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Espejismo – Contrato fijo-discontinuo en Córdoba – (la nueva precariedad)

Tras la reforma laboral, el contrato fijo-discontinuo se ha convertido en el protagonista absoluto de la economía cordobesa, sin embargo, detrás de las cifras de “empleo indefinido”, se esconde una realidad mucho más compleja y amarga, porque como dice el refrán popular “la mentira tiene patas cortas”.

1.- La inactividad invisible – (Trabajadores no parados oficialmente).

Aunque el 42,9% de los contratos en Córdoba son indefinidos, la precariedad no ha desaparecido, sino que, simplemente, ha cambiado de nombre, así:

<- Trabajador pobre: La duración del contrato ya no es significativa, porque la verdad es el número de horas trabajadas realmente.

<-Paro encubierto: Casi la mitad (40-45%) de los fijos-discontinuos cordobeses están “inactivos” en este momento, de manera, que aunque tienen empleo y no figuran en las cifras de paro, económicamente están en una situación idéntica al desempleo.

<-Parcialidad involuntaria: El contrato a tiempo parcial o por horas se ha apoderado del mercado de trabajo, de forma, que el 58% de quienes trabajan a tiempo parcial en la provincia, lo hacen porque no encuentran un empleo de jornada completa.

2.- Brecha entre el papel y la realidad – (Horas efectivas).

Quizás, uno de los mayores problemas del empleo en Córdoba es la diferencia tremenda entre lo que dice el convenio colectivo (unas 1.800 horas anuales) y lo que se trabaja realmente.

Sector	Actividad Real (Meses)	Horas Reales vs. Teóricas
Oliva y Cítricos	1,5 a 2,5 meses	240 – 400h (de 1.820h)
Hostelería (Mayo Cordobés/Navidad)	3 a 5 meses	480 – 800h (de 1.780h)
Comercio (Rebajas)	2 a 4 meses	320 – 640h
Industria Agroalimentaria	5 a 7 meses	800 – 1.120h

3.- Mujer – Precariedad – (Impacto asimétrico).

Es un hecho patente, que la discontinuidad contractual en Córdoba tiene rostro femenino.

**Los datos de 2026 son contundentes:

*El 62,5% de los desempleados en la provincia son mujeres.

*7 de cada 10 contratos a tiempo parcial los firman ellas.

*Mientras el hombre predomina en la industria y el campo con jornadas completas, la mujer se concentra en servicios con jornadas de 20-25 horas, lo que penaliza drásticamente sus futuras pensiones.

4.- Juicios – (Objeto).

La práctica jurídica en Córdoba se está centrando en cuatro frentes críticos debido a los abusos en esta modalidad contractual discontinua, pero que se dice fija, así:

1.- El Orden de llamamiento: Conflictos por falta de transparencia.

¿Quién va primero en la lista?

La antigüedad y la capacidad deben ser la regla, no el dedo del empresario.

2.- Cómputo de Antigüedad: Disputas sobre si cuentan los años naturales de vinculación o solo los días trabajados para cobrar trienios.

3.- Fraude en la parcialidad: Reclamaciones por horas complementarias que ocultan jornadas completas.

4.- Despido silencioso: Que ocurre cuando la empresa no llama al trabajador al inicio de la campaña, lo cual debe calificarse como despido (muchas veces improcedente o nulo).

<<Conclusión>>

Las estadísticas oficiales en Córdoba son, en algunos-muchos casos, pura ficción, porque el reto no es solo firmar contratos indefinidos, sino garantizar que esos contratos proporcionen suficientes horas de trabajo para vivir con dignidad.

N.B. La fijeza de los contratos fijos-discontinuos en Córdoba es un espejismo, ya que, la mayoría del tiempo los trabajadores están en situación de paro no contabilizado oficialmente, habiéndose establecido una nueva forma de precariedad por falta de horas de trabajo efectivo, recayendo, además, como una losa sobre las mujeres, dominando una brecha de género inasumible social y laboralmente.

Córdoba, 8 de marzo de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente. Córdoba Abierta -ACOA-.

