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“Cosas veredes”-lo que hay que ver (confusión – respeto a la ley – libertad y democracia)

El origen de la expresión se suele situar en el Cantar de Mío Cid, cuando Rodrigo Díaz de Vivar le dijo al rey Alfonso VI –los males de los reyes que se ausentan– y este le contesto “cosas tenedes”, aunque lo importante es explicar, que esa frase significa confusión, duda de lo que se debe hacer en algo, es decir, algo así como -lo que hay que veren lenguaje popular.

Lo dicho viene a colación por todo lo que se esta viendo y ocurriendo en España, y, donde casi todos coinciden, en que nuestras libertades y derechos están siendo demolidos por unos pocos, que creen que la Constitución de 1978 es un obstáculo para sus planes, solo hay que señalar algunos casos inquietantes, así:

* Los jueces recurren a Europa para que los apoye y defienda, como última solución con toda la razón del mundo.

* El Tribunal Constitucional politizado al máximo se ha convertido en un reducto confiscatorio de libertades, de forma, que no hay más que ver sus últimas actuaciones.

* El Ministro del Interior Sr. Marlaska oculta información sobre violencias contra la policía y un partido político.

* El voto por correo a la vista de las últimas informaciones y denuncias se ha convertido en una trampa semejante a un campo de minas, pues no hay más que ver las declaraciones de Correos y de su máximo dirigente puesto en su cargo por el Presidente Sr. Sánchez.

* El CIS dirigido por el Sr. Tezanos es un aparato de propaganda del Ejecutivo y su partido pagado por todos los españoles.

* La Fiscal General del Estado a lo suyo, ¿por qué de quien depende?, pues eso.

* El Plan de recuperación y Resiliencia enviado a Bruselas, no contempla la reforma de la S. S. ni de las pensiones, anunciando, además, el Gobierno que seguirán subiendo las retribuciones de los empleados públicos, creando empleo público y aumentando las pensiones con el IPC.  

*** Está muy claro que eso es lo que hay, de manera, que solo se vislumbran dos posturas ante semejante cataclismo de las libertades, una defender la libertad, la Constitución y el respeto a la Ley, y, otra aquietarse sin hacer nada, sometidos y cautivos, esperando “el no vendrán por mí”.

Lo que se está viendo en las elecciones de Madrid, es un aviso para todos los españoles, de manera, que nadie se llame a engaño, pues una cosa está muy clara, –que no engañan a nadie, que no quiera ser engañado-.

La última EPA (1T-2021) ha demostrado lo que funciona y lo que no funciona, ya que, no hay más que ver donde se crea empleo y donde se destruye. Lo repito, solo se engaña al que quiere ser engañado.

N.B.  La confusión es tal, que la expresión “cosas veredes” lo resumen todo, ya que, solo se ve falta de respeto a la ley, recorte de libertades a los españoles y un propósito irredento de demoler la Constitución de 1978 y destruir la transición ejemplo de democracia y libertad.

La desconfianza de los españoles en el estado de derecho está en mínimos, además, la división de poderes está en entredicho, máxime, cuando ciertas actuaciones de los poderes públicos se sospechan realizadas en fraude de ley.

La libertad no se defiende sola, así que, contribuir a su defensa es una prioridad de todos, de forma, que nada de soportar amenazas y todos remando en la misma dirección de la democracia verdadera.

Sin la menor duda, la gran mayoría de los españoles somos libres y defensoresde la libertad y la convivencia pacífica.

Córdoba, a 2 de mayo de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Camelos y burlas – retroceso y efecto llamada (derecho a una información veraz y respeto a la Ley)

Un camelo es una noticia falsa, una simulación, un fingimiento y una apariencia engañosa, de manera, que es una burla dirigida a alguien con ánimo de atraerlo hacia una dirección fraudulenta.

Sin embargo, a veces ocurre, que el arma falsa tiene retroceso, que provoca un movimiento contrario al que espera el que dispara la burla colectiva. De esta manera, una noticia falsa con mucho retroceso se hace difícil de manejar, sobre todo si no va equipada con un apoyo suficiente para sostener el engaño y controlar sus efectos.

El Preámbulo de la Constitución (ahora que estamos en tiempos de preámbulos, que se dice, que no son normativos, pero que sin duda son esenciales para cualquier interpretación razonable de toda norma), dice:

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.

