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Tribunal Constitucional – alarma confinada – tarde, demasiado tarde (los daños ya están hechos y la reparación imposible)

Que el Tribunal Constitucional haya declarado, que el Estado de Alarma (02/20) vulneró derechos fundamentales y que por ello fue inconstitucional es “una buena noticia”.

Así mismo, es una verdad indiscutible, que el T. C. ha fallado tarde, cuando el daño ya estaba hecho y la reparación resulta imposible.

También es indudable, que ha existido abuso de poder por parte del Gobierno del Presidente Sánchez, y, que las libertades públicas de los españoles se han visto duramente afectadas.

Ahora se habla de multas nulas y otras cosas menores, pero lo realmente importante es saber, que va a hacer el Gobierno para desfacer parte del siniestro cometido sobre los españoles, aunque parece por las declaraciones de los portavoces del Ejecutivo (aunque vaya en dirección contraria por la autopista), que solo ellos llevan la razón y que todos los demás estamos equivocados. Lo dicho, en dirección contraria y gritando a los que van en la dirección correcta.

El Gobierno dice, que no están de acuerdo con el fallo del T. C., y, que han salvado 450.000 vidas para justificar su actuación inconstitucional, cosa aceptable como derecho que tiene a la libertad de expresión, pero resulta penoso defender algo así, cuando los españoles carecemos de -información veraz-, al no saber, por ejemplo, aún el número real de fallecidos, el número de contagiados, etc. etc. etc., y, ellos tienen la certeza del número de vidas salvadas por su actuación inconstitucional.

Cuando el Presidente Pedro Sánchez anunció el estado de alarma el 14 de febrero de 2020, se pasó de frenada y traspasó varios pueblos, anulando derechos fundamentales de los españoles, que de alguna forma deberían ser indemnizados, reparándose el daño causado, que no solo es cuestión de dinero, sino sobre todo de dignidad, de libertad y de respeto a la ley.

El Gobierno del Sr. Sánchez debería empezar por asumir responsabilidades, -reconociendo públicamente su error o lo que sea-, -comprometiéndose a dar ejemplo de respeto a la ley-, -mostrando arrepentimiento por haber vulnerado derechos fundamentales de los españoles- y -solicitando a los mismos “un indulto”-, que los ciudadanos deberían conceder o no mediante la celebración de un referéndum al efecto.

Es cierto, que soy un optimista irredento, pues todos dirán que lo que pido es un imposible, cosa que puede ser verdad, pero lo que es indiscutible, es que se han eliminado nuestras libertades durante muchos días mediante un abuso de poder del Gobierno de la Nación, que el T. C. ha declarado inconstitucional, digan lo que digan los voceros oficiales del Ejecutivo.

Con independencia de lo dicho, es también cierto, que otras posibilidades y otras soluciones eran posibles sin vulnerar derechos fundamentales de los españoles, que países como Suecia o Noruega han puesto de manifiesto, que se pueden hacer. A todo ello, hay que añadir la profusión de noticias distorsionadas gubernamentales y la absoluta opacidad con carencia absoluta de información veraz, de manera, que la solución inconstitucional ha sido el confinamiento de los españoles sin derechos y libertades y en total oscuridad informativa, solo aplausos con acoso y derribo.

Oficialmente la culpa de todo la tiene el Tribunal Constitucional que ha adoptado una resolución atrabiliaria contra el Gobierno de España.

La suyas son (ha dicho la Sñr.ª Robles) –elucubraciones doctrinales– sin –sentido de Estado-, aunque, sin duda, su deslegitimación del T. C. comporta desprecio a la división de poderes.

*** Finalmente, dejando todo lo anterior al pairo, lo mejor es lo que se quiere hacer en Andalucía para dar ejemplo, que consiste en aprobar –que haya sueldos vitalicios para los expresidentes de la Junta-, que es algo, que todos los andaluces estamos esperando como agua de mayo para olvidar la vulneración de nuestros derechos fundamentales; es decir, una especie de bálsamo de Fierabras, que lo curará todo, incluidas las presiones reconocidas del Gobierno a miembros de Tribunal Constitucional.

