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BAJAS LABORALES Y ABSENTISMO – (Nacional – Andalucía – Córdoba, y, Sectorial)

1.- El Escenario Macroeconómico Nacional – (El “Boom” de las Bajas Laborales).

El absentismo y la Incapacidad Temporal (IT) en España han dejado de ser un asunto puramente de gestión de Recursos Humanos para convertirse en un problema sistémico de sostenibilidad presupuestaria, cohesión social y competitividad.

<-Magnitudes y costes.

*Coste directo absoluto: El coste total del absentismo se cifra en 33.000 millones de euros anuales (un tercio del gasto sanitario total del país), de los cuales 17.000 millones corresponden estrictamente a prestaciones por IT.

*Evolución del gasto (2018 vs. 2026): Se ha pasado de un coste de 14.000 millones de euros en 2018 a los más de 33.000 millones actuales.

*Pérdida de capacidad productiva: El volumen de trabajadores que faltan a su puesto se ha incrementado un 67% desde 2017 (pasando de 959.000 a más de 1,6 millones de personas en el primer trimestre). En términos de PIB, lo que se deja de producir si no se sustituye a estos trabajadores alcanza los 150.000 millones de euros anuales.

<<Asimetría – (Asalariados vs. Autónomos)>>

Los datos de Foment del Treball revelan una brecha sociolaboral profunda:

*Crecimiento (2015-Actualidad): Las bajas crecieron un 102% entre asalariados frente a un modesto 38% en autónomos.

*Predominio: Los asalariados registran 53,73 casos por cada 1.000 trabajadores, duplicando ampliamente los 26,8 casos del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

*Causa crítica: Esta dualidad evidencia que, a pesar de los avances normativos, el autónomo sigue sufriendo una “desprotección real” donde el cese de actividad amenaza directamente la viabilidad de su negocio, obligándole a una autoexigencia de continuidad laboral que no se da en el régimen general.

2.- La gran grieta sectorial – (Sector Público vs. Sector Privado).

Para entender la raíz del problema, es indispensable analizar la profunda brecha que separa al sector público (Administración del Estado, Autonómica y Local) del sector privado. El absentismo no se comporta igual bajo el paraguas de la estabilidad funcionarial que bajo la presión del mercado.

Indicador	Sector Público	Sector Privado
Tasa de Absentismo	Notablemente más elevada (históricamente entre 2 y 3 puntos por encima).	Más moderada y sujeta al ciclo económico.
Duración de los Procesos	Tendencia a la cronicidad (bajas de larga duración).	Procesos más cortos y mayor agilidad en el retorno.
Garantía Salarial (IT)	Cobertura del 100% de la nómina casi generalizada desde el primer día.	Sujeta a mínimos legales (con mejoras según convenio).
Factor de Estabilidad	Blindaje ante el despido (riesgo percibido de desempleo: nulo).	Correlación procíclica (miedo a la pérdida del empleo en pymes).

<<El Sector Público y el factor de cronicidad>>

La Administración Pública presenta unos índices de absentismo estructurales muy elevados, lo que no responde a un único factor, sino a un ecosistema normativo y laboral específico:

*Garantías de IT y “efecto cobertura”: En la gran mayoría de las administraciones, los pactos internos garantizan el 100% de las retribuciones desde el primer día de la baja.

Al anularse el impacto económico negativo para el empleado, desaparece el incentivo financiero para un retorno prematuro sin una recuperación total.

*Inexistencia de riesgo laboral: El blindaje del puesto de trabajo elimina cualquier factor disuasorio o miedo al despido, un elemento que en el sector privado actúa como moderador del absentismo injustificado.

*Edad media avanzada: La plantilla del sector público en España sufre un envejecimiento agudo. A mayor edad, la frecuencia de patologías crónicas y el tiempo de recuperación de dolencias músculo-esqueléticas aumentan de forma natural.

<<El Sector Privado y la urgencia del retorno>>

En el tejido empresarial privado, el escenario cambia drásticamente.

<-Las bajas son considerablemente menores y, sobre todo, de menor duración:

Impacto en renta: Salvo que el convenio colectivo sectorial obligue a la empresa a complementar el 100% de la nómina, el trabajador ve reducidos sus ingresos drásticamente a partir del cuarto día de baja (60% o 75% de la base reguladora).

*Presión y cultura organizativa: En las empresas privadas existe una mayor cercanía con el impacto que produce la ausencia. El trabajador es consciente de que su baja sobrecarga a sus compañeros o debilita la productividad de su departamento, lo que genera una presión psicológica de retorno que no se percibe en las grandes estructuras burocráticas.

3.- Radiografía Regional – (El caso de Andalucía y la paradoja de Córdoba).

El absentismo no es uniforme, sino que responde directamente a los tejidos productivos, la cultura laboral local y la eficiencia de los servicios de salud de cada territorio.

