Del incumplimiento del «Contrato con España» en Córdoba a la amenaza de la abstención y el beneficio de la izquierda
La política sin principios se reduce a mero marketing táctico, razón por la que hoy, el centro-derecha español se enfrenta a una profunda crisis de confianza que no nace de la habilidad de sus adversarios, sino de sus propias contradicciones orgánicas. Poner frente al espejo a quienes confunden las siglas con una patente de corso es el servicio cívico más exigente y necesario para sanear la vida pública.
Lo que se denuncia desde el análisis riguroso coincide exactamente con lo que ve la calle: “El malestar ante la incoherencia y la prepotencia de los aparatos”.
I.- La desconexión orgánica- (cuando los aparatos ignoran la calle).
**El error de cálculo de las cúpulas: Las estructuras de los partidos tienden a premiar la disciplina de aparato, los equilibrios de poder interno y las cuotas de control territorial por encima del mérito ideológico y de la ejemplaridad pública.
**La falsa seguridad del voto cautivo: Asumir que el votante de centro-derecha respaldará las siglas por inercia -bajo la premisa de que “al final nos votarán por miedo a la izquierda”- demuestra una soberbia política incompatible con un electorado hiperinformado, exigente y maduro.
**El agravio comparativo: Exigir en los grandes mítines nacionales rigor, austeridad y combate ideológico, mientras en provincias como Córdoba se financia con dinero público la agenda de la izquierda radical (memoria democrática, fosas, opacidad en EMPROACSA y EPREMASA), dinamita por completo la credibilidad de la marca.
II.- Salvador Fuentes Lopera y el «Premio a la Incoherencia».
El nombramiento del presidente de la Diputación de Córdoba como cabeza de lista al Senado no es un detalle menor; representa la validación explícita, por parte de la dirección nacional, de un modelo de “pragmatismo de despacho“ que contradice frontalmente los compromisos del Contrato con España.
<-El colapso del relato de la alternativa: Cuando se aspira a desalojar al Gobierno central basándose en el rigor y el cumplimiento de la palabra dada, colocar en un puesto de honor nacional al máximo responsable de pactar con IU, financiar la memoria sectaria e incrementar tasas locales destruye la coherencia del mensaje.
El ciudadano se hace una pregunta letal: ¿Si hacen esto en Córdoba a nivel provincial, qué garantías ofrecen para el conjunto de España?
<-La quiebra de la autoridad moral: Un partido que premia con puestos de salida a quien vulnera los compromisos de contención y contabilidad transparente pierde la autoridad moral para fiscalizar la gestión del adversario.
<-El silencio como complicidad: El mutismo de la dirección de Génova ante esta deriva provincial deja de ser prudencia institucional para convertirse en complicidad orgánica, trasladando la sensación de que las promesas de regeneración eran meros eslóganes de campaña.
¿Por qué los dirigentes actúan con esa aparente prepotencia? La respuesta se halla en tres vicios estructurales: *la endogamia del círculo de confort (donde la crítica de la calle se archiva como “ruido”), *el síndrome del voto cautivo y *el miedo a corregir el rumbo, prefiriendo sostener el error antes que admitir una rectificación frente a las baronías territoriales.
Si lo ve la calle con absoluta claridad, arreglarlo conceptualmente no es difícil; el problema es que choca con los intereses particulares de una maquinaria orgánica reacia a renunciar a sus cuotas de poder.
III.- La aritmética del castigo y el beneficio de la izquierda.
**La demoscopia del desencanto: El centro-derecha no se fractura únicamente por la fuga hacia formaciones como VOX, sino sobre todo por la desactivación y la abstención reflexiva. El votante exigente, cansado de contradicciones, no acude a las urnas con ilusión.
**La matemática electoral inexorable: La desmovilización de la base tradicional -provocada por la falta de referentes firmes- actúa como un catalizador directo a favor del PSOE y la izquierda.
