Daoiz y Velarde, como llaman los madrileños a los leones del Congreso, son los capitanes Luis Daoiz y Torres y Pedro Velarde y Santillán, oficiales de artillería, que se sumaron al levantamiento del 2 de mayo de 1808 contra las tropas francesas, siendo declarado oficialmente día de la Comunidad de Madrid.
En estos tremendos días en la vida política española se han producido hechos que demuestran, que, mientras la pandemia asola a los españoles, el paro se dispara, la ruina se apodera del País, los fallecidos superan los 100.000, y, así un larguísimo etc. de desgracias para todos, unos pocos políticos desde el poder se han dedicado a realizar experimentos políticos y sociales, que han dado lugar distorsiones gravísimas en España, como por ejemplo: “presentar mociones de censura con la finalidad de acaparar más poder, ocupar todas las instituciones del Estado con el mismo fin, la proposición de ley que limita las funciones del CGPJ, apoderarse de los Fondos de Recuperación de la U. E., etc. etc.”.
Sin embargo, un refrán popular dice, “que la avaricia rompe el saco”, que significa, que el ansia por conseguir algo excesivo o desmesurado frustra la obtención de cualquier ganancia o ventaja.
Pues bien, eso es lo que les ha ocurrido a los muñidores de tantas maldades políticas, pues ahora: “habrá elecciones en Madrid convocadas, en tiempo y forma, por la Presidente Díaz Ayuso; la moción de censura de Murcia se ha encallado en lo imposible; Inés la bruja mala se ha pegado un tiro en el pie y ha suicidado a su partido; el Presidente Sánchez ha salido herido con todos sus corifeos; un partido a la baja resucita al alza; Europa nos ha puesto bajo vigilancia y en su punto de mira; y algunos Países miembros de la U. E. se entrenan con sus posibles vetos, de forma, que los Fondos de Recuperación entran en -stand by- (en espera).
*** El 27 de septiembre de 2020 colgué en la web un artículo bajo el título, Madrid y los leones del Congreso (Illa el comi-experto del cierre completo), donde decía, entre otras cosas:
<<“Sr. Ministro de Sanidad, si su Gobierno, con su recomendación, cierra Madrid, permítame decirle que es Ud. un irresponsable total y absoluto, porque en una Nación regida por una Constitución, que instauró un estado de derecho social y democrático, las cosas no se hacen con la porra en la mano, sino con acuerdos, consensos y colaboración de unos con otros. Le recuerdo a Ud. y a todo su Gobierno, que la transición española, ejemplo del mundo, se hizo pacíficamente a base de renuncias y acuerdos de todos los españoles.
Reitero, Sr. Ministro Illa, Ud. no conoce ni de lejos a los madrileños”. >>
Así mismo, el 11 de octubre de 2020 colgué en la web otro artículo con el título, Prevaricación administrativa (el filósofo y el capitán), dónde entre otras cosas decía:
<< ¿Alguien puede creer, que el Gobierno de España ha aprobado su R. D. L. de alarma de Madrid en base a la salud de los madrileños y de los españoles con arreglo a la Constitución, o, por el contrario, es más cierto que ha actuado movido por la soberbia y la prepotencia derivadas del rencor ideológico?
Es un hecho cierto, que el filósofo, su capitán y su gobierno están fuera de la ley y contra la Ley, simplemente, están fuera del Estado de Derecho y contra la división de poderes, ya que ni aceptan la Ley ni las resoluciones del Poder judicial, imponiendo un estado de alarma en Madrid, que, sin duda, bordea el delito de prevaricación administrativa, afectando no solo a los madrileños, sino a todos los españoles, porque, sí o sí, ocasiona y ocasionará gravísimos daños sociales y económicos a todos ellos.
El estado de alarma impuesto a la C. C. A. A. de Madrid, no ha hecho otra cosa, que imponer por la fuerza y en fraude de ley las medidas que el TSJM declaró inconstitucionales, pasado por encima del Poder judicial sin disimulos y con toda la prepotencia posible. Vamos un dislate jurídico, que vulnera cualquier mesura y proporcionalidad en la aplicación de la Ley.
Los españoles estamos inmersos en la incertidumbre por la actuación del filósofo y su capitán, y, vemos, que estamos abocados al desastre, ya que, sin seguridad jurídica, sin libertades y sin principios éticos solo se vislumbran graves problemas, que llevarán a conflictos sociales derivados de la ruina económica y sanitaria.
