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Mitad y mitad III (desempleo – temporalidad)

Es una realidad desesperante, que seguimos con un profundo agujero en materia de empleo en nuestro mercado laboral, que viene determinado, en gran medida, por el paro y la temporalidad, que, a mayor inri, se distribuyen de manera muy desigual entre las CC. AA., y los distintos territorios y sectores productivos de España, de manera, que la mitad y mitad de las que venimos hablando, se agudizan tanto en sí mismas como en las soluciones normativas anunciadas.

El día 31 de agosto de 2021 se destruyeron 324.200 puestos de trabajo (realmente los despidos fueron cerca de 350.00), lo que significa, que en un solo día desaparecieron más empleos que nunca, desde que se tienen datos contrastados.

Por otro lado, en agosto las cifras de afiliación a la Seguridad Social (los trabajadores que hay dados de alta) bajaron en 118.000 trabajadores en agosto.

Las cifras precitadas revelan, algo conocido en el mercado laboral español, concretamente, que el empleo anida en la temporalidad, distinta, además, por sectores, que se impone sin remedio, y, que es una enfermedad profunda de nuestro mundo laboral, así: Las altas en la S. S. fueron de 47.468 trabajadores y las bajas en la misma fueron de 342.276 productores el día 31/08/21, según la documentación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Aunque se debe añadir, que los contratos temporales son la base de ciertos sectores productivos (a destacar, hostelería, construcción, agricultura), donde la temporalidad por muchas y distintas razones es la base de su empleo, lo que conlleva, necesariamente, que cualquier normativa sobre ella, debe nacer de la flexibilidad y de la cordura, reconociendo las diferentes realidades.

El recurso excesivo a los contratos temporales demuestra una de las debilidades congénitas de nuestro mercado laboral, que, además, no se solucionará a golpe de leyes unilaterales de reforma laboral impuesta a las bravas, sino que, es imprescindible realizar una reestructuración profunda y consensuada del sistema de trabajo, que se aplica en España.

Sin recuperar -la productividad-, -la eficiencia-, -los costes de producción rentables-, -el reciclaje profesional de los trabajadores-, y, -la flexibilidad de las normas aplicables para adaptarse a los nuevos mercados competitivos y cambiantes-, la posible solución se alejará.

Curiosamente, aunque está a la vista de todos, parece que nadie quiere una solución consensuada de verdad, que permita aunar esfuerzos en una misma dirección, para conseguir reducir los costes laborales, el paro y la temporalidad a base de competitividad, productividad y eficiencia en la empresa, que es la mejor fórmula para crear trabajo de calidad y empleo fijo.

Es un hecho patente, que un trabajador rentable nunca será despedido de su puesto de trabajo, pero ello exige, también, que el empleado productivo debe poder mejorar sus condiciones de trabajo, no solo la económicas, como pueden ser entre otras: -su cualificación profesional en progresión permanente- y -su seguridad y salud laboral-. Es decir, la solución tiene dos direcciones:-de empresa a trabajador y de trabajador a empresa-.

Una ley rígida que imponga la negociación colectiva exclusivamente e impida la negociación de los trabajadores con la empresa, está abocada a su inaplicación y al fracaso normativo, porque impedirá la creación de empleo de calidad y al ritmo que España necesita.

Las nuevas figuras del llamado trabajo independiente están marcadas por la libertad y la flexibilidad, de manera, que remar forzadamente contra corriente, nunca será una buena solución al problema de la temporalidad, y, para la reducción y posible eliminación del desempleo.

La recuperación del mercado laboral y la creación de empleo, debe concretarse en medidas de reforma viables y aplicables, que, además, sean aceptadas por todos los partícipes en el proceso laboral, lo que no implica un mercado sin ley, sino un espacio de trabajo abierto a todos dominado por la justicia y la equidad.

N.B. En este caso la mitad y mitad aplicada a la tasa de paro, demuestra, que será imposible solucionarlo sin aumentar la productividad, la competitividad y la eficiencia de la empresa, empezando una recuperación sólida, y, siempre teniendo en cuenta la realidad de nuestro mercado de trabajo.