**Regalar la iniciativa al adversario: Cuando se percibe que la alternancia política se limita a cambiar de siglas manteniendo idénticas prácticas de despilfarro o cesiones ideológicas, la izquierda recupera terreno no por méritos propios, sino por el desaliento de un electorado huérfano de principios.
IV.- Conclusión estratégica – (la exigencia de un “cheque con garantías”).
Los ciudadanos han dejado de otorgar su confianza bajo la simple amenaza del mal menor.
El voto útil solo es útil si va acompañado de garantías estrictas de cumplimiento.
Si el Partido Popular desea articular una mayoría sólida, estable y creíble para gobernar España, el cambio debe empezar por exigirse rigor y disciplina programática en cada diputación, en cada ayuntamiento y en cada empresa pública provincial.
La verdadera cuestión es si las cúpulas reaccionarán a tiempo para corregir el rumbo antes de que el desgaste sea irreversible. *Poner al descubierto estas dinámicas es el primer paso indispensable para recuperar la decencia institucional*.
N. B. Imagen. El coste de la incoherencia y el riesgo para el centro-derecha.
(Nota. El coste de una prepotencia política significa hacerle el trabajo al adversario y que explica por qué el P. P. no crece cuando debería arrasar, que VOX crezca con fuerza día a día y el que la Izquierda – PSOE se mantenga cuando debería estar hundido.)
Córdoba, 31 de octubre de 2026.
Fdo. Enrique García Montoya.
Abogado. Inspector de Trabajo y S.S.
Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba, exdiputado provincial y exdiputado del Parlamento de Andalucía.
I. La lección no aprendida – (Memoria, decepción y la quiebra de la confianza).
En una reciente reunión política con electores de centro-derecha, la conversación sobre las próximas elecciones generales dejó al descubierto una realidad indiscutible:
“Nadie tiene votantes en propiedad”.
Un contertulio, votante histórico del Partido Popular, expresaba con absoluta claridad su decisión de abstenerse o respaldar a VOX en la próxima cita electoral y, sin duda, **su argumento no nacía de la radicalidad**, sino de la desesperanza y del peso de la memoria.
En las urnas pesan la cabeza y el corazón, pero sobre todo cuentan las expectativas y los precedentes, y, es un hecho patente e indiscutible que el electorado de centro-derecha arrastra aún la amarga sensación de la etapa de Mariano Rajoy:
**La experiencia de haber otorgado una holgada mayoría absoluta para comprobar cómo las convicciones y las promesas estructurales se quedaron en la puerta del Consejo de Ministros**.
Hoy, el PP de Alberto Núñez Feijóo se enfrenta exactamente al mismo fantasma. La premisa del electorado que busca un cambio de Gobierno es cristalina: “Quieren sustituir a Pedro Sánchez, pero exigiendo garantías absolutas de lo que ocurrirá al día siguiente”.
Y en ese escenario, cuando el principal partido de la oposición demuestra temor al “qué dirá la izquierda”, el voto que se percibía como “útil” se convierte, a ojos de miles de ciudadanos, en un cheque en blanco sin garantías.
II. Córdoba como síntoma – (El «Contrato con España» roto por la vía de los hechos).
Alberto Núñez Feijóo presentó el «Contrato con España» bajo el compromiso solemne de cuatro pilares: **decir la verdad, **respetar la ley, **hacer que el esfuerzo valga la pena y preservar la unidad.
Prometió una acción política orientada a los hechos y no a la pirotecnia verbal.
Sin embargo, el valor de la palabra dada en los atriles de la capital debe revalidarse en los presupuestos y en los boletines oficiales de las instituciones territoriales, y, concretamente, en la Diputación Provincial de Córdoba, *ese contrato no solo se ha transgredido*, **sino que se ha roto formalmente por la vía de los hechos bajo la presidencia de Salvador Fuentes Lopera*.
*** Asistimos a una inaceptable doble contabilidad política:
<-La contabilidad para Génova: Discurso de austeridad, rigor fiscal, batalla ideológica y fiscalización al Gobierno central.
