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Estanflación en Córdoba – (Análisis, vulnerabilidad y efectos)

La trampa cordobesaque pone a los ciudadanos a los pies de los caballos.

Los precios que no bajan y las condiciones políticas adversas están dejando a muchos cordobeses en una posición de extrema vulnerabilidad, casi a los pies de los caballos.

En las calles de Córdoba la economía ha entrado en una danza lenta y pesada:

La estanflación (o, más exactamente, la slowflation), ha pasado de los libros de texto a la realidad, de manera, que la sensación diaria es, que el crecimiento se ha frenado mientras la inflación sigue mordiendo.

1.- El escenario nacional – (un frenazo con inflación pegajosa).

A mediados de marzo de 2026, España evita por los pelos la recesión técnica, pero se encuentra atrapada en lo que los analistas llaman Slowflation: “Crecimiento lento + inflación persistente).

Tras un 2025 aceptable (2,8 %), las previsiones para 2026 se han revisado a la baja, situándose entre el 2,0 % y el 2,4 %.

<-Los conflictos geopolíticos (como la inestabilidad en el Estrecho de Ormuz) ya están restando dinamismo al primer trimestre.

<-La inflación se resiste: el IPC ronda el 3%, con riesgo de superar el 4% por el encarecimiento de energía y alimentos.

Y aquí viene lo más peligroso: Los efectos de segunda ronda”. Cuando los salarios suben para compensar el coste de la vida, se genera una nueva espiral de precios que alimenta la inflación. Es un círculo vicioso que las familias y las empresas cordobesas conocen demasiado bien.

2.- La trampa cordobesa – (Vulnerabilidad asimétrica).

Córdoba no sufre la misma tormenta que el resto de España, porque la nuestra es una vulnerabilidad asimétrica, ya que, el golpe recae mucho más sobre un lado (el de las familias y pequeños empresarios) que sobre el otro.

Nuestra economía depende en exceso del sector primario (olivar, agricultura) y del turismo, lo que nos hace especialmente frágiles.

<<Indicadores locales que duelen>>

-Crecimiento del PIB provincial: Apenas 1,7% (muy por debajo de la media nacional).

-IPC local: Cerca del 3,5%, agravado por los sobrecostes logísticos y de transporte.

-Tasa de paro estructural: Se resiste a bajar del 14 %.

Con un paro tan alto, las familias cordobesas tienen mucha menos capacidad de absorber subidas de precios que en otras provincias.

3.- Sectores clave y la tenaza económica.

*El agro y el “oro líquido”: El aceite de oliva, orgullo y motor de Córdoba, vive una paradoja cruel. Los costes de insumos (fertilizantes, energía, gasóleo) han subido un 20 %, y, por otro lado, con los tipos de interés altos, nadie invierte en modernizar las explotaciones. La productividad se estanca y el futuro se oscurece, de forma, que es como si el oro líquido se estuviera derramando antes de llegar al mercado.

*Hostelería y el “efecto menú del día”. Llegan más turistas, sí. Pero gastan menos. En barrios como Ciudad Jardín o el Centro, los pequeños negocios ven cómo suben los costes de la materia prima mientras los clientes aprietan el cinturón, de manera, que el  resultado es negativo: “Márgenes que se estrujan hasta desaparecer y cierres de locales que antes eran el alma del barrio”.

*Logística y la Base BLET. La Base Logística del Ejército de Tierra sigue siendo la gran esperanza de empleo y desarrollo, sin embargo, la incertidumbre presupuestaria y el encarecimiento de los materiales de construcción amenazan con retrasar su puesta en marcha. El futuro se aplaza una vez más.

4.- Consecuencias directas para empresas y familias.

Esta combinación de inflación + crecimiento lento está produciendo efectos muy concretos y dolorosos:

1.- Erosión del ahorro: las familias cordobesas destinan ya el 40 % de sus ingresos solo a cubrir necesidades básicas.

2.- Desánimo inversor: el pequeño empresario entra en “modo supervivencia”. Se posponen contrataciones y proyectos ante la incertidumbre del consumo en la segunda mitad del año.

3.- Brecha digital: sin márgenes para invertir, Córdoba corre el riesgo de quedarse atrás frente a provincias vecinas que sí avanzan en digitalización y modernización.

