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Deuda del Ayuntamiento de Córdoba (Visión Crítica e Innovadora)

Un grupo amplio de lectores preguntan en -ACOA- sobre la deuda del Ayuntamiento de Córdoba, pues argumentan, que todas las informaciones oficiales que reciben están sazonadas con muchos edulcorantes de que -todo va muy bien-, así que, analizaremos la deuda un poco más allá de los simples números, avanzando hacia un modelo innovador.

La deuda del Ayuntamiento de Córdoba, según vemos a primera vista en Córdoba Abierta (ACOA), refleja una gestión financiera aparentemente prudente, con una reducción de la deuda viva (162 millones de euros en junio de 2025) y una deuda comercial compleja (5-7 millones de euros en el tercer trimestre de 2025). Sin embargo, los datos oficiales -basados en informes del Banco de España, el Ministerio de Hacienda y los presupuestos municipales- suelen ofrecer una narrativa edulcorada que elude cuestiones estructurales.

Desde ACOA pretendemos reexaminar la deuda financiera y comercial del Ayuntamiento desde una perspectiva crítica, cuestionando la sostenibilidad de las estrategias actuales y proponiendo soluciones innovadoras.

Combinando un análisis basado en datos oficiales con un enfoque crítico, buscamos desafiar el statu quo y fomentar un debate sobre cómo Córdoba puede redefinir su futuro financiero.

1.- La Deuda Viva – Una historia de éxito engañosa-.

1.1.- Los Números en Contexto.

La –deuda viva- del Ayuntamiento asciende a 162 millones de euros (junio 2025), un 7,4% menos que los 175 millones de 2024 y 1 millón menos que en el primer trimestre de 2025. Con una deuda per cápita de 500 euros (325.000 habitantes), está por debajo de la media andaluza (600 euros) y nacional (700 euros). Además, la deuda representa el 28% del presupuesto municipal de 2025 (587 millones de euros), un ratio menor que el de Sevilla o Málaga (270 millones cada una). Estos datos, junto con una tendencia sostenida de reducción y una previsión de 15 millones de nuevo endeudamiento en 2025 para inversiones, sugieren una gestión fiscal responsable.

**Perspectiva Crítica: Aunque la reducción es positiva, la narrativa de <declive sostenido> oculta problemas estructurales. El 28% del presupuesto destinado a la deuda, aunque moderado, limita la flexibilidad para emergencias o proyectos transformadores.

*Comparar Córdoba con Sevilla o Málaga ignora las diferencias de escala: “La menor base económica y fiscal de Córdoba implica que su deuda, aunque más baja en términos absolutos, ejerce una presión desproporcionada”.

1.2.- Orígenes: Una Dependencia Heredada.

La deuda proviene principalmente de préstamos bancarios (70-75%, p.ej., BBVA, CaixaBank), líneas del ICO y el Estado (15-20%, p.ej., fondos COVID-19) y, en menor medida, de la Diputación y fondos europeos (5-10%, p.ej., NextGenerationEU). La mayor parte se acumuló durante las crisis de 2010-2020 (crisis financiera y COVID-19), con un 90% de carácter financiero a largo plazo (10-20 años) y tipos de interés del 2-4%.

**Perspectiva Crítica: La dependencia de bancos comerciales para el 70-75% de la deuda evidencia una falta de diversificación en las fuentes de financiación. Los bancos, aunque fiables, imponen calendarios de pago rígidos y cargas de intereses que podrían mitigarse con instrumentos innovadores, como bonos verdes o asociaciones público-privadas. El uso de fondos europeos, aunque beneficioso, genera dependencia de ciclos externos, con riesgos significativos cuando los fondos NextGenerationEU finalicen después de 2026.

1.3.- Destino: Priorizando el Statu Quo.

El 50-60% de la deuda se destina a gastos corrientes (salarios, servicios básicos), mientras que el 30-40% financia inversiones (p.ej., Aucorsa, Sadeco, Emacsa). En 2025, solo 15 de los 37 millones de euros en inversiones se financiarán con deuda, priorizando fondos propios para vivienda, zonas verdes y cultura.

**Perspectiva Crítica: Destinar el 50-60% de la deuda a gastos corrientes es insostenible.

“Los salarios y servicios básicos deberían cubrirse con ingresos corrientes, no con endeudamiento”.

