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El Pueblo solo el pueblo (Los poderes públicos políticos en stand by – en espera)

El movimiento ciudadano en la Dana ha demostrado en Valencia, una vez más, que los partidos políticos y sus poderes públicos que ocupan legítimamente, pero a contra palo, no cumplen con la ley, ni con su obligación legal, de forma, que los españoles de a pie se han puesto en movimiento para tratar de arreglar la catástrofe, no se sabe cuanto durará ese empujón de los ciudadanos, así, que muchos ya esperamos, que haya nacido un “movimiento permanente ciudadano” sublevado ante la adversidad.

Hablar de esas luchas políticas de todos contra todos, mientras el pueblo está sometido a los avatares de las desgracias de la naturaleza, es algo incalificable, pero servirá para que todos los españoles veamos con claridad lo que hay, es decir, “nada para los españoles que sufren en la adversidad” y, por otro lado, “fuegos fatuos políticos cargados de -fango y lodo político-“, que nos llenan de indignación a todos.  

Después cuando llegue el momento de las votaciones (esperemos que se pronto) todos los partidos a prometer que caminarán por el bien común, aunque tengo la impresión que el movimiento ciudadano nacido de la adversidad abandonada, va a continuar con su rebelión pacífica con absoluta libertad de criterio.

Ha llegado la hora de la libertad, aunque los políticos establecidos en el poder agradecido crean que nada va a cambiar, aunque creo que no, ya que, que asociaciones y colectivos como “Córdoba Abierta ACOA” tendrán mucho que decir y hacer en defensa de nuestros derechos y libertades.

“La aplicación de la ley no solo es para el Pueblo Soberano”.

N.B.  El Pueblo solo el pueblo, pues los poderes públicos políticos están en stand by – en espera, razón que obliga a un movimiento ciudadano en defensa de la libertad y de la igualdad.

Córdoba, a 12 de noviembre de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA – Córdoba. Cd. 1316.

Inspector de Trabajo y S. S.

Varas de medir – AEAT y otros poderes públicos (Dobles – triples o lo que haga falta)

En la Agencia Tributaria (AEAT) se aplica una doble vara de medir según que personas, no hay más que ver el caso del hermano del Presidente del Gobierno David Sánchez para comprobar lo dicho, en contra de la igualdad de todos los españoles ante la Ley.

La discriminación en la AEAT es un hecho comprobado e injusto, pero lo peor es que esa misma discrimación se aplica en otros poderes públicos, como ayuntamientos y diputaciones, tal como ocurre en la Diputación de Córdoba Presidida por el Partido Popular y su Presidente Salvador Fuentes Lopera, que lo permite todo en aras de seguir tranquilo en su sillón, de manera, que entre la Diputación de Badajoz y la Diputación de Córdoba solo media la distancia porque en la aplicación discriminatoria de la ley están en el mismo nivel.

La doble vara de medir es un fenómeno social que implica la aplicación de diferentes valores y criterios de juicio para evaluar a las personas o situaciones iguales. Dicho de otra forma, supone tratar de manera desigual a personas en la misma situación legal según ciertos criterios negativos y de una perversidad dañina social y administrativamente.

La doble vara de medir es un dicho popular, que todos entendemos, y que sirve para señalar la injusta aplicación de la ley con criterios diferentes en casos parecidos o iguales, siendo una realidad que afecta a todos los ámbitos de nuestras vidas, desde lo personal, lo social y lo político.

En España es frecuente encontrarnos (políticamente, socialmente, administrativamente y judicialmente) con casos en los que se juzga de manera distinta a personas en función de quien sean y su unión o desunión con el pode público de turno, de manera, que existencia diaria y real de la doble vara de medir genera desigualdad y casos negativos, impidiendo así el avance hacia una sociedad más justa y equitativa.

Contra la injustica de la doble vara de medir solo queda combatirla siempre y de forma permanente, ya que, si nos sometemos cautivos y silentes la igualdad en la diversidad desaparecerá. No hay otra que defender los derechos y libertades constituciones y el valor justicia social.

La existencia real de la doble o triple vara de medir deja al Estado de Derecho en España fuera de cobertura y nos afecta a todos, de forma, que si la sociedad civil y las personas que la componen se adormecen en la inactividad y no se sublevan ante la injusticia, al final todos estaremos solos frente los abusos de poder y la desigualdad.

N.B. Las dobles varas de medir en la AEAT y en otros poderes públicos están a pleno funcionamiento en España sometiendo a todos y excluyendo a los privilegiados de turno, pero el fundamento de su existencia perversa reside en las personas que ejercen poderes públicos contra la igualdad, porque se creen impunes y dueños de vidas y haciendas, olvidando que el poder nace del Pueblo.

