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Deterioro del Estado de Derecho II (la contaminación que se lo come todo)

En estos días los ciudadanos/as asistimos a un aquelarre continuo de corrupciones de todo tipo y color (económicas, éticas, sexuales y sociales), que no solo sorprenden por su descaro y presunción de impunidad de sus autores y cómplices, sino que, además, se ve día a día como la corrosión sistémica ha alcanzado a todos los niveles políticos (Estado, CC.AA., Corporaciones Locales, Empresas y Entes Públicos).

Es detestable que a nivel de Estado esté pasado lo que pasa a la vista de todos los españoles escandalizados, pero, parece que se olvida que cosas parecidas están ocurriendo en muchos ayuntamiento, especialmente, los sostenidos por mayorías absolutas o coaliciones basadas en intereses espurios, porque quien no conoce corrupciones multicolores, que ocurren en ayuntamientos y diputaciones, así como, en sus empresas públicas y en el variopinto mundo de sus entes dependientes pagados por el dinero de todos.  

Siempre habrá el que lo justifique, diciendo que son cosas de menor entidad, como *enchufes de parientes políticos y familiares, *subvenciones a empresas y asociaciones afines, *favores urbanísticos disfrazados de legalidad y, así, *un largo etc. de irregularidades discriminatorias para los que se sitúan fuera de las aguas turbias de las influencias políticas.

Desde la Asociación Córdoba Abierta (ACOA), denunciamos cómo la corrupción, la falta de controles y el clientelismo están socavando el Estado de Derecho, haciéndolo a través de algunos ejemplos genéricos, pero que todos podrán identificar como propios.

1.- ¿Quién no conoce algún caso de enchufismo en algún ayuntamiento?; que se materializa en ocupar una plaza de empleo público por la puerta de atrás, y, además, bendecido por un/a secretario/a nombrados con carácter accidental, pero que ya llevan años y años ocupado ese cargo municipal, de forma, que en esos ayuntamiento todo vale, y, los ciudadanos asisten temerosos al espectáculo de corrupción sistémica, callados y silentes, porque saben que si denuncian, casi nunca le pasa nada al político corrupto, pero a ellos los funden con obligaciones y trabas de todo tipo, que le harán la vida imposible, mientras los saduceos políticos justos en el uso de sus abusos presumen de rectitud legal.

2.- ¿Quién no conoce, casos innumerables de abuso en la llamada Libre Designación”?; que habiendo nacido para casos excepcionales se ha convertido en norma de la que políticos variopintos usan y abusan sin pudor.

Se utiliza día a día para nombrar a dedo a amigos, parientes o miembros del partido (“amiguismo” y “clientelismo”), desplazando los principios constitucionales de mérito y capacidad.

3.- ¿Quién no conoce en su ayuntamiento casos varios de contrataciones laborales irregulares?; pues muchos Ayuntamientos recurren a contratos temporales ilegales o “a dedo”, bordeando la prevaricación continuada para tejer redes de favores.

4.- ¿Quién no conoce los monopolios de decisiones existentes en algunos ayuntamientos?; donde  el  exceso de discrecionalidad de alcaldes y equipos de gobierno, sumado a una fiscalización interna a menudo limitada, facilita la corrupción urbanística y la “captura” de la política local por intereses privados.

5.- Seguir con los ejemplos, se me antoja ya innecesario, pero si poner de relieve que fallan los controles, ya que, sobre el papel, existen mecanismos de control como la Intervención Municipal (Secretarios e Interventores). Sin embargo, su independencia real se ve comprometida en entornos locales altamente politizados o mediante el uso de fiscalizaciones limitadas.

6.- Finalmente, reiterar y destacar que la reciente Ley 2/2023 obliga a los ayuntamientos a implantar un Sistema Interno de Información (Canal de Denuncias) para proteger a quienes destapan la corrupción.

Sin embargo, a día de hoy, estos sistemas son más formales que reales. El reto es pasar de la teoría a la práctica para erradicar ese caciquismo moderno que disfraza de legalidad el nepotismo y el favor político.

