Asisto a una reunión y la conversación gira sobre la ruptura de la convivencia y sobre la crispación que se ve y se siente en la calle, así que para analizar este asunto vidrioso y corrosivo, empezaremos con un repaso a la escalada de broncas institucionales, los altercados en la vía pública y la imperiosa necesidad de recuperar el respeto democrático.
<<Introducción>>
Nos encontramos inmersos en un clima preelectoral marcado por una notable elevación del tono político, de forma, que más allá del debate de ideas -necesario y legítimo en toda democracia-, en las últimas semanas se han registrado diversos episodios de tensión, escraches, broncas institucionales y manifestaciones intimidatorias que sobrepasan el terreno del contraste político para entrar en el de la coacción.
Acosos a mesas informativas, interrupciones en actos públicos, insultos en sedes legislativas y la interrupción forzosa de la actividad municipal reabren el debate sobre las garantías para el libre ejercicio político y la protección de la convivencia en nuestras ciudades.
1.- Presencia en Córdoba – (tensión y desalojo en el Pleno Municipal).
***El clima de crispación no es una abstracción lejana, sino un fenómeno que se palpa en el ámbito municipal. Un ejemplo revelador se ha vivido en el Ayuntamiento de Córdoba:
<-Parálisis institucional: Durante la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, el alcalde, José María Bellido, aplicando el reglamento municipal ante las continuas interrupciones, se vio obligado a decretar la suspensión temporal de la sesión y requerir el desalojo de la sala. (Ver noticia del Diario Córdoba sobre el desalojo del Pleno).
<-Gritos e intimidación: Cánticos, pitadas e interrupciones desde la tribuna del público impidieron el normal desarrollo del debate institucional, tal y como informaron diversos medios locales como El Día de Córdoba y Cadena SER Córdoba.
<-Deterioro de las formas: Episodios como este ponen de manifiesto un patrón preocupante, concretamente, “la utilización de la presión presencial para bloquear los órganos de representación legítima elegidos por la ciudadanía”.
2.- Un panorama de tensión que se extiende por la calle.
***El caso de Córdoba se suma a un escenario de incidentes similares en otros puntos del país:
<-Escraches y presión urbana: En emplazamientos emblemáticos como la Puerta del Sol en Madrid o plazas céntricas de diversas capitales, militantes y voluntarios denuncian coacciones y sabotajes a mesas informativas y carpas de difusión.
<-Enfrentamientos en actos de campaña: En mítines y actos de precampaña en Galicia (como La Coruña) o en Andalucía, contramanifestaciones radicales han derivado en altercados que han requerido intervenciones policiales para proteger la integridad de los asistentes.
<-Crispación parlamentaria: Tanto en la Asamblea de Madrid como en el Congreso de los Diputados, la pérdida de las formas y la sobreactuación en el lenguaje actúan como un combustible que acaba trasladándose a la calle. Otro tanto, ha sucedido en el Parlamento de Andalucía.
3.- El debate sobre el papel de la autoridad y las instituciones.
***Frente a la escalada de incidentes, el foco del debate político se sitúa en la firmeza de las respuestas institucionales:
<-Actuación policial y reglamentaria: La intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad resulta indispensable para garantizar que las sesiones institucionales y los actos autorizados puedan realizarse sin coacciones.
<-Exigencia de contundencia: Sectores de centro y derecha reclaman una postura firme contra las actitudes antidemocráticas, denunciando que la tibieza en las condenas o la inacción frente a los grupos hostiles solo sirve para alentar nuevos episodios de boicot e intimidación.
<<Conclusión- (Preservar la convivencia y el orden democrático)>>
Garantizar que cualquier ciudadano, militante o representante político pueda expresarse, debatir y gobernar sin miedo a la intimidación o al asalto verbal es un principio no negociable en una democracia plena.
Lo vivido en el Ayuntamiento de Córdoba es un aviso sobre lo que ocurre cuando la polarización desborda los cauces del diálogo. De cara al periodo electoral, resulta prioritario que las autoridades garanticen el orden público con firmeza y que todas las fuerzas políticas condenen sin matices cualquier forma de agresión o coacción.
N.B. Imagen. Conceptual y descriptiva.
