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Amnistía – Estado de Derecho (Sin recovecos en ningún sitio)

Hoy es día para denunciar una Ley de Amnistía, que se carga de una patada la Constitución de 1978, deshaciendo la división de poderes y permitiendo que Magistrados del Tribunal Supremo (y, otros Jueces y Magistrados más) vayan a ser investigados y acusados de prevaricación y de todo lo que caiga.

Soy uno de los muchos españoles, que se consideran violentados en todos sus derechos y libertades fundamentales, de forma, que sirva lo que digo como manifestación absoluta de lo que creo y defiendo hasta el final sea el que sea.

He vivido media vida bajo una dictadura y ahora cuando creía, que entre todos habíamos acabado con cualquier tipo de autocracia dictatorial, vienen “unos pocos muchos, quizás demasiados* y me quieren meter de nuevo en otra dictadura privándome de mis libertades y derechos fundamentales.

Pase lo que pase, no lo aceptaré sublevándome desde ya en favor de la libertad y de la igualdad de todos los españoles.

Dicho lo dicho, nadie puede tener duda de donde estoy y ¿por qué?

Aclaro lo que digo, porque creo que la libertad y la Ley no admiten recovecos, de forma, que no se puede estar contra *la ley de amnistía del Presidente Sánchez, sus socios y demás comparsas, si admitimos excepciones o eximentes a cualquier tipo de amnistía, aunque se disfrace di cualquier cosa de apariencia buenista, realizando un salto mortal al vacío de la nada, creando recovecos opacos a la negación de toda amnistía.

Con ánimo abierto, fijaré algunos puntos libres, de cosas que ocurren, incluso a diario, que podrían servir de justificación a la ley de amnistía, que nos intentan colar por la puerta de atrás del Congreso y encima ciscándose en todos los españoles, así:

1.- Se dice, con verdad, que la ley de amnistía autoriza el llamado lawfare contra los jueces, señalándolos y acusándolos de prevaricar, cosa que repito es un disparate aprobado en una Comisión de Justicia del Congreso.

Sin embargo, hay jueces y magistrados que de una y mil formas comenten “lawfare” contra sus justiciables, sirvan de ejemplo abierto, casos donde jueces y/o magistrados dictan resoluciones contra ley, aunque las disfracen de sentencias y/o autos llenos de justicia, cuando, precisamente, se algo les falta a esas resoluciones es ”el valor justicia constitucional” del art. 1.1. de la C. E.

Es un hecho patente, que, en algunos muchos casos, quizás demasiados, se dictan resoluciones judiciales que, sin ninguna duda, están fuera de la ley y, encima, en muchos casos, esas resoluciones son irrecurribles, de forma, que solo queda el T. C con su ya estratosférico Recurso de Amparo y/o acudir al TJUE o al T.E.DD.HH.

En estos casos irrecurribles por ley judicial aplicada a fortiori en perjuicio directo del justiciable, la razón de las mismas es una libertad absoluta sin reglas del órgano judicial que las dicta, y, además, como son resoluciones irrecurribles el contenido de las mismas es puro y duro lawfare contra el ciudadano sufridor de las mismas.

DICHO DE OTRA FORMA, LA NEGACIÓN DEL *LAWFARE* DEBE OPERAR EN TODAS DIRECCIONES, PORQUE LO QUE NO PUEDE SER, ES QUE LOS JUECES NO PUEDAN SUFRIR “GUERRA SUCIA JUDICIAL” Y LOS CIUDADANOS JUSTICIALES LO SUFRAN CASI A DIARIO.

