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Tensión y crispación política – (de las instituciones a la calle) – El caso de Córdoba.

Asisto a una reunión y la conversación gira sobre la ruptura de la convivencia y sobre la crispación que se ve y se siente en la calle, así que para analizar este asunto vidrioso y corrosivo, empezaremos con un repaso a la escalada de broncas institucionales, los altercados en la vía pública y la imperiosa necesidad de recuperar el respeto democrático.

<<Introducción>>

Nos encontramos inmersos en un clima preelectoral marcado por una notable elevación del tono político, de forma, que más allá del debate de ideas -necesario y legítimo en toda democracia-, en las últimas semanas se han registrado diversos episodios de tensión, escraches, broncas institucionales y manifestaciones intimidatorias que sobrepasan el terreno del contraste político para entrar en el de la coacción.

Acosos a mesas informativas, interrupciones en actos públicos, insultos en sedes legislativas y la interrupción forzosa de la actividad municipal reabren el debate sobre las garantías para el libre ejercicio político y la protección de la convivencia en nuestras ciudades.

1.- Presencia en Córdoba – (tensión y desalojo en el Pleno Municipal).

***El clima de crispación no es una abstracción lejana, sino un fenómeno que se palpa en el ámbito municipal. Un ejemplo revelador se ha vivido en el Ayuntamiento de Córdoba:

<-Parálisis institucional: Durante la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, el alcalde, José María Bellido, aplicando el reglamento municipal ante las continuas interrupciones, se vio obligado a decretar la suspensión temporal de la sesión y requerir el desalojo de la sala. (Ver noticia del Diario Córdoba sobre el desalojo del Pleno).

<-Gritos e intimidación: Cánticos, pitadas e interrupciones desde la tribuna del público impidieron el normal desarrollo del debate institucional, tal y como informaron diversos medios locales como El Día de Córdoba y Cadena SER Córdoba.

<-Deterioro de las formas: Episodios como este ponen de manifiesto un patrón preocupante, concretamente, “la utilización de la presión presencial para bloquear los órganos de representación legítima elegidos por la ciudadanía”.

2.- Un panorama de tensión que se extiende por la calle.

***El caso de Córdoba se suma a un escenario de incidentes similares en otros puntos del país:

<-Escraches y presión urbana: En emplazamientos emblemáticos como la Puerta del Sol en Madrid o plazas céntricas de diversas capitales, militantes y voluntarios denuncian coacciones y sabotajes a mesas informativas y carpas de difusión.

<-Enfrentamientos en actos de campaña: En mítines y actos de precampaña en Galicia (como La Coruña) o en Andalucía, contramanifestaciones radicales han derivado en altercados que han requerido intervenciones policiales para proteger la integridad de los asistentes.

<-Crispación parlamentaria: Tanto en la Asamblea de Madrid como en el Congreso de los Diputados, la pérdida de las formas y la sobreactuación en el lenguaje actúan como un combustible que acaba trasladándose a la calle. Otro tanto, ha sucedido en el Parlamento de Andalucía.

3.- El debate sobre el papel de la autoridad y las instituciones.

***Frente a la escalada de incidentes, el foco del debate político se sitúa en la firmeza de las respuestas institucionales:

<-Actuación policial y reglamentaria: La intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad resulta indispensable para garantizar que las sesiones institucionales y los actos autorizados puedan realizarse sin coacciones.

<-Exigencia de contundencia: Sectores de centro y derecha reclaman una postura firme contra las actitudes antidemocráticas, denunciando que la tibieza en las condenas o la inacción frente a los grupos hostiles solo sirve para alentar nuevos episodios de boicot e intimidación.

<<Conclusión- (Preservar la convivencia y el orden democrático)>>

Garantizar que cualquier ciudadano, militante o representante político pueda expresarse, debatir y gobernar sin miedo a la intimidación o al asalto verbal es un principio no negociable en una democracia plena.

