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El “doble sombrero” en Córdoba y la ruptura del contrato de ejemplaridad – (La incompatibilidad práctica del candidato al Senado ante el 29N)

I. Planteamiento de la cuestión – (La ilusión del político omnipresente).

El anuncio y consolidación de la candidatura de Salvador Fuentes Lopera al Senado como cabeza de lista del P.P. por Córdoba -compaginando la Presidencia de la Diputación Provincial de Córdoba y su acta de concejal en el Ayuntamiento de la capital con la aspiración a un escaño en la Cámara Alta- plantea un severo debate sobre la calidad institucional y el respeto al votante de centro-derecha.

Aunque la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) no contemple una incompatibilidad de derecho estricta para simultanear la presidencia de un gobierno provincial con la condición de senador, **se genera una incompatibilidad de hecho, técnica y operativa insalvable**.

Pretender abarcar la jefatura del ejecutivo provincial (con más de 70 municipios bajo su tutela, entes en situación crítica como EMPROACSA y EPREMASA, y la red viaria provincial necesitada de gestión real) mientras se atiende la actividad parlamentaria, presupuestaria y de comisiones en Madrid representa una ficción operativa que aboca inevitablemente a la ineficacia institucional en ambos frentes.

II. Radiografía del perfil – (La quiebra de los principios de mérito, capacidad e igualdad).

El artículo 103.3 de la Constitución Española consagra los principios de mérito y capacidad para el acceso a la función pública, principios que el electorado conservador y liberal exige trasladar por extensión ética a la representación política superior.

***Al examinar la trayectoria de Salvador Fuentes Lopera, la evidencia del currículum público es indiscutible:

1.- Inexistencia de ejercicio profesional externo: Salvo por el paso por estudios universitarios no culminados con titulación superior o ejercicio profesional continuado en el sector privado, **la totalidad de su trayectoria laboral desde la década de 1990 hasta la actualidad se ha desarrollado ininterrumpidamente en el seno del aparato de partido e instituciones públicas** (concejalías en Palma del Río y Córdoba, diputación autonómica en el Parlamento de Andalucía, vicepresidencia y presidencia de la Diputación Provincial).

2.- El “político de plantilla” sin alternativa de retorno: Esta dependencia exclusiva de la política como único modus vivendi distorsiona la toma de decisiones, ya que, quien carece de un ejercicio profesional o de una plaza técnica a la que retornar en la economía real *queda sometido a la disciplina de aparato y a la necesidad de blindaje o acumulación de cargos institucionales como garantía de supervivencia personal*.

3.- La quiebra del principio de solvencia: Frente a un electorado de centro-derecha compuesto por autónomos, profesionales liberales, juristas, agricultores y empresarios que arriesgan diariamente su patrimonio en el mercado, **se ofrece como representante en la Cámara Alta un perfil de “aparato puro” que carece de la formación técnica y la especialización requeridas para fiscalizar leyes complejas o defender con rigor los presupuestos del Estado**.

III. La imposibilidad material de la duplicidad institucional.

***Compaginar la gestión diaria de la provincia con la representación en el Senado choca frontalmente con la exigencia de una administración eficaz:

<-La asfixia de la gestión provincial: La Diputación de Córdoba atraviesa un momento crítico que exige dedicación del 100% de la jornada: “La crisis del agua en la zona norte, el saneamiento de las empresas provinciales deficitarias mediante subidas de tasas a las familias y los pactos de gobernabilidad firmados con la izquierda (Izquierda Unida) para salvar los presupuestos”.

Un presidente “a tiempo parcial” que divide su semana laboral entre los Plenos del Senado en Madrid y los despachos del Palacio de la Merced delegará necesariamente el gobierno en la fontanería orgánica.

<-El uso del Senado como refugio y blindaje: La Cámara Alta se concibe constitucionalmente como una cámara de representación territorial y debate legislativo de alta altura, de forma, que convertirla en un “seguro de vida” o en una retribución suplementaria para cargos provinciales vulnera el espíritu de la institución y confirma la percepción de que el aparato utiliza las listas electorales como un reparto interno de prebendas y no como una selección de los mejores perfiles de la sociedad civil.

IV. Conclusión.  (Dictamen doctrinal).

1.- Incompatibilidad ética y funcional: La acumulación de la Presidencia de la Diputación de Córdoba y el escaño de senador por Córdoba vulnera el principio de dedicación plena a los asuntos públicos de la provincia. Nadie puede servir con la máxima exigencia a dos instituciones de primer nivel simultáneamente.

