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Menores migrantes en Andalucía – (El nudo gordiano institucional y la vía de la externalización)

La gestión de los menores extranjeros no acompañados (algunas veces referidos bajo las siglas MENA) procedentes de las costas andaluzas y de la Ciudad Autónoma de Ceuta sitúa a la Junta de Andalucía en una encrucijada sin precedentes. El problema ha superado la mera gestión asistencial para convertirse en una crisis institucional, presupuestaria y constitucional de primera magnitud, que pone a prueba la arquitectura del Estado de las Autonomías y los pilares del Espacio Schengen.

1.- El conflicto autonómico y el marco legal.

**El Gobierno regional andaluz afronta una doble tensión:

*Tensión política interna: El Pacto de Gobernabilidad (PP-Vox) firmado en julio de 2026 aboga por rechazar el reparto interautonómico impulsado por el Gobierno central, priorizando los planes de retorno a los países de origen. Sin embargo, la Presidencia de la Junta –aun advirtiendo sobre el riesgo de un «efecto llamada»– reitera su compromiso con la legalidad vigente y con los convenios bilaterales previos firmados con Ceuta en 2024 para el traslado de tutela.

*Imperativo legal y fiscal: La Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y el Estatuto de Autonomía atribuyen a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en la tutela de menores desamparados en su territorio. Tanto la Fiscalía General como el Ministerio de Juventud e Infancia recuerdan que esta obligación es indisponible, mientras que las ONGs advierten sobre la saturación de los centros de acogida en la costa andaluza (Algeciras, Almería, Granada y Cádiz).

2.- La vía de solución – (Tramitación extraordinaria en origen o terceros países).

Ante la ineficacia de las fórmulas tradicionales y el riesgo de colapso de los servicios públicos de bienestar, la respuesta más solvente y jurídicamente _articulada pasa por un cambio de perspectiva:

“La tramitación extraordinaria fuera del territorio peninsular”.

<-Ejes del modelo.

1.- Centros de tramitación en terceros países: Establecer instalaciones de acogida y evaluación administrativa en países de tránsito o de origen mediante convenios bilaterales, garantizando que el análisis de la tutela o solicitud no implique la entrada automática al espacio Schengen.

2.- Priorización de la restitución familiar y repatriación: Ejecutar el retorno directo de los menores con sus familias en sus países de procedencia como medida prioritaria de protección, supeditando las relaciones diplomáticas y la ayuda al desarrollo a la cooperación efectiva en la readmisión.

3.- Hoja de ruta institucional para Andalucía.

Dado que las competencias en extranjería, fronteras y relaciones internacionales corresponden en exclusiva al Estado (art. 149.1.2ª y 3ª CE), Andalucía debe liderar este cambio mediante la iniciativa y la presión institucional:

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│ ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE LA JUNTA │

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│ Iniciativa │ │ Exigencia │ │ Condición │

│ Legislativa │ │ Diplomática │ │ Presupuestal │

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Reformar la Ley Activar convenios Exigir carácter

de Protección del bilaterales con transitorio de los

Menor ante las Marruecos para centros andaluces y

Cortes Generales retornos seguros financiación 100%

1.- Iniciativa legislativa autonómica: Presentación de una Proposición de Ley autonómica ante el Congreso de los Diputados para reformar la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y la Ley de Extranjería, situando la repatriación y reagrupación familiar en origen como el principio rector prioritario.

2.- Exigencia de acuerdos bilaterales: Reclamar la activación inmediata de los acuerdos internacionales vigentes (como el convenio de reactivación de retornos con Marruecos) y alinearse con el nuevo Pacto de Migración y Asilo de la UE.

3.- Litigación institucional y condicionado financiero: Plantear conflictos de competencias ante el Tribunal Constitucional si se imponen repartos obligatorios sin la correspondiente asignación presupuestaria estatal completa, exigiendo que los recursos en suelo andaluz tengan un carácter estrictamente temporal de tránsito.

<<Conclusión>>

El sostenimiento del modelo de bienestar y la seguridad jurídica en Andalucía dependen de trascender el parcheo presupuestario. La firmeza institucional, canalizada a través de iniciativas legislativas valientes ante el Estado y la UE, constituye la única vía realista para conciliar el respeto al Derecho con la sostenibilidad de nuestros recursos públicos.