Establecer una sociedad democrática avanzada, y

Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.

*** Las noticias de cartas, balas y navajas, algo inadmisible en unas elecciones democráticas, así como, la forma de hacerse públicas, por todas sus circunstancias empiezan a tener retroceso, así:

* El misterio se cierne sobre Correos y su máximo responsable Juan Manuel Serrano, de conocido currículo al servicio de su partido y que ya ha emitido un comunicado confuso y difuso.

* Por un sino perverso y casual parece, que las tres cartas pasaron por un solo escáner a la vez, sin confundirse ni mezclarse con otros muchísimos sobres que pasan por Correos. 

* Así mismo, ¡ah los hados!, un solo empleado de la seguridad de Correos distraído, al parecer, no controló el escáner y el contenido de los sobres, que, por cierto, iban dirigidos a unas de las tres personar más vigiladas de España, lo que ya es mala suerte y, además, tenemos un responsable.

* Todos los sindicatos parece que no aceptan la versión del descuido del vigilante controlador, concluyendo, que, en su valiosa opinión, es imposible, que ocurra algo parecido, sobre todo cuando los sobres contenían objetos metálicos.

* Así mismo, parece que el Ministerio del Interior y su sistema de seguridad tampoco detectarón nada y los sobres llegaron a su destino. Las cartas de amenaza llegaron a la secretaria de Marlaska tras fallar la seguridad del Ministerio.

Parece que los jueces van a intervenir en el asunto y que alguien se va a personar en las diligencias penales, de forma, que ya lo queda, es que el poder judicial actúe con rapidez y esclarezca el asunto, ya que, aquí todos nos jugamos mucho, especialmente la libertad.

* Cabrían muchas cosas más en este pequeño comentario, pero con lo expuesto es más que razonable.

(Nota. El remitente consignó el sobre con nombre apellidos y dirección, afín de que no hubiera duda de su procedencia y autoría.

Un poco de prudencia no vendría mal a todos, pero antes de todo, gracias a la policía por su rápida intervención, aunque queda claro, que el síndrome de la imitación (se llama efecto llamada) motiva comportamientos increíbles e indeseables, y, debe servir de ejemplo de lo que no puede ser).    

*** En cualquier proceso democrático verdadero, estas cosas sumamente turbias deben ser esclarecidas por completo y de inmediato, de manera, que se coja a los culpables y se depuren todas las responsabilidades.

En nuestro Estado Social y Democrático de Derecho no caben ni por asomo, estos camelos si lo son, y, si no lo son, sea cual sea la versión verdadera, hay que castigar a los culpables, sin exclusión alguna, ya que, la impunidad crea desafección de los ciudadanos en la justicia y en sus poderes públicos, además, si alguien tiene que pedir disculpas que las pida.

Con todos los asuntos problemáticos que tenemos sobre la mesa, es un insulto a los ciudadanos españoles, que ocurran estas cosas y, que, de una u otra forma se constituyan en la piedra angular de unas elecciones, que deben ser libres, pacíficas, transparentes y celebradas con el máximo respeto al estado de derecho.

El retroceso de esta trama estulta y necia debe perjudicar a sus responsables, y, aquí, el poder judicial no puede dejar pasar ni una, ya que, si llevamos tiempo hablando de la división de poderes y de la independencia de los jueces y tribunales, ahora, es un momento adecuado para demostrarnos a nosotros mismos, que estamos en un estado de derecho dónde se respeta la Ley, que es la base de nuestras libertades y derechos.

Los jueces han salido a defender su independencia con toda la razón de mundo, y, ahora, sin la menor duda, tienen una ocasión para demostrar a los españoles, ¿por qué? luchan por ser libres e independientes de cualquier poder. Lo contrario sería una actuación engañosa a los ciudadanos, vamos un camelo.

Para terminar, destacar algo que parece una verdad absoluta, aunque con trampa: Unos pocos, quizás demasiados, están convencidos que los españoles somos gilipollas, vamos necios o estúpidos.

La verdad es que están equivocados de principio a fin, de manera, que confunden la prudencia, la moderación y el buen juicio con la estulticia y la tontuna. El tiempo dirá, ¿quién tiene razón?

