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Igualdad ante la ley – IV – Jueces y Fiscales (desigualdad con los abogados)

La desigualdad entre abogados y fiscales en los actos del juicio es manifiesta, y, sin duda, encierra una corruptela legal, que todos sabemos que existe.

Como me ha vuelto a pasar, esta vez, quiero escribir algo ante el trato de favor que reciben los fiscales en los tribunales y juzgados (que conste que no en la mayoría afortunadamente), que contrasta en demasía con el trato que reciben los abogados de esos mismos jueces y tribunales, así, es un hecho probado y patente, que desgraciadamente, en muchos casos, demasiados, los fiscales están posicionados en un plano de superioridad respecto a los abogados, que intervienen en los juicios.

Es casi inevitable, se diría corriente, que cuando un abogado entra en la Sala del Juzgado o Tribunal, se suele encontrar al Fiscal departiendo con el Juez o Tribunal, que en pura lógica estarán hablando del juicio a celebrar. Se me dirá que no es así, aunque un ejemplo de igualdad de trato en estrados entre fiscal y abogado desde luego no es. Sin ser malintencionado, en estos casos, la apariencia de imparcialidad del Juez o Tribunal, se puede afirmar, que -queda en entredicho-.

En el derecho español el asunto está muy claro en la ley, por un lado está el poder judicial, por otro el poder ejecutivo representado por el fiscal y por otro el abogado, es más, la Constitución Española no deja lugar a duda sobre lo dicho, de manera, (i) que el Juez o Tribunal es independiente como representante de unos de los poderes del Estado; (ii) que el Fiscal es el defensor de la ley dependiendo jerárquicamente de la Fiscalía General del Estado, que ya se sabe quién la nombra (pues -eso-); y, (iii) que el abogado defiende a su cliente de conformidad con la ley.

Es evidente, que el Juez o Tribunal con todas las garantías de independencia, imparcialidad y sujeción a la ley dirige y ordena el proceso y tiene la última decisión como poder judicial; por otro lado, el Fiscal y el Abogado que defienden la ley y la justicia del pueblo soberano en estrados tienen los mismos derechos, de forma, que en aras a la justicia de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, la igualdad de armas en el proceso entre ellos es algo indiscutible, siempre observando la ley y sometidos ambos a la autoridad del Juez o Tribunal.

Lo expuesto, es la teoría que, desgraciadamente, no siempre se cumple, quizás demasiadas, porque, se quiera admitir o no, es un hecho repetido, patente y probado, que, en apariencia, al menos, el fiscal aparece en posición de preeminencia en estrados, además, a veces, se le permiten cosas que de ninguna forma se admiten cuando se trata del abogado.

Lo cierto es, que eso sucede, de forma, que la pretendida igualdad entre fiscal y abogado que la Constitución garantiza aparece diluida en el polvo del camino, aunque, también, es cierto, que el abogado respetuosamente puede hacer ver al Juez o Tribunal esa situación paralegal y anómala, que suele ser aceptada mayoritariamente por el juzgador, aunque, evidentemente, hay casos en que no, razón por la que los abogados prudentemente, aunque equivocadamente, dejan pasar la cuestión por muchos motivos, como pueden ser, -la creencia de que si protestan perjudicaran a su cliente-, -el respeto excesivo al Juez o Tribunal que le hace no querer molestar al juzgador-, etc. etc.; sin embargo, lo único cierto es que si el abogado, ante hechos parecidos a los expuestos, que rompen la igualdad y la equidad del proceso, no protesta debidamente al Juez o Tribunal, están haciendo dejación de sus funciones y perjudicando a su cliente, que en definitiva es el Pueblo Soberano.

Lo dicho, es una falta de respeto a la ley, diluyéndose la vigencia del principio de legalidad constitucional con un reflejo perverso en –la igualdad ante la ley-, que está bajo mínimos en España, aunque nadie puede olvidar, que la C. E. sus arts. 9 y 10 consagra -el principio de legalidad- y -el respeto a la ley-, culminando su declaración con el art. 14, que dice, que los españoles son iguales ante la ley.

Lo expuesto sobre los fiscales y los abogados, se quiera admitir o discutir su existencia real, es un hecho cierto y doloroso, contrario a nuestro Estado Social y Democrático de Derecho regido por Constitución, que nos vincula a todos si excepciones.

