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Llamamiento de la Presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ en defensa de los jueces (Ataques políticos a jueces en municipios). Artículo (II)

<<Ejemplos concretos y la necesidad de proteger la independencia judicial>>

El llamamiento de la presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, el 11 de junio de 2025, pone de manifiesto una preocupante realidad: los ataques y descalificaciones a jueces, especialmente en el ámbito local, se han convertido en una práctica recurrente que amenaza la independencia del poder judicial. Estas agresiones no solo ocurren en los grandes tribunales, sino que afectan de manera particularmente grave a los jueces de municipios pequeños, donde la presión política y social es más directa y la impunidad de los agresores parece estar garantizada. A continuación, se presentan ejemplos concretos de casos recientes que ilustran esta problemática, basados en información disponible y en el contexto del llamamiento de Perelló, junto con un análisis de su impacto en el Estado de Derecho.

**Ejemplos locales de ataques políticos a jueces:

Badajoz: Caso de la jueza Beatriz Biedma (2025)
En Badajoz, la magistrada Beatriz Biedma Rojano, titular del Juzgado de Instrucción número 3, ha sido objeto de críticas y presiones públicas por parte de actores políticos locales en relación con sus decisiones judiciales. Según publicaciones en X, las asociaciones judiciales de Extremadura emitieron un comunicado conjunto en respaldo a Biedma, destacando la necesidad de proteger su independencia frente a lo que consideraron un ataque injustificado. Este caso, que también fue apoyado por concentraciones de jueces y fiscales en Badajoz el 11 de junio de 2025, refleja cómo las decisiones judiciales en un municipio pueden generar reacciones políticas que buscan deslegitimar al juez. En particular, se menciona que la Audiencia de Badajoz respaldó a Biedma en un caso relacionado con acusaciones de fraude de ley, lo que evidencia el intento de ciertos actores políticos de interferir en su labor.

Puerto Lumbreras, Murcia: Presiones sobre jueces locales (2014-2017)
Aunque no es un caso reciente, el episodio de Puerto Lumbreras ilustra una dinámica que persiste en muchos municipios. En 2014, una investigación sobre irregularidades en la construcción de un auditorio, liderada por el entonces alcalde Pedro Antonio Sánchez, fue trasladada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia debido a su condición de aforado. Según informes, ciertos jueces locales que intentaron avanzar en la investigación sufrieron presiones indirectas por parte de figuras políticas vinculadas al Partido Popular (PP), quienes buscaban evitar la imputación de Sánchez. Esta situación, que se prolongó hasta 2017, demuestra cómo las autoridades locales pueden ejercer influencia para proteger sus intereses, afectando la imparcialidad de los jueces locales.

Casos genéricos en pequeños municipios españoles.

Aunque no siempre se documentan con nombres específicos debido a la falta de cobertura mediática, se trata de un fenómeno extendido: alcaldes de pequeños municipios que critican públicamente resoluciones judiciales sin fundamentos jurídicos, aprovechando su posición de poder local. Un ejemplo hipotético, pero representativo, sería el de un alcalde que, tras una sentencia que anula una decisión municipal (como la concesión irregular de una licencia urbanística), sale a los medios locales acusando al juez de “actuar contra los intereses del pueblo” o de “no entender la realidad local”. Estas declaraciones, que suelen hacerse sin pruebas y con fines populistas, buscan presionar al juez y deslegitimar su autoridad, dejando al magistrado en una posición de indefensión, especialmente en comunidades pequeñas donde la opinión pública puede ser fácilmente influenciada.

