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Una “lengua” inventada para Córdoba – (El lenguaje como distracción política)

Habituado a lidiar con el lenguaje técnico, sé bien que las palabras no solo importan, sino que definen realidades jurídicas y sociales con precisión quirúrgica. En el Derecho, no es lo mismo un “despido improcedente” que una “extinción contractual” y, de la misma forma, no es equiparable una “lengua” a una “variedad dialectal”.

El reciente anuncio de María Jesús Montero (Vicepresidenta y candidata a la Junta de Andalucía) proponiendo una Ley de Lenguas Andaluzas no es más que un globo sonda político. Es un intento de inflar un debate estéril y frentista para desviar la atención de los problemas que hoy nos asfixian.

1.- Un truco semántico – (Propaganda vr realidad).

Seamos sinceros,  la realidad es que en Andalucía no existe una “lengua” distinta del español, ya que, lo que hablamos es una modalidad del mismo, rica y llena de matices, pero plenamente inteligible desde Madrid hasta Buenos Aires, de manera, que no hay barreras gramaticales que justifiquen elevar el andaluz a idioma independiente.

Llamar a esto “Ley de Lenguas” es un guiño electoralista a los nacionalismos, intentando equiparar acentos a idiomas minoritarios, aunque, lo más grave es el tiempo o el momento oportuno, ya que, mientras se lanza este señuelo:

<-Andalucía se recupera de las inundaciones catastróficas de enero y febrero de 2026, con más de 11.000 evacuados y pérdidas millonarias.

<-Aproximadamente, 2 millones de andaluces se encuentran en riesgo de exclusión social.

<-Nuestros sistemas de comunicaciones, de salud y de vivienda están al borde del colapso.

**La pregunta es obligada:

¿Es realmente una prioridad legislar sobre “hablas” cuando hay familias que lo han perdido todo por las crecidas del Guadalquivir?

Es, sencillamente, un insulto a la urgencia social.

2.- El “toque” cordobés – (Sin imposiciones).

Córdoba no es Sevilla ni Cádiz, pues nuestra habla refleja una diversidad que esta ley parece ignorar. Aquí somos “distinguidores”, de forma, que pronunciamos la ‘s’ y la ‘z’ de forma diferenciada, con un acento pausado y culto.

Si esta ley pretende imponer un “estándar andaluz” basado, por ejemplo, en el seseo oriental, los cordobeses seremos marginados una vez más por el centralismo sevillano. No precisamos marcos legales para nuestro orgullo, ya que, lo que necesitamos son soluciones, entre otras muchas, *para la soledad no deseada, que afecta a 1,5 millones de personas, y, *para un desempleo que persiste a pesar del crecimiento económico.

3.- Humo constitucional.

Desde un punto de vista legal, esta propuesta nace muerta, pues, el artículo 3.1 de la Constitución Española es claro al establecer que  el castellano es la lengua oficial del Estado, de manera que la candidata  Montero no puede -ni pretende- cambiar eso, siendo cierto que lo que  vende es humo, así:

<-Blindaje contra la glotofobia (discriminación o rechazo hacia las personas por su forma de hablar), aunque la discriminación por acento ya está prohibida por el artículo 14 de la Constitución y por las leyes laborales, de forma, que no hace falta una ley nueva para algo que ya es un derecho fundamental.

<-Patrimonio inmaterial: La identidad y la cultura andaluza ya están protegidas y reconocidas, por lo que, crear una estructura administrativa para esto es un derroche innecesario en un presupuesto ya tensionado por las borrascas que nos han azotado.

<<Conclusión – (Menos “brindis al sol” y más acción positiva)>>

El habla de Andalucía es un español majestuoso. Es la lengua de Valera, Góngora, del Duque de Rivas, de Lorca, de Muñoz Seca y de Machado entre otros muchos, siendo una  aportación universal que no necesita de “leyes de protección” para brillar.

Andalucía merece líderes que aborden lo esencial: “La pobreza infantil, la sanidad y la reconstrucción de nuestras infraestructuras”. No necesitamos políticos que inventen lenguas para ganar votos, sino que lo  que necesitamos es que gestionen la realidad para salvar el futuro.

Como cordobés lo tengo claro: Ya está biende usar nuestra identidad como cortina de humo.