Los hechos puestos de manifiesto, es evidente, que pueden tener variables, pero existir existen, y, curiosamente siempre el perjuicio se produce contra el Pueblo Soberano, razón por la que se repite la misma pregunta:

¿los españoles son iguales ante la ley?

Según la Constitución cualquier asunto, en virtud de la libertad de expresión, es opinable y/o criticable en libertad y con respeto, de manera, que no se descarta, que algunos abogados piensen que la igualdad es real en estrados entre fiscales y abogados, aunque, sin la menor dudad, una gran mayoría de abogados españoles dirá que no es asíque la Constitución no se cumple: “ley no es igual para todos”.

Las consecuencias de esa desigualdad son y serán nocivas para los españoles y para los tres poderes del Estado, aunque, a veces, cuando uno está con la toga puesta, se siente una desazón profunda, cuando hechos parecidos se producen, siendo cierto, que la mayoría de Jueces y Tribunales siguen respetuosos la Ley y los Criterios aprobados sobre la Ética Judicial.

Para finalizar, no ayuda a cambiar el tercio, que en España jueces y fiscales aparecen en público unidos en defensa de asuntos parecidos, pero olvidando, que esa imagen de unidad confunde al pueblo soberano, que asimila ambas instituciones, de forma, que después tiende a confundir los dos poderes del Estado, -Poder Ejecutivo- y -Poder Judicial-.

N.B.  La igualdad ante la ley de los españoles es por lo que se ve un mundo lejano y sin remedio, ya que, como se ha dicho, la igualdad ante la ley de Abogados y Fiscales se asemeja a un mundo de fantasía. Si alguien lo pone en duda, que pregunte a cualquier abogado.

La desigualdad puesta de manifiesto entre abogados y fiscales, la perciben, no solo los primeros, sino que, también, una gran mayoría de españoles de dan cuenta de esa diferencia que existe entre su abogado y el fiscal, razón por la que, la desconfianza, la incertidumbre y a la pérdida de seguridad en la justica se materializan en el pueblo.

Córdoba, a 15 de octubre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

U. E. – Polonia – igualdad ante la ley -III- (la doble vara de medir – respeto a las minorías)

La U. E. (Comisión Europea) y su Tribunal de Justicia han sacado contra Polonia no la doble vara de medir solamente, sino, también, el garrotazo y tente tieso.

Parece, que lo que el Tribunal Constitucional de Polonia ha dicho, es que no cabe entender incluido en los Tratados de la Unión (cosa que Polonia asume y no discute), lo que la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia están diciendo que incluye, básicamente, sobre determinados detalles de la organización y régimen del Poder judicial de los Estados Miembros.

(Nota: En España ahora mismo existe planteado un problema parecido sobre el nombramiento de los Órganos del Poder Judicial y su renovación).

El Tribunal Constitucional polaco no sostiene, que determinadas normas de los Tratados de la Unión no se puedan aplicar en Polonia porque van contra su Constitución, sino que lo que parece decir, es que lo que ahora se pretende, que está incluido implícitamente en dichos Tratados, la realidad es que no se encuentra en ellos y que, por tanto, Polonia acepta lo que firmó, siendo el resto, por tanto, algo propio de su Constitución y de su legislación; es decir, que esos asuntos no han sido incluidos, ni en la regulación prevista en los Tratados ni en las transferencias de potestades de los Estados en favor de la U. E. y sus instituciones.

Son muchos los juristas que creen, que la U. E. y sus Instituciones en el caso de Polonia se están pasando cuatro pueblos, cuando en otros casos, muy parecidos, están aplicando políticas ideológicas diferentes. Entienden, que la Unión y su Tribunal de Justicia no están para garantizar el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en sí mismos, de forma, que solo en la aplicación de su derecho substantivo las normas de los Tratados, sí que deben garantizar el Estado de Derecho.

Por un lado, a simple vista se comprueba, que la C. E. y el T. de J. de la U. E. consideran que algunas reglas básicas del Poder judicial entran, por sí mismas, en el ámbito del Derecho de la Unión, porque condicionan o pueden condicionar la posibilidad efectiva de que exista en los Estados miembros correspondientes -en este caso, en Polonia- una tutela judicial efectiva, tal y como esos Estados plenipotenciarios de la U. E. consideran aceptable.

