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El «Contrato con España» se rompe en Córdoba – (La factura inadmisible de la Diputación provincial)

Alberto Núñez Feijóo ha presentado su «Contrato con España» sobre cuatro principios:

*Decir la verdad, *respetar la ley, *que el esfuerzo valga la pena y *preservar la unidad.

Ha prometido gobernar “desde la verdad”, rendir cuentas y ser juzgado “por los hechos, no solo por las palabras”.

Pues bien: Si ese contrato tiene algún valor, debe empezar a exigirse también en las Diputaciones gobernadas por el PP., y, concretamente, en la Diputación de Córdoba, presidida por Salvador Fuentes Lopera, hay motivos fundados para sostener que no se está cumpliendo:

“Se está ejecutando, con dinero público y bajo siglas populares, buena parte de la agenda que el PP dice combatir en Madrid”.

<<Coherencia o traición>>

No se trata de un matiz de gestión ni de una inevitable “flexibilidad territorial”, sino que se trata de una cuestión de coherencia política:

“Un partido no puede predicar austeridad, neutralidad institucional y control del gasto en la capital, mientras su presidente provincial financia prioridades, estructuras y relatos que pertenecen claramente al adversario ideológico”.

El votante de centro-derecha no es ingenuo, de forma, que no acepta que se le pida exigir rigor al Gobierno central y, a la vez, tolerar en su propia casa presupuestos que premian la ineficiencia, la opacidad y el sectarismo.

La palabra dada no admite doble contabilidad: *Una para Génova y *otra para Córdoba.

<<Tres rupturas evidentes>>

1.- Financiar la agenda del rival. Si el PP sostiene que determinadas políticas de memoria deben superarse por ideologizadas, *no puede luego destinar recursos provinciales a consolidarlas, ampliarlas o darles cobertura institucional*. La coherencia no consiste en cambiar de discurso según el micrófono, sino que consiste en no financiar con el dinero de los contribuyentes aquello que se dice querer derogar.

2.- Rescatar sin control lo ruinoso. Las empresas públicas provinciales, como EMPROACSA y EPREMASA, no pueden convertirse en cajas negras donde el dinero público cubre déficits, ineficiencias y decisiones opacas. El presidente de la Diputación es también responsable de EMPROACSA, según la propia estructura institucional provincial. Exigir auditorías independientes, cuentas claras, indicadores de eficiencia y rendición pública no es <deslealtad interna>: “Es el mínimo deber de quien administra fondos de todos los cordobeses”.

3.- Confundir pacto con rendición. Pactar una carretera, un abastecimiento de agua o una obra necesaria es gestión pública, pero pactar la financiación de relatos, estructuras o prioridades ajenas es concesión política.

La diferencia no es técnica: “Es sustancial”.

*La primera sirve al ciudadano; *la segunda compra silencios, legitimidades ajenas y paz de despacho.

<<El “pragmatismo” como coartada>>

Siempre aparecerá la misma excusa: “hay que gobernar”, “son compromisos legales”, “así funciona la política territorial”, pero la asignación presupuestaria nunca es un acto neutro: “Revela qué se considera prioritario, qué se protege y qué se sacrifica”.

Cuando la prioridad es contentar a la oposición ideológica antes que defender el programa con el que se pidió el voto, no hay pragmatismo: “Hay abandono del mandato recibido”.

Y cuando la dirección del PP guarda silencio ante esa deriva, el silencio deja de ser prudencia y se convierte en complicidad institucional.

<<La factura electoral>>

El electorado ya no es un cheque en blanco. No vota siglas para que, una vez alcanzado el poder territorial, se reproduzca -con otros colores y otros beneficiarios- el mismo gasto descontrolado, la misma discrecionalidad y la misma instrumentalización de lo público que se denuncia en el adversario.

Las consecuencias son previsibles: “Pérdida de credibilidad, abstención y fuga de voto hacia alternativas más coherentes con el electorado. No porque el votante sea extremista, sino porque entiende que la incoherencia es una forma elegante de engaño”.