<<Andalucía – (Datos con aumento IT)>>

*Desmitificación del tópico: Andalucía se sitúa tradicionalmente entre las comunidades autónomas con menores tasas de absentismo general (un 7% de las horas pactadas a inicios de 2026), situándose por debajo de regiones altamente industrializadas y sindicalizadas como el País Vasco (líder histórico del indicador).

*El Repunte: Sin embargo, los procesos de IT por contingencias comunes en el Régimen General se dispararon un 74% entre 2017 y 2024, elevando la incidencia autonómica del 17,42% al 26,31%, concentrándose el grueso del volumen en Sevilla y Málaga.

<<La paradoja de Córdoba- (Cronicidad)>>

Córdoba presenta un comportamiento anómalo y muy preocupante dentro del panorama nacional: “No tiene el mayor número de bajas, pero sí las de mayor duración”.

<-Evolución de la cronicidad: En 2014 la duración media de una baja era de 40,48 días; hoy en día ese indicador se ha incrementado notablemente, situando a la provincia a la cabeza de España en duración media de los procesos.

<-El enfoque sindical (CCOO): De las 1,2 millones de horas laborables semanales que se dejan de realizar en la provincia (sobre un total de 9 millones pactadas), el 75,43% (900.000 horas) se deben a vacaciones y bajas médicas legítimas. El resto (300.000 horas) responde a permisos retribuidos legales.

(Nota. Para los sindicatos, el absentismo “injustificado” o fraudulento es estadísticamente residual).

<-Causas específicas de la cronicidad cordobesa:

*Paralización sanitaria: Parece existir un cuello de botella crítico en las listas de espera de especialistas, pruebas diagnósticas y rehabilitaciones en centros de referencia como el Hospital Reina Sofía, lo que “congela” los procesos de IT, alargando la baja de forma artificial e involuntaria para el trabajador.

*Tejido productivo local: Al predominar el sector servicios de proximidad, el pequeño comercio y el sector agroindustrial, el retorno al puesto exige una recuperación física total (especialmente en dolencias músculo-esqueléticas). En estos sectores es casi imposible realizar adaptaciones progresivas o teletrabajo durante la recuperación.

*Sector público: La prevalencia del sector en el empleo de Córdoba y Provincia explica la superior duración de las bajas laborales, de forma, que es un hecho comprobado que su cronocidad duplica al sector privado.

4.- El Impacto de la “doble factura” en las micro-pymes.

Este es el punto más crítico desde la perspectiva de la gestión empresarial y el empleo. En una provincia como Córdoba, donde más del 90% del tejido empresarial son micro-pymes de menos de 10 trabajadores, la baja prolongada de un empleado del sector privado se convierte en una amenaza de asfixia financiera:

[ TRABAJADOR DE BAJA POR IT ]

│

┌────────────────────────┴────────────────────────┐

▼ ▼

[ COSTE FINANCIERO (Ley/Convenio) ] [ PARÁLISIS OPERATIVA ]

├── Días 4 al 15: 60% salario (Empresa) ├── Estructura < 4 empleados:

├── Cuota Patronal obligatoria (100%) Pérdida automática del 25-33% BR

└── “Efecto Convenio” (Comercio/Metal): └── Sobrecarga de compañeros

Complemento al 100% de la nómina (Riesgo de nuevas bajas por estrés)

▼

[ + COSTE DEL CONTRATO DE SUSTITUCIÓN ]

<-Pérdida de margen y coste de oportunidad: A diferencia de una gran corporación o de la propia Administración Pública -que puede amortizar temporalmente una vacante-, si una micro-pyme pierde a uno de sus tres empleados, su capacidad productiva cae fulminantemente entre un 25% y un 33%. La sobrecarga de los trabajadores restantes eleva el riesgo de nuevas bajas por estrés o ansiedad, generando un destructivo efecto dominó.

5.- Análisis causal – (Ecosistema AIReF).

Para entender este incremento generalizado del absentismo y su divergencia sectorial, la AIReF identifica un ecosistema de factores interconectados que superan la simplificación del “fraude”:

1.- Factores sanitarios (Gestión Pública): El retraso crónico en atención primaria y especializada dilata los tiempos de curación. El propio gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, apunta directamente a la falta de coordinación entre los servicios de salud autonómicos y el nivel central como un factor de ineficiencia.

2.- Factores normativos y convencionales: La mejora de coberturas en convenios colectivos (complementos al 100%) amortigua el impacto económico para el empleado.

Si bien es un logro social indiscutible, desincentiva económicamente el retorno prematuro si no va acompañado de una supervisión médica ágil.

3.- El factor procíclico: La IT se comporta de forma procíclica, porque en ciclos expansivos y de alta ocupación (como el escenario actual hasta 2026), el miedo al despido disminuye en el sector privado y la incidencia de bajas sube, y, en épocas de crisis, el absentismo en el sector privado cae drásticamente, mientras que el sector público se mantiene imperturbable.

