Tag Archives: igualdad

Igualdad formal vs. Igualdad práctica (El reto de la regularización)

Un grupo elevado de lectores me pregunta sobre la regularización masiva de inmigrantes y me piden una opinión, así que, como suelo hacer intentaré darles una explicación razonable.

En el actual escenario normativo de febrero de 2026, España se enfrenta a un desafío que trasciende lo administrativo para instalarse en el corazón de la justicia social:

“La gestión de la regularización extraordinaria de extranjeros”.

El debate no debe centrarse en la existencia o no de privilegios, sino en la colisión entre la igualdad formal (la ley es igual para todos) y la igualdad práctica (cómo impacta esa ley en un sistema de servicios públicos ya tensionado).

1.- El marco jurídico (La regularización de 2026).

El reciente Real Decreto-ley de regularización extraordinaria busca integrar a una población de entre 500.000 y 800.000 personas que ya conviven con nosotros. Jurídicamente, el objetivo es impecable: “Reducir la economía sumergida, aflorar cotizaciones y garantizar derechos fundamentales”. Una vez obtenida la autorización de residencia y trabajo, estas personas adquieren la condición de residentes legales, accediendo al catálogo de servicios públicos en plenas facultades.

2.- La paradoja de los baremos. – (Parece haber prioridad).

Es fundamental aclarar que no existe una prioridad legal por origen nacional. Los criterios de acceso a guarderías (0-3 años), al Ingreso Mínimo Vital (IMV) o a las ayudas al alquiler son universales y se basan, principalmente, en la vulnerabilidad socioeconómica.

**Sin embargo, aquí es donde surge el conflicto de la “igualdad práctica”, así:

<-El perfil de vulnerabilidad: Los nuevos regularizados suelen presentar niveles de renta más bajos, familias más numerosas y situaciones de precariedad laboral inicial.

<-La puntuación mecánica: Al aplicar los baremos vigentes (donde puntúa más la renta baja o el número de hijos), este colectivo encaja de forma natural en los tramos de máxima prioridad.

**La clave del problema: No es que se favorezca al inmigrante “por serlo”, sino que el sistema está diseñado para primar la necesidad extrema. Cuando esa necesidad se concentra en un grupo recién incorporado al sistema legal, el resultado práctico es que familias españolas de rentas medias o bajas (pero no extremas) se ven desplazadas en las listas de espera.

3.- El riesgo del colapso y la gestión de la escasez.

La justicia de una medida de integración no puede evaluarse de forma aislada a la capacidad del sistema. La incorporación de cientos de miles de nuevos usuarios cualificados para ayudas sociales sin una ampliación proporcional de la oferta pública produce un efecto de “suma cero”.

<-Educación y Sanidad: La saturación en la Atención Primaria y la falta de plazas en escuelas infantiles no son responsabilidad del inmigrante, sino de una planificación que no prevé el aumento de la demanda.

<-Servicios Sociales: El IMV y las rentas mínimas tienen presupuestos acotados, de forma, que si la base de solicitantes con máxima puntuación crece exponencialmente, el sistema se bloquea para todos.

4.- Conclusión. – (Una solidaridad sostenible).

Como profesionales del derecho, debemos defender que la ayuda al inmigrante es un imperativo humanitario y económico, pero no debe ejecutarse a costa de la erosión de los derechos y servicios de quienes ya sostienen el sistema.

La igualdad formal es un pilar de nuestra democracia, pero si no se acompaña de una inversión pública que absorba la nueva demanda, generamos una desigualdad práctica que fractura la cohesión social. Para que la integración sea real y justa, “el Estado debe garantizar que la ampliación de derechos para unos no signifique la pérdida de servicios para otros”.

N.B. El reto de la regularización es pasar de la igualdad formal a la igualdad práctica, a la vez, que se consigue una integración productiva de calidad, llevándose a cabo una reestructuración completa del mercado de trabajo.

La solución no es el enfrentamiento entre vulnerables, sino una administración de recursos que entienda que la capacidad de acogida está intrínsecamente ligada a la capacidad de prestación.

Córdoba, 9 de febrero de 2026

Por: Enrique García Montoya.

Abogado del ICA-Córdoba.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA).

La Desigualdad Judicial en España (Igualdad contra Privilegios)

El artículo 14 de la Constitución Española proclama con solemnidad que “los españoles son iguales ante la ley”, pero en los pasillos abarrotados de nuestros juzgados, esta igualdad se desvanece como humo entre montañas de expedientes polvorientos, macrocausas mediáticas y una administración de justicia crónicamente desfinanciada. La realidad es muy dura, porque en España, operan dos velocidades judiciales: Una rápida y reluciente para los casos con cámaras y titulares, y, otra lenta, retorcida y olvidada para la justicia cotidiana, que impacta directamente en la vida de la gente de a pie.