N.B. El Tribunal Constitucional ha fallado contra el Estado de Alarma tarde, demasiado tarde (17 meses), cuando los daños ya están hechos y la reparación resulta imposible, aunque, más vale tarde que nunca.

La reacción del Gobierno un dislate fuera del sentido común, que, de nuevo, pone en peligro la seguridad jurídica y el estado de derecho.

El que piense, que este asunto ha terminado con la sentencia del T. C., se equivoca de principio a fin, ya que,  ante la reacción airada del Gobierno y sus corifeos, es más necesaria que nunca una actuación de todos los poderes públicos y de la sociedad civil en defensa de la Constitución y del Estado de Derecho.

Resulta evidente la intención del Gobierno de seguir demoliendo nuestro Estado social y democrático de Derecho, que consagra como los valores superiores de nuestra democracia: la -libertad-, la -justicia-, la -igualdad-, el -respeto a la ley-, la -división de poderes- y el -pluralismo político.

Diga lo que diga el Gobierno y sus voceros: El fin nunca justifica los medios”.

Córdoba, a 16 de julio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Lloros – aplausos – política de poder (Presidente CEOE – Gonzalo y Boabdil -)

Se dice, que la uniformidad es la muerte y que la diversidad es la vida, lo que quiere decir, que en una democracia en libertad plena caben todas las opiniones, y, todas las actuaciones imaginables dentro de Estado de Derecho y de la Ley aceptada por casi todos, es decir, la Constitución de cada Nación.

Valen los llantos y los lloros, como los del Presidente de la CEOE Sr. Garamendi aplaudido sin más por sus compañeros de artificios, aunque, si cabe una aseveración, como dicen que la Sultana Aixa le dijo a su hijo Boabdil en el llamado Suspiro del Moro en Granada: Llora como mujer, lo que no has sabido defender como un hombre.

Hemos visto al Sr. Garamendi llorando en los aplausos, pero no lo hemos visto llorando por la Constitución Española, por nuestro Estado de Derecho, por el respeto a la ley y la división de poderes; es decir, como se suele decir con rudeza, –aquí se viene ya llorado y con el daño reparado-. Lo cierto es, que, al Presidente de la Patronal, parece que se le ha olvidado algo, concretamente, que es el Presidente de la Patronal de España, no del Gobierno ni de los empresarios catalanes afines al mismo.

Ahora podrían valer las escusas, los llantos y los lamentos, pero el daño a las libertades y derechos de todos los españoles ya está hecho, diga lo que diga el Sr. Garamendi, pues no solo es el contenido de sus palabras sino el momento y el lugar.

Si lo que dijo el Sr. Garamendi, lo hubiera dicho en Granada el día de Andalucía sería una cosa incluso brillante, pero dicho en las actuales circunstancias políticas, lo que dijo y donde lo dijo, no deja de ser un apoyo explícito al Gobierno por los indultos y una patada a la Constitución Española, que consagra -el estado de derecho-, -la división de poderes- y -todas nuestras libertades-, con principios irrenunciables, con contexto o fuera de contexto, como la igualdad, la legalidad y la libertad de los españoles (arts. 1., 9., 14., 20. y cc. C. E.).

{Aunque su dimisión sería una trolería fullera por su imposible realidad, ya que, como se suele decir por el pueblo soberano: -renunciar al cargo ni muerto-}

*** Las comparaciones suelen ser odiosas, aunque, a veces, convenientes para no caer en la desesperanza, de manera, que,

¿alguien se imagina a Gonzalo Fernández de Córdoba (-al Gran Capitán-) renunciando a España, cuando el rey Fernando El Católico lo defenestró a Loja después de ganar un reino?