2.- El “voto nominal” como corrector democrático: La papeleta del Senado otorga al ciudadano de Córdoba la herramienta legal precisa para sancionar esta acumulación de cargos. El elector exigente de centro-derecha tiene la potestad de desmarcar las casillas de los candidatos que encarnan la inercia de aparato, reservando su apoyo a candidaturas que acrediten verdadera capacidad, rigor técnico y trayectoria profesional fuera de la política.

3.- Juicio sobre el modelo: Apoyar conscientemente este tipo de candidaturas dobles basadas en la inercia de siglas representa una complicidad voluntaria con la devaluación del mérito en la vida pública, **consolidando la política como una estructura endogámica alejada de las necesidades reales de los ciudadanos de Córdoba**.

N. B. Imagen.La incompatibilidad práctica del candidato al Senado ante el 29N.

(La imagen muestra una escena dividida: En una mitad, un político con un “doble sombrero” sostiene el peso excesivo de la Diputación de Córdoba, mientras que en la otra mitad, su figura como senador por Córdoba en Madrid aparece vacía y desconectada. Un gran reloj central muestra la imposibilidad temporal, y las balanzas institucionales están desequilibradas).

Córdoba, 5 de noviembre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

(Abogado, Inspector de Trabajo y S.S., exconcejal, exdiputado provincial y andaluz)

La trampa del voto útil – El despertar del votante exigente – (Coherencia en los mítines y pactos en los despachos)

De la ruptura del «Contrato con España» al refugio institucional en la Cámara Alta

La reciente configuración de las candidaturas electorales de cara a la próxima cita con las urnas del 29 de noviembre ha vuelto a poner de manifiesto una de las mayores patologías de la política contemporánea en España:

“El abismo insondable que separa los grandes discursos sobre el rigor, la regeneración y el mérito de la cruda realidad del tacticismo orgánico en los territorios”.

Cuando el Partido Popular concurre a unas elecciones generales exigiendo la aplicación estricta de un «Contrato con España» basado en la verdad, la contención fiscal y la batalla cultural contra la izquierda, el contraste con decisiones concretas en provincias como Córdoba resulta desconcertante. La designación de Salvador Fuentes Lopera -presidente de la Diputación Provincial de Córdoba- como cabeza de lista al Senado destapa una anomalía estructural demoledora:

“La profesionalización exclusiva en el aparato de partido y la consiguiente desconexión entre la gestión técnica y la representación institucional, dinamitando por el camino los principios de igualdad, mérito y capacidad”.

I. El perfil de “aparato puro” y la ausencia de gestión en la economía real.

La trayectoria biográfica de Salvador Fuentes se circunscribe de manera ininterrumpida al ecosistema de la política orgánica e institucional (concejal, diputado provincial, diputado autonómico y teniente de alcalde). Este perfil de “aparato puro” -que comparte similitudes estructurales con figuras del ala contraria como el ministro Óscar Puente- evidencia una peligrosa desconexión con la realidad productiva del ciudadano de a pie.

Quien jamás ha gestionado una empresa privada, no ha arriesgado un patrimonio personal ni se ha enfrentado a las tensiones del mercado laboral, tiende a concebir la administración pública no como un servicio austero y eficiente, sino como un recurso de asignación de poder y cuotas orgánicas.

***Lo anterior explica con absoluta claridad por qué en la Diputación de Córdoba se ha asumido un pragmatismo de trinchera que ha pulverizado los principios ideológicos del Partido Popular:

**Pactos presupuestarios contra natura con Izquierda Unida para comprar “paz de despacho”.

**Financiación de la agenda del adversario mediante partidas dedicadas a la memoria democrática, apertura de fosas, aumento del gasto público y subvenciones a fondo perdido para empresas públicas ruinosas.

**Opacidad y falta de auditorías de eficiencia en entes públicos deficitarios como EMPROACSA (agua) y EPREMASA (basuras), acompañadas del consiguiente incremento de tasas e impuestos al contribuyente.

II. La contradicción institucional – (De la gestión provincial al Senado).

Si el Sr. Fuentes no gestiona con rigor en la Diputación, difícilmente podrá defender a Córdoba en el Senado. La contradicción lógica es de una enorme gravedad. El Senado es, por definición constitucional, la Cámara de representación territorial donde deben defenderse con solvencia los intereses económicos, fiscales e infraestructurales de la provincia.

