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Andalucía – Elecciones V (Desequilibrios políticos)

Los desequilibrios en las elecciones andaluzas no solo se dan en el territorio, en la economía, en el mercado de trabajo, en el empleo, en el paro, en la población, etc., también, aparecen en la política de los partidos en la confección de sus listas cerradas a cal y canto, de manera, que es la hora de la guadaña y de las venganzas incalificables, que demuestran que los partidos políticos andaluces no son democráticos en su “estructura interna y en su funcionamiento”, según impone la Constitución de 1978.

La Constitución en su artículo 6. dice: “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.

Por lo que se está viendo, el respeto a la Ley constitucional no es precisamente el fuerte de los partidos políticos y sus dirigentes mandamases en la confección de sus listas electorales cerradas y vengativas.

La moderación de la que presumen algunos dirigentes, si no tiene eficacia real en las listas electorales, es un indicador de lo que en el futuro recaerá sobre los andaluces; es decir, las políticas de esos hacedores de listas cerradas vendrán trufadas de “profundos desequilibrios”, ya que, si no son capaces de elegir la libertad y la valía personal de sus propios comilitones políticos, optando por el contrario por la sumisión y el apoyo ciego al mandamás, -aviados vamos-.

El Partido Político, que parece hegemónico en Andalucía, ha revelado su idea sobre las listas electorales, de forma, que diputados andaluces de valía personal y política probada están siendo sacrificados en aras de una falsa lealtad, por la única y sencilla razón de que en su momento no apoyaron al jefe moderado, sino que se inclinaron por una opción de creyeron renovadora, aunque después resultara un fiasco.

Está muy claro, que los que votan esas listas cerradas de los partidos que se dicen -moderados- son los andaluces y, aunque esos dirigentes mayestáticos crean lo contrario, es una verdad evidente, que los andaluces somos conscientes de los desafueros, de las imposiciones y de las injusticias, de manera, que a la hora de votar todas esas cuestiones pesan en nuestro voto libre y responsable.

Está claro, que una cosa es hablar y otra dar trigo.

La defensa de la libertad, de la Ley, del Estado de Derecho y de la igualdad no se puede realizar en departamentos estancos, de este si y de este no, sino que la democracia real debe cubrirlo todo, pues lo demás, son zarandajas y brindis al sol.

Sobre este desequilibrio político cabría pedir explicaciones y preguntar a los candidatos andaluces en tiempo de elecciones: ¿Qué criterios han utilizado para elaborar sus listas cerradas? – ¿Si esos criterios se han aplicado en beneficio de Andalucía eligiendo a los mejores y más capacitados?

Hay elecciones en Andalucía y los andaluces votaremos en libertad y con responsabilidad, pero debe quedar claro, que tenemos memoria y criterio propio.

N.B.  En Andalucía hay elecciones y desequilibrios irresueltos, que se muestran de forma relevante y cruel en la política de los partidos en la confección de sus listas cerradas a cal y canto, de manera, que, si los partidos políticos andaluces no son democráticos en su “estructura interna y en su funcionamiento”, según impone la Constitución de 1978, que nadie venda moderación falsa y perversa, pues los andaluces somos cualquier cosa menos imbéciles frente a la mentira.

Sin igualdad real entre los andaluces en todos los aspectos de la política no existe respeto a la Ley ni Estado Social y Democrático de Derecho, de forma, que como hay elecciones a votar en libertad, pues todos sabemos lo que hay, aunque los hacedores de listas cerradas quieran disfrazar la realidad y ungirse de moderados per se.

Córdoba, a 13 de mayo de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Andalucía – Elecciones III (Desequilibrios)

Uno de los problemas olvidados por la Junta de Andalucía (ahora y antes) son los desequilibrios en la CC. AA. andaluza, que se manifiestan en muchas cuestiones o asuntos y que, sin duda, deben ser resueltos con urgencia su queremos avanzar en la igualdad de los andaluces, así que examinaremos, con ánimo abierto, tres puntos de desequilibrio en nuestra CC. AA., aunque existen otros más:

**Empleo y paro.

*-EPA – 1T – 2022

-Relación de la Población con la actividad de 16 años y más años en Andalucía: 7.082.400 personas.