N. B. Imagen. (Menores migrantes en Andalucía).

(Nota. El Puente Institucional y Diplomático: Representa la vía de la externalización y los convenios bilaterales uniendo las dos orillas del Mediterráneo (Andalucía y el Norte de África) a través de la cooperación, la legalidad y el acuerdo institucional.).

Córdoba, 22 de agosto de 2026

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Exdiputado y Exsecretario del Parlamento de Andalucía.

IBI en agosto – Córdoba – (cuando recaudar importa más que facilitar el cumplimiento)

A las puertas de las vacaciones -o cuando buena parte de la ciudadanía ya se encuentra fuera de su residencia habitual- muchos vecinos de Córdoba reciben la misma comunicación, en el buzón o en su bandeja de entrada:

“El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se pone al cobro a principios de agosto.”

La decisión puede ser formalmente conforme con la ordenanza fiscal, pero que algo sea legal no significa necesariamente que sea razonable, oportuno o compatible con los estándares de una buena Administración. Cuando el principal tributo municipal del año se exige de manera recurrente en el mes vacacional por excelencia, el calendario de cobro deja de ser una cuestión puramente técnica y adquiere una evidente dimensión política.

No se trata de cuestionar la obligación de pagar el IBI ni de negar la importancia de los ingresos tributarios para sostener los servicios públicos. Se trata de algo más elemental:

“De exigir que la Administración orgánica actúe con los parámetros de la buena fe y en favor de los ciudadanos”.

<<Una Administración que cobra en agosto>>

La relación entre el contribuyente y el Ayuntamiento no debería construirse sobre el descuido, la sorpresa o la dificultad de reacción. La buena fe, la confianza legítima y el principio de buena Administración reclaman que los poderes públicos actúen con lealtad, transparencia y consideración hacia las circunstancias reales de las personas a las que sirven.

**Sin embargo, poner el IBI al cobro en agosto coloca al vecino en una posición objetivamente más vulnerable:

*Menor capacidad de reacción. Durante las vacaciones, muchas familias se encuentran fuera de su domicilio, con un acceso más limitado a sus comunicaciones, a la banca electrónica o a la documentación necesaria para comprobar un cargo.

*Más dificultades para resolver incidencias. Un error en la domiciliación, una cuenta cancelada, un cambio de entidad bancaria o cualquier problema relacionado con el pago exige una respuesta rápida. Pero esa respuesta puede verse obstaculizada por los horarios reducidos, los turnos estivales y la menor disponibilidad de los servicios de atención al público.

*Riesgo de consecuencias económicas. Lo que durante el verano puede parecer un simple descuido se transforma, al regresar en septiembre, en un pago fuera de plazo, con los recargos correspondientes y, en su caso, otras consecuencias económicas.

*Desigualdad entre la Administración y el ciudadano. El Ayuntamiento mantiene activa su maquinaria recaudatoria mientras el vecino afronta el periodo del año en el que precisamente dispone de menos tiempo, información y capacidad de gestión.

La cuestión, por tanto, no es si el recibo puede cobrarse en agosto. La cuestión es si resulta aceptable que la Administración elija sistemáticamente un momento en el que aumenta la probabilidad de que el contribuyente no pueda reaccionar a tiempo.

<<La legalidad no basta>>

El artículo 103 de la Constitución obliga a la Administración Pública a servir con objetividad los intereses generales y a actuar de acuerdo con los principios de eficacia, sometimiento pleno a la ley y servicio al ciudadano. Ese mandato no puede interpretarse como una autorización para limitar la actuación administrativa al cumplimiento formal de los trámites.

La Administración también debe preguntarse *si sus decisiones son comprensibles, accesibles y proporcionadas; *si reducen o incrementan innecesariamente las cargas que soportan los ciudadanos; y, *si el modo de ejercer una potestad legal fortalece o deteriora la confianza pública.

La recaudación tributaria no es una operación automática desligada de sus efectos sociales. Detrás de cada recibo hay una familia, una persona mayor, un propietario que no reside habitualmente en Córdoba, una cuenta bancaria modificada o un contribuyente que puede encontrarse temporalmente sin acceso normal a sus comunicaciones.

Por eso, la buena Administración exige algo más que cobrar en plazo:

“Exige hacer posible que el ciudadano pueda pagar en plazo sin tener que superar obstáculos innecesarios”.