4.- Mutación de patologías (Salud Mental): Las bajas por salud mental (ansiedad, depresión) se han disparado un 66% desde 2018. Al no estar formalmente indexadas en el catálogo de enfermedades profesionales (RD 1299/2006), se canalizan masivamente como enfermedad común, sobrecargando las arcas de la Seguridad Social y eludiendo la acción preventiva de las mutuas de trabajo.

6.- Valoración y Propuestas.

Existe una polarización ideológica evidente: *Por un lado, discursos patronales que califican el absentismo de “cáncer” o sugieren que se traslada el mensaje de que “cumplir es opcional”; *por otro, sindicatos que exigen no estigmatizar ni penalizar la salud de la clase trabajadora.

Sin embargo, los datos técnicos (AIReF y Randstad) exigen soluciones de consenso que abandonen la trinchera. Los datos de acumulación de bajas (el 50% de las jornadas perdidas se concentra en apenas el 10% de los trabajadores, sumado al “efecto lunes”, donde faltan el doble de personas que un viernes) demuestran que el fraude existe y debe ser fiscalizado. No obstante, la ineficiencia del sistema sanitario público y la disparidad de reglas entre el sector público y privado son los verdaderos multiplicadores del coste.

<<Propuestas clave en el debate actual>>

<-Mayor competencia a las Mutuas: Permitirles otorgar altas médicas efectivas y realizar pruebas diagnósticas o tratamientos en contingencias comunes, lo que, aliviaría la Sanidad Pública y recortaría drásticamente los tiempos de espera.

<-Exoneración de cuotas patronales en pymes: Liberar a las micro-pymes del pago de la Seguridad Social del trabajador en IT desde el primer día o, al menos, al formalizar un contrato de sustitución, evitando la quiebra técnica por la duplicidad de costes.

<-Interoperabilidad e incorporación gradual: Implementar las recomendaciones de la AIReF relativas a la historia clínica compartida entre el sistema público y las mutuas, y, habilitar las altas médicas de incorporación paulatina (fórmulas mixtas de reincorporación laboral a tiempo parcial), siguiendo el modelo de los países del norte de Europa.

N. B. Imagen – Realidad y mentira. Córdoba – + Duración.

<<A los que faltan los lunes les llaman luneros>>

(Nota. los ciudadanos defiende las bajas justificadas, pero se reclama más control para evitar abusos y reducir el absentismo laboral.)-

Córdoba, 10 de julio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

La Desigualdad Judicial en España (Igualdad contra Privilegios)

El artículo 14 de la Constitución Española proclama con solemnidad que “los españoles son iguales ante la ley”, pero en los pasillos abarrotados de nuestros juzgados, esta igualdad se desvanece como humo entre montañas de expedientes polvorientos, macrocausas mediáticas y una administración de justicia crónicamente desfinanciada. La realidad es muy dura, porque en España, operan dos velocidades judiciales: Una rápida y reluciente para los casos con cámaras y titulares, y, otra lenta, retorcida y olvidada para la justicia cotidiana, que impacta directamente en la vida de la gente de a pie.

Esta brecha no es un accidente, sino que es un fallo sistémico, que erosiona la democracia y perpetúa la impunidad de los más fuertes.

<<La Desigualdad en la Justicia Española – (Un análisis realista)>>

La justicia española, lejos de ser un baluarte de equidad, se ha convertido en un espejo deformado de las desigualdades sociales.

**Analizamos los puntos clave donde la promesa constitucional se quiebra:

1.- Macrocausas – (Agujeros Negros Judiciales).

Los grandes procesos -como las tramas de corrupción política o empresarial- actúan como verdaderos agujeros negros, devorando jueces, funcionarios y peritos durante años interminables, mientras tanto, miles de causas “menores” quedan paralizadas en el limbo burocrático. Una simple querella de un ciudadano anónimo, un conflicto laboral o una denuncia por irregularidades locales se pudre en un cajón olvidada, porque sin inversiones adicionales en personal y tecnología, cada macrocausa no solo paraliza un juzgado, sino que sabotea la democracia diaria, dejando a la ciudadanía desprotegida ante abusos cotidianos.

¿Es esto igualdad o un sistema diseñado para priorizar el espectáculo sobre la sustancia?

<- Brecha en la capacidad de defensa (Dinero y poder).

La imparcialidad del juez es un recipiente vacío si la defensa no es equitativa: (I). Grandes fortunas y políticos investigados por corrupción despliegan ejércitos de abogados de élite, multiplicando recursos, incidentes procesales y nulidades para dilatar los juicios hasta el agotamiento ajeno; y, (II). en contraste, el ciudadano medio -con asistencia jurídica gratuita o recursos limitados- enfrenta una guerra de desgaste que no puede ganar.

“La desigualdad transforma la igualdad formal en una desigualdad práctica brutal, donde el dinero compra tiempo, influencia y, a menudo, absoluciones implícitas”.

**Una crítica sin engaños: “Un sistema judicial que permite esto es injusto, porque es discriminatorio y cómplice de la corrupción”.

<-Presión Mediática y Juicios Paralelos (El circo de las portadas).

