La aproximación a las urnas el próximo 29 de noviembre coloca al electorado de centro-derecha en Córdoba ante una encrucijada moral y política sin precedentes recientes. Durante años, la apelación al voto útil ha funcionado como un mecanismo de disciplina partidista, un cheque en blanco firmado en favor de las siglas para frenar a la izquierda, sin embargo, cuando la gestión territorial desconecta de los principios anunciados en las tribunas nacionales, *la apelación al voto ciego deja de ser una responsabilidad cívica para convertirse en una trampa de supervivencia para las estructuras orgánicas*.
El debate suscitado en nuestra provincia a raíz de la candidatura de Salvador Fuentes López al Senado -compaginando la presidencia de la Diputación Provincial de Córdoba con la aspiración a las Cortes Generales- ha destapado las costuras de un modelo agotado:
“El de la política concebida como un modus vivendi endogámico, donde la falta de trayectoria en el sector privado se suple con la acumulación de cargos e institucionales”.
I. La trampa del «voto útil» sin exigencia de principios.
El argumento de cerrar filas a cualquier precio parte de un supuesto falso: *Asumir que el elector es un activo cautivo*.
Cuando desde la Diputación de Córdoba presidida por Salvador Fuentes Lopera se asumen pactos de presupuestos y gobernabilidad con Izquierda Unida, se dotan partidas para la agenda ideológica de la memoria democrática y la apertura de fosas, o se repercute la ineficiencia de entes deficitarios como EMPROACSA y EPREMASA mediante subidas de tasas a las familias y pymes cordobesas, el votante de centro-derecha experimenta una evidente disonancia.
¿Qué utilidad real tiene premiar con un escaño en la Cámara Alta a quien ha ejercido una “paz de despacho” a costa de rebajar los principios de contención fiscal y batalla cultural?
Premiar la incoherencia con el blindaje parlamentario no preserva la alternancia, ya que, simplemente blanquea el tacticismo orgánico (exceso de cálculo oportunista que subordina principios a conveniencias inmediatas) y devalúa la credibilidad del mensaje nacional de rigor y ejemplaridad.
II. Las tres vías del votante exigente ante las urnas.
Ante este panorama, el votante conservador y liberal ya no se enfrenta a una adhesión incondicional, razón por la que, el mapa de opciones para el 29N se articula en tres respuestas maduras y conscientes:
1.- El ejercicio del voto nominal y selectivo en el Senado: A diferencia de las listas cerradas y bloqueadas del Congreso de los Diputados, la papeleta del Senado es individualizada. La Constitución y la Ley Electoral otorgan al ciudadano la facultad de marcar de forma diferenciada a los candidatos de su preferencia. **El voto nominal permite respaldar candidaturas de acreditada solvencia profesional mientras se deja en blanco o se excluye la casilla de aquellos perfiles volcados exclusivamente en la disciplina de aparato**. Es el instrumento más directo para enviar un mensaje de corrección a la dirección provincial sin alterar el equilibrio de bloques.
2.- La abstención reflexiva: Lejos de la indiferencia o la apatía, la abstención consciente de las bases de centro-derecha representa un toque de atención frente a la desconexión con la economía real, de forma, que quien se abstiene reflexivamente no renuncia a su ideología, sino que *denuncia la sustitución del mérito y la capacidad por la cuota de partido y el clientelismo orgánico*.
3.- El trasvase hacia opciones sin compromisos de despacho: La consolidación de alternativas en el espectro del centro-derecha responde directamente a la negativa del elector a tolerar concesiones en la gestión local, razón por la que **la fuga de apoyos no la provoca la rigidez del votante, sino la volatilidad doctrinal de quienes prometen rigurosidad en los mítines y la liquidan en las ordenanzas fiscales de la Diputación**.
III. Conclusión – (La dignidad del voto no se negocia).
La verdadera regeneración democrática no vendrá de las directrices de los despachos provinciales, sino del nivel de exigencia con el que los ciudadanos ejerzan sus derechos electorales, ya que, *la política no puede seguir siendo un refugio para quienes carecen de alternativa fuera de las instituciones*, sino quedebe volver a ser un servicio temporal ejercido con solvencia, rigor y respeto absoluto a la palabra dada.
El 29 de noviembre, cada votante cordobés tiene en su mano la oportunidad de dictar una lección de madurez política:
“Recordar *que la confianza se gana con hechos probados, *que la coherencia no admite dobles contabilidades y *que la papeleta del Senado no es un salvoconducto de aparato, sino el altavoz de la verdad y los principios de nuestra tierra”.
N.B. Imagen. La alternativa del 29N – (Voto útil o exigencia de principios).
Córdoba, 4 de noviembre de 2026.
Fdo. Enrique García Montoya
Abogado. Inspector de Trabajo y S.S.
Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba, exdiputado provincial y exdiputado del Parlamento de Andalucía.