Ese hecho sería tan inverosímil, como que el Rey Nazarí Boabdil dijera, lo que dicen que dijo en el Suspiro del Moro, pues su amistad con el Gran Capitán y su hombría de bien hacen increíble la frase, y, además, no necesita aplausos.

N.B. Los lloros y los aplausos para cuando alguien se los crea, porque el Presidente de la CEOE cantó la gallina frente al poder del Gobiernoporque dijo lo que dijo sobre los indultos en una circunstancia concreta, en un momento concreto y en un lugar concreto, así que, como se ha dicho -se viene llorado y con explicaciones veraces-.

Los indultos que apoya el Presidente de la CEOE son contra el criterio del Tribunal Supremo, y, su Informe de Indulto de 26/05/2021 que los rechazaal no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública (que justificarían la concesión de la medida de gracia), diciendo, que, la Sala INFORMA NEGATIVAMENTE la concesión de cualquier forma de indulto total o parcial a los condenados en la sentencia 459/2019, 14 de octubre, dictada en la causa especial núm. 20907/2017.

Es un hecho cierto, que el Presidente de la CEOE está contra el Tribunal Supremo, -contra la división de poderes-, contra nuestro Estado de Derecho- y -contra la Constitución-, y, sin duda, -contra una gran mayoría de españoles-, aunque está muy claro porque lo dijo, sin olvidar, que todo daño exige reparación sin excusas ni llantos.

El indulto del Gobierno a los políticos catalanes condenados por varios delitos, -supone poner en grave peligro nuestro Estado de Derecho y la separación de poderes en España-, a pesar de ello, el Presidente de la CEOE ha tomado partido. -Pues eso-.

Córdoba, a 28 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Obispos – C.E.E. – política – el poder es el poder (en misa y repicando – un lobby)

Recapitulando: La Conferencia Episcopal Española (CEE) está al servicio de la Iglesia y de nuestro pueblo, recordaron los obispos en el Mensaje con motivo del 50 Aniversario de la CEE.

La Iglesia en España, ahora, aparece haciendo política, ya que, el poder espiritual y sus valores morales no son de este mundo, de manera, que sus obispos en bloque están como con el poder, que es el poder del Gobierno, así:

*Primero fueron los obispos catalanes en perfecta unión a favor de las tesis independentistas en Cataluña.

* Al día siguiente de los indultos a los presos golpistas, el portavoz de los obispos, Luis Argüello, ha fijado públicamente la postura de la Conferencia Episcopal Española respecto a Cataluña y de los obispos catalanes.

* M. Argüello ha dicho, entre otras cosas:

Nosotros estamos, como los obispos catalanes, por el diálogo, por la aplicación de la ley, por que se respete la justicia -lo que supone el respeto a la división de poderes-, porque no haya actitudes inamovibles y porque se genere un clima de amistad civil y de fraternidad.

Como se dice ahora en España y que todo el mundo comprende: “Pues eso”.

Que conste, que no me parece ni bien ni mal, ya que, simplemente, constato un hecho: {La Conferencia Episcopal Española está haciendo política y, por ello, debe estar sometida a la crítica como cualquier político, al dejar de ser -un poder espiritual- por voluntad propia}.

Aunque otra cosa, debe quedar clara, -que no se puede estar en misa y repicando-, que traducido significa, que todo los que haga la Iglesia y su Conferencia Episcopal es ya política, de forma, que ya no puede parapetarse en valores intemporales para el resto de sus actividades:

{Se está en el plano político temporal o el plano intemporal de los valores cristianos o como se les quiera llamar}.

Lo único cierto, es que -la Conferencia Episcopal Española ha bajado al terreno de la política-, y, aquí hay que juzgarla en todo con criterios políticos, pues, estar en dos sitios a la vez es imposible (los arts. 9., 14. y 20. y cc. de la C. E. con sus derechos y obligaciones nos vinculan a todos, -a los Obispos también-).

