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Semejanzas perversas – Polonia – la Comisión Europea – U. E. – España – P.P. (desigualdad – tiros en los pies – disenso)

Por un lado, la U. E., comandada por la Presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha decido que Polonia y los polacos son fáciles de someter a sus dictados de desigualdad, tratando de imponer las normas de un estado de derecho donde sus leyes se imponen según quien, además, con una prepotencia insultante para Polonia. No existe la menor duda, que la C. E. de D.ª. Úrsula se ha metido un tiro en los dos pies, ya que, la U. E. es consenso e igualdad no desigualdad y disenso.

Por otro lado, en España el Presidente de un Partido, que quiere reinar, ha decidido para ello, pegarse dos tiros uno en cada pie, tratando de imponer por la fuerza (que, por cierto, no tiene) la desigualdad y la discrepancia entre las CC. AA. en las que gobierna, además, desde una postura misógina inaceptable; de forma, que todas las presidencias del partido en esas CC. AA. las ostentan sin discusión el Presidente del Gobierno de cada una de ellas, sin embargo, la única mujer que gobierna una Comunidad Autónoma, además, con gran acierto y apoyo unánime de sus votantes, se le impide con toda clase de tretas, zancadillas y maniobras obscenas de todo tipo y color ser la Presidenta del Partido en su C. C. A.A., que, a mayor inri, está, también, marcando el camino hacia la Presidencia del Gobierno de la Nación al Presidente del Partido, que quiere reinar.

Las semejanzas en los dos casos son evidentes por su ceguera, su maldad y su estulticia, ya que, en los dos supuestos descritos con holgura clarividente, los tiros en ambos pies de cada uno de ellos son idénticos y perversos para ellos mismos.

Seguramente, se puede ser más negado, pero, sin duda, es imposible ser más necio.

Desde una posición de poder inane y autodestructiva, se ha sustituido -la igualdad por la desigualdad-, -el acuerdo por el disenso- y -la unidad ganadora por la división y el desacuerdo inútiles y perversos-.

Finalmente, poner de manifiesto: “Que la responsabilidad siempre es de la persona que tiene el poder”; dicho de otra forma: Del que manda.

N.B. Las semejanzas, entre el caso de Polonia y la Comisión Europea – U. E., y, entre el caso de España -CC. AA. Madrid- y el Presidente del Partido, que quiere reinar, son perversas y dañinas, suponiendo desigualdad, disenso y un auto tiro en los dos pies por los propios mandamases del desaguisado.

La igualdad ante la ley y el respeto a la misma por todos son las bases del Estado de Derecho de la U. E. y de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en la Constitución Española, de forma, que la desigualdad perversa puesta de relieve en ambos casos, supera cualquier comparación y comentario, que se quiera hacer, entrando en el disparate de la autodestrucción.

En los dos casos expuestos es posible, sin mucho esfuerzo, llegar a un acuerdo, aunque ello exige menos prepotencia del que cree que tiene el poder, concediendo un atisbo de confianza a la parte que se considera más débil, ya que, un acuerdo siempre supone rebajar un poco las posiciones, partiendo de la base, que destruir a la otra parte nunca es una solución beneficiosa para nadie y, además, nunca da resultado.

Córdoba, a 31 de octubre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S. 

La ejemplaridad y la ética (valores en desuso)

En estos días se renuevan el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo solo para empezar entre los partidos políticos dominantes (P.P. y PSOE), quedando fuera el C. G. P. J., que es el premio gordo del control del Poder Judicial.

Sobra aquí cualquier comentario, ya que, los españoles saben de sobra de que va todo el asunto, al tratarse simple y llanamente acabar con una verdadera división de poderes, entre otras cosas, porque, a mayor inri, en España no existen contrapoderes, que equilibren el sistema.

 Así mismo, ciertos valores como la ejemplaridad y la ética, que podrían servir de contrapeso, aparecen como algo hoy superado por la realidad diaria que se ve, con muy malas consecuencias para los españoles de a pie, así:

** La ejemplaridad se concebía como un valor, siendo en muchos casos una obligación, de forma, que había que comportarse en público de una determinada manera, equiparable a la posición o cargo que se tenía.