-La cobertura mediática distorsiona las prioridades judiciales de manera flagrante, ya que, los casos de portada avanzan a ritmo acelerado bajo la presión política e institucional,-mucho más numerosas y cercanas, como las en ayuntamientos o administraciones autonómicas- se embarran en la burocracia y el silencio, porque la selectividad mediática no solo acelera lo visible, sino que condena lo invisible a la impunidad.

¿Por qué un escándalo nacional recibe atención inmediata, pero un contrato irregular en un pueblo se eterniza?

La respuesta es clara: “El poder mediático dicta el tempo, perpetuando un ciclo vicioso donde la justicia se convierte en entretenimiento para unos pocos privilegiados”.

2.- Justicia Tardía (Impunidad disfrazada).

Cuando una resolución llega tras ocho, diez o más años, el daño ya es irreparable, entre otras cosas, porque el político corrupto ha abandonado el cargo, el dinero robado se ha evaporado en paraísos fiscales y la confianza pública en las instituciones se ha desintegrado, de manera que como dice el aforismo jurídico, “justicia tardía no es justicia”, ya que. es otra cosa que se llama engaño.

Esta dilación sistemática no es casual, sino que es el resultado de un sistema sobrecargado y desatendido, que favorece a quienes pueden esperar -los poderosos- y castiga a los vulnerables.

<<Una Democracia se mide por sus márgenes – (Las estadísticas que desnudan la realidad)>>

**Las tablas y datos oficiales confirman nuestra esta crítica:

<-Recursos Secuestrados, ya que, las causas mediáticas monopolizan juzgados enteros, dejando sin atención el 80% de los expedientes cotidianos (según informes del CGPJ).

<-Tiempos de espera injustos, porque los ciudadanos esperan años por resoluciones simples, mientras macrocausas avanzan con refuerzos especiales.

<-Equilibrar el poder económico, ya que, quienes contratan defensas premium obtienen ventajas procesales, con tasas de dilación un 50% superiores en casos de bajo perfil.

<-Modificar las prioridades políticas, porque las reformas judiciales se centran en lo macro, ignorando lo local y perpetuando la brecha.

Una justicia verdaderamente igualitaria no se limita a proclamar principios constitucionales formales, sino que exige garantizar, que un contrato irregular en un pueblo reciba la misma diligencia que una trama nacional.

Sin inversiones masivas en digitalización, más jueces y personal cualificado, la igualdad seguirá siendo un cascarón vacío, no una realidad tangible.

Nota . Hay que recordar con intensidad, que “la calidad de una democracia se mide por cómo trata al ciudadano sin poder, dinero ni conexiones”. Cualquier otro enfoque es hipocresía institucionalizada.

<<Un Plan para la Igualdad Real (Proyecto Lupa y Red)>>

Reformar el sistema desde arriba es quimérico en un panorama político paralizado, pero la sociedad civil puede impulsarlo desde abajo con determinación, razón por la que presentamos el Proyecto Lupa y Red, una iniciativa de vigilancia ciudadana para exigir la aplicación efectiva de las leyes existentes, sin necesidad de revoluciones legislativas.

***Este plan transforma la pasividad en acción crítica y colectiva.

**Fase 1: La Lupa – Monitorizar lo Invisible.

<-Crear observatorios locales impulsados por vecinos para rastrear casos de corrupción o abusos administrativos que el sistema ignora.

<-Registrar tiempos de espera en bases de datos públicas y accesibles, exponiendo la lentitud endémica.

<-Comparar públicamente el ritmo de casos locales versus mediáticos, usando datos para denunciar la desigualdad. Los datos no mienten: son la herramienta más afilada contra la indiferencia burocrática.

**Fase 2: La Red – Solidaridad Colaborativa.

<-Impulsar plataformas de crowdfunding jurídico y redes de abogados voluntarios para nivelar el campo de juego.

<-Acompañar a denunciantes protegidos por la Ley de Protección del Informante, rompiendo su aislamiento.

<-Convertir el miedo y la soledad en fuerza colectiva, donde la comunidad respalda al individuo contra el Goliath institucional.

**Fase 3: Ruido Selectivo – Hacer Visible lo Oculto.

<-Organizar presencia ciudadana en juzgados para demostrar vigilancia y presión pública.

<-Denunciar retrasos en redes sociales, etiquetando a organismos judiciales y medios con datos verificables y contundentes. Este “ruido” no es caos; es transparencia estratégica que obliga al sistema a rendir cuentas.

<<Ciudadanos frente al Sistema (Herramientas de defensa)>>

Debilidad del Ciudadano	Herramienta de Combate	Acción Práctica
Falta de Recursos	Acción Popular Colectiva	Compartir costes de denuncias en asociaciones y plataformas.
Soledad	Redes de Apoyo	Acompañar a denunciantes y testigos en juicios y procesos.
Desconocimiento	Alfabetización Jurídica	Organizar talleres gratuitos sobre plazos, procedimientos y derechos.
Invisibilidad	Digitalización del Escándalo	Publicar cronogramas y retrasos en plataformas abiertas para viralizar la injusticia.

