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La ejemplaridad y la ética (valores en desuso)

En estos días se renuevan el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo solo para empezar entre los partidos políticos dominantes (P.P. y PSOE), quedando fuera el C. G. P. J., que es el premio gordo del control del Poder Judicial.

Sobra aquí cualquier comentario, ya que, los españoles saben de sobra de que va todo el asunto, al tratarse simple y llanamente acabar con una verdadera división de poderes, entre otras cosas, porque, a mayor inri, en España no existen contrapoderes, que equilibren el sistema.

 Así mismo, ciertos valores como la ejemplaridad y la ética, que podrían servir de contrapeso, aparecen como algo hoy superado por la realidad diaria que se ve, con muy malas consecuencias para los españoles de a pie, así:

** La ejemplaridad se concebía como un valor, siendo en muchos casos una obligación, de forma, que había que comportarse en público de una determinada manera, equiparable a la posición o cargo que se tenía.

Es un hecho cierto, que la situación personal conlleva (o debe implicar) ciertas obligaciones en todos los sentidos, ya que, no es igual que un juez o un político electo defienda una ilegalidad públicamente, que, si lo hace una persona sin responsabilidad profesional o iletrada, ya que, a los primeros le son exigibles actitudes respetuosas con la ley por su posición o su puesto, cosa que no es igualmente obligatoria para los segundos, especialmente, por sus consecuencias hacia los demás.

Desgraciadamente, en estos momentos, la ejemplaridad como parte de la excelencia, en aras de una igualdad perversa, ha pasado a formar parte de la historia, que, además, todos parecen olvidar, porque es patente que se quiere tener el privilegio y la igualdad a la vez (es decir, el santo y la limosna), cuando está muy claro, por ejemplo, que un político aforado no es igual que un ciudadano de a pie ante la justicia: “Hoy mismo todos los españoles lo están viendo publicitado en primera plana”.

** Igualmente, la ética, en días de ubicuidad de personas relevantes, ha perdido su valor de principio de validez universal, respetado por todos y exigible a todos, siempre en función de su situación personal.

En el plano judicial, solo por incardinar nuestro comentario en algún sitio preminente, decir, que en su día se aprobó un Código de Ética Judicial, que sintéticamente conviene recordar, aunque parece que a muchos se les olvida o bien soslayan sus principios de una u otra manera, así:

<< PRINCIPIOS DE ÉTICA JUDICIAL

(Texto final acordado en la sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2016)

Preámbulo.

Estos “Principios de Ética Judicial” aspiran a recoger los valores y reglas de conducta compartidos por la judicatura española. Pretenden servir de guía en el desempeño de la jurisdicción y promover el diálogo colectivo y la reflexión personal sobre los retos a los que se enfrentan quienes la ejercen, en un marco legal y social complejo y cambiante. Se proponen, además, fortalecer la confianza de la ciudadanía en la justicia al hacer explícitos los modelos de comportamiento con arreglo a los cuales jueces y juezas se comprometen a cumplir sus funciones.

La ética judicial es la promesa de una justicia buena en cuanto incorpora las cualidades necesarias para lograr el fin que le asigna la Constitución: la tutela de los derechos de la ciudadanía.

Principios. 

* Independencia.

La independencia judicial es un derecho de todo ciudadano y ciudadana cuya protección y defensa forma parte inexcusable de los deberes profesionales del juez y de la jueza, y no un privilegio personal de su estatuto.

* Imparcialidad.

La imparcialidad judicial es la ajenidad del juez y de la jueza respecto de las partes, para con las que han de guardar una igual distancia, y respecto del objeto del proceso, con relación al cual han de carecer de interés alguno.

El juez y la jueza no pueden mantener vinculación alguna con las partes ni mostrar favoritismo o trato preferencial que ponga en cuestión su objetividad ni al dirigir el proceso ni en la toma de decisión.

 La imparcialidad impone una especial vigilancia en el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades de las partes y demás intervinientes en el proceso.

La imparcialidad impone también el deber de evitar conductas que, dentro o fuera del proceso, puedan ponerla en entredicho y perjudicar la confianza pública en la justicia

El juez y la jueza han de velar por el mantenimiento de la apariencia de imparcialidad en coherencia con el carácter esencial que la imparcialidad material tiene para el ejercicio de la jurisdicción. 

