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ASOCIACIÓN CÓRDOBA ABIERTA – ACOA – (Defensa de las libertades y de la igualdad)

(Inscrita en el Registro Asociaciones Junta de Andalucía Nº. 11123. Sección Primera).

Lawfare  – Sin exclusiones (Igualdad para todos)

Hoy es día para defender la Constitución de 1978, cuando, el Presidente del Gobierno, el Sr. Puigdemont, jueces, periodistas, etc. dicen a voz en grito que han sufrido lawfare, olvidando algunos muchos jueces y magistrados los casos de lawfare que han llevado a cabo por acción y/o por omisión, que denunciados al CGPJ han sido archivados sin más, porque como se dice, perro, no muerde a perro.

Lo que defendemos es algo elemental, que todos somos iguales ante la ley, o, al menos, eso dice la C. E., lo que no puede ser, es que solo se hable de lawfare cuando aparecen los políticos, los jueces, etc. y no cuando algún ciudadano del pueblo llano de a pie sufre lawfare inmisericorde de algún juzgado o tribunal.  (Que casos haberlos, hay).

En ACOA – Córdoba Abierta- creemos, que son muchos españoles, que se consideran violentados en todos sus derechos y libertades fundamentales, de forma, que hasta el final sea el que sea en defensa de la libertad y de la igualdad.

Pase lo que pase, Córdoba Abierta anima a todos los cordobeses a sublevarse en favor de la libertad y de la igualdad de todos los españoles.

DICHO DE OTRA FORMA,  LA NEGACIÓN DEL *LAWFARE* DEBE OPERAR EN TODAS DIRECCIONES, PORQUE LO QUE NO PUEDE SER, ES QUE LOS JUECES NO PUEDAN SUFIR “GUERRA SUCIA JUDICIAL” Y LOS CIUDADANOS JUSTICIALES A VECES SIENTEN  QUE EXISTE.

Córdoba, a 2 de mayo de 2024.

Fdo. Presidente de Córdoba Abierta -ACOA-

Amnistía – Estado de Derecho (Sin recovecos en ningún sitio)

Hoy es día para denunciar una Ley de Amnistía, que se carga de una patada la Constitución de 1978, deshaciendo la división de poderes y permitiendo que Magistrados del Tribunal Supremo (y, otros Jueces y Magistrados más) vayan a ser investigados y acusados de prevaricación y de todo lo que caiga.

Soy uno de los muchos españoles, que se consideran violentados en todos sus derechos y libertades fundamentales, de forma, que sirva lo que digo como manifestación absoluta de lo que creo y defiendo hasta el final sea el que sea.

He vivido media vida bajo una dictadura y ahora cuando creía, que entre todos habíamos acabado con cualquier tipo de autocracia dictatorial, vienen “unos pocos muchos, quizás demasiados* y me quieren meter de nuevo en otra dictadura privándome de mis libertades y derechos fundamentales.

Pase lo que pase, no lo aceptaré sublevándome desde ya en favor de la libertad y de la igualdad de todos los españoles.

Dicho lo dicho, nadie puede tener duda de donde estoy y ¿por qué?

Aclaro lo que digo, porque creo que la libertad y la Ley no admiten recovecos, de forma, que no se puede estar contra *la ley de amnistía del Presidente Sánchez, sus socios y demás comparsas, si admitimos excepciones o eximentes a cualquier tipo de amnistía, aunque se disfrace di cualquier cosa de apariencia buenista, realizando un salto mortal al vacío de la nada, creando recovecos opacos a la negación de toda amnistía.

Con ánimo abierto, fijaré algunos puntos libres, de cosas que ocurren, incluso a diario, que podrían servir de justificación a la ley de amnistía, que nos intentan colar por la puerta de atrás del Congreso y encima ciscándose en todos los españoles, así:

1.- Se dice, con verdad, que la ley de amnistía autoriza el llamado lawfare contra los jueces, señalándolos y acusándolos de prevaricar, cosa que repito es un disparate aprobado en una Comisión de Justicia del Congreso.