Si como gestor público se aplica en el Palacio de la Merced una “doble contabilidad” -plegándose a las exigencias de la izquierda a cambio de estabilidad orgánica-, malamente podrá erigirse en Madrid como el adalid de la ortodoxia fiscal y la defensa intransigente del centro-derecha. El aparato del Partido Popular está utilizando la Cámara Alta como un destino de blindaje político o refugio institucional para cargos orgánicos provinciales, alejándolos del desgaste de la gestión municipal en lugar de reservarlo para perfiles con acreditada autoridad moral y solvencia profesional fuera de la política.

III. El mito del «voto cautivo» y el desmantelamiento del voto útil.

Uno de los mayores errores de cálculo de los aparatos orgánicos en periodo electoral es dar por sentado que el elector de centro-derecha es un activo cautivo; es decir, asumir que por miedo a la izquierda o por inercia ideológica aceptará cualquier decisión de despacho y votará disciplinadamente lo que le impongan desde la cúpula.

Esa soberbia ignora una realidad incontestable: “El electorado actual está hiperinformado, es profundamente exigente y ya no concede cheques en blanco”.

***La designación de Fuentes como número uno al Senado actúa como un acelerador de la crisis de confianza por tres vías:

1.- La quiebra de la ejemplaridad: El ciudadano exige coherencia entre lo que se predica en los mítines nacionales y lo que se ejecuta en los presupuestos provinciales.

¿Cómo se puede exigir rigor presupuestario y batalla de ideas mientras en el ámbito local se pacta con la izquierda y se financia su agenda ideológica?

2.- Indefensión de los intereses cordobeses: Un representante cuya lealtad histórica ha sido la disciplina de aparato difícilmente levantará la voz en Madrid contra las directrices de su dirección nacional ni priorizará las necesidades reales de Córdoba frente a la consigna orgánica.

3.- La falacia del “voto útil sin garantías”: Se nos repite machaconamente que hay que cerrar filas y votar a ciegas, sin embargo, el verdadero voto útil no es el que blanquea el clientelismo orgánico, sino el que exige coherencia. Premiar con un puesto en las Cortes Generales a quien ha devaluado el mensaje doctrinal convierte el voto en una patente de corso, desactiva la movilización y acelera tanto la abstención reflexiva como el trasvase directo de votos hacia formaciones como VOX.

Una candidatura con estas características equivale a hacerle el trabajo al adversario, ya que, revela una prepotencia que explica por qué el Partido Popular no crece cuando debería arrasar, por qué VOX se fortalece día a día y por qué la izquierda logra mantenerse en pie cuando debería estar hundida.

Conclusión.

El caso de Córdoba pone al descubierto la peor anomalía de nuestro sistema:

“la sustitución del mérito, la capacidad y la fidelidad al ciudadano por la sumisión ciega a las estructuras orgánicas”.

Un político cuya única escuela ha sido el aparato y cuyo principal logro ha sido el apaciguamiento presupuestario a costa de mercadear con sus principios trasladará a la Cámara Alta la misma lógica de supervivencia táctica que ha demostrado en la Diputación.

Frente a quienes confunden las siglas con un salvoconducto para hacer lo contrario de lo que prometen, la verdad, el rigor y los principios se demuestran en cada tasa, en cada subvención y en cada presupuesto. Desmontar esta doble contabilidad con hechos probados es una tarea cívica indispensable.

El próximo 29N, el votante de centro-derecha tiene la palabra para recordar que la confianza ni se regala ni se negocia en los despachos.

N.B. Imágenes.La trampa del voto útil – El despertar del votante exigente – (Coherencia en los mítines y pactos en los despachos)

1ª. Imagen.

2ª. Imagen.

Córdoba, 1 de noviembre de 2026

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado. Inspector de Trabajo y S.S.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba, exdiputado provincial y exdiputado del Parlamento de Andalucía.

La invasión de los partidos – (Cuando el carné político expulsa al mérito profesional)

El artículo 103 de nuestra Constitución no es una sugerencia, sino que es un mandato imperativo constitucional, que dice, que la Administración debe servir con objetividad y que el acceso a ella se rige por el mérito y la capacidad. Sin embargo, hoy vemos diariamente una realidad paralela, que se materializa en una “colonización” silenciosa donde la lealtad al partido ha sustituido a la competencia técnica.