(Nota preliminar. En Cordoba existe junto al empleo público declarado una sombra de empleo, que constituye una administración paralela indirecta, razón por la que la masa laboral dependiente del presupuesto público en Córdoba es sustancialmente mayor de lo que reflejan las estadísticas oficiales del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.)
1.- Resumen y diagnóstico.
El análisis tradicional del empleo público basado exclusivamente en el Boletín del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas ofrece una imagen sesgada e incompleta de la verdadera dimensión del aparato público en la provincia de Córdoba.
Aunque las cifras oficiales señalan un récord de 50.661 empleados públicos directos a enero de 2026 (+1,9% interanual y +15,9% en la última década), este indicador omite sistemáticamente el volumen de empleo generado mediante contratas externas de servicios, asistencias técnicas, personal encubierto y encomiendas a empresas públicas.
Consolidamos los datos oficiales conceptualizando la existencia del denominado “Sector Público Sombra” (SPS) o “Administración Paralela Indirecta”, estimando que la masa laboral dependiente del presupuesto público en Córdoba es sustancialmente mayor de lo que reflejan las estadísticas oficiales del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
**Por otro lado,el crecimiento oficial del empleo directo (+15,9% en 10 años) se ha complementado de forma intensiva con una externalización estructural, de manera, que esta dualidad genera *una “falsa externalidad” presupuestaria, *precariedad del empleo en la cadena de subcontratación y *un notable desplazamiento de recursos humanos frente al tejido empresarial privado cordobés.
2.- Consolidación de datos oficiales – (Enero 2026 vs. Histórico).
**Para entender el asunto descrito, se detallan los datos estadísticos oficiales consolidados según la distribución por administración rectora:
TOTAL MUNICIPAL / PROVINCIAL: 43.709 – 49.719 – 50.661 – +1,9% +15,9% 100,0%.
<-Aclaración metodológica crítica: Parte del salto registrado en los últimos años (especialmente en 2023, con un repunte del +8,1%) responde a un cambio metodológico del Ministerio, que comenzó a computar contratos temporales inferiores a seis meses y personal en formación/prácticas, por lo que la subida real en horas-trabajo / equivalentes a tiempo completo es sensiblemente inferior al incremento nominal reflejado en la estadística.
3.- El “Sector Público Sombra” – (Externalizaciones y personal oculto).
El punto ciego más profundo y llamativo del informe oficial radica en la invisibilización del personal que presta servicios esenciales para las Administraciones Públicas, pero cuya relación jurídica formal es contractual con empresas privadas o entidades instrumentales.
***En Córdoba, este fenómeno se estructura en tres capas principales:
A.- Licitación de servicios esenciales y mantenimiento urbana.
<-En el ámbito municipal y provincial (Ayuntamientos y Diputación de Córdoba), áreas enteras operan mediante concesiones administrativas y contratos de servicios:
*Servicios sociosanitarios y ayuda a domicilio (SAD):Representa el mayor volumen de ocupación externalizada. Miles de trabajadoras prestan servicio público financiado por la Ley de Dependencia bajo la gestión de empresas privadas contratistas. Este colectivo no computa como empleado público a pesar de que el 100% de su salario proviene de transferencias presupuestarias públicas.
*Limpieza de edificios públicos, jardinería y recogida de residuos:A excepción de empresas públicas concretas (como Sadeco en la capital), múltiples municipios canalizan estos servicios mediante contratas privadas donde el personal figura como sector privado servicios.
*Seguridad privada y mantenimiento de infraestructuras:Vigilancia de sedes judiciales, centros de salud, dependencias administrativas y conservación de carreteras provinciales y autonómicas.
B.- Asistencias técnicas e ingeniería de software – (Personal encubierto).
Tanto en la Junta de Andalucía como en la Administración General del Estado, la digitalización y la gestión de fondos europeos (Next Generation EU) se ha articulado mediante contratos de “Asistencia Técnica”.
<-Cesión ilegal de trabajadores de facto:Decenas de consultores, informáticos, ingenieros y administrativamente cualificados trabajan de facto integrados en los equipos directivos de las consejerías y ministerios en Córdoba, con horarios y directrices públicas, pero formalmente contratados por consultoras privadas (las llamadas “EITTs” o consultoras tecnológicas).
C.- Encargos a medios propios y empresas públicas – (TRAGSA, FAISEM, etc.).
El recurso continuado a encomiendas de gestión a entidades como TRAGSA o agencias públicas empresariales permite contratar personal laboral temporal por obra y servicio público sin incrementar las plantillas funcionariales en el registro oficial del Ministerio.
4.- Análisis crítico socio-jurídico y económico.
4.1. Precarización laboral y dualidad de salarios.La externalización crea una Administración a dos velocidades. Mientras que el empleado público directo (funcionario o laboral fijo) goza de rigidez contractual, salarios regulados por convenio público y complementos de antigüedad, el trabajador del “Sector Público Sombra” (ej. personal de Ayuda a Domicilio o Limpieza subcontratada) sufre salarios ajustados al SMI o convenios sectoriales sensiblemente inferiores, mayor temporalidad y elevadas tasas de sobrecarga laboral.