**A la izquierda, la tensión en la calle: Muestra manifestantes encapuchados en actitud agresiva con pancartas claras que dicen “PROTESTA”, “CRISPACIÓN” y “CONFLICTO”, capturando la intimidación y los altercados a los que haces referencia.
**A la derecha, la crisis institucional: Representa un pleno del Ayuntamiento de Córdoba donde el alcalde se ve obligado a suspender la sesión, con un mazo de juez flotando sobre el caos, simbolizando la parálisis de la democracia local.
**En el centro, un gran titular gráfico resume el tema principal: “DEMOCRACIA BAJO PRESIÓN. CONFLICTO EN LAS INSTITUCIONES Y LA CALLE”, con el texto “PRESIÓN” en rojo vibrante y agrietado para añadir impacto visual.
Córdoba, 24 de octubre de 2026.
Fdo. Enrique García Montoya.
Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.
Exconcejal del Ayuntamiento y exdiputado provincial de Córdoba.
Hay instituciones que crecen porque atienden mejor a la ciudadanía y otras que crecen porque han aprendido a administrarse a sí mismas. La Diputación de Córdoba pertenece a la segunda categoría: “Una estructura cada vez más extensa, más costosa y más compleja, pero no necesariamente más útil”.
El presupuesto provincial para 2026 asciende a 385,4 millones de euros y alcanza los 522,9 millones en términos consolidados, al incluir organismos y empresas públicas. El incremento es del 14,92% en el presupuesto ordinario y del 21,31% en el consolidado.
La propaganda institucional presenta estas cifras como un signo de fortaleza, pero el tamaño presupuestario no constituye, por sí mismo, una medida de buena administración. Un presupuesto récord solo es una buena noticia si se traduce en mejores servicios, infraestructuras terminadas, menor carga burocrática y una respuesta más rápida a los problemas cotidianos. De lo contrario, el crecimiento del gasto no es transformación: “Es inflación administrativa”.
La verdadera pregunta no es cuánto dinero gestiona la Diputación, sino cuánto valor público devuelve por cada euro que recibe.
<<La provincia atrapada en su propia burocracia>>
La Diputación no carece de una misión legal relevante. Al contrario, la legislación básica de régimen local le atribuye funciones esenciales de coordinación, asistencia y cooperación con los municipios, especialmente con los de menor población. Entre ellas se incluyen la asistencia en materia jurídica, económica y técnica, la gestión recaudatoria, la administración electrónica y la contratación centralizada.
El problema aparece cuando la institución deja de ser una herramienta de apoyo municipal y se convierte en un circuito cerrado de informes, convenios, expedientes, órganos colegiados y estructuras paralelas. En ese momento, la burocracia ya no sirve a la competencia: “La competencia empieza a servir a la burocracia”.
<<Asistencia que no resuelve>>
La asistencia técnica y jurídica solo cumple su finalidad cuando permite que un pequeño ayuntamiento funcione con mayor seguridad, rapidez y menor coste. Si, pese a la existencia de estructuras provinciales, los municipios deben contratar servicios externos, crear unidades propias o duplicar recursos para obtener una respuesta eficaz, la asistencia deja de ser una solución y se transforma en una promesa institucional.
**No basta con tener departamentos. Es necesario medir: *El tiempo medio de respuesta a los municipios. *El número de expedientes pendientes. *El porcentaje de informes que se emiten fuera de plazo. *El coste provincial por servicio prestado. *El ahorro efectivo generado para los ayuntamientos.
Sin esos indicadores, la asistencia municipal corre el peligro de convertirse en una categoría retórica: “Formalmente existente, pero materialmente insuficiente”.
<<El laberinto del ICHL>>
El Instituto de Cooperación con la Hacienda Local responde a una finalidad legítima: “Facilitar la gestión tributaria de los municipios y permitir economías de escala”, sin embargo, cuando la delegación competencial es parcial y más cara, la centralización puede producir el efecto contrario al pretendido.
El ayuntamiento conserva departamentos de rentas, atención al contribuyente y gestión administrativa, mientras el Instituto interviene en determinadas fases de la recaudación. El resultado puede ser una cadena de remisiones, comprobaciones y comunicaciones en la que nadie parece tener la responsabilidad completa del procedimiento, aunque todos participen en él.