<-La contabilidad para Córdoba: Capitulaciones presupuestarias, concesión de la agenda ideológica y pragmatismo de conveniencia.
Para lograr la abstención de Izquierda Unida en los Presupuestos de 2026, la gestión provincial ha asumido y financiado las prioridades del adversario ideológico: “Partidas de memoria democrática y apertura de fosas dotada con 400.000 euros, un aumento desproporcionado del gasto corriente y la subida de tasas al ciudadano, a lo que se suma la cobertura económica, mediante transferencias a fondo perdido y sin la debida auditoría de eficiencia, a empresas públicas provinciales con déficit estructural como EMPROACSA (agua) y EPREMASA (basuras).
El pacto técnico para una infraestructura o un servicio hídrico sirve al ciudadano, pero el pacto que financia el relato ajeno y compra paz de despacho a costa de traicionar el mandato electoral es, sencillamente, capitulación inadmisible.
III. El premio electoral a la incoherencia y la trampa del falso pragmatismo.
Lo que hasta ayer era una seria advertencia de incoherencia local se ha convertido en una sangrante provocación electoral, pues *la confirmación de Salvador Fuentes Lopera como cabeza de lista del Partido Popular al Senado por Córdoba transforma el distanciamiento ideológico en un premio político en toda regla*.
Frente a esta deriva, la dirección nacional del Partido Popular ha optado por un silencio positivo que roza la complicidad orgánica, de forma, que en lugar de exigir disciplina programática y fiscalizar los acuerdos en las corporaciones provinciales, Génova convalida la maniobra elevando al máximo responsable de esta gestión a la Cámara Alta.
**La pregunta que se formula el electorado ante esta designación es inevitable:
¿Con qué avales se premia institucionalmente en la lista al Senado a quien ha ejercido como rompedor directo del modelo de buen gobierno y austeridad que se promete a nivel nacional?
IV. Conclusión – (Principios frente a siglas).
Si el «Contrato con España» no obliga a quienes gobiernan bajo sus siglas en las provincias ni condiciona la confección de las listas electorales, las promesas de regeneración quedan reducidas a una mera estrategia retórica para alcanzar el poder.
Un contrato que no vincula a sus propios gestores no es un contrato: “Es un eslogan de campaña”.
La designación del presidente de la Diputación como número uno al Senado abre una brecha de credibilidad que explica por sí sola la reconfiguración del mapa del centro-derecha, de manera, que por ello, quienes hoy contemplan mover su voto hacia VOX o hacia la abstención exigente no actúan a la ligera: *Buscan una salvaguarda moral y de gestión*.
Para que el voto útil no vuelva a ser un cheque en blanco, el electorado no debe conformarse con promesas de atril, sino que debe exigir tres garantías inmediatas ante la cita electoral del 29N:
1.- Rectificación programática expresa: Compromiso público de no financiar con fondos provinciales agendas ideológicas ajenas ni partidas de memoria instrumentalizadas para obtener paz presupuestaria.
2.- Auditorías externas de gestión: Fiscalización independiente inmediata de las empresas públicas provinciales (EMPROACSA y EPREMASA) antes de acometer nuevos aumentos de tasas o transferencias de saneamiento a fondo perdido.
3.- Vinculación real entre discurso y listas: Que el cumplimiento de los principios de austeridad, verdad y transparencia sea condición sine qua non para representar a la provincia en las Cortes Generales.
La verdad, el rigor y los principios se demuestran en cada subvención, en cada tasa y en cada presupuesto provincial, de forma, *que cuando las siglas se sitúan por encima de las convicciones y premian la incoherencia, **el electorado tiene toda la legitimidad para exigir garantías absolutas o buscar respuestas en quien verdaderamente asegure la firmeza del cambio**.
N.B. Imagen. La paradoja del PP en Córdoba y la erosión de la confianza en el voto útil – ((De la ruptura del «Contrato con España» al premio electoral).