4.2. Ineficiencia presupuestaria y “falsa externalidad”.El argumento tradicional para externalizar ha sido la eficiencia y el ahorro de costes. Sin embargo, en la práctica, la Administración cordobesa asume el coste directo del salario del trabajador, sumadoal margen de beneficio empresarial de la contratista (6% – 15%) y el IVA correspondiente.
**Se genera así una paradoja**: “La Administración paga más por un servicio que precariza a sus prestadores directos”.
4.3. Riesgo jurídico – (Cesión ilegal y cesión de plantillas).La proliferación de asistencias técnicas continuadas genera un riesgo persistente de litigiosidad por cesión ilegal de trabajadores (Art. 43 del Estatuto de los Trabajadores).
Centenares de sentencias judiciales en Andalucía han obligado a la reconversión de personal subcontratado en “personal laboral indefinido no fijo”, engordando la plantilla pública por la vía judicial debido a malas prácticas de gestión de personal.
5.- Comparativa Sector Público vs. Sector Privado Cordobés.
La estructura económica de Córdoba presenta un desequilibrio estructural preocupante cuando se contrapone el dinamismo del empleo público con la realidad del tejido productivo privado.(Sector Privado).
–Volumen de empleo: 50.661 directos (~65.000 si se suma el SPS estimativo). ~245.000 afiliados a la Seguridad Social (Régimen General + RETA).
–Peso sobre el empleo total:Representa entre el 17% y el 21% de la población ocupada.
Representa 79% – 83% de la fuerza laboral.
–Estructura del tejido:Gran concentración en la Junta de Andalucía (62,1%). Servicios de Salud y Educación. Atomización extrema: Micropymes (<5 empleados) y autónomos (RETA 54.000).
–Nivel salarial medio: *Estimado en 2.200 – 2.500 €/mes brutos (mayor peso de titulados superiores).SECTOR PRIVADO (CÓRDOBA)
*Estimado en 1.550 – 1.750 €/mes brutos (lastrado por agricultura y servicios no cualificados).
–Estabilidad y fricción:Inamovilidad laboral (funcionarios) y muy baja rotación voluntaria. Alta estacionalidad (campañas agrícolas, hostelería, comercio).
–Efecto “estructura”:Atracción del talento cualificado (oposiciones como principal vía de ascenso social). Fuga de talento profesional/tecnológico hacia otras provincias/regiones.
<-Efectos distorsionadores o falseadores sobre la economía local:
*Efecto expulsión del talento:La brecha salarial y de condiciones de trabajo entre el empleo público y el privado cordobés (caracterizado por servicios de bajo valor añadido, comercio y agricultura) incentiva a los jóvenes universitarios y cualificados a opositar masivamente en lugar de emprender o incorporarse a pymes locales.
*Dependencia del presupuesto público:La economía cordobesa depende en exceso de las nóminas públicas y las pensiones para sostener el consumo interno y el comercio minorista, reduciendo la capacidad de innovación y exportación de la provincia.
*Sostenibilidad fiscal local:Con más de 50.000 empleados directos y una población envejecida, la ratio entre cotizantes puros del sector privado y perceptores/empleados públicos se sitúa en niveles de alta vulnerabilidad financiera. (Nota. Existe una situación de extrema fragilidad económica en el sector privado, que carece de recursos, ahorros o capacidad de ingresos suficientes para afrontar imprevistos económicos, deudas o cubrir sus necesidades básicas.)
6.- Propuestas e innovaciones en la gestión del empleo público.
***Para superar la miopía estadística y la ineficiencia del modelo actual en Córdoba, se proponen las siguientes líneas de actuación innovadoras:
1.- Implantación de la “RPT consolidada” – (Registro Único de Personal Externo).Crear una plataforma de auditoría obligatoria en la que las Administraciones públicas cordobesas deban registrar no solo sus plazas funcionales, sino cada contrato de servicio externalizado expresado en Horas/Hombre e Indicadores de Ocupación Efectiva. Solo así se conocerá la huella laboral real del Estado en la provincia.
2.- Auditoría de valor por dinero en concesiones y subcontratas.Someter los contratos de externalización a evaluaciones transparentes. Si la contratación externa resulta más costosa que la provisión directa (al sumar el IVA y el margen comercial) y además degrada las condiciones laborales de los prestadores del servicio, se debe proceder a la internalización o gestión directa eficiente.
3. Modernización opositores-pyme – (Bolsas de empleo híbridas).Articular mecanismos para que el enorme contingente de profesionales cualificados que preparan oposiciones en Córdoba y no obtienen plaza puedan conectar dinámicamente con el sector privado local, incentivando su contratación mediante bonificaciones en sectores estratégicos (logística, agroindustria avanzada, tecnología).