Es un hecho cierto, que la situación personal conlleva (o debe implicar) ciertas obligaciones en todos los sentidos, ya que, no es igual que un juez o un político electo defienda una ilegalidad públicamente, que, si lo hace una persona sin responsabilidad profesional o iletrada, ya que, a los primeros le son exigibles actitudes respetuosas con la ley por su posición o su puesto, cosa que no es igualmente obligatoria para los segundos, especialmente, por sus consecuencias hacia los demás.

Desgraciadamente, en estos momentos, la ejemplaridad como parte de la excelencia, en aras de una igualdad perversa, ha pasado a formar parte de la historia, que, además, todos parecen olvidar, porque es patente que se quiere tener el privilegio y la igualdad a la vez (es decir, el santo y la limosna), cuando está muy claro, por ejemplo, que un político aforado no es igual que un ciudadano de a pie ante la justicia: “Hoy mismo todos los españoles lo están viendo publicitado en primera plana”.

** Igualmente, la ética, en días de ubicuidad de personas relevantes, ha perdido su valor de principio de validez universal, respetado por todos y exigible a todos, siempre en función de su situación personal.

En el plano judicial, solo por incardinar nuestro comentario en algún sitio preminente, decir, que en su día se aprobó un Código de Ética Judicial, que sintéticamente conviene recordar, aunque parece que a muchos se les olvida o bien soslayan sus principios de una u otra manera, así:

<< PRINCIPIOS DE ÉTICA JUDICIAL

(Texto final acordado en la sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2016)

Preámbulo.

Estos “Principios de Ética Judicial” aspiran a recoger los valores y reglas de conducta compartidos por la judicatura española. Pretenden servir de guía en el desempeño de la jurisdicción y promover el diálogo colectivo y la reflexión personal sobre los retos a los que se enfrentan quienes la ejercen, en un marco legal y social complejo y cambiante. Se proponen, además, fortalecer la confianza de la ciudadanía en la justicia al hacer explícitos los modelos de comportamiento con arreglo a los cuales jueces y juezas se comprometen a cumplir sus funciones.

La ética judicial es la promesa de una justicia buena en cuanto incorpora las cualidades necesarias para lograr el fin que le asigna la Constitución: la tutela de los derechos de la ciudadanía.

Principios. 

* Independencia.

La independencia judicial es un derecho de todo ciudadano y ciudadana cuya protección y defensa forma parte inexcusable de los deberes profesionales del juez y de la jueza, y no un privilegio personal de su estatuto.

* Imparcialidad.

La imparcialidad judicial es la ajenidad del juez y de la jueza respecto de las partes, para con las que han de guardar una igual distancia, y respecto del objeto del proceso, con relación al cual han de carecer de interés alguno.

El juez y la jueza no pueden mantener vinculación alguna con las partes ni mostrar favoritismo o trato preferencial que ponga en cuestión su objetividad ni al dirigir el proceso ni en la toma de decisión.

 La imparcialidad impone una especial vigilancia en el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades de las partes y demás intervinientes en el proceso.

La imparcialidad impone también el deber de evitar conductas que, dentro o fuera del proceso, puedan ponerla en entredicho y perjudicar la confianza pública en la justicia

El juez y la jueza han de velar por el mantenimiento de la apariencia de imparcialidad en coherencia con el carácter esencial que la imparcialidad material tiene para el ejercicio de la jurisdicción. 

* Integridad.

La integridad exige que el juez y la jueza observen una conducta que reafirme la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia no solo en el ejercicio de la jurisdicción, sino en todas aquellas facetas en las que sea reconocible como juez o jueza o invoque su condición de tal.

El juez y la jueza en sus relaciones personales con los profesionales vinculados a la Administración de Justicia deberán evitar el riesgo de proyectar una apariencia de favoritismo. >>

*** Para finalizar, es público y notorio, que personas significadas ignoran la ejemplaridad y la ética de muchas formas y maneras, así por poner solo un ejemplo: Muchas personas relevantes, en un alarde de ubicuidad y sin pudor, pasan sin pausa alguna del poder ejecutivo a esferas del mundo de la justicia”.

Se mire como se mire, en estos casos entra en crisis la división de poderes, no siendo ejemplos para nadie, especialmente, para el ciudadano de a pie, aunque, siempre conviene recordar, que hablamos de principios de validez universal, como sin duda son los de ética y ejemplaridad.