Lo vivido en el Ayuntamiento de Córdoba es un aviso sobre lo que ocurre cuando la polarización desborda los cauces del diálogo. De cara al periodo electoral, resulta prioritario que las autoridades garanticen el orden público con firmeza y que todas las fuerzas políticas condenen sin matices cualquier forma de agresión o coacción.

N.B. Imagen. Conceptual y descriptiva.

**A la izquierda, la tensión en la calle: Muestra manifestantes encapuchados en actitud agresiva con pancartas claras que dicen “PROTESTA”, “CRISPACIÓN” y “CONFLICTO”, capturando la intimidación y los altercados a los que haces referencia.

**A la derecha, la crisis institucional: Representa un pleno del Ayuntamiento de Córdoba donde el alcalde se ve obligado a suspender la sesión, con un mazo de juez flotando sobre el caos, simbolizando la parálisis de la democracia local.

**En el centro, un gran titular gráfico resume el tema principal: “DEMOCRACIA BAJO PRESIÓN. CONFLICTO EN LAS INSTITUCIONES Y LA CALLE”, con el texto “PRESIÓN” en rojo vibrante y agrietado para añadir impacto visual.

Córdoba, 24 de octubre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exconcejal del Ayuntamiento y exdiputado provincial de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

Traición en la Diputación de Córdoba – (Cuando el PP gestiona con las políticas de la izquierda)

La política, en su versión más noble, es un compromiso de principios con el electorado, sin embargo, lo que estamos viviendo en la Diputación de Córdoba bajo la presidencia de Salvador Fuentes (PP) no es política, es una asunción voluntaria e interesada de las políticas de la izquierda radical. El reciente pacto con Izquierda Unida (IU) para sacar adelante los presupuestos de 2026 no es solo un movimiento táctico de *supervivencia atrabiliaria*, sino que es una ruptura traumática del contrato ideológico con quienes confiaron en el Partido Popular para traer eficiencia, rigor y bajadas de impuestos.

(Nota. El P. P. de la Provincia, sus órganos dirigentes y el Consejero de Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía en la inopia, aunque luego se quejarán de que los votantes lo hagan en favor de VOX.)

1.- El Secuestro de la Gestión – (IU dicta las normas).

Para evitar el bloqueo, el equipo de gobierno ha entregado las llaves de la gestión provincial a las tesis más inmovilistas de la izquierda radical, de manera, que IU ha logrado lo que no consiguió en las urnas, concretamente, <-blindar un modelo de gestión pública hipertrofiada->.

Al aceptar las condiciones de IU sobre las empresas provinciales, el PP renuncia a cualquier auditoría de eficiencia, de manera, que en lugar de reformar, se opta por proteger estructuras que su propia administración calificó de “pre-quiebra”. Se han sacrificado las soluciones liberal-conservadoras de externalización y colaboración público-privada en el altar de un consenso que solo beneficia a la burocracia ineficiente.

2.- Sumidero financiero – (Epremasa y Emproacsa).

Las cifras son indignantes, ya que, estamos ante empresas públicas que actúan como auténticos agujeros negros del dinero de todos:

<-Epremasa: Con pérdidas estimadas en 12 millones de euros, la solución no ha sido la optimización de procesos, sino un hachazo fiscal al ciudadano: “Una subida del 17,5% en el recibo de la basura”.

<-Emproacsa: En riesgo de insolvencia, se parchea con una subida del 5,7% en el agua y con cantidades enormes de dinero público para cubrir pérdidas derivadas de una gestión manirrota y políticamente de izquierda radical.

Es una gestión “manirrota” se mire como se mire y, además, se pide un sacrificio heroico a las familias y autónomos cordobeses para sostener un sistema que no se reforma.

Resulta indignante que un partido que abandera la bajada de impuestos en Madrid o Sevilla, en Córdoba se convierta en el brazo ejecutor de una política fiscal extractiva.

3.- La Paradoja de Salvador Fuentes – (Gestor, rehén y traidor a los votantes del P. P.)

Salvador Fuentes argumenta que “sin presupuestos la maquinaria se bloquea”, pero,

¿de qué sirve una maquinaria que camina en la dirección opuesta a sus promesas?