N.B.  Sin duda, los camelos y las burlas tienen retroceso, pero, curiosamente, se llevan en política dónde se dicen cosas terribles con total impunidad, aunque ya va siendo hora, que tengan retroceso para sus autores.

Si no se hace justicia en este turbio asunto, la desconfianza de los españoles en el estado de derecho aumentará, además, la división de poderes estará en entredicho, máxime, cuando ciertas actuaciones de los poderes públicos se sospechan realizadas en fraude de ley.

Por otro lado, se dice que el Poder Judicial se diluye en España, estando en serio peligro la división de poderes, razón por la que hay que devolver a los españoles la confianza en la justicia, de forma, que ahora tenemos una ocasión de oro, no cabiendo las excusas y, mucho menos, ponerse de perfil por parte de los jueces.

Defender la libertad y la democracia para todos siempre es bueno,de forma, que nada de amenazas, nada de pistolas, nada de navajas ynada de camelos, aunque si sería deseable mejorar una seguridad incompetente.

A pesar de lo que algunos demasiados creen, los españoles somos responsables, inteligentes y libres, de forma, que ahí tenemos la transición y la Constitución de 1978, como prueba irrefutable de su compromiso por la libertad y la convivencia pacífica.

Córdoba, a 28 de abril de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Una broma peligrosa – un Preámbulo fraudulento (Estado de Derecho sumido en la nada – la libertad descalabra)

Llevamos algún tiempo, donde día a día se impone el autoritarismo y se recorta, de una u otra forma, la Constitución Española vigente, pero sin duda, siempre cabe una sorpresa más, que demuestra, que nuestro Estado Social y Democrático de Derecho está siendo ninguneado por los defensores de la única verdad y libertad posibles.

Tenemos un estado alarmante, que está destruyendo nuestros derechos y libertades; la división de poderes está en situación de “espera” (stand by) por unas disposiciones, que incluso Europa ha llamado al orden al Gobierno de España; una Ley incumplible impone el uso obligatorio de mascarillas incluso al aire libre; se controla la libertad de expresión (art. 20 C. E.); alguna policía rompe puertas a la fuerza bruta, violando derechos fundamentales (art. 18 C. E.), las instituciones del estado están siendo ocupadas sin pudor por el Poder Ejecutivo; la seguridad jurídica y el respeto a la ley por los poderes públicos están desaparecidas (arts. 9 y 10 C. DE.); y, así un larguísimo etc. de actuaciones enmarcadas en una ideología extrema y en el autoritarismo.

En este contexto preocupante y peligroso, se publica en el Boe la Ley Orgánica 5/2021, de 22 de abril, de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal. Jefatura del Estado.

{BOE núm. 97, de 23 de abril de 2021, páginas 46369 a 46370 -2 págs.}

El PREÁMBULO de la Ley citada dice literalmente lo que sigue, -que exime de cualquier comentario previo-:

<< Nuestro constituyente definió el modelo de Estado español como social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Justificado en la necesidad de equilibrar la desigual estructura en el ámbito laboral, el desarrollo posterior del artículo 37 de la Constitución se llevó a cabo en relación con el derecho a la negociación colectiva y a la adopción de las medidas de conflicto colectivo, así como con el desarrollo jurisprudencial, además de con el desarrollo de la libertad de sindicación estableciendo un sistema de relaciones laborales más democráticas para corregir la asimetría de las relaciones laborales preexistentes a 1978.

Con la crisis como oportunidad, desde la llegada al Gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno.

La reforma laboral, que prácticamente excluyó la negociación colectiva de los trabajadores y que devaluó o directamente eliminó otros muchos de sus derechos, no pareció suficiente y por ello se reforzaron, con ataques directos, todas las medidas que exteriorizaron el conflicto, utilizando la legislación en vigor, como la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, y el artículo 315.3 del Código Penal, en el corto plazo, y trabajando, en el medio plazo, para desplegar un entramado de leyes que asfixian la capacidad de reacción, protesta o resistencia de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales, hacia las políticas del Gobierno.

Así, se ha aplicado la forma agravada de coacciones prevista en el artículo 315, apartado 3, del Código Penal, sobre la más atenuada de coacciones genéricas, aunque en la mayoría de los casos los hechos no puedan ser entendidos como violentos o coactivos y, en consecuencia, como un riesgo cierto para la integridad de las personas o de los bienes o instalaciones donde se desarrollan. Con esta aplicación de la ley se ha tratado de disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho a la huelga y, en consecuencia, su libertad sindical.