N.B.  Las irregularidades  y casos de corrupción, que se dan en los ayuntamientos son casi diarias y calcular su número es prácticamente imposible al ser muchos y que los casos crecen en número con sus empresas y entes locales, por lo que es una “verdad patente”, que la corrupción en sus distintas variantes ha calado en los Ayuntamientos, a pesar de todos los mecanismos de control que existen legalmente, siendo desgraciadamente más formal que real.

El deterioro continuo del Estado de Derecho es una realidad en los ayuntamientos y demuestra que la corrupción sistémica y grosera ha asaltado los derechos y libertades de la sociedad civil.

Córdoba, 12 de diciembre de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

 Abogado. ICA-Córdoba Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente de Córdoba Abierta -ACOA-.

Mayorías absolutas – Ayuntamientos – Respeto a las minorías (principio de legalidad y derechos fundamentales)

Unos lectores me hacen una pregunta sobre los efectos de la mayorías absolutas y su abuso por los políticos que gobiernan con ellas, pues en su ayuntamiento gobernado por mayoría absoluta por un partido solo se cumple la ley cuando beneficia a la mayoría que gobierna, existiendo un claro abuso contra las minorías.

Trataré de dar una opinión lo más clara posible, así, que comenzaré centrando el tema por abajo.

Me explico, en estos días solo se habla del Presidente Trump, de Europa, de La Otan, de Ucrania y de cosas gordas, aunque por otro lado es lógico, pero en esos asuntos salvo no estar de acuerdo con el empleo de la fuerza como argumento único, poco se puede hacer a nivel de calle; sin embargo, hay asuntos en la puerta de nuestras casas de abusos del uso de las mayorías absolutas en los Ayuntamientos, Diputaciones y CC.AA. que precisan atención inmediata, si queremos que nuestra vida diaria se desarrolle en democracia y libertad.

Es un hecho más que frecuente, que Ayuntamientos gobernados por mayorías absolutas están abusando de su poder realizando actos contra ley y sometiendo sin pudor a las minorías con el único argumentos de que votando siempre llevan razón.

Desgraciadamente, esa forma de gobernar atrabiliaria la tenemos a la vuelta de la esquina y con demasiada frecuencia se viene tolerando, quizás, porque es más fácil ponerse de perfil ante una injustica, que, equivocadamente, se suele considerar menor.

Si en un Ayuntamiento se viola día a día el principio de legalidad y se bendice después con una votación a favor por mayoría absoluta, parece que todo es legal y que no pasa nada porque se adopten acuerdos fuera de la ley, sobre todo, cuando solo existe un secretario/a accidental irregular por llevar demasiados años en ese puesto.

La realidad es perversa, pues no hay nada peor que permitir que la carcoma de la injusticia se introduzca en los niveles más bajos de nuestra administración.

Cuando un Alcalde abusa de su poder con el pretexto de que tiene mayoría absoluta, con las debidas proporciones, es lo mismo que está haciendo el Presidente Trump y/o el Presidente Putín, que no es otra cosa que bendecir la injusticia y el sometimiento de la libertad por el uso de la fuerza.

Por otro lado, observo, que los jueces y tribunales en algunos-muchos casos pasan por encima de la ley aplicable considerando que estos casos menores no merecen enfocarlos en la dirección del valor justicia, de forma, que se consolida el abuso ilegal, pues es difícil, costoso y arriesgado para el ciudadano de a pie hacer frente a una injusticia, que viene validada por el marchamo de un acuerdo por mayoría absoluta.

En estos desgraciados casos, solo queda acudir a la vía penal judicial con todas la pegas que ese movimiento de defensa tiene para el particular que ejercita su derecho de defensa por ese camino, que es el único que le han dejado seguir.