(Aquí parece, que al euro-poder se le ha olvidado, que la dominación excluyente y la falta de diálogo abierto sin imposiciones no aportan nada, pero dividen mucho con efectos perversos para todos, como se demostró con el Reino Unido y el llamado Brexit)

Por otro lado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Tribunal Constitucional de Polonia parece, que defienden, que no se está privando de la tutela judicial efectiva a los polacos en nada que afecte al Derecho de la U. E., defendiendo, que la C. E. y el T. de J. están realizando una aplicación a fortiori de las normas contenidas en los Tratados de la U. E. y solo para ellos.

A cualquier observador imparcial no se le escapa, que la C. E. (algunos Eurodiputados, también) y el Tribunal de Justicia con Polonia están aplicando -una doble vara de medir-, olvidando los límites del Derecho de la Unión y los del principio de su preeminencia sobre los Derechos de los Estados; y, que, así mismo, según los Tribunales Constitucionales u órganos semejantes de algunos Estados Miembros, es algo que se encuentra consagrado en sus Textos Legales Fundamentales. Olvidar, que las Constituciones de los Estados Miembros son las bases que legitiman los Tratados de la U. E. y todo su Derecho, es simplemente un disparate.

Las dobles varas de medir no son buenas nunca, pero si encima revelan un trato injusto y discriminatorio hacía un Estado Miembro, que, equivocadamente y para mayor inri, se considera por el euro-poder de tercer o último nivel, además, entrando en juego valoraciones políticas basadas en la ideología dominante de unos pocos, el salto al vacío se vislumbra sin mucho esfuerzo.

Es un hecho comprobado en la U. E., que los grandes y, presuntamente, poderosos están bien vistos y se les permite todo, a los considerados pequeños, mamporro y tente tieso; sin embargo,  

¿qué, pasa con el derecho de la U. E., que garantiza el respeto a las minorías y la igualdad ante la ley?

N.B.  La igualdad ante la ley está consagrada en los Tratados y en el Derecho de la U. E., de manera, que olvidarlo conduce a la injusticia y a la desigualdad, generando un efecto disgregador de cualquier unión.

En la U. E. la igualdad parece que se está diluyendo en el polvo del camino, siempre en la dirección de los presuntamente poderosos, que imponen su ley con puño de hierro, pero, claro, eso solo es una inclinación malvada, que solo garantiza una estabilidad a corto plazo y una desintegración de la Unión a no muy corto plazo, ya que, sin respeto a las minorías y sus peculiaridades el futuro de prevé frio e instalado en la injusticia.

La Ley no puede estar al servicio de unos pocos, pues es igual para todos o, claramente, no es una ley justa y democrática.

Si hay algo que garantiza una ley justa, es el respeto a las minorías, que, sin la menor duda, tienen derecho a mantener su idiosincrasia, que las distingue y enriquece, de forma, que desconocer esa realidad crucial para cualquier colectivo es como -pegarse un tiro en el pie-.

Córdoba, a 13 de octubre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Tribunal Constitucional – alarma confinada – tarde, demasiado tarde (los daños ya están hechos y la reparación imposible)

Que el Tribunal Constitucional haya declarado, que el Estado de Alarma (02/20) vulneró derechos fundamentales y que por ello fue inconstitucional es “una buena noticia”.

Así mismo, es una verdad indiscutible, que el T. C. ha fallado tarde, cuando el daño ya estaba hecho y la reparación resulta imposible.

También es indudable, que ha existido abuso de poder por parte del Gobierno del Presidente Sánchez, y, que las libertades públicas de los españoles se han visto duramente afectadas.

Ahora se habla de multas nulas y otras cosas menores, pero lo realmente importante es saber, que va a hacer el Gobierno para desfacer parte del siniestro cometido sobre los españoles, aunque parece por las declaraciones de los portavoces del Ejecutivo (aunque vaya en dirección contraria por la autopista), que solo ellos llevan la razón y que todos los demás estamos equivocados. Lo dicho, en dirección contraria y gritando a los que van en la dirección correcta.

El Gobierno dice, que no están de acuerdo con el fallo del T. C., y, que han salvado 450.000 vidas para justificar su actuación inconstitucional, cosa aceptable como derecho que tiene a la libertad de expresión, pero resulta penoso defender algo así, cuando los españoles carecemos de -información veraz-, al no saber, por ejemplo, aún el número real de fallecidos, el número de contagiados, etc. etc. etc., y, ellos tienen la certeza del número de vidas salvadas por su actuación inconstitucional.

