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El conflicto del Senador a tiempo parcial – (La quiebra de la dedicación, el mérito y la ejemplaridad institucional ante el 29N)

(Incompatibilidad práctica, “doble sombrero” y degradación de la representación institucional en el Senado).

I.- Planteamiento de la cuestión – (La ficción del político omnipresente y el “doble sombrero”).

La designación de Salvador Fuentes Lopera como cabeza de lista del Partido Popular al Senado por Córdoba -acumulando simultáneamente la Presidencia de la Diputación Provincial de Córdoba, su acta de concejal en el Ayuntamiento de la capital y la aspiración a un escaño en la Cámara Alta- plantea un conflicto institucional de primera magnitud:

**la incompatibilidad práctica, técnica y operativa del “doble sombrero”**.

Aunque la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) no contemple una prohibición jurídica estricta para simultanear la jefatura de un ejecutivo provincial con la condición de parlamentario en Madrid, la realidad de la gestión pública choca frontalmente con esta ficción. Pretender gobernar una provincia con más de 70 municipios, hacer frente a la crisis hídrica de la zona norte, bregar con el saneamiento de empresas públicas deficitarias como EMPROACSA y EPREMASA (cuyo rescate se ha traduciendo en asfixia fiscal para las familias), y sostener los pactos presupuestarios con Izquierda Unida, mientras se atienden los plenos, comisiones y la actividad legislativa en el Senado, <representa un fraude operativo insalvable>.

Un presidente “a tiempo parcial” aboca inevitablemente a la administración provincial a la ineficacia, delegando el gobierno en la fontanería orgánica y reduciendo la representación en Madrid a una mera formalidad de partido.

II.- Radiografía del perfil – (La quiebra de los principios constitucionales de mérito y capacidad).

El artículo 103.3 de la Constitución Española consagra los principios de mérito y capacidad para el acceso a la función pública, exigencias éticas que el electorado conservador y liberal reclama trasladar de manera inexcusable a la representación política superior.

***Al examinar la trayectoria pública que sustenta esta candidatura, el contraste es demoledor:

1.- La dependencia exclusiva del aparato: Salvo por el paso por estudios universitarios no culminados con titulación superior o ejercicio profesional continuado en el sector privado, la totalidad de la trayectoria laboral del candidato se ha desarrollado ininterrumpidamente en el seno de las estructuras de partido y cargos institucionales desde la década de 1990.

2.- El “político de plantilla” sin alternativa real: Quien carece de una profesión o de una plaza técnica a la que retornar en la economía real queda sometido por completo a la disciplina de cúpula. La acumulación de cargos públicos deja de ser un servicio a los ciudadanos para convertirse en una garantía de supervivencia personal y un blindaje orgánico.

3.- El abismo con la sociedad civil: Frente a un electorado de centro-derecha compuesto por autónomos, profesionales liberales, agricultores y empresarios que arriesgan diariamente su patrimonio en el mercado, **se ofrece como representante en la Cámara Alta un perfil de aparato puro que carece de la especialización técnica exigida para fiscalizar con rigor la legislación estatal**.

III.- La degradación y el secuestro del Senado como Cámara territorial.

Constitucionalmente concebido como el órgano de representación territorial (art. 69.1 CE), el Senado ha sufrido un proceso acelerado de subordinación a las directrices de los partidos, de forma, que se utiliza la Cámara Alta como refugio o premio de consolación para presidentes de diputaciones y cuadros provinciales desvirtuando por completo su naturaleza.

Cuando un senador debe su escaño a la designación del aparato y compagina su labor con la presidencia de un gobierno provincial, jamás levantará la voz en Madrid para defender los intereses reales de Córdoba *si ello contradice los intereses de la cúpula o compromete los pactos de despacho locales* (como la asunción de la memoria democrática o la inyección de fondos pactada con la izquierda).

Se consuma así la pérdida de voz territorial y la conversión del Senado en un órgano cautivo de las estructuras orgánicas.

IV. Conclusión – (El rescate de la dignidad mediante el voto nominal).

La degradación institucional y la ficción del “doble sombrero” no se corregirán desde los despachos que las imponen, sino mediante la reacción del electorado exigente.