Si bien la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, vino a mitigar la respuesta punitiva de la ley, la misma no da una respuesta proporcionada, ni añade nada nuevo ni necesario atendiendo a la finalidad que la norma atendía. Por ello, el artículo 315.3 del Código Penal debe desaparecer de nuestro ordenamiento punitivo, toda vez que el genérico delito de coacciones ya protege de manera adecuada la libertad de no hacer huelga.

De otra parte, todas estas actuaciones no se ajustan ni a las previsiones de nuestro sistema constitucional ni a las obligaciones que tiene España como signataria de los distintos textos nacidos en la Organización Internacional del Trabajo.

Finalmente, han sido las razones antes expuestas y una forma de interpretación del delito, que amplió su aplicación en sentido contrario a cómo debería interpretarse teniendo en cuenta la doctrina constitucional existente sobre el mismo y el deber de todo intérprete de evitar que la interpretación de la norma disuada del ejercicio del derecho fundamental que limita, las que nos llevan a la necesidad de proponer la supresión de este precepto. >>

** Así mismo, la Ley dice:

<< Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Se suprime el apartado 3 del artículo 315 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Disposición transitoria única. Revisión de sentencias.

Los jueces o tribunales procederán a revisar las sentencias firmes dictadas de conformidad con la legislación que se deroga.

Disposición final única. Entrada en vigor. La presente Ley Orgánica entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica.

Madrid, 22 de abril de 2021.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,

PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN >>

*** El Preámbulo precitado exime de cualquier comentario, pues hay para todos, incluidos los Gobiernos anteriores desde Felipe González hasta el día de hoy, los partidos políticos, los jueces que interpretan y aplican la ley, los ciudadanos, etc., mientras el Gobierno de la nación “luce inmaculado” de cualquier ataque a las libertades y siempre respetuoso con todos; es decir, todos menos él, incluidos los españoles de los que pasa sin más, sometidos y cautivos.

Las voces en contra son multitud, diciendo, que la L.O. antedicha, “desmantela las libertades”, que no dan crédito a un Preámbulo que es una nota de prensa del PSOE o de Podemos, que nunca se ha visto algo igual, que es un panfleto, etc. etc., pero entiendo, que no hay nada como la letra simple y peligrosa del Preámbulo reproducido, de manera, que sobra cualquier crítica, cuando lo único cierto es que estamos en peligro, y, la L. O. no es sino un paso más en la demolición de la C. E de 1978, cosa que no ocultan, no pudiendo nadie llamarse a engaño.

N.B.  Como decía al principio, se trata de una broma peligrosa y de un Preámbulo fraudulento, que sumen a nuestro Estado de Derecho en la nada, eliminando de nuevo nuestros derechos y libertades constitucionales, aunque una cosa es cierta, que no engañan a nadie, de forma, que luego nadie se queje.

Los comentarios sobran.

Córdoba, a 24 de abril de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Responsabilidad – ejemplaridad – poderes públicos (respeto a la Ley y Estado Derecho)

Breve introducción.

* Responsabilidad: Obligación de quien está encargado de algo.

Son sinónimos de la misma: obligatoriedad, deber, cometido, encargo, trabajo, incumbencia, compromiso, misión.

* Ejemplaridad: Cualidad de alguien que puede servir de modelo para otros.  Ejemplar, por tanto, es un concepto que responde a la pregunta de cómo es una persona, y, si parece o no digno de confianza por ser honrado e íntegro.

Una persona ejemplar es aquella de la que se dice, que es cabal, equitativa, honrada, intachable, irreprochable, justa y recta.

Es incuestionable, que la responsabilidad del ejemplo incumbe o atañe a todas las personas por igual, porque vivimos en una sociedad repleta de contrapartidas de unos con otros, de las que es imposible escapar, pero, también, es evidente, que la ejemplaridad es más exigible, a aquellas personas que representan a los poderes públicos y detentan un poder que les ha delegado el pueblo, que es dónde reside la soberanía y los poderes del Estado, así:

La Constitución Española establece lo siguiente:

<< – Artículo 1: 1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. >>

– Artículo 9: 1.  Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 3.  La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

– Artículo 10: 1.  …   …, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.>>

En España, además, el Tribunal Constitucional se apoya en el respeto a la ley, como fundamento del orden político y de la paz social, para avalar la obligación de respetar el ordenamiento jurídico.