<<Existen alternativas>>

No hay ninguna razón que obligue a concentrar el pago del IBI en agosto. El periodo voluntario podría establecerse en otros meses -mayo, junio, septiembre u octubre- o distribuirse de forma que se evite la coincidencia con el periodo vacacional.

**También podrían adoptarse medidas complementarias:

*ampliar los canales de aviso y comunicación;

*reforzar la atención durante las fechas de vencimiento;

*establecer mecanismos ágiles para corregir errores de domiciliación;

*ofrecer sistemas de fraccionamiento más accesibles;

*informar de manera clara sobre las consecuencias de un impago;

Y, *revisar periódicamente el calendario fiscal desde la perspectiva del ciudadano, no solo desde la comodidad de la gestión interna.

La existencia de alternativas demuestra que mantener el cobro en agosto no es una fatalidad administrativa, sino que es una decisión de organización y, en última instancia, una elección política trufada de mala fe.

<<Recaudar con legitimidad>>

Una Administración moderna no debe medir su eficacia únicamente por la cantidad recaudada o por el porcentaje de recibos cobrados. También debe valorar el modo en que obtiene esos ingresos y la relación que establece con la ciudadanía.

La disciplina fiscal es necesaria, pero no puede confundirse con indiferencia hacia las circunstancias del contribuyente. El Ayuntamiento debe recaudar, sí; pero debe hacerlo con transparencia, previsibilidad y respeto. La eficiencia recaudatoria no puede convertirse en una política de desgaste ni en una estrategia basada en que el ciudadano no esté pendiente.

Córdoba merece una Administración tributaria que no vea al vecino como un mero sujeto pasivo, sino como una persona a la que debe facilitar el cumplimiento de sus obligaciones. Cobrar el IBI en agosto podrá ser legal, pero resulta difícilmente compatible con una concepción exigente de la buena Administración y con la sensibilidad que debería presidir la gestión de los asuntos públicos.

Por ello, corresponde a la Corporación Municipal revisar el calendario fiscal antes del próximo ejercicio y abrir un debate transparente sobre la oportunidad de mantener el periodo voluntario en pleno mes de agosto.

La recaudación sostiene los servicios públicos. Pero la confianza ciudadana también. Y una Administración que solo piensa en la caja corre el riesgo de olvidar para quién existe.

N.B. Imagen. El IBI de agosto. Recuadar es lo primero.

Córdoba, 14 de agosto de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Nota: Imagen.

Impuestos – Un mundo de misterio – (Un contrato roto – el retorno al ciudadano)

Vemos los datos de la recaudación de impuestos en aumento constante, las subidas desproporcionadas de las tasas de basura y agua, las subidas del valor de referencia de los inmuebles, de forma, que la plusvalía se multiplica y los recibos del IBI suben como la espuma, mientras crece a ritmo de galope el gastos público sin justificar, a la vez, que aparecen sin pausa ni tregua el número misterioso de los llamados entes públicos, la mayoría de ellos instrumentales, y, a la vista del estado de todas las infraestructuras del Estado, de las C.AA., y de los cientos de ayuntamientos y diputaciones, la pregunta solo puede ser una, concretamente,

¿a dónde van nuestros impuestos?

Muchos ciudadanos ven el pago de impuestos como una detracción arbitraria de su riqueza, un “peaje” obligatorio que desaparece en las arcas del Estado (se incluyen todos los poderes públicos), aunque, en teoría la fiscalidad no es un fin en sí mismo, sino la base de un contrato social, de manera, que aquí reside el concepto del retorno al ciudadano, que no es otra cosa que “la transformación del dinero privado en bienestar público”. Sin embargo, hoy ese contrato de los ciudadanos con los poderes públicos se presenta destruido, porque el contribuyente siente que su esfuerzo no vuelve en la medida que debería con los servicios públicos que recibe.

1.- El Retorno – (teoría vs. realidad).

**El retorno se manifiesta de tres formas:

*Servicios Directos: Lo que vemos (educación, salud, seguridad e infraestructuras).

*Cohesión Social: La red de seguridad (pensiones y ayudas) que garantiza que nadie se quede atrás.

*Gestión eficiente: No basta con que el servicio exista, sino que debe ser de calidad, porque si el ciudadano paga por un servicio de “primera” y recibe uno de “tercera”, la moral fiscal social se resquebraja y se desploma.