<<Lo que debe exigirse ya>>

La Diputación existe para garantizar servicios esenciales -agua, residuos, carreteras, asistencia a los municipios-, no para financiar agendas ideológicas ni sostener estructuras ineficaces. La propia Diputación presenta actuaciones de EMPROACSA como servicios de abastecimiento y obras provinciales, y, precisamente por ello, su gestión debe someterse a un escrutinio máximo.

***El PP nacional no puede seguir mirando hacia otro lado. Debe imponer de inmediato:

**Auditorías externas e independientes de EMPROACSA, EPREMASA y resto de empresas e instrumentos provinciales.

**Publicidad íntegra de convenios, subvenciones, encomiendas y transferencias con implicación ideológica.

**Comités de garantías internos con capacidad real de vigilancia y sanción.

**Disciplina programática exigible a presidentes provinciales, alcaldes y cargos públicos del partido.

**Un principio innegociable: “Ningún euro público para financiar el relato, las estructuras o las prioridades de la oposición ideológica”.

<<Conclusión>>

Un contrato que no obliga a quienes gobiernan con las siglas de quien lo firma no es un contrato: “Es un eslogan”. *Si Feijóo quiere que su «Contrato con España» tenga credibilidad, debe demostrar que también obliga en Córdoba*.

Porque no basta con prometer verdad, ley, esfuerzo y unidad en Madrid, porque hay que practicarlos en cada Diputación, en cada empresa pública y en cada presupuesto provincial. Si no, el votante tendrá razón al concluir que el contrato se firmó para ganar elecciones, no para cambiar la forma de gobernar.

N.B. Imagen.  Conceptual – (El «Contrato con España» se rompe en Córdoba).

Córdoba, 20 de octubre de 2026.

Fdo.: Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exconcejal del Ayuntamiento y exdiputado provincial de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

La Paradoja del Agua en Córdoba – (Coste de la ineficiencia interna vs. castigo fiscal del ciudadano).

Análisis crítico sobre la gestión de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) y el blindaje de su estructura interna a costa de la presión tarifaria.

<<Una realidad incómoda tras el escaparate de las cifras>>

El Ayuntamiento de Córdoba y la Empresa Municipal de Aguas (Emacsa) suelen presumir de cifras: *La capital cuenta con alrededor de 650 fuentes de agua potable en sus calles (616 bebederos públicos y 30 ornamentales), pero detrás de esta gran infraestructura de cercanía y de un servicio de excelente calidad, se esconde una realidad incómoda que afecta directamente al bolsillo del ciudadano, concretamente, “que el recibo del agua encadena cuatro años de subidas consecutivas en un escenario donde ahorrar cuesta más caro y se camufla sistemáticamente el impacto real de las facturas”.

1.- El sistema actual, sus grietas y el desvío de la atención técnica.

La Empresa Pública Municipal Emacsa gestiona el ciclo integral del agua apoyándose principalmente en los embalses de Guadalmellato y San Rafael de Navallana, con la ETAP de Villa Azul y la EDAR de La Golondrina como motores técnicos. Para modernizar la red, la empresa cuenta con un ambicioso Plan Director (2023-2033) valorado en más de 540 millones de euros.

<-A pesar de esta aparente solvencia proyectada, el sistema arrastra deficiencias críticas que evidencian la falta de optimización de los recursos:

*Redes obsoletas: Tramos antiguos de fibrocemento provocan fugas microscópicas y roturas en zonas históricas y periféricas.

*El olvido de las periferias: Numerosas parcelaciones y núcleos de autoconstrucción carecen de conexión legal a la red, cronificando problemas sanitarios esenciales.

<-Exigencias europeas y clima: La EDAR de La Golondrina urge inversión para adaptarse a las normativas de la UE en eliminación de nutrientes, mientras el estrés hídrico obliga a desarrollar un circuito terciario de aguas regeneradas que aún está a medio gas.

2.- La escalada de tarifas (2024 – 2027) y la paradoja del ahorro.

<-Tras incrementos muy intensos en años previos (del 10% y el 5%), el calendario fiscal se ha estabilizado con subidas continuas:

*Año 2026: Se ha aprobado un incremento general del 2,1% (unos 0,32 € más al mes para un usuario medio).

*Año 2027: Ya hay proyectado un nuevo incremento del 1,9% (unos 0,30 € mensuales más).