1.- El triunfo de la “confianza” sobre la “capacidad”.

En España hemos pasado de una Administración profesional a una de “cargos de confianza política”, de manera, que el abuso de la libre designación y la hipertrofia de asesores (personal eventual) están arrinconando a los funcionarios de carrera.

*El dato: Según la OCDE, España es uno de los países con mayor politización en su alta dirección pública.

*La consecuencia: Las decisiones estratégicas ya no las toman los mejores preparados, sino los más fieles a la sigla de turno.

2. El “fraude de la accidentalidad” en los Ayuntamientos.

Si hay un lugar donde esta invasión política es crítica, es en la Administración Local, porque los secretarias/os e interventoras/es (FHN) son los garantes de la legalidad y el control del dinero público.

Ocurre  a la vista de todos, sin embargo, que se está utilizando una “patología sistémica” para sortear su independencia, que es su nombramiento accidental.

<-Plazas vacantes: Se dejan plazas sin convocar a propósito para colocar a personas sin la titulación o la oposición requerida.

<-Interventores “prisioneros”: Un interventor accidental no tiene la inamovilidad del funcionario de carrera, ya que, si se le ocurre poner un reparo incómodo para el Alcalde, será  ser cesado a la mañana siguiente, lo que implica que este sistema arbitrario aniquila el control de legalidad y abre la puerta a la corrupción.

3.- La erosión del Estado de Derecho.

Esta sustitución de la tecnocracia por el partidismo no es solo mala gestión, sino que supone un cambio de modelo muy caro para el ciudadano y para nuestro estado de derecho, porque conlleva:

*Inseguridad Jurídica: Directivos sin formación generan actos administrativos deficientes que terminan en los juzgados, colapsando el sistema.

*Desviación de Poder: Se utiliza la facultad de organizar la administración no para mejorar el servicio, sino para “colocar” a afines.

*Controles tardíos: Al eliminar al “perro de guardia” interno (el funcionario independiente), el control solo llega a través de los jueces, años después de que el daño (o el desfalco) se haya producido.

<<Resumen del impacto por niveles>>

Nivel de PoderHerramienta de ControlEfecto Real
Estado / CC.AA.Abuso de libre designación.Políticas basadas en intereses electorales, no generales.
AyuntamientosSecretarios/Interventores a “dedo”.Debilitamiento del control del gasto y riesgo de corrupción.
DiputacionesMacro-estructuras de asesores.Fuga de dinero público hacia redes clientelares.

Conclusión. (Un aviso a navegantes).

La defensa del mérito y la capacidad no es una cuestión corporativa de los funcionarios, sino que la única garantía que tiene el ciudadano contra la arbitrariedad del poder.

Como bien advierten organismos internacionales, la “invasión” de los partidos en la esfera pública supone la extinción soterrada del Estado de Derecho. Si la administración deja de ser neutral, deja de ser de todos para ser solo de “ellos”.

N.B. La invasión de los partidos se está produciendo en España, cuando el carné político expulsa al mérito profesional, de forma, que los controles y equilibrios legales desaparecen y surge la arbitrariedad contraria a nuestro Estado de Derecho.

Córdoba, 22 de febrero de 2026.

Enrique García Montoya.

 Abogado, ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente, Córdoba Abierta -ACOA-.

Valor de Referencia Catastral – (La coraza del Tribunal Constitucional)

El Tribunal Constitucional ha establecido con nitidez y rotundidad, que “el Valor de Referencia Catastral (VRC) es constitucional”, ya que, en una sentencia unánime, el T. C. avala este sistema como una <-adecuada medición de la riqueza->, poniendo una puerta blindada a posibles impugnaciones genéricas contra la norma.

El inicio de un camino nuevo en una defensa justa es necesario por el cambio en las reglas de juego, de forma, que ya que no podremos no cuestionar la Ley, lo que determina que la defensa, frente a un debilitamiento del “valor justicia” (C. E. art. 1.), se debe dirigir contra valor asignado a cada inmueble.

1.- Las bases del Tribunal Constitucional – (Una sentencia impositiva).