N.B.  La ejemplaridad y la ética son valores en desuso, pero, sin duda, sus consecuencias son y serán perversas para todos, aunque algunos muchos defiendan equívocamente y de forma interesada su dualidad privilegiada como una idea de justica y libertad, porque, simplemente, no es verdad, sino una mentira corrupta y depravada

La igualdad de los españoles consagrada en la Constitución es por lo que se ve una fantasía.

La desigualdad puesta de manifiesto y el olvido de principios de validez universal,  los perciben una gran mayoría de españoles, que se dan cuenta de esa diferencia que existe entre ellos mismos y sus representantes elegidos por ellos, razón por la que, la desconfianza, la incertidumbre y desigualdad se están apoderando de nuestras libertades y derechos.

Córdoba, a 22 de octubre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Igualdad ante la ley – IV – Jueces y Fiscales (desigualdad con los abogados)

La desigualdad entre abogados y fiscales en los actos del juicio es manifiesta, y, sin duda, encierra una corruptela legal, que todos sabemos que existe.

Como me ha vuelto a pasar, esta vez, quiero escribir algo ante el trato de favor que reciben los fiscales en los tribunales y juzgados (que conste que no en la mayoría afortunadamente), que contrasta en demasía con el trato que reciben los abogados de esos mismos jueces y tribunales, así, es un hecho probado y patente, que desgraciadamente, en muchos casos, demasiados, los fiscales están posicionados en un plano de superioridad respecto a los abogados, que intervienen en los juicios.

Es casi inevitable, se diría corriente, que cuando un abogado entra en la Sala del Juzgado o Tribunal, se suele encontrar al Fiscal departiendo con el Juez o Tribunal, que en pura lógica estarán hablando del juicio a celebrar. Se me dirá que no es así, aunque un ejemplo de igualdad de trato en estrados entre fiscal y abogado desde luego no es. Sin ser malintencionado, en estos casos, la apariencia de imparcialidad del Juez o Tribunal, se puede afirmar, que -queda en entredicho-.

En el derecho español el asunto está muy claro en la ley, por un lado está el poder judicial, por otro el poder ejecutivo representado por el fiscal y por otro el abogado, es más, la Constitución Española no deja lugar a duda sobre lo dicho, de manera, (i) que el Juez o Tribunal es independiente como representante de unos de los poderes del Estado; (ii) que el Fiscal es el defensor de la ley dependiendo jerárquicamente de la Fiscalía General del Estado, que ya se sabe quién la nombra (pues -eso-); y, (iii) que el abogado defiende a su cliente de conformidad con la ley.

Es evidente, que el Juez o Tribunal con todas las garantías de independencia, imparcialidad y sujeción a la ley dirige y ordena el proceso y tiene la última decisión como poder judicial; por otro lado, el Fiscal y el Abogado que defienden la ley y la justicia del pueblo soberano en estrados tienen los mismos derechos, de forma, que en aras a la justicia de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, la igualdad de armas en el proceso entre ellos es algo indiscutible, siempre observando la ley y sometidos ambos a la autoridad del Juez o Tribunal.

Lo expuesto, es la teoría que, desgraciadamente, no siempre se cumple, quizás demasiadas, porque, se quiera admitir o no, es un hecho repetido, patente y probado, que, en apariencia, al menos, el fiscal aparece en posición de preeminencia en estrados, además, a veces, se le permiten cosas que de ninguna forma se admiten cuando se trata del abogado.

Lo cierto es, que eso sucede, de forma, que la pretendida igualdad entre fiscal y abogado que la Constitución garantiza aparece diluida en el polvo del camino, aunque, también, es cierto, que el abogado respetuosamente puede hacer ver al Juez o Tribunal esa situación paralegal y anómala, que suele ser aceptada mayoritariamente por el juzgador, aunque, evidentemente, hay casos en que no, razón por la que los abogados prudentemente, aunque equivocadamente, dejan pasar la cuestión por muchos motivos, como pueden ser, -la creencia de que si protestan perjudicaran a su cliente-, -el respeto excesivo al Juez o Tribunal que le hace no querer molestar al juzgador-, etc. etc.; sin embargo, lo único cierto es que si el abogado, ante hechos parecidos a los expuestos, que rompen la igualdad y la equidad del proceso, no protesta debidamente al Juez o Tribunal, están haciendo dejación de sus funciones y perjudicando a su cliente, que en definitiva es el Pueblo Soberano.