*La transición hacia el uso de fondos propios para inversiones es positiva, pero el presupuesto de inversión (37 millones) es insuficiente frente a ciudades más grandes, limitando la capacidad de Córdoba para abordar el deterioro urbano, la transformación digital o los objetivos climáticos.

La apuesta por inversiones “seguras” como Aucorsa descuida proyectos de alto impacto, como infraestructuras de ciudad inteligente o redes de energía renovable.

2.- La Deuda Comercial – La Carga Oculta.

2.1.- Retrasos Persistentes.

La deuda comercial, que incluye facturas pendientes a proveedores, cotizaciones a la Seguridad Social y obligaciones con Hacienda, no forma parte de la deuda viva y se analiza por separado.

En septiembre de 2025, se estima dicha deuda en 5-7 millones de euros, con un Plazo Medio de Pago (PMP) de 35 días, mejorando desde los 58 días de 2024, pero aún por encima del límite legal de 30 días (Ley 3/2004). En 2024, el superávit de 38,3 millones se destinó a la deuda financiera, no a la comercial, lo que ha perpetuado la morosidad.

**Perspectiva Crítica: La mejora en el PMP es notable, pero los retrasos crónicos (hasta 58 días en 2024) afectan especialmente a proveedores locales (construcción, servicios), que suelen ser pymes con poca capacidad para absorber impagos.

*La priorización del superávit para amortizar deuda financiera en lugar de liquidar facturas comerciales refleja una visión cortoplacista, que perjudica la economía local y la reputación del Ayuntamiento.

2.2.- Seguridad Social y Hacienda – Algunos matices.

El Ayuntamiento está al corriente con la Seguridad Social (cotizaciones por 1.500 empleados) y Hacienda (sin deudas reportadas por IVA o IRPF). Sin embargo, la ausencia de deudas significativas con estos organismos no compensa la morosidad con proveedores, que genera tensiones con el tejido empresarial local.

**Perspectiva Crítica: Aunque estar al día con Seguridad Social y Hacienda es positivo, la falta de transparencia sobre cómo se priorizan estos pagos frente a los proveedores locales plantea preguntas sobre la equidad en la gestión de tesorería.

*Cabe una pregunta: ¿Se está sacrificando el apoyo a las pymes locales para cumplir con obligaciones estatales?

3.- Riesgos Sistémicos y Oportunidades Perdidas.

3.1.- Riesgos.

**Dependencia Bancaria y de Fondos UE: La estructura de la deuda, dominada por bancos y fondos europeos, expone a Córdoba a fluctuaciones en los tipos de interés y a la finalización de programas como NextGenerationEU.

**Morosidad Comercial: Los retrasos en los pagos a proveedores, aunque en descenso, erosionan la confianza del sector privado y podrían derivar en sanciones legales.

**Falta de Ambición Inversora: El presupuesto de inversión (37 millones en 2025) es insuficiente para abordar desafíos estructurales como la despoblación, el cambio climático o la digitalización.

3.2.- Oportunidades Perdidas.

a).- Financiación Innovadora: Córdoba no explora alternativas como bonos verdes, crowdfunding municipal o asociaciones público-privadas, que podrían financiar proyectos sostenibles sin aumentar la deuda tradicional.

b).- Digitalización y Transparencia: El portal de transparencia (cordoba.es/transparencia) podría integrar herramientas de visualización de datos en tiempo real sobre la deuda y el PMP, fomentando la rendición de cuentas.

c).- Inversiones Transformadoras: Proyectos como una red de energía renovable, un sistema de movilidad inteligente o un hub tecnológico (concentrador) podrían posicionar a Córdoba como líder en innovación, pero requieren una visión más audaz.

4.- Propuestas Innovadoras.

1.-Diversificación de Financiación:

*Emitir bonos verdes municipales para financiar proyectos de sostenibilidad (parques solares, eficiencia energética en edificios públicos).

*Crear un fondo municipal de inversión participativa, donde los cordobeses puedan financiar proyectos locales a cambio de retornos simbólicos (p.ej., descuentos en servicios municipales).

2.-Optimización de la Tesorería:

*Implementar un sistema de pago prioritario para proveedores locales, usando el superávit y los 180 millones en caja para reducir el PMP por debajo de los 30 días.

*Desarrollar una plataforma blockchain para gestionar pagos a proveedores, garantizando transparencia y rapidez.

3.-Inversiones Estratégicas:

*Destinar al menos el 50% de las inversiones de 2026 a proyectos de alto impacto: una red de transporte eléctrico, digitalización de servicios públicos o un clúster tecnológico para atraer startups.