Ocupados: 45,4%.- 3.217.800 personas. Inactivos: 43,6%. – 3.088.700 personas. Parados: 11,0%. – 775.900 personas – Tasa de paro: 19,4%.

*-El paro de la eurozona se sitúa en el 6,8 % en marzo – 22; en U.E. está en el 6,2% y España registra una tasa de paro del 13,5 %.

Los datos expuestos hablan por si mismos, pero como se ve Andalucía se sitúa muy por delante, aunque lo más desesperante son los desequilibrios en el desempleo existentes en Andalucía, así, señalar, Cádiz (La Línea de la Concepción), Jaén (Linares), Almería (El Ejido) donde las diferencias en el empleo y en el paro son enormes.

A pesar de lo dicho, en Andalucía los desequilibrios más perversos se dan en los inactivos, los jóvenes, las mujeres y los mayores de 50 años.

Por ejemplo, de desequilibrio, como se ha señalado, en Andalucía los ocupados son el 45,4%.- 3.217.800 personas y los inactivos son el 43,6%. – 3.088.700 personas, de forma, que siendo la tasa de paro general del 19,4% muy preocupante, si nos fijamos en la proporción de ocupados e inactivos, la desesperanza alcanza niveles inimaginables, aunque si hablamos de la tasa de paro de los menores de 25 años de 36,1%  (hombres 35,3% y mujeres 37,1%) el desequilibrio se convierte en abismo.

Sobre estos desequilibrios cabe preguntar en estos tiempos de elecciones: ¿Qué piensan los partidos y sus candidatos que se presentan? y ¿Cuáles son sus propuestas y medidas al respecto?

**Sector público y sector privado.

En Andalucía el Sector Público, especialmente, los empleados públicos crecen en la Junta de Andalucía, en las Diputaciones Provinciales y en los Ayuntamientos, con múltiples empresas, asociaciones, fundaciones, etc., mientras en el Sector Privado el empleo decrece en proporción al anterior, a la vez, la economía cada día demuestra que se orilla hacia el gasto público, muchas veces improductivo.

Este desequilibrio entre el Sector Público y el Sector Privado se sigue manteniendo por la actual Junta de Andalucía, de manera, que cabe otra pregunta en este apartado: ¿Qué medidas ofrecen los partidos políticos y sus candidatos para equiparar, al menos, esos sectores?

**Equilibrio y desarrollo territorial.

Andalucía es una CC. AA muy extensa, la segunda de España, y dentro de ella territorialmente existen grandes diferencias, de forma, que frente a Sevilla y sus confluencias se presentan desequilibrios a peor con otros territorios y provincias de la CC. AA.

Se habla de Andalucía occidental y de una Andalucía oriental significadas por desarrollos económicos desiguales e inversiones públicas de la Junta de Andalucía discriminatorias según cada parte del territorio andaluz. Dirán que no desde la Junta, pero es una realidad, que esos desequilibrios existen ahora, aunque vienen de lejos, de manera, que no son admisibles diferencias en los territorios y provincias andaluzas.

Este desequilibrio territorial es una realidad perversa que desestructura a la CC. AA. andaluza, de manera, que cabe otra pregunta en este apartado: ¿Qué medidas ofrecen los partidos políticos y sus candidatos para romper el desequilibrio territorial existente en Andalucía?

¿El eje Sevilla y Málaga puede ser el principio y el fin de Andalucía o existen otras posibilidades de igualdad territorial?

Que hay que arreglar este desequilibrio es algo evidente. Pues, ESO.

Ahora hay elecciones andaluzas, que cada uno vote lo que quiera, pues ya todos los andaluces saben lo que hay.

N.B.  En Andalucía hay elecciones, pero, es lo cierto, que se vienen arrastrando desequilibrios como los señalados, que, sin duda, son problemas olvidados por la Junta de Andalucía, ahora y antes.  

Sin igualdad real entre los andaluces no existe respeto a la Ley ni Estado Social y Democrático de Derecho, por la simple razón de que no existe justicia social, económica y política.

Hay elecciones y a votar en libertad, aunque los andaluces ya saben de esos desequilibrios, aunque se quieran esconder: Todos sabemos lo que hay”.