<<La gravedad de los ataques en el ámbito local>>

Los ejemplos anteriores ilustran varios puntos clave:

Vulnerabilidad de los jueces locales: En los municipios, los jueces suelen trabajar solos, sin el respaldo mediático o institucional que tienen los magistrados de instancias superiores. Esto los hace más susceptibles a las presiones de autoridades locales, como alcaldes o concejales, que pueden usar su influencia para generar un clima de hostilidad.
Impunidad de los agresores: Los responsables de estas descalificaciones rara vez enfrentan consecuencias. En el caso de Badajoz, por ejemplo, el respaldo a la jueza Biedma vino de sus colegas y asociaciones judiciales, pero no hay evidencia de sanciones efectivas contra los actores políticos implicados. Esta impunidad refuerza la percepción de que el poder político está por encima de la ley.
Impacto en la confianza ciudadana: Los ataques públicos a jueces locales no solo afectan a los magistrados, sino que erosionan la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. Cuando un alcalde cuestiona abiertamente una resolución, sin fundamentos, envía el mensaje de que las decisiones judiciales son arbitrarias o susceptibles de manipulación.

<<La necesidad de actuar: Propuestas para proteger a los jueces locales>>

El llamamiento de Isabel Perelló debe traducirse en medidas concretas para proteger a los jueces, especialmente en los municipios. Algunas propuestas inspiradas en el contexto actual, incluyen:

Fortalecer los mecanismos de defensa del CGPJ: Como señala un artículo de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la Ley Orgánica del Poder Judicial carece de herramientas efectivas para proteger a los jueces frente a injerencias externas. El CGPJ debe establecer protocolos claros para sancionar a quienes ataquen la independencia judicial, incluyendo declaraciones públicas de condena y, en casos graves, la remisión a la vía penal.

Sanciones a autoridades locales: Los alcaldes o cargos públicos que critiquen resoluciones judiciales sin fundamento deben enfrentar consecuencias, ya sea a través de sanciones administrativas o de procedimientos disciplinarios. Esto requiere una mayor coordinación entre el CGPJ y los poderes locales.
Apoyo institucional a jueces locales: Crear un sistema de apoyo específico para jueces en municipios pequeños, incluyendo asesoramiento legal y psicológico, así como campañas de sensibilización para educar a la ciudadanía sobre la importancia de la independencia judicial.
Respuesta de la sociedad civil: Como propone la Asociación Córdoba Abierta (ACOA), las organizaciones ciudadanas deben desempeñar un papel activo en la defensa de los jueces, promoviendo el respeto a sus decisiones y denunciando cualquier intento de presión política.

<<Conclusión>>

Los ataques políticos a jueces en el ámbito local, como los casos de Badajoz, Puerto Lumbreras o los ejemplos genéricos descritos, son una manifestación clara de la “carcoma perversa” denunciada por Isabel Perelló. Estos episodios, que a menudo pasan desapercibidos en el panorama nacional, tienen un impacto devastador en la independencia judicial y en la confianza ciudadana en el Estado de Derecho. Proteger a los jueces locales no es solo una cuestión de justicia, sino una necesidad urgente para preservar los fundamentos de nuestra democracia. El CGPJ, las asociaciones judiciales y la sociedad civil deben unirse en un esfuerzo colectivo para garantizar que ningún juez, especialmente en los pequeños municipios, se sienta solo frente a las presiones políticas. Como bien se dice en ACOA “si no empezamos defendiendo y apoyando siempre a ese poder judicial pequeño, la conclusión es que estamos perdidos”.

N. B. Hacemos nuestro el llamamiento de la Presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ en defensa de los jueces, con especial referencia a los ataques políticos a jueces en municipios, porque son la base de nuestro Estado de Derecho y el fundamento de la democracia. Están en la primera línea de defensa y hay que protegerlos y servirles de salvaguardia.

Córdoba, 17 de junio de 2025

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Llamamiento de la Presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ en defensa de los jueces (Un grito necesario contra la erosión del Estado de Derecho) – Artículo (I)

El pasado 11 de junio de 2025, la presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, lanzó un contundente llamamiento a las autoridades públicas y a la ciudadanía en general para recuperar el respeto hacia los tribunales y sus jueces. En un contexto de creciente polarización, sus palabras no solo reflejan una preocupación institucional, sino que señalan una amenaza real al pilar fundamental de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho: la independencia judicial. Perelló denunció con firmeza las “descalificaciones constantes” que sufren los jueces por parte de quienes discrepan de sus resoluciones y calificó de “impropias de un Estado democrático avanzado” las manifestaciones que cuestionan directamente a jueces concretos. Este mensaje, que resuena con una claridad innegable, merece no solo nuestra atención, sino una acción inmediata y colectiva para frenar esta deriva.