Sin embargo, hay jueces y magistrados que de una y mil formas comenten “lawfare” contra sus justiciables, sirvan de ejemplo abierto, casos donde jueces y/o magistrados dictan resoluciones contra ley, aunque las disfracen de sentencias y/o autos llenos de justicia, cuando, precisamente, se algo les falta a esas resoluciones es ”el valor justicia constitucional” del art. 1.1. de la C. E.

Es un hecho patente, que, en algunos muchos casos, quizás demasiados, se dictan resoluciones judiciales que, sin ninguna duda, están fuera de la ley y, encima, en muchos casos, esas resoluciones son irrecurribles, de forma, que solo queda el T. C con su ya estratosférico Recurso de Amparo y/o acudir al TJUE o al T.E.DD.HH.

En estos casos irrecurribles por ley judicial aplicada a fortiori en perjuicio directo del justiciable, la razón de las mismas es una libertad absoluta sin reglas del órgano judicial que las dicta, y, además, como son resoluciones irrecurribles el contenido de las mismas es puro y duro lawfare contra el ciudadano sufridor de las mismas.

DICHO DE OTRA FORMA, LA NEGACIÓN DEL *LAWFARE* DEBE OPERAR EN TODAS DIRECCIONES, PORQUE LO QUE NO PUEDE SER, ES QUE LOS JUECES NO PUEDAN SUFRIR “GUERRA SUCIA JUDICIAL” Y LOS CIUDADANOS JUSTICIALES LO SUFRAN CASI A DIARIO.

2.- Ahora, que todos estamos contra la Ley de Amnistía, hay cosas que no son de recibo, cuando algunos, muchos o pocos, que realizan declaraciones y se manifiestan contra la amnistía y la corrupción,  resulta que en sus centros de poder autonómico y local, vienen realizando “amnistías pequeñitas” a políticos y gestores políticos que malgastan dinero público en empresas públicas que llevan a la quiebra técnica o en proyectos faraónicos fallidos al 100 por 100, porque, por ejemplo, cuando las nuevas corporaciones locales salidas de las elecciones municipales pasadas, lejos de pedir responsabilidades a los dirigentes políticos de las anteriores corporaciones, exigiendo la devolución del dinero de todos derrochado sin mesura y sin producir ningún beneficio público, se limitan a decir, que quieren salvar a esas empresas públicas y a todos sus puestos de trabajo, poniendo dinero público a esos fines espurios, sin reclamar el dinero de todos tirado en gastos superfluos, y, corriendo un velo traslúcido de impunidad en favor de esos políticos manirrotos, olvidándose de exigir cualquier tipo de responsabilidad y de que ese dinero público dilapidado debería ser devuelto a los ciudadanos de a pie, es decir, al pueblo.

Solo por poner un ejemplo: En la Diputación Provincial de Córdoba, ahora gobernada por el P. P., los casos de las empresas públicas Emproacsa  (agua) y Epremasa (basura) son un paradigma de lo que digo, de forma, que si o si, el gobierno pepero ha concedido una amnistía “pequeñita” a los políticos y a sus gestores de la anterior Corporación Provincial del PSOE. Se habla de 50.000.000 de euros entre ambas dos empresas citadas, aunque, como, además, no hay auditorias independientes la cifra es un arcano perverso.

En resumen, el respeto a la ley y el estado de derecho solo obran en una dirección, de forma, que no valen los cambios de sentido y las dobles direcciones según quien sea y por la razón que sea, porque un Presupuesto Borrón para 2024 no merece la pena.

El PP en su “Declaración de Córdoba” se ha pronunciado con rotundidad y con toda la razón contra la amnistía y la corrupción política del PSOE, de manera, que en ello estamos en todos los sentidos, ya que, lo contrario es una simulación contradictoria y rayana en la mentira.