Cuando el Presidente Pedro Sánchez anunció el estado de alarma el 14 de febrero de 2020, se pasó de frenada y traspasó varios pueblos, anulando derechos fundamentales de los españoles, que de alguna forma deberían ser indemnizados, reparándose el daño causado, que no solo es cuestión de dinero, sino sobre todo de dignidad, de libertad y de respeto a la ley.

El Gobierno del Sr. Sánchez debería empezar por asumir responsabilidades, -reconociendo públicamente su error o lo que sea-, -comprometiéndose a dar ejemplo de respeto a la ley-, -mostrando arrepentimiento por haber vulnerado derechos fundamentales de los españoles- y -solicitando a los mismos “un indulto”-, que los ciudadanos deberían conceder o no mediante la celebración de un referéndum al efecto.

Es cierto, que soy un optimista irredento, pues todos dirán que lo que pido es un imposible, cosa que puede ser verdad, pero lo que es indiscutible, es que se han eliminado nuestras libertades durante muchos días mediante un abuso de poder del Gobierno de la Nación, que el T. C. ha declarado inconstitucional, digan lo que digan los voceros oficiales del Ejecutivo.

Con independencia de lo dicho, es también cierto, que otras posibilidades y otras soluciones eran posibles sin vulnerar derechos fundamentales de los españoles, que países como Suecia o Noruega han puesto de manifiesto, que se pueden hacer. A todo ello, hay que añadir la profusión de noticias distorsionadas gubernamentales y la absoluta opacidad con carencia absoluta de información veraz, de manera, que la solución inconstitucional ha sido el confinamiento de los españoles sin derechos y libertades y en total oscuridad informativa, solo aplausos con acoso y derribo.

Oficialmente la culpa de todo la tiene el Tribunal Constitucional que ha adoptado una resolución atrabiliaria contra el Gobierno de España.

La suyas son (ha dicho la Sñr.ª Robles) –elucubraciones doctrinales– sin –sentido de Estado-, aunque, sin duda, su deslegitimación del T. C. comporta desprecio a la división de poderes.

*** Finalmente, dejando todo lo anterior al pairo, lo mejor es lo que se quiere hacer en Andalucía para dar ejemplo, que consiste en aprobar –que haya sueldos vitalicios para los expresidentes de la Junta-, que es algo, que todos los andaluces estamos esperando como agua de mayo para olvidar la vulneración de nuestros derechos fundamentales; es decir, una especie de bálsamo de Fierabras, que lo curará todo, incluidas las presiones reconocidas del Gobierno a miembros de Tribunal Constitucional.

N.B. El Tribunal Constitucional ha fallado contra el Estado de Alarma tarde, demasiado tarde (17 meses), cuando los daños ya están hechos y la reparación resulta imposible, aunque, más vale tarde que nunca.

La reacción del Gobierno un dislate fuera del sentido común, que, de nuevo, pone en peligro la seguridad jurídica y el estado de derecho.

El que piense, que este asunto ha terminado con la sentencia del T. C., se equivoca de principio a fin, ya que,  ante la reacción airada del Gobierno y sus corifeos, es más necesaria que nunca una actuación de todos los poderes públicos y de la sociedad civil en defensa de la Constitución y del Estado de Derecho.

Resulta evidente la intención del Gobierno de seguir demoliendo nuestro Estado social y democrático de Derecho, que consagra como los valores superiores de nuestra democracia: la -libertad-, la -justicia-, la -igualdad-, el -respeto a la ley-, la -división de poderes- y el -pluralismo político.

Diga lo que diga el Gobierno y sus voceros: El fin nunca justifica los medios”.

Córdoba, a 16 de julio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Lloros – aplausos – política de poder (Presidente CEOE – Gonzalo y Boabdil -)

Se dice, que la uniformidad es la muerte y que la diversidad es la vida, lo que quiere decir, que en una democracia en libertad plena caben todas las opiniones, y, todas las actuaciones imaginables dentro de Estado de Derecho y de la Ley aceptada por casi todos, es decir, la Constitución de cada Nación.

Valen los llantos y los lloros, como los del Presidente de la CEOE Sr. Garamendi aplaudido sin más por sus compañeros de artificios, aunque, si cabe una aseveración, como dicen que la Sultana Aixa le dijo a su hijo Boabdil en el llamado Suspiro del Moro en Granada: Llora como mujer, lo que no has sabido defender como un hombre.

