasiados, lo que nos lleva a la desconfianza, a la incertidumbre y a la pérdida de libertades y derechos, incluso para aquellos que creen que no les afectará, imbuidos de un egoísmo feroz y excluyente.

Córdoba, a 5 de octubre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Falsedad, prevaricación y algo más (principio de legalidad y respeto a la Ley)

Hoy jueves, 30 de septiembre de 2021, leo en el Portal C.G.P.J – Poder Judicial –www.poderjudicial.es-, Noticias Judiciales, la Comunicación del Poder Judicial, que entre otras cosas dice lo siguiente:

[“Que el juez confirma al tribunal italiano que la euroorden contra Puigdemont está vigente y que no ha sido suspendida por el planteamiento de la cuestión prejudicial”.

El magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha remitido hoy un oficio al representante de España en Eurojust para que traslade al tribunal de apelación de Sassari (Italia), el auto en el que acordó la prisión provisional del expresidente de la Generalitat y con el que sustentó la euroorden emitida el 14 de octubre de 2019 contra él. 

Abogacía del Estado y la suspensión de la euroorden que nunca se adoptó

Añade el oficio que en el procedimiento ante el TGUE, según parece recogerse en la resolución, la Abogacía del Estado del Reino de España informó al Tribunal que estaban suspendidas las OED emitidas por este Instructor. Como se ha dicho, eso no es así. La decisión de suspender una medida cautelar que era ejecutiva desde el año 2019, es una decisión de este instructor (Recomendación 25) y nunca ha sido adoptada

Agrega el magistrado que esta situación no sería desconocida para la Abogacía del Estado, pues es parte en el procedimiento penal que se sigue ante el Tribunal Supremo de España. Como se ha dicho en el punto 5, nunca le ha sido notificada a la Abogacía del Estado una posible decisión de suspender las OEDs, como tampoco la Abogacía del Estado ha promovido que tal decisión se produzca

Considerando que el Tribunal Supremo no tiene intervención en el procedimiento ante el TGUE y que sí la tiene la Abogacía del Estado, pues el Reino de España es coadyuvante con el Parlamento europeo en ese proceso, el Juez hace referencia a la información facilitada por la Abogacía del Estado y explica a la autoridad judicial italiana que, «”se desajuste de información podría explicar la incorrección que sobre la vigencia de las OEDs aparece en una parte de la resolución del TGUE del pasado 30 de julio, al no haberse podido aportar para la resolución la información proveniente de la Autoridad Judicial a la que corresponde decidir sobre la subsistencia de las medidas cautelares”.]

*** Lo dicho exime de cualquier comentario, aunque solo plantear una pregunta:

¿Qué pasaría si cualquier abogado presenta un documento público en el Tribunal Supremo, al estilo del presentado por la Abogacía del Estado del Reino de España en procedimiento ante el TGUE?

N.B. Falsedad, prevaricación y algo más.

El principio de legalidad y respeto a la Ley por todos los poderes públicos y los ciudadanos son algo consagrado por la Constitución Española.

Aquí sobra cualquier comentario como se ha dicho, solo leer la Noticia Judicial comunicada por el Poder Judicial en su Portal.

Córdoba, a 30 de septiembre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Estado de alarma – – C. E. E. (doble vara de medir – respeto a la Ley)

El T. C. ha declarado inconstitucional el Estado de Alarma, como siempre tarde, aunque sin la menor duda es una buena noticia para “el respeto a la ley”, pues la Constitución (art. 10.1. C. E. – Derechos de la persona-) dice, que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.

Sin embargo, han sido muchas las voces que han defendido que el respeto a la Ley no es lo esencial, sino el contenido político de su ideología optando por la seguridad sin libertad, razonando que la sentencia sobre la inconstitucionalidad del estado de alarma, debería haberse adoptado con base a un fin político, admitiendo como deseable y aceptable el principio: –De que el fin justifica los medios-.

Si admitimos ese proceder político ideológico, simplemente, nos hemos cargado la Constitución y el Estado social y democrático de Derecho que consagra.

Que conste, que ese desafuero legal lo sostienen enjundiosos juristas, ministras, y, voceros varios del poder, así:

* La Ministra de Defensa Sñrª. Robles ha dicho, que la sentencia contiene –elucubraciones doctrinales sin sentido de estado-.