La papeleta del Senado contiene una herramienta democrática decisiva:

*el sistema de listas abiertas y el voto nominal y selectivo*

El ciudadano de Córdoba no está obligado a otorgar un cheque en blanco a la inercia de las siglas, de manera, que puede y debe marcar individualmente a perfiles solventes y excluir de la votación a los representantes del aparato, que encarnan la acumulación de cargos, siendo el único mecanismo legal y efectivo para recordarles, que la representación pública no es un patrimonio de partido, **sino un mandato de dignidad, mérito y servicio a los ciudadanos**.

N.B. Imagen.(Incompatibilidad práctica, “doble sombrero” y degradación de la representación institucional en el Senado).

Córdoba, 7 de noviembre de 2026

Fdo. Enrique García Montoya

(Abogado, Inspector de Trabajo y S.S., exconcejal, exdiputado provincial y andaluz)

El “doble sombrero” en Córdoba y la ruptura del contrato de ejemplaridad – (La incompatibilidad práctica del candidato al Senado ante el 29N)

I. Planteamiento de la cuestión – (La ilusión del político omnipresente).

El anuncio y consolidación de la candidatura de Salvador Fuentes Lopera al Senado como cabeza de lista del P.P. por Córdoba -compaginando la Presidencia de la Diputación Provincial de Córdoba y su acta de concejal en el Ayuntamiento de la capital con la aspiración a un escaño en la Cámara Alta- plantea un severo debate sobre la calidad institucional y el respeto al votante de centro-derecha.

Aunque la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) no contemple una incompatibilidad de derecho estricta para simultanear la presidencia de un gobierno provincial con la condición de senador, **se genera una incompatibilidad de hecho, técnica y operativa insalvable**.

Pretender abarcar la jefatura del ejecutivo provincial (con más de 70 municipios bajo su tutela, entes en situación crítica como EMPROACSA y EPREMASA, y la red viaria provincial necesitada de gestión real) mientras se atiende la actividad parlamentaria, presupuestaria y de comisiones en Madrid representa una ficción operativa que aboca inevitablemente a la ineficacia institucional en ambos frentes.

II. Radiografía del perfil – (La quiebra de los principios de mérito, capacidad e igualdad).

El artículo 103.3 de la Constitución Española consagra los principios de mérito y capacidad para el acceso a la función pública, principios que el electorado conservador y liberal exige trasladar por extensión ética a la representación política superior.

***Al examinar la trayectoria de Salvador Fuentes Lopera, la evidencia del currículum público es indiscutible:

1.- Inexistencia de ejercicio profesional externo: Salvo por el paso por estudios universitarios no culminados con titulación superior o ejercicio profesional continuado en el sector privado, **la totalidad de su trayectoria laboral desde la década de 1990 hasta la actualidad se ha desarrollado ininterrumpidamente en el seno del aparato de partido e instituciones públicas** (concejalías en Palma del Río y Córdoba, diputación autonómica en el Parlamento de Andalucía, vicepresidencia y presidencia de la Diputación Provincial).

2.- El “político de plantilla” sin alternativa de retorno: Esta dependencia exclusiva de la política como único modus vivendi distorsiona la toma de decisiones, ya que, quien carece de un ejercicio profesional o de una plaza técnica a la que retornar en la economía real *queda sometido a la disciplina de aparato y a la necesidad de blindaje o acumulación de cargos institucionales como garantía de supervivencia personal*.

3.- La quiebra del principio de solvencia: Frente a un electorado de centro-derecha compuesto por autónomos, profesionales liberales, juristas, agricultores y empresarios que arriesgan diariamente su patrimonio en el mercado, **se ofrece como representante en la Cámara Alta un perfil de “aparato puro” que carece de la formación técnica y la especialización requeridas para fiscalizar leyes complejas o defender con rigor los presupuestos del Estado**.

III. La imposibilidad material de la duplicidad institucional.

***Compaginar la gestión diaria de la provincia con la representación en el Senado choca frontalmente con la exigencia de una administración eficaz:

<-La asfixia de la gestión provincial: La Diputación de Córdoba atraviesa un momento crítico que exige dedicación del 100% de la jornada: “La crisis del agua en la zona norte, el saneamiento de las empresas provinciales deficitarias mediante subidas de tasas a las familias y los pactos de gobernabilidad firmados con la izquierda (Izquierda Unida) para salvar los presupuestos”.