(Nota. Las consecuencias: El P.P. se mantiene sin crecer, VOX crece con fuerza y el PSOE se refuerza.)
Córdoba, 27 de octubre de 2026.
Fdo. Enrique García Montoya
Abogado. Inspector de Trabajo y S.S.
Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba, exdiputado provincial y exdiputado del Parlamento de Andalucía.
1.- El Escenario Macroeconómico Nacional – (El “Boom” de las Bajas Laborales).
El absentismo y la Incapacidad Temporal (IT) en España han dejado de ser un asunto puramente de gestión de Recursos Humanos para convertirse en un problema sistémico de sostenibilidad presupuestaria, cohesión social y competitividad.
<-Magnitudes y costes.
*Coste directo absoluto: El coste total del absentismo se cifra en 33.000 millones de euros anuales (un tercio del gasto sanitario total del país), de los cuales 17.000 millones corresponden estrictamente a prestaciones por IT.
*Evolución del gasto (2018 vs. 2026): Se ha pasado de un coste de 14.000 millones de euros en 2018 a los más de 33.000 millones actuales.
*Pérdida de capacidad productiva: El volumen de trabajadores que faltan a su puesto se ha incrementado un 67% desde 2017 (pasando de 959.000 a más de 1,6 millones de personas en el primer trimestre). En términos de PIB, lo que se deja de producir si no se sustituye a estos trabajadores alcanza los 150.000 millones de euros anuales.
<<Asimetría – (Asalariados vs. Autónomos)>>
Los datos de Foment del Treball revelan una brecha sociolaboral profunda:
*Crecimiento (2015-Actualidad): Las bajas crecieron un 102% entre asalariados frente a un modesto 38% en autónomos.
*Predominio: Los asalariados registran 53,73 casos por cada 1.000 trabajadores, duplicando ampliamente los 26,8 casos del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
*Causa crítica: Esta dualidad evidencia que, a pesar de los avances normativos, el autónomo sigue sufriendo una “desprotección real” donde el cese de actividad amenaza directamente la viabilidad de su negocio, obligándole a una autoexigencia de continuidad laboral que no se da en el régimen general.
2.- La gran grieta sectorial – (Sector Público vs. Sector Privado).
Para entender la raíz del problema, es indispensable analizar la profunda brecha que separa al sector público (Administración del Estado, Autonómica y Local) del sector privado. El absentismo no se comporta igual bajo el paraguas de la estabilidad funcionarial que bajo la presión del mercado.
Indicador
Sector Público
Sector Privado
Tasa de Absentismo
Notablemente más elevada (históricamente entre 2 y 3 puntos por encima).
Más moderada y sujeta al ciclo económico.
Duración de los Procesos
Tendencia a la cronicidad (bajas de larga duración).
Procesos más cortos y mayor agilidad en el retorno.
Garantía Salarial (IT)
Cobertura del 100% de la nómina casi generalizada desde el primer día.
Sujeta a mínimos legales (con mejoras según convenio).
Factor de Estabilidad
Blindaje ante el despido (riesgo percibido de desempleo: nulo).
Correlación procíclica (miedo a la pérdida del empleo en pymes).
<<El Sector Público y el factor de cronicidad>>
La Administración Pública presenta unos índices de absentismo estructurales muy elevados, lo que no responde a un único factor, sino a un ecosistema normativo y laboral específico:
*Garantías de IT y “efecto cobertura”: En la gran mayoría de las administraciones, los pactos internos garantizan el 100% de las retribuciones desde el primer día de la baja.
Al anularse el impacto económico negativo para el empleado, desaparece el incentivo financiero para un retorno prematuro sin una recuperación total.
*Inexistencia de riesgo laboral: El blindaje del puesto de trabajo elimina cualquier factor disuasorio o miedo al despido, un elemento que en el sector privado actúa como moderador del absentismo injustificado.