N.B. Imagen. El empleo público y su sector público sombra en Córdoba – (SPS).
(Nota. Análisis consolidado, evaluación crítica del empleo directo vs. externalizado y comparativa con el mercado privado cordobés.)
<-El espejismo demográfico de un territorio en cuidados paliativos->
Tesis central – (La despoblación no es un accidente, es el precio de la adicción presupuestaria).
Existe una mentira piadosa en el relato oficial cordobés:
<-La idea de que la sangría demográfica es una plaga fortuita, una especie de maldición geográfica o inevitable “España vaciada”.->
Es falso.
La despoblación vertiginosa de Córdoba y su provincia es la respuesta perfectamente racional de una juventud que detecta un ecosistema socioeconómico sin oxígeno productivo. Córdoba no se está vaciando por casualidad, sino que se está vaciando porque ha sustituido la producción por la transferencia, el riesgo por la comodidad y la innovación por la burocracia.
<-Detrás del discurso anestésico sobre “recuperación, emprendimiento y vertebración”, la realidad es inclemente:
Córdoba no es una provincia en desarrollo, es una provincia en cuidados paliativos. Se ha construido un modelo donde el Estado ya no actúa como la red de seguridad que evita la caída, sino como el respirador artificial que mantiene con vida a un paciente que ha renunciado a caminar por sí solo.
1.- Una economía anestesiada – (El éxodo juvenil financiado con gasto público).
En Córdoba, entre 340.000 y 360.000 personas perciben mensualmente una nómina, pensión, subsidio o ayuda directa financiada por las administraciones públicas:
*183.500 pensionistas (un anclaje demográfico cada vez más envejecido que actúa como soporte familiar involuntario).
*82.870 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (repartidos en 26.600 hogares).
*53.000 empleados públicos (sanidad, educación, justicia, defensa y administración).
*36.000 perceptores de prestaciones por desempleo.
(Nota. 1.- Aclarar que las pensiones contributivas son un salario diferido financiado a través de cotizaciones previas, aunque en muchos casos superan lo cotizado. 2.- Aclarar que médicos, docentes, ingenieros de obras públicas, etc. son capital humano indispensable para que el sector privado pueda operar y ser productivo. 3.- Aclarar que el elevado número de pensionistas e IMV pueden ser la consecuencia y no la causa del envejecimiento demográfico. 4.- Aclarar que sí el Estado retirara su respirador artificial sin un tejido industrial previo el resultado podría ser el colapso del consumo interno y una aceleración de la emigración por pobreza extrema.).
***Frente a esta colosal arquitectura del sustento estatal, el sector privado cordobés apenas suma entre 245.000 y 255.000 ocupados (de los cuales 54.000 son autónomos atrapados en la micro-supervivencia).
<-La métrica del colapso: Por cada 100 trabajadores del sector privado, el sistema debe sostener a más de 140 perceptores de rentas públicas.
(Nota. Aclarar, que aquí se corren riesgos de doble contabilización si no se depuran con cuidado las bases de datos.).
Cuando el generador de riqueza privada es minoritario y está asfixiado a impuestos y trabas, la consecuencia demográfica es matemática: “El talento joven cualificado emigra”.
Los jóvenes cordobeses entienden rápidamente el mensaje del entorno: “O consigues una plaza fija en el Estado, o dependes de un subsidio, o te subes a un tren a Madrid, Málaga o al extranjero.
La despoblación es la válvula de escape de un modelo que ha fijado al Estado como techo del crecimiento en lugar de como suelo de protección.
(Nota. Aclarar que la despoblación tiene otras causas como la aglomeración humana, la falta de infraestructuras de transporte secundario, la dinámica de precios agrícolas globales, etc.)-
2.- El chivo expiatorio – (La coartada moral contra el extranjero).
Cada cierto tiempo, la mediocridad del debate político local necesita una coartada cómoda para no mirar al espejo: “la población inmigrante”. Se la acusa demagógicamente de colapsar las ayudas sociales y agotar las arcas públicas.
<-Las cifras destruyen esa trampa ideológica:
*El 92,5% de los perceptores de fondos públicos en Córdoba son españoles (328.500 personas).
*En las pensiones contributivas y el empleo público, los extranjeros representan apenas un 2% a 3%.
*En las prestaciones de último recurso (IMV, subsidios), su presencia oscila entre el 12% y el 20%.
<-La adicción a la nómina estatal no es un virus importado: “Es un rasgo estructural, cultural y endógeno del modelo cordobés”. Usar al extranjero como chivo expiatorio solo sirve para evitar la pregunta incómoda y verdaderamente provocadora:
¿Por qué la sociedad cordobesa es incapaz de crear empresas privadas capaces de pagar salarios altos, retener talento y generar empleo de valor añadido?
3.- El rostro femenino de la trampa y la deuda no pagada.
La dependencia pública cordobesa tiene un marcado sesgo de género: “Las mujeres representan el 55% de los perceptores globales de nóminas y ayudas públicas. En la sanidad y educación representan el 57% de las plantillas.