Lo que el Gobierno ha hecho en Madrid, ¿lo haría en Cataluña o en el País vasco? (Derecho y principio de igualdad constitucional). >>
*** Es evidente, que me equivoqué, ya que, no era Illa era Sánchez, y, tampoco era el dos de mayo sino el cuatro de mayo, aunque lo que decía entonces, es de plena aplicación a lo que sucede ahora.
No se puede dudar, que nuestros de derechos y libertades están en peligro, acosados por un gobierno autoritario, para el que vale todo para cumplir sus intenciones perversas para los españoles y nuestra Constitución, de manera, que ahora le toca a Madrid salir a votar en mayoría y en libertad lo que se quiera, a, continuación será al resto de España cuando toque, pero después, que nadie se queje, “ya se sabe lo que hay”.
Solo una cosa, en este momento estamos en manos de la justicia (TSJM) y espero, que esté a la altura de las circunstancias, y, que rechace cualquier impugnación de unas elecciones convocadas conforme a la Ley, declarando contrarias a la misma, todas las mociones de censura presentadas y admitidas fraudulentamente a sabiendas.
Desde el punto de vista legal, conviene citar;
1º.- El artículo 404 del Código Penal tipifica el delito de prevaricación administrativa, en relación con la autoridad y/o funcionario público que dictare una resolución injusta a sabiendas, así dice: “A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años”.
[La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de la que puede ser exponente la STS 606/2017, de 7 de julio, para que aflore el delito de prevaricación será preciso:
a). Que se dicte una resolución arbitraria por autoridad o funcionario en asunto administrativo;
b). Que ocasione un resultado materialmente injusto;
c). Que la resolución se dicte con la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de la autoridad o funcionario, consciente de que actúa contra el derecho; y
d). Que la actuación sea intencionada, “a sabiendas”, en la terminología del precepto penal, es decir, que se adopte la resolución con pleno conocimiento de su injusticia. En relación con este último presupuesto, la STS 766/1999, de 18 mayo, afirma que este elemento subjetivo exige, que la autoridad o funcionario, teniendo plena conciencia de que resuelve al margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto, actúe de tal modo porque quiere ese resultado y antepone el contenido de su voluntad a cualquier otro razonamiento o consideración, esto es, con intención deliberada y plena conciencia de la ilegalidad del acto realizado, (STS. 443/2008 de 1.7).
2º.- Nuestra Constitución dice en su artículo 14, que “los españoles son iguales ante la ley”, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”;
Sin embargo, lo expuesto no es lo único, ya que el artículo 9. 3. de la C. E. garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
3º.- El Código Civil dice en su artículo 6. 4. que: “Los actos realizados al amparo del texto de una norma, que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir”.
*** Con lo dicho, estimo que es suficiente, pero no quiero dejar de citar el poema de Martin Niemöller sobre la libertad y la apatía en su defensa:
«Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista.
Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata.
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista.
Cuando vinieron a buscar a los judíos, no pronuncié palabra, porque yo no era judío,
Cuando finalmente vinieron a buscarme a mí, no había nadie más que pudiera protestar.»
*** Para terminar, que cada uno haga lo que quiera y/o lo que pueda, pero, está muy claro, que la libertad no se defiende sola, y, que es fácil de quitar y difícil de recuperar.
N.B. Parece que contra Madrid – vale todo -, pero que nadie se llame a engaño, ahora es Madrid y mañana seremos todos los demás, y, está claro, que los leones del Congreso son de todos.
Los españoles estamos inmersos en la incertidumbre por la actuación de un Gobierno de tintes autoritarios, que quiere acabar con nuestras libertades, de forma, que, ahora ya dicen, que quieren prorrogar el estado de alarma (ya llevamos un año de estado alarmante y 37 Decretazos); sin duda, estamos abocados al desastre, ya que, sin seguridad jurídica, sin libertades y sin principios éticos solo se vislumbran graves problemas, que llevarán a conflictos sociales derivados de la ruina política, económica y sanitaria.
Una sola pregunta: “Lo que el Gobierno ha hecho en Madrid”, ¿lo haría en Cataluña o en el País Vasco?
Así, no hay solución posible, pues sin consensos, sin acuerdos y sin generosidad de todos los españoles sin exclusión, y, siempre con respeto a nuestra Constitución y a sus derechos fundamentales consagrados y al resto de nuestras leyes, no puede haber solución legítima y pacífica.
Córdoba, a 14 de marzo de 2021
Fdo. Enrique García Montoya
Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.