*   El Sr. Cándido Conde-Pumpido, miembro del T. C., en su voto particular publicitado a los cuatro vientos, ha hecho uso de su ideología política, diciendo “que no se ha producido ninguna suspensión de derechos”, “que la sentencia no responde en absoluto a verdaderos criterios jurídicos, pues utiliza un mero atajo argumental para estimar la inconstitucionalidad de una medida sanitaria solicitada por un partido político”, y, -otras muchas cosas más-, denigrando la sentencia y a sus propios compañeros que la han apoyado y aprobado por mayoría.

La formulación es demoledora: “Hay que hacer legal lo que nos conviene”.

La elección del estado de alarma consciente y premeditada es la prueba del nueve.

Esta muy claro, que eso es lo que hay, aunque la sentencia dictada por mayoría, dice lo que dice, de forma, que es una resolución válida según la Constitución y nuestro ordenamiento jurídico.

Aquí solo decir, que, si no lo quieres para ti, tampoco lo quieras para los demás, ya que, la doble vara de medir implica hipocresía y falsa moral en función de intereses políticos espurios llenos de ideología excluyente, siendo, además, más reprobable cuando esa doble vara se aplica insidiosamente en un entorno institucional.

Queda trasparente lo que hay, pero, también, es evidente, que no engañan a nadie, de manera, que van a lo que van sin disimulos ni caretas, concretamente, van a imponer si o si su ideología autoritaria y excluyente, razón por la que no queda otra que defender el estado de derecho y nuestras libertades, pues ni uno ni otras se defienden solas.

Siguiendo el hilo, hay que poner sobre la mesa, también, que la Conferencia Episcopal Española (C. E. E.) apoyó los indultos del Gobierno a los condenados del -Proces- contra el criterio del T. S., y, curiosamente, ahora el Obispado de Córdoba presenta  alegaciones al anteproyecto de la Ley de Patrimonio del Gobierno, que considera -propia de países dictatoriales-, diciendo el Sr. Obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, que considera, que la norma que prepara el Gobierno -no tiene en cuenta la libertad religiosa-, y, que -se trata de una ley invasiva-, con la mentalidad del Estado soy yo, y, legislo sobre todo lo humano y lo divino.

Es lo malo de estar en misa y repicando, de la doble vara de medir, que impide, se quiera reconocer o no, que no se puede estar en dos sitios a la vez,  de manera, que los Obispos con su Presidente Mons. Omella y Omella deben aclarar a los españoles, si están con la Ley o escorados hacia una aplicación excluyente y unilateral de la misma, según convenga en cada momento a sus intereses.

La verdad es, que en los dos sitios a vez no se puede estar, la diga Agamenón o su porquero.

La C. E. de 1978 dice (art. 9), que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.

Ocurre, que, en España están en desuso el respeto a la ley y el principio de legalidad, además, unos pocos demasiados políticos y sus corifeos quieren demoler la Constitución.

El cumplimiento por todos (poderes públicos y ciudadanos) del “respeto a la ley” es una necesidad y/o finalidad permanente e inderogable.

N.B.  La inconstitucionalidad del estado de alarma y la postura de la C. E. E. son ejemplos de falta de respeto a la Ley, porque, se quiera admitir o no, la legalidad para todos es la única forma de democracia plena, lo que impide aplicar una doble vara de medir, porque -el fin nunca justifica los medios-, y, siempre es preferible la libertad que la seguridad que la sacrifica.

Si el poder político y los representantes de la sociedad civil se separan de la ley, aunque sea creando una mera apariencia de legalidad con el pretexto de una pretendida seguridad sin libertad, la democracia deriva hacia un régimen autoritario, despareciendo los principios que sostienen el Estado de Derecho, y, con ellos nuestros derechos y libertades fundamentales.

Córdoba, a 18 de julio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Legítima defensa – derecho y deber (abusos – despotismo – resoluciones injustas)

Se considera la legítima defensa una construcción filosófica y jurídica de valor universal, ya que, está aceptada por todas las naciones del mundo y desde tiempo inmemorial, de forma, que se puede defender -como una verdad absoluta-. Se basa en el derecho natural que tiene un pueblo o una persona de protegerse para rechazar una agresión ilegítima grave e inminente.  

Es preciso para que se acepte la legítima defensa, que se cumplan ciertas condiciones, como la existencia de una agresión ilegítima. que ponga en peligro derechos y libertades esenciales del estado de derecho, y, que haga necesaria una intervención eficaz para impedir el asalto.