Esta brecha no es un accidente, sino que es un fallo sistémico, que erosiona la democracia y perpetúa la impunidad de los más fuertes.

<<La Desigualdad en la Justicia Española – (Un análisis realista)>>

La justicia española, lejos de ser un baluarte de equidad, se ha convertido en un espejo deformado de las desigualdades sociales.

**Analizamos los puntos clave donde la promesa constitucional se quiebra:

1.- Macrocausas – (Agujeros Negros Judiciales).

Los grandes procesos -como las tramas de corrupción política o empresarial- actúan como verdaderos agujeros negros, devorando jueces, funcionarios y peritos durante años interminables, mientras tanto, miles de causas “menores” quedan paralizadas en el limbo burocrático. Una simple querella de un ciudadano anónimo, un conflicto laboral o una denuncia por irregularidades locales se pudre en un cajón olvidada, porque sin inversiones adicionales en personal y tecnología, cada macrocausa no solo paraliza un juzgado, sino que sabotea la democracia diaria, dejando a la ciudadanía desprotegida ante abusos cotidianos.

¿Es esto igualdad o un sistema diseñado para priorizar el espectáculo sobre la sustancia?

<- Brecha en la capacidad de defensa (Dinero y poder).

La imparcialidad del juez es un recipiente vacío si la defensa no es equitativa: (I). Grandes fortunas y políticos investigados por corrupción despliegan ejércitos de abogados de élite, multiplicando recursos, incidentes procesales y nulidades para dilatar los juicios hasta el agotamiento ajeno; y, (II). en contraste, el ciudadano medio -con asistencia jurídica gratuita o recursos limitados- enfrenta una guerra de desgaste que no puede ganar.

“La desigualdad transforma la igualdad formal en una desigualdad práctica brutal, donde el dinero compra tiempo, influencia y, a menudo, absoluciones implícitas”.

**Una crítica sin engaños: “Un sistema judicial que permite esto es injusto, porque es discriminatorio y cómplice de la corrupción”.

<-Presión Mediática y Juicios Paralelos (El circo de las portadas).

-La cobertura mediática distorsiona las prioridades judiciales de manera flagrante, ya que, los casos de portada avanzan a ritmo acelerado bajo la presión política e institucional,-mucho más numerosas y cercanas, como las en ayuntamientos o administraciones autonómicas- se embarran en la burocracia y el silencio, porque la selectividad mediática no solo acelera lo visible, sino que condena lo invisible a la impunidad.

¿Por qué un escándalo nacional recibe atención inmediata, pero un contrato irregular en un pueblo se eterniza?

La respuesta es clara: “El poder mediático dicta el tempo, perpetuando un ciclo vicioso donde la justicia se convierte en entretenimiento para unos pocos privilegiados”.

2.- Justicia Tardía (Impunidad disfrazada).

Cuando una resolución llega tras ocho, diez o más años, el daño ya es irreparable, entre otras cosas, porque el político corrupto ha abandonado el cargo, el dinero robado se ha evaporado en paraísos fiscales y la confianza pública en las instituciones se ha desintegrado, de manera que como dice el aforismo jurídico, “justicia tardía no es justicia”, ya que. es otra cosa que se llama engaño.

Esta dilación sistemática no es casual, sino que es el resultado de un sistema sobrecargado y desatendido, que favorece a quienes pueden esperar -los poderosos- y castiga a los vulnerables.

<<Una Democracia se mide por sus márgenes – (Las estadísticas que desnudan la realidad)>>

**Las tablas y datos oficiales confirman nuestra esta crítica:

<-Recursos Secuestrados, ya que, las causas mediáticas monopolizan juzgados enteros, dejando sin atención el 80% de los expedientes cotidianos (según informes del CGPJ).

<-Tiempos de espera injustos, porque los ciudadanos esperan años por resoluciones simples, mientras macrocausas avanzan con refuerzos especiales.

<-Equilibrar el poder económico, ya que, quienes contratan defensas premium obtienen ventajas procesales, con tasas de dilación un 50% superiores en casos de bajo perfil.

<-Modificar las prioridades políticas, porque las reformas judiciales se centran en lo macro, ignorando lo local y perpetuando la brecha.

Una justicia verdaderamente igualitaria no se limita a proclamar principios constitucionales formales, sino que exige garantizar, que un contrato irregular en un pueblo reciba la misma diligencia que una trama nacional.

Sin inversiones masivas en digitalización, más jueces y personal cualificado, la igualdad seguirá siendo un cascarón vacío, no una realidad tangible.

Nota . Hay que recordar con intensidad, que “la calidad de una democracia se mide por cómo trata al ciudadano sin poder, dinero ni conexiones”. Cualquier otro enfoque es hipocresía institucionalizada.