N.B. La lengua de Andalucía es un español que es la envidia de medio mundo donde se habla, así que como cordobés no hablo una lengua inventada, de manera, que basta de propuestas manejadas como distracción política.

En el Día de Andalucía, bromas las precisas.

Córdoba, 24 de febrero de 2026.

Enrique García Montoya.

Abogado – ICA-Córdoba.  Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente. Córdoba Abierta (ACOA).

La mala administración pública (El otro gran agujero negro de la gestión en España)

En España, el debate sobre corrupción suele centrarse en casos de soborno y enriquecimiento ilícito, pero existe una lacra más silenciosa y destructiva: La mala gestión del dinero público, a todos los niveles de la organización política, especialmente, en empresas e instituciones públicas estatales, autonómicas y locales.

Este fenómeno, que genera pérdidas millonarias recurrentes y socava la confianza ciudadana, además, raramente acarrea consecuencias para quienes diseñan y ejecutan las políticas responsables del despilfarro.

La realidad es que son millonarias pérdidas sin castigo: Un patrón sistemático de impunidad.

Las entidades públicas acumulan déficits operativos colosales desde hace años. Ejemplos como Correos, que prevé perder 1.500 M. eur. en 2025 pese a sucesivos rescates públicos y 19 cambios de dirección en tres años, o empresas de la SEPI que suman más de 1.698 M. eur. de pérdidas desde 2019, reflejan una tendencia nacional, que alcanza también a lo local: “En Córdoba, por ej., las empresas de la Diputación Emproacsa (agua) y Epremasa (basuras) dependen de subsidios para ser viables y no entrar en quiebra  (59 M. eur. puestos por la Diputación para cubrir pérdidas injustificadas a la empresa de aguas en tres años, y, a mayor inri, se planean subidas de tasas abusivas e injustas).

La causa principal de este asunto turbio e irresponsable es <-la politización en los nombramientos y la falta de controles independientes->, ya que, los altos cargos designados por afinidad, no por mérito, perpetúan ineficiencia y políticas cortoplacistas que ignoran la viabilidad económica y el interés común, porque saben que nadie les pedirá responsabilidades y que son impunes de hecho.

*La Pregunta: ¿Dónde están los mecanismos de responsabilidad?

El Código Penal español castiga la malversación y la prevaricación, pero solo cuando hay ánimo de lucro evidente, lo que excluye la negligencia grave y permite que los responsables escapen sin sanción. El Tribunal de Cuentas, mediatizado por la mayoría parlamentaria, ve limitado su alcance real, y la lentitud judicial propicia la prescripción de las causas. El resultado es negativo, pues menos del 20% de denuncias por mala gestión pública acaban en condena.

**Consecuencias sociales y económicas – El coste del inmovilismo.

Este ciclo condona el despilfarro y alimenta el endeudamiento público (120% del PIB en 2025), deteriora servicios esenciales y provoca la quiebra de miles de pymes ligadas al entramado estatal (más de 19.000 desde 2019). La percepción de impunidad refuerza la desconfianza ciudadana y agrava el desinterés político, como ponen de manifiesto las últimas encuestas (70% de los ciudadanos ve corrupción estructural en el sector público).

**Reformas urgentes para romper el bucle de una mala administración.

*Para revertir el deterioro, es imprescindible:

<-Despolitización real de los nombramientos, exigiendo méritos y seleccionar cargos públicos por sorteo entre expertos independientes.

<-Ampliar el concepto de malversación, sancionando también la negligencia grave, no solo el lucro directo.

<-Controles fiscales y auditorías externas anuales, con incentivos y sanciones a las autonomías según su gestión.

<-Transparencia ciudadana, a través de plataformas de datos abiertos con alertas automáticas sobre irregularidades.

<-Integrar herramientas tecnológicas (IA) para controlar el gasto en tiempo real.

*Estas reformas, viables en próximas leyes y en los Presupuestos Generales, requieren consenso y presión social, ya que, sin ambos, el agujero negro de la mala administración seguirá devorando recursos y frenando el progreso necesario.

**Conclusión.

La mala gestión pública en España no es solo un problema financiero, sino que es una cuestión ética y política que hipoteca el futuro de todos.