2.- Ahora, que todos estamos contra la Ley de Amnistía, hay cosas que no son de recibo, cuando algunos, muchos o pocos, que realizan declaraciones y se manifiestan contra la amnistía y la corrupción,  resulta que en sus centros de poder autonómico y local, vienen realizando “amnistías pequeñitas” a políticos y gestores políticos que malgastan dinero público en empresas públicas que llevan a la quiebra técnica o en proyectos faraónicos fallidos al 100 por 100, porque, por ejemplo, cuando las nuevas corporaciones locales salidas de las elecciones municipales pasadas, lejos de pedir responsabilidades a los dirigentes políticos de las anteriores corporaciones, exigiendo la devolución del dinero de todos derrochado sin mesura y sin producir ningún beneficio público, se limitan a decir, que quieren salvar a esas empresas públicas y a todos sus puestos de trabajo, poniendo dinero público a esos fines espurios, sin reclamar el dinero de todos tirado en gastos superfluos, y, corriendo un velo traslúcido de impunidad en favor de esos políticos manirrotos, olvidándose de exigir cualquier tipo de responsabilidad y de que ese dinero público dilapidado debería ser devuelto a los ciudadanos de a pie, es decir, al pueblo.

Solo por poner un ejemplo: En la Diputación Provincial de Córdoba, ahora gobernada por el P. P., los casos de las empresas públicas Emproacsa  (agua) y Epremasa (basura) son un paradigma de lo que digo, de forma, que si o si, el gobierno pepero ha concedido una amnistía “pequeñita” a los políticos y a sus gestores de la anterior Corporación Provincial del PSOE. Se habla de 50.000.000 de euros entre ambas dos empresas citadas, aunque, como, además, no hay auditorias independientes la cifra es un arcano perverso.

En resumen, el respeto a la ley y el estado de derecho solo obran en una dirección, de forma, que no valen los cambios de sentido y las dobles direcciones según quien sea y por la razón que sea, porque un Presupuesto Borrón para 2024 no merece la pena.

El PP en su “Declaración de Córdoba” se ha pronunciado con rotundidad y con toda la razón contra la amnistía y la corrupción política del PSOE, de manera, que en ello estamos en todos los sentidos, ya que, lo contrario es una simulación contradictoria y rayana en la mentira.

Lo que he expuesto, sin ánimo cerrado, exime de más explicaciones sobre lo que digo, porque no se puede estar con Ley y contra la amnistía del Presidente Sánchez y todos sus comilitones y, a la vez, aplicar amnistías, aunque puedan parecer “pequeñitas”, porque no se puede estar con Dios y con el diablo, ya que. la C. E. y sus derechos y libertades para todos los españoles sin igual y la verdadera división de poderes base de toda democracia no admite caminos paralelos, donde el valor justicia se convierte en una entelequia según de donde sople el viento.

N.BPor una España libre y abierta, donde las libertades y derechos de los españoles sean el pan de cada día para todos, y, donde el valor justicia de la igualdad se encuentre en una ley común de todos nosotros, de forma, que el respeto a la ley por cualquier poder público no tenga recovecos, donde algunos puedan cobijarse con absoluta impunidad.

La negación de la amnistía no puede tener dobles direcciones, que naveguen en favor de viento que sople.

Córdoba, a 10 de marzo de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Diputado del Parlamento de Andalucía – II Legislatura – Secretario del Parlamento de Andalucía por Alianza Popular.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

La Ley III – Gasto público – Derecho a información veraz (No solo gastar, también, explicar)

¿Cuánto cuesta?, aunque, se pueda decir, “que el dinero público no es de nadie”. PUES, ESO.

Estamos en tiempo de elecciones, de manera que hay que inaugurar lo que sea, publicitarlo a voz en grito y abrazarse todos por una obra pública, curiosamente, siempre bien hecha, de forma, que *el costo total, *el presupuesto, *los gastos de mantenimiento y personal y *quien paga quedan en el profundo pozo del olvido, aunque siempre una cosa está clara, lo paga el pueblo soberano, es decir, todos nosotros.

Lo dicho viene a colación, porque se ha inaugurado con trompetas y muchos abrazos la Biblioteca Cántico en Córdoba (Jardines de Agricultura), que comenzó a construirse hace 20 años, que ha tenido un costo final desconocido, que se ignora cuál será su costo de mantenimiento y personal, y, quién pagará todos los gastos de funcionamiento.