Lo dicho, es una falta de respeto a la ley, diluyéndose la vigencia del principio de legalidad constitucional con un reflejo perverso en –la igualdad ante la ley-, que está bajo mínimos en España, aunque nadie puede olvidar, que la C. E. sus arts. 9 y 10 consagra -el principio de legalidad- y -el respeto a la ley-, culminando su declaración con el art. 14, que dice, que los españoles son iguales ante la ley.

Lo expuesto sobre los fiscales y los abogados, se quiera admitir o discutir su existencia real, es un hecho cierto y doloroso, contrario a nuestro Estado Social y Democrático de Derecho regido por Constitución, que nos vincula a todos si excepciones.

Los hechos puestos de manifiesto, es evidente, que pueden tener variables, pero existir existen, y, curiosamente siempre el perjuicio se produce contra el Pueblo Soberano, razón por la que se repite la misma pregunta:

¿los españoles son iguales ante la ley?

Según la Constitución cualquier asunto, en virtud de la libertad de expresión, es opinable y/o criticable en libertad y con respeto, de manera, que no se descarta, que algunos abogados piensen que la igualdad es real en estrados entre fiscales y abogados, aunque, sin la menor dudad, una gran mayoría de abogados españoles dirá que no es asíque la Constitución no se cumple: “ley no es igual para todos”.

Las consecuencias de esa desigualdad son y serán nocivas para los españoles y para los tres poderes del Estado, aunque, a veces, cuando uno está con la toga puesta, se siente una desazón profunda, cuando hechos parecidos se producen, siendo cierto, que la mayoría de Jueces y Tribunales siguen respetuosos la Ley y los Criterios aprobados sobre la Ética Judicial.

Para finalizar, no ayuda a cambiar el tercio, que en España jueces y fiscales aparecen en público unidos en defensa de asuntos parecidos, pero olvidando, que esa imagen de unidad confunde al pueblo soberano, que asimila ambas instituciones, de forma, que después tiende a confundir los dos poderes del Estado, -Poder Ejecutivo- y -Poder Judicial-.

N.B.  La igualdad ante la ley de los españoles es por lo que se ve un mundo lejano y sin remedio, ya que, como se ha dicho, la igualdad ante la ley de Abogados y Fiscales se asemeja a un mundo de fantasía. Si alguien lo pone en duda, que pregunte a cualquier abogado.

La desigualdad puesta de manifiesto entre abogados y fiscales, la perciben, no solo los primeros, sino que, también, una gran mayoría de españoles de dan cuenta de esa diferencia que existe entre su abogado y el fiscal, razón por la que, la desconfianza, la incertidumbre y a la pérdida de seguridad en la justica se materializan en el pueblo.

Córdoba, a 15 de octubre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

S. S. – Pensiones – Sector Público y Sector Privado – Sociedad Civil – Fondos Europeos (impuestos -desigualdad – rotura – reparto)

Cuatro asuntos llaman la atención ahora en España, y, ninguno parece bueno para los españoles, pues todo se reduce a más: -presión impositiva-, -desigualdad-, -rotura- y -reparto desigual-, además, se llevan a cabo las distorsiones sobre los derechos y libertades de los españoles, a base de falta de -transparencia-, de -información veraz- y de -vulneración de la Ley-.

Simplemente, se trata de correr un tupido y vidrioso velo sobre la verdad, aplicando políticas de ideologías excluyentes de forma unilateral, de manera, que se *disfrazan los problemas dilatándolos en el tiempo, *desequilibrando la igualdad entre lo publico y lo privado, *colando más imposición fiscal, *rompiendo la sociedad civil y *creando un sistema de reparto de los fondos de recuperación de la U. E. opaco y discriminatorio, dominado por meros criterios políticos arbitrarios y unidireccionales, regido por el mantra progresista:  todo para unos pocos y el resto para la mayoría sumisa y cautiva.