La cuestión no es defender la gestión directa o la delegada por razones ideológicas. La cuestión es comprobar cuál de las dos ofrece:
*Menor coste por expediente. *Menor tiempo de tramitación. *Menos reclamaciones. *Mayor recaudación efectiva. *Mejor atención al contribuyente.
Si la delegación no produce ahorro, claridad y resultados, debe ser revisada, ya que, la cooperación no puede consistir en añadir un intermediario permanente entre el ciudadano y su ayuntamiento.
<<El garantismo convertido en parálisis>>
El control interno es una garantía esencial del Estado de Derecho. La intervención, la fiscalización y la exigencia de responsabilidad no son obstáculos prescindibles, pero el garantismo deja de proteger el interés general cuando se transforma en una sucesión mecánica de controles repetidos que no aportan información nueva ni reducen riesgos relevantes.
Sellar el mismo expediente en tres fases no equivale necesariamente a fiscalizarlo tres veces. A veces solo significa retrasarlo tres veces.
La buena administración exige controles proporcionales, trazables y orientados al riesgo. El expediente menor y la gran contratación estratégica no pueden soportar idénticas cargas procedimentales. La Administración que revisa todo con la misma intensidad termina no controlando mejor, sino controlando peor aquello que realmente importa.
La utilización de sociedades mercantiles públicas y entes instrumentales se justificó como una vía para ganar flexibilidad, profesionalidad y capacidad operativa, sin embargo, la excepción organizativa puede convertirse en un sistema paralelo permanente.
Emproacsa y Epremasa concentran servicios de extraordinaria importancia: “Agua, residuos y prestaciones vinculadas al bienestar básico”. Precisamente por ello, no pueden evaluarse solo por su existencia formal ni por el volumen de actividad que declaran.
*Deben someterse a una pregunta elemental: ¿prestan un servicio mejor, más barato y más controlable que las alternativas disponibles?
La información pública sobre el presupuesto de 2026 ha situado a las empresas provinciales en el centro del debate financiero, con advertencias periodísticas sobre el riesgo de dificultades económicas si no se actualizan las tarifas. Al mismo tiempo, la Diputación y la Junta han impulsado obras por más de 11 millones de euros para conectar definitivamente La Colada con Sierra Boyera.
La inversión puede ser necesaria. Lo que no puede aceptarse es que la inversión se utilice como sustituto de la planificación, ni que las transferencias públicas oculten indefinidamente problemas de gestión, financiación o mantenimiento.
<<Agua – (la prueba definitiva)>>
El abastecimiento de agua en la Zona Norte y la situación del embalse de La Colada constituyen una prueba de credibilidad institucional. Cuando una Administración proclama grandes presupuestos, la ciudadanía tiene derecho a exigir resultados visibles: “Agua segura, infraestructuras operativas, mantenimiento estable y responsables identificables”.
Un servicio esencial no se acredita mediante convenios anunciados, ruedas de prensa o partidas presupuestarias. Se acredita cuando funciona.
<<Residuos y monopolio>>
La gestión pública de residuos puede responder a razones de interés general, continuidad y cohesión territorial. Pero la condición de medio propio no debe convertirse en una patente de ineficiencia.
**La ausencia de competencia no elimina la obligación de compararse con el mercado.
**La Diputación debería publicar periódicamente: *El coste unitario por tonelada gestionada. *El coste de personal directo e indirecto. *El peso de los gastos de estructura. *La evolución de las tarifas. *Las transferencias recibidas de la Administración matriz. *Los resultados de calidad y cumplimiento.
El monopolio público solo es defendible si demuestra eficiencia, transparencia y control. Si no lo hace, el ciudadano paga dos veces: primero mediante impuestos y después mediante tarifas.
<<El pacto presupuestario y la contradicción política>>
El presupuesto de 2026 fue aprobado con los votos favorables del Partido Popular y la abstención de Izquierda Unida, mientras PSOE y Vox votaron en contra. La abstención de IU estuvo vinculada, según las informaciones publicadas, a la incorporación de recursos destinados a los municipios, incluyendo 25 millones de euros entre presupuesto y remanentes.
El acuerdo parlamentario es legítimo. Lo que debe examinarse es su coherencia política y presupuestaria.