<-La paradoja del ahorro: “La justificación oficial de Emacsa es que, gracias a la concienciación ciudadana, el consumo anual bajó de 21 millones de m3 en 2021 a 19,4 millones de m3, de forma, que al facturarse menos volumen de agua, los costes fijos de mantenimiento por metro cúbico se elevan. Es decir, el ciudadano ahorra, pero el sistema le penaliza subiendo el precio unitario.

<-Para mitigar las críticas frente a lo que la oposición tacha de “atraco”, se destina un millón de euros al Bono Social, penalizando a su vez con recargos de entre el 25% y el 50% los bloques de consumo más altos.

3.- El núcleo de la crisis – (Coste interno de Emacsa intocable vs. el rescate tarifario.)

El verdadero nudo gordiano de la gestión actual reside en una transición financiera sumamente alarmante, concretamente, el paso de Emacsa de ser una empresa tradicionalmente saneada y con superávit a convertirse en una sociedad que coquetea con las pérdidas y el déficit.

Ante este desequilibrio, la dirección política de la empresa ha optado por la vía más cómoda para la estructura burocrática, pero más lesiva para el contribuyente:

“Un rescate encubierto a base de continuas subidas de tarifas”.

<-En lugar de acometer un plan riguroso de saneamiento interno que analice, racionalice y reduzca el coste de la propia estructura y del mantenimiento de infraestructuras, la entidad mantiene intactos sus gastos de funcionamiento interno,  descargando de manera sistemática toda la responsabilidad y el coste del desajuste sobre los cordobeses, utilizando como pretexto que estos consumen menos agua.

<-Este modelo resulta económicamente insostenible y éticamente cuestionable,  ya que,  se penaliza la eficiencia ambiental de los ciudadanos para evitar abordar la ineficiencia organizativa y los costes estructurales de la propia empresa municipal.

<-Indicador de Gestión: “Efecto sobre el Ciudadano Situación en la Estructura de Emacsa”.

-Consumo de Agua – (Tendencia a la baja).

-Ahorro ecológico y menor consumo real (de 21 a 19,4 millones m3).

-Se utiliza como excusa para encarecer el metro cúbico debido a los “costes fijos”.

<-Estructura y Coste Interno Soporta tarifas un 2,1% (2026) y un 1,9% (2027) más caras.

*Intocable. No se acometen reformas estructurales ni optimización de gasto interno.

<-Resultado Financiero. Se financia el déficit mediante el encarecimiento del recibo básico.

*Paso del superávit histórico a pérdidas operativas compensadas con presión fiscal*.

4.- El «empaquetamiento político» o cómo ocultar la subida de tarifas.

<- La falta de transparencia real no radica en la ausencia de informes financieros, sino en el diseño del mensaje para minimizar el desgaste político utilizando cinco tácticas muy claras:

1.- La técnica de la «micro-cifra»: Presentar el sablazo millonario diluido en frases como “solo costará un café o 32 céntimos más al mes”, haciendo que la queja parezca una exageración.

2.- El «maquillaje plurianual»: “Aprobar las subidas de varios años de golpe”, de forma, que el Gobierno local concentra las protestas en un solo pleno y los años siguientes las tarifas suben de forma automática y silenciosa.

3.- Lenguaje tecnocrático: Usar conceptos como “actualización por equilibrio concesional” para hacer ver la subida como algo inevitable y ajeno a la voluntad del alcalde.

4.- Culpabilización positiva: El argumento de “como habéis ahorrado, hay que subir los precios” traslada la responsabilidad del encarecimiento al propio consumidor.

5.- El «escudo social»: Abrir los titulares anunciando la ampliación de bonificaciones a colectivos vulnerables, relegando el aumento general al final del comunicado para neutralizar la crítica.

5.- Una crítica fundada – (Los pilares de la opacidad y la anomalía legal).

<-Para armar una fiscalización rigurosa de esta gestión, no basta el descontento social, sino que hay que apelar a sólidos argumentos institucionales y legales:

*Vulneración de la transparencia: La Ley 19/2013 exige que los actos con impacto económico sean claros. Camuflar los recargos de hasta el 50% de los bloques altos tras un simplista “usuario medio” impide al ciudadano ejercer su derecho fundamental a saber.