* Integridad.

La integridad exige que el juez y la jueza observen una conducta que reafirme la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia no solo en el ejercicio de la jurisdicción, sino en todas aquellas facetas en las que sea reconocible como juez o jueza o invoque su condición de tal.

El juez y la jueza en sus relaciones personales con los profesionales vinculados a la Administración de Justicia deberán evitar el riesgo de proyectar una apariencia de favoritismo. >>

*** Para finalizar, es público y notorio, que personas significadas ignoran la ejemplaridad y la ética de muchas formas y maneras, así por poner solo un ejemplo: Muchas personas relevantes, en un alarde de ubicuidad y sin pudor, pasan sin pausa alguna del poder ejecutivo a esferas del mundo de la justicia”.

Se mire como se mire, en estos casos entra en crisis la división de poderes, no siendo ejemplos para nadie, especialmente, para el ciudadano de a pie, aunque, siempre conviene recordar, que hablamos de principios de validez universal, como sin duda son los de ética y ejemplaridad.

N.B.  La ejemplaridad y la ética son valores en desuso, pero, sin duda, sus consecuencias son y serán perversas para todos, aunque algunos muchos defiendan equívocamente y de forma interesada su dualidad privilegiada como una idea de justica y libertad, porque, simplemente, no es verdad, sino una mentira corrupta y depravada

La igualdad de los españoles consagrada en la Constitución es por lo que se ve una fantasía.

La desigualdad puesta de manifiesto y el olvido de principios de validez universal,  los perciben una gran mayoría de españoles, que se dan cuenta de esa diferencia que existe entre ellos mismos y sus representantes elegidos por ellos, razón por la que, la desconfianza, la incertidumbre y desigualdad se están apoderando de nuestras libertades y derechos.

Córdoba, a 22 de octubre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Igualdad ante la ley – IV – Jueces y Fiscales (desigualdad con los abogados)

La desigualdad entre abogados y fiscales en los actos del juicio es manifiesta, y, sin duda, encierra una corruptela legal, que todos sabemos que existe.

Como me ha vuelto a pasar, esta vez, quiero escribir algo ante el trato de favor que reciben los fiscales en los tribunales y juzgados (que conste que no en la mayoría afortunadamente), que contrasta en demasía con el trato que reciben los abogados de esos mismos jueces y tribunales, así, es un hecho probado y patente, que desgraciadamente, en muchos casos, demasiados, los fiscales están posicionados en un plano de superioridad respecto a los abogados, que intervienen en los juicios.

Es casi inevitable, se diría corriente, que cuando un abogado entra en la Sala del Juzgado o Tribunal, se suele encontrar al Fiscal departiendo con el Juez o Tribunal, que en pura lógica estarán hablando del juicio a celebrar. Se me dirá que no es así, aunque un ejemplo de igualdad de trato en estrados entre fiscal y abogado desde luego no es. Sin ser malintencionado, en estos casos, la apariencia de imparcialidad del Juez o Tribunal, se puede afirmar, que -queda en entredicho-.

En el derecho español el asunto está muy claro en la ley, por un lado está el poder judicial, por otro el poder ejecutivo representado por el fiscal y por otro el abogado, es más, la Constitución Española no deja lugar a duda sobre lo dicho, de manera, (i) que el Juez o Tribunal es independiente como representante de unos de los poderes del Estado; (ii) que el Fiscal es el defensor de la ley dependiendo jerárquicamente de la Fiscalía General del Estado, que ya se sabe quién la nombra (pues -eso-); y, (iii) que el abogado defiende a su cliente de conformidad con la ley.

Es evidente, que el Juez o Tribunal con todas las garantías de independencia, imparcialidad y sujeción a la ley dirige y ordena el proceso y tiene la última decisión como poder judicial; por otro lado, el Fiscal y el Abogado que defienden la ley y la justicia del pueblo soberano en estrados tienen los mismos derechos, de forma, que en aras a la justicia de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, la igualdad de armas en el proceso entre ellos es algo indiscutible, siempre observando la ley y sometidos ambos a la autoridad del Juez o Tribunal.

