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Contratos temporales III – productividad – absentismo – precariedad (flexibilidad – confianza – seguridad jurídica)

El Ministerio de Trabajo quiere acabar con la contratación temporal, con una reforma laboral diseñada desde la ideología extrema de la Sñrª. Díaz, lo que no implica, que esté equivocada en todo, sino que su reforma así construida, basada en la rigidez normativa y en el trágala unilateral esta condenada a ser inaplicable, ya que, un asunto de esta importancia para el empleo (o mejor para el desempleo) debe nacer de un consenso de todos y de una ley flexible que permita la adecuación del mercado de trabajo legal a la realidad.

La norma de la reforma laboral no puede ser una imposición nacida de una visión colectivista del mercado de trabajo, dominada a la vez solo por una ideología extrema y excluyente de los demás, pues una ley aplicable no puede paralizar la contratación y el empleo, aumentando el paro endémico que padecemos, sobre todo en algunas zonas de España como Andalucía, así:

a). – La ley que reforme el mercado de trabajo en España,  tiene que ser flexible e insertada en la realidad laboral, de forma, que, si no es así, la norma resultará inservible para sus propios fines, llevando a situaciones límites de inaplicación y a consecuencias perversas.

b). – La norma que soslaye el gravísimo problema del desempleo en España, partirá de un imposible, conllevando un crecimiento del paro y/o impidiendo su reducción, porque penalizará la creación de empleo.

c). – Las normas que afecten al mercado laboral, deben ser de desarrollo sostenido progresivo por sectores productivos y consensuadas, ya que, toda medida radical unilateral llevará al fracaso de la norma en algunos sectores, que destacan por la especialidad y modalidad de sus tiempos productivos muy aleatorios.

d). – La Ley que se está publicitando desde el Gobierno se basa en una apuesta unidireccional, que disparará la litigiosidad colapsando los juzgados de lo social.

e). – La ley exige un plan adecuado a la estructura real del tejido productivo, y, además, un estudio económico adjunto a la misma,   que ha posible su realización concreta. Es decir, es necesaria una inversión cuantificada y adecuada a la realidad de nuestro mercado de trabajo sin inmersiones en posturas ideológicas excluyentes.

f). – La Ley no puede olvidar, que los defectos que provocan desequilibrios en la contratación residen en la baja productividad, en el alto absentismo, en la baja cualificación profesional de los trabajadores y en la falta de un modelo consensuado de incentivos laborales (económicos y sociales).

g). – La ley debe devolver la confianza en el respeto a la norma y la seguridad jurídica, ya que, sin ellas será imposible crear empleo estable y de calidad, pues el problema de la temporalidad no está solo en la duración de los contratos, sino en algo tan evidente como la calidad del puesto de trabajo y las retribuciones del mismo.

*** Sin mejora de la productividad no habrá empresas competitivas, que creen puestos de trabajo estables y de calidad; de igual manera, que sin trabajadores cualificados no existirá mejora productiva.

Se quiera ver o no, solo hay una manera de salir del bucle destructivo del desempleo crónico y enquistado que soportamos, que reside no en eliminar la temporalidad al grito de basta ya sin tener una solución al problema, sino en crear las condiciones económicas y productivas que permitan empresas competitivas, y, ello solo será posible con una legislación ágil y flexible, que devuelva la confianza y la seguridad jurídica.

Que hay que mejorar la temporalidad, por supuesto que sí, pero antes hay que fabricar el cesto, que admita crear empleo estable y sólido, y, donde las diferencias entre trabajadores indefinidos y temporales sea solo la duración del contrato, de forma, que hay que empezar, por eliminar las diferencias entre ambas modalidades de contratación en retribuciones y calidad en el trabajo en todos los sentidos.

Finalmente, la lucha contra la precariedad laboral debe ser un objetivo prioritario de la ley y de la reforma laboral.

N.B. Los contratos temporales precarios se sostienen por la baja productividad y el absentismo generalizado, de ahí, que la reforma laboral solo puede descansar en la flexibilidad, la confianza y la seguridad jurídica.