<<Un Plan para la Igualdad Real (Proyecto Lupa y Red)>>

Reformar el sistema desde arriba es quimérico en un panorama político paralizado, pero la sociedad civil puede impulsarlo desde abajo con determinación, razón por la que presentamos el Proyecto Lupa y Red, una iniciativa de vigilancia ciudadana para exigir la aplicación efectiva de las leyes existentes, sin necesidad de revoluciones legislativas.

***Este plan transforma la pasividad en acción crítica y colectiva.

**Fase 1: La Lupa – Monitorizar lo Invisible.

<-Crear observatorios locales impulsados por vecinos para rastrear casos de corrupción o abusos administrativos que el sistema ignora.

<-Registrar tiempos de espera en bases de datos públicas y accesibles, exponiendo la lentitud endémica.

<-Comparar públicamente el ritmo de casos locales versus mediáticos, usando datos para denunciar la desigualdad. Los datos no mienten: son la herramienta más afilada contra la indiferencia burocrática.

**Fase 2: La Red – Solidaridad Colaborativa.

<-Impulsar plataformas de crowdfunding jurídico y redes de abogados voluntarios para nivelar el campo de juego.

<-Acompañar a denunciantes protegidos por la Ley de Protección del Informante, rompiendo su aislamiento.

<-Convertir el miedo y la soledad en fuerza colectiva, donde la comunidad respalda al individuo contra el Goliath institucional.

**Fase 3: Ruido Selectivo – Hacer Visible lo Oculto.

<-Organizar presencia ciudadana en juzgados para demostrar vigilancia y presión pública.

<-Denunciar retrasos en redes sociales, etiquetando a organismos judiciales y medios con datos verificables y contundentes. Este “ruido” no es caos; es transparencia estratégica que obliga al sistema a rendir cuentas.

<<Ciudadanos frente al Sistema (Herramientas de defensa)>>

Debilidad del Ciudadano	Herramienta de Combate	Acción Práctica
Falta de Recursos	Acción Popular Colectiva	Compartir costes de denuncias en asociaciones y plataformas.
Soledad	Redes de Apoyo	Acompañar a denunciantes y testigos en juicios y procesos.
Desconocimiento	Alfabetización Jurídica	Organizar talleres gratuitos sobre plazos, procedimientos y derechos.
Invisibilidad	Digitalización del Escándalo	Publicar cronogramas y retrasos en plataformas abiertas para viralizar la injusticia.

<<El efecto gota de agua (Transparencia como arma).

No pretendemos colapsar el sistema, sino incomodarlo con una transparencia implacable. Un juez consciente de que sus tiempos son escrutados actúa con mayor diligencia, y, además, un político expuesto no puede esconderse.

Es un hecho indudable: “La justicia falla cuando unos gritan y otros callan”. Critiquemos esta asimetría y actuemos para equilibrarla.

<<Iniciar el cambio (Pasos concretos)>>

1.- Asumir que la corrupción “menor” -esa que afecta a tu hospital, colegio o calles- es tan corrosiva como la nacional.

2.- Recordar que diez personas coordinadas pueden auditar y transformar toda una ciudad.

N. B. El cambio no vendrá de decretos lejanos, sino que surge cuando la sociedad civil decide mirar, medir y actuar con seriedad y persistencia.

El artículo 14 de la C. E. debe pasar de ser una declaración formal a una igualdad real y eso depende de nosotros.

Córdoba, 19 de enero de 2026.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba – Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA)

Andalucía y Cataluña (Equilibrio, Respeto y Verdad)

El debate sobre la financiación autonómica y las políticas fiscales en España a menudo se ve empañado por discursos polarizados que enfrentan a comunidades como Andalucía y Cataluña. Las recientes y acertadas declaraciones del Gobierno de Andalucía, liderado por Juanma Moreno (PP), sobre una nueva bajada de impuestos, respondiendo a las palabras desgraciadas de Turull, y, las críticas desde Junts per Catalunya, con Jordi Turull a la cabeza, acusando a Andalucía de “vivir a costa de Cataluña”, han reavivado tensiones llenas de una peligrosa agresividad, teniendo en cuenta, a mayor abundamiento, que los insultos a los andaluces por líderes independentistas vienen de lejos, pues no hay más que recodar a -Jordi Pujol- cuando describía a los inmigrantes andaluces que llegaban a Cataluña como hombres «anárquicos», «cuya ignorancia natural lleva a la miseria mental y espiritual» y que además son «insignificantes, incapaces de dominio, de creación».

Aquí sobra ya cualquier otra explicación, ya que, hasta hoy los líderes independentistas han seguido la senda del insulto y del menosprecio a los andaluces.