Lo expuesto, es la teoría que, desgraciadamente, no siempre se cumple, quizás demasiadas, porque, se quiera admitir o no, es un hecho repetido, patente y probado, que, en apariencia, al menos, el fiscal aparece en posición de preeminencia en estrados, además, a veces, se le permiten cosas que de ninguna forma se admiten cuando se trata del abogado.

Lo cierto es, que eso sucede, de forma, que la pretendida igualdad entre fiscal y abogado que la Constitución garantiza aparece diluida en el polvo del camino, aunque, también, es cierto, que el abogado respetuosamente puede hacer ver al Juez o Tribunal esa situación paralegal y anómala, que suele ser aceptada mayoritariamente por el juzgador, aunque, evidentemente, hay casos en que no, razón por la que los abogados prudentemente, aunque equivocadamente, dejan pasar la cuestión por muchos motivos, como pueden ser, -la creencia de que si protestan perjudicaran a su cliente-, -el respeto excesivo al Juez o Tribunal que le hace no querer molestar al juzgador-, etc. etc.; sin embargo, lo único cierto es que si el abogado, ante hechos parecidos a los expuestos, que rompen la igualdad y la equidad del proceso, no protesta debidamente al Juez o Tribunal, están haciendo dejación de sus funciones y perjudicando a su cliente, que en definitiva es el Pueblo Soberano.

Lo dicho, es una falta de respeto a la ley, diluyéndose la vigencia del principio de legalidad constitucional con un reflejo perverso en –la igualdad ante la ley-, que está bajo mínimos en España, aunque nadie puede olvidar, que la C. E. sus arts. 9 y 10 consagra -el principio de legalidad- y -el respeto a la ley-, culminando su declaración con el art. 14, que dice, que los españoles son iguales ante la ley.

Lo expuesto sobre los fiscales y los abogados, se quiera admitir o discutir su existencia real, es un hecho cierto y doloroso, contrario a nuestro Estado Social y Democrático de Derecho regido por Constitución, que nos vincula a todos si excepciones.

Los hechos puestos de manifiesto, es evidente, que pueden tener variables, pero existir existen, y, curiosamente siempre el perjuicio se produce contra el Pueblo Soberano, razón por la que se repite la misma pregunta:

¿los españoles son iguales ante la ley?

Según la Constitución cualquier asunto, en virtud de la libertad de expresión, es opinable y/o criticable en libertad y con respeto, de manera, que no se descarta, que algunos abogados piensen que la igualdad es real en estrados entre fiscales y abogados, aunque, sin la menor dudad, una gran mayoría de abogados españoles dirá que no es asíque la Constitución no se cumple: “ley no es igual para todos”.

Las consecuencias de esa desigualdad son y serán nocivas para los españoles y para los tres poderes del Estado, aunque, a veces, cuando uno está con la toga puesta, se siente una desazón profunda, cuando hechos parecidos se producen, siendo cierto, que la mayoría de Jueces y Tribunales siguen respetuosos la Ley y los Criterios aprobados sobre la Ética Judicial.

Para finalizar, no ayuda a cambiar el tercio, que en España jueces y fiscales aparecen en público unidos en defensa de asuntos parecidos, pero olvidando, que esa imagen de unidad confunde al pueblo soberano, que asimila ambas instituciones, de forma, que después tiende a confundir los dos poderes del Estado, -Poder Ejecutivo- y -Poder Judicial-.

N.B.  La igualdad ante la ley de los españoles es por lo que se ve un mundo lejano y sin remedio, ya que, como se ha dicho, la igualdad ante la ley de Abogados y Fiscales se asemeja a un mundo de fantasía. Si alguien lo pone en duda, que pregunte a cualquier abogado.

La desigualdad puesta de manifiesto entre abogados y fiscales, la perciben, no solo los primeros, sino que, también, una gran mayoría de españoles de dan cuenta de esa diferencia que existe entre su abogado y el fiscal, razón por la que, la desconfianza, la incertidumbre y a la pérdida de seguridad en la justica se materializan en el pueblo.

Córdoba, a 15 de octubre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

U. E. – Polonia – igualdad ante la ley -III- (la doble vara de medir – respeto a las minorías)

La U. E. (Comisión Europea) y su Tribunal de Justicia han sacado contra Polonia no la doble vara de medir solamente, sino, también, el garrotazo y tente tieso.