El Tribunal Constitucional ha fundamentado su decisión en tres bases que todo contribuyente debería conocer:

<-Capacidad Económica (art. 31.1 CE), ya que, la sentencia considera que el VRC no es arbitrario, porque nace de un análisis estadístico de precios reales de notarios y registradores.

<-El Factor de Minoración (0,9), porque la sentencia considera, que ese “margen de seguridad” del 10% es suficiente para absorber posibles desviaciones y garantizar que no se tribute por encima del valor real.

<-Presunción Iuris Tantum, porque para la sentencia el valor se presume cierto, aunque deja un resquisio legal al admitir prueba en contrario, quedando claro, que la carga de la prueba ahora recae una vez más y exclusivamente en el ciudadano impostado por el valor de referencia catastral.

2.- Los caminos de la defensa.

Ante una liquidación basada en un Valor de Referencia superior al precio real de compra, se abren dos vías de defensa y la elección dependerá del perfil de riesgo del ciudadano:

VíaProcedimientoVentajaRiesgo
ConservadoraAutoliquidar por el VRC y solicitar Rectificación.Evita intereses y sanciones.Desembolso inicial de liquidez.
CombativaAutoliquidar por valor de escritura.No se paga de más inicialmente.Intereses de demora y posible expediente sancionador.

(Nota. En la mayoría de los casos, la vía conservadora es la más adecuada y eficiente, pues permitirá impugnar con la tranquilidad de haber cumplido con la obligación tributaria, centrando el debate directamente en la valoración técnica del inmueble.

3.- El punto vulnerable del algoritmo catastral – (La prueba pericial).

El algoritmo del Catastro es ciego frente a la realidad física individualizada, de manera, que la defensa de una impugnación va a depender de que el perito arquitecto en su informe, ponga el foco en lo que el big data catastral no puede ver, así:

1.- Estado de conservación interno, porque el Catastro asume que el inmueble está en estado “normal”, de forma, que las humedades, instalaciones obsoletas o la necesidad de reforma integral son factores que el algoritmo del valor de referencia ignora.

2.-Deficiencias estructurales, ya que ITEs negativas o patologías no aparecen reflejadas en la ficha catastral.

3.- Distribución disfuncional del inmueble, pues pasillos excesivos, habitaciones ciegas o locales con poca fachada que penalizan el valor de mercado real, no se acogen por el valor de referencia catastral.

4.- Cargas y servidumbres y cualquier limitación urbanística que no aparecen reflejadas en el Mapa de Valores del valor de referencia y que por lo tanto no pondera.

4.- La impugnación del valor de referencia – (Los caminos).

Para poder impugnar el valor de referencia la ruta suele ser el siguiente:

<-Fase Administrativa con la presentación de la rectificación con informe pericial detallado. (Prepararse para el silencio o la desestimación sistemática).

<-Vía Económico-Administrativa (TEAR), que seguramente  es el momento clave para revisar cómo elaboró  el Catastro ese valor específico.

<-Vía Contencioso-Administrativa, que es la fase dónde la pericial de parte, ratificada judicialmente, adquiere su máxima importancia frente a la Administración.

<<Una propuesta>>

Si el valor de mercado real es sensiblemente inferior al VRC, es conveniente, no esperar a la liquidación oficial, de forma, que lo más eficaz, antes de firmar la escritura, es buscar un certificado de tasación de una entidad homologada por el Banco de España con fecha cercana al devengo.

(Nota. Tener esta prueba preconstituida hará que la balanza se incline a favor del contribuyente desde el principio del conflicto para poder destruir la presunción iuris tantum que opera en favor del valor de referencia.

N.B. La coraza tejida por el T. C. en favor del Valor de Referencia Catastral en su sentencia obliga a la defensa del contribuyente a demostrar el valor de mercado real, pues el TC ha puesto una puerta blindada a cualquier otra hipótesis de defensa.

Otra vez más al contribuyente se le sitúa en una posición de debilidad frente a la Administración Tributaria-Catastro, imponiéndole la carga de la prueba, cuando debería ser al contrario, ya que, la Administración es la parte más fuerte y la que cuenta con mayores medios de defensa de su posición contributiva, porque sin duda los impuestos son una necesidad para el mantenimiento de los servicios públicos, pero creo sinceramente que los derechos y libertades individuales deben prevalecer, máxime cuando estamos soportando una presión impositiva desaforada, a la que se unen unas condiciones económicas desfavorables para el ciudadano como la inflación y el deterioro de unos servicios públicos en retroceso en cantidad y calidad.