La situación o nivel de desempleo en España es una situación insostenible por más tiempo, de forma, que, sin una reforma del mercado de trabajo compartida y consensuada, la temporalidad y demás lacras del empleo en España serán irreversibles. La unilateralidad en la reforma laboral ya no es un valor, de forma, que está desechada porque nadie cree en ella y en su posible aplicación, a la vez, que sus efectos son nocivos para la creación de empleo.

Los nuevos mercados exigen flexibilidad y productividad, estando marcados por la competencia y la libertad de contratación. Todo lo demás, que implique imposición normativa colectivizada como remedio, está condenado al fracaso y a la destrucción de empleo.  

Córdoba, a 4 de septiembre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Mitad y mitad (activos – inactivos)

Mirando solo la EPA y siendo optimista, salen unos datos extremadamente preocupantes, así:

Población total 47.394.223, -personas menores de 16 años 7.761.123, mayores de 16 años 39.633.100, de las que un 41,42% son inactivas = 16.416.030, y, un 58,58% son activas = 23.217.070, lo que da como resultado una total población inactiva real 24.177.153.

*La cifra de personas activas, prácticamente, es el misma de la población inactiva, lo que supone, que en España la mitad de la población sostiene a la otra mitad.

*Por otro lado, en España son 19.961.400 las personas que están desempleadas o figuran como inactivas para el mercado laboral, exactamente la mitad de la población que tiene 16 o más años.

Las cifras señaladas son tremendamente preocupantes, se miren como se miren, aunque el verdadero problema está, en que, por ahora, no se ve ninguna solución viable, que permita salir del hoyo profundo en el que hemos caído.

Hasta la fecha estamos tirando a base de deuda, déficit e impuestos en aumento, aunque los Fondos de la U. E. serán una ayuda esencial, pero claro la situación descrita está sujeta a un término cada vez menor, de manera, que, o empezamos a ponernos las pilas de verdad o la quiebra del Estado empieza a asomar la cabeza.

Es cierto, que nadie quiere ponerle el cascabel a este gato garrulo y zafio, por un lado, los políticos todos huyen en desbandada cuando alguien plantea el perverso problema, y, por otro, los ciudadanos hacen oídos sordos ante situación tan descorazonadora.

Solo por poner un ejemplo de lo que ocurre: *La reforma de las pensiones donde el Ministro de S. S. Sr. Escrivá apuesta por una reforma ligera y sin compromisos, poniéndose de perfil, y, *los pensionistas, con más o menos razón según los casos, apuestan sin más por aumentos indiscriminados, pero, curiosamente, nadie se atreve a proponer una solución viable y verdadera.

Lo dicho es lo que hay, aunque, también, esta claro, que algo hay que hacer y rápido, siempre dentro de la Constitución y del respeto a la Ley.

N.B. La mitad y mitad expuesta, es una situación inaguantable a medio plazo, así que, hay que actuar deprisa y cometiendo los menores errores posibles, de forma, que el sacrificio y el esfuerzo sea una tarea compartida y consensuada. Lo hacemos todos o no lo hará nadie.

Los españoles saben lo que hay, de forma, que cuanto más persistan las políticas perversas, sean de quien sean, mayor será el rechazo de todos los ciudadanos ansiosos de -libertad-, de -igualdad-, y, de -justicia-, que ya han desterrado cualquier miedo propio y/o ajeno.

Aunque, sin duda, una cosa es evidente:

“Fuera de la Constitución y sin los derechos que consagra, sin respeto a la Ley por los poderes públicos, no hay salida”.

Córdoba, a 2 de septiembre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Estafas pandémicas – Negocios jurídicos criminalizados (en aumento y sin remedio)

En estos días llenos de incertidumbre y de inseguridad jurídica, proliferan las estafas pandémicas, al socaire de negocios civiles y mercantiles criminalizados. Resulta curioso, que no se publicite, hable y escriba más sobre esta realidad, al menos como medio preventivo, que está asolando la economía, la confianza contractual y, en muchos casos, el prestigio exterior de España, ya que, muchos de los estafados son contratantes, comerciantes e inversores extranjeros, que confiados en la seguridad jurídica del País están realizando operaciones y transacciones de compraventa y/o financieras en España.