Un presidente “a tiempo parcial” que divide su semana laboral entre los Plenos del Senado en Madrid y los despachos del Palacio de la Merced delegará necesariamente el gobierno en la fontanería orgánica.

<-El uso del Senado como refugio y blindaje: La Cámara Alta se concibe constitucionalmente como una cámara de representación territorial y debate legislativo de alta altura, de forma, que convertirla en un “seguro de vida” o en una retribución suplementaria para cargos provinciales vulnera el espíritu de la institución y confirma la percepción de que el aparato utiliza las listas electorales como un reparto interno de prebendas y no como una selección de los mejores perfiles de la sociedad civil.

IV. Conclusión.  (Dictamen doctrinal).

1.- Incompatibilidad ética y funcional: La acumulación de la Presidencia de la Diputación de Córdoba y el escaño de senador por Córdoba vulnera el principio de dedicación plena a los asuntos públicos de la provincia. Nadie puede servir con la máxima exigencia a dos instituciones de primer nivel simultáneamente.

2.- El “voto nominal” como corrector democrático: La papeleta del Senado otorga al ciudadano de Córdoba la herramienta legal precisa para sancionar esta acumulación de cargos. El elector exigente de centro-derecha tiene la potestad de desmarcar las casillas de los candidatos que encarnan la inercia de aparato, reservando su apoyo a candidaturas que acrediten verdadera capacidad, rigor técnico y trayectoria profesional fuera de la política.

3.- Juicio sobre el modelo: Apoyar conscientemente este tipo de candidaturas dobles basadas en la inercia de siglas representa una complicidad voluntaria con la devaluación del mérito en la vida pública, **consolidando la política como una estructura endogámica alejada de las necesidades reales de los ciudadanos de Córdoba**.

N. B. Imagen.La incompatibilidad práctica del candidato al Senado ante el 29N.

(La imagen muestra una escena dividida: En una mitad, un político con un “doble sombrero” sostiene el peso excesivo de la Diputación de Córdoba, mientras que en la otra mitad, su figura como senador por Córdoba en Madrid aparece vacía y desconectada. Un gran reloj central muestra la imposibilidad temporal, y las balanzas institucionales están desequilibradas).

Córdoba, 5 de noviembre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

(Abogado, Inspector de Trabajo y S.S., exconcejal, exdiputado provincial y andaluz)

De la ruptura del «Contrato con España» al premio electoral – (La paradoja del PP en Córdoba)

(Nota. Leo con frustración y desaliento el Diario Córdoba de hoy domingo 25/10/26, Pág. 8. Local, a toda plana, que Salvador Fuentes será el cabeza de lista del P. P. al Senado.)

Alberto Núñez Feijóo presentó en su día el «Contrato con España» bajo un compromiso solemne cimentado en cuatro pilares: *decir la verdad, *respetar la ley, *garantizar que el esfuerzo valga la pena y preservar la unidad.

“Prometió una política examinada por los hechos y no por la pirotecnia verbal”.

Sin embargo, en política, el valor de la palabra dada no se mide en los atriles de la capital, sino en los presupuestos, las empresas públicas y los boletines oficiales de las instituciones territoriales; y ocurre que en la Diputación Provincial de Córdoba ese compromiso contractual no solo se ha transgredido y quebrantado, sino que *se ha roto formalmente por la vía de los hechos*.

Lo vertiginoso de la política actual ha convertido una seria advertencia de coherencia en una sangrante provocación electoral:

“Salvador Fuentes Lopera, presidente de la Diputación de Córdoba y principal ejecutor de la quiebra de esos principios en la provincia, ha sido designado cabeza de lista del Partido Popular al Senado por Córdoba”.

Lo que hasta ayer era un distanciamiento ideológico silencioso, hoy se convierte en un premio político en toda regla.

<<Un premio electoral a la doble contabilidad política>>

– Resulta inadmisible pedir rigor, neutralidad institucional, austeridad y batalla de ideas frente al modelo de la izquierda en Madrid, mientras en la administración provincial se financian, con dinero público y bajo la sigla popular, las prioridades, estructuras y relatos del adversario ideológico -acuerdo presupuestario I.U.- (apertura de fosas, memoria democrática, aumento del gasto público, subvenciones a empresas públicas ruinosas, subida de tasas de agua y basura,  etc. etc.)