Córdoba, a 4 de mayo de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Andalucía – Elecciones II (Ética y Legalidad)

*Andalucía es la CC. AA. con más personas desempleadas de  España, así, el número total de parados en Andalucía es de 821,6 miles de personas en el trimestre 4 de 2021 y su tasa de paro es del 20,18. (Ver la Encuesta de Población Activa que elabora el Instituto Nacional de Estadística -INE-). No hablo de inactivos, ni de Ertes, de ni empleo precario, ni de empleo por horas para no agigantar el problema y porque no es necesario por ahora, de forma, que con lo dicho sobra.

*De la renta per cápita de los andaluces más de lo mismo y, así, se podría seguir con otros indicadores.

*Por otro lado, en Andalucía estamos en elecciones

*Así mismo, leo en un artículo del digital Voz Populi de 23/04/22 (JOAQUÍN HERNÁNDEZ), “que la Junta de Andalucía ha firmado con el Presidente de la RFEF contratos por valor de  11,5 millones (trece contratos), poniéndose en primera línea el contrato de la Copa del Rey como ejemplo de los numerosos negocios que ha sellado el presidente de la RFEF con el Ejecutivo andaluz:  La Junta paga a la Federación 1,2 millones de euros (1,45 millones con IVA) por cada final de la Copa del Rey en concepto de diferentes formas de “patrocinio” en favor de la marca de Andalucía.”.

No me parece mal, que se promocione Andalucía a través del deporte, pero como ahora hay elecciones vendría bien informar de forma veraz (art. 20.1.d. C. E) sobre esos gastos, y, sobre cuanto se está invirtiendo, por ejemplo, en Andalucía en medidas estructurales contra el paro y para promocionar el empleo.

Aquí aparece una dicotomía entre Ética y Legalidad inexplicable, pues, a simple vista, parece que en Andalucía esos millones al Presidente RFEF son excesivos con la que esta cayendo sobre los andaluces y sobre el Sr. Rubiales por su forma de actuar, de manera, que una explicación pormenorizada en las elecciones de todos esos gastos sumamente oscuros y vidriosos, no sería exigir mucho a los políticos responsables de la Junta de Andalucía.

**A primera vista, esos gastos descritos pueden ser legales, y, lo serán, pero desde un punto de vista ético, con la situación andaluza como está, parecen poco presentables.

**Por otro lado, la legalidad tiene un componente ético insoslayable, para cualquiera quien sea el que se responsabilice de su implantación, que resulta irrenunciable en su aplicación.

Si nadie da una explicación clara, razonable y completa, como ahora hay elecciones andaluzas, que cada uno vote lo que quiera, pues ya todos los andaluces saben lo que hay.

N.B.  En Andalucía hay elecciones, pero sus asuntos sin explicación clara -como el descrito- son numerosos, así que, -una información veraz- al respectosería necesaria y conveniente por los políticos responsables por meras razones de sanidad pública.

Lo expuesto sobre los millones al Presidente de la RFEF es solo un ejemplo de gasto público perverso, donde la legalidad se antepone a la ética, sirviendo de parapeto excluyente de cualquier responsabilidad, pero, sin duda, los casos de despilfarro público, de gasto superfluo, en Andalucía son numerosos y desconocidos, y, no hablo solo de la Junta de Andalucía, sino también de Diputaciones, Ayuntamientos y de todas sus empresas (chiringuitos varios).

La ética, se considere más o menos importante, nunca puede ser algo ajeno a la legalidad, ya que, toda Ley en su aplicación tiene un contenido ético irrenunciable, de forma, que cuando la legalidad aplicada se aparta totalmente de la misma, se produce una aplicación de la ley contraria al Estado Social y Democrático de Derecho y a los principios esenciales que consagra la Constitución.

No existen los principios de legalidad ni de respeto a la Ley que no tengan un componente ético irrenunciable.

Hay elecciones y a votar en libertad, pero que nadie se llame a  engaño:  “Todos los andaluces sabemos lo que hay y lo que no hay”.