Gestionar el modelo de la izquierda no es gobernar, es claudicar.

*Promesa Electoral del PP*Realidad del Pacto con IU en Córdoba
Bajada masiva de impuestos y tasas.Subida del 17,5% en basura y 5,7% en agua.
Eficiencia y adelgazamiento público.Blindaje de empresas públicas deficitarias.
Alternativa a las políticas de izquierda.Cogestión bajo el dictado ideológico de IU.

<<Consecuencias – (El desaliento de una base electoral).

Este giro hacia el “realismo político” es, en realidad, una entrega sin condiciones a las políticas de izquierda. El votante del PP no es un cheque en blanco, sino que es un ciudadano que valora la coherencia.

Ver cómo se parchean balances mediante decretazos de subida de tasas, en lugar de mediante la optimización de recursos, genera una profunda sensación de impunidad burocrática.

Este pacto alimenta directamente el desencanto y abre de par en par las puertas a otras opciones políticas que sí prometen dar la batalla ideológica.

N. B. De traición en traición, el crédito se agota y los votantes del Partido Popular son buenos, pero tontos no.

No se puede pedir el voto para Juanma Moreno o para el proyecto nacional del PP mientras en Córdoba se abraza al modelo que se dice combatir.

Córdoba, a 11 de marzo de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA).

Iguales ante la Ley (Unas veces no y otras veces tampoco)

El valor justicia (art. 1.1. C. E.) es irrenunciable.

El Tribunal Constitucional ha declarado el lawfare a todos los españoles convirtiéndolos en desiguales ante la ley, pues es claro y transparente que las sentencias del T. S. son papel mojado cuando la ley se aplica a ciertos políticos, de forma, solo queda el respeto a la Ley y la defensa social activa del Estado de Derecho.

Por otro lado, en España el pueblo soberano está sometido a una presión, que le está hundiendo en una confusión perversa, porque, ocurre, ahora, que una carcoma constitucional autoritaria está anulando por la puerta de atrás nuestra Carta Magna, y, porque el estado de derecho y el respeto a la ley están en almoneda y en stand by (en espera), llevándose tras de sí la división de poderes.

La Constitución Española de 1978 dice en su art. 1.1., que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Así mismo, en su art. 9. 1. garantiza el respeto a la ley, cuando dice, que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”; diciendo en su número 3., que “la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía jurídicas normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

También dispone en su art. 14., que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Lo del T. C. casi todos los españoles lo entienden, es un Órgano Político que hace política y la aplica sin pudor, lo que es difícil de entender por los españoles de a pie, es que algunos órganos judiciales estén haciendo lo mismo, porque no aplican la ley de forma igual a todos los españoles, de manera, que en algunos casos simplemente no aplican la ley por el medio atrabiliario de ignorar que existe esa ley, pasando del valor justicia de la ley igual para todos a la ley personal, que aplican de forma subjetiva y arbitraria por acción y/o por omisión, sobre todo, cuando dictan resoluciones que amparándose en la ley procesal son irrecurribles.

Sin embargo, a pesar de lo dicho, sigo pensando que es algo evidente, “que en cualquier democracia con un Estado de Derecho en vigor” el respeto a la ley y su cumplimiento por todos sus ciudadanos y todos sus poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), es lo único que garantiza el “valor justicia” en la misma.

La conclusión es, que visto lo que hay, hace falta un movimiento ciudadano abierto, libre y levantado en armas pacíficas para recuperar nuestro Estado de Derecho y el valor justicia de todos los españoles.

N.B. Las cosas que están pasado en España, demuestran que la ley no es igual para todos los españoles, de forma, que callar ahora ante la injusticia, esté donde esté y aunque se quiera ver, en algunos casos judiciales, como “pequeñita”, es ser cómplice de misma y coautor silente, aceptando, además, que somos cautivos voluntarios del secuestro de la democracia y de la desaparición de nuestro estado de derecho.

Córdoba, a 16 de julio de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.