Con este artículo desde Córdoba Abierta -ACOA- pretendemos analizar este asunto y su contexto, desmontar relatos y cuentos populistas, proponiendo una perspectiva equitativa basada en datos, respeto mutuo y la necesidad de un sistema de financiación autonómica más justo.

<<Entorno: Políticas fiscales y tensiones regionales>>

Desde 2019, la Junta de Andalucía ha implementado siete rebajas fiscales, incluyendo deducciones en el IRPF para alquiler (hasta 1.200 euros anuales para jóvenes menores de 35 años, mayores de 65 y víctimas de violencia de género o terrorismo) y gastos veterinarios para mascotas (hasta 100 euros, especialmente para animales adoptados o de asistencia).

Estas medidas, que representan un ahorro estimado de 1.000 millones de euros anuales, han contribuido a un crecimiento económico notable:

“Un aumento del 22% en el número de contribuyentes desde 2018, un 50% en recaudación fiscal y la atracción de inversiones que han situado a Andalucía como la segunda comunidad de régimen común con menor carga fiscal”.

Sin embargo, desde Cataluña, Jordi Turull (Junts per Catalunya) ha criticado estas políticas, denunciando que Andalucía se beneficia injustamente del sistema de financiación autonómica a expensas de Cataluña, que no puede financiar adecuadamente servicios como becas de comedor o ayudas a la dependencia.

Sus comentarios, que ridiculizan deducciones como las de “gimnasios y perros”, perpetúan un discurso divisorio que recuerda a declaraciones históricas despectivas, como las de Jordi Pujol en los años 70, que calificaban al <hombre andaluz> como “poco hecho” y en “miseria cultural”.

<<Análisis crítico: Solidaridad, equidad y mitos>>

1.- El sistema de financiación autonómica: Solidaridad, no parasitismo.

El sistema de financiación autonómica, vigente desde 2009, busca equilibrar las desigualdades económicas entre regiones. Comunidades con mayor PIB per cápita, como Cataluña (36.000 euros) o Madrid, aportan más al fondo común (aunque hay que señalar que también han tenido y tienen muchos privilegios), mientras que regiones con menor renta, como Andalucía (20.000 euros per cápita), reciben más para garantizar servicios básicos como sanidad y educación.

(Nota. La regiones forales. Navarra y País Vasco, tienen un sistema donde al final reciben más de lo que aportan al Estado, sirva como ejemplo, “las transferencias que reciben para complementar su déficit en pensiones, que no cubren con sus cotizaciones”.).

El mecanismo de compensación y equilibrio territorial nacional no implica que Andalucía “viva a costa” de Cataluña o de Madrid, sino que se redistribuye recursos para cohesionar el país.

No obstante, el sistema al día de hoy está desfasado y necesita una reforma estructural adecuada, así: *Cataluña calcula una pérdida neta de unos 2.000 millones de euros anuales, mientras *Andalucía reclama 4.000 millones adicionales para cubrir sus necesidades.

Ambas tienen razón en señalar deficiencias, pero la solución no pasa por enfrentar regiones, sino por reformar el modelo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para premiar el esfuerzo económico y la buena administración sin penalizar a las comunidades más vulnerables ni castigar a las más ricas y productivas.

2.- Las bajadas de impuestos en Andalucía: Competencia autonómica legítima.

Las deducciones fiscales en Andalucía son decisiones legítimas dentro de las competencias autonómicas. Reducir la presión fiscal ha estimulado la economía andaluza, que creció un 3,5% en 2024, superando la media nacional. *Criticar deducciones específicas andaluzas, como las de mascotas o gimnasios, con un tono peyorativo y de forma altiva, ignora su impacto positivo en sectores como el bienestar animal o la salud pública, además de trivializar un esfuerzo real por mejorar la calidad de vida.

*Cataluña, por su parte, prioriza otras áreas, como becas o infraestructuras.

Estas diferencias reflejan la autonomía fiscal de cada comunidad, no un robo de recursos. Si Junts desea más fondos para Cataluña, debería abogar por un nuevo modelo de financiación consensuado, no avivar rivalidades regionales, confrontando Andalucía y Cataluña.

3.- Narrativas populistas: Un obstáculo para la unidad.

*El discurso de Junts, centrado en el victimismo independentista, perpetúa estereotipos y divisiones. Señalando a Andalucía como <culpable> de los problemas catalanes, se ignora el progreso andaluz: <-Que de ser una región de emigrantes->, Andalucía se ha convertido en un hub (punto de conexión) de energías renovables, turismo y agroindustria, aportando el 13,5% al PIB nacional. Este menosprecio histórico, ahora exacerbado, no solo es injusto, sino que desvía la atención de soluciones constructivas, como la colaboración en proyectos conjuntos (ej. el Corredor Mediterráneo).