Conviene citar para aclarar este asunto la Declaración de Independencia 4 de julio de 1776 de los Estados Unidos de América, qué, concretamente, recoge el siguiente párrafo sobre el derecho a la legítima defensa:

“Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. La prudencia, claro está, aconsejará que no se cambie por motivos leves y transitorios gobiernos de antiguo establecidos; y, en efecto, toda la experiencia ha demostrado, que la humanidad está más dispuesta a padecer, mientras los males sean tolerables, que a hacerse justicia aboliendo las formas a que está acostumbrada. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y establecer nuevos resguardos para su futura seguridad.

La legítima defensa es un derecho y un deber frente a todo autoritarismo e injusticia, a todo despotismo, y, contra cualquier resolución injusta, vengan de donde vengan, sean individuales o colectivos, procedan de los poderes públicos establecidos o de grupos de personas particulares.

En las democracias cuando un gobierno, un poder público o un empleado público sobrepasa sus poderes y se adentra en la senda del autoritarismo y de la arbitrariedad, actuando ilegítimamente contra los derechos de los ciudadanos anulando sus libertades fundamentales, la legítima defensa natural reside en el derecho de votar en libertad contra ellos con la finalidad de erradicar los abusos, de conformidad con lo que dispone la Ley constitucional, pero, mientras tanto, es lo cierto, que el pueblo tiene derecho defenderse de cualquier ataque ilegítimo de los poderes públicos por todos los medios legales a su alcance (pues esos poderes y/o administraciones nunca actúan de oficio defendiendo al ciudadano agraviado): con la libertad de expresión y de prensa, la libertad de reunión y de manifestación, a través de las redes sociales y todos los medios de comunicación admisibles,  acudiendo a los jueces y tribunales en solicitud de amparo y cobijo, así como, por cualquier medio lícito en un régimen democrático para defender su libertad.

Por otro lado, es cierto, que en España la división de poderes, consagrada por la C. E. en nuestro Estado social y democrático de Derecho, está resquebrajada y cayendo al vacío; el Gobierno está ocupando todas la instituciones del Estado; se está legislando, sobrepasando con mucho la legalidad constitucional, a través de Reales Decretos Ley; el poder judicial independiente está en entredicho por su inacción contra el poder y la politización ideológica del sistema, y, las actuaciones de jueces dominados por su ideología; el Tribunal Constitucional en situación de espera (stand by) politizado  al máximo y convertido en una trampa para los ciudadanos, en vez, de ser un lugar amparo para los mismos.

Así, podíamos seguir hasta lo innumerable, como, actuaciones policiales de patadas en las puertas violando derechos fundamentales; medios de comunicación públicos, pagados con el dinero de todos, (TVE, radio, etc.) convertidos en mera propaganda de ideas liberticidas; la libertad de expresión atacada; el poder publico ejercitado arbitrariamente en multitud de actuaciones, que sobrepasan con mucho el espíritu de la Ley, como por ejemplo, resoluciones administrativas injustas dictadas a sabiendas contra ley, los posibles indultos; y, un largo etc.; lo último, la Resolución de 4 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la declaración de actuaciones coordinadas frente a la COVID-19 (Boe. 05-06-2l) disparatada, ilegal y que resultará inaplicable.

A pesar de lo dicho, es cierto, que la C. E. de 1978 dice en sus arts. 9 y 10, que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico” y que “el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.

Así mismo, es cierto, que el Gobierno del Presidente Sánchez utiliza la trampa del señuelo una y otra vez sin mesura, aunque es evidente, que –se puede engañar a todo el mundo algún tiempo y se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo-, razón por la estimo, que se equivocan al juzgar al pueblo indeciso, fácil de convencer y con mala memoria, pues se vislumbra la impresión, de que no va a funcionar el señuelo engañoso como hasta ahora, al estar los españoles preocupados por sus libertades y más que hartos de que les tomen el pelo.

En resumen, en España por la actuación de los poderes públicos se ve y se siente, que estamos entrando de lleno en el territorio de la legítima defensa del pueblo y sus ciudadanos, como forma de protección frente a las agresiones contra nuestros derechos y libertades.

Visto lo expuesto, es evidente, que por algún sitio habrá que empezar, y, salvo otras posibles propuestas, requiero el cumplimiento de todos (-poderes públicos y ciudadanos-) del “respeto a la ley” consagrado en la Constitución, que posibilite la concordia y la confluencia política en el bien común de la sociedad española.