***Los cordobeses asistimos perplejos a una doble vara de medir:

**Una contabilidad para Génova: Rigor, discurso de contención, fiscalización y combate ideológico.

**Otra contabilidad para Córdoba: Concesión política, rescate sistemático de la ineficiencia y financiación encubierta de la agenda de la izquierda radical (I.U.) bajo la falsa coartada del «pragmatismo».

***La designación de Fuentes Lopera como número uno a la Cámara Alta abre una fisura de credibilidad y rompe el Contrato público del Sr. Feijoó ante un electorado de centro-derecha sumido en la desesperanza:

¿Con qué avales se premia institucionalmente a quien ha ejercido de rompedor directo del modelo de buen gobierno que se promete a nivel nacional?

<<Las tres quiebras del modelo en la provincia>>

– Para entender el alcance de este contra discurso no hay que acudir a la demagogia, sino a los datos de la gestión provincial:

1.- Financiación de la agenda ideológica ajena: La coherencia política exige no sufragar con los impuestos de los contribuyentes lo que en el programa electoral se promete derogar o combatir. No se puede clamar contra la instrumentalización ideológica de las instituciones y, simultáneamente, sostener la cobertura institucional y económica de esos mismos relatos en el ámbito provincial.

2.- Rescatar lo ruinoso sin transparencia (EMPROACSA y EPREMASA): Las empresas provinciales no pueden funcionar como cajas negras donde el déficit derivado de gestiones cuestionables se cubra con transferencias opacas sin rendición pública de cuentas. Quien gestiona los servicios esenciales de agua o residuos tiene la obligación de someterse a auditorías independientes y publicar indicadores reales de eficiencia. La fiscalización no es deslealtad: es una obligación legal y ética con el contribuyente.

3.- Pactismo ideológico disfrazado de gestión: El pacto técnico para una obra de infraestructura o un servicio hídrico sirve al ciudadano. El pacto que subvenciona el relato, premia la ineficiencia y compra paz de despacho a costa de traicionar el mandato del votante es, sencillamente, capitulación.

<<El silencio cómplice de la dirección nacional>>

– Frente a esta deriva, la dirección nacional del PP ha optado por el silencio. Un silencio que ha dejado de ser prudencia para convertirse en complicidad orgánica. En lugar de imponer comités de garantía, fiscalizar los convenios y exigir disciplina programática en las corporaciones provinciales, Génova ha preferido validar la maniobra elevando al máximo responsable de la gestión provincial a la cabeza de la candidatura al Senado.

El votante no es un cheque en blanco ni tolera ya el cinismo de la política territorial. La incoherencia prolongada solo genera desencanto, abstención y la fuga de voto hacia opciones que demuestren mayor firmeza moral y programática.

<<Un contrato que no obliga a quienes gobiernan con las siglas de quien lo firma no es un contrato:

“Es un eslogan de campaña”>>

– Si el «Contrato con España» de Feijóo no se aplica con rigor en la Diputación de Córdoba ni condiciona las listas electorales, las promesas de regeneración quedarán reducidas a una mera estrategia retórica para alcanzar el poder.

La verdad, la ley y el esfuerzo se practican en cada empresa pública, en cada subvención y en cada presupuesto provincial; si no, el electorado tendrá toda la razón al deducir que las siglas han vuelto a situarse por encima de los principios.

N. B.  Imágenes. De la ruptura del «Contrato con España» al premio electoral – (La paradoja del PP en Córdoba.)

1ª. Imagen.

2ª. Imagen.

3ª. Imagen.

Está claro que no son de fiar ni de votar.

Córdoba, 25 de octubre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado (ICA-Córdoba). Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba y exdiputado provincial.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

La Baraka y Moreno Bonilla – (derecha y voto)

El actual escenario político en Andalucía presenta un fenómeno curioso: “La consolidación de la <-Baraka-> (suerte o providencia) del Presidente de la Junta”, ya que, en las próximas elecciones, los astros parecen alinearse de forma quirúrgica a su favor, aunque bajo esa superficie de calma institucional subyace un malestar creciente en el electorado de derecha.

1.- Viento a favor – (Oposición en crisis).

Es un hecho patente, que la fortaleza de Moreno Bonilla se asienta, en gran medida, sobre la debilidad ajena, así:

<-PSOE-A: Con una candidatura como la de María Jesús Montero, desgastada por la gestión estatal, el socialismo andaluz sigue bajando la cuesta y sin encontrar su nuevo sitio.