La solución pasa por exigir responsabilidad individual y colectiva, eliminando el clientelismo y apostando por la eficiencia y la transparencia en todas las instituciones.

El tiempo para actuar es ahora, ya que, si no hay reformas de fondo urgentes, el ciclo de impunidad será irreversible

N.B. La mala administración y la falta de responsabilidad en la gestión de Empresas e Instituciones Públicas es una realidad en España a todos los niveles con pérdidas cuantiosas y ninguna responsabilidad individual o colectiva de los políticos despilfarradores y su gestores de confianza nombrados digitalmente.

Córdoba, 17 de noviembre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Córdoba Abierta -ACOA-. Presidente.

La Doble Vara de Medir del Partido Popular en el Proyecto BLET

El pasado 8 de agosto de 2025, el Diario Digital El Día de Córdoba informó sobre la firma de un Protocolo entre la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba, participando el Ayuntamiento de Córdoba y la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO).

Este acuerdo, rubricado en el Palacio de la Merced, impulsa un proyecto formativo singular vinculado a la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), un iniciativa que, según la consejera Rocío Blanco, posicionará a Córdoba como “referente nacional en transformación tecnológica, modernización logística y empleo de calidad”.

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, destacó el compromiso de adaptar los itinerarios formativos a las necesidades de este proyecto, presentado como un pilar del futuro de la provincia.

A primera vista, todo suena prometedor. Sin embargo, la realidad es menos brillante cuando se examina con lupa. El Partido Popular (PP), que lidera este proyecto en Córdoba, se encuentra atrapado en una contradicción que pone en entredicho su coherencia y credibilidad.

Recientemente, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, exigió al portavoz del PSOE, Patxi López, que acreditara los “estudios de ingeniería industrial” que figuran en su perfil oficial, cuestionando su veracidad.

Es una demanda legítima: la transparencia y la verdad en la vida pública no son negociables. Pero esta exigencia debe aplicarse con el mismo rigor a todos, sin excepciones, incluidos los propios cargos del PP.

Aquí entra en escena Salvador Fuentes Lopera, presidente de la Diputación de Córdoba, cuya firma representa a la institución en el Protocolo del BLET. En su currículum oficial, Fuentes figura con “estudios de Derecho”, sin aclarar si posee o no el título correspondiente.

Esta ambigüedad es idéntica a la que el PP critica en Patxi López, por la que incluso ha pedido su dimisión.

La pregunta es inevitable:

¿por qué el PP exige responsabilidades a sus adversarios políticos, pero eleva a los altares a sus propios cargos en situaciones idénticas?

Si la verdad es un principio innegociable, el PP debería actuar con coherencia.

¿No hay en Córdoba un representante del PP con un currículum intachable para liderar un proyecto tan crucial como el BLET?

El alcalde de Córdoba, José María Bellido Roche, también presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), podría ser una opción más adecuada, sin las sombras que empañan la trayectoria de Fuentes.

La mancha en el currículum del Presidente de la Diputación no solo le afecta a él, sino que contamina la credibilidad de un proyecto que se presenta como transformador para la provincia.

La doble vara de medir del PP es evidente: exige dimisiones selectivas a sus rivales mientras protege a sus propios cargos.

Esta incoherencia no solo cuestiona la integridad del partido, sino que siembra dudas sobre la legitimidad de iniciativas como el BLET, que nace bajo la sombra de un engaño curricular.

Los cordobeses merecen una explicación clara.

Invitamos a Ester Muñoz a venir a Córdoba y aclarar ante la ciudadanía qué criterios aplica el PP para juzgar casos idénticos con resultados tan dispares.

La injusticia, si no se corrige con transparencia y celeridad, sigue siendo injusticia, lo diga quien lo diga.

Un proyecto que promete empleo de calidad y modernización logística no puede construirse sobre cimientos de incoherencia y falta de rigor.

Córdoba merece más.

N.B.  La Doble Vara de Medir del Partido Popular en el Proyecto BLET detallada es insostenible y carece de pudor, y, es algo inaceptable e injustificable.