Diputación de Córdoba – (Una traición del PP y un abrazo al modelo que prometió combatir)

En política, la distancia entre la promesa electoral y la praxis administrativa suele medir la integridad de un proyecto y en la Diputación de Córdoba, bajo la presidencia de Salvador Fuentes (PP), esa distancia no es una brecha, es un abismo. Lo que estamos presenciando y sufriendo los cordobeses no es simple “pragmatismo” o “realpolitik local”, sino que es *una desconexión total con los principios liberales y *una rendición incondicional ante el modelo de gestión socialista.

El votante del P. P. que apostó por la eficiencia, la austeridad y la baja presión fiscal se encuentra hoy con un ente autocomplaciente, que gasta más en mantenerse a sí mismo que en servir a la Provincia.

1.- El “tasazo” como solución – (Una línea roja rota).

La gran promesa electoral del PP fue una “revolución fiscal”, sin embargo, la realidad de 2024 fue un golpe directo al bolsillo del ciudadano, con una subida del 40,8% en la tasa de basura y del 22% en el agua.

Para 2026, la intención era persistir en esta vía con propuestas de incremento del 17,5% en Epremasa y el 5,37% en Emproacsa, pero la oposición frenó estas subidas, aunque la intención del equipo del Presidente Fuentes y de su equipo de gobierno revela una preocupante solución o receta no liberal:

“Aumentar ingresos por vía impositiva para tapar ineficiencias estructurales, en lugar de acometer una verdadera reestructuración de costes”.

2.- Emproacsa y Epremasa – (“Agujeros negros” del dinero público).

Desde una perspectiva liberal, las empresas públicas deberían tender a la autosuficiencia o, en su defecto, a una gestión bajo criterios estrictos de mercado, pero en la Diputación de Córdoba gobernada por el P. P. se han convertido en sumideros de subsidios masivos.

Desde 2023, se han transferido más de 59 millones de euros a Emproacsa para evitar su quiebra técnica. Este intervencionismo disfrazado de “gestión de la herencia” perpetúa un modelo de subvención continua, que el PP criticaba ferozmente desde la oposición, de forma, que este gobierno del P.P no tiene planes de racionalización ni reformas de calado, de manera, que solo tiene una solución, que es hacer solo inyecciones de capital para comprar una falsa “paz social” y a sus votantes ajo y agua.

3.- Hipertrofia administrativa – (Un monstruo autorreferencial).

El presupuesto consolidado de 2026 es el reflejo de una administración que crece “hacia adentro“, de manera, que por ejemplo, el Capítulo 1 (Personal) alcanza la cifra récord de 235 millones de euros, devorando casi la mitad del presupuesto total.

Mientras los costes fijos y la burocracia se disparan, la inversión real se asfixia, de manera, que la Diputación se ha convertido en un ente que prioriza el mantenimiento de su estructura y de sus puestos de confianza -una suerte de clientelismo encubierto- por encima de su función propia como motor de desarrollo para los municipios de la Provincia.

(Nota. Del agua de la Zona Norte ni se sabe.)

4.- Inversiones a golpe de crédito – (Hipotecando el futuro).

Cuando la gestión no genera ahorro neto porque las nóminas y las pérdidas de las empresas públicas lo devoran todo, solo queda la deuda, de forma, que el anuncio de 60 millones de euros en inversiones para 2026 no viene de una gestión eficiente, sino de operaciones de crédito. Es la “huida hacia adelante” típica de las políticas socialistas, concretamente, gastar hoy lo que tendrán que pagar las generaciones futuras, aumentando la carga financiera en un contexto de tipos de interés al alza.

<<Conclusión – (Quiebra de la confianza legítima)>>

Desde un análisis jurídico-político, un programa electoral genera una expectativa de confianza legítima en el votante, de manera, que romperla sistemáticamente no es solo un error estratégico, sino que es un fraude político.

Hoy, la Diputación de Córdoba bajo el mando de Salvador Fuentes es una administración hipertrofiada, que ejecuta políticas socialistas con siglas de derecha. Se ha elegido el camino fácil:

“Evitar el conflicto y mantener la inercia administrativa en lugar de impulsar la transformación estructural a que se comprometieron”.

Si el PP gestiona un modelo en el que no cree, pero que se niega a desmantelar por temor electoral, el resultado es el desaliento democrático, porque al final parece que votar a este PP es votar una versión del PSOE, pero con el agravante de la incoherencia.