<<El efecto gota de agua (Transparencia como arma).

No pretendemos colapsar el sistema, sino incomodarlo con una transparencia implacable. Un juez consciente de que sus tiempos son escrutados actúa con mayor diligencia, y, además, un político expuesto no puede esconderse.

Es un hecho indudable: “La justicia falla cuando unos gritan y otros callan”. Critiquemos esta asimetría y actuemos para equilibrarla.

<<Iniciar el cambio (Pasos concretos)>>

1.- Asumir que la corrupción “menor” -esa que afecta a tu hospital, colegio o calles- es tan corrosiva como la nacional.

2.- Recordar que diez personas coordinadas pueden auditar y transformar toda una ciudad.

N. B. El cambio no vendrá de decretos lejanos, sino que surge cuando la sociedad civil decide mirar, medir y actuar con seriedad y persistencia.

El artículo 14 de la C. E. debe pasar de ser una declaración formal a una igualdad real y eso depende de nosotros.

Córdoba, 19 de enero de 2026.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba – Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA)

Dignidad humana (realidad, amenazas y necesidad de restitución)

1.- La dignidad, nervio moral de la democracia.

La dignidad humana no es ni puede ser solo una palabra solemne para los prólogos constitucionales, sino que es el eje ético y jurídico de toda convivencia civilizada. Es el valor que funda los derechos, no su consecuencia. Ni la pobreza, ni la ideología, ni la utilidad social disminuyen el valor de una persona.

Sus raíces son profundas: “Desde el estoicismo hasta el humanismo cristiano, pasando por filósofos como Kant y la Declaración Universal de Derechos Humanos. En la Constitución Española (art. 10.1), la dignidad es reconocida como el fundamento del orden político y de la paz social”.

Aun así, en la España de hoy su respeto se ha vuelto un acto de resistencia.

2.- España – la disolución silenciosa.

El deterioro de la dignidad no ocurre de golpe, sino que se filtra por grietas habituales y gota a gota de manera constante.

**Polarización ideológica: los debates sobre inmigración, educación o memoria histórica convierten a las personas en símbolos de trincheras, no en sujetos de derechos. Los menores migrantes o las víctimas del pasado se utilizan como herramientas discursivas.

**Precarización económica: más de una cuarta parte de la población vive al borde de la pobreza. La vivienda, el trabajo y la estabilidad pierden vocación de derecho y se tratan como privilegios.

**Decadencia social: el clientelismo político, la vulgarización mediática y la banalización del esfuerzo erosionan la confianza colectiva. Los suicidios, los desahucios ocultos y el abandono social son ya síntomas estructurales, no accidentes.

3.- Causas profundas y fractura cultural.

España padece una hipertrofia institucional -un Estado que promete mucho y sirve poco- y una dependencia intelectual de agendas supranacionales sin consenso social. A ello se suma un déficit de educación ética y diálogo transversal. La dignidad ha quedado convertida en bandera retórica, usada tanto por tecnócratas como por populismos.

La consecuencia es preocupante y desafía la confianza social:

“Fractura intergeneracional, emigración de talento, pobreza encubierta y desconfianza institucional”.

4.- Córdoba – Espejo y laboratorio del deterioro.

Córdoba, con su historia de tolerancia, saberes y culturas, puede y debe ser testimonio vivo de la dignidad compartida, sin embargo, la realidad local ofrece un espejo preocupante:

<-Vivienda inaccesible: entre 1.800 y 2.000 €/m² en la compra y 700–850 €/mes de alquiler medio. Muchos hogares destinan más del 40% del salario a techo y suministros.

<-Desahucios crecientes: cinco semanales, la mayoría por impago de alquiler o pérdida de estabilidad laboral.

<-Turistificación del casco histórico: convierte vecindarios antiguos en escenarios vacíos, donde la memoria pierde ciudadanos.

<-Servicios y licencias lentas: frenan la rehabilitación urbana y la vivienda protegida.

Córdoba simboliza lo que ocurre en buena parte del país: <-Es un hecho patente que la dignidad se escribe en leyes, pero no se siente en los barrios ni en las calles->.

5.- Dignidad y vivienda – Un derecho que sostiene todos los demás.

El artículo 47 de la Constitución consagra el derecho a una vivienda digna, sin embargo, en la práctica, la vivienda se ha convertido en un mercado especulativo que mide el valor humano en términos de solvencia. Quien no puede pagar, no habita y quien no habita, deja de pertenecer a la comunidad.

***Medidas urgentes:

*Ampliar parque público y rehabilitar vivienda vacía.

*Gravar la especulación y el alquiler turístico desmedido.

*Facilitar el acceso a ayudas directas para jóvenes y familias vulnerables.

*Desburocratizar licencias y planes urbanísticos.

*Reforzar fondos anti-desahucios y mediación previa obligatoria.

6.- Restituir la Dignidad – Ética, acción y valor civil.