En un Estado de Derecho, en una democracia, la autoridad máxima del Estado se encuentra distribuida en tres poderes, que emanan del Pueblo soberano: el poder legislativo conformado por diputados y senadores, el poder ejecutivo compuesto por el presidente el resto de sus ministros y el poder judicial conformado por jueces y tribunales.

Ahora, parece que en España tenemos otro poder que es la Iglesia Católica, que ha abandonado su plano moral y ha bajado a la arena política, razón por la que deberá decidir, ¿dónde está en política?, pues ya se ha posicionado en un asunto, lo que implica, lo quiera reconocer o no, que ha entrado de lleno en política, abandonando su plano intemporal y tomando partido.

Los Obispos Españoles se han convertido en un lobby político más, con todas sus consecuencias positivas y negativas; es decir, según el Diccionario de la RAE, la Conferencia Episcopal Española se ha transformado por su propia voluntad declarada en -un grupo de presión-, * que es un conjunto de personas que, en beneficio de sus propios intereses, influye en una organización, esfera o actividad social, por tanto, –en España.

-Lo de los Obispos Españoles y su CEE es política de mucho calado, porque se han pasado muchos pueblos -.

N.B.  A nadie le puede sorprender una certezaaunque la claridad de los Obispos es de agradecer, ya que, por fin -cantan la gallina-, aunque estaba claro desde el principio donde estaban en el asunto de los indultos, a pesar, de que, –un poco al acecho si estaban-.

La Constitución y sus derechos fundamentales consagradoscomo la igualdad de los españoles (art. 14 C. E.), son el armazón de nuestra libertad y de nuestro Estado de Derecho, y, contra los abusos y las actuaciones contra ley de cualquiera, solo cabe exigir por todos los medios posibles e imaginables el máximo respeto a la misma, dejando claroque ninguna actuación de cualquiera, sea quien sea, que afecte a derechos fundamentales, debe estar fuera de la crítica pública.

Los indultos que apoyan los Obispos Españoles y su CEE  son contra el criterio del Tribunal Supremo-Sala de lo Penal-, y su Informe de Indulto de 26/05/2021 que los rechazaal no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública (que justificarían la concesión de la medida de gracia), diciendo, que, “-la Sala INFORMA NEGATIVAMENTE la concesión de cualquier forma de indulto -total o parcial- a los condenados en la sentencia 459/2019, 14 de octubre, dictada en la causa especial núm. 20907/2017”-.

Es un hecho cierto, que los Obispos españoles están contra el Tribunal Supremo, -contra la división de poderes-, contra nuestro Estado de Derecho y contra la Constitución-, y, sin duda, contra una gran mayoría de españoles, aunque está muy claro que les da igual.

El indulto del Gobierno a los políticos catalanes condenados por varios delitos -supone poner en grave peligro nuestro Estado de Derecho y la separación de poderes en España-, a pesar de ello, los Obispos han tomado partido. -Pues eso-.

Córdoba, a 26 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Declaraciones sin sorpresas – certezas – Obispos y Empresarios (cantar la gallina)

Ahora, al Presidente de la CEOE, Antonio Garamendi Lecanda,  y, a los Obispos catalanes habría que darles las gracias por su claridad (dicho de otra forma, por cantar la gallina), en sus declaraciones sobre los indultos, pero a la vez, habría que pedirles, que renuncien a todos sus privilegios que procedan de los españoles, como las subvenciones a sus organizaciones y, que, por ejemplo, los Obispos catalanes pidan expresamente a los españoles no independentistas, que no pongan la cruz en su renta para la Iglesia Católica, sino solo en favor de servicios sociales.

Hay que acudir a la sabiduría popular, que en uno de sus refranes dice, que “nunca es tarde si la dicha es buena”, para agradecerles su hasta ahora escondida claridad, y, preguntarles:

¿si los empresarios españoles están de acuerdo con el Sr. Garamendi? y,

¿si los Obispos del resto de España están de acuerdo con sus compañeros catalanes? (especialmente la Conferencia Episcopal Española, a cuyo frente está el arzobispo de Barcelona, Monseñor Omella y Omella, Presidente de la misma).