*Por otro lado, el Gobierno andaluz debe ser más transparente, ya que, aunque las bajadas de impuestos son positivas, presentarlas todas como una reducción general sin mencionar que algunas son deducciones específicas servirá de alimento a percepciones de populismo.

“La claridad fortalece la confianza ciudadana y evita dar argumentos a críticos radicales como Turull”.

<<Propuesta: Hacia un equilibrio basado en el respeto>>

1.- Reforma del sistema de financiación autonómica: Es urgente actualizar el modelo de 2009 para que sea más equitativo, transparente y adaptado a las necesidades actuales. Un sistema que reconozca las aportaciones de regiones como Cataluña sin desatender a las de menor renta, como Andalucía, beneficiaría a ambas.

2.- Diálogo interregional: En lugar de discursos divisivos, las comunidades deben colaborar en proyectos de interés común, como infraestructuras o innovación, que refuercen la cohesión nacional.

3.- Transparencia y responsabilidad: Los gobiernos autonómicos deben comunicar sus políticas con claridad, evitando narrativas populistas que distorsionen la realidad o alimenten enfrentamientos.

<<Conclusión>>

Las políticas fiscales de Andalucía son un acierto para impulsar su economía y mejorar el bienestar de sus ciudadanos, pero requieren una comunicación más transparente para evitar malentendidos. Las críticas de Junts, cargadas de menosprecio, no solo son injustas, sino que perpetúan un ciclo de división que daña a España. Catalanes y andaluces comparten una historia común y un futuro interconectado. Solo a través del respeto mutuo, el diálogo y un sistema de financiación justo se logrará un equilibrio que beneficie a todos.

N.B. Andaluces y catalanes de a pie (el Pueblo) exigen equilibrio y respeto, todo lo demás es injusticia populista basada en el insulto y en la falta de verdad.

Los políticos no pueden ser muros de menosprecio, de odio o de intereses personales desequilibrados, faltos de ética y de equidad, porque Andalucía y Cataluña necesitan equilibrio, respeto y verdad.

Dicho de otra forma, las medidas fiscales que se apartan del principio de igualdad vienen lastradas por vulnerar ese principio constitucional, de forma, que toda rebaja fiscal específica y populista solo aplicable a un grupo de ciudadanos rompe ese principio fiscal elemental y nunca será una bajada general de impuestos para todos, salvo casos de una necesidad extrema como puede ser por ej. la ELA.

Córdoba, 29 de septiembre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Presidente de la Asociación Córdoba Abierta (ACOA).

(P.D. Debe quedar claro, que las medidas ficales del Presidente de Andalucía benefician a los andaluces, pero una cosa es eso y otra estar ciego ante las bajadas de impuestos de Gobierno de la Junta de Andalucía, porque no todas sus rebajas impositivas aprobadas son bajada de impuestos general real, sino que hay casos en que se adoptan medidas fiscales populistas específicas aceptables (mascotas y gimnasios), porque la verdad no se debe disfrazar con una pretendida bohonomía, que no se pueda discutir ni debatir. Concretamente el art. 31. de la C. E. dice en su número 1.- “Que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.).

INGRESO MÍNIMO VITAL – CÓRDOBA (Igualdad – CC. AA. – desigualdad)

En España 2,5 millones de personas y familias cobran el llamado ingreso mínimo vital, según ha declarado triunfalista la Ministra del Ramo, por lo sí lo unimos a las personas todas las que no trabajan, hacen un total de 6.300 millones, que unido a la cifra de 10.300 millones de pensionistas, es un hecho patente en nuestro País existen 16.600 millones de personas, que cobran del Estado frente a 26.450 millones de personas ocupadas.

Mis lectores me piden un artículo breve y claro sobre el llamado Ingreso Mínimo Vital con su incidencia en Córdoba, así que vamos a ello, dejando claro, que tengo limitaciones de datos y tendré que hacer estimaciones proporcionales al resto de España, así:

***El Ingreso Mínimo Vital (IMV) en España es una prestación no contributiva diseñada para garantizar un nivel mínimo de ingresos a personas y familias en situación de vulnerabilidad económica.

En 2025, las cuantías del IMV se han revalorizado un 9% con respecto a 2024, según la información oficial de la Seguridad Social y otras fuentes.

A continuación, detallo los importes del IMV a nivel nacional, por comunidades autónomas (CC. AA.), y, específicamente, en la provincia de Córdoba, basándome en datos disponibles.

<<Cuantías del Ingreso Mínimo Vital en 2025>>

Las cuantías del IMV dependen de la composición de la unidad de convivencia y de los ingresos previos de los beneficiarios.