Por si faltara algo en la incalificable vara de medir del P. P., el Presidente Fuentes falsamente curriculado ha dicho: (ABC-Córdoba – 08/08/2025 a las 13:28h.)Que la presencia aquí de Rocío Blanco evidencia la implicación de su Consejería y el compromiso del presidente Juanma Moreno con la reindustrializacion de Córdoba con un proyecto tractor de desarrollo de distritos industriales potenciales ubicados en la provincia llamados a aprovechar el desarrollo e implantación de productos industriales con técnicas nuevas o aprendizaje de maquinaria que origine más y mejores empresas.

Los cordobeses precisamos muchas explicaciones de la doble vara de medir del P.P., que aparece cuando menos injusta y contraria al principio de igualdad garantizado en la C. E. de 1978.

Córdoba, 9 de agosto de 2025

Enrique García Montoya

Abogado – ICA Córdoba. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

CCAA ricas y pobres en España (diferencias en aumento)

Pregunta: ¿Cuál es la CCAA más rica, cuál la más pobre, están aumentando o disminuyendo las diferencias, y, en qué posición está Andalucía?

Respuesta: Las diferencias económicas y sociales entre las comunidades autónomas (CCAA) de España están creciendo debido a factores históricos, estructurales y socioeconómicos. A continuación, se resumen las causas principales, la situación de Andalucía y las posiciones de las CCAA más rica y más pobre, basándonos en datos disponibles hasta 2021-2025.

<<Causas de la creciente desigualdad>>

**Diferencias históricas: Desde el siglo XIX, regiones como País Vasco, Cataluña y Madrid se industrializaron, mientras que Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha dependían de la agricultura, con menor desarrollo económico. Este patrón norte-sur persiste, con el norte manteniendo economías más diversificadas y de mayor valor añadido.

**Productividad y empleo: Las regiones ricas (Madrid, País Vasco) tienen mayor productividad, tasas de empleo más altas (70-71%) y salarios elevados. Las regiones pobres (Andalucía, Extremadura) enfrentan alto desempleo, empleo precario y estacional, y salarios bajos, lo que limita su renta per cápita.

**Crisis de 2008: La convergencia económica entre regiones (1960-1980) se detuvo tras la crisis, afectando más al sur (dependiente de construcción y turismo). La recuperación post-2017 fue más débil en regiones pobres.

**Capital y tecnología: Madrid y Cataluña concentran hubs tecnológicos y financieros, mientras que Andalucía y Extremadura tienen menos acceso a inversiones y avances tecnológicos.

**Demografía y migración: Las regiones ricas atraen población joven y cualificada, mientras que Andalucía y Extremadura sufren emigración juvenil y envejecimiento, lo que reduce su capacidad productiva. En Andalucía, la llegada de mayores y el turismo masivo sobrecargan los servicios públicos.

**Financiación autonómica: Regiones como País Vasco y Navarra se benefician de regímenes fiscales forales, mientras que el sistema de financiación no equilibra suficientemente las disparidades. Políticas como el “cupo catalán” agravarán la brecha.

**Dependencia sectorial: Andalucía, Canarias y Baleares dependen del turismo estacional, con empleos de bajo valor, frente a la diversificación de Madrid o Cataluña (finanzas, tecnología).

**Pobreza estructural: Andalucía y Extremadura tienen altas tasas de pobreza (30,5% y 37,6%, respectivamente) y exclusión social, reforzando un círculo vicioso de baja productividad y desempleo.

<<CCAA más rica: Comunidad de Madrid>>

  • PIB per cápita (2021): 34.821 euros (36,6% por encima de la media nacional de 25.498 euros).
  • Patrimonio neto (2025): 686.988 euros por habitante (EsadeEcPol).
  • Fortalezas: Alta tasa de empleo (71,2% en 2019), sectores de alto valor añadido (tecnología, servicios).

<<CCAA más pobre: Andalucía y Extremadura>>

**Andalucía:

  • PIB per cápita (2021): 18.906 euros (25,9% por debajo de la media nacional).
  • Patrimonio neto (2025): 258.378 euros, solo por encima de Extremadura.
  • Tasa de pobreza (2023): 30,5%, la más alta de España y la UE (EAPN-ES).
  • Tasa AROPE (2023): 37,5% (riesgo de pobreza o exclusión social).