*Crear un laboratorio de innovación urbana, financiado parcialmente con fondos europeos, para prototipar soluciones de ciudad inteligente.

3.-Transparencia Radical:

*Publicar un panel interactivo en tiempo real en el portal de transparencia, mostrando la evolución de la deuda, el PMP y el destino de cada euro invertido.

*Organizar foros ciudadanos trimestrales para debatir la gestión de la deuda y recoger propuestas de la ciudadanía.

5.- Conclusión – Un modelo financiero innovador y diferente.

El Ayuntamiento de Córdoba ha logrado reducir su deuda viva y mejorar su deuda comercial, pero la gestión actual carece de la audacia necesaria para transformar la ciudad. La dependencia de bancos, la morosidad con proveedores y la falta de inversiones ambiciosas limitan el potencial de Córdoba.

*Proponemos un cambio de paradigma: diversificar la financiación, priorizar la economía local y apostar por proyectos innovadores que posicionen a Córdoba como referente en sostenibilidad y tecnología.

N.B. Nuestro artículo plantea un enfoque crítico e innovador sobre la deuda del Ayuntamiento de Córdoba para competir y avanzar con luz propia.

Córdoba, 2 de octubre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Asociación Córdoba Abierta -ACOA-. Presidente.

Asociación Córdoba Abierta –ACOA-

Junta Directiva.

Curriculums falsificados – Manifiesto por la Verdad, la Ética y la Coherencia en la Política.

Desde la Asociación Córdoba Abierta –ACOA- hacemos este llamamiento Público en defensa de una política honesta, ética y coherente con el bien común, así:

A la ciudadanía, a los medios de comunicación y a los representantes públicos:

Vivimos tiempos en los que la política necesita, más que nunca, recuperar la confianza de la gente corriente (de la Sociedad Civil), de quienes cumplen con sus obligaciones, estudian, trabajan, pagan impuestos y exigen, con razón, honestidad, ética y coherencia a quienes les representan.

En los últimos días, hemos visto cómo la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, exigía públicamente que el portavoz del PSOE, Patxi López, acredite los “estudios de ingeniería industrial”, que figuran en su perfil oficial. Una petición legítima si se considera que la verdad en la vida pública no es negociable, porque es algo evidente, que esa exigencia debe aplicarse a todos, sin excepciones.

Por ello, y con el mismo criterio, pedimos que el PP actúe con idéntica firmeza y rigor respecto a sus propios cargos. El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes Lopera, figura con “estudios de Derecho” en su currículum oficial, sin acreditar si tiene o no el título. Es decir, exactamente la misma situación por la que el PP pide la dimisión de su adversario político Portavoz del PSOE.

*No pedimos dimisiones selectivas, sino igualdad.

Pedimos coherencia.

*No pedimos linchamientos políticos, sino ética y devolver la confianza de los ciudadanos en la instituciones.

Pedimos responsabilidad a todos por igual.

*No queremos más “y tú más”.

Queremos “y yo también”.

**Por todo ello, exigimos:

1.- Transparencia real y sin ambigüedades en los currículums de todos los cargos públicos, de cualquier partido.

2.- Una revisión voluntaria y pública de los perfiles académicos de los responsables políticos.

3.- La creación de un código ético común que obligue a acreditar la formación que se publica en webs oficiales o perfiles del Congreso, del Senada y de cualquier Institución Pública pagada por los ciudadanos.

4.- Que los partidos políticos actúen primero en casa antes de señalar a los de enfrente.

5.- Que el Congreso de los Diputados impulse una normativa clara y verificable sobre la presentación de méritos académicos.

**Porque la verdad no es patrimonio de ningún partido.

Es la base de la democracia.

**Porque la ética y la coherencia no debería algo extraordinario y raro, sino un deber mínimo de quien nos representa.

**Porque la ciudadanía no es tonta, y, ya no acepta excusas ni cinismo.

Nota Final. Hacemos este llamamiento público no desde una muralla política, sino desde la sociedad civil y desde la responsabilidad ciudadana. Para que la política deje de ser un espectáculo de hipocresías y vuelva a ser lo que debe ser:

“Una herramienta al servicio del bien común”.

Los políticos con Currículums falsificados (por acción o por omisión) deben aplicarse la misma la vara de medir

“La impunidad política es algo inadmisible e inaceptable”.

Córdoba, 31 de julio de 2025.