*Edad media avanzada: La plantilla del sector público en España sufre un envejecimiento agudo. A mayor edad, la frecuencia de patologías crónicas y el tiempo de recuperación de dolencias músculo-esqueléticas aumentan de forma natural.
<<El Sector Privado y la urgencia del retorno>>
En el tejido empresarial privado, el escenario cambia drásticamente.
<-Las bajas son considerablemente menores y, sobre todo, de menor duración:
Impacto en renta: Salvo que el convenio colectivo sectorial obligue a la empresa a complementar el 100% de la nómina, el trabajador ve reducidos sus ingresos drásticamente a partir del cuarto día de baja (60% o 75% de la base reguladora).
*Presión y cultura organizativa: En las empresas privadas existe una mayor cercanía con el impacto que produce la ausencia. El trabajador es consciente de que su baja sobrecarga a sus compañeros o debilita la productividad de su departamento, lo que genera una presión psicológica de retorno que no se percibe en las grandes estructuras burocráticas.
3.- Radiografía Regional – (El caso de Andalucía y la paradoja de Córdoba).
El absentismo no es uniforme, sino que responde directamente a los tejidos productivos, la cultura laboral local y la eficiencia de los servicios de salud de cada territorio.
<<Andalucía – (Datos con aumento IT)>>
*Desmitificación del tópico: Andalucía se sitúa tradicionalmente entre las comunidades autónomas con menores tasas de absentismo general (un 7% de las horas pactadas a inicios de 2026), situándose por debajo de regiones altamente industrializadas y sindicalizadas como el País Vasco (líder histórico del indicador).
*El Repunte: Sin embargo, los procesos de IT por contingencias comunes en el Régimen General se dispararon un 74% entre 2017 y 2024, elevando la incidencia autonómica del 17,42% al 26,31%, concentrándose el grueso del volumen en Sevilla y Málaga.
<<La paradoja de Córdoba- (Cronicidad)>>
Córdoba presenta un comportamiento anómalo y muy preocupante dentro del panorama nacional: “No tiene el mayor número de bajas, pero sí las de mayor duración”.
<-Evolución de la cronicidad: En 2014 la duración media de una baja era de 40,48 días; hoy en día ese indicador se ha incrementado notablemente, situando a la provincia a la cabeza de España en duración media de los procesos.
<-El enfoque sindical (CCOO): De las 1,2 millones de horas laborables semanales que se dejan de realizar en la provincia (sobre un total de 9 millones pactadas), el 75,43% (900.000 horas) se deben a vacaciones y bajas médicas legítimas. El resto (300.000 horas) responde a permisos retribuidos legales.
(Nota. Para los sindicatos, el absentismo “injustificado” o fraudulento es estadísticamente residual).
<-Causas específicas de la cronicidad cordobesa:
*Paralización sanitaria: Parece existir un cuello de botella crítico en las listas de espera de especialistas, pruebas diagnósticas y rehabilitaciones en centros de referencia como el Hospital Reina Sofía, lo que “congela” los procesos de IT, alargando la baja de forma artificial e involuntaria para el trabajador.
*Tejido productivo local: Al predominar el sector servicios de proximidad, el pequeño comercio y el sector agroindustrial, el retorno al puesto exige una recuperación física total (especialmente en dolencias músculo-esqueléticas). En estos sectores es casi imposible realizar adaptaciones progresivas o teletrabajo durante la recuperación.
*Sector público: La prevalencia del sector en el empleo de Córdoba y Provincia explica la superior duración de las bajas laborales, de forma, que es un hecho comprobado que su cronocidad duplica al sector privado.
4.- El Impacto de la “doble factura” en las micro-pymes.