<<Conclusión. – (No estamos en el abismo, pero sí en una parálisis de márgenes).

Córdoba no está en situación límite… todavía, pero sí en una parálisis de márgenes donde la inflación se come el poco crecimiento que generan el turismo y la logística.

**La recuperación real dependerá de dos cosas que hoy parecen lejanas:

<-La ejecución ágil y real de los fondos europeos. <-Una buena campaña agrícola que logre estabilizar los precios en origen.

Mientras tanto, los precios altos y las condiciones políticas adversas están dejando a muchos cordobeses literalmente a los pies de los caballos. Es tiempo de resistencia estructural y de una gestión empresarial extremadamente analítica, creativa y valiente.

N.B. Imagen. Córdoba estanflación y efectos.

Es tiempo de resistencia estructural y de una gestión empresarial extremadamente analítica, aunque Córdoba siempre ha sabido reinventarse y ahora no puede ser menos.

Córdoba, 27 de marzo de 2026.

Enrique García Montoya.

 Abogado. ICA-Córdoba.  Inspector de Trabajo y S.S.

Realidad de la inflación en Córdoba – (Trampa estadística vs. IPC ciudadano)

Un grupo de cordobeses me escribe diciendo: La bolsa de la compra cuesta más y pesa menos, y, tienen razón, ya que, los datos oficiales sitúan la inflación nacional en el 2,3 % (febrero 2026), pero cualquier familia que compre huevos, frutas, verduras o aceite sabe que la realidad es otra. La inflación subyacente ya escala al 2,7 % y, en la cesta básica cordobesa, los alimentos superan el 3 % interanual (datos locales confirmados). La reduflación (mismo precio, menos producto) y el encarecimiento de hostelería (+5 % aproximado en servicios) completan el cuadro.

El índice general actúa hoy como una celosía digital, ocultando la erosión real del poder adquisitivo, aunque ya no vale solo denunciarlo, sino que ha llegado  el momento de piratear el sistema.

<<Espejismo oficial vs. Radiografía real (enero-febrero 2026)>>

CategoríaVariación oficial aproximadaImpacto real en Córdoba
Alimentación+3,0–3,4 %Recorte directo en el plato diario
Hostelería y restauración+4,5–5,5 %Ocio y turismo local castigados
IPC general nacional+2,3 %Maquillado por electricidad (-18 % mensual)
IPC subyacente+2,7 %Inflación incrustada y estructural

(Fuente: INE indicador adelantado febrero 2026 + desgloses Andalucía. Nota: Los datos provinciales detallados por grupos se publican con retardo, y, la percepción ciudadana coincide con la subyacente.

<<Una sospecha y una solución tecnológica>>

La inflación acumulada desde 2021 supera el 23 % en términos reales para la clase media trabajadora, que no es “temporal”, sino que es estructural, sin embargo, repetir gasto público desbocado sin más ya no basta, hay que ir a un verdadero salto crítico, pasando de la queja a la creación de datos.

**Innovación 1: IPC Ciudadano. Imagina un software de código abierto (impulsado por el Ayuntamiento y la Universidad de Córdoba) donde cada cordobés escanea su ticket de compra con el móvil, y, a través de la  IA se agregan miles de cestas anónimas en tiempo real, ponderadas por ingresos reales (no por la cesta media del INE).

*Resultado: Un índice diario, transparente y geolocalizado. Córdoba podría ser la primera provincia española con un tablero de inflación público y verificable por un libro de contabilidad digital compartido, y, adiós al maquillaje metodológico.

**Innovación 2: Cadena de suministro trazable con libro de contabilidad digital compartido e inmutable. Por ej. los olivares, huertas y ganadería de Córdoba pueden transformar el activo en un nuevo instrumento digital con propiedades adicionales su producción, de manera, que cada litro de aceite o kilo de tomate llevaría un QR que muestre coste real de energía, transporte y margen, y, así, el consumidor sabría exactamente dónde se genera la inflación (sequía, fertilizantes o intermediarios) y premiaría con su compra a los productores locales eficientes.

(Nota. Lo peor de todo es no moverse esperando que alguien venga a arreglar el problema.)

<<Amenazas globales vs. escudos cordobeses>>

1.- Tensiones arancelarias con EE.UU. y posible bloqueo en Ormuz → riesgo energético.