Quien se presenta ante los electores como defensor de la austeridad, la moderación fiscal y la reducción del gasto improductivo no puede limitarse a celebrar que el presupuesto crezca. Debe explicar qué partidas se eliminan, qué estructuras se racionalizan y qué servicios se someten a evaluación.
Un acuerdo de estabilidad no debería servir para blindar la inercia administrativa. El presupuesto no puede convertirse en una moneda de intercambio entre grupos políticos, ni la abstención en una coartada para evitar la transparencia sobre los compromisos asumidos.
La política presupuestaria no se mide por la habilidad para sumar votos, sino por la capacidad de distinguir entre gasto social, inversión productiva y gasto administrativo prescindible.
<<Una reforma que mida, compare y elimine.>>
La Diputación necesita menos retórica de modernización y más cirugía organizativa.
***La reforma debería asentarse en cinco decisiones concretas.
1.- Auditoría integral de la estructura.
**Debe realizarse una auditoría externa e independiente de: *Plantillas y relaciones de puestos de trabajo. *Personal eventual y cargos de confianza. *Mandos intermedios. *Organigramas de empresas públicas. *Asistencias técnicas y contratos de servicios. *Encomiendas y convenios interadministrativos. *Gastos de representación, publicidad y protocolo.
La auditoría debe identificar qué unidades prestan servicios esenciales, cuáles duplican funciones y cuáles carecen de resultados verificables.
2.- Cuenta de coste por servicio.
Cada servicio provincial debe disponer de una ficha pública con cinco datos mínimos:
“Coste total, usuarios atendidos, tiempo de respuesta, resultado obtenido y comparación con ejercicios anteriores”.
Lo que no puede medirse acaba justificándose por costumbre, y, lo que se justifica únicamente por costumbre termina siendo un candidato natural a la supresión.
3.- Reforma del ICHL.
El modelo tributario debe revisarse municipio por municipio. La delegación íntegra puede ser razonable cuando produzca especialización y ahorro, pero la delegación parcial debe desaparecer cuando genere duplicidades.
El contribuyente no tiene por qué conocer el organigrama institucional para pagar un recibo o presentar una reclamación. La Administración debe organizarse alrededor de la necesidad ciudadana, no alrededor de sus fronteras internas.
4.- Contratos de resultados para las empresas públicas.
Las transferencias a Emproacsa y Epremasa deben vincularse a objetivos concretos:
“Calidad del agua, continuidad del suministro, reducción de averías, coste por usuario, cumplimiento de rutas, reciclaje, mantenimiento y atención de reclamaciones”.
La financiación pública no puede funcionar como una póliza de seguro contra la mala gestión, ya que, si una empresa pública necesita recursos extraordinarios, debe explicar *por qué, *durante cuánto tiempo y *con qué plan de retorno.
5.- Infraestructuras con fecha de finalización.
La provincia necesita un cuadro público de infraestructuras críticas con presupuesto, responsable, grado de ejecución, incidencias y fecha prevista de puesta en servicio.
La conexión de La Colada con Sierra Boyera, el abastecimiento de la Zona Norte y la conservación de la red viaria no pueden vivir eternamente en el territorio de los anuncios.
Una obra pública que no termina es una forma de gasto permanente sin servicio permanente.
<<La Diputación que Córdoba necesita>>
La Diputación no debe desaparecer por tener competencias supramunicipales, sino que debe dejar de confundir su importancia institucional con su tamaño administrativo.
Una Diputación útil es la que permite a los pequeños municipios *hacer más con menos; *la que concentra servicios cuando realmente ahorra; *la que presta asistencia dentro de *plazo; *la que coordina sin invadir; *la que controla sin paralizar; y, *la que publica resultados comprensibles para cualquier ciudadano.
La alternativa no consiste en una Administración provincial más grande, sino en una Administración provincial más precisa, de forma, que tenga menos capas, menos intermediarios, menos expedientes circulares y más kilómetros de carretera mantenidos, más servicios operativos y más respuestas resueltas.
La ilusión burocrática consiste en creer que una institución mejora porque aumenta su presupuesto, multiplica sus órganos y extiende sus programas. La realidad administrativa es mucho más exigente: “Una institución solo mejora cuando el ciudadano puede percibir el resultado”.