Lo que he expuesto, sin ánimo cerrado, exime de más explicaciones sobre lo que digo, porque no se puede estar con Ley y contra la amnistía del Presidente Sánchez y todos sus comilitones y, a la vez, aplicar amnistías, aunque puedan parecer “pequeñitas”, porque no se puede estar con Dios y con el diablo, ya que. la C. E. y sus derechos y libertades para todos los españoles sin igual y la verdadera división de poderes base de toda democracia no admite caminos paralelos, donde el valor justicia se convierte en una entelequia según de donde sople el viento.

N.BPor una España libre y abierta, donde las libertades y derechos de los españoles sean el pan de cada día para todos, y, donde el valor justicia de la igualdad se encuentre en una ley común de todos nosotros, de forma, que el respeto a la ley por cualquier poder público no tenga recovecos, donde algunos puedan cobijarse con absoluta impunidad.

La negación de la amnistía no puede tener dobles direcciones, que naveguen en favor de viento que sople.

Córdoba, a 10 de marzo de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Diputado del Parlamento de Andalucía – II Legislatura – Secretario del Parlamento de Andalucía por Alianza Popular.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

La Ley III – Gasto público – Derecho a información veraz (No solo gastar, también, explicar)

¿Cuánto cuesta?, aunque, se pueda decir, “que el dinero público no es de nadie”. PUES, ESO.

Estamos en tiempo de elecciones, de manera que hay que inaugurar lo que sea, publicitarlo a voz en grito y abrazarse todos por una obra pública, curiosamente, siempre bien hecha, de forma, que *el costo total, *el presupuesto, *los gastos de mantenimiento y personal y *quien paga quedan en el profundo pozo del olvido, aunque siempre una cosa está clara, lo paga el pueblo soberano, es decir, todos nosotros.

Lo dicho viene a colación, porque se ha inaugurado con trompetas y muchos abrazos la Biblioteca Cántico en Córdoba (Jardines de Agricultura), que comenzó a construirse hace 20 años, que ha tenido un costo final desconocido, que se ignora cuál será su costo de mantenimiento y personal, y, quién pagará todos los gastos de funcionamiento.

Lo que digo, ni mucho menos va contra la Biblioteca, que considero un bien social de gran prioridad, ni contra cualquier otro gasto público necesario y/o conveniente, sino que, pido una información veraz y completa sobre el costo total de la misma y de sus gastos de funcionamiento, ejerciendo mi derecho constitucional consagrado en el art. 20 .1, c. de la C. E. de 1978, que dice:

1.  Se reconocen y protegen los derechos: d). A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

En apoyo de lo que digo, es un hecho “que en cualquier democracia con un Estado de Derecho en vigor” el respeto a la ley y su cumplimiento por todos sus ciudadanos y todos sus poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), es lo único que garantiza el “valor justicia” en la misma.

Lo expuesto, significa, que, en el gasto público, cualquiera que sea su naturaleza y/o finalidad, existe un orden de prioridades y de adecuación de su coste a la realidad económica y social de la sociedad a la que se dirige.

Quizás, un ejemplo me sirva para explicar lo que digo, así:

Si una familia necesita una freidora, estando compuesta la unidad familiar de cinco personas, y, realiza una compra de freidora de para doce personas, por la causa que sea, como puede ser, que esté rebajada de precio, es un hecho patente que esa familia ha hecho una compra excesiva, se mire como se mire, pues es evidente que no necesita esa freidora si no una para cinco personas.

Dicho de otra forma, la unidad familiar ha malgastado su dinero en una compra innecesaria y alejada del resto de sus prioridades de gasto.

