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Igualdad ante la ley – II – (un mundo lejano y sin remedio)

Como decía en el anterior artículo, hace unos días leía en un periódico digital de Córdoba (EL DÍA – 04 Octubre, 2021), que un Juzgado de lo Penal había condenado a una persona por agredir a un agente de la Guardia Civil en la Feria de Dos Torres a seis meses de prisión, según información de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), recordando que llevaban años denunciando las agresiones, amenazas e insultos que soportan los guardias civiles en todo el país.

Así mismo, hoy 07-10-2021 leo el Comunicado del Poder Judicial que recoge la siguiente noticia:

“La Sala II del Tribunal Supremo ha condenado a un Diputado —   —   — como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, a la pena de 1 mes y 15 días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. La pena de prisión se sustituye por la pena de multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros (en total, 540 euros).

Decía, también,  que no es algo extraño en España, que se produzca esa publica falta de respeto a la ley, curiosamente, además, no solo con las fuerzas del orden, sino en toda la piel de toro y para todos, es decir, está diluyéndose la vigencia del principio de legalidad constitucional con un reflejo perverso en –la igualdad ante la ley-, que ha desaparecido en nuestro país.

En sus arts. 9 y 10 la C. E. consagra -el principio de legalidad- y -el respeto a la ley-, culminando su declaración con el art. 14, que dice, que los españoles son iguales ante la ley.

Se diga lo que se diga, es un hecho cierto y doloroso, que en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho regido por la ley y la igualdad de los españoles los hechos no suceden así, sino que, por el contrario -el respeto a la ley- y -la igualdad real de todos- en la práctica diaria son -cosas- que están en trance de desparecer.

Los dos hechos descritos de condenas y juicios pueden tener variables, pero curiosamente siempre la inclinación se produce contra el Pueblo Soberano, razón por la que se repite la misma pregunta:

¿los españoles son iguales ante la ley?

Según la Constitución en cualquier asunto cabe o debe caber todas las opiniones en libertad, es posible, incluso, que algunas personas piensen, que la igualdad es de todos y que como la ley las dos están implantadas en España, aunque, sin la menor dudad, una gran mayoría de españoles dirá que no es asíque la Constitución no se cumple: “ley no es igual para todos”.

La confianza en la justicia igual para todos está bajo mínimos.

Las consecuencias de esa desigualdad son y serán nocivas para España, aunque a los representantes políticos (cuyo poder emana del pueblo soberano según la C. E.) eso parece importarles una higa, aunque sea perversa y pública esa realidad inconstitucional; por otro lado, admitida sin más, al parecer, por los poderes públicos (por todos), siendo, desgraciadamente, eso una injusticia palpable y, sin duda, llegará un día donde algo dejará de funcionar en el apoyo popular.

Aunque, que nadie se confunda, no es solo de ahora, porque, por ejemplo: ¿Qué, ocurrió con la última amnistía fiscal?

N.B.  La igualdad ante la ley de los españoles es por lo que se ve un mundo lejano y sin remedio.

La igualdad en España se está diluyendo en la nada (en el polvo del camino), de forma, que la Constitución de 1978 nacida de la unidad y de las renuncias de todos parece olvidada, lo que arrastra a una gran mayoría de españoles a la desconfianza, a la incertidumbre y a la pérdida de libertades y derechos.

Córdoba, a 7 de octubre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Sobre la verdad y otras fantasías (trolas, mentiras y medias verdades)

La Constitución dice que la información veraz es un derecho fundamental consagrado en el art. 20.1. de la misma, cuando establece, que se reconocen y protegen los derechos: -d). A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión-.

Por otro lado, es evidente, que el respeto a la ley por todos sin exclusiones de clase alguna (arts. 9 y 10 C. E.) no es en estos momentos una realidad ni lejana en España, ya que, los españoles estamos encerrados en un laberinto infinito de mentiras y medias verdades hasta alcanzar la desinformación completa. Dicho de otra forma, el derecho a una -información veraz- para todos nosotros es una entelequia sumergida en el mundo de las fantasías.