Lo que digo, ni mucho menos va contra la Biblioteca, que considero un bien social de gran prioridad, ni contra cualquier otro gasto público necesario y/o conveniente, sino que, pido una información veraz y completa sobre el costo total de la misma y de sus gastos de funcionamiento, ejerciendo mi derecho constitucional consagrado en el art. 20 .1, c. de la C. E. de 1978, que dice:

1.  Se reconocen y protegen los derechos: d). A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

En apoyo de lo que digo, es un hecho “que en cualquier democracia con un Estado de Derecho en vigor” el respeto a la ley y su cumplimiento por todos sus ciudadanos y todos sus poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), es lo único que garantiza el “valor justicia” en la misma.

Lo expuesto, significa, que, en el gasto público, cualquiera que sea su naturaleza y/o finalidad, existe un orden de prioridades y de adecuación de su coste a la realidad económica y social de la sociedad a la que se dirige.

Quizás, un ejemplo me sirva para explicar lo que digo, así:

Si una familia necesita una freidora, estando compuesta la unidad familiar de cinco personas, y, realiza una compra de freidora de para doce personas, por la causa que sea, como puede ser, que esté rebajada de precio, es un hecho patente que esa familia ha hecho una compra excesiva, se mire como se mire, pues es evidente que no necesita esa freidora si no una para cinco personas.

Dicho de otra forma, la unidad familiar ha malgastado su dinero en una compra innecesaria y alejada del resto de sus prioridades de gasto.

Curiosamente, dicho lo anterior, es una realidad, que en España se malgasta por los gestores políticos, con demasiada frecuencia, el dinero público  realizándose obras innecesarias, excesivas y/o de un coste desmedido sin control alguno, que producen al ciudadano de a pie profunda desazón, máxime, además, cuando el gasto se lleva a cabo sin que exista la mínima -información veraz-, de manera, que el dinero de todos no se gasta, sino que se derrocha, y, sin que exista obligación de devolución del importe malgastado  a la bolsa común de todos de donde salió.

Visto lo anterior, me ratifico en “exigir una información veraz” de cualquier gasto público en todos sus aspectos (necesidad, costo real, prioridad, utilidad social, etc. etc.), pues en España el pueblo soberano de a pie está inmerso en un bucle perverso de desinformación por activa y por pasiva, que, se salta sin pudor el estado de derecho y el respeto a la ley.

Es un hecho, que hace falta un movimiento ciudadano abierto, libre y levantado en armas pacíficas para recuperar nuestro Estado de Derecho y el valor justicia de todos los españoles, porque, sin excusa ni pretexto alguno, todo gasto público debe ser sensato, pertinente, necesario, útil y prioritario, lo que implica, además, UNA INFORMACIÓN VERAZ SOBRE EL MISMO AL PUEBLO SOBERANO.

N.BTodo gasto público conlleva el derecho de los ciudadanos a una información veraz, pues no vale solo gastar, también, hay que explicar, salvo, que se acepte, el ya dicho popular de que el dinero público no es de nadie.

Las cosas que están pasado en España demuestran, que peligra el respeto a la Ley y nuestro Estado de Derecho, lo que conlleva que hay que defender todos nuestros derechos y uno de ellos es UNA INFORMACIÓN VERAZ.

Córdoba, a 10 de febrero de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

La ley II – Cosas que pasan (Poder Judicial – Poder Ejecutivo – Derechos Fundamentales)

El otro día decía algo evidente, “que en cualquier democracia con un Estado de Derecho en vigor” el respeto a la ley y su cumplimiento por todos sus ciudadanos y todos sus poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), es lo único que garantiza el “valor justicia” en la misma.

Curiosamente, dicho lo anterior, en los últimos días sean producido varias noticias, que reflejan la realidad de España y que producen al ciudadano de a pie profunda desazón, así, algunas como ejemplo:

1ª.- La Audiencia de Barcelona ratifica la decisión tomada por el Juzgado de Instrucción 7 de enviar a juicio a 46 agentes de Policía Nacional por las cargas del 1-O, mientras el Presidente Sr. Sánchez ofrece amnistía a los agresores de más de 700 agentes

2ª.- El TSJM sentencia que la calle Ferraz no es “área de especial protección” para prohibir manifestaciones, diciendo, además, que el Gobierno buscó un argumento injustificado para cercenar un derecho constitucional de los asistentes a las manifestaciones en Ferraz.