**Pero la estadística desgarradora está en la exclusión: “2 de cada 3 titulares del IMV son mujeres, muchas al frente de hogares monomarentales”.
**Más aún: en Córdoba existen unas 1.500 personas mayores de 44 años sin un solo día de contrato registrado en los servicios de empleo, de las cuales más del 75% son mujeres que dedicaron su vida entera al trabajo de cuidados y hogar no remunerado. Aquí el Estado no es un benefactor generoso, porque llega tarde y en forma de limosna para pagar la factura aplazada de una economía provincial que sobrevivió gracias al trabajo invisible e impagado de miles de mujeres.
4.- La jaula de cristal – (El Estado como único horizonte).
Cuando la Administración pública asume simultáneamente el papel de principal empleador, pagador de pensiones, financiado de subsidios, proveedor de servicios y refugio de emergencia, se produce la atrofia del espíritu emprendedor:
<La meta social hegemónica pasa de ser crear, arriesgar e innovar a opositar, esperar y resistir.
<La provincia confunde la estabilidad con la anestesia. Una nómina pública garantiza la hipoteca, pero no produce tecnología, ni patentes, ni exportaciones.
<Un subsidio alivia la pobreza inmediata, pero prolonga la parálisis generacional.
El riesgo real de Córdoba es que se ha acostumbrado a sobrevivir sin crecer, aceptando la despoblación como un mal menor siempre que las transferencias del Estado central y autonómico sigan llegando puntuales a principios de mes.
5.- Provocación para el futuro – (De la provincia administrada a la provincia emancipada).
Una sociedad donde casi la mitad de la población vive conectada directamente al cordón umbilical de las cuentas públicas posee un margen de soberanía ridículo, de forma, que mientras el debate continúe atrapado en batallas estériles (pensionistas contra jóvenes, funcionarios contra autónomos, autóctonos contra inmigrantes), las casas del centro histórico y de los pueblos de la provincia seguirán cerrando sus persianas definitivamente.
**Córdoba no necesita más comisiones institucionales contra la despoblación ni más propaganda sobre el emprendimiento redactada por burocráticos que jamás han contratado a nadie, ya que lo que necesita es un choque de emancipación:
1.- Reorientar el gasto pasivo a inversión en capital riesgo: Menos subsidio a la inercia y más coinversión en agroindustria tecnológica, logística avanzada y transición energética.
2.- Choque de desregulación y exención fiscal inicial: Liberar de cargas administrativas y fiscales a los autónomos y microempresas durante sus primeros tres años de vida.
3.- Alineación educativa implacable: Formación profesional y universitaria conectada de forma vinculante con las demandas del mercado global, terminando con la exportación sistemática de titulados.
4.- Cultura de la responsabilidad: Romper el estigma del fracaso empresarial y prestigiar al creador de empleo privado frente a la sacralización de la plaza pública.
<<Conclusión>>
La verdadera justicia social no consiste en ensanchar permanentemente la cola de los perceptores de subsidios, sino en destruir la necesidad de hacer cola. Una provincia protegida es deseable, pero una provincia que solo puede sobrevivir bajo protección continua es un territorio que ha renunciado a su futuro y ha aceptado su propia despoblación con resignación presupuestaria.
(Nota. Aclarar que sin una demanda solvente previa, infraestructuras adecuadas y redes de transferencia tecnológica consolidadas, la exención fiscal a microempresas de baja productividad, sin dar solución al problema estructural de empleo de alto valor añadido.).
N.B. Imagen. Córdoba administrada a Córdoba emancipada.
Córdoba, 11 de agosto de 2026.
Fdo. Enrique García Montoya.
Exconcejal de Córdoba Ciudad. Exdiputado Provincial.
Exdiputado y Exsecretario del Parlamento de Andalucía.
A LA ATENCIÓN DEL DELEGADO PROVINCIAL DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN CÓRDOBA
Asunto: Denuncia sobre la brecha entre el discurso de contención del gasto y la praxis institucional en la Diputación de Córdoba y la necesaria coherencia de la administración autonómica.
Estimado Sr. Delegado Provincial:
Me dirijo a usted de manera pública y formal para trasladarle una honda preocupación compartida por un amplio sector de la ciudadanía cordobesa respecto a la deriva de la gestión pública en nuestra provincia, caracterizada por una inaceptable brecha entre el discurso programático de contención del gasto público y el pragmatismo institucional que se adopta tras alcanzar el poder.
Como es de su conocimiento, el compromiso electoral asumido con la ciudadanía se fundamenta en principios claros: “Eficiencia en la gestión pública, rigor en el gasto, reducción de la hipertrofia administrativa, contención de la presión fiscal y una firme defensa de los valores de un proyecto político diferenciado. Sin embargo, la actuación del gobierno conservador al frente de la Diputación de Córdoba representa una contradicción flagrante con dicho mandato.