Parece, que lo que el Tribunal Constitucional de Polonia ha dicho, es que no cabe entender incluido en los Tratados de la Unión (cosa que Polonia asume y no discute), lo que la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia están diciendo que incluye, básicamente, sobre determinados detalles de la organización y régimen del Poder judicial de los Estados Miembros.

(Nota: En España ahora mismo existe planteado un problema parecido sobre el nombramiento de los Órganos del Poder Judicial y su renovación).

El Tribunal Constitucional polaco no sostiene, que determinadas normas de los Tratados de la Unión no se puedan aplicar en Polonia porque van contra su Constitución, sino que lo que parece decir, es que lo que ahora se pretende, que está incluido implícitamente en dichos Tratados, la realidad es que no se encuentra en ellos y que, por tanto, Polonia acepta lo que firmó, siendo el resto, por tanto, algo propio de su Constitución y de su legislación; es decir, que esos asuntos no han sido incluidos, ni en la regulación prevista en los Tratados ni en las transferencias de potestades de los Estados en favor de la U. E. y sus instituciones.

Son muchos los juristas que creen, que la U. E. y sus Instituciones en el caso de Polonia se están pasando cuatro pueblos, cuando en otros casos, muy parecidos, están aplicando políticas ideológicas diferentes. Entienden, que la Unión y su Tribunal de Justicia no están para garantizar el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en sí mismos, de forma, que solo en la aplicación de su derecho substantivo las normas de los Tratados, sí que deben garantizar el Estado de Derecho.

Por un lado, a simple vista se comprueba, que la C. E. y el T. de J. de la U. E. consideran que algunas reglas básicas del Poder judicial entran, por sí mismas, en el ámbito del Derecho de la Unión, porque condicionan o pueden condicionar la posibilidad efectiva de que exista en los Estados miembros correspondientes -en este caso, en Polonia- una tutela judicial efectiva, tal y como esos Estados plenipotenciarios de la U. E. consideran aceptable.

(Aquí parece, que al euro-poder se le ha olvidado, que la dominación excluyente y la falta de diálogo abierto sin imposiciones no aportan nada, pero dividen mucho con efectos perversos para todos, como se demostró con el Reino Unido y el llamado Brexit)

Por otro lado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Tribunal Constitucional de Polonia parece, que defienden, que no se está privando de la tutela judicial efectiva a los polacos en nada que afecte al Derecho de la U. E., defendiendo, que la C. E. y el T. de J. están realizando una aplicación a fortiori de las normas contenidas en los Tratados de la U. E. y solo para ellos.

A cualquier observador imparcial no se le escapa, que la C. E. (algunos Eurodiputados, también) y el Tribunal de Justicia con Polonia están aplicando -una doble vara de medir-, olvidando los límites del Derecho de la Unión y los del principio de su preeminencia sobre los Derechos de los Estados; y, que, así mismo, según los Tribunales Constitucionales u órganos semejantes de algunos Estados Miembros, es algo que se encuentra consagrado en sus Textos Legales Fundamentales. Olvidar, que las Constituciones de los Estados Miembros son las bases que legitiman los Tratados de la U. E. y todo su Derecho, es simplemente un disparate.

Las dobles varas de medir no son buenas nunca, pero si encima revelan un trato injusto y discriminatorio hacía un Estado Miembro, que, equivocadamente y para mayor inri, se considera por el euro-poder de tercer o último nivel, además, entrando en juego valoraciones políticas basadas en la ideología dominante de unos pocos, el salto al vacío se vislumbra sin mucho esfuerzo.

Es un hecho comprobado en la U. E., que los grandes y, presuntamente, poderosos están bien vistos y se les permite todo, a los considerados pequeños, mamporro y tente tieso; sin embargo,  

¿qué, pasa con el derecho de la U. E., que garantiza el respeto a las minorías y la igualdad ante la ley?

N.B.  La igualdad ante la ley está consagrada en los Tratados y en el Derecho de la U. E., de manera, que olvidarlo conduce a la injusticia y a la desigualdad, generando un efecto disgregador de cualquier unión.

En la U. E. la igualdad parece que se está diluyendo en el polvo del camino, siempre en la dirección de los presuntamente poderosos, que imponen su ley con puño de hierro, pero, claro, eso solo es una inclinación malvada, que solo garantiza una estabilidad a corto plazo y una desintegración de la Unión a no muy corto plazo, ya que, sin respeto a las minorías y sus peculiaridades el futuro de prevé frio e instalado en la injusticia.