Hemos visto al Sr. Garamendi llorando en los aplausos, pero no lo hemos visto llorando por la Constitución Española, por nuestro Estado de Derecho, por el respeto a la ley y la división de poderes; es decir, como se suele decir con rudeza, –aquí se viene ya llorado y con el daño reparado-. Lo cierto es, que, al Presidente de la Patronal, parece que se le ha olvidado algo, concretamente, que es el Presidente de la Patronal de España, no del Gobierno ni de los empresarios catalanes afines al mismo.

Ahora podrían valer las escusas, los llantos y los lamentos, pero el daño a las libertades y derechos de todos los españoles ya está hecho, diga lo que diga el Sr. Garamendi, pues no solo es el contenido de sus palabras sino el momento y el lugar.

Si lo que dijo el Sr. Garamendi, lo hubiera dicho en Granada el día de Andalucía sería una cosa incluso brillante, pero dicho en las actuales circunstancias políticas, lo que dijo y donde lo dijo, no deja de ser un apoyo explícito al Gobierno por los indultos y una patada a la Constitución Española, que consagra -el estado de derecho-, -la división de poderes- y -todas nuestras libertades-, con principios irrenunciables, con contexto o fuera de contexto, como la igualdad, la legalidad y la libertad de los españoles (arts. 1., 9., 14., 20. y cc. C. E.).

{Aunque su dimisión sería una trolería fullera por su imposible realidad, ya que, como se suele decir por el pueblo soberano: -renunciar al cargo ni muerto-}

*** Las comparaciones suelen ser odiosas, aunque, a veces, convenientes para no caer en la desesperanza, de manera, que,

¿alguien se imagina a Gonzalo Fernández de Córdoba (-al Gran Capitán-) renunciando a España, cuando el rey Fernando El Católico lo defenestró a Loja después de ganar un reino?

Ese hecho sería tan inverosímil, como que el Rey Nazarí Boabdil dijera, lo que dicen que dijo en el Suspiro del Moro, pues su amistad con el Gran Capitán y su hombría de bien hacen increíble la frase, y, además, no necesita aplausos.

N.B. Los lloros y los aplausos para cuando alguien se los crea, porque el Presidente de la CEOE cantó la gallina frente al poder del Gobiernoporque dijo lo que dijo sobre los indultos en una circunstancia concreta, en un momento concreto y en un lugar concreto, así que, como se ha dicho -se viene llorado y con explicaciones veraces-.

Los indultos que apoya el Presidente de la CEOE son contra el criterio del Tribunal Supremo, y, su Informe de Indulto de 26/05/2021 que los rechazaal no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública (que justificarían la concesión de la medida de gracia), diciendo, que, la Sala INFORMA NEGATIVAMENTE la concesión de cualquier forma de indulto total o parcial a los condenados en la sentencia 459/2019, 14 de octubre, dictada en la causa especial núm. 20907/2017.

Es un hecho cierto, que el Presidente de la CEOE está contra el Tribunal Supremo, -contra la división de poderes-, contra nuestro Estado de Derecho- y -contra la Constitución-, y, sin duda, -contra una gran mayoría de españoles-, aunque está muy claro porque lo dijo, sin olvidar, que todo daño exige reparación sin excusas ni llantos.

El indulto del Gobierno a los políticos catalanes condenados por varios delitos, -supone poner en grave peligro nuestro Estado de Derecho y la separación de poderes en España-, a pesar de ello, el Presidente de la CEOE ha tomado partido. -Pues eso-.

Córdoba, a 28 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Obispos – C.E.E. – política – el poder es el poder (en misa y repicando – un lobby)

Recapitulando: La Conferencia Episcopal Española (CEE) está al servicio de la Iglesia y de nuestro pueblo, recordaron los obispos en el Mensaje con motivo del 50 Aniversario de la CEE.

La Iglesia en España, ahora, aparece haciendo política, ya que, el poder espiritual y sus valores morales no son de este mundo, de manera, que sus obispos en bloque están como con el poder, que es el poder del Gobierno, así:

*Primero fueron los obispos catalanes en perfecta unión a favor de las tesis independentistas en Cataluña.

* Al día siguiente de los indultos a los presos golpistas, el portavoz de los obispos, Luis Argüello, ha fijado públicamente la postura de la Conferencia Episcopal Española respecto a Cataluña y de los obispos catalanes.