Este es el punto más crítico desde la perspectiva de la gestión empresarial y el empleo. En una provincia como Córdoba, donde más del 90% del tejido empresarial son micro-pymes de menos de 10 trabajadores, la baja prolongada de un empleado del sector privado se convierte en una amenaza de asfixia financiera:
├── Días 4 al 15: 60% salario (Empresa) ├── Estructura < 4 empleados:
├── Cuota Patronal obligatoria (100%) Pérdida automática del 25-33% BR
└── “Efecto Convenio” (Comercio/Metal): └── Sobrecarga de compañeros
Complemento al 100% de la nómina (Riesgo de nuevas bajas por estrés)
▼
[ + COSTE DEL CONTRATO DE SUSTITUCIÓN ]
<-Pérdida de margen y coste de oportunidad: A diferencia de una gran corporación o de la propia Administración Pública -que puede amortizar temporalmente una vacante-, si una micro-pyme pierde a uno de sus tres empleados, su capacidad productiva cae fulminantemente entre un 25% y un 33%. La sobrecarga de los trabajadores restantes eleva el riesgo de nuevas bajas por estrés o ansiedad, generando un destructivo efecto dominó.
5.- Análisis causal – (Ecosistema AIReF).
Para entender este incremento generalizado del absentismo y su divergencia sectorial, la AIReF identifica un ecosistema de factores interconectados que superan la simplificación del “fraude”:
1.- Factores sanitarios (Gestión Pública): El retraso crónico en atención primaria y especializada dilata los tiempos de curación. El propio gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, apunta directamente a la falta de coordinación entre los servicios de salud autonómicos y el nivel central como un factor de ineficiencia.
2.- Factores normativos y convencionales: La mejora de coberturas en convenios colectivos (complementos al 100%) amortigua el impacto económico para el empleado.
Si bien es un logro social indiscutible, desincentiva económicamente el retorno prematuro si no va acompañado de una supervisión médica ágil.
3.- El factor procíclico: La IT se comporta de forma procíclica, porque en ciclos expansivos y de alta ocupación (como el escenario actual hasta 2026), el miedo al despido disminuye en el sector privado y la incidencia de bajas sube, y, en épocas de crisis, el absentismo en el sector privado cae drásticamente, mientras que el sector público se mantiene imperturbable.
4.- Mutación de patologías (Salud Mental): Las bajas por salud mental (ansiedad, depresión) se han disparado un 66% desde 2018. Al no estar formalmente indexadas en el catálogo de enfermedades profesionales (RD 1299/2006), se canalizan masivamente como enfermedad común, sobrecargando las arcas de la Seguridad Social y eludiendo la acción preventiva de las mutuas de trabajo.
6.- Valoración y Propuestas.
Existe una polarización ideológica evidente: *Por un lado, discursos patronales que califican el absentismo de “cáncer” o sugieren que se traslada el mensaje de que “cumplir es opcional”; *por otro, sindicatos que exigen no estigmatizar ni penalizar la salud de la clase trabajadora.
Sin embargo, los datos técnicos (AIReF y Randstad) exigen soluciones de consenso que abandonen la trinchera. Los datos de acumulación de bajas (el 50% de las jornadas perdidas se concentra en apenas el 10% de los trabajadores, sumado al “efecto lunes”, donde faltan el doble de personas que un viernes) demuestran que el fraude existe y debe ser fiscalizado. No obstante, la ineficiencia del sistema sanitario público y la disparidad de reglas entre el sector público y privado son los verdaderos multiplicadores del coste.
<<Propuestas clave en el debate actual>>
<-Mayor competencia a las Mutuas: Permitirles otorgar altas médicas efectivas y realizar pruebas diagnósticas o tratamientos en contingencias comunes, lo que, aliviaría la Sanidad Pública y recortaría drásticamente los tiempos de espera.
<-Exoneración de cuotas patronales en pymes: Liberar a las micro-pymes del pago de la Seguridad Social del trabajador en IT desde el primer día o, al menos, al formalizar un contrato de sustitución, evitando la quiebra técnica por la duplicidad de costes.
<-Interoperabilidad e incorporación gradual: Implementar las recomendaciones de la AIReF relativas a la historia clínica compartida entre el sistema público y las mutuas, y, habilitar las altas médicas de incorporación paulatina (fórmulas mixtas de reincorporación laboral a tiempo parcial), siguiendo el modelo de los países del norte de Europa.