Córdoba y sus ciudadanos merecen una gestión que sea fiel a los principios de libertad y eficiencia que les fueron prometidos.

N.B. En la Diputación de Córdoba el PP abraza todas las políticas socialistas sin rubor.

Esto no es pragmatismo, sino que es una traición ideológica y los votantes del P. P. merecen más que excusas, ya que, es exigible una transformación real, tal como evidencia la dificultad en aprobar el presupuesto 2026 -retirado por falta de acuerdos-, porque, todos saben ya, que el PP del Presidente Fuentes prioriza su supervivencia política sobre sus principios y promesas

No se pude votar a este P. P., pues es lo mismo que votar al Psoe, pero peor, porque cuando se vota socialismo, al menos, se sabe lo que se está votando.

Córdoba, 26 de febrero de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente. Córdoba Abierta -ACOA-.

La invasión de los partidos – (Cuando el carné político expulsa al mérito profesional)

El artículo 103 de nuestra Constitución no es una sugerencia, sino que es un mandato imperativo constitucional, que dice, que la Administración debe servir con objetividad y que el acceso a ella se rige por el mérito y la capacidad. Sin embargo, hoy vemos diariamente una realidad paralela, que se materializa en una “colonización” silenciosa donde la lealtad al partido ha sustituido a la competencia técnica.

1.- El triunfo de la “confianza” sobre la “capacidad”.

En España hemos pasado de una Administración profesional a una de “cargos de confianza política”, de manera, que el abuso de la libre designación y la hipertrofia de asesores (personal eventual) están arrinconando a los funcionarios de carrera.

*El dato: Según la OCDE, España es uno de los países con mayor politización en su alta dirección pública.

*La consecuencia: Las decisiones estratégicas ya no las toman los mejores preparados, sino los más fieles a la sigla de turno.

2. El “fraude de la accidentalidad” en los Ayuntamientos.

Si hay un lugar donde esta invasión política es crítica, es en la Administración Local, porque los secretarias/os e interventoras/es (FHN) son los garantes de la legalidad y el control del dinero público.

Ocurre a la vista de todos, sin embargo, que se está utilizando una “patología sistémica” para sortear su independencia, que es su nombramiento accidental.

<-Plazas vacantes: Se dejan plazas sin convocar a propósito para colocar a personas sin la titulación o la oposición requerida.

<-Interventores “prisioneros”: Un interventor accidental no tiene la inamovilidad del funcionario de carrera, ya que, si se le ocurre poner un reparo incómodo para el Alcalde, será ser cesado a la mañana siguiente, lo que implica que este sistema arbitrario aniquila el control de legalidad y abre la puerta a la corrupción.

3.- La erosión del Estado de Derecho.

Esta sustitución de la tecnocracia por el partidismo no es solo mala gestión, sino que supone un cambio de modelo muy caro para el ciudadano y para nuestro estado de derecho, porque conlleva:

*Inseguridad Jurídica: Directivos sin formación generan actos administrativos deficientes que terminan en los juzgados, colapsando el sistema.

*Desviación de Poder: Se utiliza la facultad de organizar la administración no para mejorar el servicio, sino para “colocar” a afines.

*Controles tardíos: Al eliminar al “perro de guardia” interno (el funcionario independiente), el control solo llega a través de los jueces, años después de que el daño (o el desfalco) se haya producido.

<<Resumen del impacto por niveles>>

Nivel de Poder	Herramienta de Control	Efecto Real
Estado / CC.AA.	Abuso de libre designación.	Políticas basadas en intereses electorales, no generales.
Ayuntamientos	Secretarios/Interventores a “dedo”.	Debilitamiento del control del gasto y riesgo de corrupción.
Diputaciones	Macro-estructuras de asesores.	Fuga de dinero público hacia redes clientelares.

Conclusión. (Un aviso a navegantes).

La defensa del mérito y la capacidad no es una cuestión corporativa de los funcionarios, sino que la única garantía que tiene el ciudadano contra la arbitrariedad del poder.

Como bien advierten organismos internacionales, la “invasión” de los partidos en la esfera pública supone la extinción soterrada del Estado de Derecho. Si la administración deja de ser neutral, deja de ser de todos para ser solo de “ellos”.