Lo peor aparece, cuando esos negocios civiles y mercantiles que esconden operaciones jurídicas criminalizadas, los perjudicados tienen que proceder a reclamar judicialmente los importes estafados, chocando con una legislación no preparada, una justicia, a veces demasiadas, que no sabe qué camino tomar, si civil o penal, quedando esos perjudicados anclados y sin posibilidades reales de recuperar, -rápido y con el mínimo gasto-, las cantidades defraudadas obtenidas bajo la forma de esos instrumento jurídicos criminalizados, máxime cuando el defraudador, como es normal en estos casos, carece de cobertura aseguradora total o parcial.

Lo expuesto es una realidad, desgraciadamente, en aumento, nacida al influjo nocivo de la pandemia y que parece que nadie quiere atajar, pero que está causando un daño terrible a la economía, a nuestra credibilidad exterior y a las inversiones extranjeras en España.

En nuestro ordenamiento jurídico la estafa existe cuando concurren los elementos del tipo del art. 248 CP, de forma, que se pueden destacar los elementos que deben concurrir en estos casos para apreciar la existencia de ilícito penal:

*  Que exista engaño.

La estafa como elemento esencial requiere la concurrencia del engaño que debe ser suficiente, además de precedente o concurrente con el acto de disposición de la víctima que constituye la consecuencia o efecto de la actuación engañosa, sin la cual no se habría producido el traspaso patrimonial.

* Engaño bastante que produce error en el perjudicado.

El engaño debe ser antecedente, causante y bastante, entendido como suficiente para viciar el consentimiento del sujeto estafado, de forma, que las falsas maquinaciones -sean suficientes e idóneas para engañar a cualquier persona medianamente avispada-.

* Un acto de disposición patrimonial consecuencia del engaño sufrido.

*Ánimo de lucro, ya sea en beneficio propio o de un tercero, deducible del complejo de los actos realizados.

*Nexo causal entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado.

 ***  En la variedad de estafa conocida como -negocio jurídico criminalizado-, el engaño surge,cuando el autor simula un propósito serio de contratar, cuando, en realidad, solo pretende aprovecharse del cumplimiento de las prestaciones a que se obliga la otra parte, ocultando a ésta su decidida intención de incumplir sus propias obligaciones contractuales, aprovechándose el defraudador de la confianza y la buena fe del perjudicado con claro y terminante animo inicial de incumplir lo convenido.

Es decir, todo aparece como normal, pero uno de los contratantes sabe que no va a cumplir, y, no cumple y se descubre después, quedando consumada la estafa al realizarse el acto dispositivo por parte del engañado. En el delito de estafa a través de los llamados negocios jurídicos criminalizadlos, el sujeto activo defraudador sabe desde el momento de la contratación, que no cumplirá o que no podrá cumplir la contraprestación a la que se comprometió.

N.B. Ahora, -al rebufo del covid-19- están proliferando las estafas pandémicas sin remedio legal proporcionado, a través de los llamados negocios jurídicos criminalizados, porque, además, la incertidumbre y la inseguridad jurídica dominante, hacen que se extiendan como una plaga los negocios civiles y mercantiles fraudulentos.

La confianza y la reputación comercial y económica de un país es algo difícil de conseguir, aunque facilísimo de destruir con normas que producen incertidumbre e inseguridad jurídica y con un aumento de las contrataciones civiles y comerciales criminalizadas, de forma, que toda protección legal común resultará escasa. En España esa modalidad de estafa está asolando la economía, la confianza contractual y, en muchos casos, el prestigio exterior, ya que, muchos de los estafados son contratantes, comerciantes e inversores extranjeros, qué confiando en la seguridad jurídica del País, están realizando operaciones y transacciones de compraventa y/o financieras.

Estas operaciones fraudulentas están en aumento, pues solo tienen como muro de contención los jueces y tribunales de justicia, que se rigen por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en una aplicación desigual, donde predomina una casuística llena de incertidumbre, excesivamente lenta y unos costos casi inasumibles por los perjudicados, realidad que solo beneficia a los estafadores.

Córdoba, a 23 de agosto de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Ley Riders -Deliveroo huye (el cascabel al gato – el principio del no puede ser)

  

Lo que no puede ser no puede ser, de forma, que la realidad se impone frente a la  ideología autoritaria y la unilateralidad: Deliveroo huye, la plataforma de reparto de comida a domicilio ha anunciado que se va de España días antes de que entre en vigor la ley Rider.

Se publicó el día 12/05/2021 la Ley conocida como Riders por el Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales. (Fecha Entrada en Vigor: 12/08/2021. (BOE) – N. Boletín: 113).