Córdoba, a 24 de abril de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Respeto a la ley – Poderes Públicos (Letrados de la Administración de Justicia – Principio de exclusividad jurisdiccional)

(1) La Constitución garantiza los principios de legalidad y de respeto a la Ley por los poderes públicos, así:

[*Artículo 9. Respeto a la ley. 

1.  Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

*Artículo 10. Respeto a la Ley.

1.  La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son persona      inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

*Artículo 103. Respeto y sometimiento a la Ley.

1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

*Artículo 117. Respeto a la Ley y principio de exclusividad jurisdiccional.

1.  La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del de la justicia     Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

3.      El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.]

***Así mismo, el T. C. ha dicho: “Que el «respeto a la ley» es el  fundamento del orden político y de la paz social”.

{Ver. T.C. Pleno. Sentencia 17/2013, de 31 de enero. Recurso de inconstitucionalidad 1024-2004: El Tribunal Constitucional (FJ 5) se apoya en el «respeto a la ley», como fundamento del orden político y de la paz social (art. 10.1 CE), para avalar la obligación de respetar el ordenamiento jurídico (en este caso, la legislación de extranjería). Así, conforme al art. 10.1 CE, «el respeto a la ley, esto es, el mantenimiento y preservación de una situación preexistente creada por las normas mediante las cuales se regula una determinada actividad o ámbito, es uno de los fundamentos del orden político y de la paz social» (STC 160/1999, de 18 de julio, FJ 11), aunque tan «sólo permite restricciones limitadas, controladas y ciertas sobre otro bien constitucional» (STC 292/2000, FJ 11) de manera proporcional al fin legítimo perseguido y siempre que sea respetuoso con el contenido esencial del derecho fundamental restringido (SSTC 57/1994, de 28 de febrero, FJ 6; 18/1999, de 22 de febrero, FJ 2)”.}

(2)  Ocurre, sin embargo, con demasiada frecuencia, que los Poderes Públicos se saltan el “respeto a la Ley constitucional” con variados pretextos y justificaciones, que en muchos casos son inaceptables, aunque el español de a pie se encuentra indefenso y cuando puede reclamar, encima en la mayoría de las ocasiones tiene que pagar por recurrir, lo que ya deviene en una injusticia manifiesta, siendo abuso sobre abuso, quedando, además, los responsables impunes, pues parece que gozan de inmunidad en sus irresponsables decisiones.

Los casos son innumerables, tanto del Gobierno Central como de las CC. AA. y del resto de las Administraciones Públicas, incluido el Poder Judicial, de forma, que enumerarlas todas resulta imposible, aunque nadie puede olvidar hechos del Gobierno como la llamada “amnistía fiscal” del Presidente Rajoy o el confinamiento del Presidente Sánchez, razón por la que en -todos casos se cuecen habas-, de manera, que este pequeño comentario va dirigido a los Letrados de la Administración de Justicia (antiguos Secretarios) que excediéndose en sus competencias con sus resoluciones invaden la función jurisdiccional (vulneran el principio de exclusividad jurisdiccional), queda lo dicho. Sus Diligencias de Ordenación y Decretos es cierto, que pueden ser recurridas en reposición y/o en revisión, pero lo cierto es, se estime la reclamación o no, que el recurrente particular se ve obligado a realizar el inevitable depósito previo en la cuenta del Juzgado para recurrir.

Dos puntos se cuestionan en este pequeño artículo:

1.- Cuando la resolución del Letrado/a de la Administración de Justicia vulnera el principio de legalidad y se salta el respeto a ley sobrepasando sus competencias e invadiendo la función jurisdiccional, siempre hay que acudir al recurso legal, de forma, que aquí existe una norma claramente mejorable, pues debería bastar, con que la parte interesada presentara un simple escrito denunciando ante el Juzgador el hecho y la mera sospecha de la infracción cometida, posibilitando que el Órgano Judicial competente decidiera según la Ley.

La falta de respeto a Ley constitucional en el caso señalado adolece del imperativo de la falta de igualdad, ya que, cuando el particular recurre, sobre todo si se trata de la Administración Pública, está entablando y luchando a sus expensas contra múltiples resoluciones públicas contrarias a sus intereses, lo que, implica privilegios para las administraciones afectadas (poder ejecutivo y poder judicial), pues no solo hay que recurrir, sino que también hay que pagar previamente.