N.B. La invasión de los partidos se está produciendo en España, cuando el carné político expulsa al mérito profesional, de forma, que los controles y equilibrios legales desaparecen y surge la arbitrariedad contraria a nuestro Estado de Derecho.

Córdoba, 22 de febrero de 2026.

Enrique García Montoya.

Abogado, ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente, Córdoba Abierta -ACOA-.

Corrupción de baja intensidad -menor- (Una enfermedad silenciosa de la Administración Local)

La corrupción, que se considera equivocadamente “menor”, es, quizás, el mayor ataque a nuestro estado de derecho, por una razón pura y simple, porque es la que llega a todos los españoles a través de las Corporaciones Locales (Ayuntamiento y Diputaciones), demostrando que la corrupción sistémica se ha instalado en todos los niveles de las instituciones públicas, además, con una cualidad negativa peligrosa, que consiste en que es silenciosa y parece que tiene un grado de permisividad social, política y judicial, como se fuera algo que no se debe perseguir con rigor hasta erradicarla.

Es una realidad desgraciada, que la corrupción en sus distintas variedades solo se puede ver públicamente en sus grades espectáculos, que suelen acabar en el T. S. o en la Audiencia Nacional, amplificados por los medios públicos y privados, como si esos casos de gran alcance y de enorme proyección nacional fueran lo único y más importante de la corrupción sistémica que está asolando España.

Parece algo inexistente y olvidado, que existe una patología mucho más extendida y letal por el pueblo español, que se extiende como una mancha por todo el territorio y por todas sus instituciones públicas, alcanzando todos sus niveles, especialmente a las corporaciones locales, y, que conlleva un daño tremendo para nuestro Estado de Derecho, que se suele denominar con desprecio y olvido corrupción de baja intensidad o menor.

“La corrupción de los conductos pequeños” – (Perdida de valores).

Es la corrupción que no busca el gran botín de un solo golpe, sino la construcción de redes clientelares que asfixian la meritocracia y parasitan el dinero público.

1.- Análisis de la <-micro-corrupción->.

Es un hecho patente de enorme importancia, que la “corrupción de baja intensidad” actúa como un impuesto invisible para el ciudadano.

***Se manifiesta principalmente a través de varios mecanismos:

<-El fraccionamiento de contratos, a través del “troceo” de proyectos para no superar los umbrales del contrato menor (15.000 euro en servicios/suministros), y, así adjudicar “a dedo” esos servicios, suministros y contratos evitando la libre concurrencia.

<-El clientelismo de personal, mediante procesos de selección trucados con bases “dirigidas” o entrevistas subjetivas para colocar a personas con perfiles afines políticos o personales.

<-Urbanismo “a la carta”, que se ejecuta, a través, de licencias pequeñas o la no ejecución de órdenes de derribo a cambio de favores o votos.

<-Opacidad en empresas públicas mediante el uso de sociedades mercantiles municipales para huir del derecho administrativo y sus controles.

<-El uso de subcontratas dónde el personal, los contratos y adjudicaciones de servicios públicos conllevan contrataciones de personal y utilización de servicios en beneficio de los gobiernos políticos de los ayuntamientos, que adjudican los contratos a esas empresas subcontratistas elegidas irregularmente sin contradicción ni igualdad de condiciones, rompiendo el principio de igualdad constitucional.

2.- La eliminación de los controles y de los equilibrios.

**El control legal falla por una vulnerabilidad estructural del sistema:

1.- La soledad de la secretaria/o o de la interventora/or, que aunque son funcionarios de habilitación nacional, su día a día depende del equipo de gobierno (a destacar el uso y abuso de los cargos de secretarias/os o interventoras/es). Y en algunos casos demasiados el “reparo” de legalidad es frecuentemente ignorado mediante decretos de alcaldía.

2.- El “embudo trampa” judicial porque la Fiscalía suele archivar denuncias de prevaricación si no hay un rastro de dinero directo al bolsillo (cohecho), derivando el conflicto a la lenta vía contencioso-administrativa, dónde la corrupción menor se diluye bajo la trampa de la legitimidad de los actos administrativos.