La Diputación de Córdoba no necesita otra campaña de autoafirmación institucional. Necesita una radiografía completa, un diagnóstico sin complacencias y una operación de racionalización que coloque el interés general por encima de la comodidad de las estructuras creadas.
N. B. Imágenes. Una ilusión burocrática. (Radiografía de la ineficiencia y la quiebra político-presupuestaria en la Diputación de Córdoba).
1ª.- Imagen. Una ilusión burocrática – Ningún bien permanente.
2ª.- Imagen. Radiografía de la ineficiencia.
(Nota. En conclusión, la Diputación de Córdoba no adolece de competencias inútiles, sino de capas geológicas de burocracia, puestos redundantes y un exceso de cargos eventuales sostenidos por acuerdos políticos que no reflejan la voluntad mayoritaria ni el interés general de la provincia.)
Córdoba, 13 de septiembre de 2026,
Fdo. Enrique García Montoya.
Abogado, ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.
Exdiputado provincial de Córdoba. Exdiputado del Parlamento de Andalucía.
<<Superando el ESDD (la teoría) y en defensa del valor justicia constitucional – (art. 1.1 C. E.)>>
Se viene planteando un debate recurrente en la teoría del Estado y la filosofía del derecho, que en España ya se ha sobrepasado hace mucho tiempo y solo vamos hacia lo peor, de manera, que expondremos la teoría constitucional, aunque como ya se ha dicho ha sido superada ampliamente por los abusos del poder del Gobierno actual de España:
“La contraposición entre la *legitimidad iusnaturalista del Derecho de Resistencia a la Opresión” y *la validez formal del Estado Social y Democrático de Derecho*”.
La evaluación sobre la justificación de la desobediencia o sublevación requiere distinguir estrictamente entre el marco teórico-filosófico y el marco normativo constitucional actual.
1.- El marco del iusnaturalismo ilustrado y la Declaración de 1776.
La doctrina expuesta por Thomas Jefferson en la Declaración de Independencia de los EE. UU. (remanente de las tesis de John Locke en su Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil) fundamenta la legitimidad política en la existencia de un contrato social explícito.
Derechos inherentes e inalienables: Los individuos delegan parte de su libertad al Estado con la única condición de que este proteja su vida, libertad y propiedad/búsqueda de la felicidad.
*Carácter condicional de la autoridad: El gobierno no posee poder originario; su legitimidad de ejercicio depende estrictamente del cumplimiento de sus fines contractuales.
*El umbral de ruptura: La desobediencia no se justifica ante controversias políticas ordinarias ni actos aislados de desgobierno. Exige la concurrencia probada de tres requisitos:
1.- Agotamiento absoluto de las vías pacíficas e institucionales.
2.- Una cadena sistemática y continuada de abusos que evidencie un diseño deliberado hacia la tiranía o el despotismo.
3.- Proporcionalidad y necesidad, ante la ausencia total de un tercero neutral (tribunales o elecciones) a quien apelar.
2.- El contraste con el marco constitucional e institucional español.
En el Derecho Político contemporáneo, los Estados democráticos constitucionalizados no tipifican ni reconocen el “derecho a la sublevación” o la desobediencia generalizada como cauce legal, dado que el propio ordenamiento está diseñado para autocorregir los excesos del poder público mediante controles internos.
**Dentro del marco de la Constitución Española de 1978:
*Soberanía y legalidad (Art. 1.2 y 9.1 CE): La soberanía reside en el conjunto del pueblo español y todos los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
*Mecanismos ordinarios de control: Frente a actuaciones presuntamente arbitrarias o ilegales del Ejecutivo, el sistema articula recursos ante la jurisdicción ordinaria, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y, en última instancia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
*Control político y alternancia: La exigencia de responsabilidad política se encauza a través de las Cortes Generales (mociones de censura, comisiones de investigación) y del ejercicio periódico del sufragio universal en elecciones libres.
3.- La controversia sobre la erosión de los contrapesos.
La discusión de si el Gobierno actual ha “sobrepasado” los límites institucionales sitúa el análisis en el terreno de la ciencia política y la teoría constitucional contemporánea, donde conviven dos posturas analíticas:
A.- La tesis de la erosión institucional.