3ª.- El Tribunal Supremo inadmite la querella de VOX contra el ministro del Interior por la actuación policial frente a las concentraciones contra la sede del PSOE, porque el Auto de la Sala dice que “los querellantes no aportan indicio o principio de prueba alguno que pudiera servir de apoyo a la imputación que hacen a la persona aforada”.

Por otro lado, el T. S. dice, respeto a las querellas que se dirigían también contra el delegado del Gobierno en Madrid y, en el caso del sindicato, contra agentes de Policía, que no es competente por no ser aforados ante la Sala.

4ª.- Duras cargas policiales contra los agricultores de Antequera, donde los antidisturbios emplearon gases lacrimógenos y pelotas de goma contra los manifestantes.

*** Visto lo anterior, me ratifico, en que en España el pueblo soberano está sometido a una presión, que le está hundiendo en una confusión perversa, porque, ocurre, ahora, que una carcoma autoritaria (disfrazada de lawfare y en afirmaciones como que el Poder reside en Congreso) está anulando por la puerta de atrás nuestra Carta Magna, y, porque el estado de derecho y el respeto a la ley están en almoneda y en stand by (en espera), llevándose tras de sí la división de poderes.

** La A. de Barcelona, lo explique cómo lo explique, les ha dicho a los españoles, que nada es verdad o mentira y que todo depende del cristal con que se mire, lo que conlleva que la ley y la seguridad jurídica tienen varias puertas de entrada y salida, aunque, desde luego, la cosa esta clara, de forma, que, por ejemplo, -los agricultores de Antequera- y -los ciudadanos catalanes pacíficos del proces- habitan en mundos paralelos diferentes y contradictorios.

** El TSJM ha dicho lo que todos sabemos, que la calle Ferraz no es “área de especial protección”, aunque, los ciudadanos de a pie ya sabemos, también, que para eso está el T. C.

** Las cargas policiales contra los agricultores en Antequera, donde los antidisturbios emplearon gases lacrimógenos y pelotas de goma, se presentan como algo “desproporcionado”, se mire como se mire.

** El Tribunal Supremo, que, por cierto, es la misma Sala 2. del Proces,  ha dicho lo que tenía que decir, aunque, ha señalado el camino: “No había pruebas” y “otros no son aforados”.

(Nota: VOX lo tiene claro, aunque debería cambiar las personas que dirigen su estrategia jurídica).

La conclusión es la ya expuesta, hace falta un movimiento ciudadano abierto, libre y levantado en armas pacíficas para recuperar nuestro Estado de Derecho y el valor justicia de todos los españoles.

N.BLas cosas que están pasado en España demuestran que peligra la división de poderes, quedando por aplicar el respeto a la Ley y la defensa del “Estado de Derecho”.

Córdoba, a 9 de febrero de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

Diputación – Despoblación – solo propaganda (250.00 euros – es demasiado)

1.- Según ha declarado el Presidente de la Diputación existen 37 pueblos con problemas de despoblación (el 48%), desde el norte hasta el sur de la provincia, y, para luchar con denuedo contra ella la Diputación de Córdoba va poner a retortero 250.000 euros.

2.- Según el INE la población de Córdoba es la siguiente:

Total 2023.14 Córdoba:773.997.