*Solución aplicable: Córdoba tiene sol y viento de sobra. Proyecto “Hidrógeno Verde Córdoba” (piloto en los terrenos de la antigua central térmica de Puente Nuevo) + almacenamiento en baterías de segunda vida.

*Objetivo: Cubrir el 40 % de la demanda provincial de electricidad en un tiempo razona sin depender del crudo.

2.- Inflación alimentaria crónica.

*Solución: Crear una red de “granjas verticales modulares” en polígonos industriales y azoteas de Córdoba capital y pueblos. (Ej. IA + hidroponía + drones de riego reducirían un 30 % el coste de frutas y verduras frescas y eliminarían la dependencia de importaciones climáticamente vulnerables). (Nota. Por el mundo se están transformando desiertos y lugares inhóspitos en centros de cultivo.)

<<Asfixia fiscal vs. productividad inteligente>>

Es un hecho probado, que la combinación precios altos + impuestos elevados erosiona el ahorro, de forma, que hay que cambiar el sistema de subsidios perpetuos, así que, se propone un giro radical:

<-Deducción fiscal para empresas cordobesas que inviertan en tecnología agrícola y energía verde.

<-“Cheque productividad” personal: Cada trabajador que complete formación gratuita en IA o contabilidad digital recibirá un crédito fiscal directo de 500 a 800 € anuales.

<-Contención inteligente del gasto público: Aplicar la IA para auditar en tiempo real duplicidades y fraudes.

<<Conclusión – (Fragilidad vs. resiliencia generacional>>

El crecimiento económico que se pregona oficialmente es algo artificial si la clase media sigue empobrecida, y, Córdoba tiene ahora una oportunidad histórica única, concretamente, <<ser la primera provincia española que pasa de víctima de la inflacióna -laboratorio de soluciones inflacionarias->>.

Con IPC Ciudadano, -granjas verticales, hidrógeno verde y formación masiva en tecnologías de productividad-, en un tiempo razonable la cesta básica cordobesa podría costar menos en términos reales que hoy, mientras creamos empleo cualificado y atraemos talento joven que huye de las grandes ciudades.

(Nota. No se trata de negar los datos oficiales, se trata de superarlos con datos mejores, con tecnología propia y con una visión clara, de manera que la inflación no sea el destino sino el catalizador que Córdoba necesita para reinventarse.)

La bolsa de la compra no tiene que seguir pesando menos, ya que, se puede hacer que en el futuro pese más… en oportunidades.

N.B. Inflación en Córdoba – Visión crítica – Imagen explicativa.

(Nota. La inflación real, que grava los alimentos más necesarios, es oficialmente un misterio, aunque los cordobeses la sienten en sus bolsillos creciendo día a  día).

Córdoba, 13 de marzo de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente – Córdoba Abierta -ACOA-.

Igualdad formal vs. Igualdad práctica (El reto de la regularización)

Un grupo elevado de lectores me pregunta sobre la regularización masiva de inmigrantes y me piden una opinión, así que, como suelo hacer intentaré darles una explicación razonable.

En el actual escenario normativo de febrero de 2026, España se enfrenta a un desafío que trasciende lo administrativo para instalarse en el corazón de la justicia social:

La gestión de la regularización extraordinaria de extranjeros.

El debate no debe centrarse en la existencia o no de privilegios, sino en la colisión entre la igualdad formal (la ley es igual para todos) y la igualdad práctica (cómo impacta esa ley en un sistema de servicios públicos ya tensionado).

1.- El marco jurídico (La regularización de 2026).

El reciente Real Decreto-ley de regularización extraordinaria busca integrar a una población de entre 500.000 y 800.000 personas que ya conviven con nosotros. Jurídicamente, el objetivo es impecable: Reducir la economía sumergida, aflorar cotizaciones y garantizar derechos fundamentales. Una vez obtenida la autorización de residencia y trabajo, estas personas adquieren la condición de residentes legales, accediendo al catálogo de servicios públicos en plenas facultades.

2.- La paradoja de los baremos. – (Parece haber prioridad).

Es fundamental aclarar que no existe una prioridad legal por origen nacional. Los criterios de acceso a guarderías (0-3 años), al Ingreso Mínimo Vital (IMV) o a las ayudas al alquiler son universales y se basan, principalmente, en la vulnerabilidad socioeconómica.

