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LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA -autodefensa (Huelga constitucional)

El caso de la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia es un ejemplo claro de lo que vengo llamando autodefensa, ya que, es algo patente que si van a la huelga indefinida es porque no tienen otra solución.

Lo extraordinario del caso es que se han quedado solos, pues de todos lados los tirotean hablando “si o si” de diálogo, aunque haciendo recaer injustamente sobre ellos la falta de diálogo, cosa que me parece una injusticia y un engaño perverso, porque es evidente que para dialogar hacen falta por lo menos dos partes, de forma, que el mantra ponzoñoso lanzado contra ellos hace que muchos como yo nos unamos a esa huelga, a pesar de los muchos inconvenientes que me está produciendo a mí, a mis clientes y al interés general de la Nación.

*La Constitución Española de 1978 dice su artículo 28. 2.  lo siguiente:   

Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”.

*Por otro lado, La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea dice:

{Artículo 28. Derecho de negociación y de acción colectiva

Los trabajadores y los empresarios, o sus organizaciones respectivas, de conformidad con el Derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales, tienen derecho a negociar y celebrar convenios colectivos, en los niveles adecuados, y a emprender, en caso de conflicto de intereses, acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huelga.

Artículo 31. Condiciones de trabajo justas y equitativas.

1. Todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, seguridad y dignidad.

2. Todo trabajador tiene derecho a la limitación de la duración máxima del trabajo y a períodos de descanso diarios y semanales, así como a un período de vacaciones anuales retribuidas. }

La huelga es un derecho fundamental, pese a quien pese, de manera, que los Letrados de la Administración de Justicia están ejercitando un derecho constitucional fundamental.

Cuando como está pasando en España el respeto a la Ley está en completo retroceso, de forma, que muchas veces, quizás, demasiadas, ni el Gobierno, ni las Comunidades Autónomas, ni las Corporaciones Locales, ni lo jueces, ni la Fiscalía del Estado, etc. etc. cumplen la ley, o mejor, solo la cumplen cuando quieren, de forma, que SOLO LA AUTODEFENSA puede restaurar y reparar los derechos fundamentales preteridos e ignorados.

Pues bien, eso es lo que pasa con los Letrados de la Administración de Justicia y su huelga indefinida.

El principio de legalidad que aprobamos con la Constitución de 1978 una gran mayoría de españoles, creando nuestro Estado Social y Democrático de Derecho ha pasado al nivel de la aplicación subjetiva de la ley y ocurre, que cuando esto pasa, la democracia fundada en el estado de derecho desaparece, de forma, que todos nuestro derechos y libertades fundamentales quedan anulado/as.

Desgraciadamente, eso es lo que está pasando en España, de manera, que ha llegado la hora de la autodefensa para reclamar nuestra libertad individual que desde el frente de la libertad colectiva el poder establecido nos pretende imponer y esta es la razón por la que apoyo sin limitaciones la huelga de los letrados de la administración de justicia.

Si alguien cree que no es la hora de la autodefensa, me parece bien, pero que luego no se queje, si cuando mira a su alrededor está solo, de manera, que cada uno haga lo que quiera, pero que no se llame a engaño, lo que hay es lo que hay.

N.B.  La huelga de los letrados de la administración de justicia es una huelga justa de autodefensa.

La defiendo y la apoyo como algo necesario, pues si seguimos a la deriva nos tocará mañana.

Córdoba, a 4 de febrero de 2023

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Autodefensa – libertad individual (libertad colectiva desde el poder – imposición)

Un párrafo de la Declaración de Independencia de los EE. UU. de América dice:

“Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad.

Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y establecer nuevos resguardos para su futura seguridad”.

La Constitución Española en su artículo 9 establece:

{1Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

Respeto a la ley.

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones igualdad para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

Libertad e igualdad.

3.  La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Garantías jurídicas. }

En España el respeto a la Ley está en completo retroceso, muchas veces, quizás, demasiadas, ni el Gobierno, ni las Comunidades Autónomas, ni las Corporaciones Locales, ni lo jueces, ni la Fiscalía del Estado, etc. etc. cumplen la ley, o mejor, solo la cumplen cuando quieren.