N.B.  Legítima defensa es un “derecho-deber” frente a los abusos, las resoluciones injustas, el despotismo y contra todas las actuaciones de los poderes públicos contra la Ley, cuyo respeto es la base de nuestro Estado social y democrático de Derecho, al decir la Constitución que es el fundamento del orden político y de la paz social

El respeto a la Ley por todos, -eliminando las trampas engañosas deliberadas-, es la única forma clara de empezar a trabajar por la recuperación de España en democracia y libertad.

Si el poder público y sus representantes se separan de la ley, permitiendo actuaciones fraudulentas a través de señuelos tramposos, con la finalidad de crear una apariencia de legalidad asaltando nuestra democracia, los principios que sostienen el Estado de Derecho desaparecerán y con ellos nuestros derechos y libertades fundamentales, siendo necesaria la legítima defensa.

Córdoba, a 7 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Control de la Administración II – empleados públicos – faltas y sanciones (democracia = legalidad)

El control de la actuación legal de la Administración (interno y externo) es algo imprescindible, que no se puede dejar de llevar a cabo en ningún momento, de forma constante y eficaz sin excusa ni pretexto, pues no va en ello nuestros derechos y libertades fundamentales constitucionales.

La Constitución regula las normas y principios por los que se erige España como un Estado Social y Democrático de Derecho, y, nadie puede actuar al margen de los límites constitucionales, máxime, cuando se trata de poderes públicos, como puede ser la Administración y sus autoridades y empleados.

La C. E. impide el uso arbitrario y personal del Ordenamiento Jurídico y obliga a respetar el principio de legalidad.

Ignorar la ley aplicándola torticeramente a sabiendas y conscientemente, basada solo en la voluntad del empleado público responsable de cualquier resolución, encausándola, a mayor inri, en la Constitución o/y en cualquier norma legal, no puede ser un error o un desencuentro fortuito, sino que es una burla descarnada a todos los españoles, que queremos, que el Texto Constitucional y el resto del ordenamiento jurídico en España se respeten, ya que, no hay democracia sin respeto a la ley.

Se debe acudir al texto de la Constitución, porque hay que sancionar a los empleados públicos, que burlan la ley, y, anteponen su voluntad y su interés personal a la letra y espíritu de la misma, así:

** Artículo 1: 1. “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Dejando claro en su nº. 2., que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.

**Artículos 9 y 10: “La Constitución garantiza el principio de legalidad y el respeto a la ley”.

Si todos los poderes públicos y todos los españoles han de respetar la Constitución, no parece admisible, que cualquier Administración a través de resoluciones injustas y contra ley (-dictadas a sabiendas por algunas de sus autoridades y/o empleados públicos-), lleve a cabo actos que supongan vulnerar la misma y el resto de las leyes, perjudicando y agraviando, además, a particulares afectados directamente y al resto de la sociedad española (al pueblo soberano).

Es reprobable constitucionalmente, permitir el incumplimiento de la Ley para hacer realidad la sola voluntad personal de un empleado público, que no solo no respeta los requisitos legales, sino que, además, los utiliza torticeramente de forma fraudulenta para conseguir su objetivo injusto –con plena conciencia y falta de equidad.

Si el hecho arbitrario contra ley de un empleado público se produce, la Administración, sin escusa ni pretexto alguno, debe proceder contra el empleado público responsable, a la vez, que debe restituir y compensar al ciudadano perjudicado de todos los daños y perjuicios derivados de la resolución injusta. Los jueces y tribunales de los distintos órdenes jurisdiccionales son la última opción, antes, de oficio, por actos arbitrarios e injustos de sus empleados públicos las administraciones deben actuar en cumplimiento del mandato constitucional del respeto a la ley y al principio de legalidad, restaurando la equidad y la justicia frente a resoluciones desviadas de poder.

En estos supuestos no cabe exoneración alguna, pues se vulneran la Constitución Española de principio a fin y el resto de nuestro ordenamiento jurídico, de forma, que solo es aceptable una solución, sancionar al empleado público arbitrario responsable, y, a la vez, compensar al particular agraviado en todos sus perjuicios, todo, además, de oficio por la propia Administración.

Aquí no cabe de ninguna forma admitir o permitir el refrán de que siempre hay un roto para un descosido, ya que, no se puede aceptar, que el empleado público con su actuación contra ley se sienta bien o de seguirle la corriente, sino de respetar, si o si, la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico vigente en España, si se quiere, que tenga existencia real nuestro Estado de Derecho, que se basa en el respeto al principio de legalidad.