**Sin embargo, aquí es donde surge el conflicto de la “igualdad práctica”, así:

<-El perfil de vulnerabilidad: Los nuevos regularizados suelen presentar niveles de renta más bajos, familias más numerosas y situaciones de precariedad laboral inicial.

<-La puntuación mecánica: Al aplicar los baremos vigentes (donde puntúa más la renta baja o el número de hijos), este colectivo encaja de forma natural en los tramos de máxima prioridad.

**La clave del problema: No es que se favorezca al inmigrante “por serlo”, sino que el sistema está diseñado para primar la necesidad extrema. Cuando esa necesidad se concentra en un grupo recién incorporado al sistema legal, el resultado práctico es que familias españolas de rentas medias o bajas (pero no extremas) se ven desplazadas en las listas de espera.

3.- El riesgo del colapso y la gestión de la escasez.

La justicia de una medida de integración no puede evaluarse de forma aislada a la capacidad del sistema. La incorporación de cientos de miles de nuevos usuarios cualificados para ayudas sociales sin una ampliación proporcional de la oferta pública produce un efecto de “suma cero”.

<-Educación y Sanidad: La saturación en la Atención Primaria y la falta de plazas en escuelas infantiles no son responsabilidad del inmigrante, sino de una planificación que no prevé el aumento de la demanda.

<-Servicios Sociales: El IMV y las rentas mínimas tienen presupuestos acotados, de forma, que si la base de solicitantes con máxima puntuación crece exponencialmente, el sistema se bloquea para todos.

4.- Conclusión. – (Una solidaridad sostenible).

Como profesionales del derecho, debemos defender que la ayuda al inmigrante es un imperativo humanitario y económico, pero no debe ejecutarse a costa de la erosión de los derechos y servicios de quienes ya sostienen el sistema.

La igualdad formal es un pilar de nuestra democracia, pero si no se acompaña de una inversión pública que absorba la nueva demanda, generamos una desigualdad práctica que fractura la cohesión social. Para que la integración sea real y justa, el Estado debe garantizar que la ampliación de derechos para unos no signifique la pérdida de servicios para otros.

N.B. El reto de la regularización es pasar de la igualdad formal a la igualdad práctica, a la vez, que se consigue una integración productiva de calidad, llevándose a cabo una reestructuración completa del mercado de trabajo.

La solución no es el enfrentamiento entre vulnerables, sino una administración de recursos que entienda que la capacidad de acogida está intrínsecamente ligada a la capacidad de prestación.

Córdoba, 9 de febrero de 2026

Por: Enrique García Montoya.

Abogado del ICA-Córdoba.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA).

Llamamiento de la Presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ en defensa de los jueces (Un grito necesario contra la erosión del Estado de Derecho) – Artículo (I)

El pasado 11 de junio de 2025, la presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, lanzó un contundente llamamiento a las autoridades públicas y a la ciudadanía en general para recuperar el respeto hacia los tribunales y sus jueces. En un contexto de creciente polarización, sus palabras no solo reflejan una preocupación institucional, sino que señalan una amenaza real al pilar fundamental de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho: la independencia judicial. Perelló denunció con firmeza las “descalificaciones constantes” que sufren los jueces por parte de quienes discrepan de sus resoluciones y calificó de “impropias de un Estado democrático avanzado” las manifestaciones que cuestionan directamente a jueces concretos. Este mensaje, que resuena con una claridad innegable, merece no solo nuestra atención, sino una acción inmediata y colectiva para frenar esta deriva.

<<Una realidad alarmante: ataques al poder judicial en todos los niveles>>

La advertencia de la presidenta no es una mera declaración retórica; es un reflejo de una realidad que se extiende desde los más altos tribunales hasta los juzgados de los pequeños municipios. Las descalificaciones a los jueces no son exclusivas de debates nacionales o de casos mediáticos. Es un hecho evidente, que esta actitud se ha normalizado incluso en el ámbito local. Es común escuchar a alcaldes o autoridades municipales cuestionar públicamente resoluciones judiciales, sin argumentos jurídicos, con el único propósito de deslegitimar al juez o jueza que las dicta. Estas críticas, a menudo vertidas con una arrogancia que ignora los principios de separación de poderes, no solo atentan contra la independencia judicial, sino que erosionan la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.