En Andalucía se utiliza una frase rellena de sorna, ingenio y sentido del humor, que la hace divertida, atribuida a uno de los maestros del toreo Rafael Guerra o Rafael Gómez Ortega “El Gallo”: “Lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible”.

Se suele utilizar, cuando algo es totalmente inviable, cuando se pide algo, que no puede conseguir, aquel al que se le pide.

¿Vamos a ver, quién le pone el cascabel a este gato?

No se trata solo de los raiders, sino que, también, hay que mirar a la inversión extranjera, a la incertidumbre que ha generado y a la desconfianza derivada de la inseguridad jurídica creada por una Ley desprovista de sentido común, que, además, disparará los datos del paro en el sector directamente y afectará a otros sectores por el factor desconfianza.

Decía lo que había sentido en su día al leer la urgentísima Ley de Repartidores, entendiendo que R. D. L. sería muy difícil de adaptar al mercado laboral, al presentar una serie de rigideces que lo apartaban de la realidad, que harían imposible su aplicación efectiva, pues su contenido y, especialmente, -la huida de  Deliveroo- como ejemplo del no puede ser, da una idea clara, de que la norma riders  funciona en una sola dirección producto de una ideología colectivizada y unilateral, que se separa de una parte de la realidad, ubicándose en un mundo paralelo donde solo existe su propia verdad.

DELIVEROO ha llegado a la conclusión, de que alcanzar y mantener una posición de mercado de alto nivel en España, requeriría un nivel de inversión muy elevado -con un rendimiento potencial muy incierto a largo plazo-, que afectará la viabilidad económica del mercado.

Dos notas sobre la Ley Riders:

* Solo será posible su efectividad a través de flexibilidad, adaptada a la realidad de esas relaciones laborales y con una gran libertad en su implantación, donde sin pérdidas de derechos por el trabajador y la empresa, su aplicación sea consensuada a la práctica del tejido productivo, suponiendo agilidad, rapidez y productividad.

En relación con su urgencia es más que discutible la misma, así como, que se haya acudido al mecanismo del R. D. L., que es un procedimiento alejado de la concordia y de la sensatez política, de manera, que el argumento de que su aprobación y publicación otorgará seguridad jurídica a los operadores, se asemeja a una falacia alejada de la realidad.

La fórmula del Real Decreto Ley es la más artera y la menos participativa para imponer una norma del poder ejecutivo, ya que, reduce al mínimo el debate y la enmienda de los parlamentarios, anulando la transparencia y la libertad, cosa, que es la que ha ocurrido con esta Ley Riders, máxime, cuando saltándose toda prudencia, se convierte en un ariete duradero contra los principios de la democracia.

***    Hay que reconocer la otra realidad distinta de los riders, que podríamos llamar, producción independiente, que se incardina fuera del concepto tradicional de las relaciones productivas de la empresa, que el mercado laboral actual ha dejado obsoletas, ya que, ahora, prevalecen la libertad y la productividad, es decir, estamos en un mundo de resultados.

Ha nacido un modelo productivo más contractualganando en agilidad, posibilidades de cambio en su estructura y organización, tanto de personal como de medios materiales, de forma, que la empresa y el productor ganan en la mejora de todos sus procesos, posibilitando, además, la mejora de la productividad.

** Destacar, una serie de conceptos que son definitorios esta nueva actividad productiva:

* Confianza. * Productividad. * Flexibilidad. * Libertad. * Acuerdo. * Descentralización.

En el mismo sentido, para hacer posible una ley exitosa del trabajo de los repartidores, es imprescindible señalar, que la productividad es un elemento esencial de la prevalencia de esta forma de trabajo, ya que, si el trabajador resulta improductivo, la empresa abandonara esa actividad, porque pierde la confianza en la rentabilidad del  productor, que solo puede ser controlado por los resultados concretos de su trabajo, y, a su vez, el trabajador quiere una retribución acompasada a su rendimiento.

N.B.   Deliveroo huye de la Ley Riders, porque lo que no puede ser es imposible y nadie será capaz de poner el cascabel al gato.  

La Ley de Repartidores (Riders) aprobada de urgencia es inaplicable, ya que, al ser totalmente inviable y contraria a la realidad económica y social, está, además, cargada y llena de ideología colectivista, naciendo de una unilateralidad excluyente.