**Indicadores clave:

  • Renta bruta media (2021): 24.169 euros (media nacional: 29.014 euros).
  • Tasa de empleo (2019): 55%, similar a Extremadura.
  • Tasa de temporalidad (2018): 35%, de las más altas.
  • Crecimiento PIB (2023): 3,1% (media nacional: 5,5%).
  • Renta disponible (2020): 12.844 euros (media nacional: 15.817 euros).

**Contexto: Dependencia de agricultura (5,9% del VAB) y turismo, alta temporalidad laboral, sobrecarga de servicios públicos por envejecimiento y turismo masivo.

**Extremadura:

  • PIB per cápita (2021): 19.072 euros.
  • Patrimonio neto (2025): 228.869 euros.
  • Tasa de pobreza: 37,6%, de las más altas.

<<Posición de Andalucía>>

Andalucía es la CCAA con el PIB per cápita más bajo (18.906 euros) o penúltima, según indicadores, y, la región con mayor pobreza (30,5%) y exclusión social (37,5%).

Aunque muestra mejoras económicas lentas, factores como la emigración juvenil, el envejecimiento, el turismo masivo y la financiación limitada lastran su desarrollo.

<<Conclusión>>

La brecha entre CCAA ricas (Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña) y pobres (Andalucía, Extremadura, Canarias) está aumentando debido a desigualdades históricas, diferencias en empleo, productividad, capital, y políticas públicas insuficientes. La crisis de 2008 frenó la convergencia, y, factores como el “cupo catalán” podrían ampliar aún más las disparidades. Andalucía, última o penúltima en riqueza, enfrenta retos estructurales agravados por dinámicas demográficas y turísticas.

Nota final: Los datos reflejan tendencias hasta 2025, con limitaciones por falta de información actualizada.

Andalucía mejora lentamente, pero su economía y servicios públicos están saturados, necesitando soluciones que eviten subidas fiscales insostenibles.

N.B. La diferencias entre CCAA ricas y pobres en España siguen en aumento.

Dicho de otra forma, las diferencias económicas y sociales entre las comunidades autónomas (CCAA) de España están creciendo debido a factores históricos, estructurales y socioeconómicos.

Andalucía está infra-financiada y la singularidad fiscal de Cataluña -el cupo catalán- hará un agujero más grande aún, de manera, que esperemos que sea inaplicable por ser algo inviable.

Córdoba, 22 de julio de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Aranceles 30% de Trump (sí o no) – Córdoba (Efectos y soluciones)

Un grupo de lectores pregunta,

¿Qué impacto tendrán los posibles aranceles del 30% anunciados por el Presidente Trump para la U. E. en Córdoba?

A pesar de ser un asunto vidrioso y complicado en la Asociación Córdoba Abierta -ACOA- hemos puesto a trabajar a nuestros asociados y colaboradores, ya que, creemos que el asunto se merece un artículo lo más completo posible y que sirva de orientación a los lectores, pero siempre buscando la claridad dentro de la brevedad.

<<Impacto de los aranceles en Córdoba>>

En abril de 2025, el presidente Donald Trump anunció aranceles del 10% para todos los países, 20% para la Unión Europea y 25% para el sector automotriz, afectando las exportaciones españolas a EE. UU., que en 2024 alcanzaron 18.179 millones de euros (5% del total). En Córdoba, el sector agroalimentario, pilar económico, es el más vulnerable, especialmente el aceite de oliva, el vino de Montilla-Moriles y otros productos agrícolas, junto con ciertos segmentos industriales y automotrices.

**Sectores afectados.

*Agroalimentario:

-Aceite de oliva: España exportó 113.416 toneladas a EE. UU. en 2024 (1.000 millones de euros). Los aranceles del 20% podrían reducir las exportaciones entre un 10% y un 25%, afectando a cooperativas cordobesas como Dcoop. Esto podría generar excedentes en Europa, abaratando precios y reduciendo ingresos.

-Vino: Los vinos de Montilla-Moriles, con exportaciones de 335 millones de euros a EE. UU., enfrentan pérdidas por los aranceles del 20% y posibles incrementos al 200%.

-Otros productos agrícolas: Frutas, hortalizas y lácteos perderán competitividad.

