Tag Archives: derechos

Igualdad ante la ley (un mundo lejano)

Leo en un periódico digital de Córdoba (EL DÍA – 04 Octubre, 2021), que un Juzgado de lo Penal ha condenado a una persona por agredir a un agente de la Guardia Civil, según ha informado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), recordando que lleva años denunciando las agresiones, amenazas e insultos que soportan los guardias civiles en todo el país.

Simplemente es un hecho cierto, que está a la vista de todos, lo que lo hace, si cabe más repudiable. Sin embargo, no es algo extraño en España que se produzca esa notoria y publica falta de respeto a la ley, curiosamente, además, no solo con las fuerzas del orden, sino en toda la piel de toro y para todos, es decir, está diluyéndose la vigencia del principio de legalidad constitucional con un reflejo perverso en –la igualdad ante la ley-, que ha desaparecido en nuestro país.

La Constitución Española de 1978 ya en su PREÁMBULO habla de consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular y de proteger a todos los españoles y pueblos de España.

En sus arts. 9 y 10 la C. E. se consagra -el principio de legalidad- y -el respeto a la ley-, culminando su declaración con el art. 14, que dice, que los españoles son iguales ante la ley.

Lo expuesto es la teoría que fundamenta nuestro Estado Social y Democrático de Derechos, pero es evidente que en España los hechos no suceden así, sino que, por el contrario -el respeto a la ley- y -la igualdad real de todos los españoles- están en almoneda y periclitados.

¿Alguien cree, de verdad, que en España ahora mismo se respeta la ley y que todos los españoles son iguales ante ella?

Como en todo cabe o debe caber cualquier opinión en libertad, es posible, que algunas personas piensen realmente que es así, y, que el imperio de la ley y la igualdad están implantadas en España, aunque, sin la menor dudad, una gran mayoría dirá que no es así, que la Constitución no se cumple.

Si examinamos cualquier esfera donde debería estar implantadas la ley y la igualdad, veremos que vamos de fiasco en fiasco, así, por poner algún ejemplo:

* En política. ¿Rige el imperio de la ley y la igualdad entre los españoles?   –  Parece que -NO-.

El maremágnum existente en España es casi incomprensible para cualquiera de nosotros, ya que, por ejemplo, ¿la ley es la misma y se aplica de la misma forma en Madrid, Cataluña, País Vasco, Andalucía, Navarra, etc.?

Pues -eso-.

* En economía. ¿La ley que se aplica es la misma? – Parece que -NO-.

El reparto de los fondos del estado en las distintas CC. AA., los impuestos que se pagan y como se distribuyen, etc. ¿son todos realizados con la misma ley y de forma igual para todos los españoles vivan donde vivan?

Pues -eso-.

* En materia justicia y orden público.  ¿La ley se aplica de igual forma para todos los españoles en el territorio nacional? – Parece que -NO-.

En Cataluña se están agrediendo a guardias civiles a diario y no pasa nada, en cambio, en Andalucía con toda la razón se sanciona a la persona que golpea o arremete contra un guardia civil. ¿Qué la ley es igual para todos los españoles?

Pues -eso-.

* En libertades y derechos. ¿La ley es igual para todos los españoles? – Parece que -NO-.

Es una realidad penosa, que la ley no es igual para todos los españoles, ni se les aplica la misma de igual forma, de manera, que está establecida una desigualdad según donde vivas y como vivas, existiendo derechos y libertades de distintas categorías entre los mismos.

Pues -eso-.

Las consecuencias son y serán autodestructivas para España, aunque a los representantes políticos cuyo poder emana del pueblo soberano, eso no parce importarles, de forma, que hasta donde -se llegue llegó-, porque es nociva la igualdad ante la ley que los españoles estamos soportando, admitida sin más por los poderes públicos (por todos), y, desgraciadamente, eso no hay cuerpo que lo aguante.

N.B.  La igualdad ante la ley en España es un mundo lejano, porque actualmente es un mero espejismo, que se diluye en la nada, sobre todo, cuando el principio de legalidad y respeto a la Ley por todos los poderes públicos y los ciudadanos consagrados por la Constitución Española han pasado a mejor vida, quedando a merced del polvo del camino.

La Constitución de 1978 fue un esfuerzo conjunto de unidad y de renuncias de todos en beneficio de todos los españoles, pero parece que esa idea ha caído en el olvido de muchos, quizás demasiados, lo que nos lleva a la desconfianza, a la incertidumbre y a la pérdida de libertades y derechos, incluso para aquellos que creen que no les afectará, imbuidos de un egoísmo feroz y excluyente.

Córdoba, a 5 de octubre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Mitad y mitad II (salario mínimo)

Una de mis lectoras me dice, que, ¿por qué?, no digo nada sobre el salario mínimo, ya que, entiende que es un asunto de interés general y afecta muchas personas, empresas y colectivos.

Entiendo su interés y la importancia del tema sobre el que pide una opinión, así que, vamos a ello, realizando primero unas aclaraciones preliminares:

* Estoy de acuerdo, en principio, con una subida del salario mínimo, igual que estoy de acuerdo en subir las pensiones de viudedad hasta unos límites razonables de equidad.

* Los recursos del Estado son los que son y, por tanto, sabemos que son limitados, de manera, que es esencial aplicar esos recursos con prudencia, equidad y justicia.

No puede ser, por ejemplo, que el sector privado esté sufriendo en solitario la crisis, obligando a todos sus componentes a ajustarse el cinturón, sufriendo, además, únicamente la destrucción de empleo y la disminución de salarios, con algunas excepciones debidas a la actividad desarrollada, mientras que, el sector público aumenta desproporcionalmente su número de empleados y, además, suba sus retribuciones un 0,9%. 

* Es un hecho cierto, que los gastos del Estado han crecido de forma desmedida y, desgraciadamente, en una parte muy importante en gasto improductivo e innecesario, aunque debo aclarar,  que el gasto social elemental lo considero gasto necesario y productivo, de forma, que aquí se ubican el salario mínimo y las pensiones de viudedad, como ejemplo de lo que defiendo, aunque siempre dentro de la realidad económica de España.

* La recuperación política, social, económica y sanitaria solo será posible, si se diseñan y aplican políticas razonables y equitativas en la aplicación de todos los recursos disponible, no de los que no hay, de forma, que, además, las medidas de reforma deben ser rápidas, eficaces y posibles, permitiendo que aumente la creación de riqueza y la productividad para superar esa barrera negativa, si o si, de que la mitad de la población de España  mantenga y sostenga a la otra mitad, pues esa situación social y económica es insostenible y perversa.

La caída de las afiliaciones en agosto demuestra, que la recuperación aun no se ha iniciado realmente, aunque el paro decrezca algo, porque lo duro vendrá al finalizar la temporada de verano.

Seguimos con unas cifras de paro tremendas, que nos sitúan en una doble cabeza de la U. E.-.

* No se debe olvidar la existencia del Ingreso Mínimo Vital, que es una necesidad social evidente e insoslayable, impuesta por ley.

* Tampoco se debe olvidar la inflación, que está enseñando sus patas rasposas con un encarecimiento del nivel de vida, que, la subida tremenda de la luz, el aumento de impuestos, el gasto público desnortado, etc.  están poniendo a la vista de todos.

El IPC ha subido en agosto hasta el 3,3%.

El problema se acentúa cuando suben los salarios y los precios aumentan para los consumidores, pero la recuperación de estanca o se para en seco, produciéndose un efecto perverso de estanflación, con riego claro de que se convierta en algo permanente.

* Las diferencias entre CC. AA. y territorios son otra barrera, que hará, que, con una subida del salario mínimo, hecha fuera y el margen de la situación económica real, los desequilibrios se aceleren y aumenten.

* Lo que hay está claro y los recursos se saben cuáles son, de forma, que la demora y los errores en el arreglo rápido de la situación económica y social entra de lleno en el abismo de lo perverso, aunque, siempre hay que actuar dentro de la Constitución y del respeto a la Ley, porque aquí no valen los atajos con sacrificios de derechos y libertades.

La Constitución Española dice en su artículo 14, que los españoles son iguales ante la ley, de manera, que cualquier subida del salario mínimo debe evitar que se acreciente la desigualdad entre los españoles.

*** Hechas las anteriores aclaraciones, entiendo, que lo primero que hay que hacer, es proporcionar a los españoles su derecho efectivo a una información veraz, completa e inmediata (art. 20 CE), de manera, que una vez conocida la realidad por todos los ciudadanos (hombres, mujeres, mayores y menores, etc.), conociendo la verdad económica del País, se puedan adoptar medidas racionales y justas, que necesariamente, deben ser consensuadas por todos o la gran mayoría y aceptadas por la sociedad civil.

El salario mínimo, con todas las prevenciones señaladas, es una cuestión esencial de política social, que afecta a muchas personas, empresas, colectivos e instituciones, como pude ser la Seguridad Social, de forma, que cualquier revisión o restructuración de su contenido, no se puede hacer a la ligera y de manera unilateral, imponiendo medidas fuera de control económico y alejadas de la realidad posible.

Creo haber podido responder a la pregunta de mi lectora, aunque debo señalar, que lo dicho es solo mi opinión sobre este tema, de forma, que existen muchas otras maneras de entender el asunto del SM, pero, sin duda, lo expuesto es compartido por muchos expertos.

N.B. La mitad y mitad expuesta en este artículo y en el anterior, afecta de forma determinante al salario mínimo, y, será imposible su reestructuración real sin aumentar la productividad y el empleo, empezando una recuperación sólida y siempre teniendo en cuenta los recursos disponibles.

La mitad y mitad existente, es una situación inaguantable durante mucho tiempo, de forma, que, sin una tarea compartida y consensuada, la subida del salario mínimo será un paso más hacia el abismo de la nada. La unilateralidad ya no es un valor, que consuele a nadie.

Los españoles, a pesar de la falta casi completa de información veraz,  saben lo que se juegan con el salario mínimo, de forma, que conocen lo que se puede hacer de verdad y lo que son brindis al sol, pues ya han superado el miedo propio y/o ajeno. Solo quieren realidades y que no les engañe nadie, sea quien sea.

Saben, sin duda, que tienen que desaparecer,  *los desequilibrios, como el que se está agigantando entre el sector público privilegiado y el sector privado sometido a un desguace constante, así como, *las diferencias profundas entre CC. AA. y territorios; lo mismo que saben, que más allá de los recursos reales existentes solo está la quiebra del Estado.

Córdoba, a 3 de septiembre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Recuperación – seguridad jurídica (confianza – igualdad – legalidad = libertad)

Dejando a un lado otras cuestiones políticas, económicas y sociales, como pueden ser:-la recepción y distribución justa de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia U. E.-, -los desequilibrios entre CC. AA.-, -la división de poderes del Estado-, -la independencia efectiva del poder judicial-, y, otros asuntos de enorme interés para los españoles; sin duda, la recuperación económica y social exige un ordenamiento jurídico estable y trasparente, que proteja a las empresas, inversores y ciudadanos contra cualquier despropósito legal o desafuero del poder político.

La ruptura de la seguridad jurídica origina incertidumbre y promueve inestabilidad. Sin embargo, no hay que confundirse, ya que, existen una serie de principios que nunca se deben superar buscando seguridad, porque cualquier sociedad que renuncie a una libertad esencial para ganar un poco de seguridad, no merece ni libertad ni seguridad -B. Franklin-.

En España la seguridad jurídica debe partir de la C. E., que en su artículo 9.3 garantiza la misma, significando la unión de certeza y legalidad, jerarquía normativa, irretroactividad de lo no favorable e interdicción de la arbitrariedad, sumando equilibradamente todos estos principios.

La superioridad de la seguridad jurídica es la base de nuestro Estado de Derecho, alcanzando a todos los poderes del Estado, incluido el poder legislativo, lo que implica, si o si, que, -el legislador debe perseguir la claridad, debe procurar que todos los ciudadanos sepan sin error, que ley es aplicable, y, debe eliminar cualquier posible embrollo y/o ambigüedad en las leyes.

Dicho lo anterior, es evidente, que ninguna recuperación será posible sin que exista seguridad jurídica, que confiera confianza a los españoles y a todas aquellas personas físicas o jurídicas que quieran intervenir o instalarse en España.

Desgraciadamente en España, actualmente, reinan la desconfianza y la incertidumbre provocadas por la falta de seguridad jurídica, hecho que se está extendiendo como una mancha siniestra por el interior del País, y, por la esfera exterior, sin barreras de contención de tipo alguno. (Lo que está ocurriendo ahora en Europa con España y su justicia, es un ejemplo claro de lo que no debe ser)

Las políticas del Gobierno de España son el paradigma de la incertidumbre jurídica y de la inestabilidad normativa, de manera, que, si se quiere una recuperación social y económica sostenida, lo primero debe ser restaurar la seguridad jurídica, erradicando la arbitrariedad y la inestabilidad de la ley, sin olvidar, que hay que eliminar cualquier acto de los poderes públicos, que suponga una falta del respeto a la ley,

Si los poderes públicos no cumplen la Ley, empezando por el Gobierno de la Nación, de forma, que –se ataca al poder judicial-, –se legisla a golpe de R. D. L.-, –se hacen normas de hoy para mañana- (véase el asunto de las mascarillas), –se adoptan resoluciones contra ley y contra el poder judicial- (como los R. D. sobre los indultos a los independentistas catalanes, basados en una utilidad pública unilateral casi incomprensible); es evidente, que la desconfianza nacida de la incertidumbre derivada de una inseguridad jurídica manifiesta, se expandirá como una plaga maligna por el interior y por el exterior de España, llevándonos a una situación límite, que impedirá una recuperación acertada.

Es un hecho cierto, que en España los inversores -propios o ajenos- asisten: *a un estruendo político con elevación exponencial, *a unas noticias de cambios normativos inexplicadas, *a variaciones impositivas inconcretas pero ciertas, *a desequilibrios fiscales por territorios, *etc., y, sin duda, lo último que quiere un inversor o una empresa son sorpresas e inseguridades normativas, ya que, su planificación no es política sino económica; lo último para todos ellos, por ejemplo, es una sorpresa fiscal o una reforma laboral a la contra.

Sin seguridad jurídica no será posible una recuperación sostenida y viable en España.

N.B.  La seguridad jurídica genera confianza, que es la base de cualquier recuperación en libertad y armonía dentro de la Ley, que debe ser respetada por todos, especialmente, por los poderes públicos.

Todos los españoles queremos mayor libertad e independencia, pero para todos igual como dice la C. E. en su art. 14, porque, lo que es inadmisible, es que un andaluz tenga menos derechos y libertades que un catalán, por el simple hecho del uso de la fuerza contra la ley, de manera, que, si ese argumento perverso funciona a favor de los que infringen la norma de todos, el desajuste acabará en desastre.

La arbitrariedad en el ejercicio del poder es lo contrario al estado de derecho en una democracia plena, ya que, en ella solo cabe exigir el cumplimiento de la Ley.

Cuando el poder gobernante viola el principio de legalidad, la seguridad jurídica desaparece, y, se producen efectos malévolos en nuestras libertades fundamentales, de forma, que el orden político y la paz social consagrados en la C. E. de deshacen.

Córdoba, a 25 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Declaraciones sin sorpresas – certezas – Obispos y Empresarios (cantar la gallina)

Ahora, al Presidente de la CEOE, Antonio Garamendi Lecanda,  y, a los Obispos catalanes habría que darles las gracias por su claridad (dicho de otra forma, por cantar la gallina), en sus declaraciones sobre los indultos, pero a la vez, habría que pedirles, que renuncien a todos sus privilegios que procedan de los españoles, como las subvenciones a sus organizaciones y, que, por ejemplo, los Obispos catalanes pidan expresamente a los españoles no independentistas, que no pongan la cruz en su renta para la Iglesia Católica, sino solo en favor de servicios sociales.

Hay que acudir a la sabiduría popular, que en uno de sus refranes dice, que “nunca es tarde si la dicha es buena”, para agradecerles su hasta ahora escondida claridad, y, preguntarles:

¿si los empresarios españoles están de acuerdo con el Sr. Garamendi? y,

¿si los Obispos del resto de España están de acuerdo con sus compañeros catalanes? (especialmente la Conferencia Episcopal Española, a cuyo frente está el arzobispo de Barcelona, Monseñor Omella y Omella, Presidente de la misma).

Es algo indiscutible, que digan lo que digan están haciendo política, de manera, que deben ser tratados como cualquier otro político, y, sometidos a cualquier crítica sea la que sea y venga de donde venga, pues, como dice otro refrán popular, un vaso medio vacío es también uno medio lleno, pero una mentira a medias, de ningún modo es una media verdad”, de forma, que como están haciendo ellos unilateralmente, “no se puede estar en misa y repicando”.

El Sr. Garamendi se queja del revuelo sobre los indultos por sus palabras, pues, dice que -se saca punta a todo- (lo que dijo fue: si las cosas se normalizan, bienvenidos sean los indultos”; aunque, ahora afirma el condecorado, que se han sacado de contexto); de manera, que solo falta el Sr. Omella situado en posición de queja, también, aunque habría que preguntarles:

¿si están con la Constitución Española?

¿si están con el Estado Social y Democrático de Derecho español?

Lo de los Obispos catalanes y lo del Presidente de la CEOE es de libro de mucho miedo.

N.B.  A nadie le puede sorprender una certeza, aunque la claridad de los Obispos catalanes y del Presidente de la CEOE es muy de agradecer, ya que, por fin -canta la gallina-, aunque estaba claro desde el principio donde estaban en el asunto de los indultos, a pesar, de que, –un poco escondidos si estaban-.

La Constitución y sus derechos fundamentales consagrados, como la igualdad de los españoles (art. 14 C. E.), son el armazón de nuestra libertad y de nuestro Estado de Derecho, y, contra los abusos y las actuaciones contra ley de cualquiera, solo cabe exigir por todos los medios posibles e imaginables el máximo respeto a la misma, dejando claro, que ninguna actuación de cualquiera, sea quien sea, que afecte a derechos fundamentales, debe estar fuera de la crítica pública.

Los indultos que apoyan el Presidente de la CEOE, Sr. Garamendi, y los Obispos catalanes, el Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, en su Informe de Indulto de 26/05/2021 los rechaza, al no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública (que justificarían la concesión de la medida de gracia), diciendo, que, “-la Sala INFORMA NEGATIVAMENTE la concesión de cualquier forma de indulto -total o parcial- a los condenados en la sentencia 459/2019, 14 de octubre, dictada en la causa especial núm. 20907/2017”-.

El indulto del Gobierno a los políticos catalanes condenados por varios delitos -supone poner en grave peligro nuestro Estado de Derecho y la separación de poderes en España-.

Córdoba, a 19 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Constitución – derechos y libertades fundamentales (de expresión – de información veraz)

En España y ahora convine recordar, que hace más de 40 años una gran mayoría de españoles votamos y aprobamos la Carta Magna de 1978, renunciando todos a algunas de nuestras ideas, olvidando los agravios y llegando a un acuerdo histórico, que trascendió nuestras fronteras y se convirtió en un ejemplo mundial de concordia y libertad.

Ocurre en estos tiempos de incertidumbre, que unos pocos demasiados han decido demoler esa Constitución, quizás, porque los derechos y libertades que consagra son una ofensa para sus ideas excluyentes, que no admiten otra cosa que su despotismo distintivo y único como la verdad original.

Así mismo, es un hecho aceptado por todos, que la Constitución de 1978 ha conseguido para todos los españoles el período más largo de paz y prosperidad, que ha conocido España, gracias a un grupo llamado los padres de la misma y un pueblo soberano que la hizo suya, aprobándola en masa.

Esos derechos y libertades recogidos en la Constitución, que son el mallazo de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, están en serio peligro, ya que, -por el Gobierno se ataca la división de poderes-, -se controlan o eliminan nuestras libertades ilegítimamente con estados de alarma sobrepasados en su duración y contenido-, -se vulneran a las bravas derechos fundamentales, como la inviolabilidad del domicilio con patadas policiales a las puertas-, -crece la desigualdad y se reduce la libertad de los españoles-, -se destruye la unidad constitucional de la Nación-, -el sector público crece sin cansancio comiéndose al sector privado cercado por la ruina-, y, en definitiva, la situación en España es muy complicada y nociva, de forma, que si no defendemos nuestras libertades las perderemos, al ser algo indiscutible, que la libertad no se defiende sola.

Aquí, solo citar, como ejemplo de lo que está en juego en este tablero perverso,  la C. E. que en su artículo 20 dice lo siguiente:

<< 1.  Se reconocen y protegen los derechos:

a). A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

b). A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

c). A la libertad de cátedra.

d). A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

3. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. >>

Se cita la Constitución, porque la Guardia Civil controló actos de desafección al Gobierno de todos los españoles -durante varios meses en el primer estado de alarma-, llevando a cabo vigilancia y monitorización de las redes y páginas web a esos efectos con carácter general, realizando más de 50 informes al efecto, asunto que ha sido inspeccionado por la Agencia Española de Protección de Datos, así:

1.- Lo reconoció en rueda de prensa públicamente el general José Manuel Santiago, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, durante el primer estado de alarma.

2.- El Estado Mayor de la Guardia Civil envió una orden a todas las zonas y comandancias, para identificar bulos y mensajes que pudieran generar estrés social y desafección a instituciones del Gobierno.

3-   El Ministerio del Interior así lo ha reconocido, justificando las actuaciones de vigilancia en la Estrategia de Seguridad Nacional.

4.- La Agencia Española de Protección de Datos inició un procedimiento por ese motivo, acordando finalmente por una resolución el archivo de esas actuaciones.

Siendo ingenuo, pienso por el bien de nuestras libertades, que cuando la AEPD ha procedido al archivo de la causa, debe ser, porque esas actuaciones de la guardia civil y de otros cuerpos de seguridad implicados en el asunto, nunca han afectado a datos personales protegidos, pero, incluso agradeciendo la actuación inspectora de la AEPD, el tema produce gran inquietud a cualquier persona preocupada por sus derechos y libertades constitucionales.

El simple hecho de que esas investigaciones se hayan producido, con estado de alarma o sin él, puede constituir, se quiera reconocer o no, una vulneración ilegítima de los derechos fundamentales de los españoles, que, además, resulta agravada, por la absoluta falta de información veraz completa e inmediata sobre un asunto tan importante para los ciudadanos.

La resolución de archivo de la AEPD debería hacerse pública por la propia Agencia y por el Gobierno para tranquilidad de todos los españoles, dejando claro, además, que esos controles masivos a los ciudadanos, salvo casos de autorización del poder judicial, se han terminado y no volverán a repetirse.

Una democracia plena, regida por un Estado Social y Democrático de Derecho constitucional, como la española, -bajo ninguna circunstancia que no esté prevista en la Constitución-, puede admitir vulneraciones de derechos constitucionales por nadie, incluido, con mayor motivo, el Gobierno principal garante de los mismos.

La libertad de expresión y todas sus consecuencias constitucionales son algo irrenunciable para todos los españoles, de forma, que sobra cualquier comentario más.

N.B.  La Constitución y sus derechos fundamentales consagrados, como la libertad de expresión y el derecho a una información veraz, son el armazón de nuestra libertad y de nuestro Estado de Derecho.

Contra los abusos y las actuaciones contra ley de los poderes públicos, solo cabe exigir por todos los medios posibles e imaginables el máximo respeto a la Constitución, dejando claro, que ninguna actuación de los mismos, que afecte a derechos fundamentales, debe existir sin autorización judicial.

Cualquier actuación de los poderes públicos, que viole el principio de legalidad, vulnerando la Constitución y nuestras libertades, es ilegal con efectos de nulidad de pleno derecho, pues el respeto a la ley por todos es el fundamento del orden político y de la paz social en la democracia española.

Córdoba, a 15 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.