N. B. Imagen – Realidad y mentira. Córdoba – + Duración.
<<A los que faltan los lunes les llaman luneros>>
(Nota. los ciudadanos defiende las bajas justificadas, pero se reclama más control para evitar abusos y reducir el absentismo laboral.)-
El fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho es la aplicación justa de la ley, de manera, que cuando cualquier poder público se salta la ley, la democracia entra en fase de destrucción.
Viene esto al caso, porque es un hecho patente y probado que algunos Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Córdoba han optado por aplicar de forma recurrente el Procedimiento Abreviado del art. 78 de la LJCA, cuando según la Ley de la Jurisdicción en su art. 42.2 deberían de aplicar el Procedimiento Ordinario, que tiene mayores garantías de defensa para el recurrente.
Lo dicho, produce frustración, sobre todo cuando se enfrenta uno a situaciones repetitivas en las que los recursos no surten efecto y, además, se imponen costas, lo que genera una sensación de injusticia, así que, profundizaremos un poco en este asunto:
**Cuando se interponen varias pretensiones en un recurso contencioso-administrativo, *algunas de las cuales son evaluables económicamente y *otras no evaluables económicamente, el procedimiento ordinario debe ser utilizado, ya que los tribunales deben garantizar una tutela efectiva, que no puede resolverse con garantías en un procedimiento abreviado. (Art. 42.2. de la LJCA).
El procedimiento abreviado (art. 78 de la LJCA) solo será aplicable, si todas las pretensiones se refieren a aspectos evaluables económicamente sin involucrar derechos o cuestiones no valorables.
El artículo 42.2 de la LJCA establece, que cuando se plantea un recurso contencioso-administrativo con *pretensiones no evaluables económicamente y *una pretensión evaluable económicamente, la cuantía del recurso esindeterminada. Y, en consecuencia, se debe aplicar el procedimiento ordinario, independientemente de la cuantía de la pretensión evaluable.
El artículo 42.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa establece lo siguiente:
“Cuando se trate de pretensiones no evaluables económicamente, la cuantía será indeterminada, sin perjuicio de la cuantía de las pretensiones evaluables económicamente. En tal caso, se tramitará el recurso por el procedimiento ordinario”.
Dicho de otra forma, que cuando el recurso contiene varias pretensiones, de las cuales algunas son evaluables económicamente y otras no lo son, “la cuantía se considera indeterminada” para efectos procesales y ´-siempre se tramitará por el procedimiento ordinario-, tal como se establece en el artículo 42.2. de la LJCA.
***Procedimiento Ordinario.
El procedimiento ordinario se aplica en estos casos debido a la indeterminación de la cuantía del recurso. A pesar de que se pueda evaluar económicamente una de las pretensiones, las pretensiones no evaluables modifican la determinación de la cuantía del recurso, lo que implica que el procedimiento será ordinario. Este procedimiento es más detallado y con plazos más largos en comparación con el procedimiento abreviado, suponiendo mayores garantías de defensa.
***Procedimiento Abreviado.
El procedimiento abreviado (art. 78 de la LJCA) se aplica solo cuando la cuantía del recurso no excede de 30.000 euros, y en casos en los que todas las pretensiones sean evaluables económicamente. Sin embargo, cuando existen pretensiones no evaluables económicamente, no se podrá utilizar el procedimiento abreviado, incluso si la pretensión evaluable es inferior a los 30.000 euros.
En definitiva, cuando, por ejemplo, se plantea un único recurso contencioso-administrativo con tres pretensiones (una evaluable económicamente y dos no evaluables), el artículo 42.2 de la LJCA establece que la cuantía del recurso será indeterminada, lo que implica, que el recurso deberá tramitarse por el procedimiento ordinario, sin importar la cuantía de la pretensión evaluable económicamente.