La Ley no puede estar al servicio de unos pocos, pues es igual para todos o, claramente, no es una ley justa y democrática.

Si hay algo que garantiza una ley justa, es el respeto a las minorías, que, sin la menor duda, tienen derecho a mantener su idiosincrasia, que las distingue y enriquece, de forma, que desconocer esa realidad crucial para cualquier colectivo es como -pegarse un tiro en el pie-.

Córdoba, a 13 de octubre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Igualdad ante la ley – II – (un mundo lejano y sin remedio)

Como decía en el anterior artículo, hace unos días leía en un periódico digital de Córdoba (EL DÍA – 04 Octubre, 2021), que un Juzgado de lo Penal había condenado a una persona por agredir a un agente de la Guardia Civil en la Feria de Dos Torres a seis meses de prisión, según información de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), recordando que llevaban años denunciando las agresiones, amenazas e insultos que soportan los guardias civiles en todo el país.

Así mismo, hoy 07-10-2021 leo el Comunicado del Poder Judicial que recoge la siguiente noticia:

“La Sala II del Tribunal Supremo ha condenado a un Diputado —   —   — como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, a la pena de 1 mes y 15 días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. La pena de prisión se sustituye por la pena de multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros (en total, 540 euros).

Decía, también,  que no es algo extraño en España, que se produzca esa publica falta de respeto a la ley, curiosamente, además, no solo con las fuerzas del orden, sino en toda la piel de toro y para todos, es decir, está diluyéndose la vigencia del principio de legalidad constitucional con un reflejo perverso en –la igualdad ante la ley-, que ha desaparecido en nuestro país.

En sus arts. 9 y 10 la C. E. consagra -el principio de legalidad- y -el respeto a la ley-, culminando su declaración con el art. 14, que dice, que los españoles son iguales ante la ley.

Se diga lo que se diga, es un hecho cierto y doloroso, que en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho regido por la ley y la igualdad de los españoles los hechos no suceden así, sino que, por el contrario -el respeto a la ley- y -la igualdad real de todos- en la práctica diaria son -cosas- que están en trance de desparecer.

Los dos hechos descritos de condenas y juicios pueden tener variables, pero curiosamente siempre la inclinación se produce contra el Pueblo Soberano, razón por la que se repite la misma pregunta:

¿los españoles son iguales ante la ley?

Según la Constitución en cualquier asunto cabe o debe caber todas las opiniones en libertad, es posible, incluso, que algunas personas piensen, que la igualdad es de todos y que como la ley las dos están implantadas en España, aunque, sin la menor dudad, una gran mayoría de españoles dirá que no es asíque la Constitución no se cumple: “ley no es igual para todos”.

La confianza en la justicia igual para todos está bajo mínimos.

Las consecuencias de esa desigualdad son y serán nocivas para España, aunque a los representantes políticos (cuyo poder emana del pueblo soberano según la C. E.) eso parece importarles una higa, aunque sea perversa y pública esa realidad inconstitucional; por otro lado, admitida sin más, al parecer, por los poderes públicos (por todos), siendo, desgraciadamente, eso una injusticia palpable y, sin duda, llegará un día donde algo dejará de funcionar en el apoyo popular.

Aunque, que nadie se confunda, no es solo de ahora, porque, por ejemplo: ¿Qué, ocurrió con la última amnistía fiscal?

N.B.  La igualdad ante la ley de los españoles es por lo que se ve un mundo lejano y sin remedio.

La igualdad en España se está diluyendo en la nada (en el polvo del camino), de forma, que la Constitución de 1978 nacida de la unidad y de las renuncias de todos parece olvidada, lo que arrastra a una gran mayoría de españoles a la desconfianza, a la incertidumbre y a la pérdida de libertades y derechos.

Córdoba, a 7 de octubre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Igualdad ante la ley (un mundo lejano)

Leo en un periódico digital de Córdoba (EL DÍA – 04 Octubre, 2021), que un Juzgado de lo Penal ha condenado a una persona por agredir a un agente de la Guardia Civil, según ha informado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), recordando que lleva años denunciando las agresiones, amenazas e insultos que soportan los guardias civiles en todo el país.