Solo en un enunciado rápido se puede comprobar, que el nivel de información veraz de los españoles es un número elevado al infinito de la nada, así:

¿Sabemos algo de los Fondos de la U. E.? – No.

¿Sabemos algo de lo que pasará mañana en la economía, en el mercado laboral, en las pensiones, etc. etc.? – No.

¿Sabemos que está pasando con la división de poderes? – No.

¿Alguien apoderado por el Pueblo Soberano informa de algo? – No.

Las consecuencias de esa desinformación continuada y casi ancestral son, que reinan la desconfianza, la incertidumbre y la inseguridad jurídica, en definitiva, fallan todas las bases para una recuperación social, política y económica, de manera, que ahora, cuando todos se ponen las manos en la cabeza, a ser posible en la de otros, reclamando el maná de los poderes públicos inanes, solo queda la nada para responder de tanta irresponsabilidad, aunque una cosa es cierta, que cada uno a lo suyo y los demás que arreen.

La verdad en España, suponiendo que exista, no es para los ciudadanos de a pie, ya que, a ellos se les pide -únicamente- por tierra, mar y aire responsabilidad individual a todos los niveles, aunque eso sí sin información veraz y completa, y, además, exigiéndoseles que cumplan la ley, aunque esos poderes públicos que la exigen, es público y notorio que no la cumplen jamás.

En estos días de puigdemones, desmanes varios y de lucha de todos contra todos entre esos representantes elegidos del pueblo, vale todo, da igual que sea el Gobierno como la oposición, pues lo importante para esos poderes públicos es el ejercicio cainita y malévolo del poder. A título de ejemplo no excluyente sino abierto, no hay más que ver el espectáculo deplorable de Génova contra Sol o la batalla para acabar con la división de poderes en esa lucha vergonzosa por apoderarse del poder judicial.

El INE ha bajado a la Ministra de Economía, Sñrª. Calviño, de su pedestal trilero, así que la pregunta es clara:

¿Cabe otra posibilidad de recuperación que no sea una desgracia tras otra?

Como se dice ahora: Pues -eso-.

A la Compañía Plus Ultra 53 millones y a los afectados por el Volcán 10,5 millones. Viva la igualdad ante la ley y la información veraz.

N.B. Todo sobre la verdad y otras fantasías, es decir, trolas, mentiras y medias verdades, quedando la información veraz en la nada, pues está claro, que no es un derecho, sino una entelequia ignota perdida en un laberinto de incertidumbre e inseguridad jurídica, donde el respeto a la Ley ha quedado destruido.

En España la recuperación social y económica se ralentizará, produciéndose un efecto perverso de endogamia, que impedirá avanzar hacia soluciones verdaderas, porque parece que nadie cree en nada, quizás, porque le han enseñado que la verdad es un mal negocio, y, que el engaño es una forma de prosperar, aunque sea a costa de ignominia.

El Sr. Eurodiputado Puigdemont -Carles- es un ejemplo de éxito y de triunfo en una España desmembrada y sin sus valores tradicionales, donde una mayoría parece haber asumido, que la honradez, la honorabilidad y el cumplimiento de la ley son un camino que conduce al ridículo y a la pobreza.

En resumen, si continuamos sumidos en la incertidumbre y en la inseguridad jurídica, derivadas de la falta de igualdad y de libertad informada en la verdad, perderemos los cimientos de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en la Constitución de 1978, que tanto trabajo y renuncias nos costó a todos.

Córdoba, a 28 de septiembre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Una cuestión de libertad (economía – recuperación – prohibir)

Se habla en todos sitios sobre las mascarillas obligatorias al aire libre, de manera, que los expertos gubernamentales como el Sr. Simón nos informan, como siempre, llevándonos a la incertidumbre más absoluta, diciendo –sí pero no, aunque acaso si para después-.