Que un Juez decida aplicar la ley basándose en su reconstrucción personal y solo “en su voluntad su sin reglas”, es decir, haciendo solo lo que le pide el cuerpo, es algo perverso para nuestro estado de derecho y nuestras libertades, pues bien, eso es lo que está ocurriendo ahora en algunos muchos casos, de forma, que hasta miembro/as del Tribunal Constitucional se jactan públicamente de reconstruir la ley y que para eso están.

El principio de legalidad que aprobamos con la Constitución de 1978 una gran mayoría de españoles, creando nuestro Estado Social y Democrático de Derecho ha pasado al nivel de la aplicación subjetiva de la ley, sobre todo, sirva de ejemplo, cuando desde el Gobierno de la Nación se les dice a los jueces, que su ley, si o si, no se debe aplicar.

Ocurre, que cuando esto pasa, la democracia fundada en el estado de derecho desaparece, de forma, que todos nuestro derechos y libertades fundamentales quedan anulado/as.

Desgraciadamente, eso es lo que está pasando en España, de manera, que ha llegado la hora de la autodefensa para reclamar nuestra libertad individual que desde el frente de la libertad colectiva el poder establecido nos pretende imponer.

No quiero decir, de ninguna manera, que los jueces no puedan interpretar la ley, sino que, toda aplicación de la ley nunca puede sobrepasar la letra y el espíritu de la propia ley.

Si alguien quiere cambiar la ley, que lo diga y a ello, pues nada es permanente ni invariable.

El Código Civil, en relación con a la *aplicación de las normas jurídicas” establece:

[ Artículo 3.   

1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas.

2. La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los Tribunales sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita. ]

Los jueces y tribunales, como está ocurrido ahora, -si o si-, aplican la ley, aunque ocurre con demasiada frecuencia, que algunos jueces -quizás, demasiados- aplican la ley reconstruyéndola siguiendo “su voluntad sin reglas”, es decir, ningunean la ley y aplican su criterio absolutamente subjetivo, buscando su justicia no la -JUSTICIA-.

Por otro lado, nada garantiza mejor la democracia y el estado de derecho que una verdadera y real división de los poderes del estado, aunque ello conlleva que la sociedad civil (el Pueblo) debe estar siempre preparado para defender su libertad individual y, sin duda, no hay momento más a que unas elecciones libres a cualquier nivel.

Que cada uno haga lo que quiera, pero que no se llame a engaño, lo que hay es lo que hay.

N.B. Es la hora de la autodefensa compartida para proteger la libertad individual frente a la libertad colectiva impuesta desde el poder público.

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea dice en su artículo 54 sobre la prohibición del abuso de derecho:  “Ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá ser interpretada en el sentido de que implique un derecho cualquiera a dedicarse a una actividad o a realizar un acto tendente a la destrucción de los derechos o libertades reconocidos en la presente Carta o a limitaciones más amplias de estos derechos y libertades que las previstas en la presente Carta”.

El respeto a la Ley es la base de la democracia y sin ella no pueden existir derechos y libertades reales.

Córdoba, a 19 de enero de 2023

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

FILOLEY – CONSTITUCIÓN (Estado de Derecho)

La Constitución Española en su artículo 9 establece:

{1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

Respeto a la ley.

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones igualdad para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

Libertad e igualdad.

3.  La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Garantía jurídicas. }

Puedo decir, que soy FILOILEY – (Constitución), paro ocurre que ahora en España el respeto a la Ley ha desaparecido, ni el Gobierno, ni las Comunidades Autónomas, ni las Corporaciones Locales, ni lo jueces, ni la Fiscalía del Estado, etc. etc. cumplen la ley, o mejor, solo la cumplen cuando quieren. Que un Juez decida aplicar la ley basándose solo “en su voluntad su sin reglas”, es decir, haciendo solo lo que le pide el cuerpo, se llama prevaricar, de manera, que el principio de legalidad que aprobamos con la Constitución de 1978 una gran mayoría de españoles, creando nuestro Estado Social y Democrático de Derecho ha pasado a mejor, sobre todo, cuando desde el Gobierno de la Nación se les dice a los jueces, que su ley, si o si, no se debe aplicar.

Ocurre, que cuando esto pasa, la democracia fundada en el estado de derecho desaparece, de forma, que todos nuestro derechos y libertades fundamentales quedan anulado/as.