Simplemente es un hecho cierto, que está a la vista de todos, lo que lo hace, si cabe más repudiable. Sin embargo, no es algo extraño en España que se produzca esa notoria y publica falta de respeto a la ley, curiosamente, además, no solo con las fuerzas del orden, sino en toda la piel de toro y para todos, es decir, está diluyéndose la vigencia del principio de legalidad constitucional con un reflejo perverso en –la igualdad ante la ley-, que ha desaparecido en nuestro país.

La Constitución Española de 1978 ya en su PREÁMBULO habla de consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular y de proteger a todos los españoles y pueblos de España.

En sus arts. 9 y 10 la C. E. se consagra -el principio de legalidad- y -el respeto a la ley-, culminando su declaración con el art. 14, que dice, que los españoles son iguales ante la ley.

Lo expuesto es la teoría que fundamenta nuestro Estado Social y Democrático de Derechos, pero es evidente que en España los hechos no suceden así, sino que, por el contrario -el respeto a la ley- y -la igualdad real de todos los españoles- están en almoneda y periclitados.

¿Alguien cree, de verdad, que en España ahora mismo se respeta la ley y que todos los españoles son iguales ante ella?

Como en todo cabe o debe caber cualquier opinión en libertad, es posible, que algunas personas piensen realmente que es así, y, que el imperio de la ley y la igualdad están implantadas en España, aunque, sin la menor dudad, una gran mayoría dirá que no es así, que la Constitución no se cumple.

Si examinamos cualquier esfera donde debería estar implantadas la ley y la igualdad, veremos que vamos de fiasco en fiasco, así, por poner algún ejemplo:

* En política. ¿Rige el imperio de la ley y la igualdad entre los españoles?   –  Parece que -NO-.

El maremágnum existente en España es casi incomprensible para cualquiera de nosotros, ya que, por ejemplo, ¿la ley es la misma y se aplica de la misma forma en Madrid, Cataluña, País Vasco, Andalucía, Navarra, etc.?

Pues -eso-.

* En economía. ¿La ley que se aplica es la misma? – Parece que -NO-.

El reparto de los fondos del estado en las distintas CC. AA., los impuestos que se pagan y como se distribuyen, etc. ¿son todos realizados con la misma ley y de forma igual para todos los españoles vivan donde vivan?

Pues -eso-.

* En materia justicia y orden público.  ¿La ley se aplica de igual forma para todos los españoles en el territorio nacional? – Parece que -NO-.

En Cataluña se están agrediendo a guardias civiles a diario y no pasa nada, en cambio, en Andalucía con toda la razón se sanciona a la persona que golpea o arremete contra un guardia civil. ¿Qué la ley es igual para todos los españoles?

Pues -eso-.

* En libertades y derechos. ¿La ley es igual para todos los españoles? – Parece que -NO-.

Es una realidad penosa, que la ley no es igual para todos los españoles, ni se les aplica la misma de igual forma, de manera, que está establecida una desigualdad según donde vivas y como vivas, existiendo derechos y libertades de distintas categorías entre los mismos.

Pues -eso-.

Las consecuencias son y serán autodestructivas para España, aunque a los representantes políticos cuyo poder emana del pueblo soberano, eso no parce importarles, de forma, que hasta donde -se llegue llegó-, porque es nociva la igualdad ante la ley que los españoles estamos soportando, admitida sin más por los poderes públicos (por todos), y, desgraciadamente, eso no hay cuerpo que lo aguante.

N.B.  La igualdad ante la ley en España es un mundo lejano, porque actualmente es un mero espejismo, que se diluye en la nada, sobre todo, cuando el principio de legalidad y respeto a la Ley por todos los poderes públicos y los ciudadanos consagrados por la Constitución Española han pasado a mejor vida, quedando a merced del polvo del camino.

La Constitución de 1978 fue un esfuerzo conjunto de unidad y de renuncias de todos en beneficio de todos los españoles, pero parece que esa idea ha caído en el olvido de muchos, quizás demasiados, lo que nos lleva a la desconfianza, a la incertidumbre y a la pérdida de libertades y derechos, incluso para aquellos que creen que no les afectará, imbuidos de un egoísmo feroz y excluyente.

Córdoba, a 5 de octubre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.