Es un hecho constatado, que nada satisface más a los políticos liberticidas que prohibir, de forma, que les da igual, siempre encuentran una posibilidad de secuestrar la libertad.

Parece, que “el prohibir” tiene algo que ver con el respeto de las naciones a los derechos y libertades fundamentales, ya que,  en Europa la mascarilla en países como Alemania, Noruega, Finlandia o Suecia nunca ha sido obligatoria en el exterior (Bélgica también ha eliminado el uso obligatorio), en cambio, Portugal, Italia, Grecia y España son de las únicas naciones europeas que exigen mascarilla al aire libre, que debe ser por -nuestra seguridad- y, porque una parte decisiva de nuestro PIB depende del sector servicios, de manera, que hay que aprovecharse para prohibir.

En España se publicó en el BOE la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ya en vigor, que dispone en su artículo 6. el uso obligatorio de mascarillas, así dice:

 << Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en los siguientes supuestos:

a). En la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público.>>

El desafuero legal se implementó por una enmienda del PSOE en el Senado, que fue aceptada por todos los senadores, pues, es lo cierto, que ninguno puso objeción a la exorbitante prohibición. El Senado está compuesto por 265 miembros, de los que 208 son electos y 57 designados por los Parlamentos autonómicos, pues bien, ninguno se opuso ni manifestó nada en contra, razón por la que debemos admitir, que todos estaban de acuerdo con el desafuero contenido en la Ley, así que, todos con mascarillas, y, sin que nadie haya explicado nada, tal y como viene siendo la forma autoritaria de gobernarnos a los españoles silentes y cautivos.

Lo único cierto, es que la Ley está en vigor y obliga a todos a su cumplimiento, aunque resulte un disparate prohibitivo.

Hay un dicho popular, que, a la Ley impagable precitada le -viene que ni pintado-, que dice: lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible.

La frase es una manifestación del llamado principio de contradicción, que se podría formular, más o menos, así: es claro, que la misma cosa no dispondrá a la vez para hacer cosas contrarias en lo mismo y en relación al mismo objetivo. ​

Por otro lado, una ley que no es aceptada por el pueblo es de imposible cumplimiento, de forma, que se pide una información veraz en el asunto de las mascarillas, porque reina la incertidumbre más opaca, quizás, porque lo que se quiere,  es que no se cumpla su propia ley, pero con la estaca preparada para golpear en la protesta. A esto se le llama -seguridad jurídica-.

Es evidente, que ha quedado olvidado el eslogan pacifista de <<prohibido prohibir>>, que en estos tiempos de inseguridad jurídica y de falta de respeto a la ley por los poderes públicos, se formula a la inversa: <<prohibido no prohibir>>, aunque ahora, todo queda, además, en un silencio humillante para el pueblo soberano.

El secreto de las mascarillas obligatorias o -no- es una cuestión de libertad, que afecta a la economía, a la recuperación resiliente y a nuestros derechos y libertades constitucionales.

N. B.   El asunto de las mascarillas por ley siempre o -no-, con olvido del principio de contradicción expuesto y del prohibido prohibir, demuestra, que el dicho popular de que, lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible, es una realidad incuestionable, del que los poderes públicos podrían tomar nota, mientras tanto, la recuperación económica y social -en espera- para salir de la ruina, porque la obligación legal de los españoles mayores de seis años de llevar mascarillas no es importante, al ser solo -una cuestión de libertad-.

Lo más alarmante de todo es la incertidumbre, la inseguridad jurídica, la falta de respeto a la ley por los poderes públicos y la pérdida de libertades, que se han enquistado en España.

Córdoba, a 17 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Constitución – derechos y libertades fundamentales (de expresión – de información veraz)

En España y ahora convine recordar, que hace más de 40 años una gran mayoría de españoles votamos y aprobamos la Carta Magna de 1978, renunciando todos a algunas de nuestras ideas, olvidando los agravios y llegando a un acuerdo histórico, que trascendió nuestras fronteras y se convirtió en un ejemplo mundial de concordia y libertad.