Frente a la injusticia de las dobles o triples varas de medir al Pueblo, que somos todos, solo nos queda sublevarnos en defensa de nuestros derechos y libertades como personas libres, cualquiera que sea el nivel público en que se aplican las desigualdades nacidas de esas varas perversas para la libertad y la igualdad.

Córdoba, a 21 de octubre de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

Fiscal General – Tribunal Supremo (La oscuridad y la falta de respeto a la Ley – Hasta dónde llega)

El turbio asunto del Fiscal General es extremadamente grave para nuestro Estado de Derecho, aunque mirado en profundidad hay que señalar, que en nuestra democracia la falta de respeto a la Ley por algunos-muchos poderes públicos es algo que se extiende como una mancha de aceite venenosa inundándolo todo de injusticia.

Es cierto, que al Sr. Fiscal del Estado hay que exigirle la responsabilidad que tenga, pero debería ser también cierto, que esa responsabilidad debería exigirse a todos los niveles de los poderes públicos. No puede ser que un ayuntamiento y sus políticos que lo gobiernan, por ejemplo, actúen al margen de la ley y que no pase nada; además, cuando se denuncia ante un juzgado que un alcalde o un concejal actúan ignorando la ley y, a mayor inri, se demuestra, no pasa nada y el ciudadano de a pie además de pagar (abogados, recursos, etc. etc.) no tiene otra que envainársela.

Es un hecho patente, que el valor justicia constitucional (art. 1.1. C.E.) ha quedado fuera de cobertura legal con carácter general, de forma, que aquí está en mi opinión “el verdadero problema de la justicia en España” , pues un caso aislado, como puede ser el del Fiscal General no es nada y se arregla con facilidad, lo verdaderamente grave, que está ocurriendo, es la extensión y la generalidad de falta de respeto a la Ley por algunos-muchos poderes públicos de cualquier nivel administrativo y/o judicial. En resumen, la piel de toro está a rebosar de titulares de poderes púbicos, que incumplen la ley por acción o por omisión.

Se me dirá, que lo que expongo no es cierto, pero, digan lo que digan los voceros del aparataje oficial, es un hechos patente y probado, que la inaplicación de la Ley por el camino oscuro de ignorarla, “es un hecho que está ocurriendo a diario” en algunos-muchos poderes públicos, y, lo peor es, que cuando se denuncia en defensa de nuestras derechos y libertades consagradas en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho no pasa nada, ya que, exigir responsabilidad a un poder público está muy mal visto, a parte de los venganzas posteriores que se materializan de inmediato contra el ciudadano, que solo pide que se cumpla la Ley.

En cualquier democracia con un Estado de Derecho en vigor real y efectivo el respeto a la ley por todos es la base de su libertad y de la igualdad de todos sus ciudadanos.

N.B. Lo peor es, que lo expuesto es cierto y patente, quizás, porque los presuntos implicados se consideran impunes, que como en el caso del Fiscal General, como dicen en Moncloa, “quedará en nada”, o, como dice el Ministro Bolaños: “Decir la verdad no puede ser delito”, aunque el T. S. diga por unanimidad que hay que investigar.

A pesar de todo si se abandona la esperanza, estamos muerto y esclavos, de forma,  que creo que existen soluciones pacíficas en la sociedad civil para combatir ese parásito perverso y contagioso, que lo está envenenando todo en España.  

No queda otra, que ir a una rebelión pacífica ciudadana en defensa de nuestros derechos y libertades como ciudadanos libres.

Córdoba, a 17 de octubre de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

Seguridad Jurídica (Respeto y cumplimiento de la Ley por todos)

Un grupo de lectores me dicen que sus ayuntamientos no cumplen la ley y que sienten una gran inseguridad jurídica.

Solo puedo decir, que en principio, lo que dicen es cierto, pero les digo, que no son solo los ayuntamientos, porque en España está ocurriendo algo muy preocupante y perverso, que se puede resumir diciendo, que los poderes públicos en general han optado por cumplir a la ley a su manera, tanto por acción como por omisión, y, que el ciudadano de a pie queda indefenso, ya que, si quiere que se cumpla la ley tiene que denunciarlo, lo que, sin duda, le trae enormes perjuicios y una gran pérdida de energías  de todo tipo (sociales, económicas, políticas, administrativas y personales).

Pongamos un ejemplo real: Un ciudadano de a pie denuncia a un funcionario con poder de la Hacienda del Estado por la cusa que sea, y, ocurre que lejos de que su denuncia probada sea comprobada e investigada, de inmediato sobre él recaen todo tipo de acciones coercitivas sin  parar y sin medida.