Sostiene que la invasión de esferas de control neutral (nombramientos politizados en órganos constitucionales, uso abusivo de la legislación de urgencia como el Real Decreto-ley y desatención a los órganos consultivos) degrada los contrapesos formales desde dentro, de forma, que bajo este prisma, la efectividad real de los controles se reduce a una apariencia formal, vaciando de contenido las garantías ciudadanas.
B.- La tesis de la vigencia del Estado de Derecho.
Argumenta que, mientras los tribunales sigan dictando sentencias (incluso contrarias al Ejecutivo), el Parlamento mantenga la facultad de aprobar o rechazar leyes y se preserven las garantías para la celebración de elecciones con pluralismo político, el sistema democrático continúa operativo. Adicionalmente, la supervisión de las instituciones comunitarias de la Unión Europea actúa como un contrapeso supraestatal efectivo sobre la calidad del Estado de Derecho.
<<Conclusión jurídica>>
En el pensamiento político y legal contemporáneo, la desobediencia civil puede configurarse en casos puntuales como un acto público, pacífico y no violento para denunciar leyes injustas, asumiendo el desobediente las consecuencias legales de sus actos como prueba de fidelidad al sistema constitucional general.
Sin embargo, para justificar la sublevación o el desconocimiento total de la autoridad de un Gobierno bajo la doctrina clásica del Derecho de Resistencia, no basta con la percepción de un deterioro político severo o una acusada polarización institucional. Formal y teóricamente, se requeriría la constatación fehaciente del colapso del orden constitucional: Es decir, la cancelación del acceso a tribunales independientes, la imposibilidad de ejercer derechos fundamentales y la supresión de los mecanismos electorales de alternancia.
N. B. Imagen. Sublevación contra el poder – España sin contrapesos – Legitimidad de la rebelión ciudadana.
Solo queda aumentar la presión pacífica ciudadana en todas partes, sean públicas o privadas, empezando por todas las instituciones y administraciones públicas y terminando con todas las empresas privadas, formando una desobediencia civil total al poder de un Gobierno que ya es ilegítimo.).
Las cifras de empleo en Córdoba parecen, a primera vista, una buena noticia, porque la tasa de paro ha bajado. Los titulares oficiales lo celebran, aunque hay una pregunta importante, que nadie formula, concretamente:
¿el paro baja porque se crea empleo, o porque los cordobeses se están marchando?
La respuesta es la segunda, y eso, desgraciadamente, no es una recuperación, sino una hemorragia silenciosa.
<<El paro oficial vs. El paro real>>
La EPA del cuarto trimestre de 2025 sitúa el desempleo en Córdoba en el 17,04%, unas 65.300 personas y la verdad es que suena muy bien, pero podría sonar peor, porque el dato real del desempleo es bastante más grave.
**Hay principalmente dos grupos que quedan fuera de esa cifra y explican lo que decimos, así:
*Los fijos discontinuos: Es verdad, que tienen contrato, pero la realidad es que trabajan poco tiempo y, curiosamente, el SEPE no los cuenta como parados, pero nadie los ve.
*El paro invisible: Personas que llevan años buscando empleo sin éxito y han dejado de intentarlo, de manera, que cómo no buscan, no “cuentan” en las cifras oficiales, aunque realmente están y existen.
**Solo sumando ambos grupos, la tasa de paro real asciende al21,5%.
Uno de cada cinco cordobeses en edad de trabajar no trabaja, de manera, que esa es la verdad sin filtros.
<<El truco del denominador>>
Entonces, ¿por qué baja el paro oficial si no hay una gran explosión de empleo industrial?
La respuesta es matemática y es, desgraciadamente, brutal.
**La población activa de Córdoba ha descendido (oficialmente) un 1,1% en el último año. Cuando el denominador de la fracción se achica, el porcentaje mejora, aunque no haya mejorado nada en el numerador.
**Es el “efecto denominador” y en Córdoba opera a pleno rendimiento por dos razones:
*La fuga de talento: Los jóvenes de 18 a 30 años se van a Málaga, a Madrid, al extranjero.
Al salir del censo cordobés, dejan de ser parados aquí y desaparecen de las listas oficiales. La estadística local mejora, pero la Provincia pierde, pues los más dotados y mejor preparados se van y se quedan los de peor cualificación y más baja productividad.