Señalaré esos cuatro asuntos, lo que no implica que haya otros de parecida importancia:

1.- La Seguridad Social y sus pensiones cuya reforma fallida se anuncia, a base de asociar las subidas al IPC, más impuestos y eliminando el factor de sostenibilidad del sistema, trasladando el problema a 20 años.

2.- La desigualdad creciente entre Sector Público y Sector Privado, que alcanza ya niveles preocupantes en todas las ratios, que se pueden analizar.

3.- Despedazamiento continuo de la sociedad civil, mientras el poder público ocupa su lugar.

4.- Reparto de los Fondos europeos, donde rige la opacidad y la falta de información veraz, ya que, la propia Airef acusa al Gobierno de falta de transparencia con los fondos europeos, de manera, que ve -muy difícil- poder estimar el impacto que van a tener los fondos en el PIB, porque no se conocen los detalles de lo que planea el Gobierno.

* En relación con el primer punto, según se está filtrando por los canales oficiosos, la reforma se concretaría –en un blindaje de la revalorización de las pensiones-, que quedan ligadas al IPC, –en una supresión del factor de sostenibilidad- que iba ligado a la esperanza de vida, y, –en una subida de impuestos- para lograr un pretendido equilibrio financiero de las cuentas de la S. S.

Si esa es la reforma, sin duda, existe una amenaza cierta sobre la viabilidad futura del sistema de protección pública, que es uno de los pilares de nuestro estado de bienestar.

* En relación con el segundo punto, el muro, que ya hay levantado entre el sector público y el sector privado, se acrecienta, existiendo dos mundos paralelos desiguales, donde las diferencias son cada vez mayores en todos los sentidos; de manera, que se están produciendo faltas de equidad entre los dos mundos, de los que nacen dos sociedades desiguales: donde unala pública, no nota la crisis y mantiene su nivel de vida e incluso lo acrecienta, mientras, la otra, la privada, se va hundiendo en la pobreza y la ruina, sin que se vean, al menos, indicios de que se intenta reconstruir la igualdad.

La nota discriminatoria más importante, resideen que los poderes públicos forman parte de una de esas sociedades, y, de ninguna forma, por lo que se ve, están dispuestos a bajarse sus privilegios y sus retribuciones sagradas para favorecer a la otra parte camino de la ruina y, además, la privadasi seguimos este camino en dirección contraria, está en riesgo de desaparecer, al menos, tal y como ha venido siendo hasta ahora, que ha proporcionado muchos años de prosperidad, libertad y bienestar a sus ciudadanos.

Como ejemplo de lo dicho:

@España ya ha superado la cifra de empleados públicos de la democracia, mientras el sector privado decrece en todos los sentidos, siendo cada vez más pobre y de menor entidad económica y social. A título de ejemplo, un dato, el número de asalariados del sector público ha alcanzado en el cuarto trimestre 2020, la cifra de 3.379.100 de personas con nómina a cargo del contribuyente, sin que exista paro en este sector, que se traslada en su integridad al sector privado.

@Así mismo, las retribuciones de los empleados públicos, ya superan en un 20% los salarios de los empleados del sector privado.

* En relación con el tercer punto, es una realidad inquietante la ruptura de la sociedad civil, mientras el poder público ocupa su lugar.

En España la sociedad civil y sus asociaciones y articulaciones se están deshaciendo, merced a una política extremista de tintes colectivos, que no admite otras realidades que las suyas, dirigiéndose sin pausa, día a día, a asfixiar todo aquello que no controlan o se representa como algo diferente a sus ideas autoritarias.

Desaparecida la sociedad civil, solo quedarán las asociaciones tuteladas desde lo público, con un aumento del gasto innecesario e improductivo, que se cubrirá, en una huida hasta donde se llegue, a base de más impuestos a los españoles, con emisiones de deuda hasta el límite, y, empobrecimiento paulatino del sector privado.