*** Lo dicho, viene a colación, porque, en estos días de pandemia y de inseguridad jurídica, desde todos los poderes públicos se apela a la responsabilidad del pueblo para atajar la enfermedad, de manera, que el mantra de apelo a la responsabilidad individual y social, se ha convertido en la única verdad, cuando lo cierto es, que, los que ejercen el poder público delegado por los ciudadanos temporalmente en ellos, vienen dando ejemplo de falta de ejemplaridad en todos los sentidos.

Son tantos los casos de irresponsabilidad de los poderes públicos en España, que eximen de mencionarlos al ser de conocimiento general de todos los españoles, de manera, que estando de acuerdo con la exigencia de responsabilidad individual y social a los españoles (siempre, que vaya acompañada de una información veraz inmediata y completa), también, muestro mi disconformidad más absoluta, con el comportamiento carente de ejemplaridad de esos poderes que nacen del pueblo; ya que, en vez, de cumplir con sus obligaciones de forma honrada inspirando confianza a los ciudadanos, se dedican, con manifestó abandono de su misión, a luchas cainitas del todos contra todos, de manera, que los españoles solo ven por doquier exigencias y autoritarismo para ellos, e, irresponsabilidad en sus  gobernantes.

A alguien le puede extrañar, que España haya caído en una ruina social, política y sanitaria tan manifiesta, de forma, que, en Europa estemos a la cola de todo lo bueno y en primer lugar en todo lo malo: Fallecimientos, contagios, paro, deuda y déficit públicos, destrucción de empleo y tejido productivo, recuperación económica y sanitaria, y así, en muchas cosas negativas más.

Los españoles están demostrando día a día, que en materia de responsabilidad se colocan muy por encima de sus poderes públicos, de forma, que su conducta individual y colectiva en relación con la pandemia y el resto de los problemas del País, sin duda, está en un nivel superior a sus gobernantes.

Es verdad, que la memoria de los españoles, junto con ciertas desviaciones ideológicas inducidas desde el poder, no es de lo mejor que tenemos, como lo prueban los resultados de las votaciones para elegir a los representantes del pueblo, aunque, también, es cierto, que los ciudadanos hemos llegado a un punto de hartazgo difícil de imaginar.

Los resultados del cansancio popular pueden derivar en abstenciones masivas o en participaciones electorales confluyentes con una misma finalidad, pero con diferente resultado, de manera, que a estas alturas y con lo que está cayendo, los españoles, espero, que puedan dar una gran sorpresa, a todos aquellos que nos creen en la inopia, y, que nunca saldremos a defender nuestros derechos y libertades constitucionales.

N. B.  La responsabilidad y la ejemplaridad de los poderes públicos son algo esencial en un Estado Social y Democrático de Derecho como el nuestro, que se rige por el respeto a la Ley de todos, especialmente, de los que ejercen el poder, que les ha delegado el pueblo soberano.

Como ejemplo negativo de todo lo expuesto, baste citar, los supuestos recientes, conocidos por todos, de obediencia debida contra Ley, de patadas a las puertas y de vulneración de derechos fundamentales, que, sin duda, son algo intolerable en una España democrática, ya que, sin respeto a la Ley del pueblo español por todos los poderes públicos (ejecutivo, legislativo y judicial), no existe una democracia real.

Sin responsabilidad y sin ejemplaridad de los poderes públicos en el cumplimiento de la ley, exigir a los españoles responsabilidad individual y social en la lucha contra la pandemia (sin que exista, además, una información veraz inmediata y completa a los ciudadanos), es un imposible de cumplir y un fracaso de antemano, ya que, ninguna ley se cumplirá si el pueblo soberano no la acepta y participa en su cumplimiento, convencido de su bondad y de sus efectos favorables para él.

Un ejemplo claro de lo dicho, es la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en lo relativo a su artículo 6., que impone la obligatoriedad de las mascarillas, incluso en espacios abiertos, como pueden ser las playas. Está más que claro, que esta Ley mencionada en ese punto no se cumplirá.

La única ventaja que se ve, es que ya nadie puede llamarse a engaño, ya que, las cosas están muy claras, de manera, que después nadie se queje.