Recuperar la dignidad humana no depende sólo del Estado, sino de una ciudadanía activa capaz de rescatar la palabra “dignidad” del discurso vacío.

***Propuestas:

*Educación ética real, no ornamental: “Integrar el pensamiento crítico y los derechos humanos en la escuela y en la formación laboral”.

*Política desideologizada: “Priorizar el mérito, el servicio y la transparencia”.

*Cultura del compromiso: “Fomentar asociaciones como Córdoba Abierta -ACOA- que promuevan solidaridad cívica, mediación y participación de los cordobeses”.

*Autonomía local: “Impulsar desde Córdoba pactos urbanos por la cohesión social y el acceso equitativo a oportunidades”.

7.- Reflexión final.

La dignidad humana no necesita ser redefinida, sino restaurada. Las leyes ya la reconocen, de forma, que lo que falta es voluntad política y conciencia ciudadana.

Córdoba, por su historia y tamaño humano, puede ser el punto de partida:

<-Una ciudad laboratorio de dignidad frente a la deshumanización global->.

N.B. La dignidad humana es un derecho inalienable e irrenunciable.

La dignidad se defiende no solo votando, sino viviendo con justicia, sin resignarse, y, recuperarla requiere ética, valentía y acción colectiva.

Córdoba, 31 de octubre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente de la Asociación Córdoba Abierta (ACOA).

Desempleo en Córdoba y Provincia (Una visión clara y sucinta)

Un grupo de lectores mi piden que les explique los últimos datos publicitados por medio oficiales sobre el paro en Córdoba y provincia, ya que, se sorprenden de la falta de transparencia en los pocos datos que se ofrecen, sobre todo porque ellos creen, que las cifras publicitadas son irreales, teniendo en cuenta que mis lectores muchos de ellos son empresarios de todos los sectores.

<<Resumen>>

En el tercer trimestre de 2025, la tasa de desempleo oficial en la provincia de Córdoba es del 18,2% (52.672 parados), según la Encuesta de Población Activa (EPA) y el SEPE, pero esta cifra subestima la realidad. Sin embargo, el desempleo <-real->, que incluye inactivos potenciales, subempleo a tiempo parcial y fijos discontinuos inactivos, se estima entre 22-25%, afectando a unas 65.000-72.000 personas.

(Nota. Nuestro artículo se basa en datos del INE, SEPE, sindicatos (UGT, CCOO, USO), análisis económicos (Fedea, Randstad), y, datos propios proporcionados por empresas de todos los sectores de Córdoba, revelando las causas estructurales, los grupos más vulnerables y destaca propuestas para un mercado laboral más inclusivo, aunque, advierto, que nuestro informe tiene una base indescifrable de estimación).

<<Qué es el Desempleo “Real”>>

El desempleo <-real-> o paro “oculto” va más allá de los datos oficiales, que solo cuentan a quienes buscan activamente empleo.

**Incluye:

*Parados oficiales: 52.672 (18,2%, EPA 3T 2025).

*Inactivos potenciales: 15.000-20.000 personas que desean trabajar pero no buscan empleo (ej. desalentados, amas de casa).

*Subempleo a tiempo parcial: 12.000 trabajadores con contratos involuntarios de pocas horas (EPA: 8% de ocupados).

*Fijos discontinuos inactivos: 8.000-10.000, comunes en agricultura y turismo, no registrados como parados pese a no trabajar ni cobrar.

**Brecha: El paro real es un 23% superior al oficial, similar a la tendencia nacional (+20-30%).

<<Situación del Mercado Laboral>>

Córdoba (tiene 780.000 habitantes en la provincia, y, 325.000 en la ciudad) depende básicamente de la agricultura (olivar), turismo y servicios (70% del empleo), aunque, el empleo público ocupa un lugar muy relevante, aunque para nuestro artículo, a pesar de su importancia en cifras, es una prueba irrefutable más del dopaje al que esta sometida la tasa oficial de desempleo.

La estacionalidad marca el desempleo: baja en otoño-invierno (campañas agrícolas) y sube en verano (baja turística).

**En 2025, el crecimiento andaluz (+2,1% PIB) no ha revertido las debilidades y vulnerabilidades de Córdoba y provincia:

*Tasa de paro oficial: 18,2% (provincia), 17% (ciudad estimada). Córdoba tiene la segunda tasa de desempleo más alta de Andalucía tras Jaén (20%).

*Población activa: 290.000 (provincia), con caída al 56% (baja actividad femenina: 52%).

*Evolución 2024-2025: Paro oficial baja un 2% (-1.000 personas), pero el real solo un 5-7% por el aumento de fijos discontinuos (+14%) y la desmesura del empleo público, que crece día a día sin tregua.

Indicador	Provincia	Ciudad (estimada)	Fuente
Parados registrados	52.672	25.000	SEPE
Tasa de paro	18,2%	17%	EPA
Paro juvenil (16-24 años)	25%	20%	EPA
Paro femenino	24,87% (64% total)	22%	EPA/Sindicatos

(Nota: Repunte de +2.300 parados en 3T 2025 por fin de campañas agrícolas y turismo.).