Ocurre en estos tiempos de incertidumbre, que unos pocos demasiados han decido demoler esa Constitución, quizás, porque los derechos y libertades que consagra son una ofensa para sus ideas excluyentes, que no admiten otra cosa que su despotismo distintivo y único como la verdad original.

Así mismo, es un hecho aceptado por todos, que la Constitución de 1978 ha conseguido para todos los españoles el período más largo de paz y prosperidad, que ha conocido España, gracias a un grupo llamado los padres de la misma y un pueblo soberano que la hizo suya, aprobándola en masa.

Esos derechos y libertades recogidos en la Constitución, que son el mallazo de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, están en serio peligro, ya que, -por el Gobierno se ataca la división de poderes-, -se controlan o eliminan nuestras libertades ilegítimamente con estados de alarma sobrepasados en su duración y contenido-, -se vulneran a las bravas derechos fundamentales, como la inviolabilidad del domicilio con patadas policiales a las puertas-, -crece la desigualdad y se reduce la libertad de los españoles-, -se destruye la unidad constitucional de la Nación-, -el sector público crece sin cansancio comiéndose al sector privado cercado por la ruina-, y, en definitiva, la situación en España es muy complicada y nociva, de forma, que si no defendemos nuestras libertades las perderemos, al ser algo indiscutible, que la libertad no se defiende sola.

Aquí, solo citar, como ejemplo de lo que está en juego en este tablero perverso,  la C. E. que en su artículo 20 dice lo siguiente:

<< 1.  Se reconocen y protegen los derechos:

a). A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

b). A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

c). A la libertad de cátedra.

d). A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

3. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. >>

Se cita la Constitución, porque la Guardia Civil controló actos de desafección al Gobierno de todos los españoles -durante varios meses en el primer estado de alarma-, llevando a cabo vigilancia y monitorización de las redes y páginas web a esos efectos con carácter general, realizando más de 50 informes al efecto, asunto que ha sido inspeccionado por la Agencia Española de Protección de Datos, así:

1.- Lo reconoció en rueda de prensa públicamente el general José Manuel Santiago, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, durante el primer estado de alarma.

2.- El Estado Mayor de la Guardia Civil envió una orden a todas las zonas y comandancias, para identificar bulos y mensajes que pudieran generar estrés social y desafección a instituciones del Gobierno.

3-   El Ministerio del Interior así lo ha reconocido, justificando las actuaciones de vigilancia en la Estrategia de Seguridad Nacional.

4.- La Agencia Española de Protección de Datos inició un procedimiento por ese motivo, acordando finalmente por una resolución el archivo de esas actuaciones.

Siendo ingenuo, pienso por el bien de nuestras libertades, que cuando la AEPD ha procedido al archivo de la causa, debe ser, porque esas actuaciones de la guardia civil y de otros cuerpos de seguridad implicados en el asunto, nunca han afectado a datos personales protegidos, pero, incluso agradeciendo la actuación inspectora de la AEPD, el tema produce gran inquietud a cualquier persona preocupada por sus derechos y libertades constitucionales.

El simple hecho de que esas investigaciones se hayan producido, con estado de alarma o sin él, puede constituir, se quiera reconocer o no, una vulneración ilegítima de los derechos fundamentales de los españoles, que, además, resulta agravada, por la absoluta falta de información veraz completa e inmediata sobre un asunto tan importante para los ciudadanos.

La resolución de archivo de la AEPD debería hacerse pública por la propia Agencia y por el Gobierno para tranquilidad de todos los españoles, dejando claro, además, que esos controles masivos a los ciudadanos, salvo casos de autorización del poder judicial, se han terminado y no volverán a repetirse.

Una democracia plena, regida por un Estado Social y Democrático de Derecho constitucional, como la española, -bajo ninguna circunstancia que no esté prevista en la Constitución-, puede admitir vulneraciones de derechos constitucionales por nadie, incluido, con mayor motivo, el Gobierno principal garante de los mismos.

La libertad de expresión y todas sus consecuencias constitucionales son algo irrenunciable para todos los españoles, de forma, que sobra cualquier comentario más.

N.B.  La Constitución y sus derechos fundamentales consagrados, como la libertad de expresión y el derecho a una información veraz, son el armazón de nuestra libertad y de nuestro Estado de Derecho.

Contra los abusos y las actuaciones contra ley de los poderes públicos, solo cabe exigir por todos los medios posibles e imaginables el máximo respeto a la Constitución, dejando claro, que ninguna actuación de los mismos, que afecte a derechos fundamentales, debe existir sin autorización judicial.

Cualquier actuación de los poderes públicos, que viole el principio de legalidad, vulnerando la Constitución y nuestras libertades, es ilegal con efectos de nulidad de pleno derecho, pues el respeto a la ley por todos es el fundamento del orden político y de la paz social en la democracia española.

Córdoba, a 15 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Arbitrariedad – abusos – poderes públicos (ni más ni menos)

En España el poder público viene realizando arbitrariamente multitud de actuaciones, que sobrepasan con mucho la Ley, cómo, por ejemplo, * la Resolución de 4 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la declaración de actuaciones coordinadas frente a la COVID-19 (Boe. 05-06-2l), que calificamos de disparatada e ilegal, diciendo que resultaría inaplicable.

Simplemente, así ha sido, de forma, que sin más explicaciones con fecha de 11 de junio de 2021 se publica en el Boe nº. 139 – Sec. 1. – Pág. 71356, una nueva Resolución de 10 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre modificación de la declaración de actuaciones coordinadas frente a la COVID-19, que se olvida de la anterior y se limita a decir:

{El Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en su reunión de 9 de junio de 2021, ha aprobado el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la modificación de la Declaración de Actuaciones Coordinadas en salud pública frente a la COVID-19.

A los efectos de dar publicidad y transparencia al mencionado Acuerdo, esta Secretaría de Estado de Sanidad, ha resuelto disponer la publicación del mismo en el «Boletín Oficial del Estado» como Anexo a esta resolución.

Madrid, 10 de junio de 2021.– La Secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón Fernández.}

Es evidente, que, además, de lo dicho, la nueva Resolución acredita, si o si, que la primera resolución de 4 de junio de 2021 precitada fue dictada contra ley, aunque lo más extraordinario es, que nadie asuma responsabilidad en el desaguisado legal, que sin la menor duda vulnera los principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y el respeto a la Ley, apareciendo constatada una impunidad absoluta de los responsables del M. de Sanidad, pues, resulta indiscutible, que la Resolución ilegal e inaplicable ha debido producir daños de todo tipo (políticos, económicos, sanitarios y sociales), que quedarán sin ser reparados.

La C. E. de 1978 dice en sus arts. 9 y 10, que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico” y que “el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”, resultando manifiesto, que esa declaración constitucional le importa una higa a los responsables sanitarios del Ministerio, entre otras razones, porque saben que están situados en el plano de la impunidad.

En España se ve y se palpa sin el menor esfuerzo, que nuestros derechos y libertades constitucionales están en peligro continuo, pues raro es el día, que el poder público establecido no comete una tropelía contra los ciudadanos; es decir, el pueblo soberano donde reside la soberanía: ¿Alguien lo duda?  

N.B.  Contra los abusos, el despotismo y las resoluciones contra ley de los poderes públicos, solo cabe exigir por todos los medios posibles e imaginables el máximo respeto a la Ley, dejando claro, que ningún responsable debe quedar impune.

Las resoluciones injustas que violan el principio de legalidad, como es el caso de las resoluciones precitadas, vulneran la Constitución, produciendo efectos perversos en nuestras libertades, pues el respeto a la ley por todos es el fundamento del orden político y de la paz social

Córdoba, a 11 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.