* M. Argüello ha dicho, entre otras cosas:

Nosotros estamos, como los obispos catalanes, por el diálogo, por la aplicación de la ley, por que se respete la justicia -lo que supone el respeto a la división de poderes-, porque no haya actitudes inamovibles y porque se genere un clima de amistad civil y de fraternidad.

Como se dice ahora en España y que todo el mundo comprende: “Pues eso”.

Que conste, que no me parece ni bien ni mal, ya que, simplemente, constato un hecho: {La Conferencia Episcopal Española está haciendo política y, por ello, debe estar sometida a la crítica como cualquier político, al dejar de ser -un poder espiritual- por voluntad propia}.

Aunque otra cosa, debe quedar clara, -que no se puede estar en misa y repicando-, que traducido significa, que todo los que haga la Iglesia y su Conferencia Episcopal es ya política, de forma, que ya no puede parapetarse en valores intemporales para el resto de sus actividades:

{Se está en el plano político temporal o el plano intemporal de los valores cristianos o como se les quiera llamar}.

Lo único cierto, es que -la Conferencia Episcopal Española ha bajado al terreno de la política-, y, aquí hay que juzgarla en todo con criterios políticos, pues, estar en dos sitios a la vez es imposible (los arts. 9., 14. y 20. y cc. de la C. E. con sus derechos y obligaciones nos vinculan a todos, -a los Obispos también-).

En un Estado de Derecho, en una democracia, la autoridad máxima del Estado se encuentra distribuida en tres poderes, que emanan del Pueblo soberano: el poder legislativo conformado por diputados y senadores, el poder ejecutivo compuesto por el presidente el resto de sus ministros y el poder judicial conformado por jueces y tribunales.

Ahora, parece que en España tenemos otro poder que es la Iglesia Católica, que ha abandonado su plano moral y ha bajado a la arena política, razón por la que deberá decidir, ¿dónde está en política?, pues ya se ha posicionado en un asunto, lo que implica, lo quiera reconocer o no, que ha entrado de lleno en política, abandonando su plano intemporal y tomando partido.

Los Obispos Españoles se han convertido en un lobby político más, con todas sus consecuencias positivas y negativas; es decir, según el Diccionario de la RAE, la Conferencia Episcopal Española se ha transformado por su propia voluntad declarada en -un grupo de presión-, * que es un conjunto de personas que, en beneficio de sus propios intereses, influye en una organización, esfera o actividad social, por tanto, –en España.

-Lo de los Obispos Españoles y su CEE es política de mucho calado, porque se han pasado muchos pueblos -.

N.B.  A nadie le puede sorprender una certezaaunque la claridad de los Obispos es de agradecer, ya que, por fin -cantan la gallina-, aunque estaba claro desde el principio donde estaban en el asunto de los indultos, a pesar, de que, –un poco al acecho si estaban-.

La Constitución y sus derechos fundamentales consagradoscomo la igualdad de los españoles (art. 14 C. E.), son el armazón de nuestra libertad y de nuestro Estado de Derecho, y, contra los abusos y las actuaciones contra ley de cualquiera, solo cabe exigir por todos los medios posibles e imaginables el máximo respeto a la misma, dejando claroque ninguna actuación de cualquiera, sea quien sea, que afecte a derechos fundamentales, debe estar fuera de la crítica pública.

Los indultos que apoyan los Obispos Españoles y su CEE  son contra el criterio del Tribunal Supremo-Sala de lo Penal-, y su Informe de Indulto de 26/05/2021 que los rechazaal no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública (que justificarían la concesión de la medida de gracia), diciendo, que, “-la Sala INFORMA NEGATIVAMENTE la concesión de cualquier forma de indulto -total o parcial- a los condenados en la sentencia 459/2019, 14 de octubre, dictada en la causa especial núm. 20907/2017”-.

Es un hecho cierto, que los Obispos españoles están contra el Tribunal Supremo, -contra la división de poderes-, contra nuestro Estado de Derecho y contra la Constitución-, y, sin duda, contra una gran mayoría de españoles, aunque está muy claro que les da igual.

El indulto del Gobierno a los políticos catalanes condenados por varios delitos -supone poner en grave peligro nuestro Estado de Derecho y la separación de poderes en España-, a pesar de ello, los Obispos han tomado partido. -Pues eso-.

Córdoba, a 26 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.