*El vaciamiento rural: “En comarcas como Los Pedroches o el Guadiato, el paro no baja porque hayan abierto fábricas, sino que baja porque los vecinos se han ido”.
<<Han tirado la toalla – (11.400 Personas)>>
Hay un dato que debería preocuparnos, ya que, 11.400 cordobeses están en inactividad por puro desánimo. No buscan empleo porque han dejado de creer que existe para ellos.
**Este grupo tiene rostro:
*El 62% son mujeres, abandonadas por un mercado que no concilia y una precariedad que no dignifica.
*Casi la mitad son mayores de 50 años, trabajadores que el sistema etiqueta como “obsoletos irrecuperables” y descarta sin contemplaciones.
*Un 12% son jóvenes que no estudian ni buscan porque el salario ofrecido no cubre, en muchas ocasiones, ni el autobús para ir a trabajar.
No son estadísticas, son vecinos de Córdoba a los que el mercado laboral ha expulsado.
<<El problema de fondo – (La productividad).
Córdoba produce 64.880 € de valor por trabajador, un 12% menos que la media nacional.
**El desglose por sectores es revelador:
Sector
VAB por trabajador
Diagnóstico
Industria (Lucena y Provincia)
71.200 €
Competitiva a nivel europeo
Servicios (Turismo y Comercio)
48.500 €
Estacional y frágil
Agricultura
32.400 €
En estado crítico
(Nota. El problema no es que el cordobés trabaje poco, sino que el problema es, que las estructuras empresariales -atomizadas en micropymes, con inversión en I+D casi inexistente- no le permiten rendir al nivel de sus capacidades reales.
<<El SMI de 2026 – (Solución vs. veneno)>>
La subida del Salario Mínimo a 1.221 € es justa en su intención, pero en una economía tan frágil como la cordobesa actúa como un arma de doble filo, así:
<-En el campo, acelera una mecanización forzada o directamente el abandono de cultivos.
<-En el comercio, obliga a reducir jornadas para compensar el incremento de costes de Seguridad Social.
<-En el tejido de micro-pymes, el riesgo es más serio, ya que, cuando el coste de ser legal es insoportable, algunos optan por la economía sumergida. No por vocación, sino por supervivencia.
<<Una Provincia que adelgaza por ambos lados>>
El diagnóstico final no admite rodeos ni disimulos, ya que, el mercado laboral de Córdoba se contrae por arriba -menos activos- y por abajo -más inactivos por desánimo-.
La bajada del paro en Córdoba no es un signo de prosperidad, sino que es la realidad de una Provincia que pierde lo más valioso que tiene: “Su gente”.
Córdoba no puede resignarse a ser una provincia de pensiones y subsidios, de forma, que necesita políticas que reestructuren a fondo el sistema vigente y que vayan más allá del dato conciliador de la EPA, y, *que incentiven la productividad, *que anclen a los jóvenes y *que recuperen a los descartados.
N.B. El empleo en Córdoba como siempre mal, pues nadie quiere enfrentar el problema real, limitándose todas las Instituciones (Estado, CC.AA., Diputación y Ayuntamientos), a gastar dinero público en la creación de puestos de trabajo en todas sus estructuras internas y en empresas públicas innecesarias y/o ruinosas, cuando, además, muchos de esos puestos no se corresponden con una necesidad real, sino con la idea de colocar afines políticos, familiares y amigos,
Una provincia que exporta su talento para maquillar una estadística, no está avanzando, simplemente, está envejeciendo.
Es un hecho desgraciado, que la “corrupción menor” o de baja intensidad es un problema secundario en España. Sin embargo, estas palabras “de menor intensidad” es una trampa terminológica, ya que, la realidad es, que la acumulación de pequeños abusos de poder (-la llamada “corrupción hormiga”-) tienen un impacto económico y social mucho más devastador que los grandes titulares nacionales, pues ocurre cada día en los miles de ayuntamientos de España.
1. La Ingeniería del “Enchufe” – (Sortear la Ley).
Para que estas prácticas espurias parezcan legales, se utiliza lo que en derecho llamamos fraude de ley, que es usar una norma para conseguir un fin prohibido (favorecer a un amigo, familiar o político).