* En relación con el cuarto punto, es otra realidad preocupante, la absoluta falta de transparencia y de información veraz sobre el reparto de los fondos europeos.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha acusado al Gobierno (Comisión de Hacienda del Congreso), de falta de transparencia con el Plan de Recuperación en el que se determina (eso dicen), cómo se van a gastar los 72.000 millones de euros en transferencias de los fondos europeos; de ahí, que la Airef vea –muy difícil– poder estimar el impacto que los fondos van a tener en la recuperación económica, ya que, aprecia –incertidumbre– respecto al Plan de Recuperación, al faltar en el mismo los objetivos fiscales, cuyo conocimiento sería necesario e imprescindible.

N.B.  Cuatro asuntos llaman la atención ahora en España, y, ninguno parece bueno para los españoles: *S. S. – Pensiones – *Sector Público y Sector Privado – *Sociedad Civil -, y, *Fondos Europeos, pues, solo se ven realmente dificultades futuras para el sistema de S. S., más impuestos, más desigualdad, rotura progresiva de la sociedad civil y un reparto opaco y arbitrario de los fondos de recuperación.

Sin igualdad y sin seguridad jurídica la confianza de los ciudadanos desparece, y, sin duda, son los pilares de cualquier recuperación en libertad y armonía dentro de la Ley, que debe ser respetada por todos, especialmente, por los poderes públicos. La arbitrariedad en el ejercicio del poder es lo contrario al estado de derecho en una democracia plena.

La Constitución y sus derechos fundamentales consagrados, como la libertad de expresión y el derecho a una información veraz, son el armazón de nuestra libertad y de nuestro Estado de Derecho.

Cualquier actuación arbitraria de los poderes públicos, que viole el principio de legalidad y nuestras libertades, socaba el estado de derecho constitucional, destruyendo el fundamento del orden político y de la paz social en la democracia española.

Córdoba, a 1 de julio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Paro en Andalucía II – mejorar o seguir cayendo (obstáculos, reformas y participación social)

En estos días de incertidumbre política volcados todos en Cataluña (con el corazón y la concordia), se olvida como siempre a Andalucía, se olvida por tanto al desempleo en Andalucía, que es un problema irresuelto,  permanente, con el que convivimos históricamente los andaluces, de manera, que tenemos enquistada por el olvido una realidad perversa, que se pone de relieve, aún más, en ciertos colectivos, en zonas concretas y en determinados sectores productivos, dando lugar, además, a una preocupante desigualdad, así, se olvida:

* La dura realidad de trabajadores jóvenes, mujeres y mayores de 50 años.    

* La existencia de inactivos que no buscan trabajo. (88.450).

* A los parados que no han trabajado nunca. En Andalucía su número asciende, aproximadamente, a 118.200 personas, que supone un 12% de parados en Andalucía.

* A los parados de larga duración en número de 377.400 en Andalucía y, de estos, 210.4.m son mayores de 50 años

* A los andaluces mayores de 45 años, que no han trabajado nunca (36.300).

* A los subocupados. Son los trabajadores, que prestan servicios menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y están dispuestos a trabajar más horas, que suponen un 11,8% de trabajadores.  

* A la falta de formación y cualificación de los trabajadores.  Hay que orientar y capacitar al colectivo de personas desempleadas para incrementar sus posibilidades de inserción en el mercado laboral.  

* A la tasa de desempleo que se distribuye de forma desigual por territorios y sectores de Andalucía, de manera, que las diferencias se acrecientan día a día, porque no se adoptan medidas estructurales rápidas, que impidan, que la epidemia laboral se extienda cada vez más y con mayor profundidad, existiendo una enfermedad crónica y larvada en nuestro mercado de trabajo.

*** Las desigualdades en los distintos territorios y en las distintas actividades del sector productivo soportan un diferencial de paro inquietante, contemplándose unas condiciones de trabajo más temporales y precarias y unas diferencias salariales significativas.

(Nota. Hay que recordar, que Andalucía tiene una población de 8,4 millones de habitantes, que se distribuyen a lo largo de 87.597 km2, con una densidad de población de 95,8 hab/km2, siendo Andalucía la CC. AA. más poblada de España y la segunda más extensa).

Por ahora, nadie ha elaborado un plan de reconstrucción del mercado laboral con reformas estructurales profundas adaptadas al territorio, de eliminación del gasto improductivo estéril y de redistribución de los gastos e inversiones necesarias con equidad territorial y sectores productivos, tratando de igualar a los desiguales.