2.- El pagar previamente por recurrir una resolución del Letrado/a de la Administración de Justicia debería ser eliminado, salvo casos extremos, de temeridad o mala fe, y, siempre, a posteriori, de la decisión judicial.

El actual sistema de recursos contra las resoluciones de los Letrado/as de la Administración de Justicia está ideado contra los ciudadanos de los que emanan los poderes del Estado, por la simple razón, de que, si el poder procede y nace del Pueblo, romper la igualdad y el principio de legalidad, exigiendo condiciones máximas al particular de a pie, mientras los Poderes Públicos quedan eximidos previamente del respeto a la Ley, destruye los principios que fundamentan nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.

CONCLUSIÓN: En el respeto a la Ley no puede haber atajos, desigualdades ni privilegios, máxime, cuando se enfrenta el ciudadano de a pie por un poder público, sea el que sea, a la vez, que deben desaparecer las desigualdades y privilegios en favor de los poderes públicos.

N B. El respeto a la Ley por todos los Poderes Públicos es una de las bases de nuestra Democracia y de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, y, sin duda, los Letrado/as de la Administración de Justicia no pueden ser una excepción, de forma, que cuando sus resoluciones desconocen el principio de exclusividad jurisdiccional, aunque sea solo en mera apariencia, sus decisiones deben ser anuladas por un procedimiento judicial caracterizado por su simpleza y sin necesidad de coste previo para el ciudadano de a pie.

La resoluciones de lo/as Letrado/as de la Administración de Justicia que sobrepasen, aun en mera apariencia, sus atribuciones legales, fijadas en la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial (en adelante, Ley 13/2009), que distingue entre aquellas resoluciones procesales que deben dictarse necesariamente por Jueces o Magistrados, deben ser anuladas de raíz, ya que ello/as no forman parte del poder judicial.

Las resoluciones que deban dictarse por Letrado/as Judiciales, sin excepciones de tipo alguno, estarán en su esfera de competencia, de forma, que nunca sus decisiones procesales a adoptar, puedan afectar a la función estrictamente jurisdiccional (exclusivamente atribuida a los Jueces y Tribunales), invadiendo la función jurisdiccional que solo compete al Juzgador.

La realidad diaria en los Juzgados y Tribunales, en demasiados casos, es que, las resoluciones de los Letrado/as de la Administración de Justicia adolecen de falta de respeto a Ley, ya que, sobrepasan sus competencias, siendo el coste de los recursos contra ellas, además, una injusticia, que consagra una desigualdad contraria a la Constitución Española de 1978.   

Córdoba, a 15 de abril de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Adivinanza política: Además de misóginos contra la Constitución (fácil de resolver)

Esta es una cuestión de principios y de respeto a los derechos y libertades que garantiza la Constitución Española, ya que, si las cúpulas dirigentes de los Partidos ignoran el estado de derecho,  destrozan derechos fundamentales, rompen la igualdad de los españoles y martirizan intentando someter cautivos a los que disienten (sobre todo si son mujeres), es un imposible, que los españoles podamos votar a esos partidos misóginos y liberticidas.

Al mismo tiempo, es casi imposible caer en error tras error de ese calibre sin buscarlo intencionadamente o ser un necio papanatas, así:

**  Según el Diccionario de la RAE misoginia es: Aversión a las mujeres.

** La Constitución Española vigente de 1978 dice en su artículo 6: Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

En España hay un Partido Político cuya cúpula dirigente, *tiene aversión a las mujeres y, además, *en su estructura interna y en su funcionamiento no es democrático.

Es público y notorio, que tiene dos cargos públicos desempeñados brillantemente por dos mujeres, a las que su cúpula dirigente está machacando sin piedad, ante el silencio cómplice de muchos voceros silentes -sometidos y sometidas- (todos estos, también, son responsables). Todos saben sus nombres -Cayetana e Isabel- y encima a las dos les abren un expediente torticero, esgrimiendo amenazas de todo tipo y rigor.