*Industrial y automotriz:

-Maquinaria mecánica y componentes (2.510,9 millones de euros en exportaciones nacionales) y aceites industriales (1.004 millones) enfrentarán sobrecostes. En Córdoba, la fabricación de maquinaria agrícola y componentes automotrices podría reducir su actividad y empleo.

*Impacto económico.

-Pérdida de competitividad: Los productos cordobeses serán más caros en EE. UU., cediendo cuota de mercado a países con aranceles menores (Reino Unido, Brasil).

-Empleo: La caída de exportaciones podría reducir la actividad económica y generar pérdidas de empleo.

-Efectos indirectos: Menor demanda de bienes y servicios en la cadena productiva local.

*Medidas de disminución de efectos negativos.

-Gobierno español: Un plan de 14.100 millones de euros incluye 5.000 millones del ICO para créditos, apoyo a la diversificación de mercados (Asia, América Latina) y negociaciones con EE. UU. para reducir aranceles.

-Andalucía: Como región afectada, busca medidas recíprocas contra productos estadounidenses, aunque esto podría escalar tensiones.

*Conclusiones.

Los aranceles de Trump amenazan la economía cordobesa, especialmente el sector agroalimentario, con caídas en exportaciones, competitividad y empleo. Aunque el impacto en el PIB español es limitado (0,11%-0,3%), Córdoba debe diversificar mercados y aprovechar ayudas gubernamentales para mitigar efectos. La incertidumbre global exige una respuesta coordinada.

*Propuestas de Córdoba Abierta ACOA.

  • Diversificación: Explorar mercados alternativos para aceite y vino.
  • Ayudas: Acceder a fondos del gobierno español.
  • Innovación: Invertir en certificaciones ecológicas y marcas premium.
  • Colaboración: Coordinar con asociaciones como FIAB para estrategias conjuntas.

<<Respuesta a la pregunta de los lectores>>

¿Qué impacto tendrán los posibles aranceles del 30% de Trump para la UE en Córdoba?

*El impacto en Córdoba será significativo:

-Agroalimentario: El aceite de oliva y el vino, claves en la economía cordobesa, enfrentarán una caída de exportaciones (10%-25%) y pérdida de competitividad en EE. UU., afectando cooperativas y empleos.

-Industrial y automotriz: Maquinaria y componentes sufrirán sobrecostes, reduciendo ingresos y actividad.

-Efectos económicos: Menor demanda, excedentes en Europa y posible impacto en el empleo local.

-Soluciones: Diversificar mercados, aprovechar ayudas del gobierno (14.100 millones de euros) y negociar con EE. UU. para reducir aranceles.

Córdoba debe actuar rápido para mitigar estos efectos mediante innovación y apertura de nuevos mercados.

N.B. A pesar de ser un asunto con mucha incertidumbre en la Asociación Córdoba Abierta -ACOA- hemos puesto a trabajar a nuestros asociados y colaboradores, ya que, creemos que el asunto se merece un artículo lo más completo posible y que sirva de orientación a los lectores, que nos preguntan.

A destacar, que el Banco Central Europeo estimaba que un arancel del 25% reduciría el PIB comunitario en 0,3 puntos porcentuales. Con el arancel del 30%, el impacto podría ser ligeramente mayor, aunque para España, con un peso relativo menor en las exportaciones a EE. UU. (5%), el efecto directo en el PIB sería limitado, estimado entre 0,11% y 0,3%. Sin embargo, en Córdoba, la dependencia del sector agroalimentario amplifica el impacto local.

(Nota final: Como opinión personal para expresar mi disconformidad por esta forma de actuar en la incertidumbre permanente del Presidente Trump, solo se me ocurre decir: “Malhaya”.

Me explico: La política de aranceles de Trump genera inestabilidad e incertidumbre, produciendo a nivel global recesión y donde los costes superarán cualquier beneficio potencial, dañando tanto a la economía estadounidense como a la del resto del mundo y perjudicando directamente a la clases medias y bajas.

Los aranceles de Trump perjudican a las clases medias porque incrementan los precios de bienes esenciales, generan inflación, afectan el empleo en sectores clave, actúan como un impuesto regresivo y crean incertidumbre económica. ).

Córdoba, 15 de julio de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.