Córdoba, a 5 de abril de 2021

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Obediencia debida – patadas a las puertas – policía (respeto a la Ley y responsabilidad)

Aquí conviene citar primero la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que en el Capítulo II, Principios básicos de actuación, artículo quinto establece:

<< Son principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los siguientes:

1. Adecuación al Ordenamiento Jurídico, especialmente:

a. Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del Ordenamiento Jurídico.

b. Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión.

c. Actuar con integridad y dignidad. En particular, deberán abstenerse de todo acto de corrupción y oponerse a él resueltamente.

d. Sujetarse en su actuación profesional, a los principios de jerarquía y subordinación. En ningún caso, la obediencia debida podrá amparar órdenes, que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las Leyes.

e. Colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla en los términos establecidos en la Ley.

2. Relaciones con la comunidad. Singularmente:

a. Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral.

b. Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger, siempre que las circunstancias lo aconsejen o fueren requeridos para ello. En todas sus intervenciones, proporcionarán información cumplida, y tan amplia como sea posible, sobre las causas y finalidad de las mismas.

c. En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable; rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance.

d. Solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere el apartado anterior.

6. Responsabilidad, son responsables personal y directamente por los actos que en su actuación profesional llevaren a cabo, infringiendo o vulnerando las normas legales, así como las reglamentarias que rijan su profesión y los principios enunciados anteriormente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que pueda corresponderá a las Administraciones Públicas por las mismas. >>

*** Queda claro, que el principio de obediencia debida en ningún caso podrá amparar actos manifiestamente ilegales ordenados por los superiores, siendo también digna de mención, la obligación que se impone a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de evitar cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral, de forma, que la obediencia debida no exime de responsabilidad penal, cuando el autor material sabía que estaba cometiendo un delito o su ilicitud era manifiesta, como sucede en materia de violaciones de derechos fundamentales.

Así mismo, es un deber del funcionario saber de la legalidad o ilegalidad de la orden, de manera, que el desconocimiento no le exime de responsabilidad, por lo cual una orden sin las explicaciones oportunas de la legalidad de la misma, no sería legítima y no sería un deber llevarla a cabo.

*** Las patadas en las puertas, el derribo de las mismas y la entrada por la fuerza en un domicilio particular sin orden judicial, vulneran un derecho fundamental básico consagrado en el art. 18 de la Constitución Española.

En España después de la sentencia nº 35/2021, de 31 de marzo de dos mil veintiuno del Juzgado Central Contencioso-Administrativo nº. 8, Procedimiento Abreviado 109/2020, referente a D. Diego Pérez de los Cobos Orihuel contra el Ministerio del Interior, ningún funcionario de las fuerzas del orden puede llamarse a engaño, en el sentido de que las órdenes contrarias a la Ley, sobre todo cuando machacan a los ciudadanos y vulneran sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución, no se deben cumplir.

No se puede aceptar por los españoles, que se imponga un estado autoritario y policial contra los ciudadanos (el pueblo soberano) y que, además, los responsables, como es el caso del Ministro Grande-Marlaska, no asuman ninguna responsabilidad, ya que, si los ciudadanos españoles pasamos de largo, nos pasará a todos como al personaje del poema de Martin Niemöller sobre la libertad y la apatía en su defensa: Cuando vinieron a por mí, ya no había nadie para protestar.

N. B.  La obediencia debida contra Ley, las patadas a las puertas y la vulneración de los derechos fundamentales por la policía son algo inadmisible en una España democrática, ya que, sin respeto a la Ley por todos y, especialmente, por los poderes públicos no existe el Estado de Derecho Constitucional.

Además, sin ejemplaridad de los poderes públicos en el cumplimiento de la ley, es una ofensa a los españoles, que se les pida su cumplimiento.

Sin embargo, lo peor es, que actúan así contra la ley algunos muchos, quizás demasiados, porque se sienten impunes, de forma, que les da igual, aunque puede ser cierto, que los culpables somos los ciudadanos, por tener mala memoria y permanecer apáticos en defensa de nuestras libertades y derechos.

Ya nadie puede llamarse a engaño, ya que, no se puede poner en duda, que las cosas están muy claras, luego que nadie se queje.

Córdoba, a 1 de abril de 2021

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.