<-Izquierda Radical: Fragmentada y en conflicto permanente, su incapacidad de unión real disipa cualquier alternativa de poder.

<-VOX: Frenado por luchas internas, ha perdido la capacidad de presión que ostentaba años atrás.

2.- Espejismo del centrismo y el “voto cautivo”.

El PP ha construido una imagen de <-gestión amable->, captando votantes huérfanos de ciudadanos o del PSOE moderado, sin embargo, su estrategia moderada-centrista de no causar daño a nadie, ignora un riesgo latente, concretamente, considerar que el votante de derecha es cautivo y votará siempre del mismo modo. Sin embargo, el menosprecio a las esencias ideológicas de quienes le alzaron al poder podría traducirse no solo en un trasvase de votos, sino en una abstención masiva.

3.- Descontrol fiscal  – gasto público.

***Es un hecho comprobado, que existe una contradicción flagrante entre el discurso del Gobierno de la Junta de Andalucía y la realidad local:

<-Subida de tasas: Mientras San Telmo presume de bajar impuestos, los ayuntamientos y diputaciones del PP (como el caso de Córdoba) incrementan la presión fiscal mediante el IBI, las tasas de basura y el agua.

<-Gestión de la inercia: En lugar de desmantelar la <-administración paralela-> socialista, el PP parece haberse limitado a gestionarla, manteniendo estructuras deficitarias y pactando con fuerzas como IU para sostener empresas públicas ruinosas.

4.- Conclusión – (Paz Institucional y su precio).

El caso de la Diputación de Córdoba es el “ejemplo de manual”, ya que, “sepacta con la izquierda y se aceptan sus políticas (Memoria Democrática, gasto expansivo, etc.) para evitar el bloqueo”, pero, se olvida, esta búsqueda de la paz a toda costa borra la identidad del PP y deja a su votante tradicional sintiéndose abandonado, y, en consecuencia, la “Baraka” podría agotarse, si el ciudadano percibe y asimila, que, vote a quien vote, las políticas de fondo siguen siendo las mismas.

<<Análisis>>

Desde un punto de vista analítico, se destacan tres fortalezas y un desafío argumentativo:

<-Acierto en la “doble cara” fiscal: El punto más fuerte es la denuncia de la inconsistencia entre la bajada de impuestos autonómica y la subida de tasas municipales. Es un argumento empírico que afecta directamente al bolsillo del ciudadano y que suele ser el principal motor de castigo electoral.

<-Identificación del riesgo de abstención: Es cierto, que el peligro no es necesariamente VOX, sino el “sofá”. En Andalucía, la movilización de la derecha fue clave para el cambio, pero si esa base siente que se gobierna con el manual de la izquierda, la desmovilización es un escenario muy probable.

<-El factor “Salvador Fuentes”: Usar el ejemplo local de Córdoba da solidez a lo que decimos, pues permite ver cómo la política de pactos “centristas”, se traduce en hechos concretos (presupuestos con IU), que contradicen las promesas de ruptura con el pasado.

(Nota. Después pasa lo que pasa, como el asunto oscuro y triste de la CHG, dónde el PSOE bloquea, IU. se suma al aquelarre, y, el Presidente de la Diputación se queda solo y, además, incapaz de enfrentarse de verdad en el problema del agua, de forma que solo amenaza gritando lo que todos saben que no se atreverá a hacer, porque por eso pacta con IU. unos presupuestos cuajados de políticas socialistas.)

<-Punto de contraste (crítica): Para equilibrar el análisis, se podría argumentar que el <-centrismo-> no es una invención, sino una necesidad aritmética en una Andalucía que sociológicamente sigue siendo moderada, y, que lo que se señala como  <-claudicación->, para el equipo de Moreno Bonilla es “estabilidad institucional” con la finalidad  de evitar la polarización que castiga la economía.

(Nota. En resumen: Es una realidad, la fragilidad de las mayorías cuando estas se alejan de los principios de quienes las hicieron posibles, de forma, que la advertencia sobre la <-derecha abandonada-> es un factor que los analistas de San Telmo no deberían ignorar.

N.B. Imagen. La realidad y sus efectos.

La verdad de la advertencia sobre la “derecha abandonada” y de sus efectos negativos para la baraka del Sr. Moreno Bonoilla.

La realidad es que lo tiene a huevo, así que, esperemos que no lo rompan.

Córdoba, 5 de abril de 2026.

Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente. Córdoba Abierta -ACOA.-

Currículums falsificados II –Diputación de Córdoba (La Vara de Medir)

Leo en el Diario Digital Cordópolis  de 26 de julio de 2025, 11:39 h, una noticia inquietante, concretamente, la reproduzco:  

<<“El grupo provincial de Izquierda Unida ha mostrado su “asombro” ante el correo recibido en el día de ayer (viernes) desde el Departamento de Administración Electrónica de la Diputación de Córdoba, en el que se solicita a los diputados y diputadas provinciales que revisen y actualicen su biografía pública en la página web de la institución.

Para IU, este requerimiento llega en un momento “más que sospechoso”, tan solo dos días después del escándalo nacional protagonizado por Noelia Núñez, dirigente del Partido Popular que había mentido sobre su formación académica. El grupo provincial de IU considera que este movimiento de última hora del PP siembra “dudas razonables” sobre la veracidad de los currículums de sus cargos públicos en Córdoba.

En el mensaje enviado, se solicita a los diputados que envíen “la nueva versión de su biografía exactamente como desean que aparezca en la web”. Desde IU se preguntan si este paso responde al “nerviosismo del PP cordobés” por las noticias que demuestran que el falseamiento de currículums es una práctica “más común” de lo que parece en esa formación”.>>

Simplemente, ruego, que mis lectores lean mi anterior artículo titulado,  “Políticos – Currículums falsificados – la Vara de medir (Ética – confianza pública – credibilidad instituciones) de fecha 25 de julio de 2025, colgado en mi blog que reproduzco literalmente, así.

 <<**Planteamiento.

Con el caso Noelia Núñez (P.P.), que ha dimitido de todos cargos institucionales y de partido, tras admitir que no tenía las titulaciones que afirmaba poseer, se ha abierto la caja de los truenos para todos los políticos, que de una u otra forma, han falsificado sus títulos cayendo en la mentira por acción o por omisión, es decir, no diciendo la verdad y faltando a la ética.

El problema está en que no son unos poco sino muchos de todos los partidos y a todos sus niveles, de manera, que expondremos dos ejemplos  de engaño en sus titulaciones por omisión, es decir, por falta de una elemental ética, que los inhabilita para desarrollar los cargos que ocupan, al haber incurrido en engaño manifiesto, así:

*Primer caso: Salvador Fuentes Lopera, Presidente de la Diputación de Córdoba, que en su CV colgado en la web de la Diputación, dice en su Formación Académica. “Estudios de Derecho en la Universidad de Córdoba”.

(Nota. Dice que tiene “Estudios de Derecho en la Universidad de Córdoba” y que actualmente es Presidente de la Diputación de Córdoba, pero, concretamente, no dice que estudios de derecho tiene en la Universidad de Córdoba.

La información disponible sobre Salvador Fuentes Lopera indica que estudió Derecho en la Universidad de Córdoba, pero no se especifica el nivel exacto de sus estudios, es decir, si completó una Licenciatura en Derecho, un Grado en Derecho, que cursos de la licenciatura superó o si sus estudios fueron parciales sin culminar en un título.

Dado que no hay datos precisos sobre la titulación, no se puede confirmar si completó el programa completo de Derecho o si se trata de estudios no finalizados.

La solución es que el Sr. Fuentes Lopera lo explique claramente y si ha mentido por acción u omisión, su compañera Noelia Núñez le ha enseñado el camino correcto que manda la ética y la ejemplaridad.

*Segundo caso: El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, afirma en su currículum de la Cámara Baja que “estudió Ingeniería Industrial en la Universidad del País Vasco”.

Sin embargo, pese a que con esa afirmación en su ficha parlamentaria López da a entender que finalizó sus estudios, no es así. El dirigente socialista estuvo varios años matriculado, pero no llegó a obtener su licenciatura.

Con los dos casos expuestos no es necesario dar más explicaciones, pues está claro, que exhibir méritos falsos académicos no solo es un engaño personal, sino que también traiciona la confianza de los ciudadanos, quienes esperan que sus representantes sean transparentes y honestos, y, mi opinión es que estas prácticas son inaceptables, ya que, socavan la credibilidad de las instituciones y refuerzan la percepción de que los políticos actúan con impunidad.

**El problema.

El tema de los currículums falsificados por parte de políticos españoles, con licenciaturas, másteres o méritos inventados, es un problema ético y de confianza pública que merece una reflexión crítica.

Este fenómeno no es exclusivo de un partido o ideología, como muestran numerosos casos documentados a lo largo de los años.

Por ejemplo, se han señalado irregularidades en los currículums de figuras como Cristina Cifuentes, con un máster en la Universidad Rey Juan Carlos obtenido de forma irregular, o Noelia Núñez, quien recientemente dimitió tras admitir que no tenía las titulaciones que afirmaba poseer. Otros casos incluyen a políticos como Pedro Sánchez, Pablo Casado, etc.  quienes han enfrentado acusaciones de inflar o falsear sus credenciales académicas o profesionales.

Estos ejemplos, entre muchos otros, reflejan una práctica extendida que trasciende colores políticos.

**El problema radica en varios puntos:

-Falta de consecuencias claras: Aunque algunos políticos han dimitido (como Núñez o Cifuentes), otros han mantenido sus cargos a pesar de las evidencias, lo que alimenta la percepción de que estas falsificaciones no tienen un impacto real en sus carreras. Por ejemplo, casos como el de Pablo Casado, donde no se encontraron pruebas suficientes para un proceso penal, muestran que las consecuencias legales suelen ser limitadas.

-Cultura de la apariencia: En política, el currículum se usa a menudo como una herramienta de marketing más que como un reflejo fiel de la preparación. La presión por destacar lleva a algunos a adornar sus méritos, lo cual es especialmente grave cuando se trata de cargos públicos que requieren confianza y competencia.

-Falta de verificación: La ausencia de un sistema riguroso para validar los méritos de los candidatos permite que estas falsificaciones pasen desapercibidas hasta que el periodismo o la oposición las destapan. Esto pone en evidencia la necesidad de regulaciones más estrictas, como exigir documentación oficial para los currículums públicos, una propuesta que ha ganado fuerza pero no se ha implementado de forma efectiva.

-Impacto en la confianza pública: Cada escándalo erosiona la fe en el sistema político. Los ciudadanos ven estas falsificaciones como un reflejo de una clase política desconectada, que prioriza el poder y la imagen sobre la honestidad. Esto puede alimentar el desencanto y la apatía electoral.

**En resumen, los CV falsos son un síntoma de un problema más profundo:

“La falta de transparencia y rendición de cuentas en la política”.

La solución pasa por establecer mecanismos de verificación estrictos, sanciones claras para quienes mientan y, sobre todo, una cultura política que valore la integridad por encima de la imagen. Mientras tanto, el papel del periodismo independiente y de una ciudadanía vigilante es crucial para mantener la presión y exigir responsabilidad.

**Conclusión. Solo puede ser una, concretamente, que la misma vara de medir se aplique por los partidos en todos los casos por igual en busca de la transparencia y de la ejemplaridad.

La portavoz del P. P. en el Congreso, Ester Muñoz, se ha centrado en su homólogo del PSOE y subrayando que estamos deseosos de que Patxi López, el ingeniero, Portavoz del PSOE dé ejemplo y nos muestre el título que acredita que -estudió ingeniería- cómo dice su perfil de diputado en el Congreso, añadiendo, que si no puede acreditarlo esperamos su dimisión por mentir.

Toda la sociedad civil pide “la misma vara de medir”, de manera que la Portavoz del P. P. debe empezar por limpiar su casa.

N.B. Los políticos con Currículums falsificados (por acción o por omisión) deben aplicarse la misma la vara de medir, que la dimitida del P. P. Noelia Núñez, sean del partido que sea, pero, especialmente, no pueden dejarlo pasar los políticos del P. P., siendo una realidad, que ya sin ética, sin confianza pública y sin credibilidad en las instituciones no es posible, que ninguno de sus cargos pueden seguir si han cometido falsedad en sus méritos académicos.

“La impunidad política es algo inadmisible e inaceptable”.

Córdoba, 25 de julio de 2025.>>

**Conclusión.

Creo que sobra cualquier comentario.

Córdoba, 28 de julio de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S