En una democracia plena nacida de un Estado social y democrático de Derecho como la española, el respeto a la Ley es la esencia de sus libertades y derechos fundamentales, aunque es bien sabido, que en la realidad muchas veces, quizás, demasiadas, el respeto a la ley parece desaparecido, produciéndose distorsiones, que vulneran la Constitución y nuestro ordenamiento jurídico, de manera, que, hay que rechazar (queen uso arbitrario de un poder que se le ha delgado por el pueblo), empleados públicos se convierten en verdugos de sus propios ciudadanos (dejando a un lado el respeto a la ley), actuando arbitrariamente en su perjuicio.

Sin embargo, lo peor está, en el hecho de que algunas administraciones renuncian a su propio autocontrol (-con una dejación de funciones consciente o culposa-), que impide toda reacción positiva de dar solución a hechos injustos, cargando, además, sobre los ciudadanos su propia responsabilidad negligente o dolosa, ya que, se enrocan en su falta de objetividad y de justicia sin tomar ninguna medida sancionadora contra esos empleados públicos, que han actuado contra o fuera de la Constitución y de las leyes.

Insisto en que el control de la Administración, forma parte de la división de poderes de nuestro estado de derecho, de manera, que la democracia española exige e impone, la aplicación efectiva del principio de legalidad y el respeto a la ley por todos, especialmente, por los poderes públicos.

Lo expuesto es una realidad en algunas administraciones en España, pero que nadie crea, que a él no le afecta nuestra denuncia, porque la defensa de la libertad y de la ley es tarea de todos, no solo de los poderes públicos, de manera, que cada uno desde donde esté y desde donde pueda, tiene una obligación positiva de denunciar el incumplimiento de la ley por las administraciones y/o sus empleados, cuando vea resoluciones contra ley (injustas) dictadas arbitrariamente, sean las que sean.

Es cierto, que existe un temor latente en el ciudadano por las actuaciones posteriores de esas administraciones en caso de denuncia, porque algunos empleados públicos vindicativos puedan realizar actos de auto – venganza, convencidos de su poder y de su impunidad, pero, está claro, que si permitimos por temor esos actos ilegales, que vulneran la Constitución y nuestras leyes, los efectos serán nocivos para todos nosotros, ya que, se impondrá un silencio cautivo y la preeminencia impune de unos pocos empleados públicos, que abusan de su poder ilegítimamente con absoluto desprecio al pueblo, que los mantiene y de donde nace su poder usado de manera espuria.

Por cierto, dejando, además, a la gran mayoría de empleados públicos (que aplican la ley con justicia y al servicio del pueblo-),  a “los pies de los caballos”, pues, sin duda, los ciudadanos pueden creer (-cosa que es falsa-), que todos los funcionarios y empleados públicos son iguales en sus desafueros, cuando realmente es todo lo contrario, ya que, la inmensa mayoría de los empleados públicos reniegan de esa forma de actuar contra ley, siendo los primeros en rechazar comportamientos arbitrarios, injustos y contrarios a la Constitución y al resto de nuestras leyes y siendo seguramente los más perjudicados.

Esos funcionarios o empleados públicos arbitrarios deben ser sancionados y apartados del servicio público, ya que, nos va en ello la libertad y todos nuestros derechos constitucionales

(La Ley del Estatuto Básico del Empleado Público -Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre- en su art. 95 y cc. regula y sanciona esas conductas).

N.B.  El control de la Administración forma parte de la división de poderes, de manera, que, el hecho de dictar a sabiendas por autoridad, funcionario o empleado público una resolución injusta contra ley, solo por su propia voluntad que impone arbitrariamente, no puede quedar impune y al margen de la ley para la propia Administración.

En estos casos, se impone una actuación de oficio inmediata de la propia Administración en defensa del particular afectado y del bien común;

Si la Administración se separa de la ley, permitiendo resoluciones de sus empleados públicos arbitrarias, –dictadas a sabiendas- y, no se adoptan sanciones inmediatas contra ellos, restaurando, además, los perjuicios causados, se estará asaltando nuestra democracia, admitiéndose actos contra ley e intereses espurios nacidos de la injusticia, que destruyen nuestras libertades y derechos fundamentales.

Córdoba, a 3 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.