El importe se calcula como la diferencia entre la renta garantizada (fijada por ley) y los ingresos existentes, hasta alcanzar el umbral establecido. Las cuantías son uniformes en toda España, por lo que no varían por comunidad autónoma o provincia, salvo en complementos autonómicos específicos o en la distribución de beneficiarios.

<<Los importes para 2025 son los siguientes (en 12 pagas mensuales)>>

*Renta garantizada por unidad de convivencia (no monoparental).

Un adulto: 7.905,72 € anuales (658,81 € mensuales).
Un adulto y un menor: 10.277,52 € anuales (856,46 € mensuales).
Un adulto y dos menores: 12.649,20 € anuales (1.054,10 € mensuales).
Un adulto y tres menores: 15.021,00 € anuales (1.251,75 € mensuales).
Un adulto y más de tres menores: 17.392,68 € anuales (1.449,39 € mensuales).
Dos adultos: 10.277,52 € anuales (856,46 € mensuales).
Dos adultos y un menor: 12.649,20 € anuales (1.054,10 € mensuales).
Dos adultos y dos menores: 15.021,00 € anuales (1.251,75 € mensuales).
Dos adultos y más de dos menores: 17.392,68 € anuales (1.449,39 € mensuales).
Tres adultos: 12.649,20 € anuales (1.054,10 € mensuales).
Tres adultos y un menor: 15.021,00 € anuales (1.251,75 € mensuales).
Tres adultos y dos o más menores: 17.392,68 € anuales (1.449,39 € mensuales).
Cuatro adultos: 15.021,00 € anuales (1.251,75 € mensuales).
Cuatro adultos y un menor: 17.392,68 € anuales (1.449,39 € mensuales).
Cinco o más miembros: 17.392,68 € anuales (1.449,39 € mensuales, tope máximo).

<<Renta garantizada para unidades monoparentales>>

Se añade un complemento del 22% sobre la renta garantizada de un adulto (1.738,26 € anuales adicionales, o 144,85 € mensuales). Ejemplo: Un adulto con un menor en una unidad monoparental: 10.277,52 € + 1.738,26 € = 12.015,78 € anuales (1.001,31 € mensuales).
Máximo para unidades monoparentales con discapacidad (≥65%) o situaciones específicas (gran invalidez, grado 3 de dependencia, víctima de violencia de género): hasta 20.871,24 € anuales (1.739,27 € mensuales).

*Complemento de ayuda a la infancia.

*Por cada menor en la unidad de convivencia: -Menores de 3 años: 115 € mensuales. -De 3 a 6 años: 80,50 € mensuales. – De 6 a 18 años: 57,50 € mensuales.

<<Ingreso Mínimo Vital en Córdoba>>

1.- En Córdoba, al igual que en el resto de España, las cuantías del IMV son las mismas que las indicadas anteriormente, ya que, se trata de una prestación gestionada a nivel nacional por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), salvo en País Vasco y Navarra, donde la gestión está transferida desde 2022.

2.- No hay variaciones específicas en los importes por provincia, pero sí en el número de beneficiarios y la cuantía media percibida, que depende de la composición de los hogares y sus ingresos.

3.- Cuantía media en Córdoba: Según datos de 2024, la cuantía media del IMV por hogar en Andalucía es de aproximadamente 470,7 € mensuales (352,1 millones de euros para 673.729 hogares a nivel nacional en diciembre).

En 2025, con la revalorización del 9%, esta cuantía media en Córdoba podría situarse en torno a 513 € mensuales por hogar, aunque varía según el tipo de unidad de convivencia.

4.- Número de beneficiarios en Córdoba: En 2023, Andalucía lideraba el número de beneficiarios del IMV, con 502.308 personas (5,9% de la población regional).

En Córdoba, aunque no hay datos exactos por provincia para 2025, se estima que aproximadamente el 6-7% de la población podría estar recibiendo el IMV, proporcional a la tasa regional, lo que supondría unas 50.000-60.000 personas en la provincia, considerando su población de 780.000 habitantes.

<<IMV por Comunidades Autónomas (CC. AA.)>>

Las cuantías del IMV son idénticas en todas las CC. AA., como se detalla arriba, de forma, que la igualdad en País Vaco y Navarra es una entelequía casi desconocida, y, además, en Cataluña y en los anteriores existen complementos no acumulables marcando de nuevo diferencias desconocidas, pero muy superiores.

Por otro lado, el número de beneficiarios y la cuantía media varían según las características socioeconómicas de cada región.

A continuación, se presentan datos relevantes sobre beneficiarios y cuantías medias por CC. AA., basados en estadísticas de 2023-2024 ajustadas al contexto de 2025:

*Andalucía: Beneficiarios (2023): 545.033 personas (176.550 hogares). Cuantía media (2024): 470,7 €/mes por hogar; en 2025, ~513 €/mes. Tasa de beneficiarios: 5,9% de la población.