**Los mecanismos más comunes son:
*El Abuso del Contrato Menor (Art. 118 LCSP): Son contratos “a dedo” (menos de 15.000 euros en servicios). El truco está en el fraccionamiento, así que se trocea un servicio grande en varios pequeños para evitar el concurso público y dárselo a quien el político desee.
*La “Administración Paralela”: Se crean empresas públicas (de aguas, basura o festejos) donde los controles son más laxos. Esto permite contratar personal mediante entrevistas subjetivas, evitando las oposiciones reales.
*Cesión Ilegal de Trabajadores: El Ayuntamiento contrata a una empresa externa “amiga” y esta contrata a los recomendados y, tras un tiempo trabajando en dependencias municipales, el trabajador demanda al consistorio, con el resultado de que entra en la plantilla municipal de forma fija sin haber aprobado jamás un examen.
2.- Radiografía de la Impunidad (Casos concretos).
La teoría se entiende mejor con la práctica. Analizamos dos focos donde la falta de fiscalización independiente es alarmante:
<-El Ayuntamiento de Cabra (El Vigilante que no Vigila).
Un pilar básico del control local es la Secretaría del Ayuntamiento, cuya función es advertir si un acto es ilegal.
-El problema: En Cabra, la figura de la “Secretaría Accidental” ha pasado de controlar la legalidad a asesorar al alcalde y a su partido político con el que gobierna y donde su independencia es más formal que real.
-Un dato clarificador: “Durante los años 2022 a 2025 no consta que se hayan realizado informes negativos o “reparos” de ilegalidad ante los decretos de alcaldía por la Secretaria Accidental, de forma, que cuando el órgano encargado de fiscalizar se convierte en asesor de confianza del alcalde, el ciudadano pierde su garantía de legalidad.
<-La Diputación de Córdoba (Empresas Públicas como Agencias de Colocación).
Las empresas provinciales, financiadas con el dinero de todos, presentan riesgos sistémicos de clientelismo:
Entidad
Práctica Detectada
Consecuencia para el Ciudadano
EMPROACSA (Aguas)
Denuncias de sindicatos por crear “jefaturas a medida” y promociones a dedo sin titulación requerida.
Subida de tarifas de agua mientras se gasta en cargos innecesarios.
EPREMASA (Residuos)
Externalizaciones a empresas donde terminan trabajando familiares de cargos políticos.
Precariedad laboral en el servicio y captura de dinero público por intereses privados.
3.- Que hace tan Peligrosa esta corrupción de “baja intensidad”.
No son solo “favores”, sino que, principalmente es un daño estructural que pagamos todos de tres formas:
3.1.- Bloqueo del ascensor social, ya que, si para trabajar en lo público no importa el estudio (mérito y capacidad) sino el carné político, el talento joven huye de nuestros pueblos.
3.2.- Ineficiencia económica, porque el dinero que se va en “chiringuitos” o asesores innecesarios, es dinero que no llega a servicios sociales, educación o sanidad local.
3.3.- Desafección democrática, ya que, se crea la falsa idea de que “todos son iguales”, alejando al ciudadano de la participación política y con lo que se erosionan las instituciones públicas.
<<Conclusión – (Silencio como motor del abuso>>
La corrupción menor no es un maletín de dinero en la sombra, sino que es <laerosión constante de los procedimientos>, de forma, que mientras los órganos de control (secretarios e interventores) dependan políticamente de quienes deben ser vigilados, el sistema seguirá fallando.
Como ciudadanos, nuestra mejor herramienta es la exigencia de transparencia y no normalizar el amiguismo como algo inevitable.
N.B. La corrupción menor o de baja intensidad es un mal mayor y un peligro para las instituciones democráticas, que viola derechos fundamentales de los ciudadanos de a pie y erosiona el poder público que nace del pueblo.
Como decimos al inicio de este artículo, la corrupción menor es un peligro mayor para la democracia en España, que desgraciadamente se olvida y pasa a un segundo plano, siendo las Corporaciones Locales (Ayuntamientos y Diputaciones) los centros donde se acumulan la mayor parte de esta llamada corrupción de baja intensidad, pero que en su conjunto forma un cúmulo de casos, que superan las grandes corrupciones que dominan la vida pública y colapsan los juzgados y tribunales, impidiendo que estas corrupciones menores lleguen eficazmente a los mismos.