3.- Se produce una solidaridad partidista, cuando Diputaciones y CCAA a menudo omiten su labor de fiscalización en los casos de que el ayuntamiento es de su mismo color político.

3.- Radiografía de casos reales – (Triángulo impunidad).

Como ejemplo de esta captura institucional, podemos observar dinámicas preocupantes en algunos municipios concretos, que ilustran lo que se puede llamar la <-trama de la accidentalidad->:

<-Secretarías Accidentales que se eternizan en sus cargos, de manera, que se mantiene a un funcionario en precario durante años anulando su independencia, con la finalidad de que el fiscalizador se convierte en un mero “validador de actuaciones, contratos de obras y servicios y decretos”.

<-Defensas jurídicas cruzadas cuando se usan despachos vinculados a partidos políticos para defender a técnicos e investigados, porque se estima que existe una simbiosis donde, si cae el técnico, cae el político.

<-La existencia de una cobertura autonómica, que nace cuando la Consejería competente (en estos casos la de Justicia) valida prórrogas injustificables de puestos accidentales, convirtiéndose en un cooperador necesario por omisión.

4.- Tribunal Supremo.

La jurisprudencia reciente es robusta en la teoría, pero su aplicación es defectuosa en la instrucción.

***A destacar:

* STS 148/2023, Sala Segunda (Penal) de 2 de marzo de 2023 (Rec. 1271/2021), Ponente Pablo Llarena): Diferencia el nombramiento ilegal (falta de título) de la prevaricación (ignorar sistemáticamente el procedimiento de mérito y capacidad). *STS 1092/2024, de 28 de noviembre de 2024, Sala de lo Penal (Interventor como clave probatoria). * Las STS 196/2025, 197/2025 (de 25 de febrero de 2025) y STS 220/2025 (de 4 de marzo de 2025), dictadas por la Sección 4.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, consolidan la doctrina sobre el abuso de la temporalidad en el empleo público funcionarial, resolviéndola en tres grandes ejes: criterios de apreciación del abuso, imposibilidad constitucional de la fijeza y régimen indemnizatorio.

5.- Propuesta – (Tolerancia Cero).

La impunidad de la “corrupción menor” es la que permite que la gran corrupción florezca. (Teoría de las Ventanas Rotas: El mensaje psicológico detrás de la “ventana rota” es de impunidad y dejadez, transmitiendo la idea de que <-nadie cuida de esto, está abandonado-> y de que los códigos de convivencia se han roto).

**Para revertir esto, se propone:

1.- Independencia orgánica total: Que los interventores y secretarios dependan económicamente del Estado o la CCAA, nunca del alcalde al que deben fiscalizar.

2.- Criminalización del levantamiento de reparos: Que levantar un reparo de legalidad sin un informe jurídico externo vinculante sea indicio automático de prevaricación.

3.- Fiscalía Especializada: Creación de una unidad de control administrativo local que actúe de oficio ante la acumulación de irregularidades.

<<Conclusión>>

La corrupción local no es un compartimento estanco, sino que es un acto colectivo político donde el ayuntamiento ejecuta, el partido diseña la resistencia y la administración superior a menudo proporciona la cobertura.

N. B. La corrupción menor municipal es el principio de la corrupción, de forma, que si no corregimos la <-micro-corrupción-> de raíz, el Estado de Derecho seguirá siendo, en muchos municipios, una mera ficción administrativa.

Córdoba, 20 de febrero de 2026.

Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA)

Estado crítico de la A-45 Córdoba-Málaga (Imagen de un peligro)

En estos día de accidentes ferroviarios, como el muy desgraciado y grave de Adamuz (Córdoba), se olvida que el estado de nuestras carreteras por falta de mantenimiento adecuado e integral es en la actualidad muy preocupante, sirva de ejemplo, la A.45 de Córdoba – Málaga sobre su estado y peligrosidad.

Circular por la A-45 que es la columna vertebral que une el interior de Andalucía con la Costa del Sol, se ha convertido en una actividad de riesgo, pues, como usuarios, percibimos los botes, las grietas y los parches, aunque detrás de esa incomodidad existe una realidad técnica y jurídica preocupante, porque la autovía está sufriendo un fallo estructural.

Que la A-45 no está mantenida al nivel de seguridad como debería y como corresponde al nivel de impuestos que pagamos, es un hecho contrastado día a día.