El que piense, que este asunto de la temporalidad se puede llevar a cabo en una sola dirección, se equivoca de principio a fin, ya que,  es necesaria una actuación consensuada de todos los poderes públicos y de la sociedad civil, en defensa de un sistema abierto de contratación justa, lo contrario, sería abjurar de nuestro Estado social y democrático de Derecho, que consagra como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Contraponer desde la unilateralidad ideológica -contratos temporales- y -trabajadores indefinidos-, distinguiendo entre lo malo y lo bueno supone implantar la nada.

La finalidad debe ser igualar en sus condiciones a trabajadores indefinidos y temporales, cosa que solo es posible con un sistema flexible de contratación, equitativo y justo, que respete la igualdad que proclama el art. 14 de la C. E., sin necesidad de cargarse incluso lo que funciona.

Córdoba, a 14 de julio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Recuperación – seguridad jurídica (confianza – igualdad – legalidad = libertad)

Dejando a un lado otras cuestiones políticas, económicas y sociales, como pueden ser:-la recepción y distribución justa de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia U. E.-, -los desequilibrios entre CC. AA.-, -la división de poderes del Estado-, -la independencia efectiva del poder judicial-, y, otros asuntos de enorme interés para los españoles; sin duda, la recuperación económica y social exige un ordenamiento jurídico estable y trasparente, que proteja a las empresas, inversores y ciudadanos contra cualquier despropósito legal o desafuero del poder político.

La ruptura de la seguridad jurídica origina incertidumbre y promueve inestabilidad. Sin embargo, no hay que confundirse, ya que, existen una serie de principios que nunca se deben superar buscando seguridad, porque cualquier sociedad que renuncie a una libertad esencial para ganar un poco de seguridad, no merece ni libertad ni seguridad -B. Franklin-.

En España la seguridad jurídica debe partir de la C. E., que en su artículo 9.3 garantiza la misma, significando la unión de certeza y legalidad, jerarquía normativa, irretroactividad de lo no favorable e interdicción de la arbitrariedad, sumando equilibradamente todos estos principios.

La superioridad de la seguridad jurídica es la base de nuestro Estado de Derecho, alcanzando a todos los poderes del Estado, incluido el poder legislativo, lo que implica, si o si, que, -el legislador debe perseguir la claridad, debe procurar que todos los ciudadanos sepan sin error, que ley es aplicable, y, debe eliminar cualquier posible embrollo y/o ambigüedad en las leyes.

Dicho lo anterior, es evidente, que ninguna recuperación será posible sin que exista seguridad jurídica, que confiera confianza a los españoles y a todas aquellas personas físicas o jurídicas que quieran intervenir o instalarse en España.

Desgraciadamente en España, actualmente, reinan la desconfianza y la incertidumbre provocadas por la falta de seguridad jurídica, hecho que se está extendiendo como una mancha siniestra por el interior del País, y, por la esfera exterior, sin barreras de contención de tipo alguno. (Lo que está ocurriendo ahora en Europa con España y su justicia, es un ejemplo claro de lo que no debe ser)

Las políticas del Gobierno de España son el paradigma de la incertidumbre jurídica y de la inestabilidad normativa, de manera, que, si se quiere una recuperación social y económica sostenida, lo primero debe ser restaurar la seguridad jurídica, erradicando la arbitrariedad y la inestabilidad de la ley, sin olvidar, que hay que eliminar cualquier acto de los poderes públicos, que suponga una falta del respeto a la ley,

Si los poderes públicos no cumplen la Ley, empezando por el Gobierno de la Nación, de forma, que –se ataca al poder judicial-, –se legisla a golpe de R. D. L.-, –se hacen normas de hoy para mañana- (véase el asunto de las mascarillas), –se adoptan resoluciones contra ley y contra el poder judicial- (como los R. D. sobre los indultos a los independentistas catalanes, basados en una utilidad pública unilateral casi incomprensible); es evidente, que la desconfianza nacida de la incertidumbre derivada de una inseguridad jurídica manifiesta, se expandirá como una plaga maligna por el interior y por el exterior de España, llevándonos a una situación límite, que impedirá una recuperación acertada.

Es un hecho cierto, que en España los inversores -propios o ajenos- asisten: *a un estruendo político con elevación exponencial, *a unas noticias de cambios normativos inexplicadas, *a variaciones impositivas inconcretas pero ciertas, *a desequilibrios fiscales por territorios, *etc., y, sin duda, lo último que quiere un inversor o una empresa son sorpresas e inseguridades normativas, ya que, su planificación no es política sino económica; lo último para todos ellos, por ejemplo, es una sorpresa fiscal o una reforma laboral a la contra.