En la democracia española regida por el Estado de Derecho constitucional, si alguien y, a mayor inri, cualquier autoridad o responsable público sugiere tener datos fiscales y bancarios sobre la supuesta comisión de un ilícito penal o administrativo para eso están los Juzgados de Guardia y las Autoridades Administrativas competentes, lo demás es llenarse de porquería el que habla -tira la piedra- y esconde la mano; de forma, que exigirle, además, públicamente a una persona, sea quien sea, que aclare un ilícito públicamente sin acudir a la justicia a denunciarlo, es una bajeza tremenda y supone el incumplimiento de un deber, que está tipificado como delito en el Código Penal.

Está visto, que los derechos fundamentales, como la presunción de inocencia, el derecho de defensa, el derecho a la prueba, etc. les importan una higa, pues creen firmemente, que son impunes y están por encima del bien y del mal, pues las obligaciones son para el Pueblo.

El máximo responsable del partido ha dicho: {A mí me llegó una información a finales de diciembre con datos fiscales y bancarios, se podría inferir que venía de una institución pública}. Según el mismo responsable, la información emanaría de entidades públicas, datos -de posibles transferencias y datos fiscales-.

Si es verdad lo dicho, nos encontramos con algo gravísimo y la Justicia debería intervenir de oficio, por no hablar de la AEAT-Hacienda y la Agencia Española de Protección de Datos.

Debe quedar claro, que esos dirigentes misóginos, trileros, atrabiliarios y  amenazantes son repudiados por cualquiera, que crea, que todas las mujeres, sin exclusión alguna, merecen todos los respetos y aprecios sin ninguna distinción y siempre, máxime, cuando, a mayor inri, destacan por sus propios méritos y capacidades, situándose por encima de esos dirigentes espurios, que las persiguen y amenazan sin pudor ni vergüenza. Además, que sin  acatamiento a la Constitución y a sus derechos y libertades no existe democracia ni estado de derecho.

La solución a la adivinanza es fácil y clara, de manera, que como se dice ahora en España: Pues, ESO.

N.B. La adivinanza política es fácil, ya que, los dirigentes misóginos e inconstitucionales de ese partido político se han retratado y, sin duda, están contra las mujeres y la Constitución a la vista de todos, de forma, que es sencillo y diáfano de vaticinar.

Lo más indignante, lo peor de lo peor, es que, los muñidores responsables del latrocinio a los españoles creen firmemente que el pueblo es tonto de capirote, que son impunes y que pueden hacer lo que quieran, aunque seguro que se equivocan, si no que esperen a las elecciones y vean votar al pueblo ese, que ellos creen tontorrón sin solución. Entonces verán, que los votantes son demasiado inteligentes para ellos y que su poder delegado por el pueblo declinará para siempre, siendo sustituidos por otras personas, que esperemos sean ejemplares y trabajen con el bien común, erradicando la búsqueda de todo beneficio personal dañino para España a través del ejercicio perverso de un poder, que nunca les ha pertenecido.

La conclusión, resuelta la fácil adivinanza, es que muchos españoles sienten lo mismo: profundo asco y vergüenza por haberlos votado y/o apoyado de alguna forma, los que lo hayan hecho.

Espiar durante meses a una persona, preparar y filtrar un expediente con datos personales fiscales y bancarios, decirlo públicamente en un alarde de torpeza infinita, y, encima, cuando esa persona se defiende, se le abre un expediente torticero sancionador y, además, todo sin prueba de clase alguna, es un hecho de una gravedad extraordinaria, que merece el máximo reproche de cualquiera, aunque resulta indignante para el español de a pie, que no pase nada, quizás porque son mujeres de las llamadas de derechas.

Los defensores de los derechos y libertades que ocupan cargos públicos (eurodiputados, diputados, senadores, parlamentarios autonómicos, concejales, diputados provinciales, etc.) y las Instituciones Públicas de la Justicia y de todas las Administraciones, hay que preguntar a voz en grito:

¿Dónde están y por qué no hacen nada?

Quizás, las listas abiertas y por distritos ayudarían a eliminar la podredumbre política, que el sistema de listas cerradas conlleva, aunque algo debe quedar claro, que los voceros silentes ante el abuso son, también, responsables de la inmundicia.

Córdoba, a 19 de febrero de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.