Afortunadamente, hay casos y jueces/as que deciden con grave riesgo para sus personas hacer frente a la injustica y abren diligencias penales de investigación, que como se está demostrando en España es casi una temeridad para el órgano judicial competente, ya que, lo primero que hacen esos políticos autoritarios bajo la tutela de sus mayorías absolutas es cargar con el Juez/Jueza que se ha atrevido a contradecir su proceder autoritario y conta ley, acusándoles de estar equivocados, de no conocer la ley, de aplicarle por ideología política y todas las demás barbaridades que se están viendo en el día a día en España.

La única razón que lanzan contra todos los que no están de acuerdo es que ellos son el pueblo y están por encima de la ley, todo ello, adobado por bulos personales, políticos y sociales contra todos los que se atreven a discrepar.

En estos días de inseguridad jurídica conviene realizar una defensa del respeto a la ley en todos los niveles del poder político, algo esencial en cualquier estado social y democrático de derecho, como es el nuestro según la C. E.

Sin respeto a la Ley no existe el estado de derecho, pero es lo cierto, que ese deber de respeto es exigible al máximo, cuando se trata de poderes públicos de menor nivel (véase Ayuntamientos), ya que, mientras los ciudadanos tienen un deber general negativo de abstenerse de cualquier actuación que vulnere el cumplimiento de la Ley, los titulares de los poderes públicos tienen, además, un deber general positivo de realizar sus funciones de acuerdo con la Ley.

** La Constitución Española establece lo siguiente:

<< – Artículo 9: 1.  Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 3.  La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

* Artículo 10: 1.  …   …, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.>>

Además, en España la justicia se apoya en el respeto a la ley, como fundamento del orden político y de la paz social, para avalar la obligación de respetar el ordenamiento jurídico.

En España se están produciendo a diario dislates tremendos de falta de respeto a la Ley en los niveles inferiores del poder público, así que señalaré un supuesto claro de falta de respeto a la ley, que es un ejemplo de perversión de la ley, pero que es como el lago de los muertos o piélago, que lo inunda todo en algunos municipios, así:

 * Abuso en algunos muchos municipios gobernados por mayorías absolutas, donde solo se hace lo que dice el partido que gobierna por mayoría absoluta con razón o sin ella, con la ley o contra ella.

(Nota: Los particulares avasallados por la mayoría absoluta está muy claro, que son necios, gilipo…, y unos irresponsables absolutos, porque ellos son el poder legítimo del pueblo).

A pesar de todo, siempre queda un halo de esperanza y algunas cosas están más claras:

.- España se desangra por un uso abusivo de mayorías absolutas con unos poderes públicos dominantes y sus dirigentes que juegan a la ruleta rusa con los españoles, de manera, que ellos a lo suyo y vale todo, aunque, pronto habrá elecciones y ya todos sabemos lo que hay.

2º.- Solo queda creer en la justicia y en la división de poderes, esperando que los jueces, apliquen la Ley sin condicionamientos ideológicos, y, siempre en favor del pueblo dónde reside la soberanía, y, del que nace, crece y se sostiene la justicia en las democracias constitucionales.

N. B.   La mayorías absolutas sin respeto a la Ley ni respeto a las minorías violan los derechos fundamentales de los ciudadanos, cualquiera que sea su nivel, pero cuando el abuso de las mayorías se hunde al nivel más bajo como son los ayuntamientos, lo que está en peligro es la libertad de las personas que viven en esos municipios dominados por unos gobernantes mayoritarios, que se creen por encima del bien y del mal y, además, impunes.

**Sin respeto a la Ley por todos y, especialmente, por los poderes públicos no existe el Estado de Derecho Constitucional.

**Sin ejemplaridad de los poderes públicos en el cumplimiento de la ley, es una ofensa a los españoles, que se les pida su cumplimiento.

Sin embargo, lo peor es, que actúan así contra la ley algunos muchos, quizás demasiados, porque se sienten impunes, de forma, que les da igual, aunque puede ser cierto, que los culpables son los ciudadanos por su mala memoria.

No se puede poner en duda, que las cosas están muy claras, luego que nadie se queje.

Córdoba, a 3 de marzo de 2025

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.