<<Una realidad alarmante: ataques al poder judicial en todos los niveles>>

La advertencia de la presidenta no es una mera declaración retórica; es un reflejo de una realidad que se extiende desde los más altos tribunales hasta los juzgados de los pequeños municipios. Las descalificaciones a los jueces no son exclusivas de debates nacionales o de casos mediáticos. Es un hecho evidente, que esta actitud se ha normalizado incluso en el ámbito local. Es común escuchar a alcaldes o autoridades municipales cuestionar públicamente resoluciones judiciales, sin argumentos jurídicos, con el único propósito de deslegitimar al juez o jueza que las dicta. Estas críticas, a menudo vertidas con una arrogancia que ignora los principios de separación de poderes, no solo atentan contra la independencia judicial, sino que erosionan la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.

Lo más grave es que estas actitudes provienen en muchos casos de figuras políticas cuya legitimidad no siempre se basa en méritos profesionales o capacidades demostradas, sino en lealtades partidistas. Este fenómeno, que vulnera los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, agrava aún más el problema. Un alcalde que, amparado en una mayoría absoluta, se siente por encima de la ley y ataca a un juez local, no solo comete un abuso de poder, sino que envía un mensaje devastador: que las resoluciones judiciales pueden ser ignoradas o ridiculizadas sin consecuencias.

<<La vulnerabilidad de los jueces locales: un problema estructural>>

El llamamiento de Perelló adquiere una dimensión aún más urgente cuando se analiza la situación de los jueces que ejercen en pequeños municipios. Estos profesionales, que a menudo trabajan en soledad y con recursos limitados, son especialmente vulnerables a las presiones políticas y sociales. Cuando un alcalde o cualquier autoridad local critica públicamente una resolución judicial, no solo pone en entredicho la autoridad del juez, sino que lo expone a un escrutinio injusto por parte de la comunidad. Esta situación, es “insidiosa” y “cobarde”, pues el juez no tiene medios efectivos para defenderse públicamente sin comprometer su imparcialidad.

La impunidad con la que actúan estas autoridades locales es, sin duda, la raíz del problema. La falta de consecuencias legales o políticas para quienes atacan a los jueces fomenta una cultura de desprecio hacia el poder judicial. Si no se actúa con firmeza para proteger a los jueces locales, el mensaje que se envía es que el Estado de Derecho es frágil y que la justicia puede ser doblegada por el poder político. Si no empezamos defendiendo y apoyando siempre a ese poder judicial pequeño, la conclusión es que estamos perdidos”.

<<La responsabilidad del CGPJ y de la sociedad>>

El llamamiento de Isabel Perelló no puede quedar en palabras. Es imprescindible que el CGPJ, como garante de la independencia judicial, tome medidas concretas para proteger a los jueces frente a estos ataques. Esto incluye actuaciones inmediatas contra cualquier político que incurra en descalificaciones públicas hacia jueces concretos. El Consejo debe enviar un mensaje claro: cualquier intento de socavar la autoridad judicial tendrá consecuencias, independientemente de si el ataque proviene de un alto cargo o de un edil de un pequeño municipio.

Sin embargo, la responsabilidad no recae únicamente en las instituciones. La sociedad civil tiene un papel crucial en la defensa del Estado de Derecho. En este sentido, la Asociación Córdoba Abierta (ACOA), en respuesta al llamamiento de Perelló, ha hecho un llamamiento a sus asociados y simpatizantes para rechazar las descalificaciones a los jueces y promover el respeto hacia los tribunales. Esta iniciativa es un ejemplo de cómo la ciudadanía puede contribuir activamente a fortalecer la democracia, recordando que la justicia independiente es un pilar irrenunciable de nuestra convivencia.