Asociación Córdoba Abierta -ACOA-

Junta Directiva.

Llamamiento de la Presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ en defensa de los jueces (Ataques políticos a jueces en municipios). Artículo (II)

<<Ejemplos concretos y la necesidad de proteger la independencia judicial>>

El llamamiento de la presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, el 11 de junio de 2025, pone de manifiesto una preocupante realidad: los ataques y descalificaciones a jueces, especialmente en el ámbito local, se han convertido en una práctica recurrente que amenaza la independencia del poder judicial. Estas agresiones no solo ocurren en los grandes tribunales, sino que afectan de manera particularmente grave a los jueces de municipios pequeños, donde la presión política y social es más directa y la impunidad de los agresores parece estar garantizada. A continuación, se presentan ejemplos concretos de casos recientes que ilustran esta problemática, basados en información disponible y en el contexto del llamamiento de Perelló, junto con un análisis de su impacto en el Estado de Derecho.

**Ejemplos locales de ataques políticos a jueces:

Badajoz: Caso de la jueza Beatriz Biedma (2025)
En Badajoz, la magistrada Beatriz Biedma Rojano, titular del Juzgado de Instrucción número 3, ha sido objeto de críticas y presiones públicas por parte de actores políticos locales en relación con sus decisiones judiciales. Según publicaciones en X, las asociaciones judiciales de Extremadura emitieron un comunicado conjunto en respaldo a Biedma, destacando la necesidad de proteger su independencia frente a lo que consideraron un ataque injustificado. Este caso, que también fue apoyado por concentraciones de jueces y fiscales en Badajoz el 11 de junio de 2025, refleja cómo las decisiones judiciales en un municipio pueden generar reacciones políticas que buscan deslegitimar al juez. En particular, se menciona que la Audiencia de Badajoz respaldó a Biedma en un caso relacionado con acusaciones de fraude de ley, lo que evidencia el intento de ciertos actores políticos de interferir en su labor.

Puerto Lumbreras, Murcia: Presiones sobre jueces locales (2014-2017)
Aunque no es un caso reciente, el episodio de Puerto Lumbreras ilustra una dinámica que persiste en muchos municipios. En 2014, una investigación sobre irregularidades en la construcción de un auditorio, liderada por el entonces alcalde Pedro Antonio Sánchez, fue trasladada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia debido a su condición de aforado. Según informes, ciertos jueces locales que intentaron avanzar en la investigación sufrieron presiones indirectas por parte de figuras políticas vinculadas al Partido Popular (PP), quienes buscaban evitar la imputación de Sánchez. Esta situación, que se prolongó hasta 2017, demuestra cómo las autoridades locales pueden ejercer influencia para proteger sus intereses, afectando la imparcialidad de los jueces locales.

Casos genéricos en pequeños municipios españoles.

Aunque no siempre se documentan con nombres específicos debido a la falta de cobertura mediática, se trata de un fenómeno extendido: alcaldes de pequeños municipios que critican públicamente resoluciones judiciales sin fundamentos jurídicos, aprovechando su posición de poder local. Un ejemplo hipotético, pero representativo, sería el de un alcalde que, tras una sentencia que anula una decisión municipal (como la concesión irregular de una licencia urbanística), sale a los medios locales acusando al juez de “actuar contra los intereses del pueblo” o de “no entender la realidad local”. Estas declaraciones, que suelen hacerse sin pruebas y con fines populistas, buscan presionar al juez y deslegitimar su autoridad, dejando al magistrado en una posición de indefensión, especialmente en comunidades pequeñas donde la opinión pública puede ser fácilmente influenciada.

<<La gravedad de los ataques en el ámbito local>>

Los ejemplos anteriores ilustran varios puntos clave:

Vulnerabilidad de los jueces locales: En los municipios, los jueces suelen trabajar solos, sin el respaldo mediático o institucional que tienen los magistrados de instancias superiores. Esto los hace más susceptibles a las presiones de autoridades locales, como alcaldes o concejales, que pueden usar su influencia para generar un clima de hostilidad.
Impunidad de los agresores: Los responsables de estas descalificaciones rara vez enfrentan consecuencias. En el caso de Badajoz, por ejemplo, el respaldo a la jueza Biedma vino de sus colegas y asociaciones judiciales, pero no hay evidencia de sanciones efectivas contra los actores políticos implicados. Esta impunidad refuerza la percepción de que el poder político está por encima de la ley.
Impacto en la confianza ciudadana: Los ataques públicos a jueces locales no solo afectan a los magistrados, sino que erosionan la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. Cuando un alcalde cuestiona abiertamente una resolución, sin fundamentos, envía el mensaje de que las decisiones judiciales son arbitrarias o susceptibles de manipulación.