Desgraciadamente, eso es lo que está pasando en España, No quiero decir, que los jueces no puedan interpretar la ley, sino que, toda aplicación de la ley nunca pude sobrepasar la letra y el espíritu de la propia ley.

El Código Civil, en relación con a la *aplicación de las normas jurídicas” estable:

[ Artículo 3.   

1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas.

2. La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los Tribunales sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita.

Artículo 4   

1. Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón.

2. Las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas.

3. Las disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras leyes. ]

Los jueces y tribunales, como está ocurrido ahora, -si o si-, aplican la ley, aunque ocurre con demasiada frecuencia, que algunos jueces -quizás, demasiados- aplican la ley siguiendo “su voluntad sin reglas”, es decir, ningunean la ley y aplican su criterio absolutamente subjetivo, buscando su justicia no la -JUSTICIA-.

La Constitución dice, que* los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico*, de forma, que me declaro -FILOLEY-, aunque, no se lleve, manifestando con rotundidad que los que no respetan la ley, sean quienes sean, son FOBOCONSTITUCIONALES.

España eso es lo que hay dicho alto y claro y ha llegado el momento, de poner pies en pared para defendernos todos, de manera, que como pronto habrá elecciones, es la ocasión de decir basta ante tanto desafuero y tanta injusticia preñada de abuso de poder.

Que cada uno haga lo que quiera, pero que no se llame a engaño, lo que hay es lo que hay.

N.B. O se es FILOLEY o se es contrario al Estado de Derecho Constitucional.

El respeto a la Ley es la base de la democracia y sin ella no pueden existir derechos y libertades reales.

Córdoba, a 2 de diciembre de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Dos caras de la misma moneda (amnistía fiscal – fin de la malversación)

Es lo mismo, pero al revés, de forma, que la ley se utiliza en favor de los que viven al margen de ella.

La C. E. en su art. 14 dice:  “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Con la amnistía fiscal pasada y declarada inconstitucional pasa lo mismo que ahora con la rebaja a la nada de la malversación:

Solo unos pocos – muchos son los agraciados, el resto, los 47 millones de españoles que quedan:  “A pan y agua”.

Dicho de otra forma, el periodo de ayuno de los españoles en general está en un bucle sin fin, llevando mucho tiempo sin disfrutar de cosa alguna.

Es como la Ley del {solo si es si}, que curiosamente beneficia a unos pocos desquiciados de lo peor.

Visto lo visto, aunque queda poca esperanza, el día que algún político defienda los intereses de la gran mayoría de los españoles y el Estado Social y Democrático de Derecho, optando los ciudadanos perjudicados (es decir, casi todos) por seguirlo, la democracia se dará un respiro en España.

En un artículo anterior preguntaba, ¿cómo está la justicia?, diciendo que la respuesta era fácil en esa ocasión: “Como la política”.

Ahora la pregunta se contesta sola, ¿cómo está la Ley?, como la política y la justicia: <<Bajo mínimos>>.

*A la amnistía fiscal (fallida e inconstitucional) del Presidente Sr. Rajoy se acogieron todos los defraudadores habidos y por haber.

*A la rebaja de la malversación se apuntaran todos y más de los expropiadores del dinero público.

Queda claro que es lo mismo, unos pocos (aunque muchos se digan honrados) son y serán los agraciados por la ley, el resto de esos 47 millones de españoles, “pan y agua”.

Dicho de otro modo, los ciudadanos sienten que la ley se construye por ideologías políticas y en beneficio de unos pocos, aunque se puede dudar, pero cuando se meten los dedos en la llaga la verdad es la que es.

Está muy claro para el Pueblo: “La ley “como la Justicia” y “como la política”; y, eso para nuestra democracia es algo muy malo, de forma, que en las elecciones próximas se puede y hay que poner pies en pared para que todo no siga igual.

El espectáculo al asistimos los ciudadanos viendo como usurpan el poder del Pueblo soberano y mangoneando sin mesura la ley a su antojo, no se puede aceptar en ninguna democracia que se respete en sus libertades fundamentales, de manera, que ahora a votar en libertad y sin complejos ni miedos de clase alguna, ya que, el silencio callado y oprobioso conlleva asentimiento contra los ataques a nuestro Estado Social y Democrático de Derecho Constitucional.