Adamuz:4.092.  Aguilar de la Frontera: 13.282. Alcaracejos:1.493. Almedinilla:2.340. Almodóvar del Río:7.995. Añora:1.507. Baena:18.533. Belalcázar: 3.138. Belmez: 2.802. Benamejí: 4.979. Blázquez Los: 643. Bujalance: 7.186. Cabra: 20.070. Cañete de las Torres: 2.829. Carcabuey: 2.318.  Cardeña:1.437. Carlota, La: 14.258. Carpio, El: 4.327. Castro del Río: 7.665. Conquista: 371. Córdoba: 323.763. Doña Mencía: 4.511. Dos Torres: 2.383. Encinas Reales: 2.252.  Espejo:  3.209. Espiel: 2.386. Fernán-Núñez: 9.611. Fuente Carreteros:1.089. Fuente la Lancha: 354. Fuente Obejuna: 4.415. Fuente Palmera: 9.850. Fuente-Tójar: 692.  Granjuela, La: 410. Guadalcázar: 1.533. Guijarrosa, La: 1.336. Guijo, El: 341. Hinojosa del Duque: 6.579. Hornachuelos: 4.415. Iznájar: 3.804. Lucena: 42.813. Luque: 2.860. Montalbán de Córdoba: 4.465. Montemayor: 3.872. Montilla: 22.298. Montoro: 9.125. Monturque: 1.929. Moriles: 3.658. Nueva Carteya: 5.317. Obejo: 2.076. Palenciana: 1.441. Palma del Río: 20.688. Pedro Abad: 2.775. Pedroche: 1.485. Peñarroya-Pueblonuevo: 10.317. Posadas: 7.256. Pozoblanco: 16.946. Priego de Córdoba: 22.003.  Puente Genil: 29.781. Rambla, La: 7.473. Rute: 9.779. San Sebastián de los Ballesteros: 833. Santa Eufemia: 710. Santaella: 4.640. Torrecampo: 1.003. Valenzuela: 1.045. Valsequillo: 356. Victoria, La: 2.312. Villa del Río: 6.882. Villafranca de Córdoba: 4.866.  Villaharta: 628. Villanueva de Córdoba: 8.460. Villanueva del Duque: 1.406. Villanueva del Rey: 1.000. Villaralto: 1.088. Villaviciosa de Córdoba: 3.085. Viso, El: 2.507.  Zuheros: 621.

3.- Partiendo de 250.000 euros que aportará la Diputación y el número de habitantes de Córdoba de 773.997, resulta por habitante la suma de 0,322 euros para luchar contra la despoblación de Córdoba. Quizás sea demasiado dinero para luchar contra la despoblación.

4.- En el orden de prioridades llama la atención, que la Diputación para sanear Emproacsa (Empresa de Aguas en quiebra técnica), ha puesto 23.000.000 de euros.

Por otro lado, la empresa provincial de recogida de residuos (Epremasa) que ha perdido más de 7 millones de euros este año, la Diputación la subvenciona con dos millones de euros, y, además, sube la tasa de recogida de basura un 41,8%, que pagarán los cordobeses, de manera que vuelve a llamar la atención la desproporción en el dinero que se invierte en la lucha contra la despoblación y el que se dedica a tapar agujeros.

Lo vuelvo a decir, quizás sea demasiado dinero para luchar contra la despoblación, de forma, que a nadie extrañará, que en los pueblos de Córdoba se produzca una diáspora masiva quedando vacíos poco a poco de población.

Está visto, que una cosa es la verdad, la realidad y la eficacia, y, otra cosa, es la propaganda hueca que solo ocasiona desesperanza.

A la vista de lo expuesto y dada la desigualdad entre los datos citados, la solución al problema de la despoblación planteada por el Presidente de la Diputación, realizando, además, una propagada pública a tutti pleni (en abundancia – a porrillo), que parece, que le da la razón a las declaraciones de los políticos socialistas de que el Presidente Fuentes solo es publicidad vacía de contenido, demuestra que los brindis al sol solo conllevan enredo y falsas soluciones.

Hacer una rueda de prensa con el Consejero Sr. Nieto para publicitar a bombo y platillo el Convenio con la Junta de Andalucía para luchar contra la despoblación en Córdoba con tantos escasos medios económicos, quizás, produce un poco de sonrojo y, desde luego, no engaña a los cordobeses. A lo mejor, callado se está mejor.

Todo de expuesto, pone en evidencia la necesidad de un movimiento ciudadano amplio, abierto y solidario, que garantice la igualdad para todos los cordobeses, aunque, tal como ha quedado expuesto solo la autodefensa y la rebelión pacífica continuada de los ciudadanos garantizará nuestro Estado Social y Democrático de Derecho (art.1. C. E.) basado en la justicia y en la libertad.

