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De la ruptura del «Contrato con España» al premio electoral – (La paradoja del PP en Córdoba)

(Nota. Leo con frustración y desaliento el Diario Córdoba de hoy domingo 25/10/26, Pág. 8. Local, a toda plana, que Salvador Fuentes será el cabeza de lista del P. P. al Senado.)

Alberto Núñez Feijóo presentó en su día el «Contrato con España» bajo un compromiso solemne cimentado en cuatro pilares: *decir la verdad, *respetar la ley, *garantizar que el esfuerzo valga la pena y preservar la unidad.

“Prometió una política examinada por los hechos y no por la pirotecnia verbal”.

Sin embargo, en política, el valor de la palabra dada no se mide en los atriles de la capital, sino en los presupuestos, las empresas públicas y los boletines oficiales de las instituciones territoriales; y ocurre que en la Diputación Provincial de Córdoba ese compromiso contractual no solo se ha transgredido y quebrantado, sino que *se ha roto formalmente por la vía de los hechos*.

Lo vertiginoso de la política actual ha convertido una seria advertencia de coherencia en una sangrante provocación electoral:

“Salvador Fuentes Lopera, presidente de la Diputación de Córdoba y principal ejecutor de la quiebra de esos principios en la provincia, ha sido designado cabeza de lista del Partido Popular al Senado por Córdoba”.

Lo que hasta ayer era un distanciamiento ideológico silencioso, hoy se convierte en un premio político en toda regla.

<<Un premio electoral a la doble contabilidad política>>

– Resulta inadmisible pedir rigor, neutralidad institucional, austeridad y batalla de ideas frente al modelo de la izquierda en Madrid, mientras en la administración provincial se financian, con dinero público y bajo la sigla popular, las prioridades, estructuras y relatos del adversario ideológico -acuerdo presupuestario I.U.- (apertura de fosas, memoria democrática, aumento del gasto público, subvenciones a empresas públicas ruinosas, subida de tasas de agua y basura,  etc. etc.)

***Los cordobeses asistimos perplejos a una doble vara de medir:

**Una contabilidad para Génova: Rigor, discurso de contención, fiscalización y combate ideológico.

**Otra contabilidad para Córdoba: Concesión política, rescate sistemático de la ineficiencia y financiación encubierta de la agenda de la izquierda radical (I.U.) bajo la falsa coartada del «pragmatismo».

***La designación de Fuentes Lopera como número uno a la Cámara Alta abre una fisura de credibilidad y rompe el Contrato público del Sr. Feijoó ante un electorado de centro-derecha sumido en la desesperanza:

¿Con qué avales se premia institucionalmente a quien ha ejercido de rompedor directo del modelo de buen gobierno que se promete a nivel nacional?

<<Las tres quiebras del modelo en la provincia>>

– Para entender el alcance de este contra discurso no hay que acudir a la demagogia, sino a los datos de la gestión provincial:

1.- Financiación de la agenda ideológica ajena: La coherencia política exige no sufragar con los impuestos de los contribuyentes lo que en el programa electoral se promete derogar o combatir. No se puede clamar contra la instrumentalización ideológica de las instituciones y, simultáneamente, sostener la cobertura institucional y económica de esos mismos relatos en el ámbito provincial.

2.- Rescatar lo ruinoso sin transparencia (EMPROACSA y EPREMASA): Las empresas provinciales no pueden funcionar como cajas negras donde el déficit derivado de gestiones cuestionables se cubra con transferencias opacas sin rendición pública de cuentas. Quien gestiona los servicios esenciales de agua o residuos tiene la obligación de someterse a auditorías independientes y publicar indicadores reales de eficiencia. La fiscalización no es deslealtad: es una obligación legal y ética con el contribuyente.

3.- Pactismo ideológico disfrazado de gestión: El pacto técnico para una obra de infraestructura o un servicio hídrico sirve al ciudadano. El pacto que subvenciona el relato, premia la ineficiencia y compra paz de despacho a costa de traicionar el mandato del votante es, sencillamente, capitulación.

<<El silencio cómplice de la dirección nacional>>

– Frente a esta deriva, la dirección nacional del PP ha optado por el silencio. Un silencio que ha dejado de ser prudencia para convertirse en complicidad orgánica. En lugar de imponer comités de garantía, fiscalizar los convenios y exigir disciplina programática en las corporaciones provinciales, Génova ha preferido validar la maniobra elevando al máximo responsable de la gestión provincial a la cabeza de la candidatura al Senado.