2.- Una caja negra y un veneno.

El mayor enemigo de la obediencia fiscal es la opacidad, ya que, cuando el Estado (se incluyen todos los poderes públicos) se convierte en una <-caja negra-> donde es – -imposible trazar el destino de cada euro, nace la percepción de injusticia – (ej. Hay más de 20.000 entes públicos y muchos de ellos instrumentales). No es solo una cuestión de cuánto se paga, sino de cómo se gasta, de forma, que el daño simbólico del despilfarro (gasto político superfluo o burocracia innecesaria) es inmenso, ya que, destruye la legitimidad moral del recaudador.

Una pregunta lógica: ¿por qué no se puede ver en tiempo real cómo se usan nuestros impuestos (por ejemplo -entre otros muchos-), para mejorar una calle?

3.- El origen del mal – (Listas cerradas y partitocracia).

Aquí llegamos al nudo del problema en España: “Nuestro diseño institucional”. El sistema de listas cerradas y bloqueadas ha secuestrado la representación. En este modelo, el político no debe su puesto al ciudadano, sino a la cúpula de su partido que lo puso en la lista. Esto genera un incentivo perverso: “El representante prefiere ser leal al jefe del partido que eficiente con el dinero del contribuyente”. Si critica el despilfarro de los suyos, “no sale en la foto” de la próxima legislatura.

Las listas abiertas serían el filtro necesario para que el político responda ante el elector y no ante el aparato.

4.- La paradoja legal – (Un mandato secuestrado).

Nuestra Constitución (Art. 67.2) prohíbe el mandato imperativo, buscando que el diputado vote en conciencia. pero la realidad nos ha dado el “peor de los mundos”:

1.- Hacia el ciudadano: No hay mandato imperativo (no rinde cuentas directas a sus votantes).

2.- Hacia el partido: Hay un mandato imperativo de facto (disciplina de voto férrea por miedo al castigo). El resultado es un sistema donde la responsabilidad por la mala gestión del gasto se diluye, de forma, que los que mandan son unos pocos y, gracias a este diseño, suelen salir impunes de su ineficiencia.

Conclusión – (voluntad vs. tecnología).

Podemos hablar de digitalización y control para fiscalizar las cuentas, pero sin una reforma electoral que devuelva el poder al ciudadano y penalice la mala gestión, la tecnología será solo un maquillaje, siendo el control real de las cuentas un imposible. La transparencia no es una opción ética, es una necesidad de supervivencia para nuestra democracia, ya que, mientras el ciudadano se sienta un <-investigador privado-> de sus propios impuestos en lugar de un beneficiario, la desafección y la fatiga fiscal seguirán creciendo.

N.B. La Imagen – Impuestos – Retorno al ciudadano y su laberinto.

(Un “contrato roto” – el retorno al ciudadano).

Una reforma de listas abiertas es ya una necesidad democrática.

Córdoba, 8 de abril de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

La Diputación de Córdoba (El continuismo que nadie prometió y el viaje a la Luna del PP)

Cuando el Partido Popular alcanzó el Palacio de la Merced hace dos años, lo hizo bajo la bandera de la ruptura y la regeneración. Sin embargo, la gestión del Presidente Salvador Fuentes ha revelado una verdad incómoda: “El PP ha optado por la comodidad de mantener las estructuras socialistas, cargando el coste sobre el bolsillo de los cordobeses”. Lo que se presentó como un cambio histórico ha degenerado en un continuismo que nadie prometió y en un engaño masivo a sus votantes.

<<Anatomía de la promesa incumplida>>

Parece que las promesas políticas están diseñadas para no cumplirse. Desde Córdoba Abierta (ACOA), para ilustrar este absurdo, bien podríamos prometer solemnemente un “viaje a la Luna para todos los cordobeses” o “financiación ilimitada que se pague cuando Dios quiera”. La diferencia es nuestra transparencia sobre la imposibilidad de tales hitos; en cambio, el Gobierno Provincial del PP ha superado todos los límites del incumplimiento.

Jurídicamente, el político se siente blindado. Amparados en el artículo 67.2 de la Constitución Española -que establece que los miembros de las Cortes no están ligados por mandato imperativo-, los programas electorales se tratan como meras declaraciones de intenciones y no como contratos vinculantes. Esta falta de <-higiene democrática-> permite, que los compromisos de bajar la presión fiscal y de revertir la situación política anterior en la Diputación de Córdoba se conviertan en “agua de borrajas”.