N.B. Lo dicho en la Diputación solo es “más propaganda”, ahora, con la despoblación, ya que, gastar 250.00 euros para variar su flujo ascendente es demasiado invertir, máxime, cuando, al mismo tiempo, se renuncia a exigir la devolución de cantidades malgastadas a los responsables del despilfarro en sus Empresas Públicas y encima se les inyecta dinero en abundancia para seguir funcionando a más pérdidas.

En las actuales circunstancias de deterioro democrático y del malgasto irrecuperable del dinero público callarse sumiso y cautivo, es una especie de bumerán que se vuelve contra todos los cordobeses.

Sería preferible menos propaganda vacía de contenido y más eficacia real en beneficio de todos los cordobeses y no solo de algunos pocos.

Córdoba, a 10 de enero de 2024

Fdo. Enrique García Montoya.

(Concejal y Diputado Provincial en la legislatura local 1983-1987 de Alianza Popular y Portavoz del Grupo Provincial de A. P.).

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S. -en excedencia-.

La Brecha – S. S. – a más (Comunidades – Estado civil y Sexo)

Un Grupo de mis lectores me reprende, seguramente con razón, porque llevo tiempo que no escribo nada sobre la Seguridad Social, de forma, que como creo que llevan todas las de ganar en su opinión, me pongo a ello, así:

Primero. – Desigualdad en las pensiones y demás prestaciones, incluido el desempleo.

**Si comparamos una pensión de viudedad de alguna Comunidad Autónoma con la media general las diferencias son tremendas, pero, si calculamos, por ejemplo, las pensiones de viudedad entre Andalucía y Extremadura con el País Vasco, Cataluña y/o Madrid las diferencias son para llorar por su desigualdad e injusticia.

Es cierto, que las bases de cotización han sido y son muy diferentes, pero, precisamente, aquí reside la base se la injusticia, en una desigualdad económica dilatada en el tiempo y que lejos de disminuir se incrementa.

**Si comparamos una pensión de viudedad y una pensión máxima de jubilación los resultados son discriminatorios, se mire como se mire, así, la pensión máxima es 3.175 euros y la pensión contributiva mínima 799,70 euros, siendo la pensión de viudedad mínima 616 euros, lo que implica, que las diferencias son claramente contrarias a la Constitución de 1978 y a nuestro Estado Social y Democrático de Derecho. (Arts. 1., y, 14. C. E.).

*Un último apunte la pensión no contributiva mínima es de 484 euros.

**Paro. – 2023.  Las cuantías del paro, o prestación por desempleo, 560 euros como mínimo hasta un máximo de 1.575 euros mensuales.

**Paro. – 2024. Mínimo: 95% del IPREM (570 euros al mes en la actualidad) durante los primeros seis meses; 90% del IPREM (540 euros al mes) durante los siguientes seis meses; y, 80% del IPREM (480 euros) a lo largo del resto del periodo. El máximo 1.675 euros mensuales.

*Aquí, si comparamos una prestación de paro de alguna Comunidad Autónoma con la media general las diferencias son muy grandes, pero, si calculamos, por ejemplo, las prestaciones de paro entre Andalucía y Extremadura con el País Vasco, Cataluña y/o Madrid las diferencias son inasumibles e insostenibles.

Es cierto, que las bases de cotización han sido y son muy diferentes, pero, precisamente, aquí reside la base se la injusticia permanente, en una desigualdad económica dilatada en el tiempo y que lejos de disminuir se incrementa.

Segundo. – El Estado Social y Democrático Constitucional (art. 1. C. E.) impone el sometimiento y cumplimiento de la ley, la justicia, y, el principio de que todos los españoles somos iguales ante la Ley.

El Estado de Derecho garantiza la igualdad ante la ley, la participación social en la toma de decisiones y la legalidad sin arbitrariedad.

N.B. Mi opinión sobre la S. S. ya le ha detallado muchas veces, de forma, que después de lo expuesto, mis lectores comprenderán porque no escribo más sobre la misma, ya que, la Brecha en la Seguridad Social, desde cualquier punto de vista que se mire, es insostenible e injusta.

Reitero lo dicho, la C. E. de 1978 deja muy claro que “todos los españoles sin exclusión son iguales ante la ley”.

Córdoba, a 7 de enero de 2024

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S. -en excedencia-.