*** En Andalucía aparecen, otras cuestiones malas y dudosas que afectan su tasa de paro, así:

1.- Envejecimiento de la población, que resulta una realidad patente y en aumento.

2.- Es necesario,  implicar a los andaluces en la toma de decisiones, con una información veraz e inmediata.

3.- La economía andaluza sigue basada en el sector servicios, sin que el Gobierno andaluz en el marco de sus competencias, haya adoptado medidas eficaces para fortalecer o crear otros sectores.

4.- La inversión extranjera, esencial para nosotros, se ha reducido en Andalucía a nivel bajo cero,  de forma, que el Gobierno de la Junta debe crear las condiciones favorables para que esa inversión vuelva a nuestra tierra,  restableciendo la confianza y la seguridad jurídica.

5.- El empleo privado ha caído en picado, mientras que en sector público ha crecido, lo que conlleva graves desigualdades y la necesidad de restablecer necesariamente el equilibrio entre ambos sectores. 

6.- En Andalucía los ciudadanos están arruinados, amenazándonos el Gobierno Central, además, con que habrá subidas de impuestos nacionales y otros nuevos de la U. E.; de manera, que la Junta de Andalucía debe cumplimentar una ley, que impida el aumento impositivo.

7.-La formación es una de las claves para controlar la destrucción de empleo, de manera, que la mejora de la cualificación de los trabajadores en la realidad del mercado laboral andaluz es de vital importancia, si se quiere crear empleo, de calidad y reducir el paro.

8.- Andalucía tiene que aumentar su productividad laboral para mejorar las retribuciones de sus trabajadores y reducir la precariedad.

*** Para finalizar:  

* Habrá que vigilar por la Junta de Andalucía, que parte de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la U. E. se dedican por el Gobierno Central a Andalucía para luchar contra el desempleo, teniendo en cuenta nuestra tasa de paro, el diferencial con el resto de España, nuestra población y nuestra extensión territorial, solo por señalar algunas de las realidades de Andalucía en esta situación problemática en negativo para todos los andaluces, que se deberían tener en cuenta sin excusa alguna.

* La Junta de Andalucía con el uso de las mascarillas comete un error tremendo, ya que, no podemos volver, ahora, a medidas restrictivas de nuestros derechos y libertades al estilo del estado alarmante, al ser una realidad, que todas las medidas limitativas de libertades afectan al empleo negativamente.

* La Junta de Andalucía debe llevar a cabo un plan eficaz de formación y cualificación de los trabajadores, que, además, solo puede ser fruto de un trabajo colectivo de todos los andaluces, a los que la junta de Andalucía debe hacer partícipes con información veraz.

* La Junta de Andalucía debe devolver a los ciudadanos la ilusión perdida, instalando la máxima libertad de movimientos, devolviendo la confianza en que todo va a recuperarse.

N.B. En estos días, donde solo existe una Cataluña airada contra España, incertidumbre política y económica e inseguridad jurídica, se olvida como siempre a Andalucía y sus necesidades, quizás, porque Andalucía siempre ha aparecido sometida a un poder ajeno a ella misma, centralizado políticamente en el Gobierno de la Nación.

El paro en Andalucía es una historia de frustración, de decadencia y de olvidos, es más, incluso, resulta afectada por reformas a la contra, como, por ejemplo, la anunciada reforma laboral del Gobierno y de la Ministra de Trabajo sobre la contratación temporal, que supondrá un aumento de su tasa de desempleo.

En Andalucía hay que tomar -ya- medidas estructurales de reforma del mercado laboral, adecuándolas a la realidad de nuestra tierra, y, de recomposición profunda de nuestra economía, realizándose, a la vez, un plan eficaz de formación y cualificación de sus trabajadores, que, además, solo puede ser fruto de un trabajo colectivo de todos los andaluces, a los que la Junta de Andalucía debe hacer partícipes con información veraz y permanente.

Si seguimos en instalados en Cataluña, olvidando el paro que asfixia Andalucía, en la inoperancia autodestructiva, y, aceptamos silentes, como siempre, cosas, como una regulación perversa la contratación temporal denunciada, el desempleo aumentará contra los andaluces y con todas sus consecuencias nocivas, aunque con una Cataluña libre y privilegiada.

Córdoba, a 21 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.