Es algo indiscutible, que digan lo que digan están haciendo política, de manera, que deben ser tratados como cualquier otro político, y, sometidos a cualquier crítica sea la que sea y venga de donde venga, pues, como dice otro refrán popular, un vaso medio vacío es también uno medio lleno, pero una mentira a medias, de ningún modo es una media verdad”, de forma, que como están haciendo ellos unilateralmente, “no se puede estar en misa y repicando”.

El Sr. Garamendi se queja del revuelo sobre los indultos por sus palabras, pues, dice que -se saca punta a todo- (lo que dijo fue: si las cosas se normalizan, bienvenidos sean los indultos”; aunque, ahora afirma el condecorado, que se han sacado de contexto); de manera, que solo falta el Sr. Omella situado en posición de queja, también, aunque habría que preguntarles:

¿si están con la Constitución Española?

¿si están con el Estado Social y Democrático de Derecho español?

Lo de los Obispos catalanes y lo del Presidente de la CEOE es de libro de mucho miedo.

N.B.  A nadie le puede sorprender una certeza, aunque la claridad de los Obispos catalanes y del Presidente de la CEOE es muy de agradecer, ya que, por fin -canta la gallina-, aunque estaba claro desde el principio donde estaban en el asunto de los indultos, a pesar, de que, –un poco escondidos si estaban-.

La Constitución y sus derechos fundamentales consagrados, como la igualdad de los españoles (art. 14 C. E.), son el armazón de nuestra libertad y de nuestro Estado de Derecho, y, contra los abusos y las actuaciones contra ley de cualquiera, solo cabe exigir por todos los medios posibles e imaginables el máximo respeto a la misma, dejando claro, que ninguna actuación de cualquiera, sea quien sea, que afecte a derechos fundamentales, debe estar fuera de la crítica pública.

Los indultos que apoyan el Presidente de la CEOE, Sr. Garamendi, y los Obispos catalanes, el Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, en su Informe de Indulto de 26/05/2021 los rechaza, al no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública (que justificarían la concesión de la medida de gracia), diciendo, que, “-la Sala INFORMA NEGATIVAMENTE la concesión de cualquier forma de indulto -total o parcial- a los condenados en la sentencia 459/2019, 14 de octubre, dictada en la causa especial núm. 20907/2017”-.

El indulto del Gobierno a los políticos catalanes condenados por varios delitos -supone poner en grave peligro nuestro Estado de Derecho y la separación de poderes en España-.

Córdoba, a 19 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Legítima defensa II – democracia y respeto a la Constitución (resoluciones injustas – derechos y libertades)

Con carácter previo, recomiendo leer un artículo titulado “La dictadura de la Agencia Tributaria” de Jesús Cacho (publicado 06/06/2021 04:45 en el diario digital Vozpópuli), del que reproduzco entrecomillados varios párrafos, por su enorme trascendencia en defensa de la democracia constitucional:

<<Aunque es notable la nómina de funcionarios de la AEAT que deben ser calificados como perfectos demócratas, hay una parte que solo concibe su existencia actuando en funciones de inspección, que pasan 20 o 30 años de su vida haciendo lo mismo y que terminan con la mente deformada, de modo y manera que el contribuyente que tiene la desgracia de caer en sus manos puede tener la seguridad de ser considerado como un defraudador y tratado como tal. No hay derechos y libertades que valgan”.

“Nadie se atreve a denunciar la indefensión en que se encuentran los inspeccionados por miedo a represalias”. “Nadie, a revelar la sistemática conculcación de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución”. “El resultado es que la Agencia Tributaria causa miedo, terror, acojono”.

“Las cosas no han hecho sino empeorar, porque nada puede mejorar en una democracia cuya proverbial pobre calidad viene siendo conculcada en los últimos tiempos por todo tipo de atropellos, muchos de ellos tolerados, si no inducidos, desde la propia esfera del poder político”.