<<Ajustes al Desempleo “Real”>>

Componente	Número Estimado (Provincia)	Impacto en Tasa	Fuente
Parados oficiales	52.672	18,2%	INE/EPA
+ Inactivos	15.000	+5%	USO/Fedea
+ Subempleo parcial	6.000	+2%	EPA
+ Fijos discontinuos	8.000	+3%	SEPE/USO
Total <-real->	81.672	22-25%	Estimación

(Nota.***Clave: La reforma laboral de 2022 redujo la temporalidad, pero disparó los fijos discontinuos (+223% desde 2022), que consideramos un <-maquillaje estadístico-> y un camuflaje del paro verdadero.

<<Grupos Vulnerables>>

-Mujeres: 33.053 paradas (64% del total, tasa 24,87%). -Subempleo parcial: 70% femenino. -Jóvenes (16-24): 12.000 parados + 3.000 inactivos (tasa 25%), 20% emigran por falta de oportunidades. -Mayores de 45: 40% de parados crónicos, afectados por contratos estacionales. -Inmigrantes: 15% de parados, concentrados en agricultura.

<<Causas Principales>>

1.- Estacionalidad: Dependencia de olivar (50.000 empleos temporales) y turismo. 2.- Falta de industrialización, y, los servicios dominan (70%), estando la industria limitada (10%). 3.- Impactos 2025: Sequía (-10% cosecha olivar) y fin de temporada turística elevan el paro. 4.- Brecha andaluza oficial: Córdoba, con 18,2%, supera la media regional (17,5%).

<<Propuestas>>

1.- Formación dual: Reforzar empleo juvenil. 2.- Incentivos fiscales: Fomentar industria estable (renovables, agro-tech). 3.- Igualdad de género: Planes contra la brecha laboral femenina. 4.- Reforma estadística: Incluir fijos discontinuos inactivos como parados.

***Perspectiva 2026: Si el PIB crece (+1,8%), el paro oficial podría bajar al 15%, pero el real se mantendría en 18-20%. *Riesgos: sequía, estancamiento turístico y desestructuración a la baja del mercado laboral, con empleo de baja calidad y/o por horas y productividad en decrecimiento, porque se hacen más horas y se produce menos.

<<Conclusión>>

El desempleo <-real-> en Córdoba, que afecta a unas 70.000 personas (22-25%), supera en un 23% las cifras oficiales, evidenciando un mercado laboral precario y estacional.

Urge un modelo productivo inclusivo, con políticas que aborden la temporalidad y las desigualdades.

(Nota: Las cifras oficiales ocultan la magnitud del problema al no contabilizar inactivos, subempleados y fijos discontinuos, disfrazando la realidad del desempleo en Córdoba.).

N.B. Las cifras del desempleo oficial están trucadas a la baja, ya que, no cuentan los parados reales, de forma, que se disfrazan o tapan los datos verdaderos del desempleo.

Sin transparencia verdadera y completa la transformación del mercado laboral de Córdoba y provincia será imposible, razón que indica que los datos oficiales del desempleo deben reflejar la verdad y la realidad de nuestro empleo.

En Córdoba y provincia es una realidad, que tenemos un mercado laboral con empleo de baja calidad y/o por horas y productividad en decrecimiento, porque se hacen más horas y se produce menos.

Córdoba,26 de octubre de 2025,

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Brecha entre las pensiones de los funcionarios públicos y las del sector privado en España (equidad y sostenibilidad)

Los lectores me siguen preguntando cosas sobre la Seguridad Social, y, esta vez, plantean el problema de la brecha entre las pensiones de los funcionarios públicos y las del sector privado, asunto que es una realidad en aumento, así que trataremos de dar una información breve, clara y detallada.

Es un hecho patente que existe una brecha significativa entre las pensiones de los funcionarios públicos y las del sector privado, de forma, que señalaremos las causas, las consecuencias y posibles soluciones, así como de un análisis crítico sobre la sostenibilidad y equidad de ambos regímenes.

<<Diagnóstico crítico de la brecha pensional>>

La diferencia media de alrededor de 1.026 euros mensuales (un 62% más para los funcionarios) evidencia un desequilibrio estructural entre los sistemas de Clases Pasivas y Régimen General. Este diferencial no responde únicamente a derechos adquiridos o historiales contributivos diversos, sino a un modelo dual que ha consolidado privilegios históricos y desajustes en la arquitectura de la protección social española.

Mientras el Régimen de Clases Pasivas ofrece estabilidad, criterios de cálculo más favorables y complementos consolidados, el Régimen General se ha reformado de forma recurrente en nombre de la sostenibilidad, afectando principalmente a los trabajadores del sector privado con trayectorias laborales más fragmentadas.

“El resultado es un sistema percibido como inequitativo, regresivo y financieramente vulnerable”.