<<El “hachazo” fiscal (El sumidero de Epremasa y Emproacsa)>>

La gestión de las empresas públicas de la Diputación de Córdoba es el mayor exponente de esta impostura. En lugar de aplicar el bisturí de la reestructuración profunda, el PP ha preferido el mazo del recaudador. El ciudadano cordobés se enfrenta ahora a lo que podemos definir como el mayor “hachazo” fiscal de la historia de la Diputación:

<-EPREMASA (Basura): Con 7 millones de pérdidas en 2023, se aplicó una subida del 40,8% en 2024 y ya se anuncian nuevos incrementos del 17,5% para 2026.

<-EMPROACSA (Agua): Arrastra una deuda estructural de entre 14 y 22 millones de euros, lo que ha servido de excusa para un incremento del 22,5% en las tarifas.

El resultado es que el ciudadano paga tres veces: *en el recibo mensual, *con la subida de la tasa y *con los impuestos que se desvían de otras inversiones necesarias. Entre 2023 y 2025, se han inyectado cerca de 70 millones de euros de dinero público solo para evitar el colapso de estas entidades. Son 70 millones que no han ido a las carreteras del Guadiato, ni a paliar la crisis hídrica de Los Pedroches, ni al apoyo de nuestros autónomos.

<<El Pacto Silente y la “Paz de Despacho”>>

¿Por qué no hay auditorías independientes sobre la gestión anterior?

La respuesta es el “consenso de despacho”. En febrero de 2024, el PP sacó adelante los presupuestos gracias a la abstención del PSOE. Este “pacto de no agresión” sugiere una máxima desalentadora: “No toco tus errores del pasado para que tú no toques los míos en el futuro”.

Los cordobeses votaron para levantar alfombras, no para que el PP se sentara sobre ellas a negociar con el socialismo. Se ha preferido la paz institucional con la maquinaria anterior antes que su demolición. Aquí encaja el verso de Góngora: “Ande yo caliente y ríase la gente”. Mientras la maquinaria de la Diputación funcione sin turbulencias internas (caliente), el Gobierno Provincial ríe y el ciudadano paga facturas desorbitadas.

<<Consecuencias políticas y responsabilidad legal>>

Este fenómeno no es accidental y ya tiene respuesta en las urnas. Los datos de 2024 y las encuestas de 2025 muestran que, mientras el PP crece en la capital, VOX crece sin parar en toda la Provincia. Es el termómetro de la frustración de quienes buscaron un cambio radical y recibieron “más de lo mismo”. El electorado ya no compra una “moderación” que percibe como una rendición ética.

Desde un punto de vista legal, esta gestión roza la Administración Desleal (art. 433 del Código Penal). Además, inyectar fondos públicos a fondo perdido en estructuras ineficientes sin reforma alguna genera una responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas. Si un gestor político causa un perjuicio al patrimonio público por negligencia grave, debe responder por ello.

<<Conclusión (Un muro contra el contribuyente)>>

El bloqueo de la oposición en bloque (VOX, PSOE e IU) a las nuevas subidas de tasas para 2026 ha puesto a Salvador Fuentes contra las cuerdas, porque ya no queda más dinero que detraer de otros servicios. O se acomete la reestructuración profunda que siempre se evitó, o el modelo “sumidero” colapsará definitivamente.

Córdoba no votó una “mejor gestión del socialismo”, sino una alternativa real. La política de “compadreo” y el abrazo al modelo anterior están haciendo un daño tremendo. Es hora de cambiar el rumbo, pues la impostura política siempre tiene un precio, y los cordobeses, como ya se ha visto en otros puntos de España como Extremadura, se lo cobrarán en las urnas.

N.B. El Gobierno de la Diputación de Córdoba con el Presiente Salvador Fuentes al frentes es “el continuismo que nadie prometió”, concretamente, <-el viaje a la Luna del PP->.

Desde ACOAprometemos un viaje a la Luna, pero claro somos transparentes en el imposible cumplimiento, pero, curiosamente, el Gobierno del P. P. en la Diputación de Córdoba ha superado todos los límites en el incumplimiento de sus promesas, pues *no solo no aplica su programa electoral, sino que *abraza sin pudor el muro socialista y se sube en él haciéndolo suyo, aunque prometieron cambiar de raíz la política de la anterior Corporación Socialista.

De prometer que todo iba a cambiar a no cambiar nada, de manera, que puede ser, que nadie vote a unos políticos que venden y traicionan sus promesas.

Córdoba, 25 de diciembre de 2025.

Por: Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA).

El Agua Olvidada (Un Derecho Traicionado por la Insensibilidad Política)

Imagina un río invisible bajo las calles de Córdoba, no de agua cristalina, sino de promesas rotas y facturas infladas. El derecho humano al agua potable, reconocido por la ONU en 2010 (Resolución 64/292), se ahoga en 2025 bajo aumentos tarifarios desmedidos. En Córdoba, EMACSA ha subido las tarifas un 18% en dos años (5% en 2024 y 10% en 2025), superando la inflación y golpeando a los hogares vulnerables.

Esto no es un ajuste: “Es una traición a un derecho inalienable, no una mercancía”.

**La Traición del Derecho al Agua.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el ODS 6 exigen agua accesible, segura y asequible (máximo 3% de ingresos familiares). Sin embargo, en España, las tarifas se disparan tras ciclos electorales, disfrazadas de “inversiones contra la sequía”. En Córdoba, el costo del consumo básico (14 m³) sube hasta 4 € bimestrales, excluyendo al 20% de hogares vulnerables. Globalmente, 2.200 millones de personas carecen de agua segura, y en Europa, las desigualdades crecen por políticas que priorizan a grandes consumidores industriales sobre los más pobres.

**El Impacto: Un Tsunami Social.

Los aumentos tarifarios erosionan la dignidad:

*Asequibilidad: En Córdoba, las facturas superan el 3% de ingresos para muchos ciudadanos, forzando a familias a racionar agua o elegir entre servicios esenciales.

*Discriminación: Mujeres rurales, ancianos y migrantes sufren más, agravado por redes con fugas (10% en Córdoba) y políticas que ignoran el enfoque de derechos humanos.

*Incumplimiento estatal: Subidas injustificadas violan el PIDESC, mientras bonos sociales, como el de EMACSA, no cubren a todos los necesitados.

**Córdoba: Un Espejo Roto.

EMACSA justifica el 10% de 2025 con inversiones en redes, pero el bono social de 1 millón de euros es insuficiente. El consumo cae un 5% por miedo a facturas, y, el 18% acumulado supera la inflación sin resolver fugas ni garantizar equidad.

Políticos locales culpan al clima o a normativas, pero es un hecho patente y desgraciado que convierten el agua, un bien público, en un privilegio.

**Manifiesto AguaEsVidaDigital: Soluciones Innovadoras.

La Asociación Córdoba Abierta (ACOA) propone un ecosistema innovador:

*Digital: Una app blockchain, AguaJusta, rastreará consumos en tiempo real, alertará sobre costos excesivos y facilitará bonos sociales. Ya cuenta con 5.000 usuarios en pruebas.

*Legal: Denuncias colectivas al Comité DESC de la ONU, inspiradas en el movimiento Right2Water europeo.

*Sostenible: Tarifas progresivas con un mínimo exento (50-100 l/día), financiadas por gravámenes a grandes consumidores, huertos hídricos comunitarios con IoT y un fondo ciudadano blockchain para subsidios transparentes.

**Conclusión: Del Ahogo a la Marea Alta.

El derecho al agua no puede ser un eco lejano (sonido atenuado que viene de distancia considerable), traicionado por políticos insensibles.

Es un hecho probado y desgraciado que en Córdoba, los aumentos de EMACSA amenazan vidas, pero con tecnología, acción colectiva y presión global, podemos revertir esta injusticia.

Exijamos tarifas justas, un mínimo exento y un agua que sea vida, no lujo. Únete a AguaEsVidaDigital: en 2025, el futuro se comparte, no se cobra.

N.B. El Derecho Humano al Agua Potable, traicionado por aumentos tarifarios insensibles, clama por una revolución equitativa, que busca hacer efectivo el valor justicia constitucional (art. 1.1. C.E.)

Córdoba, 17 de septiembre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA Córdoba.

Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente de Córdoba Abierta -ACOA-.