Curiosamente, dicho lo anterior, es una realidad, que en España se malgasta por los gestores políticos, con demasiada frecuencia, el dinero público  realizándose obras innecesarias, excesivas y/o de un coste desmedido sin control alguno, que producen al ciudadano de a pie profunda desazón, máxime, además, cuando el gasto se lleva a cabo sin que exista la mínima -información veraz-, de manera, que el dinero de todos no se gasta, sino que se derrocha, y, sin que exista obligación de devolución del importe malgastado  a la bolsa común de todos de donde salió.

Visto lo anterior, me ratifico en “exigir una información veraz” de cualquier gasto público en todos sus aspectos (necesidad, costo real, prioridad, utilidad social, etc. etc.), pues en España el pueblo soberano de a pie está inmerso en un bucle perverso de desinformación por activa y por pasiva, que, se salta sin pudor el estado de derecho y el respeto a la ley.

Es un hecho, que hace falta un movimiento ciudadano abierto, libre y levantado en armas pacíficas para recuperar nuestro Estado de Derecho y el valor justicia de todos los españoles, porque, sin excusa ni pretexto alguno, todo gasto público debe ser sensato, pertinente, necesario, útil y prioritario, lo que implica, además, UNA INFORMACIÓN VERAZ SOBRE EL MISMO AL PUEBLO SOBERANO.

N.BTodo gasto público conlleva el derecho de los ciudadanos a una información veraz, pues no vale solo gastar, también, hay que explicar, salvo, que se acepte, el ya dicho popular de que el dinero público no es de nadie.

Las cosas que están pasado en España demuestran, que peligra el respeto a la Ley y nuestro Estado de Derecho, lo que conlleva que hay que defender todos nuestros derechos y uno de ellos es UNA INFORMACIÓN VERAZ.

Córdoba, a 10 de febrero de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

La ley II – Cosas que pasan (Poder Judicial – Poder Ejecutivo – Derechos Fundamentales)

El otro día decía algo evidente, “que en cualquier democracia con un Estado de Derecho en vigor” el respeto a la ley y su cumplimiento por todos sus ciudadanos y todos sus poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), es lo único que garantiza el “valor justicia” en la misma.

Curiosamente, dicho lo anterior, en los últimos días sean producido varias noticias, que reflejan la realidad de España y que producen al ciudadano de a pie profunda desazón, así, algunas como ejemplo:

1ª.- La Audiencia de Barcelona ratifica la decisión tomada por el Juzgado de Instrucción 7 de enviar a juicio a 46 agentes de Policía Nacional por las cargas del 1-O, mientras el Presidente Sr. Sánchez ofrece amnistía a los agresores de más de 700 agentes

2ª.- El TSJM sentencia que la calle Ferraz no es “área de especial protección” para prohibir manifestaciones, diciendo, además, que el Gobierno buscó un argumento injustificado para cercenar un derecho constitucional de los asistentes a las manifestaciones en Ferraz.

3ª.- El Tribunal Supremo inadmite la querella de VOX contra el ministro del Interior por la actuación policial frente a las concentraciones contra la sede del PSOE, porque el Auto de la Sala dice que “los querellantes no aportan indicio o principio de prueba alguno que pudiera servir de apoyo a la imputación que hacen a la persona aforada”.

Por otro lado, el T. S. dice, respeto a las querellas que se dirigían también contra el delegado del Gobierno en Madrid y, en el caso del sindicato, contra agentes de Policía, que no es competente por no ser aforados ante la Sala.

4ª.- Duras cargas policiales contra los agricultores de Antequera, donde los antidisturbios emplearon gases lacrimógenos y pelotas de goma contra los manifestantes.

*** Visto lo anterior, me ratifico, en que en España el pueblo soberano está sometido a una presión, que le está hundiendo en una confusión perversa, porque, ocurre, ahora, que una carcoma autoritaria (disfrazada de lawfare y en afirmaciones como que el Poder reside en Congreso) está anulando por la puerta de atrás nuestra Carta Magna, y, porque el estado de derecho y el respeto a la ley están en almoneda y en stand by (en espera), llevándose tras de sí la división de poderes.