*Comunidad Valenciana: Beneficiarios (2023): 176.109 personas (59.075 hogares). Cuantía media: ~500 €/mes (2024); en 2025, ~545 €/mes. Tasa: 3,6%.

*Cataluña: Beneficiarios (2023): 172.539 personas (53.726 hogares). Cuantía media: ~526 €/mes (2024); en 2025, ~573 €/mes. Tasa: 1,7%.

*Madrid: Beneficiarios (2023): 134.134 personas (44.316 hogares). Cuantía media: 618,83 €/mes (2024); en 2025, ~674 €/mes (segunda más alta). Tasa: 2,3%.

*Murcia: Beneficiarios (2023): 83.812 personas. Cuantía media: 444,66 €/mes (2024); en 2025, ~485 €/mes (de las más bajas). Tasa: 4,1%.

*Canarias: Beneficiarios (2023): 64.053 personas (26.307 hogares). Cuantía media: 497,88 €/mes (2024); en 2025, ~543 €/mes. Tasa: 2,9%.

*Extremadura: Beneficiarios (2023): 53.084 personas. Cuantía media: 426,27 €/mes (2024); en 2025, ~465 €/mes (la más baja). Tasa: 5%.

*País Vasco: Beneficiarios (2023): 47.656 personas. Cuantía media: 610,89 €/mes (2024); en 2025, ~666 €/mes. Tasa: 2,1%.

*Aragón: Beneficiarios (2023): 42.302 personas. Cuantía media: ~500 €/mes (2024); en 2025, ~545 €/mes. Tasa: 3,1%.

*Asturias: Beneficiarios (2023): 33.990 personas. Cuantía media: 611,47 €/mes (2024); en 2025, ~667 €/mes. Tasa: 3,3%.

*Castilla y León: Beneficiarios (2023): 73.504 personas. Cuantía media: ~500 €/mes (2024); en 2025, ~545 €/mes. Tasa: 3%.

*Galicia: Beneficiarios (2023): 71.635 personas. Cuantía media: 494,42 €/mes (2024); en 2025, ~539 €/mes. Tasa: 2,6%.

Castilla-La Mancha: Beneficiarios (2023): 63.810 personas. Cuantía media: 421,30 €/mes (2024); en 2025, ~459 €/mes (la más baja). Tasa: 3,1%.

*Cantabria: Beneficiarios (2023): 14.457 personas (5.399 hogares). Cuantía media: ~500 €/mes (2024); en 2025, ~545 €/mes. Tasa: 2,5%.

*Navarra: Beneficiarios (2023): 18.903 personas (6.225 hogares). Cuantía media: 702,49 €/mes (2024); en 2025, ~765 €/mes (la más alta). Tasa: 2,8%.

*La Rioja: Beneficiarios (2023): 11.726 personas (3.870 hogares). Cuantía media: ~500 €/mes (2024); en 2025, ~545 €/mes. Tasa: 3,4%.

*Illes Balears: Beneficiarios (2023): 20.186 personas. Cuantía media: ~500 €/mes (2024); en 2025, ~545 €/mes. Tasa: 1,7%.

*Ceuta: Beneficiarios (2023): 8.677 personas (2.140 hogares). Cuantía media: ~600 €/mes (2024); en 2025, ~654 €/mes. Tasa: 11,3%.

*Melilla: Beneficiarios (2023): 9.878 personas (2.486 hogares). Cuantía media: 602,85 €/mes (2024); en 2025, ~657 €/mes. Tasa: 13% (la más alta).

<< Datos y observaciones a destacar>>

**Cuantías uniformes: Los importes del IMV no varían por CC. AA. o provincias, pero las cuantías medias percibidas reflejan diferencias en la composición de los hogares y los ingresos previos. -Por ejemplo, Navarra y Madrid tienen cuantías medias más altas debido a mayores complementos por monoparentalidad o discapacidad, mientras que Extremadura y Castilla-La Mancha tienen las más bajas por unidades de convivencia más pequeñas o menos complementos.

**Beneficiarios: *Andalucía lidera en número absoluto de beneficiarios (545.033 en 2023), pero Melilla (13%) y Ceuta (11,3%) tienen las tasas más altas en proporción a su población, debido a mayores índices de desempleo y pobreza. *Córdoba: No hay datos específicos de beneficiarios por provincia para 2025, pero se puede inferir que la cuantía media (513 €/mes) y el porcentaje de beneficiarios (6-7%) son similares a los de Andalucía. *Complementos autonómicos: Algunas CC. AA., como País Vasco (Renta de Garantía de Ingresos) o Cataluña (Renta Garantizada de Ciudadanía), ofrecen rentas mínimas autonómicas que complementan el IMV, pero no sustituyen las cuantías nacionales.