<<La necesidad de actuar: Propuestas para proteger a los jueces locales>>

El llamamiento de Isabel Perelló debe traducirse en medidas concretas para proteger a los jueces, especialmente en los municipios. Algunas propuestas inspiradas en el contexto actual, incluyen:

Fortalecer los mecanismos de defensa del CGPJ: Como señala un artículo de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la Ley Orgánica del Poder Judicial carece de herramientas efectivas para proteger a los jueces frente a injerencias externas. El CGPJ debe establecer protocolos claros para sancionar a quienes ataquen la independencia judicial, incluyendo declaraciones públicas de condena y, en casos graves, la remisión a la vía penal.

Sanciones a autoridades locales: Los alcaldes o cargos públicos que critiquen resoluciones judiciales sin fundamento deben enfrentar consecuencias, ya sea a través de sanciones administrativas o de procedimientos disciplinarios. Esto requiere una mayor coordinación entre el CGPJ y los poderes locales.
Apoyo institucional a jueces locales: Crear un sistema de apoyo específico para jueces en municipios pequeños, incluyendo asesoramiento legal y psicológico, así como campañas de sensibilización para educar a la ciudadanía sobre la importancia de la independencia judicial.
Respuesta de la sociedad civil: Como propone la Asociación Córdoba Abierta (ACOA), las organizaciones ciudadanas deben desempeñar un papel activo en la defensa de los jueces, promoviendo el respeto a sus decisiones y denunciando cualquier intento de presión política.

<<Conclusión>>

Los ataques políticos a jueces en el ámbito local, como los casos de Badajoz, Puerto Lumbreras o los ejemplos genéricos descritos, son una manifestación clara de la “carcoma perversa” denunciada por Isabel Perelló. Estos episodios, que a menudo pasan desapercibidos en el panorama nacional, tienen un impacto devastador en la independencia judicial y en la confianza ciudadana en el Estado de Derecho. Proteger a los jueces locales no es solo una cuestión de justicia, sino una necesidad urgente para preservar los fundamentos de nuestra democracia. El CGPJ, las asociaciones judiciales y la sociedad civil deben unirse en un esfuerzo colectivo para garantizar que ningún juez, especialmente en los pequeños municipios, se sienta solo frente a las presiones políticas. Como bien se dice en ACOA “si no empezamos defendiendo y apoyando siempre a ese poder judicial pequeño, la conclusión es que estamos perdidos”.

N. B. Hacemos nuestro el llamamiento de la Presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ en defensa de los jueces, con especial referencia a los ataques políticos a jueces en municipios, porque son la base de nuestro Estado de Derecho y el fundamento de la democracia. Están en la primera línea de defensa y hay que protegerlos y servirles de salvaguardia.

Córdoba, 17 de junio de 2025

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Llamamiento de la Presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ en defensa de los jueces (Un grito necesario contra la erosión del Estado de Derecho) – Artículo (I)

El pasado 11 de junio de 2025, la presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, lanzó un contundente llamamiento a las autoridades públicas y a la ciudadanía en general para recuperar el respeto hacia los tribunales y sus jueces. En un contexto de creciente polarización, sus palabras no solo reflejan una preocupación institucional, sino que señalan una amenaza real al pilar fundamental de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho: la independencia judicial. Perelló denunció con firmeza las “descalificaciones constantes” que sufren los jueces por parte de quienes discrepan de sus resoluciones y calificó de “impropias de un Estado democrático avanzado” las manifestaciones que cuestionan directamente a jueces concretos. Este mensaje, que resuena con una claridad innegable, merece no solo nuestra atención, sino una acción inmediata y colectiva para frenar esta deriva.

<<Una realidad alarmante: ataques al poder judicial en todos los niveles>>

La advertencia de la presidenta no es una mera declaración retórica; es un reflejo de una realidad que se extiende desde los más altos tribunales hasta los juzgados de los pequeños municipios. Las descalificaciones a los jueces no son exclusivas de debates nacionales o de casos mediáticos. Es un hecho evidente, que esta actitud se ha normalizado incluso en el ámbito local. Es común escuchar a alcaldes o autoridades municipales cuestionar públicamente resoluciones judiciales, sin argumentos jurídicos, con el único propósito de deslegitimar al juez o jueza que las dicta. Estas críticas, a menudo vertidas con una arrogancia que ignora los principios de separación de poderes, no solo atentan contra la independencia judicial, sino que erosionan la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.