Lo más grave es que estas actitudes provienen en muchos casos de figuras políticas cuya legitimidad no siempre se basa en méritos profesionales o capacidades demostradas, sino en lealtades partidistas. Este fenómeno, que vulnera los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, agrava aún más el problema. Un alcalde que, amparado en una mayoría absoluta, se siente por encima de la ley y ataca a un juez local, no solo comete un abuso de poder, sino que envía un mensaje devastador: que las resoluciones judiciales pueden ser ignoradas o ridiculizadas sin consecuencias.

<<La vulnerabilidad de los jueces locales: un problema estructural>>

El llamamiento de Perelló adquiere una dimensión aún más urgente cuando se analiza la situación de los jueces que ejercen en pequeños municipios. Estos profesionales, que a menudo trabajan en soledad y con recursos limitados, son especialmente vulnerables a las presiones políticas y sociales. Cuando un alcalde o cualquier autoridad local critica públicamente una resolución judicial, no solo pone en entredicho la autoridad del juez, sino que lo expone a un escrutinio injusto por parte de la comunidad. Esta situación, es “insidiosa” y “cobarde”, pues el juez no tiene medios efectivos para defenderse públicamente sin comprometer su imparcialidad.

La impunidad con la que actúan estas autoridades locales es, sin duda, la raíz del problema. La falta de consecuencias legales o políticas para quienes atacan a los jueces fomenta una cultura de desprecio hacia el poder judicial. Si no se actúa con firmeza para proteger a los jueces locales, el mensaje que se envía es que el Estado de Derecho es frágil y que la justicia puede ser doblegada por el poder político. Si no empezamos defendiendo y apoyando siempre a ese poder judicial pequeño, la conclusión es que estamos perdidos”.

<<La responsabilidad del CGPJ y de la sociedad>>

El llamamiento de Isabel Perelló no puede quedar en palabras. Es imprescindible que el CGPJ, como garante de la independencia judicial, tome medidas concretas para proteger a los jueces frente a estos ataques. Esto incluye actuaciones inmediatas contra cualquier político que incurra en descalificaciones públicas hacia jueces concretos. El Consejo debe enviar un mensaje claro: cualquier intento de socavar la autoridad judicial tendrá consecuencias, independientemente de si el ataque proviene de un alto cargo o de un edil de un pequeño municipio.

Sin embargo, la responsabilidad no recae únicamente en las instituciones. La sociedad civil tiene un papel crucial en la defensa del Estado de Derecho. En este sentido, la Asociación Córdoba Abierta (ACOA), en respuesta al llamamiento de Perelló, ha hecho un llamamiento a sus asociados y simpatizantes para rechazar las descalificaciones a los jueces y promover el respeto hacia los tribunales. Esta iniciativa es un ejemplo de cómo la ciudadanía puede contribuir activamente a fortalecer la democracia, recordando que la justicia independiente es un pilar irrenunciable de nuestra convivencia.

<<Conclusión: un compromiso colectivo para salvar la democracia>>

El llamamiento de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ es una advertencia y, al mismo tiempo, una oportunidad para reflexionar sobre el estado de nuestra democracia. Las descalificaciones a los jueces, especialmente cuando se dirigen a profesionales en contextos vulnerables, no son un problema menor; son un ataque directo al fundamento del Estado de Derecho. Como sociedad, debemos rechazar estas actitudes y exigir que las instituciones actúen con contundencia para proteger la independencia judicial.

Hacemos nuestro el mensaje de Isabel Perelló y de la Asociación Córdoba Abierta -ACOA-: Recuperar el respeto hacia los jueces y tribunales es una tarea urgente y colectiva. Solo a través de un compromiso real, que defienda tanto a los magistrados del Tribunal Supremo como a los jueces de los pequeños pueblos, podremos garantizar que la justicia siga siendo el pilar que sostiene nuestra democracia.

N. B. Hacemos nuestro el llamamiento Presidenta T. S. y CGPJ y rechazamos las descalificaciones a jueces concretos, porque lo contrario es destruir nuestro Estado de Derecho y el fundamento de la democracia.

Córdoba, 17 de junio de 2025

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.