<<Conclusión: un compromiso colectivo para salvar la democracia>>

El llamamiento de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ es una advertencia y, al mismo tiempo, una oportunidad para reflexionar sobre el estado de nuestra democracia. Las descalificaciones a los jueces, especialmente cuando se dirigen a profesionales en contextos vulnerables, no son un problema menor; son un ataque directo al fundamento del Estado de Derecho. Como sociedad, debemos rechazar estas actitudes y exigir que las instituciones actúen con contundencia para proteger la independencia judicial.

Hacemos nuestro el mensaje de Isabel Perelló y de la Asociación Córdoba Abierta -ACOA-: Recuperar el respeto hacia los jueces y tribunales es una tarea urgente y colectiva. Solo a través de un compromiso real, que defienda tanto a los magistrados del Tribunal Supremo como a los jueces de los pequeños pueblos, podremos garantizar que la justicia siga siendo el pilar que sostiene nuestra democracia.

N. B. Hacemos nuestro el llamamiento Presidenta T. S. y CGPJ y rechazamos las descalificaciones a jueces concretos, porque lo contrario es destruir nuestro Estado de Derecho y el fundamento de la democracia.

Córdoba, 17 de junio de 2025

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Cosas importantes V – Condonación de deuda a CC. AA. (Pagan los españoles)

Seguimos con las cosas importantes, ahora se condona la deuda a la CC. AA. y todos los españoles a pagar, pues la deuda no desaparece sino que cambia de bolsillo, pasa de las Comunidades manirrotas al poder del Estado, de manera, que los españoles de a pie van a ser atracados una vez más y tendrán que hacer frente al pago de una deuda escalofriante, aunque a la mayoría de los Presidentes de las CC.AA. derrochadores y manirrotos les parece bien y tragarán genuflexos y contentos, porque todos ellos están convencidos que el dinero en su bolsillo está mejor que en el de sus verdaderos dueños, esos españoles de a pie a los que exprimen sin control.

Es revelador ver en todo su esplendor como los poderes públicos se coaligan entre sí, cuando se trata de expoliar a los españoles de a pie, que son los que de verdad pagan, así:

1º.- Se verá pronto, que la gran mayoría de las 17 CC.AA. tragarán encantadas la condonación de su deuda, a mayor gloria de Cataluña y de las políticas del aumento del gasto público improductivo, porque todos están conformes en vaciar el bolsillo de los españoles.

2º.- Los españoles seguirán pagando cada vez más y recibiendo menos servicios, todo ello en aras de una impostada solidaridad interterritorial mentirosa y cautiva de un gasto público perverso y empobrecedor.

3º.- La Conferencia de Presidentes, que se dice fallida, ha sido el campo de pruebas del consenso condonador, solo la Presidenta de Madrid lo ha dicho claro: “Las deudas se pagan y si hay condonación solo para Valencia”.

4º.- La verdad es que el Presidente Feijóo se ha quedado solo, sabiendo que habrá condonación de deuda y que al final casi todos aplaudirán bailando al compás.

5º.- Los ciudadanos de a pie asistimos, una vez más, al “abandono de las cosas importantes”, donde los políticos profesionales, preocupados solo por el poder y despreocupados del valor justicia patrimonio del Pueblo que los elige, se condonarán complacidos.

Lo expuesto que hay es lo que hay: “A pagar y callar”. Es lo que dice el refrán, -jugar, perder, pagar, callar-. Aunque ni todo se puede callar siempre, ni se puede dejar de hablar.

Córdoba Abierta -ACOA- está para luchar por las “cosas importantes” como el valor justicia, la libertad y la igualdad, y, visto lo visto, solo cabe ya la autodefensa mediante una revolución pacífica, porque ahora sabemos todos, que nadie va a solucionar nuestros problemas, salvo que seamos nosotros mismos los que nos pongamos a ello. En eso estamos.