Sin seguridad jurídica no será posible una recuperación sostenida y viable en España.

N.B.  La seguridad jurídica genera confianza, que es la base de cualquier recuperación en libertad y armonía dentro de la Ley, que debe ser respetada por todos, especialmente, por los poderes públicos.

Todos los españoles queremos mayor libertad e independencia, pero para todos igual como dice la C. E. en su art. 14, porque, lo que es inadmisible, es que un andaluz tenga menos derechos y libertades que un catalán, por el simple hecho del uso de la fuerza contra la ley, de manera, que, si ese argumento perverso funciona a favor de los que infringen la norma de todos, el desajuste acabará en desastre.

La arbitrariedad en el ejercicio del poder es lo contrario al estado de derecho en una democracia plena, ya que, en ella solo cabe exigir el cumplimiento de la Ley.

Cuando el poder gobernante viola el principio de legalidad, la seguridad jurídica desaparece, y, se producen efectos malévolos en nuestras libertades fundamentales, de forma, que el orden político y la paz social consagrados en la C. E. de deshacen.

Córdoba, a 25 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Declaraciones sin sorpresas – certezas – Obispos y Empresarios (cantar la gallina)

Ahora, al Presidente de la CEOE, Antonio Garamendi Lecanda,  y, a los Obispos catalanes habría que darles las gracias por su claridad (dicho de otra forma, por cantar la gallina), en sus declaraciones sobre los indultos, pero a la vez, habría que pedirles, que renuncien a todos sus privilegios que procedan de los españoles, como las subvenciones a sus organizaciones y, que, por ejemplo, los Obispos catalanes pidan expresamente a los españoles no independentistas, que no pongan la cruz en su renta para la Iglesia Católica, sino solo en favor de servicios sociales.

Hay que acudir a la sabiduría popular, que en uno de sus refranes dice, que “nunca es tarde si la dicha es buena”, para agradecerles su hasta ahora escondida claridad, y, preguntarles:

¿si los empresarios españoles están de acuerdo con el Sr. Garamendi? y,

¿si los Obispos del resto de España están de acuerdo con sus compañeros catalanes? (especialmente la Conferencia Episcopal Española, a cuyo frente está el arzobispo de Barcelona, Monseñor Omella y Omella, Presidente de la misma).

Es algo indiscutible, que digan lo que digan están haciendo política, de manera, que deben ser tratados como cualquier otro político, y, sometidos a cualquier crítica sea la que sea y venga de donde venga, pues, como dice otro refrán popular, un vaso medio vacío es también uno medio lleno, pero una mentira a medias, de ningún modo es una media verdad”, de forma, que como están haciendo ellos unilateralmente, “no se puede estar en misa y repicando”.

El Sr. Garamendi se queja del revuelo sobre los indultos por sus palabras, pues, dice que -se saca punta a todo- (lo que dijo fue: si las cosas se normalizan, bienvenidos sean los indultos”; aunque, ahora afirma el condecorado, que se han sacado de contexto); de manera, que solo falta el Sr. Omella situado en posición de queja, también, aunque habría que preguntarles:

¿si están con la Constitución Española?

¿si están con el Estado Social y Democrático de Derecho español?

Lo de los Obispos catalanes y lo del Presidente de la CEOE es de libro de mucho miedo.

N.B.  A nadie le puede sorprender una certeza, aunque la claridad de los Obispos catalanes y del Presidente de la CEOE es muy de agradecer, ya que, por fin -canta la gallina-, aunque estaba claro desde el principio donde estaban en el asunto de los indultos, a pesar, de que, –un poco escondidos si estaban-.

La Constitución y sus derechos fundamentales consagrados, como la igualdad de los españoles (art. 14 C. E.), son el armazón de nuestra libertad y de nuestro Estado de Derecho, y, contra los abusos y las actuaciones contra ley de cualquiera, solo cabe exigir por todos los medios posibles e imaginables el máximo respeto a la misma, dejando claro, que ninguna actuación de cualquiera, sea quien sea, que afecte a derechos fundamentales, debe estar fuera de la crítica pública.