Lo más grave es que estas actitudes provienen en muchos casos de figuras políticas cuya legitimidad no siempre se basa en méritos profesionales o capacidades demostradas, sino en lealtades partidistas. Este fenómeno, que vulnera los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, agrava aún más el problema. Un alcalde que, amparado en una mayoría absoluta, se siente por encima de la ley y ataca a un juez local, no solo comete un abuso de poder, sino que envía un mensaje devastador: que las resoluciones judiciales pueden ser ignoradas o ridiculizadas sin consecuencias.

<<La vulnerabilidad de los jueces locales: un problema estructural>>

El llamamiento de Perelló adquiere una dimensión aún más urgente cuando se analiza la situación de los jueces que ejercen en pequeños municipios. Estos profesionales, que a menudo trabajan en soledad y con recursos limitados, son especialmente vulnerables a las presiones políticas y sociales. Cuando un alcalde o cualquier autoridad local critica públicamente una resolución judicial, no solo pone en entredicho la autoridad del juez, sino que lo expone a un escrutinio injusto por parte de la comunidad. Esta situación, es “insidiosa” y “cobarde”, pues el juez no tiene medios efectivos para defenderse públicamente sin comprometer su imparcialidad.

La impunidad con la que actúan estas autoridades locales es, sin duda, la raíz del problema. La falta de consecuencias legales o políticas para quienes atacan a los jueces fomenta una cultura de desprecio hacia el poder judicial. Si no se actúa con firmeza para proteger a los jueces locales, el mensaje que se envía es que el Estado de Derecho es frágil y que la justicia puede ser doblegada por el poder político. Si no empezamos defendiendo y apoyando siempre a ese poder judicial pequeño, la conclusión es que estamos perdidos”.

<<La responsabilidad del CGPJ y de la sociedad>>

El llamamiento de Isabel Perelló no puede quedar en palabras. Es imprescindible que el CGPJ, como garante de la independencia judicial, tome medidas concretas para proteger a los jueces frente a estos ataques. Esto incluye actuaciones inmediatas contra cualquier político que incurra en descalificaciones públicas hacia jueces concretos. El Consejo debe enviar un mensaje claro: cualquier intento de socavar la autoridad judicial tendrá consecuencias, independientemente de si el ataque proviene de un alto cargo o de un edil de un pequeño municipio.

Sin embargo, la responsabilidad no recae únicamente en las instituciones. La sociedad civil tiene un papel crucial en la defensa del Estado de Derecho. En este sentido, la Asociación Córdoba Abierta (ACOA), en respuesta al llamamiento de Perelló, ha hecho un llamamiento a sus asociados y simpatizantes para rechazar las descalificaciones a los jueces y promover el respeto hacia los tribunales. Esta iniciativa es un ejemplo de cómo la ciudadanía puede contribuir activamente a fortalecer la democracia, recordando que la justicia independiente es un pilar irrenunciable de nuestra convivencia.

<<Conclusión: un compromiso colectivo para salvar la democracia>>

El llamamiento de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ es una advertencia y, al mismo tiempo, una oportunidad para reflexionar sobre el estado de nuestra democracia. Las descalificaciones a los jueces, especialmente cuando se dirigen a profesionales en contextos vulnerables, no son un problema menor; son un ataque directo al fundamento del Estado de Derecho. Como sociedad, debemos rechazar estas actitudes y exigir que las instituciones actúen con contundencia para proteger la independencia judicial.

Hacemos nuestro el mensaje de Isabel Perelló y de la Asociación Córdoba Abierta -ACOA-: Recuperar el respeto hacia los jueces y tribunales es una tarea urgente y colectiva. Solo a través de un compromiso real, que defienda tanto a los magistrados del Tribunal Supremo como a los jueces de los pequeños pueblos, podremos garantizar que la justicia siga siendo el pilar que sostiene nuestra democracia.

N. B. Hacemos nuestro el llamamiento Presidenta T. S. y CGPJ y rechazamos las descalificaciones a jueces concretos, porque lo contrario es destruir nuestro Estado de Derecho y el fundamento de la democracia.

Córdoba, 17 de junio de 2025

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.