Córdoba, 15 de febrero de 2026.

Enrique García Montoya.

Abogado e Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA)

Igualdad formal vs. Igualdad práctica (El reto de la regularización)

Un grupo elevado de lectores me pregunta sobre la regularización masiva de inmigrantes y me piden una opinión, así que, como suelo hacer intentaré darles una explicación razonable.

En el actual escenario normativo de febrero de 2026, España se enfrenta a un desafío que trasciende lo administrativo para instalarse en el corazón de la justicia social:

“La gestión de la regularización extraordinaria de extranjeros”.

El debate no debe centrarse en la existencia o no de privilegios, sino en la colisión entre la igualdad formal (la ley es igual para todos) y la igualdad práctica (cómo impacta esa ley en un sistema de servicios públicos ya tensionado).

1.- El marco jurídico (La regularización de 2026).

El reciente Real Decreto-ley de regularización extraordinaria busca integrar a una población de entre 500.000 y 800.000 personas que ya conviven con nosotros. Jurídicamente, el objetivo es impecable: “Reducir la economía sumergida, aflorar cotizaciones y garantizar derechos fundamentales”. Una vez obtenida la autorización de residencia y trabajo, estas personas adquieren la condición de residentes legales, accediendo al catálogo de servicios públicos en plenas facultades.

2.- La paradoja de los baremos. – (Parece haber prioridad).

Es fundamental aclarar que no existe una prioridad legal por origen nacional. Los criterios de acceso a guarderías (0-3 años), al Ingreso Mínimo Vital (IMV) o a las ayudas al alquiler son universales y se basan, principalmente, en la vulnerabilidad socioeconómica.

**Sin embargo, aquí es donde surge el conflicto de la “igualdad práctica”, así:

<-El perfil de vulnerabilidad: Los nuevos regularizados suelen presentar niveles de renta más bajos, familias más numerosas y situaciones de precariedad laboral inicial.

<-La puntuación mecánica: Al aplicar los baremos vigentes (donde puntúa más la renta baja o el número de hijos), este colectivo encaja de forma natural en los tramos de máxima prioridad.

**La clave del problema: No es que se favorezca al inmigrante “por serlo”, sino que el sistema está diseñado para primar la necesidad extrema. Cuando esa necesidad se concentra en un grupo recién incorporado al sistema legal, el resultado práctico es que familias españolas de rentas medias o bajas (pero no extremas) se ven desplazadas en las listas de espera.

3.- El riesgo del colapso y la gestión de la escasez.

La justicia de una medida de integración no puede evaluarse de forma aislada a la capacidad del sistema. La incorporación de cientos de miles de nuevos usuarios cualificados para ayudas sociales sin una ampliación proporcional de la oferta pública produce un efecto de “suma cero”.

<-Educación y Sanidad: La saturación en la Atención Primaria y la falta de plazas en escuelas infantiles no son responsabilidad del inmigrante, sino de una planificación que no prevé el aumento de la demanda.

<-Servicios Sociales: El IMV y las rentas mínimas tienen presupuestos acotados, de forma, que si la base de solicitantes con máxima puntuación crece exponencialmente, el sistema se bloquea para todos.

4.- Conclusión. – (Una solidaridad sostenible).

Como profesionales del derecho, debemos defender que la ayuda al inmigrante es un imperativo humanitario y económico, pero no debe ejecutarse a costa de la erosión de los derechos y servicios de quienes ya sostienen el sistema.

La igualdad formal es un pilar de nuestra democracia, pero si no se acompaña de una inversión pública que absorba la nueva demanda, generamos una desigualdad práctica que fractura la cohesión social. Para que la integración sea real y justa, “el Estado debe garantizar que la ampliación de derechos para unos no signifique la pérdida de servicios para otros”.

N.B. El reto de la regularización es pasar de la igualdad formal a la igualdad práctica, a la vez, que se consigue una integración productiva de calidad, llevándose a cabo una reestructuración completa del mercado de trabajo.

La solución no es el enfrentamiento entre vulnerables, sino una administración de recursos que entienda que la capacidad de acogida está intrínsecamente ligada a la capacidad de prestación.

Córdoba, 9 de febrero de 2026

Por: Enrique García Montoya.

Abogado del ICA-Córdoba.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA).