Tag Archives: pactos

Prepotencia U. E. – Veto Hungría y Polonia (se defienden como pueden y la Unión no negocia – amenaza)

Es un hecho más que probado, que los que mandan e imponen sus criterios en la U. E. no saben ni quieren negociar con quienes están en desacuerdo con ellos, solo vencer a fuego, además, no están acostumbrados a que les lleven la contraria, solamente el Brexit es un ejemplo de lo dicho, por mucha culpa que tenga el R.U., que sin duda la tendrá y mucha.

Aquí cabe una pregunta preferente:

¿En la toma de decisiones en la U. E. se respeta a las minorías y a los más pequeños, o solo hay contratos de adhesión?

Es lo cierto, que en Bruselas solo se oyen amenazas a Hungría y Polonia y al Grupo de Vi Sagredo (eso es, al menos, lo que se publicita), cuando muchos en ella saben (que más allá de las circunstancias concretas de este veto y sus consecuencias prácticas nocivas), que había un conflicto latente, que han ignorado a sabiendas de que existía, y, que empieza a tener ahora consecuencias relevantes en la U. E.

*** La prepotencia de Bruselas y su venda ciega se ponen de manifiesto, cuando se oyen cosas como las siguientes:

* “Aquí, hay dos partes, una de ellas muy minoritaria, que no comparte los elementos básicos de lo que significa formar parte de la Unión Europea”.

-Imagino que Hungría y Polonia y otros estados miembros se preguntarán, como mínimo:

¿Qué pasa con el principio de respeto a las minorías?

*  El Parlamento Europeo ya ha anunciado que no va a mover sus líneas rojas y no renegociará nada”.

Está claro, que un parlamento está para debatir y negociar, y, sobre todo, para preguntarse, si han sido justos con Hungría y Polonia y si han respetado el principio de igualdad entre los Estados miembros, tratándolos a todos por igual y sin discriminaciones.

* “No barajamos ninguna alternativa. No estamos en esa casilla ni queremos barajarla. Nadie está pensando en reabrir el acuerdo de julio. Si la temperatura sube, no sé dónde acabarán los que están atizando el fuego”.

-Lo dicho suena a amenaza e imposición, no, desde luego, a negociación.

* “El resto de Estados miembros opinan, que este movimiento por parte de Hungría y Polonia es un problema creado por ellos mismos y que deben resolverlo solos. No veo por qué deberíamos movernos nosotros”.

-Quizás, sea porque están negociando y eso es lo que se hace cuando se negocia, moverse.

* “Ellos sabrán lo que hacen, explicando que Budapest y Varsovia deben decidir qué hacen con sus ciudadanos, qué hacen con sus socios, qué hacen con todos los que hemos arropado una integración tan exitosa de ambos países en la UE”.

-Nada suena a moderación en esas llamadas fuentes de Bruselas, desde fuera parecen unos chulos redomados

* “Ni Hungría ni Polonia pueden arriesgarse a pagar el precio real del bloqueo que están manteniendo en estos momentos”.

-Parece, sin duda, una amenaza y una declaración de guerra, -van sobrados de prepotencia-.

* La Cumbre de líderes de Europa de ayer, donde Hungría y Polonia defendieron su veto al presupuesto europeo ante el silencio de la mayoría de los líderes europeos, como si desbloquear los Fondos no fuera el asunto más crucial para todos los Estados de la Unión.

-Vuelven a demostrar los que mandan en la U. E., que ellos pasan de negociar, ya que solo quieren la rendición sin condiciones de los que están en desacuerdo. Ayer debería haber quedado desbloqueado el asunto, sin que nadie se levantara sin llegar a un acuerdo, pero, la dura realidad, es los que imponen las condiciones por la fuerza, solo esperan la entrega de armas y bagajes con sumisión de unos supuestos “rebeldes”, además, denostados e insultados.

*** Los llamados Líderes europeos, por lo que se siente entre los ciudadanos de a pie de la U. E., no son los lideres del pueblo, simplemente, parece que viven en otro mundo. Esto es lo que hay, la dura verdad, que se quiere ignorar, pero a sabiendas de su realidad. De forma, que, si alguien lo pone en duda, no tiene más que salir a la calle y preguntar: Es un hecho indiscutible, que lo que sienten los españoles y el resto de muchos ciudadanos de la U. E. es que Europa, las Instituciones de la U. E. están manejadas por unos pocos políticos y muchos burócratas bien pagados, que por cierto, nunca conocen, pero si saben, que viven muy por encima de ellos y con muchos privilegios de todo tipo, que nunca tendrán ellos ni van a tener.

Otra pregunta, al respecto:

¿Algunos de estos políticos y euro-burócratas han sentido la crisis y han visto bajar sus potentes salarios y su superior nivel de vida?

*** Lo que se expone, no es una fantasía, pues en España muchos estamos preocupados por la deriva autoritaria del Gobierno de España, y, en cambio, vemos, que la U. E., salvo avisos y advertencias vacías de contenido al Ejecutivo español, no hace nada real que nos ampare, mientras, contra Hungría y Polonia se abren expedientes varios por su política con la independencia del poder judicial, siendo, encima,  ponente, el eurodiputado socialista y exministro de justicia, Sr. López Aguilar, que, a más, llama mafiosos a esos Países.

Por lo dicho, ¿a alguien puede extrañar, que Hungría y Polonia pongan el grito en el cielo y usen su derecho de veto para defenderse, con la única defensa que tienen?

*** España necesita ya los Fondos de Recuperación de la U. E., y, mientras tanto, nuestros “supuestos” representantes con una prepotencia superlativa amenazan y quieren someter por la fuerza a Estados soberanos, que son minoritarios y pequeños dentro de la Unión, pero, que, sin duda, solo tienen a su alcance una defensa efectiva, concretamente, su derecho de veto nacido del respeto a las minorías.

*** Para terminar de embarrar de suciedad el problema, el millonario Soros aparece y “exige a la UE que plante cara al veto de Hungría y Polonia, de forma, que por si éramos pocos, pario la abuela.

Creo, que le echan de menos en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en China y en otros regímenes democráticos.  Con seguridad, la U. E. no está para recibir lecciones de demócratas reconocidos como el Sr. Soros, ¿o sí?

N. B.  Sin duda, estamos tutelados por unos incapaces de pactar y consensuar algo razonable para todos, como, el eurodiputado español, López Aguilar, que, con gran valor personal y sin prudencia alguna, irresponsablemente, porque nadie le pedirá cuentas y se siente impune,  hace declaraciones insultantes a dos Estados miembros y socios en la U. E., enconando  y pervirtiendo al infinito el problema, produciendo a España un duro castigo, que de ninguna forma merecemos, ya que, hay que deshacer el bloqueo de los Fondos de Recuperación y ese no puede ser el camino adecuado, pues tenemos prisa y mucha, aunque para ello, haya que retirar todas las afrentas y amenazas y negociar de verdad sin prepotencia.

En otras palabras, los líderes de la U. E. deben caerse del caballo y concertar de buena fe, sin que decaiga el estado de derecho, pero sin romper el principio de igualdad entre los Estados Miembros, y, sin que prospere discriminación para ninguno de ellos.

No se puede decir públicamente, cosa que reitero, que Hungría y Polonia están haciendo un chantaje con actitudes mafiosas, por muy eurodiputado que sea el socialista Sr. López Aguilar, pues esas declaraciones, ciertamente, solo perjudican a España, máxime, cuando esos socios tienen derecho de veto, y, cuando, además, el parlamentario europeo de marras ha sido ponente en los expedientes abiertos a esos dos Estados miembros de la U. E.

(Siempre, es posible, que se concilien más contra España, pero se antoja difícil superar el listón fijado por López Aguilar en su esfuerzo por lograrlo).

Si a España no llegan ya los Fondos de Recuperación de la U. E., no se podrá aguantar un gasto público atrabiliario por más tiempo, y, los ajustes más severos llegarán de inmediato impuestos por la U. E., porque, simple y llanamente, Europa no puede permitir la deriva económica del Estado Español, que le arrastraría, también, a ella a la ruina. No queda otra, que negociar y rápido, aunque la Cumbre de Líderes de ayer fue desesperanzadora para todos y para el estado de Derecho en la U.E.

Córdoba, a 20 de noviembre de 2020

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Moneda virtual *unete* y pactos pos-electorales (estafas increíbles, pero no solo virtuales, en política después de la últimas elecciones los engaños al ciudadano son evidentes)

** Se ha conocido a través de los medios de comunicación, que José Manuel Ramírez Marco, por medio de una moneda virtual de su invención “el unete”,  una moneda virtual para comprar y vender en la red, que equivalía a un dólar,  parece que ha cometido una  presunta estafa por valor de 50 millones de euros, que llega a más de una decena de países y con una cifra de inversores cercana a 22.000, que no pueden tocar su dinero y que dicen han sido engañados y estafados, al parecer con una fuerte presencia de paraísos fiscales.

En relación con “el unete” una sola pregunta, que podemos trasladar a otros campos donde el ciudadano se mueve con libertad mal administrada:

¿Cómo es posible que en los tiempos que corren estas estafas prosperen y se consoliden?

Las razones pueden ser muchas y variadas:

1.- La codicia de algunas personas, que cuando les venden duros a cuatro pesetas cierran los ojos cegados por unos euros virtuales.

2.-  La existencia de una legislación nacional e internacional insuficiente en todos los campos afectados por el fraude, junto a la realidad “permitida y protegida”, de muchas formas, de paraísos fiscales conocidos y tolerados por casi todos los Estados y Países. Solo a título de ejemplo: Nosotros, de una u otra forma, toleramos la existencia de Gibraltar y, casos, como, Andorra.

3.- La inanición de las autoridades financieras y de la policía especializada en delitos económicos en todos los niveles, tanto nacional como internacional.

4.- El funcionamiento de Internet sin ningún tipo de control.

** Los pactos políticos después de las elecciones municipales y autonómicas han puesto de relieve algo que todos sabían, pero que muchos se negaban a aceptar: “Que muchos votos han ido donde sus depositarios en las urnas no querían que fuesen”.

Es indudable, que se han producido muchas “estafas electorales”, de manera que “el unete virtual” no es la única estafa, piramidal o no, que se ha producido. Lo verdaderamente importante es determinar, que estafa es más importante si el únete del Sr. Ramírez o la estafa electoral de pactos políticos y cuál de ellas se queda sin castigo. En principio, me temo que las dos, pero con una diferencia, los que juegan al pacto político no votado, encima cobran de las subvenciones públicas y, además, ejercen un poder para el que no han sido votados.

N.B. Esta muy claro, hay que reformar las leyes económica-financieras y la ley electoral para que supuestos como los descritos no puedan ocurrir, sin embargo, otra cosa es que los interesados directamente en el asunto quieran, y, dejando a un lado sus intereses propios, se pongan a ello en beneficio de la gran mayoría.

Córdoba, a 23 de junio de 2015.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

 

El derecho a un recurso efectivo en el orden penal (III)

**   Conclusión.El derecho a un recurso efectivo en el orden penal es un derecho fundamental en España, que los jueces y tribunales no pueden ignorar ni dejar de aplicar, ya que existe base legal suficiente para que dicho derecho sea una realidad en las resoluciones de los mismos.

Hoy día, a pesar de las resoluciones continuas de las Audiencias y del Tribunal Supremo que deniegan recursos de apelación y de casación en base a una Ley procesal obsoleta y anticonstitucional, que contradice Pactos y Convenios Internacionales de obligada aplicación en España, parece que solo ahora, se va abordar este y otros temas por el poder legislativo con una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, es de justicia elemental, que nuestros jueces y tribunales se dejen de miramientos formalistas y de respeto a unas leyes restrictivas de derechos fundamentales, aplicando desde ya, las normas de obligado cumplimiento contenidas en Pactos y Convenios Internaciones  firmados y ratificados por el Reino de España (como los que hemos citado), que son derecho aplicable directamente en nuestra Nación, se mire como se mire.

La prevalencia de dichos Pactos y Convenios Internaciones sobre el derecho interno es evidente, de manera que no vale a jueces y tribunales parapetarse y esconderse bajo el paraguas protector de unas leyes claramente restrictivas de derechos fundamentales e inconstitucionales, con ignorancia, desprecio y justificación arbitraria de una inaplicación injusta, además,  de normas internaciones de observancia obligatoria, prevalente e ineludible, en perjuicio de los ciudadanos españoles que necesitan de una tutela judicial efectiva. En España la Constitución y el Código Civil permiten una interpretación favorable, razonable, lógica y justa de las normas procesales restrictivas del derecho efectivo a recurrir ante un tribunal superior, de forma, que el derecho a una segunda instancia sea algo de aplicación inmediata y ordinaria, se apruebe antes o después la reforma de la C.E.Cr.

La doctrina del Tribunal Constitucional es clara, como se verá a continuación, pero no es suficiente, deben ser los jueces y tribunales ordinarios los que garanticen el derecho efectivo a recurrir con todas las garantías ante un tribunal superior, sobre todo, en el orden penal, sencillamente, por una razón, porque pueden y deben hacerlo.

De esta manera, el derecho a los recursos, dotado de la doble finalidad de servir de garantía al ciudadano e instrumento de control interno de la organización judicial, tiene en nuestro ordenamiento jurídico, en términos absolutos, un origen constitucional claro en el orden penal. (STC. 93/1993, de 22 de marzo-BJC. Núm. 144. 1993-; y, STC. 18/de 20 de junio-BJC. núm. 159. 1994).

Precisamente, el Tribunal Constitucional en la sentencia 110/1985, de 8 de octubre, reconoce explícitamente, que el art. 24.1 CE ampara en su amplio contenido a la formulación de los recursos ordinarios y extraordinarios concebidos por las leyes y, entre ellos, el recurso de casación penal.

El derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24. 1. de la Constitución implica no sólo el derecho al proceso, sino también a los recursos establecidos. Por ello, ya el Tribunal Constitucional en uno de sus primeros autos  (auto de 24 de abril de 1981, 43/1981, fundamento tercero), declaró que: “la denegación de un recuro legalmente establecido, hecha de forma arbitraria, puede constituir una violación de las garantías procesales constitucionalizadas”.

 Además, este derecho comprende no sólo los recursos previstos y regulados por la ley procesal básica de cada orden jurisdiccional, sino también los que resulten aplicables por remisión a la norma supletoria en lo no previsto o regulado por la ley procesal básica (Valencia Mirón, A. J. El Derecho, op.cit. pág. 389).

La sentencia del Tribunal Constitucional, Sala Segunda, Sentencia de 22/04/2002 (Núm. STC. 91/2002), ha sentado la siguiente doctrina:

<< “Este Tribunal, en una reiterada jurisprudencia, tiene declarado que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende no sólo el acceso a los Tribunales, sino también el derecho a los recursos que se encuentren previstos en el Ordenamiento jurídico para cada género de procesos y que, así como el acceso a la jurisdicción es un elemento esencial del contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, el sistema de recursos frente a las diferentes resoluciones judiciales se incorpora al meritado derecho fundamental, … (por todas, SSTC 37/1995, de 7 de febrero, FJ 5; 94/2000, de 10 de abril, FJ 4; 184/2000, de 10 de julio, FJ 4; 258/2000, de 30 de octubre, FJ 2; y 181/2001, de 17 de septiembre, FJ 2).

El legislador tiene un límite específico en el proceso penal. Así, en relación con el proceso penal, el derecho a someter el fallo condenatorio y la pena ante un Tribunal superior integra el derecho al proceso con todas las garantías reconocido en el art. 24.2 CE, en relación con el art. 14.5 del Pacto internacional sobre derechos civiles y políticos (firmado el 19 de diciembre de 1966, ratificado por España en septiembre de 1976, y vigente en el ordenamiento español desde el 27 de julio de 1977). Hay que recordar que, a tenor de lo dispuesto en el art. 10.2 CE, dicho Pacto ha de servir para interpretar las normas sobre derechos fundamentales reconocidos por la propia Constitución, y que el mencionado art. 14.5 consagra el derecho de toda persona declarada culpable de un delito a que: el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley; lo que obliga a considerar, que entre las garantías del proceso penal a las que genéricamente se refiere la Constitución, se encuentra la del recurso ante un Tribunal superior (SSTC 42/1982, de 5 de junio, FJ 3; 7/1986, de 21 de enero, FJ 2; 37/1988, de 3 de marzo, FJ 5; 106/1988, de 8 de junio, FJ 2; 113/1992, de 14 de septiembre, FJ 5; 41/1998, de 24 de febrero, FJ 9; 185/1998, de 28 de septiembre, FJ 3; 64/2001, de 17 de marzo, FJ 5 y 12/2002, de 28 de enero, FJ 2).

Como precisan las SSTC 42/1982, de 5 de junio (FJ 3), y 140/1985, de 21 de octubre (FJ 2), si bien estas consideraciones no son suficientes por sí mismas para crear recursos inexistentes, sí obligan a entender que entre las garantías del proceso penal se encuentra la del recurso ante un Tribunal superior. En efecto, es doctrina de este Tribunal, que cuando se trata del acceso a un recurso penal, la vinculación constitucional del Juez al art. 24.1 CE en la interpretación de las causas de inadmisión es más rigurosa, siendo aquí de aplicación el principio de interpretación pro actione en virtud de la exigencia constitucional de una doble instancia en favor del reoentendido  como la interdicción de aquellas decisiones de inadmisión que, por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquellas causas preservan y los intereses que sacrifican (SSTC 91/1994, de 21 de marzo, FJ 2, y 88/1997, de 5 de mayo, FJ 2) “ >>.

Finalmente, es evidente, que los Pactos y Convenios Internaciones ratificados por España, forman parte de nuestro derecho aplicable y prevalecen sobre nuestro derecho interno, por lo que, queda claro, que el orden penal todas las resoluciones definitivas de los jueces y tribunales en España deben estar sometidas (de hecho lo están, aunque, a veces, incomprensiblemente, no se lleve a cabo), siempre al examen y escrutinio minucioso de un tribunal superior sea  en apelación sea en casación para proteger, si o si, la tutela judicial efectiva.

Córdoba, a 9 de diciembre de 2014

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado. Inspector de Trabajo y S. S.