Ninguna actividad puede existir en los nuevos mercados extremadamente competitivos, si no se adapta a la realidad económica y social, y, sin duda, la tarea de los repartidores es una de ellas.

Córdoba, a 4 de agosto de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Injuriar en borrador (es constitucional)

La técnica es simple, se realiza un escrito injurioso y descalificativo sobre determinadas personas (se llama borrador), se publicita por tierra, mar y aire antes de la resolución que se quiere denigrar, pasándolo por las redes sociales donde quedará para siempre y será imposible borrarlo.

Las personas injuriadas por el borrador quedan marcadas para siempre y el mensaje malévolo llega a millones de personas, quedándose en sus cabezas, sí o sí; después el autor trilero del llamado borrador, cuando llega el momento de la verdad presenta otro escrito diferente, eliminando las frases injuriosas, y, haciendo público su arrepentimiento por su faena maliciosa.

La consecuencia de todo es, que el daño a las personas injuriadas ya está hecho, de manera, que el agravio a su reputación profesional y personal nunca quedará reparado, siguiendo el autor del borrador su camino como si no hubiera pasado nada.

Quizás, con un ejemplo se entenderá mejor, así:

Un abogado cuando conoce la sentencia del juzgado o tribunal y antes de que se haga pública, elabora un escrito de recurso injurioso, que llama borrador, y, lo difunde por el juzgado o tribunal publicitando su contenido de principio a fin. A continuación, cuando toca realmente, presenta su recurso eliminando las frases injuriosas o los apartados malévolos para la reputación del juez o tribunal, diciendo a la vez, que su anterior escrito era solo un borrador y que siente mucho las frases malévolas recogidas en el mismo.

Imagino, que con toda la razón el juez o tribunal deducirá testimonio y mandará el escrito borrador injurioso al CGPJ, al juzgado de guardia y/o a la Fiscalía, al entender que se ha dañado gravemente su reputación y se les ha ocasionado daños irreparables.

Lo dicho, más o menos, es lo que ha ocurrido con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma y su inconstitucionalidad, donde seis miembros del Tribunal han aprobado por mayoría la resolución denostada, recibiendo como es muy normal votos particulares, aunque antes se ha publicitado  “un borrador de voto particular” ofensivo para esa mayoría del Tribunal que aprobó la sentencia.

Lo expuesto, resulta casi de chiste, si no fuera por su gravedad extrema, pues debe quedar claro, que esos seis miembros del T. C. nunca recuperarán su reputación profesional y personal, quedando para los restos a los pies de los caballos.

En España están pasado cosas “maravillosas” de una perversidad extrema, que ponen en peligro el respeto a la ley, la división de poderes del Estado y nuestro Estado social y democrático de Derecho, en definitiva, la democracia y sus derechos y libertades fundamentales.

En democracia el respeto a las decisiones mayoritarias válidamente adoptadas es ley, de manera, que en virtud de la libertad de expresión se pueden criticar y contradecir, con el límite aceptado por todos, que está en respeto a los derechos de los demás.

Por otro lado, las resoluciones aprobadas por mayoría en los órganos judiciales son la realidad, siendo los votos particulares una manifestación de contradicción a la resolución adoptada, que en nada afecta a su validez, de manera, que se quiera aceptar o no esa es la ley.

El “respeto a la ley” es la base esencial de una democracia plena.

N.B.  Injuriar en borrador es una técnica nueva de denigrar en la impunidad, pero, por lo que se ve, es constitucional, aunque, cabe la duda, de si esa forma de actuar torticera es utilizable por todos los españoles o solo por unos pocos privilegiados perdidos en la impunidad de su poder.

La legalidad para todos es la única forma de democracia plena, lo que impide aplicar la ley del embudo, “porque lo que no quieres para ti, no se lo puedes aplicar a los demás”, todo lo que se añada para justificar un abuso de poder, son excusas inadmisibles, máxime cuando las tropelías se llevan a término en el plano institucional.   

Si cualquier poder político se separa de la ley, aunque sea creando una mera apariencia de legalidad, la democracia deriva, sin remedio,   hacia el autoritarismoy, nuestros derechos y libertades fundamentales entran en un peligroso vacío.

Córdoba, a 21 de julio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.