A través de esta carta, me veo en la obligación de denunciar los siguientes aspectos fundamentales:
1.- La paradoja ideológica y la consolidación del modelo de gasto: Tras asumir la presidencia de la Diputación de Córdoba, el actual gobierno provincial no solo ha mantenido, sino que ha ampliado el modelo intervencionista y el esquema de subvenciones directas a fondo perdido. A través de acuerdos presupuestarios que destinan fondos a políticas ideológicas pactadas con la izquierda radical (como la financiación de apertura de fosas), se ha priorizado la paz política y la gobernabilidad inmediata en detrimento de la coherencia ideológica y del contrato ético con sus electores.
2.- Perpetuación del clientelismo y endeudamiento bancario: En lugar de reestructurar organismos como el Instituto de Cooperación con la Hacienda Local (ICHL) para abaratar costes a los consistorios, se ha optado por inflar las cifras de anticipos (alcanzando los 129,07 millones de euros proyectados para 2026) mediante recurrencia masiva a operaciones de crédito con la banca privada (95 millones de euros en pólizas). Esta praxis convierte a la corporación en un «broker» financiero que encarece la administración y perpetúa un asistencialismo que frena la eficiencia municipal y penaliza al contribuyente.
3.- El silencio y la inacción de la Junta de Andalucía: Resulta especialmente grave la pasividad de la administración autonómica. Pretender ampararse exclusivamente en la autonomía local (arts. 137 y 141 CE) para justificar este “silencio clamoroso” constituye un argumento formalista que elude la realidad: “La Diputación de Córdoba recibe nutridos fondos autonómicos para materias clave de la provincia (como la resolución de la crisis hídrica de La Colada), sobre los cuales existe una innegable corresponsabilidad de seguimiento y tutela financiera marco. El silencio de la Junta denota una preocupante primacía de la estabilidad orgánica y la paz del partido por encima del cumplimiento estricto de la disciplina presupuestaria.
El distanciamiento entre las promesas electorales y la ejecución en las instituciones quiebra la confianza legítima de los ciudadanos. Un partido político no es una mera franquicia administrativa, sino un proyecto de valores. Gobernar la Diputación con las herramientas, las concesiones ideológicas y la hipertrofia de gasto propias de otros modelos supone la deserción de los propios principios y genera un inevitable escenario de abstención y desafección electoral.
Por todo ello, le insto, en su calidad de máximo representante del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Córdoba, a abandonar la pasividad institucional, ejercer la autoridad moral y de fiscalización que le corresponde y velar por que la gestión de los recursos públicos de todos los cordobeses responda con rigor a los principios de eficiencia, transparencia y coherencia que la ciudadanía demandó en las urnas.
En Córdoba, a 23 de julio de 2026.
Atentamente,
Fdo. Enrique García Montoya.
Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba.
Exdiputado Provincial de Córdoba.
Exdiputado del Parlamento de Andalucía y Exsecretario del Parlamento.
1.- El Escenario Macroeconómico Nacional – (El “Boom” de las Bajas Laborales).
El absentismo y la Incapacidad Temporal (IT) en España han dejado de ser un asunto puramente de gestión de Recursos Humanos para convertirse en un problema sistémico de sostenibilidad presupuestaria, cohesión social y competitividad.
<-Magnitudes y costes.
*Coste directo absoluto: El coste total del absentismo se cifra en 33.000 millones de euros anuales (un tercio del gasto sanitario total del país), de los cuales 17.000 millones corresponden estrictamente a prestaciones por IT.
*Evolución del gasto (2018 vs. 2026): Se ha pasado de un coste de 14.000 millones de euros en 2018 a los más de 33.000 millones actuales.
*Pérdida de capacidad productiva: El volumen de trabajadores que faltan a su puesto se ha incrementado un 67% desde 2017 (pasando de 959.000 a más de 1,6 millones de personas en el primer trimestre). En términos de PIB, lo que se deja de producir si no se sustituye a estos trabajadores alcanza los 150.000 millones de euros anuales.
<<Asimetría – (Asalariados vs. Autónomos)>>
Los datos de Foment del Treball revelan una brecha sociolaboral profunda:
*Crecimiento (2015-Actualidad): Las bajas crecieron un 102% entre asalariados frente a un modesto 38% en autónomos.
*Predominio: Los asalariados registran 53,73 casos por cada 1.000 trabajadores, duplicando ampliamente los 26,8 casos del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
*Causa crítica: Esta dualidad evidencia que, a pesar de los avances normativos, el autónomo sigue sufriendo una “desprotección real” donde el cese de actividad amenaza directamente la viabilidad de su negocio, obligándole a una autoexigencia de continuidad laboral que no se da en el régimen general.
2.- La gran grieta sectorial – (Sector Público vs. Sector Privado).