*La anomalía de la “plurianualidad”: El ordenamiento presupuestario se rige por el principio de anualidad. Fijar subidas para 2027 desde ya desvirtúa la naturaleza de las tasas (que deben cubrir costes reales año a año, imposibles de predecir hoy con exactitud) y solo busca hurtar el debate plenario y vecinal de cada ejercicio, tal y como advirtió la propia Intervención Municipal.

*Quiebra de la equidad (Castigo al ahorro): Responder al éxito de una campaña de concienciación ambiental con una penalización económica rompe la lógica del servicio público y genera desconfianza institucional.

*Incoherencia fiscal: El equipo de gobierno vende un relato masivo de “bajada de impuestos” (como el IBI), mientras de forma soterrada incrementa las tasas de las empresas públicas esenciales (Emacsa y Sadeco).

No hay menos presión fiscal, sino que hay un desplazamiento de la carga hacia los recibos domésticos más básicos, perjudicando de igual manera a las rentas medias y bajas.

<<Conclusión>>

Nadie cuestiona que la infraestructura del agua en Córdoba necesite inversión de cara al futuro.

*Lo que es profundamente criticable es el método:

“Recurrir a la ingeniería de la comunicación y a subidas automáticas para eludir el control anual, maquillar el impacto real, proteger un coste de estructura interna intocable y, para colmo, penalizar el esfuerzo ecológico de los cordobeses”.

Una práctica que prioriza el control del daño político y el corporativismo interno por encima de la buena fe y el rigor que se le debe a la ciudadanía.

N. B. Imagen. Córdoba – Agua – Emacsa – Ciudadanos paganos y desinformados.

(Nota. Emacsa y como pasar de una empresa con superávit a una sociedad con pérdidas y déficit, rescatada a base se subidas de tarifas sin tocar para nada el coste interno de infraestructuras y, además, descargando las culpas en los cordobeses por consumir menos agua.).

Córdoba, 14 de julio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba.

Inspector de Trabajo y S. S.

ANDALUCÍA – (ASIMETRÍA COMO PROBLEMA ESTRUCTURAL)(Desequilibrios territoriales, déficits estructurales y agenda de reequilibrio)

Hablar de un único “problema principal” en una comunidad autónoma tan extensa, heterogénea y compleja como Andalucía conduce inevitablemente a una simplificación estéril. Sin embargo, del análisis conjunto de sus indicadores económicos y de las demandas sociales emerge con nitidez una cuestión vertebradora: 

-“la persistencia de una asimetría estructural interna”.

Andalucía presenta en la actualidad un dinamismo económico apreciable, con tasas de crecimiento superiores a la media nacional en determinados periodos. No obstante, este avance macroeconómico convive con desequilibrios históricos que limitan la traslación efectiva del progreso a amplias capas de la población. En consecuencia, el verdadero criterio de evaluación de la acción pública no debe centrarse en magnitudes agregadas como el PIB, sino en la capacidad de reducir dichas brechas internas.

I. Retos estructurales prioritarios.

La realidad cotidiana de la ciudadanía andaluza se articula en torno a tres grandes ámbitos de tensión que requieren intervención pública sostenida:

1.- Empleo: entre la cantidad y la calidad.

Pese a la mejora relativa de las cifras de paro, Andalucía mantiene niveles de desempleo estructural significativamente superiores a la media nacional. A ello se añade un patrón productivo fuertemente condicionado por la estacionalidad (turismo y campañas agrícolas), así como por niveles salariales inferiores. El problema, por tanto, no es exclusivamente la creación de empleo, sino su estabilidad, cualificación y capacidad de generar movilidad social.

2.- Vivienda y coste de vida.

El acceso a la vivienda se ha consolidado como el principal factor de preocupación social, especialmente en áreas metropolitanas como Málaga y Sevilla. El desacoplamiento entre la evolución de los precios inmobiliarios y los salarios ha generado una barrera de entrada prácticamente insalvable para amplios sectores, en particular para la población joven, intensificando procesos de desplazamiento residencial y presión sobre la periferia urbana.

3.- Agua, energía y sector primario.