“Urge democratizar la Agencia Tributaria, acabar con la tiranía” …   …   

“Urge emprender una reforma como la que en su día llevó a cabo el presidente Reagan en Estados Unidos con un Internal Revenue Service (IRS) en profunda crisis, víctima de los mismos abusos que hoy se denuncian en la AEAT, para convertirlo en una institución encargada del cumplimiento de las leyes tributarias y de la recaudación fiscal perfectamente democrática, es decir, respetuosa con los derechos y libertades del ciudadano contribuyente”. >>  

*** Lo dicho por Jesús Cacho en su artículo precitado, nos introduce de lleno en la legítima defensa, que –se basa en el derecho natural que tiene un pueblo o una persona de protegerse para rechazar una agresión ilegítima grave e inminente-.  

La legítima defensa es un derecho y un deber frente a todo autoritarismo e injusticia, y, contra cualquier resolución injusta de los poderes públicos, sean quienes sean sin exclusión alguna.

En las democracias cuando un poder público y sus empleados sobrepasa sus poderes y se adentra en la senda del autoritarismo y de la arbitrariedad, actuando ilegítimamente contra los derechos de los ciudadanos anulando sus libertades fundamentales, la legítima se debe ejercitar por los ciudadanos (el pueblo soberano)de conformidad con la Ley constitucional contra cualquier abuso contra ley, pues esos poderes y/o administraciones nunca actúan de oficio defendiendo al ciudadano agraviado.

Reitero, que la C. E. de 1978 dice en sus arts. 9 y 10, que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico y que el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

En España por la actuación de algunos poderes públicos y algunos pocos de sus empleados, los ciudadanos sienten la falta de libertad, y, que se conculcan sus derechos constitucionales, de manera, que no queda otra que la legítima defensa por el pueblo y sus ciudadanos, como forma de protección frente a las agresiones contra las libertades, precisamente por la inacción de esos poderes públicos y sus autoridades responsables, que frente a la vulneración de derechos constitucionales, adoptan una posición silente e inane, incumpliendo su deber de proteger al particular agraviado.

La reforma democrática de esos poderes públicos y sus empleados, que actúan sin reparo contra ley y contra los ciudadanos, es, sin duda, una urgencia democrática, pues, el particular sometido a decisiones injustas, aunque se defienda “-acongojado y cautivo en su temor-”, solo consigue, si es que llega a ello, una pequeña reparación, mientras esos pocos empleados (que enmierdan con su rencor injusto al resto mayoritario de compañeros) que sacrifican contra ley injustamente al pueblo, que dicen servir, quedan impunes ante una administración -en espera- y -paralizada-, que casi nunca acude en defensa de los derechos de sus ciudadanos, que la mantienen política y económicamente

Por todo lo dicho, es necesaria y urgente una reforma democrática de las actuaciones de los poderes públicos, que evite comportamientos injustos para los ciudadanos de esos pocos empleados y administraciones, que imponen sus resoluciones injustas, además, utilizando amenazas e imponiendo el terror a un pueblo del que nace su poder, ejercitado irresponsablemente y, hasta hoy, con arbitrariedad desde una impunidad casi absoluta.

N.B.  Legítima defensa es justicia en una democracia desviada frente a resoluciones injustas del poder público, que socavan nuestros derechos y libertades fundamentales.

Reitero,que la legítima defensa es necesaria frente a los abusos de poderes públicos que actúan contra la Ley, que es la base de nuestro Estado social y democrático de Derecho, al consagrar la C. E. que es el fundamento del orden político y de la paz social

Es de justicia, que, si un poder público y sus representantes se separan de la ley, admitiendo actuaciones fraudulentas con una apariencia de legalidad, y, contra los principios que sostienen el Estado de Derecho, la legítima defensa es un derecho y un deber de los ciudadanos.

La Instituciones del Estado en una democracia plena deben estar al servicio de los ciudadanos y no al contrario, sin excusa ni pretexto alguno.

Córdoba, a 9 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.