Para entender la raíz del problema, es indispensable analizar la profunda brecha que separa al sector público (Administración del Estado, Autonómica y Local) del sector privado. El absentismo no se comporta igual bajo el paraguas de la estabilidad funcionarial que bajo la presión del mercado.
Indicador
Sector Público
Sector Privado
Tasa de Absentismo
Notablemente más elevada (históricamente entre 2 y 3 puntos por encima).
Más moderada y sujeta al ciclo económico.
Duración de los Procesos
Tendencia a la cronicidad (bajas de larga duración).
Procesos más cortos y mayor agilidad en el retorno.
Garantía Salarial (IT)
Cobertura del 100% de la nómina casi generalizada desde el primer día.
Sujeta a mínimos legales (con mejoras según convenio).
Factor de Estabilidad
Blindaje ante el despido (riesgo percibido de desempleo: nulo).
Correlación procíclica (miedo a la pérdida del empleo en pymes).
<<El Sector Público y el factor de cronicidad>>
La Administración Pública presenta unos índices de absentismo estructurales muy elevados, lo que no responde a un único factor, sino a un ecosistema normativo y laboral específico:
*Garantías de IT y “efecto cobertura”: En la gran mayoría de las administraciones, los pactos internos garantizan el 100% de las retribuciones desde el primer día de la baja.
Al anularse el impacto económico negativo para el empleado, desaparece el incentivo financiero para un retorno prematuro sin una recuperación total.
*Inexistencia de riesgo laboral: El blindaje del puesto de trabajo elimina cualquier factor disuasorio o miedo al despido, un elemento que en el sector privado actúa como moderador del absentismo injustificado.
*Edad media avanzada: La plantilla del sector público en España sufre un envejecimiento agudo. A mayor edad, la frecuencia de patologías crónicas y el tiempo de recuperación de dolencias músculo-esqueléticas aumentan de forma natural.
<<El Sector Privado y la urgencia del retorno>>
En el tejido empresarial privado, el escenario cambia drásticamente.
<-Las bajas son considerablemente menores y, sobre todo, de menor duración:
Impacto en renta: Salvo que el convenio colectivo sectorial obligue a la empresa a complementar el 100% de la nómina, el trabajador ve reducidos sus ingresos drásticamente a partir del cuarto día de baja (60% o 75% de la base reguladora).
*Presión y cultura organizativa: En las empresas privadas existe una mayor cercanía con el impacto que produce la ausencia. El trabajador es consciente de que su baja sobrecarga a sus compañeros o debilita la productividad de su departamento, lo que genera una presión psicológica de retorno que no se percibe en las grandes estructuras burocráticas.
3.- Radiografía Regional – (El caso de Andalucía y la paradoja de Córdoba).
El absentismo no es uniforme, sino que responde directamente a los tejidos productivos, la cultura laboral local y la eficiencia de los servicios de salud de cada territorio.
<<Andalucía – (Datos con aumento IT)>>
*Desmitificación del tópico: Andalucía se sitúa tradicionalmente entre las comunidades autónomas con menores tasas de absentismo general (un 7% de las horas pactadas a inicios de 2026), situándose por debajo de regiones altamente industrializadas y sindicalizadas como el País Vasco (líder histórico del indicador).
*El Repunte: Sin embargo, los procesos de IT por contingencias comunes en el Régimen General se dispararon un 74% entre 2017 y 2024, elevando la incidencia autonómica del 17,42% al 26,31%, concentrándose el grueso del volumen en Sevilla y Málaga.
<<La paradoja de Córdoba- (Cronicidad)>>
Córdoba presenta un comportamiento anómalo y muy preocupante dentro del panorama nacional: “No tiene el mayor número de bajas, pero sí las de mayor duración”.
<-Evolución de la cronicidad: En 2014 la duración media de una baja era de 40,48 días; hoy en día ese indicador se ha incrementado notablemente, situando a la provincia a la cabeza de España en duración media de los procesos.
<-El enfoque sindical (CCOO): De las 1,2 millones de horas laborables semanales que se dejan de realizar en la provincia (sobre un total de 9 millones pactadas), el 75,43% (900.000 horas) se deben a vacaciones y bajas médicas legítimas. El resto (300.000 horas) responde a permisos retribuidos legales.
(Nota. Para los sindicatos, el absentismo “injustificado” o fraudulento es estadísticamente residual).
<-Causas específicas de la cronicidad cordobesa:
*Paralización sanitaria: Parece existir un cuello de botella crítico en las listas de espera de especialistas, pruebas diagnósticas y rehabilitaciones en centros de referencia como el Hospital Reina Sofía, lo que “congela” los procesos de IT, alargando la baja de forma artificial e involuntaria para el trabajador.
*Tejido productivo local: Al predominar el sector servicios de proximidad, el pequeño comercio y el sector agroindustrial, el retorno al puesto exige una recuperación física total (especialmente en dolencias músculo-esqueléticas). En estos sectores es casi imposible realizar adaptaciones progresivas o teletrabajo durante la recuperación.