Los indultos que apoyan el Presidente de la CEOE, Sr. Garamendi, y los Obispos catalanes, el Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, en su Informe de Indulto de 26/05/2021 los rechaza, al no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública (que justificarían la concesión de la medida de gracia), diciendo, que, “-la Sala INFORMA NEGATIVAMENTE la concesión de cualquier forma de indulto -total o parcial- a los condenados en la sentencia 459/2019, 14 de octubre, dictada en la causa especial núm. 20907/2017”-.

El indulto del Gobierno a los políticos catalanes condenados por varios delitos -supone poner en grave peligro nuestro Estado de Derecho y la separación de poderes en España-.

Córdoba, a 19 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

El comunismo es la democracia y la igualdad, no frivolicemos con la libertad (engaño ninguno, es lo que es)

La Constitución vigente de 1978 ha sido fruto de muchos acuerdos y muchas renuncias de una gran mayoría de españoles, que veníamos de un régimen autoritario, y, que durante muchos años nos ha proporcionado derechos y libertades fundamentales y, también, muchos años de paz y prosperidad.

Sin embargo, ahora resulta, que unos pocos muchos quieren demoler la C. E. destruyendo nuestra libertad, de manera, que no queda otra que defenderla, pues la libertad no se defiende sola, habiendo costado mucho ganarla y que cuando se pierde, recuperarla es muy costoso en todos los sentidos.

La Constitución de 1978, entre otras muchas cosas, dice lo siguiente:

Artículo 1.

1.- España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

2.- La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

– Artículo 20.

1.- Se reconocen y protegen los derechos:

a).     A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

d).     A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. …   …

2.      El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

*** Lo expuesto viene a colación, porque la Vicepresidenta 3ª. y Ministra de Trabajo Yolanda Díaz ha dicho en una entrevista que: el comunismo es la democracia y la igualdad, pidiendo, además, que no se frivolice con la libertad.

Lo repito por si alguien no lo ha oído bien: el comunismo es la democracia y la igualdad, así que, por favor, no frivolicemos con la libertad.

Que conste, que no voy a cargar contra ella y sus declaraciones, sino todo lo contrario, creo que por primera vez ha dicho alto y claro, lo que piensa y hará si puede. No hay engaño en sus palabras y con los tiempos que corren, eso es un hecho extraordinario, pues ya sabemos, que piensa hacer si las circunstancias se lo permiten.

Solamente sería conveniente, que respondiera a algunas preguntas, si es que quiere y lo considera apropiado:

¿En los paraísos comunistas en los que sueña de democracia e igualdad, como Cuba, Corea del Norte, China, Venezuela, etc., en una televisión ella podría haber dicho lo contrario, como, que no existe la libertad de expresión ni se respetan los derechos humanos?

Temo, salvo error, que estoy dispuesto a reconocer de inmediato, que NO.

Como diría el Presidente del Gobierno Sr. Sánchez: Pues eso.

Así mismo, la Vicepresidenta Srª. Díaz debería reconocer públicamente, que la Constitución de 1978 le permite a ella y a sus comilitones hacer declaraciones contra nuestro Estado de Derecho y nuestras libertades y derechos fundamentales, como las que ha tenido a bien realizar, sin que pase nada y el lechero siga yendo a la puerta de su casa con las botellas.

De nuevo, como diría el Presidente del Gobierno Sr. Sánchez: Pues eso.

*** Según se desprende de sus palabras, la Vicepresidenta y Ministra de Trabajo Yolanda Díaz está convencida de que, por ejemplo, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Bolivia y China son el no va más de democracia e igualdad, Países de libertad, donde sus habitantes son felices y disfrutan de una gran calidad de vida y de prosperidad.

Es decir, la Sr.ª. Díaz tiene como paradigma de su acción política en España, regímenes libres y democráticos como el de Cuba, que, además, se mantiene irredento desde hace más de 60 años y donde reina la división de poderes, la libertad y todo el resto de valores democráticos.

Solo queda, agradecer por fin a la Srª. Diaz su sinceridad y, ahora, ya sabemos todos a donde iríamos si Ella se apodera de España y demuele nuestra Constitución vigente de 1978.