** La A. de Barcelona, lo explique cómo lo explique, les ha dicho a los españoles, que nada es verdad o mentira y que todo depende del cristal con que se mire, lo que conlleva que la ley y la seguridad jurídica tienen varias puertas de entrada y salida, aunque, desde luego, la cosa esta clara, de forma, que, por ejemplo, -los agricultores de Antequera- y -los ciudadanos catalanes pacíficos del proces- habitan en mundos paralelos diferentes y contradictorios.

** El TSJM ha dicho lo que todos sabemos, que la calle Ferraz no es “área de especial protección”, aunque, los ciudadanos de a pie ya sabemos, también, que para eso está el T. C.

** Las cargas policiales contra los agricultores en Antequera, donde los antidisturbios emplearon gases lacrimógenos y pelotas de goma, se presentan como algo “desproporcionado”, se mire como se mire.

** El Tribunal Supremo, que, por cierto, es la misma Sala 2. del Proces,  ha dicho lo que tenía que decir, aunque, ha señalado el camino: “No había pruebas” y “otros no son aforados”.

(Nota: VOX lo tiene claro, aunque debería cambiar las personas que dirigen su estrategia jurídica).

La conclusión es la ya expuesta, hace falta un movimiento ciudadano abierto, libre y levantado en armas pacíficas para recuperar nuestro Estado de Derecho y el valor justicia de todos los españoles.

N.BLas cosas que están pasado en España demuestran que peligra la división de poderes, quedando por aplicar el respeto a la Ley y la defensa del “Estado de Derecho”.

Córdoba, a 9 de febrero de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

La ley – La carcoma – El ejemplo (lawfare y fachosfera)

En cualquier democracia con un Estado de Derecho en vigor el respeto a la ley y su cumplimiento por todos sus ciudadanos y todos sus poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), es lo único que garantiza el “valor justicia” en la misma.

La Constitución Española de 1978 dice en su art. 1.1., que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Así mismo, en su art. 9. 1. garantiza el respeto a la ley, cuando dice, que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”; diciendo en su número 3., que “la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía jurídicas normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

También dispone en su art. 14., que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Ocurre ahora, que una carcoma perversa disfrazada de lawfare y fachosfera está anulando por la puerta de atrás nuestra Carta Magna, porque el estado de derecho está hundido en su línea de flotación, de manera, que el respeto a la ley ha desaparecido arrastrando tras de si la división de poderes.

Un ejemplo de ahora y de ya: “Los Fiscales T. S. -mayoría abrumadora de 12 a 3- se sublevan contra las imposiciones “extrañas” del Fiscal General del Estado, y, aún, así, la imposición tiene todos los indicios de prosperar.

Lo dicho es el ejemplo palpable, que las fuerzas perversas del lawfare y de la fachosfera están dinamitando la C. E., máxime, cuando una Ministra dice públicamente, que el poder “reside en el Congreso” y, curiosamente, permanece en cargo sin dimitir, a la vez, que los Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo quedan señalados con nombres y apellidos como presuntos prevaricadores.

Así mismo, el ejemplo para todo el mundo de la justicia es demoledor, pues, a partir de ahora,

¿quién puede pedir que se aplique la ley?, y

¿qué Órgano del Poder Judicial se atreverá a aplicarla?

Solo un movimiento ciudadano abierto, libre y levantado en armas pacíficas, puede hacer frente a la carcoma, que está royendo nuestro estado de Derecho y destruyendo el valor justicia de todos los españoles.

Por una Acción X Córdoba Abierta, no queda otra, que la autodefensa y la rebelión pacífica en defensa de nuestra Constitución de 1978.

N.BFrente a la carcoma del lawfare y de la fachosfera solo queda el respeto a la Ley y la defensa del “Estado de Derecho.

El valor justicia es irrenunciable.

Córdoba, a 7 de febrero de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.