*Sector público: La prevalencia del sector en el empleo de Córdoba y Provincia explica la superior duración de las bajas laborales, de forma, que es un hecho comprobado que su cronocidad duplica al sector privado.
4.- El Impacto de la “doble factura” en las micro-pymes.
Este es el punto más crítico desde la perspectiva de la gestión empresarial y el empleo. En una provincia como Córdoba, donde más del 90% del tejido empresarial son micro-pymes de menos de 10 trabajadores, la baja prolongada de un empleado del sector privado se convierte en una amenaza de asfixia financiera:
├── Días 4 al 15: 60% salario (Empresa) ├── Estructura < 4 empleados:
├── Cuota Patronal obligatoria (100%) Pérdida automática del 25-33% BR
└── “Efecto Convenio” (Comercio/Metal): └── Sobrecarga de compañeros
Complemento al 100% de la nómina (Riesgo de nuevas bajas por estrés)
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[ + COSTE DEL CONTRATO DE SUSTITUCIÓN ]
<-Pérdida de margen y coste de oportunidad: A diferencia de una gran corporación o de la propia Administración Pública -que puede amortizar temporalmente una vacante-, si una micro-pyme pierde a uno de sus tres empleados, su capacidad productiva cae fulminantemente entre un 25% y un 33%. La sobrecarga de los trabajadores restantes eleva el riesgo de nuevas bajas por estrés o ansiedad, generando un destructivo efecto dominó.
5.- Análisis causal – (Ecosistema AIReF).
Para entender este incremento generalizado del absentismo y su divergencia sectorial, la AIReF identifica un ecosistema de factores interconectados que superan la simplificación del “fraude”:
1.- Factores sanitarios (Gestión Pública): El retraso crónico en atención primaria y especializada dilata los tiempos de curación. El propio gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, apunta directamente a la falta de coordinación entre los servicios de salud autonómicos y el nivel central como un factor de ineficiencia.
2.- Factores normativos y convencionales: La mejora de coberturas en convenios colectivos (complementos al 100%) amortigua el impacto económico para el empleado.
Si bien es un logro social indiscutible, desincentiva económicamente el retorno prematuro si no va acompañado de una supervisión médica ágil.
3.- El factor procíclico: La IT se comporta de forma procíclica, porque en ciclos expansivos y de alta ocupación (como el escenario actual hasta 2026), el miedo al despido disminuye en el sector privado y la incidencia de bajas sube, y, en épocas de crisis, el absentismo en el sector privado cae drásticamente, mientras que el sector público se mantiene imperturbable.
4.- Mutación de patologías (Salud Mental): Las bajas por salud mental (ansiedad, depresión) se han disparado un 66% desde 2018. Al no estar formalmente indexadas en el catálogo de enfermedades profesionales (RD 1299/2006), se canalizan masivamente como enfermedad común, sobrecargando las arcas de la Seguridad Social y eludiendo la acción preventiva de las mutuas de trabajo.
6.- Valoración y Propuestas.
Existe una polarización ideológica evidente: *Por un lado, discursos patronales que califican el absentismo de “cáncer” o sugieren que se traslada el mensaje de que “cumplir es opcional”; *por otro, sindicatos que exigen no estigmatizar ni penalizar la salud de la clase trabajadora.
Sin embargo, los datos técnicos (AIReF y Randstad) exigen soluciones de consenso que abandonen la trinchera. Los datos de acumulación de bajas (el 50% de las jornadas perdidas se concentra en apenas el 10% de los trabajadores, sumado al “efecto lunes”, donde faltan el doble de personas que un viernes) demuestran que el fraude existe y debe ser fiscalizado. No obstante, la ineficiencia del sistema sanitario público y la disparidad de reglas entre el sector público y privado son los verdaderos multiplicadores del coste.
<<Propuestas clave en el debate actual>>
<-Mayor competencia a las Mutuas: Permitirles otorgar altas médicas efectivas y realizar pruebas diagnósticas o tratamientos en contingencias comunes, lo que, aliviaría la Sanidad Pública y recortaría drásticamente los tiempos de espera.
<-Exoneración de cuotas patronales en pymes: Liberar a las micro-pymes del pago de la Seguridad Social del trabajador en IT desde el primer día o, al menos, al formalizar un contrato de sustitución, evitando la quiebra técnica por la duplicidad de costes.
<-Interoperabilidad e incorporación gradual: Implementar las recomendaciones de la AIReF relativas a la historia clínica compartida entre el sistema público y las mutuas, y, habilitar las altas médicas de incorporación paulatina (fórmulas mixtas de reincorporación laboral a tiempo parcial), siguiendo el modelo de los países del norte de Europa.
N. B. Imagen – Realidad y mentira. Córdoba – + Duración.
<<A los que faltan los lunes les llaman luneros>>
(Nota. los ciudadanos defiende las bajas justificadas, pero se reclama más control para evitar abusos y reducir el absentismo laboral.)-