Repito, como diría el Presidente Sánchez: ¿Pues eso?

N.B. Es una verdad absoluta, que elcomunismo es la democracia y la igualdad, y, por favor, no debemos frivolizar con esa libertad, de manera, que engaño ninguno, es lo que es.

Por otro lado, España está ahogada en la incertidumbre por la pérdida de libertades, de forma, que estamos iniciando (sin necesidad de que intervenga la Vicepresidenta Díaz con su comunismo democrático y preñado de libertades fundamentales), un camino equivocado, que nos llevará al desastre, si no reaccionamos, ya que, sin seguridad jurídica, sin libertades y sin principios éticos solo existe la nadaque llevará a conflictos sociales derivados de la ruina política, social y económica, que se está construyendo sin descanso por los enemigos de la libertad.

Sin derechos y libertades por igual para todos los españoles, sin exclusión, sin división de poderes y sin respeto a la ley por los poderes públicos (arts. 9., 10.y 14. C. E.), y, siempre con respeto a nuestra Constitución y a sus derechos fundamentales consagrados, no existe la democracia, de manera, que, si no obramos en consecuencia con firmeza y sin temor para defenderla, quedaremos sometidos a la arbitrariedad y autoritarismo de unos pocos, que no respetan la Ley constitucional de todos iguales y con los mismos derechos en libertad.

Córdoba, a 11 de abril de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD – LEGALIDAD – SEGURIDAD JURÍDICA (Derechos de libertad e igualdad)

En cualquier País la confianza y la reputación nacional e internacional no puede existir sin la aplicación real y efectiva de una serie de principios fundamentales en todo estado de derecho.

En España los principios constitucionales de irretroactividad, seguridad, interdicción de la arbitrariedad y todos los contenidos en el art. 9.3 de la Constitución -legalidad, jerarquía normativa, responsabilidad- son la base de nuestro el Estado Social y Democrático de Derecho, de forma, que todos ellos no son algo separado e independiente del resto, sino que, al contrario, cada uno de ellos cobra valor en función de los demás y en tanto sirven para promover los valores superiores del ordenamiento jurídico.  

Sin duda, la seguridad jurídica es la suma de todos esos principios y debe estar equilibrada, de tal suerte, que permita promover en nuestro orden jurídico, la justicia y la igualdad, en libertad.

Así mismo, los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos exigen, que la norma sea clara para que los ciudadanos sepan a qué atenerse ante la misma.

La seguridad jurídica ha de ser entendida como la certeza sobre el Ordenamiento jurídico aplicable y los intereses jurídicamente tutelados, como la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en la aplicación del Derecho. El contenido o las omisiones de las normas no pueden producir confusión o dudas que generen a los ciudadanos incertidumbre razonable insuperable acerca de la conducta exigible para su cumplimiento o sobre la previsibilidad de sus efectos, pues no sería posible la seguridad jurídica.

Sin que lo dicho, sea una realidad, no existirá la confianza y nuestra reputación (fáciles de perder y difíciles de ganar) en nuestra Nación, ni dentro ni fuera, de manera, que la pregunta es:

¿En España existe seguridad jurídica y se respetan nuestros derechos y libertades esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho?

En resumen, que cada uno se responda como pueda y/o quiera, por mi parte solo quiero para empezar, que se respeten los derechos de libertad de expresión y de información veraz, garantizados en el artículo 20 de la C. E.

N.B.  Sin interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, sin legalidad y sin seguridad jurídica no existe la confianza ni una reputación respetada en ningún País del mundo, ya que, sin estado de derecho real no es posible que florezcan los derechos y libertades esenciales de las democracias, como los derechos de libertad e igualdad.

Así mismo, sin seguridad jurídica no pueden sobrevivir la libertad de expresión y libertad de información plenas y sin ellas, es imposible, que sobreviva nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, que la Constitución Española garantiza, que consagra la división de poderes y todos nuestros derechos fundamentales.

La defensa de nuestro Estado de Derecho es tarea de todos, y, lo cierto es, que se vienen sucediendo en España hechos dirigidos a públicamente a liquidar, lo que llaman, el régimen del 78, que una gran mayoría de españoles decidimos conformar con renuncias de todo tipo y por todos.

Córdoba, a 22 de diciembre de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.