El votante no es un cheque en blanco ni tolera ya el cinismo de la política territorial. La incoherencia prolongada solo genera desencanto, abstención y la fuga de voto hacia opciones que demuestren mayor firmeza moral y programática.

<<Un contrato que no obliga a quienes gobiernan con las siglas de quien lo firma no es un contrato:

“Es un eslogan de campaña”>>

– Si el «Contrato con España» de Feijóo no se aplica con rigor en la Diputación de Córdoba ni condiciona las listas electorales, las promesas de regeneración quedarán reducidas a una mera estrategia retórica para alcanzar el poder.

La verdad, la ley y el esfuerzo se practican en cada empresa pública, en cada subvención y en cada presupuesto provincial; si no, el electorado tendrá toda la razón al deducir que las siglas han vuelto a situarse por encima de los principios.

N. B.  Imágenes. De la ruptura del «Contrato con España» al premio electoral – (La paradoja del PP en Córdoba.)

1ª. Imagen.

2ª. Imagen.

3ª. Imagen.

Está claro que no son de fiar ni de votar.

Córdoba, 25 de octubre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado (ICA-Córdoba). Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba y exdiputado provincial.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

Deterioro del Estado de Derecho (La Realidad en las Corporaciones Locales)

El deterioro de la calidad institucional en España es una realidad palpable que afecta a todos los niveles de la administración, pero resulta especialmente preocupante en el ámbito más cercano al ciudadano: las Corporaciones Locales (Ayuntamientos y Diputaciones).

Desde la Asociación Córdoba Abierta (ACOA), analizamos cómo la corrupción, la falta de controles y el clientelismo están socavando el Estado de Derecho.

1.- Un contexto de alerta institucional.

La percepción ciudadana y los datos de organismos internacionales (como la OCDE y la Comisión Europea) coinciden: la calidad institucional en España está por debajo de la media europea. Los puntos críticos son claros:

<-Alto riesgo en la contratación pública: Es el terreno más fértil para la corrupción.

<-Politización de las instituciones: La falta de independencia en los órganos reguladores debilita los contrapesos democráticos.

<-Sensación de impunidad: La lentitud de la justicia y estrategias procesales —como el cargo público que se acoge a su derecho a no declarar en lugar de colaborar— alimentan la desconfianza social.

2.- El foco del problema: Ayuntamientos y Diputaciones.

Es en la administración local donde el deterioro se manifiesta de forma más cruda a través de dos vicios heredados que han mutado para sobrevivir en democracia:

<-El abuso de la “Libre Designación”: Lo que debería ser excepcional se ha convertido en norma. Se utiliza para nombrar a dedo a amigos, parientes o miembros del partido (“amiguismo” y “clientelismo”), desplazando los principios constitucionales de mérito y capacidad.

<-Contratación laboral irregular: Muchos Ayuntamientos han recurrido a contratos temporales ilegales o “a dedo”, bordeando la prevaricación continuada para tejer redes de favores.

<-Monopolio de decisiones: El exceso de discrecionalidad de alcaldes y equipos de gobierno, sumado a una fiscalización interna a menudo limitada, facilita la corrupción urbanística y la “captura” de la política local por intereses privados.

3.- Fallan los controles.

Sobre el papel, existen mecanismos de control como la Intervención Municipal (Secretarios e Interventores). Sin embargo, su independencia real se ve comprometida en entornos locales altamente politizados o mediante el uso de fiscalizaciones limitadas.

4.- Una esperanza legal vs. La realidad.

La reciente Ley 2/2023 obliga a las entidades locales a implantar un Sistema Interno de Información (Canal de Denuncias) para proteger a quienes destapan la corrupción.

Sin embargo, a día de hoy, estos sistemas son más formales que reales. El reto es pasar de la teoría a la práctica para erradicar ese “caciquismo moderno” que disfraza de legalidad el nepotismo y el favor político.

N.B. En España es una realidad preocupante el aumento del deterioro del Estado de Derecho, especialmente, son muy inquietantes las irregularidades  y casos de corrupción, que se dan en las Corporaciones Locales (Diputaciones y Ayuntamientos), porque su número es difícil de calcular al ser muchos y que los casos crecen en número con sus empresas y entes locales, siendo un hecho patente que la corrupción en sus distintas clases ha calado en los Ayuntamientos, a pesar de todos los mecanismos de control y del establecimiento por ley de un Sistema Interno de Información, que desgraciadamente es más formal que real.

Córdoba, 4 de diciembre de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

 Abogado. ICA-Córdoba Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente de Córdoba Abierta -ACOA-.