El problema real aparece, cuando el Juzgado se inclina siempre sin motivación razonable a aplicar el Procedimiento Abreviado, citando al recurrente a juicio oral, de forma, que, aunque se recurra nadie libra al justiciable de acudir a un acto oral donde sus derechos fundamentales y la ley aplicable son preteridos, dictándose una sentencia irrecurrible por ley, lo que causa un déficit total en su tutela judicial efectiva, causado a la parte afectada indefensión manifiesta.
En la práctica diaria se puede comprobar, que eso es lo que hay, de manera que se impone la ley subjetiva del Juzgado frente a una aplicación justa de la ley, que respete el “valor justicia constitucional”. (Art. 1.1. C. E.).
N.B.El Procedimiento Abreviado de la LJCA es de uso y abuso recurrente por algunos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba, con todos los efectos negativos que ello conlleva.
Nuestro Estado Social y Democrático de Derecho se basa en la aplicación justa de la ley, de manera, que cuando cualquier poder público se salta la ley, la democracia entra en fase de destrucción.
El estado de inseguridad jurídica en España es algo evidente, de manera, que si o si, hay que acudir buscando protección a las normas del derecho de la U. E. y a su aplicación efectiva.
El problema está en que aun siendo normas de aplicación obligatoria en todos los Estados Miembros de la Unión y de aplicación preferente y preeminente para los estados y todos sus organismos, incluidos, por supuesto, los órganos judiciales, su aplicación efectiva se incumple una y otra vez, de forma, que aunque la Comisión Europea sea la institución de la U. E. encargada de su cumplimiento efectivo, la realidad diaria en España es que se inaplica e incumple, en muchos casos, la legislación de la U. E. sin que la C. E. exija con rigor su aplicación efectiva.
La denuncias planteadas por los ciudadanos de la U. E. pidiendo amparo ante los incumplimientos de las normas de derecho de la Unión por los Estados y sus Órganos administrativos y judiciales (Tratados, Carta de Derechos Fundamentales de la U. E., y demás normas complementarias) suelen caer en saco roto por muchas razones y por la discrecionalidad de la C. E. en la admisión de las denuncias.
A pesar de todo, es un hecho patente que las normas del Estado de Derecho de la U. E. están ahí, se pude exigir su aplicación efectiva y cobijarse a su amparo ante la inseguridad jurídica que se ha instalado en España.
Que alguna Administración Pública y algunos Órganos Judiciales ignoren el derecho de la U. E y su aplicación efectiva, es el claro ejemplo de la necesidad de la aplicación real de su Estado de Derecho en España, de manera, que si los ciudadanos de la Unión nos aquietamos ante los incumplimientos de la legislación de la U. E. y no denunciamos siempre ante la Comisión Europea los incumplimientos de sus normas, sin la menor duda, nuestros derechos y libertades están en peligro de desaparecer, y, porque, además, la U. E. es la Europa de los ciudadanos que la forman.
La seguridad jurídica en España pasa, se quiera admitir o no, por el respeto al Estado de Derecho de la U. E. y por la aplicación efectiva de sus normas por el Estado y por todos sus órganos políticos, administrativos y judiciales.
Las noticias que proporciona España a nivel internacional en los últimos años son una muestra palpable de esa inseguridad, que atenaza a los ciudadanos españoles, de forma, que solo queda exigir siempre la aplicación efectiva del derecho de la U. E. en defensa y garantía de nuestros derechos y libertades.
N.B. A la sensación de inseguridad dominante en España es una realidad, de manera, que exigir la aplicación efectiva del estado de derecho de la U. E. es la última oportunidad para garantizar nuestras libertades.
Es posible que la Comisión Europea ignore una denuncia, pero si las denuncias de los ciudadanos son miles por incumplimiento del derecho de la Unión, la C. E. tendrá que intervenir.
Es un hecho indiscutible, que la inseguridad y, sobre todo, la sensación de inseguridad en España nos están costando muy caras.