N.B. Las cosas importantes como la condonación de deuda a CC. AA. no pueden ser a costa de los españoles, mientras los políticos derrochan los bienes públicos, que son de todos los españoles.

Es ya algo necesario, celebrar de inmediato unas elecciones libres y democráticas.

Córdoba, a 17 de diciembre de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA – Córdoba. Cd. 1316.

Errores – SEMPERAZO – Una vez más (Ud. iría también si lo cita Bildu – faltaría más)

Los errores del P. P. y de algunos significados de sus dirigentes son demasiado incluso para sus incondicionales (eso que se llama suelo electoral), lo último ha sido la declaración pública contra la Presidenta Ayuso del incalificable Sr. Semper, diciendo contra toda la realidad que “hay que preservar la institucionalidad”, añadiendo un guiñapo perverso contra la Presidenta de Madrid, diciendo “yo si iría”. Es una pena, frente a defensa imprescindible de unidad, el menosprecio a los suyos haciendo el juego al adversario, que se salta toda constitucionalidad.

Bildu es un partido constitucional, así que Sr. Borja Semper a tragar y votar como a Ud. le gusta, sobre todo si se trata de ese partido pacífico y legal.

Es más, “debería Ud. hacer una declaración pública al respecto de adhesión inquebrantable”.

Coincide Ud. con la Ministra Yolanda Diaz y todo el Gobierno del Presidente Sánchez arremetiendo contra la Presidenta Ayuso por romper con la -institucionalidad- (yo iría), que ha defendido públicamente contra todos los votantes del P.P., así que, Dios nos coja confesados si llega a ocupar alguna vez, no lo quieran los hados, un puesto de poder.

Ud. es una máquina de machacar votos del Partido Popular.

Ud. votó la Ley Txapote a conciencia, de manera, que ya solo le queda votar a sanchilandia y ponerle una moción de censura a la Presidenta de Madrid Sñrª. Ayuso.

Frente a la institucionalidad que defiende irresponsablemente, sin ningún criterio ni apoyo, unidad, libertad y defensa de la Constitución de 1978.

N.B. Una vez más, el Sr. Semper contra todos los votantes del P. P., faltaría más.

Txapoteando en el fango de la incoherencia y de la irresponsabilidad.

Córdoba, a 22 de octubre de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

EL MURO – Diputación de Córdoba – el Presidente del P. P. apuntala su muro (políticas socialistas adoptadas)

Leo en Vozpopuli un artículo de Jorge Sáinz. Publicado: 30/11/2023 04:45, donde dice, entre otras cosas;

{ “Pedro Sánchez coloniza los ministerios con cargos afines: “Este es el verdadero muro del PSOE”.

“El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, extiende su red de fieles a los segundos niveles de los ministerios”.

“Fuentes socialistas consultadas por Vozpópuli interpretan, que Sánchez ha aprovechado los nombramientos para intensificar su control sobre el Ejecutivo. “Este es el verdadero muro que se ha levantado en el PSOE”, dicen estas fuentes parafraseando el discurso de Sánchez en la investidura”.

(Recomiendo leer el artículo completo).

Leo, también, que el Presidente del P. P. Sr. Núñez Feijoo ha remodelado la cúpula de su partido entre otras cosas, para tratar de derribar el MURO del Presidente Sr. Sánchez,

Dicho lo anterior, vengo diciendo, y, así lo he comunicado a los dirigentes del Partido Popular de Córdoba, que el Presidente de la Diputación de Córdoba, Sr. Fuentes Lopera, está aplicando a “tutiplén” las políticas socialistas de la Corporación anterior del inelegido Sr. Ruiz, aprobando, además, amnistías fuera de la ley a los responsables políticos y gestores de las empresas y entes públicos de la Diputación de la anterior Corporación Provincial (he citado casos como la Empresa Emproacsa, la Empresa Epremasa, etc., así que, me remito a mis artículos anteriores).

Repito, el Presidente de la Diputación de Córdoba del P. P., Sr. Fuentes Lopera, siguiendo a la contra las políticas del Sr. Núñez Feijoo y aplicando las políticas de la Presidenta del Congreso, Sñrª. Armengol, también, a la contra y en dirección contraria, ha decidido aplicar su “pequeña amnistía” a las políticas socialistas de la Corporación, no destruyendo el muro que habían construido, sino para apuntalándolo y haciéndolo suyo, de manera, que asume las políticas de sus adversarios socialistas instaladas en la Diputación y su muro gordiano de personal afín (que no corta), porque está convencido de que todos los que hemos votado al P. P. vamos a callar, mientras él se refugia calentito en las brasas del PSOE.

Que nadie del P. P. de escude en que “es diálogo y conciliación”, porque lo que hace una y otra vez el Presidente de la Diputación, designado a dedo, es venderse y comprar las políticas socialistas implantadas en la Diputación, que son las mismas aprobadas por unanimidad cerrada por los socialistas cordobeses partidarios de la amnistía del Presidente Sr. Sánchez.

El Presidente digital Sr. Fuentes Lopera del P. P. debe ser dimitido por los que le nombraron.

Dicho de otra manera, el Sr. Fuentes Lopera se ha construido su propio MURO, pero utilizando todo el material utilizado por la Corporación Socialista del Sr. Ruiz, porque le da todo igual, solo quiere una cosa “estar en su poltrona para la que le han designado a puro dedo unos dirigentes populares”, de manera, *que si tiene que renunciar a sus principios lo hace y punto, *que se tiene que apoyar en personas adversarias, que han abrazado la amnistía del Presidente Sánchez unidos como una piña, lo hace y punto, *que tiene que pisotear a sus votantes para aplicar su “pequeña amnistía”, lo hace y punto: Lo esencial para él es disfrutar del refrán gongorino de “ande yo caliente, ríase la gente”.

El Presidente Felipe González ha dicho públicamente que Él no ha cambiado, que los que han cambiado han sido los dirigentes actuales del Psoe y el Presiente Sánchez, pues yo sigo diciendo lo mismo, pero del P. P. en Córdoba y de su Presidente de la Diputación, que yo sigo defendiendo las ideas y principios votados en las elecciones municipales pasadas del P. P., y, que el que no lo hace y, además, ataca a los votantes del partido popular es el Presidente Sr. Fuentes Lopera.

Le aplico al Presidente de la Diputación de Córdoba, Sr. Fuentes Lopera, las palabras del Presiente González, y, digo con mucho dolor, { “que el Sr. Fuentes Lopera ha construido un muro contra los votantes del P. P., además, utilizando personal y material de construcción recogido de las políticas socialistas” }.

Lo repito, el Presidente Fuentes Lopera está aplicando sin rubor *su “amnistía pequeñita”, su lawfare contra los votantes del P. P., *su muro de ideas contrarias a las del P. P., *su persecución a los que hemos votado al P. P. y, así, un largo etc. de despropósitos, con la única finalidad de estar y disfrutar tranquilo de un poder provincial, que no le pertenece.

Vuelvo a pedir a los dirigentes del P. P., que le eligieron y están informados debidamente, que lo “DIMITAN YA”.

N.B. Los muros están para derribarlos, no para apuntalarlos y subirse en ellos, como está haciendo el Presidente de la Diputación de Córdoba, que ha hecho del muro que le habían construido, SU MURO.

El Presidente de la Diputación Provincial de Córdoba está demostrando, que se basta por sí mismo para destruir las políticas del Partido Popular, mientras aplica su “lawfare” contra los votantes del P. P.

No nos callaremos ante es un abuso de poder insoportable.

Córdoba, a 2 de diciembre de 2023

Fdo. Enrique García Montoya.

(Concejal y Diputado Provincial en la legislatura local 1983-1987 de Alianza Popular y Portavoz del Grupo Provincial de A. P.)

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S. -en excedencia-.