La norma debe ser para todos por igual, sea cual sea su formación política o su ideología, de manera, que el espectáculo obsceno al venimos asistiendo, que continúa sin tregua ni descanso, debe terminar, si queremos vivir en una democracia con derechos y libertades fundamentales.

N.B. Son dos caras de la misma moneda, por ley de la amnistía fiscal al fin de la malversación.

No podemos confiar en la política, ni en la justicia ni en la ley, de manera, que, sin ninguna duda, algo malo está pasando.

La seguridad jurídica ¿existe en España? – Pues, ESO.

Córdoba, a 16 de noviembre de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Desempleo – Ayuntamientos – Elecciones (lucha contra el paro desde el poder local)

El desempleo en Andalucía no es un problema es “EL PROBLEMA”, de manera, que no queda otra que tratar de reducir ese paro que lo ahoga todo, quedando claro que la solución es de todos, no sirviendo hablar de lo público y de lo privado si no se aportan soluciones reales y eficaces.

En Andalucía el paro de jóvenes, mujeres y mayores de 50 años es algo inasumible e inaceptable.

Digo esto, porque se dice que el desempleo no es un asunto competencia de los Ayuntamientos y de las Diputaciones, lo que, sin duda, es una verdad relativa, al ser cierto que desde las Entidades Locales se pueden adoptar muchas medidas para combatir el paro y crear empleo.

Pronto habrá elecciones municipales, de forma, que hay que estar atento a las propuestas de los partidos políticos en materia de empleo en el ámbito de las competencias de las entidades locales, no sirviendo el postulado negacionista de que el paro y el empleo quedan fuera del campo de actuación de Ayuntamientos y Diputaciones.

Las Entidades Locales pueden y deben hacer mucho para que en sus territorios competenciales se cree empleo y se reduzca el paro.

En el sector público estricto las posibilidades directas de empleo de estas entidades locales son muy limitadas, pero en colaboración con el sector privado se pueden llevar a cabo muchas iniciativas, empezando por realizar un gasto público productivo y eficaz, de manera, que no se distraiga ningún recurso ni se gaste dinero público en asuntos que signifiquen dilapidación de lo que es de todos. La buena administración de los recursos públicos no solo es una necesidad, sino que es algo exigible a los representantes locales elegidos sin excusa ni pretexto alguno.

Los casos conocidos como el llamativo tranvía de Jaén donde se han dilapidado impunemente miles de euros en el vacío de la nada es algo inaceptable, pero es solo un ejemplo límite, pues hay otros casos de gastos públicos tirados al descampado de la inanición, como pude ser en el Ayuntamiento de  Córdoba, determinadas inversiones vinculadas a la limpieza y basura, que están inmóviles y sin desarrollar, sin que nadie les ponga fin para ponerlas en funcionamiento real o para abandonarlas dada su imposible puesta en práctica si eso es así.

La eficiencia del gasto público es algo irrenunciable.

Aclarado lo dicho sobre el gasto productivo, eficaz y dirigido a cubrir de verdad necesidades locales realizables, hay que seguir creando opciones reales de empleo desde las entidades locales, porque la realidad es, que muchas cosas, se pueden alcanzar desde las competencias de los ayuntamientos y diputaciones en la lucha ineludible contra el paro en Andalucía.

Se puede recaudar más, exigir el pago de más o menos impuestos, pero, sin duda, hay que administrar mejor.

Es una necesidad admitir una realidad, que desde las Entidades Locales se puede crear empleo y reducir el paro, aunque para ello hay que aceptar una serie de principios denostados y cambiar muchas cosas que se dan por sentadas equivocadamente, así:

*Lo Público y lo privado no son excluyentes entre sí, sino que son sectores complementarios, de forma, que no pueden existir el uno sin el otro, de manera, que enfrentar el uno con el otro es un suicidio colectivo, que solo perjudica al ciudadano de a pie.

*Los Ayuntamientos y las Diputaciones tienen competencias de sobra, que les permiten crear las condiciones precisas para establecer las bases para una colaboración entre lo público y lo privado para luchar contra el paro en sus territorios municipales y provinciales.

*Las administraciones locales deben mejorar su eficiencia, temiendo como norte de su actuación el servicio a sus ciudadanos, nunca al contrario como desgraciadamente ocurre ahora en muchos casos, pues es una verdad patente que no pueden existir sino volcadas al bien común, de conformidad con lo que dice el artículo 103.1 de la Constitución de 1978, cuando establece, que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

Todas las corruptelas existentes en algunas muchas corporaciones locales de preeminencia de ellas mismas sobre sus ciudadanos se deben erradicar, pues los políticos locales solo existen en cuanto representan a sus votantes.

Es una realidad legal que las administraciones públicas deben estar al servicio de sus ciudadanos y no estos subordinados a ellas, de forma, que hay que arrancar y desterrar de raíz la idea perversa de que solo existen como sujetos pasivos del pago de impuestos.

Un ejemplo de la realidad diaria: pruebe a llamar a un teléfono del Ayuntamiento de Córdoba para informarse sobre algo, verá que es difícil conectar, situándose en modo de espera, y, si pide cita previa obligatoria a esperar. Si lo que intenta aclarar el ciudadano es una reclamación sobre el pago de un impuesto (IBI, plusvalía, etc.), que se vaya preparando, primero a pagar, después si está en desacuerdo una legión de funcionarios y abogados le podrán en su sitio, y, si se pretende hablar con el concejal de turno los trabajos de Hércules son una minucia comparados con  conseguir esa finalidad. Que conste que es solo un ejemplo, pues se pueden citar muchas Administraciones en igual situación y mucho peor.

Otro ejemplo de lo que nunca debe ser, es la actuación normalizada de la Hacienda Local de Córdoba (Diputación de Córdoba), que simple y llanamente ignora la legalidad y cualquier respeto a la ley, moviéndose, además, por criterios ideológicos en su actividad coercitiva, de manera que en vez de estar al servicio de los contribuyentes dicta resoluciones injustas a sabiendas contra ellos en perjuicio buscado de los mismos.

Lo dicho se puede discutir y disentir, pero la verdad absoluta es, que los derechos y libertades constitucionales reales son los cimientos de cualquier democracia que sea digna de tal, de manera, que si los Ayuntamientos y Diputaciones ignoran la legalidad y el respeto a la ley aplicable, es un hecho patente que no sirven a los ciudadanos, sino que intentan convertirlos en súbditos, tratándolos como sirvientes, ignorando la Constitución Española que consagra que todos los poderes proceden y nacen del Pueblo Soberano.

Solo cumpliendo la Ley pueden crear empleo y combatir el paro”, aunque eso solo es posible hacerlo estableciendo unas condiciones flexibles y abiertas, que permitan en los municipios y en las provincias que la creación de riqueza aflore en aras del interés general, estando esas administraciones al servicio del bien común siempre y sin excusas ni pretextos.

Por otro lado, se considera por muchos políticos, como se está viendo a diario, a las personas como siervos de la clase política dominante y/o como algo a exprimir,  no como lo que realmente son, ciudadanos libres que poseen unos derechos fundamentales personales, innatos e irrenunciables. Debiendo quedar claro, que los responsables de esas disfunciones son los políticos que mandan, por acción u omisión, que, además, se consideran impunes sin serlo, ya que, solo llevan razón, cuando el ciudadano se achanta o calla refugiándose en un silencio oprobioso.

Hay que dejar claro, que afortunadamente no son todos, aunque lo peor es que estos muchas veces callan, quizás, impelidos por un sistema de listas cerradas perverso y contra la libertad, que habría que erradicar de raíz.

N.B. Es una realidad indiscutible que el desempleo se puede combatir desde los ayuntamientos y ahora que vienen elecciones, hay que incentivar la lucha contra el paro desde el poder local.

Las administraciones locales no tienen razón de ser si no están al servicio de sus ciudadanos, de forma, que sin verdadera libertad, sin igualdad, sin justica social y sin un Estado de Derecho que funcione, es imposible que exista una corporación local  que cumpla sus fines constitucionales.

EL PROBLEMA de Andalucía es el problema de todos, pero en primer lugar  de todas y cada una de sus administraciones públicas, por supuesto, entre ellas, los ayuntamientos y diputaciones, aunque solo sea por su cercanía al ciudadano.

Lo contrario, simplemente, es faltar a la verdad y soslayar el cumplimento de la C. E. de 1978.

Córdoba, a 7 de octubre de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.