La vulnerabilidad del sistema productivo andaluz frente a la sequía y al cambio climático pone de manifiesto la necesidad de una modernización profunda de las infraestructuras hídricas y energéticas. El sector primario, pilar económico y social, requiere no solo inversiones estructurales, sino también instrumentos fiscales que mitiguen la volatilidad productiva. A ello se suma un déficit en infraestructuras energéticas que condiciona el desarrollo industrial y urbanístico.

II. La fractura territorial – (una Andalucía a dos velocidades).

La idea de una Andalucía homogénea carece de base empírica. La comunidad se configura, en realidad, como un espacio profundamente dual, donde coexisten dinámicas divergentes:

1,. Litoral dinámico frente a interior rezagado.

El eje litoral y metropolitano (especialmente Málaga-Sevilla, con nodos en Cádiz, Huelva y Almería) concentra inversión, innovación y actividad económica. En contraste, amplias zonas del interior -Jaén, Córdoba o el interior granadino- presentan una dependencia excesiva del sector primario y una insuficiente diversificación productiva, lo que favorece la fuga de talento.

2.- Desequilibrio demográfico.

Aunque Andalucía no experimenta un declive poblacional global, sí existe una distribución profundamente desigual. Las áreas costeras y urbanas sufren sobrecarga demográfica, mientras que los municipios del interior entran en dinámicas de despoblación progresiva. La pérdida de servicios esenciales (sanidad, educación, banca, etc.) actúa como factor acelerador de este proceso.

3. Brecha de renta y desigualdad urbana.

Las desigualdades territoriales se reproducen a escala intraurbana. Andalucía alberga algunos de los barrios con menor renta per cápita del país, evidenciando una fractura social persistente entre áreas dinámicas y periferias vulnerables, donde el desempleo estructural y el fracaso escolar tienden a cronificarse.

III.- Limitaciones del enfoque político actual.

La persistencia de estos desequilibrios no puede entenderse sin atender a los incentivos del propio sistema institucional:

<-La concentración del peso electoral en áreas urbanas y litorales favorece decisiones de inversión con retorno político inmediato.

<-Existe una tendencia a reforzar territorios ya dinámicos frente a intervenir en zonas estructuralmente rezagadas, donde los resultados son más inciertos y a largo plazo.

<-La planificación estratégica adolece, con frecuencia, de falta de ejecución efectiva:

“Diagnósticos rigurosos sin dotación presupuestaria suficiente, sin calendarios vinculantes y sin mecanismos de evaluación”.

IV.- Hacia una agenda de reequilibrio territorial.

Superar la asimetría andaluza exige una estrategia sostenida, coherente y evaluable, articulada, al menos, en torno a cuatro ejes:

1.- Diversificación económica del interior.

Implantar incentivos fiscales diferenciados y estables que favorezcan la implantación empresarial en zonas con declive demográfico, acompañados de la creación de suelo industrial y de infraestructuras adecuadas.

2.- Descentralización institucional.

Redistribuir organismos públicos, centros de decisión y estructuras administrativas fuera de los principales núcleos urbanos, favoreciendo la fijación de población cualificada en el territorio.

3.- Red de transporte integrada.

Priorizar un modelo de conectividad interna que permita la movilidad funcional sin necesidad de desplazamientos definitivos, mediante el refuerzo del transporte de media distancia y cercanías.

4.- Garantía de servicios públicos y políticas de vivienda.

Asegurar la igualdad efectiva en el acceso a sanidad y educación con independencia del lugar de residencia, junto con políticas de vivienda que incluyan promoción pública, mecanismos de acceso y regulación del impacto de usos turísticos.

<<Conclusión>>

La cohesión territorial no constituye un objetivo accesorio, sino un requisito esencial para la efectividad del principio de igualdad. Mientras la acción pública continúe guiándose por indicadores agregados y resultados inmediatos, los desequilibrios internos tenderán a perpetuarse.

El verdadero reto para Andalucía no es únicamente crecer, sino crecer de manera equilibrada. Ello exige una transición desde políticas reactivas o asistenciales hacia una estrategia estructural orientada a la equidad territorial y la sostenibilidad a largo plazo.

N.B. Imagen. Asimetría.

Córdoba, 15 de junio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba.

Inspector de Trabajo y S.S.