N. B. El Ingreso Mínimo Vital en Córdoba está regido por un binomio de igualdad y desigualdad, que nace en principio de que todas las CC, AA, son iguales, pero Cataluña, País Vasco y Navarra, como siempre, son superiores con índices de crecimiento complementarios.

Córdoba, a 18 de agosto de 2025

Enrique García Montoya.

Abogado ICA – Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

La Doble Vara de Medir del Partido Popular en el Proyecto BLET

El pasado 8 de agosto de 2025, el Diario Digital El Día de Córdoba informó sobre la firma de un Protocolo entre la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba, participando el Ayuntamiento de Córdoba y la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO).

Este acuerdo, rubricado en el Palacio de la Merced, impulsa un proyecto formativo singular vinculado a la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), un iniciativa que, según la consejera Rocío Blanco, posicionará a Córdoba como “referente nacional en transformación tecnológica, modernización logística y empleo de calidad”.

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, destacó el compromiso de adaptar los itinerarios formativos a las necesidades de este proyecto, presentado como un pilar del futuro de la provincia.

A primera vista, todo suena prometedor. Sin embargo, la realidad es menos brillante cuando se examina con lupa. El Partido Popular (PP), que lidera este proyecto en Córdoba, se encuentra atrapado en una contradicción que pone en entredicho su coherencia y credibilidad.

Recientemente, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, exigió al portavoz del PSOE, Patxi López, que acreditara los “estudios de ingeniería industrial” que figuran en su perfil oficial, cuestionando su veracidad.

Es una demanda legítima: la transparencia y la verdad en la vida pública no son negociables. Pero esta exigencia debe aplicarse con el mismo rigor a todos, sin excepciones, incluidos los propios cargos del PP.

Aquí entra en escena Salvador Fuentes Lopera, presidente de la Diputación de Córdoba, cuya firma representa a la institución en el Protocolo del BLET. En su currículum oficial, Fuentes figura con “estudios de Derecho”, sin aclarar si posee o no el título correspondiente.

Esta ambigüedad es idéntica a la que el PP critica en Patxi López, por la que incluso ha pedido su dimisión.

La pregunta es inevitable:

¿por qué el PP exige responsabilidades a sus adversarios políticos, pero eleva a los altares a sus propios cargos en situaciones idénticas?

Si la verdad es un principio innegociable, el PP debería actuar con coherencia.

¿No hay en Córdoba un representante del PP con un currículum intachable para liderar un proyecto tan crucial como el BLET?

El alcalde de Córdoba, José María Bellido Roche, también presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), podría ser una opción más adecuada, sin las sombras que empañan la trayectoria de Fuentes.

La mancha en el currículum del Presidente de la Diputación no solo le afecta a él, sino que contamina la credibilidad de un proyecto que se presenta como transformador para la provincia.

La doble vara de medir del PP es evidente: “exige dimisiones selectivas a sus rivales mientras protege a sus propios cargos”.

Esta incoherencia no solo cuestiona la integridad del partido, sino que siembra dudas sobre la legitimidad de iniciativas como el BLET, que nace bajo la sombra de un engaño curricular.

Los cordobeses merecen una explicación clara.

Invitamos a Ester Muñoz a venir a Córdoba y aclarar ante la ciudadanía qué criterios aplica el PP para juzgar casos idénticos con resultados tan dispares.

La injusticia, si no se corrige con transparencia y celeridad, sigue siendo injusticia, lo diga quien lo diga.

Un proyecto que promete empleo de calidad y modernización logística no puede construirse sobre cimientos de incoherencia y falta de rigor.

Córdoba merece más.

N.B. La Doble Vara de Medir del Partido Popular en el Proyecto BLET detallada es insostenible y carece de pudor, y, es algo inaceptable e injustificable.

Por si faltara algo en la incalificable vara de medir del P. P., el Presidente Fuentes falsamente curriculado ha dicho: (ABC-Córdoba – 08/08/2025 a las 13:28h.) “Que la presencia aquí de Rocío Blanco evidencia la implicación de su Consejería y el compromiso del presidente Juanma Moreno con la reindustrializacion de Córdoba con un proyecto tractor de desarrollo de distritos industriales potenciales ubicados en la provincia llamados a aprovechar el desarrollo e implantación de productos industriales con técnicas nuevas o aprendizaje de maquinaria que origine más y mejores empresas”.

Los cordobeses precisamos muchas explicaciones de la doble vara de medir del P.P., que aparece cuando menos injusta y contraria al principio de igualdad garantizado en la C. E. de 1978.

Córdoba, 9 de agosto de 2025

Enrique García Montoya

Abogado – ICA Córdoba. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.