<<Causas estructurales>>

*Asimetría normativa: la coexistencia de dos sistemas jurídicos y contables distintos perpetúa divergencias en la base reguladora, mecanismos de actualización y derechos pasivos.

*Diferencial de estabilidad laboral: las carreras lineales y estables del empleo público contrastan con la volatilidad contractual del mercado privado, afectando directamente el número de años cotizados y la cuantía final de la pensión.

*Resistencia a la convergencia: las sucesivas reformas han mantenido regímenes privilegiados bajo una lógica de <intangibilidad de derechos>, sin una transición coherente hacia la equiparación progresiva.

*Envejecimiento y demografía: el incremento de jubilaciones públicas en la próxima década tensionará las cuentas estatales si no se adoptan medidas compensatorias.

<<Análisis crítico: un modelo insostenible y socialmente regresivo>>

El sistema actual genera una desigualdad visible tanto intrageneracional (entre trabajadores presentes) como intergeneracional (entre trabajadores actuales y futuros).

La sostenibilidad fiscal se ve comprometida por el peso creciente de las Clases Pasivas, mientras que el principio constitucional de igualdad ante la ley (art. 14 CE) se tensiona por la distinta consideración de esfuerzos contributivos similares.

Además, esta situación erosiona la confianza ciudadana en la justicia del sistema y contribuye a una percepción de dualidad social, donde el Estado protector se convierte en agente de desigualdad.

(Nota. En este caso examinado de diferencias injustas entre pensiones, se vulnera de forma clamorosa la Constitución Española de 1978 en sus art. 1.1., (valor justicia), 9., (legalidad y principios constitucionales), 14 (igualdad entre los españoles), 39., (protección social), 41., (Seguridad Social), 103., (administración pública), y, cc.).

<<Medidas correctoras y propuestas innovadoras>>

1.- Convergencia normativa y fiscal de regímenes: Iniciar un proceso gradual de integración de Clases Pasivas en el Régimen General, con un calendario claro y mecanismos de compensación transitoria. Este proceso debe garantizar la proporcionalidad entre aportaciones, años cotizados y derechos reconocidos.

2.- Creación de un Fondo de Equidad Pensional: Establecer un instrumento financiero que module las diferencias entre pensiones públicas y privadas mediante aportaciones estatales y sociales, con transparencia en su gobernanza.

Su objetivo sería igualar las tasas de sustitución y mejorar las pensiones bajas del sector privado.

3.- Nuevo modelo de cálculo mixto: Incorporar un sistema basado parcialmente en puntos o cuentas nocionales que asocien directamente la pensión a la trayectoria contributiva, evitando inflaciones de última hora derivadas de los complementos del sector público.

4.- Vinculación de revalorización y sostenibilidad: Fusionar el principio de poder adquisitivo con el Factor de Equidad Intergeneracional, garantizando pensiones dignas pero sostenibles, evaluadas por una autoridad actuarial independiente.

5.- Profesionalización y movilidad intersectorial: Favorecer una mayor movilidad entre empleo público y privado, unificando tramos de cotización y facilitando la portabilidad plena de los derechos adquiridos. Esto fomentaría la cohesión del sistema y reduciría la segmentación laboral.

6.- Participación ciudadana y transparencia: Implantar un Consejo Social de Pensiones que supervise el equilibrio entre equidad y sostenibilidad. Incluya representantes de trabajadores, pensionistas, expertos y Administración.

<<Enfoque innovador: hacia la “Cuenta Pensional Única Española”>>

Proponer la creación de una Cuenta Pensional Única (CPU), unificada y digital, que acumule todas las cotizaciones del ciudadano (públicas y privadas) a lo largo de su vida laboral.
**Esta herramienta permitiría:

-Integrar regímenes en una lógica de justicia contributiva.

-Facilitar la trazabilidad y transparencia de las aportaciones.

-Evitar duplicidades y desigualdades entre regímenes.

-Modernizar el sistema con proyecciones personalizadas y educación previsional.

<<Conclusión>>

La brecha pensional entre funcionarios y empleados privados no es una anomalía coyuntural, sino una consecuencia sistémica de la dualidad institucional del régimen español. Mantener ese diseño supone perpetuar una desigualdad contraria a los principios de equidad y sostenibilidad financiera.

La integración progresiva, la innovación institucional y la transparencia pública son esenciales para asegurar un sistema de pensiones único, justo y viable, capaz de sostener la cohesión social en una España que envejece y demanda justicia intergeneracional.

N.B. La brecha entre las pensiones de los funcionarios públicos y las del sector privado está marcada por la falta de equidad y la estructura de la sostenibilidad en ambos sistemas.

La diferencia señalada que se sitúa en 1.026 euros mensuales y con un 62% más para los funcionarios, se explica por dinámicas históricas y estructurales, aunque, la evolución demográfica y los retos económicos obligan a una reflexión crítica y a repensar el sistema para asegurar su equidad y sostenibilidad en el futuro.

Córdoba, 8 de octubre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Asociación Córdoba Abierta -ACOA-. Presidente.