Para defender su derecho el ciudadano de a pie debe acudir a los jueces y tribunales pidiendo amparo y justicia, pues bien, lo que sucede es que tiene que contratar de inicio una legión de abogados a costa de su bolsillo, mientras esos poderes públicos protegidos por una capa insondable de impunidad administrativa, a la vez, son defendidos por una legión irredenta de abogados del estado, letrados de CC.AA., abogados de todo tipo pagados por los ciudadanos de ayuntamientos, diputaciones, etc., que no solo defienden a esos poderes públicos, sino que cuando van a un juicio los jueces y tribunales parten de que la administración pública tiene un plus de legitimidad, de forma, que salvo pruebas fehacientes irrefutables el ciudadano que intenta defender sus intereses frente a una injusticia, es castigado con unas costas fastuosas para pagar, eso dicen, a esos legión de abogados y letrados que cobran de los impuestos de todos. (El Defensor del Pueblo en espera (stand by) cumpliendo sus funciones de ideología política excluyente).

Se puede discutir, lo que  digo, pero todos sabemos que es “LA PURA VERDAD”.

Aunque no es solo eso, sino, que por ejemplo:

¿Alguien conoce algún caso de una autoridad y/o funcionario público denunciado administrativamente, que se abstenga de conocer cualquier asunto vinculado al ciudadano de a pie, que ha presentado una denuncia fundada contra él/ella?

Pero, rizando el rizo de la injusticia, cuando ese ciudadano acude a la justicia (sobrecargada de trabajo, en stand by, y, extraordinariamente lenta, etc. etc.), es más que un hecho patente, que esa autoridad o funcionario lejos de abstenerse inicia una cacería desde su poder administrativo contra él y contra toda su familia, saltándose toda ley. Los casos son numerosos y probados por activa y por pasiva, aunque nunca pasa nada, el funcionario que va contra el art. 103 de la C. E., siguen en su puesto y el ciudadano totalmente jodido queda en situación de espera de justicia, pero pagando.

En cualquier democracia con un Estado de Derecho en vigor real y efectivo la igualdad y el respeto a la ley con su cumplimiento por todos sus ciudadanos y todos sus poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), es lo único que garantiza el “valor justicia” en la misma.

La Constitución Española de 1978 dice en su art. 1.1.,  que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Así mismo, en su art. 9. 1. garantiza el respeto a la ley, cuando dice, que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”; diciendo en su número 3., que “la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía jurídicas normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

Una cosa está clara, la ley está y existe, solo falta que todos los poderes públicos la cumplan y, además, que se proteja al ciudadano, que es el pueblo de donde nacen todos los poderes del Estado.

La no aplicación de la ley y/o su aplicación ideologizada por motivos personales y subjetivos crea inseguridad jurídica en España, que conlleva que los españoles transitemos ya por un camino de servidumbre, donde unos pocos nos someten a todos, esa gran mayoría silenciosa, que, además, piensa que ya pasará, así, vemos los desequilibrios legales por donde caminamos callados y, al parecer, conformes.

Frente a la inseguridad jurídica imperante solo cabe ya la autodefensa mediante un movimiento ciudadano abierto, libre y levantado en armas pacíficas, para recuperar el valor justicia de todos los españoles.

No queda otra, que la autodefensa y la rebelión pacífica en defensa de nuestros derechos y libertades como ciudadanos libres.

N.B. Frente a la inseguridad jurídica de una ley que solo se aplica en una dirección y por la fuerza de una coyuntura política autodestructiva y malévola, solo queda la defensa del “Estado de Derecho” por todos y cada uno de nosotros (por todos los españoles).

La seguridad jurídica solo se consigue defendiendo el valor justicia, del que algunos pocos se han apoderado por la fuerza de un poder público ejercitado contra ley.

Córdoba, a 6 de octubre de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

Pues “ESO” (Banco de España – CGPJ conservadores y progresistas)

Son las dos palabras que definen a España al día de hoy y, además, son dos palabras que todos los españoles sin exclusión entendemos a la perfección.

Significan en su brevedad, que todos sabemos que nuestro Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en la C.- E.- de 1978, y todos sus principios y valores está agonizando, de forma, que todos nuestros derechos y libertades fundamentales son papel mojado, pues, la igualdad ante la Ley y la libertad han entrado en un bucle perverso de completa inoperancia.

Con independencia de lo dicho, la Constitución dice en su Título Preliminar, Artículo 1.-:

*1.    España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

*2.    La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

La conclusión a todo lo dicho es clara y meridiana: Pues “ESO”.

Ante esa conclusión  indiscutible, que todos comprendemos, pero que una gran mayoría consideramos inaceptable, solo hay una cosa cierta, que la libertad y la igualdad las ganaremos si nos movemos todos juntos en la misma dirección y dejamos atrás cualesquiera diferencias dañinas para nuestros intereses comunes.

N.B. Pues “ESO”.

Igualdad y libertad con lo contraria a esas dos palabras que todos comprendemos y una gran mayoría rechazamos, propugnando una rebelión masiva y pacífica en defensa de nuestros derechos y libertades.

Córdoba, a 4 de septiembre de 2024.

Cdo. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.