Se presenta un informe detallado sobre los puntos negros, las deficiencias graves y la inversión necesaria para que esta vía deje de ser una “crónica de un accidente anunciado”.

1.- Los 5 tramos del riesgo (Mapa de patologías).

No hablamos solo de asfalto viejo, sino que hablamos de “nivel de servicio insuficiente”, un término técnico que en derecho se traduce como un riesgo manifiesto para la vida.

Tramo Crítico	¿Qué está pasando?	El Riesgo Real
Fernán Núñez – Córdoba	Grietas profundas y parches que saltan.	Pérdida de trayectoria y daños graves en la suspensión.
Montilla – Puente Genil	Asentamientos del terreno (Badenes).	Efecto “trampolín”: a 120 km/h, el coche pierde contacto con el asfalto.
Lucena – Benamejí	Baches y pérdida de cohesión.	Aquaplaning inmediato en cuanto caen cuatro gotas.
Antequera (Dir. Córdoba)	Deformación por peso de camiones.	Inestabilidad al cambiar de carril (el coche “se va” tras la rodera).
Las Pedrizas	Asfalto pulido (brillante) y degradado.	Frenada imposible: El asfalto no agarra en situaciones de emergencia.

2.- Una trampa. – (Arreglos chapuceros).

Uno de los puntos más graves es el mantenimiento actual, porque se está practicando una política de “parcheo en frío”. (Tipo de asfalto mezclado que se aplica en condiciones de baja temperatura.)

<-Se produce un engaño estético, porque los parches ocultan el problema unos meses, pero no arreglan la base.

<-El peligro añadido reside en que un parche mal ejecutado genera un desnivel, lo que jurídicamente implica un vicio de ejecución, de forma, que la Administración sabe que la vía está mal, pero aplica una solución insuficiente.

(Nota: Esto facilita las reclamaciones por Responsabilidad Patrimonial en caso de accidente.)

3.- El costo de la seguridad.

La A-45 no necesita una capa de pintura, ya que, lo que realmente necesita es una rehabilitación integral.

**Tras analizar los costes de ingeniería actuales (2026), la cifra para una carretera segura es clara:

1.- Reconstrucción total (60 km críticos): 48.000.000. eur.

2.- Reposición de capa de rodadura (Resto de vía): 9.000.000. eur.

3.- Drenaje y taludes (Evitar desprendimientos): 5.000.000. eur.

**Inversión Total necesaria: 62 millones de euros.

4.- Una guía de supervivencia. – (Puntos kilométricos (PK) a vigilar).

En la conducción por la A-45 hay que extremar la precaución en estos puntos exactos donde la siniestralidad es más alta:

<-PK 14 al 16 (Fernán Núñez): Cuidado con las grietas; las motos deben evitar circular por las juntas.

<-PK 42 al 46 (Aguilar/Montilla): Los peores badenes de la provincia. Sujeta el volante con firmeza.

<-PK 56 (Puente Genil): El asfalto “piel de cocodrilo” tiene adherencia cero con lluvia.

<-PK 115 al 117 (Enlace A-92): Zona de frenadas bruscas. El asfalto está tan gastado que brilla; la distancia de frenado se duplica.

<-PK 128 al 130 (Casabermeja): Atención a posibles desprendimientos y cortes de carril inesperados.

<- Finalmente, instalación de iluminación LED inteligente en túneles/enlaces y mejora de los lechos de frenado en el descenso a Málaga.

<<Conclusión. – (Responsabilidad vs desidia).

La realidad es que los conductores, pagamos nuestros impuestos para circular por vías seguras, siendo un hecho patente, que la acumulación de baches, badenes y grietas en la A-45 invalida los sistemas de seguridad de nuestros vehículos (como el ABS o el ESP).

Desde Córdoba Abierta (ACOA), seguiremos denunciando este abandono, ya que, no podemos esperar a que ocurra una tragedia para que se inviertan esos 62 millones que hoy separan a la A-45 de ser una autovía digna del siglo XXI.

N.B. Autovía A-45 Córdoba – Málaga y su reforma integral de infraestructura inmediata, porque el peligro es real y grave.

Córdoba, 6 de febrero de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado e Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA)